No lo cuente en voz alta, pero me platican que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, Roberto Flores Toledano, tiene un plazo de tres días para restituir como juez de primera instancia a Enrique Romero Razo.

Se sabe que dicha resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene preocupado a Flores Toledano, no tanto por los más de dos millones de pesos que el Poder Judicial del estado debe desembolsar para pagar los salarios caídos de Romero Razo durante el largo proceso, sino porque lo restituye como juez penal de Teziutlán o el que se va tendría que ser él por desacato al máximo tribunal del país.

Romero Razo fue destituido en 2012 por supuestamente favorecer al empresario Ricardo Henaine Mezher en un juicio ejecutivo mercantil en contra del entonces socio mayoritario del Puebla FC, Francisco Bernat Cid, cuando aquél era titular del Juzgado Noveno de lo Civil en Puebla.

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El punto de acuerdo promovido por los senadores del PRI para que la Auditoría Superior del Estado (ASE) audite las obras, empresas y acciones realizadas en la entidad de 2011 a 2015 a través de los llamados Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), es más electorero y mediático que realista.

Si los legisladores del PRI de veras quisieran hallar irregularidades en los contratos, las empresas favorecidas, el monto de las obras o los plazos de financiamiento y pago, éstos no hubieran exhortado a una instancia como la ASE (totalmente supeditada al Ejecutivo estatal) a investigar los PPS, sino a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Razones y argumentos para que la auditoría la hicieran instancias fiscalizadoras federales hay muchos, comenzando porque en varias de las obras realizadas mediante PPS hubo dinero de la Federación como el Segundo Piso de la Autopista México-Puebla, el Museo Internacional Barroco, el Centro Integral de Servicios y las plataformas de la planta Audi.

¿O usted cree, como los ilusos senadores del PRI, que el auditor del estado, David Villanueva Lomelí, va a auditar a fondo los procesos de adjudicación, contratación y financiamiento de las obras que en el estado y los municipios se han efectuado en los últimos cinco años a través de Proyectos de Prestación de Servicios?

Verdad que no.

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Después de su conferencia en la UPAEP, el periodista y candidato independiente a la presidencia de la República, Pedro Ferriz de Con se reunió a comer con unas 40 personas, entre empresarios, activistas, panistas, ex panistas y simpatizantes de Ana Teresa Aranda Orozco.

El encuentro tuvo lugar en el restaurante Aria, de Huexotitla, y fue organizado por la propia Ana Teresa y el ex diputado federal Miguel Ángel Mantilla Martínez.

Ahí Pedro Ferriz volvió a expresar su respaldo a la aspirante a candidata independiente a la gubernatura de Puebla, quien actualmente trabaja en la recolección de más de 126 mil firmas y copias de credencial de elector para obtener su registro y poder participar en los comicios del primer domingo de junio.

A la comida asistieron los ex presidentes municipales Eduardo Rivera Pérez y Gabriel Hinojosa Rivero y el ex candidato independiente a diputado local Alberto Merlo Martínez, entre otros.

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El gobierno del estado y/o el Soapap acaba de perder un largo juicio que promovió la empresa Tratamiento de Agua de Puebla SA de CV (TAPSA) luego que en noviembre de 2012 se le notificó la cancelación anticipada de su contrato consistente en el financiamiento, construcción, equipamiento, tecnología y operación de cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales ubicadas en el municipio de Puebla.

Como resultado de esa cancelación anticipada de contrato, el Soapap no sólo requisó esas plantas de tratamiento sino que se las entregó para su operación a la empresa a la cual le concesionó sus servicios en 2013: Concesiones Integrales SA de CV y/o Agua de Puebla.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no sólo dejó insubsistente la sentencia del Juez Décimo Segundo de Puebla a favor del Soapap, que dio por terminado el contrato original y sus accesorios, sino que obliga al Soapap a devolverle de inmediato las plantas de tratamiento y a cubrirle los pagos íntegros por concepto de tratamiento de aguas residuales del 1 de marzo de 2012 a la fecha.

Tales pagos, dice la resolución, se harán conforme a las tarifas T2 y T3 generales, sobre una capacidad instalada en conjunto de 3.6 metros cúbicos por segundo. El monto total de esos adeudos lo desconozco pero se trata de una cantidad que supera fácilmente los siete ceros.

La SCJN también condenó al Soapap a cumplir a cabalidad con el contrato original APA-PUE-SOAPAP-98-09-A y sus tres convenios modificatorios; a cubrir los gastos financieros sobre el monto de las tarifas T2 y  T3 no pagadas oportunamente por el Soapap; y a pagar los daños y perjuicios derivados del juicio y las obras de rehabilitación, ampliación o mejoramiento de las plantas de tratamiento que TAPSA no pudo ejecutar.

¿Se imagina usted a cuánto ascenderán esos millonarios pagos? 

Lo bueno de todo esto es que Agua de Puebla y/o Concesiones Integrales no se pone muy difícil para aflojar la cartera o condonar deudas.

Baste recordar que el domingo pasado en respuesta al programa Borrón y cuenta nueva anunciado por el alcalde capitalino José Antonio Gali, la empresa reveló que a partir del 15 de febrero pondría en marcha un plan de condonación de adeudos denominado «Ciérrale la llave a tu adeudo», por el cual absorbería pasivos -calculados en 5 mil millones de pesos- en beneficio de 245 mil ciudadanos del municipio de Puebla.

¿Qué generosa, no?

Ojalá esa misma actitud la tenga con el Soapap o con TAPSA ahora que tenga que devolver las cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales y cubrir parte de los adeudos a que fue condenado el organismo por el máximo tribunal del país.

 

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Con tantas reformas y parches que se han hecho al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, hay cuestiones tan confusas que nadie sabe con precisión, por ejemplo, el plazo límite para registrar coaliciones entre dos o más partidos.

Incluso si usted le pregunta a un magistrado del Tribunal Electoral o a un consejero del Instituto Electoral del Estado (IEE) cuál es esa fecha, como ya lo hice, lo más seguro es que le den dos diferentes.

Y si esta misma pregunta la formula a representantes de partidos políticos acreditados ante el Consejo General del IEE lo más probable es que la confusión se haga mayor.

Hagamos juntos el ejercicio.

Según el artículo 62 del Código Electoral, el convenio mediante el cual se constituye una coalición deberá presentarse a más tardar treinta días antes de que inicie el registro de candidaturas de la elección de que se trate ante el Consejo General para su registro, quien dentro de los diez días siguientes a su presentación resolverá lo conducente, debiendo ordenar la publicación de la resolución en el Periódico Oficial del Estado.

Si en el mismo Código vamos al apartado relativo al registro de candidatos a gobernador, es decir, al artículo 206 el galimatías puede complicarse, si no hay el cuidado de revisar la última de las últimas reformas electorales, que es la del 22 de agosto de 2015.

(Hago un paréntesis aquí para anotar que el Código de marras será nuevamente modificado en siete de sus artículos la próxima semana, para dar a cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de candidaturas independientes).

Hay que destacar que el Código Electoral de Puebla sólo es posible hallarlo en internet. Pero que hay tantas versiones, supuestamente actualizadas, que pueden llevarlo a cometer un error, ya que en algunas se asienta que el registro de candidatos a gobernador debe efectuarse en la última semana del mes agosto del año de la elección; y en otras, como la que aparece en el portal Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que el registro se realizará durante la tercera semana de abril del año de la elección.

Sin embargo, ambas fechas son incorrectas, pues según la última reforma hecha al primer párrafo del artículo 206 del Código Electoral vigente, correspondiente al 22 de agosto del año pasado, el registro de candidaturas debe realizarse —en realidad— durante la segunda semana de marzo del año de la elección.

Lo que significa que el plazo para presentar ante el Consejo General del IEE un convenio de coalición como el que pretenden celebrar el PAN y el PRD y otros partidos, o el que seguramente suscribirá el PRI con el PVEM concluye el 12 de febrero.

Un magistrado electoral me dijo que en la tercera semana de febrero, un representante partidista que el 3 de marzo, un consejero que el 7 de febrero y un aspirante a la gubernatura que el 23 de enero.

Así de enredada y confusa está la legislación electoral en Puebla.

Y el embrollo, ya de por sí grave, se vuelve mayúsculo por una cuestión elemental: no hay códigos electorales actualizados, porque ni el Congreso local, ni el Instituto Electoral del Estado han tenido el tiempo, la disposición o la voluntad política de mandarlos a imprimir.

Abur.

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El título de esta columna ciertamente alude a la novela satírica del británico George Orwell, aunque en este caso no se trata de una fábula en la que un grupo de animales se rebela a su granjero o amo, para instaurar un sistema de gobierno propio que termina siendo peor que el que se propusieron erradicar por autoritario y tiránico.

La historia en realidad se refiere a un Poder (el Judicial) que se rebela a otro poder (el Ejecutivo) después de que este, en clara y abierta violación al principio de división de poderes, determinó reducir las remuneraciones de jueces y magistrados.

A los magistrados les bajaron el 10% de su sueldo; a los jueces el 8 o el 5%, y a los diligenciarios les quitaron algunos apoyos como vales de gasolina.

La rebelión de los magistrados ya es del conocimiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla, Roberto Flores Toledano, a quien emplazaron a suscribir, junto con ellos, la controversia constitucional que han decidido promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para echar abajo los recortes presupuestales al Poder Judicial y las reducciones a los sueldos, compensaciones y prestaciones de sus integrantes.

Se sabe que los magistrados en funciones no son los únicos y tampoco los más inconformes con el gobernador Rafael Moreno Valle y su estilo de gobernar, sin respeto a la división de poderes, a su autonomía e independencia respecto al Ejecutivo.

Lo más molestos y agraviados, según esta versión, serían los magistrados retirados o jubilados a los que han llegado requerimientos de la Secretaría de Hacienda por no haber cumplido con sus obligaciones fiscales durante el tiempo en que estuvieron en funciones.

Su malestar no es gratuito, pues no sólo han sido víctima de maltratos y de descuentos en sus jubilaciones y pensiones, sino hasta de amenazas cuando han protestado por deducciones que consideran injustas, como aquellas en las cuales les requieren el pago de impuestos que la Secretaría de Finanzas del estado les retuvo y supuestamente transfirió al SAT.

La inconformidad es tal que algunos de ellos han llegado a plantear incluso la posibilidad de promover una acción por la vía penal en contra del Ejecutivo del estado.

Pronto le tendré más detalles.

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Entre los corrillos de la Policía Ministerial ha corrido como reguero de pólvora la versión de que una agente de esta corporación fue detenida por rehusarse a ser parte de un operativo que involucraría a un opositor al gobierno del estado en un delito de posesión de marihuana.

Tras su negativa, la agente fue acusada de ser copartícipe en un supuesto secuestro express.

El caso dará para más.

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* Recibe Suntuap revés jurídico de la Suprema Corte

* Perfilan a Fregoso Escalera como director del IPJ

* Conflicto por adjudicaciones en Seguridad Pública

Aunque finalmente Mario Marín Torres se salió con la suya en la designación de Juan Carlos Lastiri Quirós como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, en sustitución de Alejandro Armenta Mier, la verdad es que tal nombramiento no le da ninguna garantía para hacerse de una candidatura al Senado de la República en las elecciones federales del 2012.

Y es que Juan Carlos Lastiri no será el marque la pauta del PRI poblano, ni el que defina las candidaturas a senadores y diputados federales por la entidad.

Si el PRI de veras quiere regresar a Los Pinos necesita algo más que un buen candidato a la presidencia de la República. Necesita cuadros y candidatos que en los estados y principales capitales del país le sumen votos, y no le resten.

Este no es el caso de Mario Marín, y tampoco de Javier López Zavala.

Ni uno ni otro gozan hoy de la estima o reconocimiento de los aspirantes presidenciales del tricolor. Sin temor a equivocarme puedo asegurarle que si el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; el presidente del Senado Manlio Fabio Beltrones Rivera, o la lideresa nacional saliente del PRI, Beatriz Paredes Rangel, tuvieran la oportunidad de designar a los candidatos al Senado por el estado de Puebla, ninguno de los tres se inclinaría por Marín o por Zavala.

El desprestigio que ambos arrastran es un ancla para cualquier candidato presidencial que aspire a ganar la entidad.

De ahí mi argumento que la imposición de Juan Carlos Lastiri es una apuesta equivocada del grupo marinista de cara a las elecciones federales del 2012.

Si Mario Marín o López Zavala creen que el exsecretario de Desarrollo Social del estado será un alfil incondicional para colocarse en la antesala de la Cámara Alta, les anticipo que ése es un grave error de apreciación y no porque el diputado federal por Zacatlán los vaya a traicionar o dejar colgados.

Lo más probable es que en un estado como Puebla, donde el PRI será oposición, las candidaturas al Senado y a las diputaciones federales las definirá el candidato presidencial en combinación con el Comité Ejecutivo Nacional, con base en estudios cuantitativos y cualitativos que ni Marín, ni Zavala, ni Lastiri podrán manipular como lo hicieron en la última elección para gobernador de la entidad.

EN CORTO

Después de un largo juicio que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo tribunal del país le dio la razón a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) en su negativa de reconocer a Guillermo López Mayo como representante de esta organización sindical universitaria.

La decisión de la SCJN confirma lo que con antelación habían resuelto en el mismo sentido el Juzgado 8º de Distrito y el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.

En abril de este año, la JLCA negó a López Mayo la toma de nota que solicitó para representar al Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, lo que llevó al líder de la organización a promover un amparo ante el juzgado 8º de Distrito, el cual le fue negado.

Inconforme con el fallo, López Mayo promovió un nuevo recurso ante el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito con sede en la ciudad de Puebla, pero éste reconfirmó la negativa de la JLCA con el sobreseimiento del juicio de amparo.

El resolutivo de la Suprema Corte, que puede consultarse en su página de internet con el número de recurso 271/2010, se publicó el jueves 4 de noviembre.

Con la decisión del máximo tribunal del país se ratifica que en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla los únicos sindicatos con representación legal y capacidad para pelear la titularidad de los contratos colectivos de trabajo son el SITBUAP y la ASPABUAP.

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Finalmente son tres las planillas que se registraron para contender por el Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Puebla (Cicepac), en las elecciones del último viernes de noviembre.

Las planillas son encabezadas por José de la Cruz Sebastián Serrano Vega (Cicepac Unido); Fernando Lazcano Hernández (Integración 10-20) y Víctor Manuel Canarios Silva (Responsabilidad con autonomía).

De éstos, los que más posibilidades tienen de obtener la mayoría de votos de los cerca de 300 asociados del Colegio son el primero y el tercero. Serrano Vega, quien se desempeña como director responsable de obra del Centro Expositor, cuenta con el apoyo político del secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, Javier García Ramírez, y del presidente saliente del organismo, Armando López de la Vega.

En tanto que su principal contrincante, Víctor Manuel Canarios, es egresado de la UPAEP, se desempeña como profesionista independiente y ha sido uno de los principales críticos de la complicidad que han mantenido los últimos presidentes del Cicepac con los funcionarios encargados de la obra pública a nivel estatal y municipal.

La contienda para elegir a los integrantes del XXII Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles para el periodo 2011-2012 se efectuará el viernes 26 de los corrientes de 9 a 19 horas en la sede del organismo, ubicada en la avenida 11 Oriente número 9 del Centro Histórico de Puebla.

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Anote el nombre de Milthon Javier Fregoso Escalera como el candidato con más posibilidades para ser designado como director del Instituto Poblano de la Juventud en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.

Fregoso Escalera —quien este domingo organizó una rueda de prensa en compañía del nieto de Elba Esther Gordillo, René Fujiwara Monteolongo — fue el coordinador de las estructuras juveniles del hoy gobernador electo en las pasadas elecciones locales.

En entrevista, para informar de la celebración del foro juvenil denominado «Es hora de cambiar» el próximo 17 de los corrientes con la participación del rector de la UNAM, José Narro Robles, Fregoso Escalera también anunció que la organización que encabeza Puebla Joven se convertirá en la representante estatal del movimiento Alianza Joven que a nivel nacional coordina René Fujiwara con el cobijo del PANAL.

Un dato adicional del candidato a dirigir el Instituto Poblano de la Juventud es que en el pasado proceso electoral buscó ser consejero electoral en el Comité Municipal de San Pedro Cholula, lo que no consiguió por entregar incompleta la documentación que el Instituto Electoral del Estado (IEE) le requirió.

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Este lunes se presentará en el auditorio de la Universidad Iberoamericana de Puebla el libro «El Código Civil Francés» de Jean-Louis Hálperin, el cual será comentado por su traductor Gustavo Cajica Lozada, el exprocurador de Justicia Héctor Maldonado Villagómez y el doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá.

Durante el evento, que será moderado por el exdirector general del IEE José Antonio Bretón Betanzos, se hará un homenaje a Maldonado Villagómez por sus 44 años de trayectoria docente.

La presentación se efectuará en el auditorio Manuel Acévez Araiza en punto de las 17 horas y corre a cargo del coordinador de la Escuela de Derecho de la Ibero Rafael Sánchez Jaime.

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Otro libro que este martes se presentará, pero en el Salón Miguel Hidalgo del Congreso del estado es el titulado «Artículos, conferencias y discursos de Gilberto Bosques Saldívar«.

La obra —que es un homenaje al diplomático y constituyente poblano, célebre por la protección que en la Segunda Guerra Mundial brindó a refugiados españoles, judíos franceses, libaneses y otros perseguidos del nazismo— será comentada por Noé Castillo Alarcón, director general del Medio Universitario de la Ibero Puebla; y el prologuista de esta segunda edición, Jorge Efrén Arrozola Cermeño.

A la par de la presentación del libro, prevista a las 12 horas, se inaugurará una exposición fotográfica en el patio del Congreso del estado sobre la vida de Gilberto Bosques.

Y por la tarde en el Complejo Cultural Universitario se exhibirá el documental «Visa al Paraíso», realizado por la judía mexicana Lilian Liberman en memoria de este diplomático del gobierno de Lázaro Cárdenas que salvara del holocausto a cientos de víctimas del fascismo y nazismo.

Estos eventos son coordinados por la diputada Rocío García Olmedo, presidenta de la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución del Congreso del estado.

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Hace mal y se ve peor el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Manuel Alonso García, al deslindarse de los «concursos» que por invitación lleva a cabo el ayuntamiento de Puebla para la compra de insumos, uniformes y chamarras destinados a los policías y agentes de vialidad, echándole la culpa a la secretaria de Administración y Tecnologías de la Información, Gabriela García Maldonado.

Una cosa es que Gabriela sea la que inclina la balanza y la que decide a qué empresarios o proveedores invita o asigna los contratos, y otra muy diferente que Manuel Alonso no tenga nada que ver con las adjudicaciones que con recursos del Subsemun se efectúan para capacitar y equipar a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Puebla.

Para muestra el documento que a continuación se publica.

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Simón dice:

«La mayoría de nuestras equivocaciones en la vida nacen de que cuando debemos pensar, sentimos, y cuando debemos sentir, pensamos.»

John Churton Collins (1848-1908) Crítico literario inglés.

* De 2005 a la fecha el gobierno evade el ISR por compensaciones

* Se estima que el adeudo podría ascender a 3,500 millones de pesos

A raíz de lo aquí publicado sobre el adeudo de casi 3,500 millones de pesos del gobierno del estado a la federación por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la denuncia que por evasión fiscal presentó el diputado José Manuel Janeiro Fernández en contra de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inició una auditoría a la administración marinista.

El propósito de la auditoría, que se inició hace un par de semanas en el domicilio de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado, es estimar a cuánto asciende la suma de ISR que la administración marinista no entera a la Secretaría de Hacienda —de 2005 a la fecha— por las compensaciones no gravadas que quincena con quincena cubre a sus funcionarios.

El pasado 12 de septiembre le adelantaba aquí que uno de los puntos conflictivos en la entrega-recepción de la administración estatal sería sin duda, el fiscal, por un adeudo de más de 3 mil 500 millones de pesos por concepto de ISR, producto de la diferencia entre lo que el gobierno del estado debe pagar y lo que en realidad cubre a la Secretaría de Hacienda por este gravamen.

Le decía que incluso el subsecretario de Egresos, David Villa Issa, ya tenía un estimado de ese hoyo fiscal, a partir de la suma no enterada de 2005 a 2009 por las compensaciones exentas de ISR que el gobierno marinista pagó a su burocracia dorada.

Según ese diagnóstico, en 2005 la Secretaría de Finanzas debía pagar 518 millones de pesos de ISR por el total de su nómina, pero sólo cubrió 189 millones, historia que se repitió en los años subsecuentes.

En 2006, sólo pagó 229 millones de un total de 528 millones; en 2007, 271 millones de 603 millones; en 2008 1,039 millones de un total de 1,798 millones; y en 2009, 1,098 millones de un total de 2,094 millones de pesos.

Tal situación no pasó inadvertida para algunos actores políticos. El legislador panista José Manuel Janeiro se subió al tema y en la primera semana de octubre se apersonó en la oficina Puebla Norte de la Administración Local de Asistencia al Contribuyente del SAT para denunciar a la Secretaría de Finanzas y a sus principales funcionarios —Gerardo María Pérez Salazar y David Villa Issa— de evasión fiscal.

En su querella el diputado local sostiene que los funcionarios arriba mencionados son responsables del delito de evasión por no pagar a la Secretaría de Hacienda el ISR de las compensaciones salariales de los funcionarios del gobierno del estado, a pesar de la obligación que tienen de hacerlo, por disposición o sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y por rehusarse a suscribir un convenio de quitas con la Federación para regularizar esa situación.

A partir de la denuncia de Janeiro, la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria abrió una investigación e inició una auditoría en las oficinas centrales de la Secretaría de Finanzas para documentar a cuánto ascienden los adeudos fiscales del gobierno del estado por concepto de ISR y para determinar si su titular Gerardo Pérez Salazar o el subsecretario de Egresos, David Villa Issa, incurrieron en alguna responsabilidad penal o administrativa por no cobrarlos, ni enterarlos a la Federación.

EN CORTO

Tómelo con reserva, pero una fuente digna de crédito me asegura, en consonancia con lo aquí publicado el domingo 17 de octubre, que la Unidad de Inteligencia Financiera del Secretaría de Hacienda investiga a diversos funcionarios de la administración estatal saliente por llevar una forma de vida que no corresponde a su nivel de ingresos como servidores públicos.

Entre los secretarios y colaboradores de Mario Marín que estarían siendo investigados por esta instancia federal destacan el secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar; el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Javier García Ramírez, y el exdiputado federal Jorge Estefan Chidiac.

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Este domingo se aseguró que la actual delegación del PAN en el municipio de Puebla, a cargo de Miguel Méndez Gutiérrez, pueda recuperar el estatus de Comité que perdió hace un año, una vez que han acudido a registrase para participar en la asamblea del próximo 7 de noviembre 1,100 miembros activos.

El quórum mínimo requerido para la convención era de 1,026 miembros activos, es decir, un tercio de los que aparecen en el padrón oficial del PAN en la capital del estado.

Ahora el reto del candidato único a la dirigencia municipal panista Gerardo Maldonado Balvanera será garantizar que al menos la mitad de los panistas que se inscribieron asistan a la convención del próximo domingo y que la mayoría de éstos lo apoye para presidir el Comité Directivo Municipal.

La convención está prevista para el domingo 7 de noviembre en el Salón La Luz del Centro de Convenciones, a partir de las 9 de la mañana.

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Cuentan que en la gira que por diferentes ciudades y universidades de España realizó el rector de la BUAP en compañía de cuatro de sus colaboradores —José Ramón Eguibar Cuenca, Jaime Vázquez López, Alfonso Esparza Ortiz y Pedro Hugo Hernández Tejeda—, hubo un momento en que Enrique Agüera Ibáñez les dijo que uno de ellos se convertiría en su sucesor.

Lo interesante de la anécdota, según la fuente, es que esa confidencia se dio durante una cena en la que no estuvo presente el vicerrector de Investigación y Estudios de Postgrado, Pedro Hugo Hernández, y que después de ese encuentro hubo otro pero sólo entre el tesorero Alfonso Esparza y el vicerrector de Docencia, Jaime Vázquez.

De acuerdo con la misma fuente ambos personajes advirtieron el riesgo de que José Ramón Eguibar pudiera despuntar, en el contexto de la nueva realidad política del estado y de la BUAP, e hicieron un pacto de no agresión y de que uno se sumaría al otro cuando finalmente se decidiera cuál de los dos sería nominado para la rectoría de la máxima casa de estudios.

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Simón dice:

«El que no piensa en sus deberes sino cuando se los recuerdan, no es digno de estimación.»

Plauto (254 AC-184 AC). Dramaturgo cómico romano.

* Opina da apretada ventaja a Zavala y a Montero en la capital

* López Brun podría regresar al TEE en vez de Antonio Oropeza

La congruencia entre el decir y el hacer no es una virtud muy socorrida entre nuestros políticos.

Lo que hoy prometen en campaña suelen olvidarlo al paso de los años o cuando están en los cargos para los cuales fueron postulados.

Hace seis años, después de que Melquiades Morales Flores decidió que su sucesor en la gubernatura fuera Mario Marín Torres, Rafael Moreno Valle dijo cosas que hoy podrían meterlo en serios aprietos.

Por ejemplo:

Que él sería un político leal al PRI y Melquiades Morales.

Que un político no puede ser desagradecido con aquel que lo formó, lo ayudó y le dio su primera oportunidad en el servicio público.

Que la lealtad al PRI es un concepto al que todos los priístas recurren, pero al que muy pocos responden.

Que él no es de los políticos que llevan a sus seguidores al matadero si las encuestas no lo favorecen, sobre todo en la capital del estado.

Que él convino con la lideresa nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo, apoyar a Mario Marín en su campaña por la gubernatura.

Que el PAN es el verdadero adversario del PRI, y no los marinistas, los melquiadistas o los morenovallistas.

Que sólo el gobierno federal del PAN es capaz de instrumentar campañas en contra de los candidatos a gobernador del PRI y de las dirigencias nacionales del PRD y del PVEM.

Para corroborarlo haga clic en el video que se presenta a continuación, construido a partir de un audio que este reportero recibió el viernes pasado de una fuente ajena al PRI, pero agraviada por algunas actitudes de Moreno Valle cuando éste fue senador de la República.

En él podrá comprobar cómo los políticos no tienen palabra de honor, y que las razones que llevaron a Moreno Valle a romper con el PRI están lejos del caso de detención y encarcelamiento la periodista Lydia Cacho o de la conversación de Marín con el empresario Kamel Nacif.

En el audio se alcanza a escuchar cómo Moreno Valle pactó con Marín y Melquiades Morales una serie de acuerdos que no se cumplieron, entre ellos su nominación al Senado de la República en las elecciones federales del 2006, en las cuales participó —por cierto— como candidato del PAN y no del PRI.

INTRAMUROS

De acuerdo con el más reciente tracking —con corte al 3 de junio— de Opina Consultoría Estratégica, la Alianza Puebla Avanza aventaja por cinco puntos a la coalición opositora Compromiso por Puebla en las elecciones para presidente municipal de la capital del estado.

Según el estudio demoscópico de la firma de Rigoberto Benítez Trujillo, si hoy fueran las elecciones para presidente municipal de Puebla el priísta Mario Montero Serrano obtendría el 36.9% de los votos y el panista Eduardo Rivera Pérez el 31.5%.

El candidato del Partido del Trabajo, Rodolfo Huerta Espinosa, se quedaría con el 5.1% de la votación.

En cambio, en las elecciones para gobernador la ventaja de la Alianza Puebla Avanza sobre la coalición Compromiso por Puebla en la capital del estado se amplía a seis puntos, ya que Javier López Zavala registra una intención de voto de 38.9% y Rafael Moreno Valle Rosas de 32.3%.

En el municipio de Puebla, el candidato a gobernador del PT Armando Etcheverry Beltrán sólo obtendría el 4.1% de los votos.

La curva de intención de voto de la Alianza Puebla Avanza muestra una ligera tendencia descendente, pues en las últimas dos semanas registra una caída de tres puntos, en contra con la curva de la coalición Compromiso por Puebla que ha crecido dos puntos.

El tracking de Opina revela que a estas alturas del proceso electoral, el 48.0% de los electores de la capital del estado que van a ir a votar ya decidieron por quien hacerlo; que el 23% aún no sabe por quién, y que el 13% aún podría cambiar de decisión.

Mañana le diré cómo van las tendencias por cada uno de los seis distritos del municipio de Puebla.

EN CORTO

El exmagistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Germán Alejandro López Brun, podría anotarse un sonado triunfo jurídico en los próximos días, cuando su caso sea analizado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

López Brun podría conseguir que el máximo tribunal del país lo reinstale como magistrado del TEE y lograr que los legisladores que desacataron la sentencia de amparo a su favor —entre ellos el presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso local, Pablo Fernández del Campo Espinosa— sean sancionados y separados del cargo.

Por mayoría de votos, los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito resolvieron turnar a la SCJN el expediente, y dejar a ésta la sanción a que se harían responsables los diputados de la LVII Legislatura local que han eludido la ejecución de sentencia, derivada del juicio de amparo indirecto número 1667/2006 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Puebla.

Un detalle que mucho llama la atención de esta nueva resolución es que los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado dejan entrever que el magistrado que sería sacrificado para dar paso a la reinstalación de López Brun en el Tribunal Electoral del Estado es Antonio Oropeza Barbosa.

Y es que en distintas partes de la resolución se insiste en que López Brun no fue tratado por la Comisión Especial legislativa que se encargó de la renovación del TEE como un magistrado ratificable, sino como un aspirante más, amén de que ésta nunca contrastó la evaluación del quejoso con la de los magistrados designados «o cuando menos con quien fue electo en su lugar».

***

Simón dice:

«Nunca es tarde para el arrepentimiento y la reparación.»

Charles Dickens (1812-1870). Novelista británico.

Aunque en público el Congreso y el gobierno del estado han tratado de minimizar la lucha jurídica emprendida por Germán Alejandro López Brun para ser reinstalado como magistrado del Tribunal Electoral del Estado (TEE), lo que parece estar a punto de conseguir después de un largo litigio de más de tres años en tribunales federales, en privado ya se cocina un arreglo.

De hecho, se sabe que emisarios de la Secretaría de Gobernación del estado se han entrevistado con López Brun para pedirle desista de su petición de ser ratificado como magistrado del TEE, a cambio de pagarle tres años de salarios caídos, algo así como 2 millones 600 mil pesos.

Al exmagistrado se le ha dicho, con toda claridad, que su regreso al Tribunal Electoral es imposible, y que lo que más le conviene es llegar a un arreglo económico.

Hasta ahora López Brun no sólo ha rechazado ese arreglo, sino que ha solicitado la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los diputados del Congreso del estado que se han negado a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo que le otorgó la Segunda Sala del máximo tribunal del país —Humberto Aguilar Viveros y Pablo Fernández del Campo— sean destituidos y consignados por desacato.

¿En qué terminará el juicio de López Brun en contra del Congreso local que se niega a restituirlo como magistrado del TEE?, es algo difícil de pronosticar, pero que pronto sabremos, quizás antes de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa dicte la resolución final de este tortuoso juicio de más de tres años.

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De última hora.

Alejandro Armenta Mier no será diputado local, al menos en la próxima legislatura local.

Por decisión propia, declinó la invitación que se le hizo para ser incluido en la segunda posición de la lista de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional.

Alejandro Armenta habló con quien tenía que hacerlo, y le expresó su decisión de dedicarse de tiempo completo a las tareas partidistas, como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI., las valoró, y le garantizó una buena posición en la próxima administración estatal, si entrega buenos resultados al frente del PRI estatal.

Su interlocutor aceptó sus razones

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De rebote, casi de carambola, pero el diputado federal poblano, Pablo Rodríguez Regordosa, es desde este miércoles miembro de la selecta burbuja del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados.

En el reacomodo de las jefaturas de esa bancada, por la incorporación de un diputado a la Secretaría de Gobernación federal, Rodríguez Regordosa fue nombrado subcoordinador de Debate Parlamentario y Formación.

Resulta que Roberto Gil Zuarth, recientemente nombrado subsecretario de Gobernación, dejó vacante la Vicecoordinación de Proceso Legislativo, la que desde ayer ocupa el mexiquense Carlos Alberto Pérez Cuevas, quien a su vez dejó acéfala la Subcoordinación que le cayó, como del cielo, al legislador poblano.

El nombramiento de Rodríguez Regordosa, quien fungió como coordinador de la precampaña de Rafael Moreno Valle Rosas, fue respaldado por la coordinadora general de esa bancada, Josefina Vázquez Mota.

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Un mal comienzo con los reporteros de la fuente tuvo el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, Luis Rodríguez Fernández, este miércoles al rendir protesta como dirigente del organismo cúpula de la iniciativa privada, en sustitución de Gabriel Huerta Ortega.

Su gente de prensa (Sandra de la Fuente) no sólo los ninguneó y los trató como ciudadanos de segunda o tercera, al ofrecerles un menú distinto al de los asistentes, sino que los maltrató al más puro estilo foxista: «después del acto protocolario se van«.

Mientras a los socios de los organismos empresariales invitados a la ceremonia de toma de posesión del nuevo Consejo Directivo del CCE de Puebla se les ofreció un menú consistente en ensalada de gambas con aderezo francés, crema de pimientos rojos, filete relleno de roquefort y salsa de pimiento verde y helado de turrón, para los periodistas no hubo más que nuggets de pollo, minipizzas, sandwiches y refresco en lugar de vino.

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Simón dice:

«Viven más contentos aquellos en quienes jamás puso los ojos la fortuna, que los otros de quienes los apartó».

Lucio Anneo Séneca (2 AC-65). Filósofo latino.

 Prolongadas y muy desgastantes han sido las reuniones de los dirigentes de los partidos de la coalición opositora —PAN, PRD, Convergencia y PANAL— con miras a integrar una planilla de consenso para contender por la alcaldía de Puebla.

El PAN y su candidato a la alcaldía, Eduardo Rivera Pérez, se dicen abiertos a las candidaturas ciudadanas o externas, pero arguyen que tienen cuotas partidistas por pagar, una de ellas al perdedor de la contienda interna a la presidencia municipal, el senador Humberto Aguilar Coronado. 

Éste, por su parte, quiere que Eduardo Rivera incluya en su planilla de regidores y síndico a José Luis Carmona, Genaro Ramírez Rojas, Jaime Alberto Zurita García, Martha Patricia Thome Andrade y Pedro Gutiérrez Varela (en ese orden).

La dirigencia estatal perredista, la más renuente a renunciar a sus dos regidurías en la planilla municipal de Puebla, quiere que una sea para Jorge Méndez Spínola y la otra para Arturo «El Sapo» Loyola González.

Los dirigentes partidistas que más disposición han mostrado para ceder sus cuotas a personalidades de la sociedad civil, bajo la figura de candidatos externos, son José Cabalán Macari Álvaro, de Nueva Alianza, y José Juan Espinosa Torres, de Convergencia.

La única condición que el representante partidista de la maestra Gordillo ha puesto sobre la mesa, es que las regidurías que le corresponderían al PANAL sean para ciudadanos reconocidos, de preferencia por los maestros.

A su vez, el dirigente del partido naranja quiere que una de sus regidurías sea para el exrector de la Ibero Puebla, Armando Rugarcía Torres, o para el exconsejero local del IFE, Federico González Magaña; y otra para un militante de su partido que pase los filtros del movimiento Puebla de Acuerdo.

Y los impulsores de esta corriente aliancista, encabezada por Gabriel Hinojosa Rivero, piden que en la planilla de regidores y síndico se incluyan al menos tres nombres de los que propusieron, entre ellos el de Verónica Mastretta Guzmán.

El resultado de estas rudas e intensas negociaciones se conocerá este jueves o viernes.

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El coordinador nacional del frente partidista de izquierda Diálogo por la Reconstrucción de México, Manuel Camacho Solís, sostuvo la mañana de ayer varias reuniones y acuerdos, con los dirigentes locales del Partido del Trabajo y de Acción Nacional.

A los primeros los llamó a no entorpecer la posibilidad de que en Puebla haya un gobierno de transición, y a no prestarse al juego del PRI apoyando un candidato a la gubernatura a modo; y a los segundos pidió privilegiar las candidaturas ciudadanas más que las cuotas partidistas en la planilla de regidores y síndico, así como a ceder el segundo lugar de la lista a la ecologista Verónica Mastretta.

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Por decisión del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, será el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito quien dicte la resolución final sobre el caso del exmagistrado Germán Alejandro López Brun, que demanda su permanencia en el Tribunal Electoral del Estado.

Esta instancia se encargará también de dar curso al procedimiento de destitución y consignación de los responsables del incumplimiento de la sentencia de amparo dictada por la Segunda Sala de la SCJN —los diputados Humberto Aguilar Viveros, presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, y Pablo Fernández del Campo Espinosa, presidente de la Comisión de Gobernación— a favor de López Brun para que sea restituido como magistrado del Tribunal Electoral.

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Simón dice:

«Es raro, muy raro, que nadie caiga en el abismo del desengaño sin haberse acercado voluntariamente a la orilla».

Concepción Arenal (1820-1893). Escritora y socióloga española.

Que el proyecto de resolución del amparo promovido por Germán Alejandro López Brun ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Congreso local, que decidió no ratificarlo como magistrado del Tribunal Electoral del Estado, viene favorable a su persona.

El proyecto elaborado por la magistrada Margarita Beatriz Luna Ramos será votado el miércoles de la próxima semana y, en caso de resultar favorable a López Brun, obligará a la actual legislatura local a llevar a cabo una nueva elección de magistrados del máximo tribunal antes del 10 de noviembre en que inicia el proceso electoral del estado.

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Que Fernando Ariza de la Fuente aún no deja la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Competitividad del ayuntamiento de Puebla, ni ha presentado su renuncia al secretario general del ayuntamiento, César Pérez López, lo que no significa que tal situación esté descartada.

Por el contrario, lo más probable que antes del domingo la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz anuncie la salida de Ariza y el nombramiento de un nuevo titular en esa dependencia municipal.

Lo que sí es cierto es que la filtración de la renuncia le molestó a la presidenta, con todo y que Fernando Ariza ya se la había anticipado, tanto que incluso este jueves se rehusó a contestarle el teléfono, al menos en un par de ocasiones.

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Que Beatriz Paredes Rangel, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, estuvo la semana pasada en Casa Puebla, residencia que uno o dos días antes también visitó la directora de la empresa Demotecnia, María de las Heras, con el propósito de entregar los resultados de la encuesta estatal que realizó, para evaluar a los aspirantes del tricolor a la gubernatura de la entidad.

Se sabe que en ambas reuniones, se abordó el tema de la sucesión gubernamental.

Y de igual manera trascendió que en el estudio de opinión efectuado por Demotecnia, Javier López Zavala se encuentra a la cabeza de las preferencias electorales, aunque también en la medición de algunos atributos negativos, seguido por el expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero.

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Que este viernes el presidente Felipe Calderón Hinojosa se reunirá a desayunar en Los Pinos con siete senadores del Partido Acción Nacional, miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta.

Entre éstos anote usted al poblano Humberto Aguilar Coronado, y al líder de la bancada del PAN en el Senado de la República, Gustavo Madero Muñoz.

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Que la incorporación de Fernando Castillo Pacheco al equipo de campaña de Humberto Aguilar Coronado no será en calidad de simpatizante panista, sino como asesor en cuestiones jurídicas y electorales, a fin de evitar que el senador y sus operadores incurran en alguna infracción al artículo 200 bis del Código de Instituciones y Procesos Electorales, en su afán de posicionarse como aspirante a la gubernatura de Puebla.

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¿Qué aspirante a la presidencia municipal de Puebla visitó la noche del miércoles un conocido centro de entretenimiento masculino, famoso por sus 40 grados de temperatura, acompañado por algunos de sus más cercanos colaboradores?

Un par de tips.

Es priísta, aunque con un perfil más ciudadano que político.

La representación de Convergencia lo denunció ante el Instituto Electoral del Estado por actos anticipados de campaña.

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Simón dice:

«No es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, porque no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo».

Camilo José Cela (1916-2002). Escritor español.