Rebelión en la granja

El título de esta columna ciertamente alude a la novela satírica del británico George Orwell, aunque en este caso no se trata de una fábula en la que un grupo de animales se rebela a su granjero o amo, para instaurar un sistema de gobierno propio que termina siendo peor que el que se propusieron erradicar por autoritario y tiránico.

La historia en realidad se refiere a un Poder (el Judicial) que se rebela a otro poder (el Ejecutivo) después de que este, en clara y abierta violación al principio de división de poderes, determinó reducir las remuneraciones de jueces y magistrados.

A los magistrados les bajaron el 10% de su sueldo; a los jueces el 8 o el 5%, y a los diligenciarios les quitaron algunos apoyos como vales de gasolina.

La rebelión de los magistrados ya es del conocimiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla, Roberto Flores Toledano, a quien emplazaron a suscribir, junto con ellos, la controversia constitucional que han decidido promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para echar abajo los recortes presupuestales al Poder Judicial y las reducciones a los sueldos, compensaciones y prestaciones de sus integrantes.

Se sabe que los magistrados en funciones no son los únicos y tampoco los más inconformes con el gobernador Rafael Moreno Valle y su estilo de gobernar, sin respeto a la división de poderes, a su autonomía e independencia respecto al Ejecutivo.

Lo más molestos y agraviados, según esta versión, serían los magistrados retirados o jubilados a los que han llegado requerimientos de la Secretaría de Hacienda por no haber cumplido con sus obligaciones fiscales durante el tiempo en que estuvieron en funciones.

Su malestar no es gratuito, pues no sólo han sido víctima de maltratos y de descuentos en sus jubilaciones y pensiones, sino hasta de amenazas cuando han protestado por deducciones que consideran injustas, como aquellas en las cuales les requieren el pago de impuestos que la Secretaría de Finanzas del estado les retuvo y supuestamente transfirió al SAT.

La inconformidad es tal que algunos de ellos han llegado a plantear incluso la posibilidad de promover una acción por la vía penal en contra del Ejecutivo del estado.

Pronto le tendré más detalles.

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Entre los corrillos de la Policía Ministerial ha corrido como reguero de pólvora la versión de que una agente de esta corporación fue detenida por rehusarse a ser parte de un operativo que involucraría a un opositor al gobierno del estado en un delito de posesión de marihuana.

Tras su negativa, la agente fue acusada de ser copartícipe en un supuesto secuestro express.

El caso dará para más.

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