Cuando ayer le decía que las revelaciones sobre el espionaje en Puebla durante el sexenio de Rafael Moreno Valle están por llenar páginas enteras en los medios de comunicación locales y nacionales, es porque influyentes políticos de Puebla —enemistados con el morenovallismo— han recibido expedientes electrónicos, audios y transcripciones que los involucran como víctimas de una red de espionaje operada por el recién fallecido Joaquín Arenal Romero y el diputado federal Eukid Castañón Herrera.

En las USBs que políticos del PRI, Morena y hasta del propio PAN han recibido —o comprado— se incluyentes archivos que explican cómo se montó la red de espionaje, qué equipos se adquirieron, cuánto costaron, quiénes los operaban y desde qué lugares (denominados Nidos) se hacían las ilegales intervenciones, así como una relación de personajes que fueron espiados en sus conversaciones privadas durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016.

Se sabe que estos expedientes incluyen audios y transcripciones de candidatos, dirigentes partidistas, periodistas y otros protagonistas de las elecciones federales de 2015 y locales de 2016, y que los mismos fueron hechos llegar a enemigos del ex gobernador Moreno Valle por gente que laboró con Joaquín Arenal o con algunos miembros de su estructura operativa, resentidos porque fueron despedidos sin liquidación o se quedaron sin trabajo cuando su jefe enfermó y fue sometido a un trasplante de riñón del que ya nunca se recuperó.

También se sabe que estas intervenciones, captadas de teléfonos celulares, se han ofrecido en venta a ciertos políticos, víctimas de estas ilegales prácticas que la PGR debería investigar de inmediato, entre ellos un alto dirigente del PRI que las habría adquirido en varios miles de pesos con la peregrina idea de evitar su difusión.

En una de las carpetas denominada DOCS se detalla cómo después de que Fernando Manzanilla Prieto sale de la Secretaría General de Gobierno (SGG), el ex delegado de la Estación Metropolitana del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en la Ciudad de México, Joaquín Arenal, toma en abril de 2013 el control de lo que era el Centro de Análisis y Prospectiva (CAP), a cargo de Héctor Arrona Urrea, para convertirlo en una oficina clandestina de espionaje político fuera de la estructura de gobierno.

Según Arenal el CAP, que entonces dependía de la SGG, no era un órgano de inteligencia sino “una simple oficina de chismes políticos” que retomaba mucha de la información que ya se había publicado en periódicos y columnas políticas.

A través de contactos de procedencia israelita, Arenal Romero recomendó la adquisición de aparatos CSM 7816 (Sésamo 7816 de manufacturación Smith Myers) para la intervención telefónica celular, equipo que se instaló de manera original en el número 2103 de la Primera Cerrada del Cadete Vicente Suárez (primer nido), a un costado de la entrada principal de La Parroquia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.

En los archivos se dice que un segundo nido se instaló a instancias de Sergio Lozano Alarcón, hermano del senador Javier Lozano, en el departamento 4B del edificio ubicado en calle Acatlán número 104, colonia La Paz de la ciudad de Puebla, con el propósito de obtener las llamadas del periodista y dueño del periódico Intolerancia, Enrique Núñez Quiroz.

Se dice que las USBs entregadas a políticos críticos de Moreno Valle contienen más de 1,400 archivos en distintos formatos, Word, PowerPoint, JPG, MP3, Excel y AMR.

Otros archivos de la carpeta DOCS detallan la estructura operativa del centro de espionaje morenovallista, con nombres, direcciones, antecedentes, propiedades y números celulares de sus principales integrantes, entre ellos Roberto Rodríguez Acosta, brazo derecho de Joaquín Arenal, y quien tiene capacitación para el manejo de equipos de espionaje de ex agentes del Mossad; José Antonio Celorio Mansi, responsable directo de la infección de equipos de cómputo y teléfonos celulares de los sujetos de espionaje a través del Sistema de Control Remoto Galileo adquirido a la empresa Hacking Team; Fidencio Domínguez Huerta, encargado de las coordinar y dirigir las tareas en campo a figuras públicas y privadas, y cuyo hijo Alexis Domínguez era el encargado de espiar a los panistas en sus propias oficinas; y Angélica Lezama Ramírez, quien era la encargada de hacer las transcripciones con gran velocidad, incluso en tiempo real.

Ahora entiende por qué le decía que el escándalo del espionaje en Puebla apenas comienza.

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Cuatro diputados federales panistas del estado de Puebla se ausentaron este martes de la sesión del Congreso para estar presentes en la ceremonia de inauguración de los 15.3 kilómetros del viaducto elevado de la autopista México-Puebla, en los cuales se invirtieron 10 mil 500 millones de pesos.

Los legisladores panistas que prefirieron abandonar sus curules del Palacio Legislativo de San Lázaro, no obstante que en la sesión se aprobaron la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos por Hidrocarburos fueron Hugo Alejo Domínguez, Genoveva Huerta Villegas, Lilia Arminda García Escobar y Mónica Rodríguez Della Vecchia.

La primera Ley se aprobó al filo de las 16 horas y la segunda unos minutos antes de las 18 horas.

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En la visita del presidente Enrique Peña Nieto a la entidad para inaugurar el segundo piso de la autopista México-Puebla se confirmó y refrendó la alianza de éste con el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y viceversa.

Moreno Valle aprovechó su intervención para darle un espaldarazo al Ejecutivo federal, ahora que anda tan de capa caída,  y agradecerle el respaldo hacia su gobierno en obras y recursos públicos.

A diferencia de otras ocasiones, a Peña Nieto se le vio tranquilo, relajado y hasta contento con el mensaje de Moreno Valle, al cual el presidente correspondió devolviéndole los elogios y destacando la colaboración entre ambos gobiernos.

Lo anterior pone de manifiesto no sólo los estrechos vínculos entre el presidente y el gobernador saliente, sino que Moreno Valle difícilmente convertirá a Peña Nieto  en el centro de sus críticas en la contienda presidencial, en caso de obtener la nominación del PAN en 2018.

Y que esta situación difícilmente le ayudará a posicionarse o a incrementar su popularidad y confianza entre los votantes, que están hartos del PRI pero también de ese PAN que ha sido cómplice o tapadera de corruptos políticos priistas de este y anteriores sexenios.

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Como secreto de Estado se guarda la información acerca de los morenovallistas que se registraron como aspirantes a consejeros estatales y nacionales del PAN y no acreditaron la evaluación que hace unos días presentaron, lo que les impediría participar en las asambleas municipales y estatales en las cuales serían votados.

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• Armenta quiere etiquetar los recursos federales destinados a Puebla
• Surgen pleitos en Morena por la nominación a la gubernatura

Rodolfo Ruiz

En el transcurso de la presente semana, el desempeño de la gestión del gobernador Rafael Moreno Valle y la deuda pública que su administración heredará, serán motivo de controversia en la Cámara de Diputados, si es que un punto de acuerdo que presentó el legislador priísta Alejandro Armenta Mier para agilizar la reglamentación de la Ley de Disciplina Financiera, se lee en tribuna y se discute en el pleno del recinto de San Lázaro.

La intención del acuerdo presentado por Armenta Mier es que los recursos del presupuesto federal destinados a los estados se apeguen a los criterios de la Ley de Disciplina Financiera y del Plan Nacional de Desarrollo, para evitar su uso discrecional o que estos se apliquen a obras y proyectos no prioritarios.

La Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios se promulgó en abril, pero es la hora que no se hace efectiva por la ausencia de al menos tres reglamentos para facilitar su cumplimiento: los lineamientos de tasas y costos que deberán seguir las deudas locales, los criterios que normarán el registro público único de deudas locales y los lineamientos del sistema de alertas de endeudamiento estatal y municipal.

En su planteamiento, el legislador priísta argumenta que si los recursos federales no se etiquetan se corre el riesgo de que terminen siendo canalizados a obras no prioritarias, como la construcción del Museo Internacional Barroco, al que se le destinaron 7 mil millones de pesos, que representan el 200% del monto total de los recursos del ramo 33 para los 217 municipios de la entidad.

O que un gobernador como Rafael Moreno Valle decida gastarse 300 millones de pesos en una ciclopista, cuando los recursos federales etiquetados al campo poblano sólo llegan a una quinta parte de esa inversión, 60 millones de pesos.

Armenta Mier afirma que mientras los reglamentos de la Ley de Disciplina Financiera no se aprueben la deuda pública del estado continuará maquillándose, para no sumarle los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) que ha contratado el gobierno morenovallista por más de 16 mil millones de pesos.

Esta cifra, de 16 mil 159 millones de pesos —que comprende la contratación y mantenimiento del Museo Internacional Barroco, por un plazo de 23 años; el Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, por 24 años; y las plataformas de la planta automotriz Audi, por un plazo de 14 años— podría incrementarse a 46 mil 127 millones de pesos, por las tasas de interés y condiciones de pago pactadas con las empresas que tienen a su cargo los PPS.

Actualmente la deuda pública de Puebla reconocida por la Secretaría de Hacienda asciende a 8 mil 608 millones de pesos, sin embargo cuando los PPS se incluyan como parte de la misma ésta podría llegar a triplicarse, de acuerdo con Armenta Mier y otros economistas de la BUAP como Eudoxio Morales Flores y Alejandro Chávez Palma.

EN CORTO

Este lunes a las 11 horas en la Universidad Iberoamericana de Puebla se dará un interesante debate sobre el llamado matrimonio igualitario o entre parejas homosexuales, en el que participarán los doctores María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera y José Antonio Bretón Betanzos, y los maestros Iliana Galilea Cariño Cepeda y el jesuita José Teódulo Guzmán Anell.

Me adelantan que la discusión será interesante por la posición que ha mantenido el rector de la Ibero Puebla, Fernando Fernández Font, sobre el matrimonio igualitario, contraria a la de otros rectores de la entidad como el de la UPAEP y el de la Universidad Anáhuac, Emilio José Baños y José Mata Temoltzin.

Según esta versión, algunos de los invitados al Conversatorio, convocado por el Colectivo Justo Medio, tienen puntos de vista diferentes del rector Fernández Font.

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Lo que aquí le anticipe el lunes pasado, el conflicto entre diferentes grupos de Morena, se hizo público este domingo: el excandidato de este partido a la gubernatura de Puebla, Abraham Quiroz Palacios, acusó al diputado federal y sobrino político del senador Manuel Bartlett Díaz, Rodrigo Abdala Dartigues, de crear una estructura paralela con fines de promoción personal para la elección local de 2018.

En el marco de la presentación del periódico «La voz de todos», Abraham Quiroz dijo que Abdala Dartigues se aprovecha del nombramiento que le dio el Comité Ejecutivo Nacional de Morena como coordinador de enlace con los promotores del voto, para crear una estructura alterna que lo posicione como candidato a la gubernatura de Puebla.

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Rodolfo Ruiz R.

La ausencia de democracia y la imposición de una nueva directiva podrían fracturar al Colegio de Economistas del estado de Puebla, dando pie a una nueva organización que realmente represente al gremio y no los intereses políticos o partidistas de quienes actualmente lo usufructúan, sin ningún beneficio para sus asociados.

El periodo del actual presidente Miguel Hakim Simón feneció en 2015, pero es hasta ahora que se emitió la convocatoria para renovar a su Consejo Directivo con un pequeño detalle: ya hay planilla de unidad, la cual es encabezada por el secretario de Turismo del estado, Roberto Antonio Trauwitz Echeguren, y el director de la Facultad de Economía de la BUAP, Salvador Pérez Mendoza.

Tal situación tiene indignados a sus agremiados, muchos de los cuales no sólo desconocían que Roberto Trauwitz fuera economista, pues jamás ha participado o asistido a las escasas actividades del Colegio de Economistas, sino que fuera parte de su Consejo Directivo en calidad de primer secretario suplente.

Es tal la molestia que algunos socios —entre ellos el doctor Eudoxio Morales Flores— están planteando ignorar la convocatoria, el registro de planillas previsto para el miércoles 24 de los corrientes de 10 a 17 horas y la votación del 7 de septiembre, para dar paso a un nuevo Colegio de Economistas, tal como sucede en otras entidades.

En la Ciudad de México, y en los estados de Baja California, Guerrero, Jalisco y Michoacán hay al menos dos gremios, y todos ellos reconocidos por la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana que preside Soraya Pérez Munguía.

La inconformidad no es gratuita. Parte del abandono y el olvido en que han mantenido al organismo colegiado sus últimos presidentes, Miguel Hakim y Víctor Mata Temoltzin, ambos impuestos por el gobierno de Rafael Moreno Valle; y se nutre de la ausencia de vida interna y actividades académicas en beneficio de los socios, de la discrecionalidad con que se dirige, de la falta de procesos democráticos en la toma de decisiones y de la imposición de los miembros de su Consejo Directivo.

Pero sobre todo por el control político y partidista que el gobierno de Rafael Moreno Valle pretende mantener sobre el Colegio de Economistas en la persona de Roberto Trauwitz.

Antes por lo menos, sus puestos directivos eran motivo de negociación entre el gobernador del estado y el rector de la BUAP, por lo que la presidencia se alternaba cada dos años. Durante un periodo el presidente del Colegio salía de las filas de la administración pública estatal, y durante otro de la máxima casa de estudios.

Sin embargo hasta esa tradición, que cada vez tenía menos consenso entre los socios del Colegio, se perdió en el morenovallato, y eso que el gobernador saliente de Puebla fue presidente del organismo en el periodo de 2000 a 2003.

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¿Sabía usted para grabar un video en la zona histórica de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe no sólo necesita un permiso especial del Centro Expositor sino pagar tres mil pesos para que se lo autoricen?

Pues eso fue lo que este lunes le dijeron este lunes a un equipo de reporteros encabezado por Adriana Medellín al que le impidieron hacer su trabajo en la zona de Los Fuertes, al que Nereida Pérez Vázquez, del Centro de Atención a Clientes del Centro Expositor, le reiteró que para grabar ahí requería hacer una solicitud por escrito.

Lo que la funcionaria no pudo explicar es por qué los tres mil pesos que le fueron requeridos a la reportera Adriana Medellín tenía que pagarlos a los Policías Auxiliares que supuestamente vigilan la zona y no a la Secretaría de Finanzas.

Si no lo sabía, dese por enterado.

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Señor Rodolfo Ruiz:

Mi nombre es Miguel Hakim Simón y actualmente soy el Presidente del Colegio de Economistas del Estado de Puebla A.C.

No tengo el gusto de conocerlo, pero me han reenviado una copia de su columna denominada La Corte de los Milagros del día 22 de agosto del presente y quisiera hacer alguna aclaraciones ya que considero que no es precisa.

1) Mi gestión no feneció en 2015 como usted lo afirma. Mi gestión, por estatutos vence en este año del 2016.

2) No dejado el Colegio ni en el abandono, ni en el olvido en estos dos últimos años. Como prueba de ello le adjunto el informe de actividades y los estados financieros correspondientes.

3) Desde el día 11 de agosto existe una convocatoria abierta para la elección del Consejo Directivo 2016-2108. Le adjunto la convocatoria, en la que es claro que cualquier planilla se puede registrar el día de mañana, siempre y cuando cumpla con el apoyo correspondiente y tenga un programa de trabajo.

Creo que ha escrito su columna con información muy distinta de los datos que le estoy proporcionando.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Miguel

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Rodolfo Ruiz R.

Hace seis años, cuando aún faltaban días o semanas para que el hoy gobernador Rafael Moreno Valle asumiera la gubernatura de Puebla, el mandatario saliente tuvo que aprobar —en algunos casos con el aval del Congreso local y la mayoría priísta— una serie de medidas y acciones dolorosas que liberaban a su sucesor de un mal comienzo.

Entre otras cosas la administración de Mario Marín Torres se echó la responsabilidad del aumento en las tarifas de transporte público de pasajeros, de la contratación de una línea de crédito por 2 mil 500 millones de pesos y del nombramiento de José Luis Javier Fregoso Sánchez como integrante de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP).

¿Qué pasará ahora que los transportistas están reclamando un alza en el costo del pasaje como consecuencia de los recientes aumentos en las gasolinas y que las tarifas no se modifican desde hace seis años?

¿Quién asumirá el costo político del incremento de dos pesos que demanda la Organización de Transportistas del Estado de Puebla (OTEP)?

¿Moreno Valle se sentará a negociar con los transportistas hasta lograr un acuerdo sobre su petición de subir la tarifa de 6 a 8 pesos o dejará que esa papa caliente le llegue a su sucesor al arranque de su gestión?

¿Quién cargará con esa impopular pero inevitable medida que afectará a miles de poblanos: el gobernador que se va o el gobernador que llega?

¿Qué privilegiará el gobernador Moreno Valle: su imagen y proyecto político como aspirante presidencial de cara al 2018 o evitarle a José Antonio Gali Fayad un desgaste en su popularidad al comienzo de su administración?

Se aceptan apuestas.

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El próximo lunes 29 de agosto, con la presencia de su autor, el periodista Álvaro Delgado, se presentará en Puebla el libro El Amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas.

Para comentar el libro el moderador de la mesa redonda, el periodista Jesús Manuel Hernández, ha convocado al escritor Fritz Glockner, al politólogo José Ojeda Bustamante y al que esto escribe.

La presentación se llevará a cabo a las 12 horas en los salones de la antigua Tocinería, 2 sur 904, en el Centro Histórico de esta ciudad.

Álvaro Delgado, reportero del semanario Proceso especializado en la cobertura de asuntos políticos y electorales, es autor de los libros El Yunque, la ultraderecha en el poder, por el que recibió el premio nacional de periodismo 2003 en la categoría de reportaje; El Ejército de Dios, nuevas revelaciones sobre la extrema derecha en México y el que se presentará el próximo 29 de agosto con entrada libre a todo el público.

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• Encuesta de Reforma dice que Moreno Valle no es competitivo
• Obligan a Prospera a revertir baja de dos beneficiarias

Rodolfo Ruiz R.

Si bien es cierto que el mercado internacional de los seguros por desastres naturales se ha encarecido, nada justifica que el gobierno del estado contrate un seguro de 18 millones de dólares anuales y la cobertura de éste sea de 30 millones de dólares, menos un deducible de 15 millones de dólares.

De acuerdo con expertos financieros, la prima que regularmente se paga por un seguro es del 3% sobre la cobertura.

Ese porcentaje es lo que regularmente paga usted por asegurar su automóvil.

Bajo ese esquema, la lógica indicaría que si el gobierno de Rafael Moreno Valle ha venido pagando entre 18 y 20 millones de dólares por año —hasta sumar 91.4 millones de dólares o 1 mil 205 millones de pesos al tipo de actual de 2011 a 2015—, la cobertura de ese instrumento fuera de 540 millones de dólares.

Suponiendo que por el encarecimiento de estos instrumentos en el mercado internacional, la prima no fuera del 3%, sino del 10%, entonces la cobertura mínima que Puebla tendría por ese seguro sería de 180 millones de dólares.

Pero sólo es de 30 millones, de acuerdo con lo que el mismo gobernador Rafael Moreno Valle informó el viernes pasado durante la inauguración del centro de espectáculos Acrópolis, cifra que a decir de él mismo podría llegar hasta 60 millones de dólares.

¿Por qué la cobertura es tan baja y el deducible tan alto?

¿Por qué el gobierno del estado tuvo que recurrir a un bróker como Gerardo Millan Callado para la contratación de este seguro?

¿Si la empresa de Millan Collado, Alige seguros y fianzas, sólo es una intermediaria financiera, entre el gobierno del estado y las aseguradoras y reaseguradoras que colocaron el seguro de Puebla en el mercado internacional, de cuánto fue su comisión? ¿Quién la pagó? ¿La Secretaría de Finanzas de Puebla o la compañía o compañías a las que se les contrató el seguro?

¿Por qué la reticencia de hacer público este contrato? ¿Qué esconde? ¿Qué se quiere ocultar?

¿Por qué hay tanta diferencia entre el seguro de desastres naturales contratado por el gobierno de Gabino Cué en Oaxaca, 60 millones de pesos, y el recomendado por Roberto Moya Clemente en Puebla, de 18 y 20 millones de dólares?

¿Por qué a diferencia de lo que hicieron otros gobernadores, como los de Oaxaca, Colima e Hidalgo que en conjunto adquirieron un seguro contra desastres naturales para bajar y repartirse los costos del mismo, en Puebla se ha optado por seguir con el bróker Gerardo Millan Callado, aun a sabiendas de que existen mejores alternativas en el mercado?

¿O es que con aquél hay algo más que una comisión por sus servicios? ¿Pues de cuánto es el moche?

Conste que son preguntas.

EN CORTO

La encuesta que este domingo publicó el periódico Reforma sobre preferencias electorales de los aspirantes presidenciales rumbo al 2018 no debió caer nada bien al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

Y no sólo porque su compañera de partido, Margarita Zavala Gómez del Campo, viene creciendo en el ánimo de los mexicanos, sino por el comentario que hizo sobre su persona quien interpretó los resultados del estudio demoscópico:

«… el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, no luce competitivo en ninguno de los escenarios».

Entre la población en general Margarita Zavala tiene una intención de voto del 31%, Ricardo Anaya de 22 y Rafael Moreno Valle de sólo 9%; entre simpatizantes del PAN la de Margarita crece a 43%, la del dirigente nacional panista a 30 y la del mandatario estatal a 11 puntos.

Como ha venido ocurriendo con otras encuestas, Reforma no incluyó en sus ocho escenarios de careo al gobernador de Puebla, sino sólo a Margarita Zavala y a Ricardo Anaya.

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Hace unos días la delegación del Programa Prospera acaba de recibir un par de reveses por las represalias que tomó en contra de un par de beneficiarias que en los pasados comicios no se prestaron a la manipulación electoral del PRI.

La delegación había ordenado su baja del padrón de este programa de inclusión social en Puebla y la suspensión de los 1,655 pesos que bimestralmente recibían.

Ambas beneficiarias presentaron sendas denuncias ante la delegación de Prospera, encabezada en Puebla por María Guadalupe Graciela Juárez García, y ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, cuyo presidente es Adolfo López Badillo, gracias a las cuales se pudo revertir la decisión de suspenderlas del programa y de cancelarles la ayuda bimestral que recibían.

En ambos casos es claro que los apoyos de Prospera les fueron retirados luego de que operadores del PRI detectaron que estas no estaban ayudando a la candidata del PRI a la gubernatura, Blanca Alcalá Ruiz, sino al abanderado del PAN, José Antonio Gali Fayad.

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Tómelo con reserva pero no sería raro que si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) echa abajo el triunfo del panista Martín Orozco Sandoval de la gubernatura de Aguascalientes, en Tlaxcala también se anule el triunfo del priísta Marco Antonio Mena Rodríguez y haya necesidad de repetir las elecciones para gobernador el próximo mes de octubre.

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El pasado viernes Martha Gutiérrez Manrique, quien funguió como encargada de medios nacionales en la campaña a la gubernatura de Blanca Alcalá Ruiz, fue nombrada directora general de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación federal. Martha es una politica muy identificada con el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong.

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Carlos Montiel Solana será el próximo presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, en sustitución de Fernando Treviño Núñez.

Así se resolvió esta noche en una cerrada votación en la que el ex presidente de Coparmex Puebla obtuvo 15 sufragios,  contra 13 de su contrincante, el ex presidente de Canacintra, Luis Espinosa Rueda.

La asamblea en la que Carlos Montiel será presentado como candidato de unidad a la presidencia del CCE de Puebla se efectuará el 12 de julio.

Cuentan que a pesar de lo cerrado de la votación, la junta de socios del organismo cúpula del sector privado de Puebla se realizó en un ambiente de orden y respeto, por lo que nadie cuestionó el proceso ni resultado a favor del ex presidente de Coparmex.

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De grillas perredistas, alianzas electorales y políticos en vacaciones

Los ansiosos que pugnan por la renovación del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, que preside Socorro Quezada Tiempo, tendrán que aguantarse las ganas y guardar sus cuchillos para más adelante.

Y es que lo más probable es que la elección de consejeros estatales —que son los que nombran a los miembros de la dirigencia local— se realice hasta mediados del año entrante.

De acuerdo con un calendario preliminar que mañana viernes será analizado y discutido por los secretarios del Comité Ejecutivo Nacional del PRD —que no terminan de ponerse de acuerdo sobre quién debe sustituir a Agustín Basave Benítez en la presidencia— la renovación de los Consejos Estatales se efectuaría el domingo 2 de julio de 2017.

Según ese calendario, la convocatoria se publicaría el 3 de mayo, el registro de candidatos se llevaría a cabo del 12 al 16 de mayo, el 19 del mismo mes se emitiría el dictamen de qué candidatos son aceptados y cuáles rechazados, y las campañas se efectuarían del 20 de mayo al 28 de junio.

***

Habrá que estar muy pendientes de lo que ocurra este sábado en el Consejo Nacional del PRD, pues dependiendo de quién sea nombrado presidente o presidenta nacional se sabrá si este partido optará por ir sólo, en alianza con el PAN o en coalición con otras organizaciones políticas de izquierda, en las elecciones locales del próximo año y en las presidenciales del 2018.

La corriente de Los Chuchos o Nueva Izquierda pretende que ante la renuncia de Agustín Basave, la presidencia recaiga en la secretaría general Beatriz Mojica Morga, cuestión a la que se oponen otras expresiones que han propuesto a Alejandra Barrales Magdaleno y a Pablo Gómez Álvarez.

La nominación de Beatriz Mojica es apoyada por Nueva Izquierda, Los Galileos y un sector de Foro Nuevo Sol.

Sin embargo, la candidatura de Alejandra Barrales, quien actualmente se desempeña como secretaria de Educación de la Ciudad de México, es respaldada por las corrientes ADN, Vanguardia Progresista, IDN, Frente de Izquierda Democrática y un sector de Foro Nuevo Sol, que juntas tienen el 65% de los votos del Consejo Nacional.

***

Tómelo con reserva pero una fuente confiable me adelanta que el gobernador Rafael Moreno Valle y su esposa Martha Erika Alonso Hidalgo, se tomarán unos días de descanso la próxima semana.

De acuerdo con la misma fuente ambos regresarán a sus responsabilidades, la titularidad del Ejecutivo estatal y la Secretaría General del Comité Directivo Estatal del PAN, el lunes 11 de julio.

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Rodolfo Ruiz R.

La última vez que un gobernador poblano aspiró a la presidencia de la República ocurrió hace 16 años.

En la sucesión de Ernesto Zedillo Ponce de León, Manuel Bartlett quiso construir desde Puebla su plataforma para llegar a Los Pinos. Fue su segundo intento, pues en 1988 siendo secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid Hurtado, también trató de llegar a la Presidencia.

En la primera ocasión Bartlett perdió la partida frente a Carlos Salinas de Gortari, de quien fue secretario de Educación Pública de 1988 a 1992, y en la segunda con Francisco Labastida Ochoa, quien se desempeñaba como secretario de Gobernación del presidente Ernesto Zedillo.

La historia de Bartlett es un espejo en el que debería mirarse el hoy gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, ya que en varios aspectos hay un gran paralelismo en sus vidas. Ambos estudiaron en el extranjero, uno en Francia e Inglaterra y otro en Estados Unidos, y ambos tienen como progenitores a gobernadores que no concluyeron sus encargos. Manuel Bartlett Bautista fue gobernador dos años de Tabasco y en marzo de 1955 tuvo que renunciar por presiones políticas. El abuelo de Moreno Valle también fue gobernador de Puebla en 1969, pero sólo por tres años ya que en 1972 fue derrocado y relevado por Mario Mellado García.

Las gestiones de ambos son también parecidas. Han privilegiado la construcción de obra pública en la zona metropolitana, a cargo de constructoras y empresas extranjeras o nacionales, y gobernado con funcionarios fuereños o carentes de arraigo local.

En la primera mitad de su sexenio Manuel Bartlett se planteó como estrategia convertir a la capital en la palanca y motor del desarrollo del estado a través del Programa Regional Angelópolis, contratado a la consultora McKinsey & Company, Inc., por el cual se planteaba el rescate del Paseo del Río de San Francisco con un lago artificial tipo el River Walk de San Antonio, Texas, un centro de convenciones, plazas comerciales, hoteles y restaurantes de gran turismo, un centro cultural y estacionamientos; así como el rescate del Lago de Valsequillo y el saneamiento del Río Atoyac; la construcción de plantas de tratamiento y la modernización del sistema de transporte público de pasajeros.

Moreno Valle planteó en campaña una serie de obras y proyectos de desarrollo regional que ya en el gobierno olvidó, para concentrarse en otras que han acentuando la desigualdad entre la zona metropolitana y el resto de la entidad, entre las que destacan la Rueda de Observación o Estrella de Puebla, el Teleférico, el rescate de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe y de la zona arqueológica en torno a la Pirámide de Cholula, el Tren Turístico Puebla-Cholula, el Metrobús, la construcción de ciclovías, puentes atirantados y viaductos elevados, y la pavimentación con concreto hidráulico de las principales avenidas y bulevares de la capital.

Uno de los aspectos más polémicos del sexenio bartlista fue el llamado Gabinete Alterno, que en forma paralela al gabinete legal y ampliado, se encargaba de operar los principales proyectos de su gobierno sin ninguna responsabilidad jurídica.

Este equipo estaba integrado por algunos de sus ex colaboradores en las secretarías de Gobernación y Educación, así como por algunos despachos especializados, propiedad de algunos de ellos o amigos suyos, a saber: Jesús Hernández Torres, Óscar de Lassé Avellana, Guillermo Heitler Aroeste, José María Morfín Patraca, Salvador Rocha Díaz, Fernando Pérez Correa, Mauro Uzcanga Villalobos, Roberto Chaparro Sánchez, Luis G. Benavides Ilizaliturri, Miguel González Silva, Eduardo Barclay Arce y Salvador López López.

Moreno Valle no cuenta con un gabinete alterno, pero sí un equipo de secretarios y funcionarios de primer nivel foráneos o sin arraigo local. De los más de 60 secretarios que han desfilado por su gabinete en los cinco años cinco meses que lleva su administración, más de la mitad provienen de la Ciudad de México y otras entidades.

Como líder del llamado Sindicato de Gobernadores, Manuel Bartlett buscó ser presidente de la República jugándole las contras a Ernesto Zedillo, usando a Puebla como su plataforma de exposición a nivel nacional, presumiendo no sólo las obras realizadas por su administración, sino la forma en que habría resuelto su sucesión mediante una consulta abierta que ganó el político priísta más popular de entonces: Melquiades Morales Flores, a quien le heredaría el cargo.

Moreno Valle también usa como carta de promoción para su posicionamiento rumbo al 2018 la transformación que Puebla logró durante su sexenio y la victoria de José Antonio Gali Fayad en los recientes comicios para gobernador como una evidencia de la aceptación y aprobación de los poblanos a su gestión.

En las elecciones presidenciales del 2000 Manuel Bartlett no pudo ganar la nominación de su partido de entonces, el PRI, que se inclinó por Francisco Labastida. Ni Puebla, ni los poblanos lo respaldaron como esperaba. La distancia que siempre mantuvo de los poblanos le pasó la factura.

¿Le ocurrirá lo mismo a Rafael Moreno Valle ahora que abiertamente ha dicho que quiere ser presidente de México en el 2018?

EN CORTO

Este fin de semana estuvo muy activo el dirigente estatal del PRI, Jorge Estefan Chidiac, para tratar de neutralizar a quienes han demandado su renuncia o remoción.

El viernes se reunió a comer en El Desafuero con el subsecretario de la SEDATU, Juan Carlos Lastiri Quirós, y el sábado en el salón Tres Marías con el delegado del IMSS, Enrique Doger Guerrero, con la intermediación del empresario Julián Ventosa Tanús.

Trascendió que ambos funcionarios y aspirantes priístas a la gubernatura de Puebla en 2018 se comprometieron a cesar sus críticasen contra de Estefan Chidiac y a no insistir más en su destitución como presidente del CDE del PRI.

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Rodolfo Ruiz R.

Trivia:

¿Qué diputada local anda en lo oscurito tramitando una notaría pública, con el apoyo de su jefe, el gobernador Rafael Moreno Valle, y el malestar del gremio notarial por la inexperiencia y desconocimiento de aquella en el ejercicio de conferir fe pública de contratos y actos extrajudiciales, originados en el marco del derecho privado, de naturaleza civil y mercantil?

Aquí algunos tips:

Es abogada de profesión y maestra en Relaciones Internacionales, diputada local, senadora suplente y poseedora de un ego tan grande que su inflamado curriculum es el único que se repite dos veces en el portal del Congreso del estado con frases como las siguientes:

“Su consolidación como funcionaria pública llegó con el cargo de Secretaria de la Contraloría en enero de 2011, en donde impulsó una Administración Pública moderna, eficaz y eficiente.

“Contribuyó en la elaboración de la Ley de Transparencia, logrando que ésta se colocara en la quinta mejor ley a nivel nacional, con respecto a esta materia.

“En su paso por la Contraloría, proyectó la labor de la Dependencia a nivel nacional, a través de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación, de la cual fue Coordinadora de la Región Centro Golfo Istmo.

“En el Senado de la República, fue asesora del Senador Rafael Moreno Valle y de la Senadora Leticia Jasso Valencia a quienes apoyó mediante la elaboración de iniciativas de Ley y Puntos de Acuerdo”.

¡Uff!

Pronto le daré más detalles.

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Juan de Dios Bravo Jiménez, quien había renunciado a la delegación de Liconsa para sumarse a la campaña de Blanca Alcalá Ruiz a la gubernatura de Puebla, ya está de regreso en esta empresa de participación estatal mayoritaria, pero ahora como encargado de despacho.

Será hasta dentro de un mes cuando el Consejo de Administración de Liconsa que preside el oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva analice si vuelve a nombrarlo delegado en Puebla.

Otros que también ya volvieron a ocupar los cargos que tenían en la administración pública federal son Cutberto Cantorán Espinosa y Adela Cerezo Bautista; el primero regresó como delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), y la segunda como delegada del Registro Agrario Nacional (RAN). Ambos habían renunciado para hacer trabajo electoral en los recientes comicios: Cutberto en la Mixteca y Adela en San Martín Texmelucan.

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Dos interesantes temas que marcan la posición de la Iglesia Católica sobre las bogas gay y los falsos sacerdotes son los que aborda el semanario Angelus, de la Arquidiócesis de Puebla, en su más reciente ejemplar que este domingo comenzará a circular en las principales parroquias y templos de la entidad.

Con el título ¿Qué es la ideología de género?, la Arquidiócesis hace un llamado a sus feligreses a defender la familia de estas ideas que buscan destruir los conceptos de familia, maternidad y matrimonio, para promover la liberación sexual de la mujer de la supuesta y agravada opresión del hombre.

El segundo texto se titula Sacerdotes piratas, y en él se advierte a los creyentes católicos de la proliferación de falsos curas que se prestan a realizar misas, a celebrar matrimonios y a impartir otros sacramentos en recintos no autorizados por la Iglesia como jardines, salones de fiesta, hoteles y ex haciendas.

En este material la Arquidiócesis da siete recomendaciones a sus feligreses para no caer en manos de estos falsos sacerdotes, que por lo general son personas que han trabajado como sacristanes o que algún tiempo estuvieron vinculados a un seminario.

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Rodolfo Ruiz R.

¿Cómo será el gobierno de José Antonio Gali Fayad? ¿Qué tanto margen de operación y autonomía tendrá respecto al grupo del gobernador saliente Rafael Moreno Valle? ¿Habrá realmente continuidad o ésta sólo se dará en algunas áreas y aspectos?

Responder estas interrogantes no es fácil, pues hay elementos y factores que anticipan continuidad pero también rupturas, sobre todo en cuanto al trato y la forma de ejercer el poder y conducir la administración pública.

Otra cuestión que también dificulta este análisis es el reducido equipo de colaboradores del gobernador electo y que en la campaña política fue prácticamente marginado a tareas de segunda importancia por el grupo de estrategas y operadores del gobernador Moreno Valle.

De lo que sí hay certeza es que el gobierno de Gali Fayad será de 22 meses y que varios de los funcionarios que forman parte del proyecto morenovallista tienen garantizada legal y constitucionalmente su permanencia, entre ellos el titular de la Fiscalía General, Víctor Antonio Carrancá Bourget, y el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), David Villanueva Lomelí.

El gobernador electo tampoco podrá cambiar algunos proyectos o dejar sin efecto algunas concesiones que rebasan por mucho su sexenio, a pesar de que se hayan asignado de manera discrecional y poco transparente a consorcios y empresas vinculadas a la familia Hank González o a los Abed Rouannet. Y eso, como puede suponerse, limitará o restringirá su margen de maniobra al frente del Ejecutivo.

Si, como se insiste, Moreno Valle le ofreció al senador Javier Lozano Alarcón —con el aval del candidato a la gubernatura de la coalición Sigamos Adelante— la titularidad de la Secretaría General de Gobierno (SGG), a cambio de que viniera a coordinar la campaña y se hiciera cargo de la vocería del CDE del PAN, entonces Gali Fayad también estará acotado en lo político.

El otro brazo político del estado, el Poder Legislativo, se encuentra controlado por morenovallistas puros como Jorge Aguilar Chedraui e Irma Patricia Leal Islas e impuros como Pablo Rodríguez Regordosa y su primo Francisco Rodríguez Álvarez, Sergio Moreno Valle Germán y José Domingo Esquitín Lastiri, por mencionar sólo algunos.

La LIX Legislatura del Congreso del estado responde y responderá más a los intereses del gobernador saliente que del gobernador entrante.

El Ayuntamiento de Puebla, que obedecía políticamente a Gali Fayad, es actualmente un órgano bicéfalo, pues hay funcionarios que todavía ven al gobernador electo como su jefe político y otros —los nuevos y los que llegarán en los próximos días— cuyas lealtades están con el presidente municipal sustituto, Luis Banck Serrato.

Si éste, como parece, es alentado a construir desde la alcaldía su propio proyecto político con miras a la gubernatura del 2018, Banck dejará de ser el subordinado y aliado que Gali Fayad imaginó, para convertirse sino en un rival, sí en un factor de poder que va a privilegiar más lo suyo que los proyectos del gobernador entrante.

Bajo esas circunstancias creo que resulta obvio que Gali Fayad será un gobernador acotado que, sin embargo, buscará dejar huella aunque solo tenga 22 meses para hacerlo.

En ese sentido creo que Gali Fayad no cederá más espacios en el gabinete que los ya comprometidos, de manera que los galistas se queden con las carteras de las secretarías de Finanzas, Infraestructura, Educación, Contraloría, Turismo, Salud, Desarrollo Económico, Desarrollo Rural y Seguridad Pública.

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