¿De qué sirve que estados como Puebla modifiquen su ley de transparencia y se convierta, en el papel, en la cuarta mejor del país, si al momento de ponerla en práctica para la rendición de cuentas, prevalece la opacidad?

Al menos esto es lo que reflejó el Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial en los Estados 2011, diseñado por la organización Artículo 19 y el Centro de Análisis e Investigación Fundar, donde se presentaron los resultados de un ejercicio de transparencia aplicado a los gobiernos de las 32 entidades federativas del país.

Dicho ejercicio, que puede ser consultado en el sitio www.publicidadoficial.com, reprobó al gobierno de Puebla por ocultar el presupuesto que destina a comunicación social y a la compra publicidad gubernamental, a semejanza de los estados de Chiapas, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Tamaulipas.

El gobierno de Rafael Moreno Valle no sólo remitió a los promotores de esta investigación a la Cuenta Pública —donde la información solicitada no está disponible— sino que les ocultó datos del gasto total anual ejercido en materia de comunicación social y publicidad gubernamental de 2005 a 2010, desglosado por medio de comunicación, proveedor y tipo de campaña.

Al margen de este ejercicio de transparencia realizado por Artículo 19 y Fundar, se sabe que el gobierno de Puebla gastó durante 2011, a través de su Dirección de Comunicación Social, 180 millones de pesos; y que en 2012 prevé gastarse una partida similar.

Esta cifra es superior en 52 millones de pesos a la reportada oficialmente por Enrique Peña Nieto durante 2010, su último año de gestión como gobernador del estado de México, cuando ya estaba en plena precampaña para la presidencia de la República.

Para ningún observador en finanzas públicas, con un mediano conocimiento de los convenios que firman los gobiernos con las televisoras o los periódicos nacionales, escapa que esta cantidad dista mucho, pero mucho, de la real.

En Puebla, por citar un ejemplo, sólo en convenios con Televisa y TV Azteca, el gobierno de Rafael Moreno Valle se gasta al año más de 60 millones de pesos, cantidad a la que habría añadir los contratos anuales pactados con otras empresas radiofónicas, editoriales y digitales de la capital del país, hasta por 15 millones de pesos a cada una.

Dicha cantidad resulta ridícula a la luz de lo que otros gobiernos estatales, con presupuestos más modestos, reportan en comunicación social. El gobierno de Chihuahua se gastó, en 2010, 320.6 millones de pesos; el de Morelos, 203.8 millones; el de Nayarit, 338.3 millones; y el de Yucatán, 222.7 millones. Y ninguno de esos gobernadores tuvo la cobertura publicitaria y el impacto mediático logrado por Moreno Valle en 2011 y ahora en 2012, con motivo su primer informe de actividades.

Para publicitar y difundir su primer informe como gobernador de Puebla, Moreno Valle se gastó —según una solicitud de información pública— 42 millones 133 mil 400 pesos, distribuidos de la siguiente manera: 16.06 millones en televisión, 6.74 millones en radio, 8.01 millones en medios impresos, 2.48 millones en portales y 8.82 millones en medios complementarios.

*Tablas publicadas por el suplemento Enfoque del periódico Reforma

Esta cantidad puede resultar poca o mucha, dependiendo del lente con se mire, pero lo cierto es que representa más de lo que la administración estatal invertirá en la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, en la Comisión de Vivienda del estado, o en cualquiera de las Universidades e Institutos tecnológicos o politécnicos del estado; equivale a 2.5 veces el presupuesto del Consejo de Ciencia y Tecnología, y a poco menos del doble del Instituto Poblano del Deporte.

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Este martes por fin se publicaron en el Periódico Oficial del estado las reformas y adiciones al Código de Instituciones y Procesos Electorales del estado, situación que trajo la tranquilidad a los dirigentes estatales de los partidos políticos que este año se embolsarán 46 millones de pesos por concepto de financiamiento público.

El año pasado el monto total de prerrogativas que el Instituto Electoral del Estado entregó a los partidos posibles ascendió a 17 millones de pesos.

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Este día recibí en mi oficina la visita del ex juez Enrique Romero Razo para aclararme que no es prófugo de la justicia, que sí teme que en cualquier momento se le obsequie una orden de aprehensión y que sí ha tramitado y seguirá tramitando amparos para impedir su detención que, asegura, obedece a una vendetta política.

Asimismo me aclaró que actualmente está en espera de que el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Sexto Circuito resuelva a su favor un amparo contra su destitución como juez de Teziutlán, aprobada por el pleno del Tribunal Superior de Justicia el 16 de diciembre de 2010, y de que el Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atienda su queja por la parcialidad que han mostrado algunos jueces y magistrados federales en el juicio de garantías 13/2012 que promovió contra su remoción.

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Simón dice:

“Es menos desagradable ver mendigar un pobre que un rico. Y un cartelón de propaganda es un rico que mendiga.”

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico.

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Que será en el tercer y último periodo ordinario de sesiones del año cuando el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas envíe al Poder Legislativo una serie de ternas para que los diputados nombren a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que se retiraron o jubilaron, entre los que figuran Elba Rojas Bruschetta, Carlos Enrique Hernández Ramírez, Fernando García Rosas, Leonardo Tecua Petla y Gerardo Manuel Villar Borja.

El gobernador es el único, en términos del artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que puede proponer al Congreso ternas para el nombramiento de magistrados, siempre que éstos cumplan con los siguientes requisitos: Ser ciudadanos mexicanos por nacimiento en pleno uso de sus derechos políticos y civiles; ser mayores de 35 años; ser profesionales del derecho con título legalmente expedido, con antigüedad mínima de diez años; gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito que merezca pena corporal de más de un año de prisión.

De acuerdo con fuentes confiables, entre los candidatos propuestos se incluirán los nombres de algunos jueces que actualmente prestan sus servicios dentro del Poder Judicial del estado, así como algunos políticos cercanos al melquiadismo, y algunos académicos y abogados provenientes del Distrito Federal recomendados por el secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, y su subsecretario jurídico Enrique Quiroz Acosta, así como por el secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública, Juan Pablo Piña Kurczyn.

En la Ley Orgánica del Poder Judicial no se establece que los magistrados deban poseer carrera judicial, ni ser oriundos o ciudadanos de la entidad. Esta última condición se reformó en febrero de 2011 para que Víctor Manuel Carrancá Bourget fuera nombrado procurador de Justicia en el estado.

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Que antes del 15 de diciembre los diputados de la LVIII Legislatura local tienen la firme intención de sacar dos de las reformas que prometieron para el año que está por concluir: una es la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que inexplicablemente se ha mantenido en la congeladora legislativa, y otra es la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que el líder de la Gran Comisión, Guillermo Aréchiga Santamaría, ha boicoteado en aras de mantenerse y usufructuar la jefatura del órgano de gobierno de la Cámara de Diputados.

La nueva Ley de Transparencia, cuya manufactura hay que atribuir en gran medida a la diputada Josefina Buxadé Castelán, podría pasar al pleno en un par de semanas, claro con algunas modificaciones de forma y de fondo que están siendo analizadas en la Secretaría General de Gobierno.

Por lo que hace a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, trascendió que ésta se encuentra prácticamente planchada y que los puntos conflictos se resolverán ante la inminente licencia de Guillermo Aréchiga de la Gran Comisión y el Congreso del estado para buscar una curul o escaño en el Congreso de la Unión.

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Que las investigaciones y denuncias que se han presentado en contra de ex funcionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (Issstep) podrían focalizarse no en los ex directores del organismo, José Alfredo Arango García, Lauro Sánchez López y Ricardo Villa Issa, sino en funcionarios medios y menores.

Entre ellos el ex subdirector de Prestaciones Económicas, Rodrigo Lazcano Fernández, quien hasta se ha rehusado a comparecer ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos, para responder a los señalamientos y acusaciones que subordinados suyos de las áreas de jubilaciones y pensiones han formulado en su contra.

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Simón dice:

“Un chisme es como una avispa; si no puedes matarla al primer golpe, mejor no te metas con ella.”

George Bernard Shaw (1856-1950) Escritor irlandés.

Será a mediados de la próxima semana cuando Josefina Buxadé Castelán y sus abogados –entre los que no figura Fernando Urbano Castillo Pacheco— promuevan un amparo contra la decisión del Congreso del estado de nombrar a Blanca Lilia Ibarra Cadena como comisionada propietaria de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP).

Dicho amparo, a decir de la propia Josefina Buxadé, no tiene el propósito de echar abajo la designación de la ex titular de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, para que ella ocupe su lugar, sino sentar un precedente para que el Poder Legislativo se abstenga de elegir a comisionados que legalmente están impedidos para ocupar el cargo.

La ex comisionada fundadora de la CAIP dijo que por tal razón no pedirá en su amparo la suspensión del nombramiento de Blanca Lilia Ibarra, sino que se revise el procedimiento y se emita una nueva convocatoria, ya que tanto aquella como su suplente Alexandra Herrera Corona incumplen con los requisitos establecidos en la fracción VI del artículo 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado.

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Otro que también ya prepara su amparo contra la decisión unánime del Congreso del estado de revolcarle el nombramiento y destituirlo como presidente de CAIP, es Antonio Juárez Acevedo.

Este, a diferencia de Buxadé, sí solicitará antes de que concluya el año la suspensión del resolutivo aprobado el lunes pasado por la LVII Legislatura local.

Si esta solicitud procediera, los diputados locales estarían metidos en brete, pues por un lado tendrían como presidente de la CAIP a un personaje deslegitimado y sin autoridad moral, y a una comisionada impugnada por incumplir a cabalidad los requisitos que se exigen a los aspirantes a formar parte del órgano garante de la transparencia en la administración pública estatal.

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El teziuteco Jorge Carlos Juraidini Rumilla, quien se desempeñaba como director de Adquisiciones de la Secretaría de Gobernación, fue separado del puesto y está sujeto a investigación, junto con otros funcionarios a su cargo y de la dependencia, por el accidente aéreo en que perdió la vida Juan Camilo Mouriño Terrazo, el pasado 4 de noviembre.

Carlos Juraidini es hijo del empresario y ex presidente municipal de Teziutlán, Miguel Juraidini Kuri y de la señora Petruca Rumilla Fayad.

Antes de incorporarse a la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Gobernación, Carlos Juraidini trabajó en Canadá como miembro del Servicio Exterior y más tarde como asesor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), donde conoció a Elba Esther Gordillo, quien lo recomendó para trabajar en el gobierno calderonista.

En las investigaciones que se realizan en torno al accidente del Lear Jet 45 en que perdió la vida Juan Camilo Mouriño, el titular de la Dirección de Adquisiciones de Gobernación aparece como uno de los responsables de la compra de la aeronave de segunda mano, y de la contratación de los pilotos sin experiencia, así como de su deficiente capacitación y entrenamiento para pilotear la nave del ex número 2 del gobierno federal.

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Apunte usted el nombre del director de Planeación de la Coordinación de Políticas Públicas del ayuntamiento de Puebla, Octavio Castilla Kuri, como uno de los prospectos con más posibilidades para suceder el año entrante a Isidro Honorio Ojeda Lara en la presidencia del Colegio de Economistas de Puebla.

Octavio Castilla fue secretario particular del ex presidente del Colegio de Economistas, José Alarcón Hernández, en la dirigencia del PRI, y subdirector de la Promotora Universitaria de la BUAP en el rectorado de Enrique Agüera Ibáñez.

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El presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Alonso Lujambio Irazábal, marcó a las autoridades estatales y diputados locales el derrotero que deben seguir para salir del embrollo en que se encuentran metidos con el descrédito del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, y las impugnadas reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Aquí el recetario que Lujambio perfiló durante su conferencia “Información pública, instrumento de control ciudadano” ante los directivos y socios del Club de Empresarios de Puebla:

Revisar y corregir algunos aspectos de la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que van en sentido contrario a las reformas que aprobó el Congreso de la Unión al artículo 7° constitucional.

Convertir a la CAIP en órgano garante de la transparencia a nivel estatal con competencia sobre el Poder Ejecutivo y los 217 ayuntamientos de la entidad, para evitar que en Puebla existan más de 220 comisiones de transparencia que funcionen con criterios diferentes y hasta antagónicos.

Impulsar la creación de órganos garantes en los poderes Legislativo y Judicial y en los organismos constitucionalmente autónomos.

Sustituir el módulo electrónico con que actualmente cuenta el portal de transparencia del gobierno del estado para recibir y responder las solicitudes de información pública, por el sistema Infomex creado por el IFAI, y que opera en ocho estados y que está en vías de aplicarse en 21 entidades federativas más. Sobre este punto, Lujambio expresó que el gobernador Mario Marín ya expresó este día su interés por adoptar el Infomex.

Restituir la confianza y credibilidad de la CAIP como garante de la transparencia y árbitro entre ciudadanos y autoridades en caso de controversias. Y aunque el presidente del IFAI fue muy cuidadoso en no emitir comentarios sobre Juárez Acevedo, con su exposición dejó más que claro que lo mejor que le puede ocurrir a la CAIP es que éste se vaya y sea sustituido por un personaje que goce de amplio prestigio social.

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Pero en el marco de la Primera Semana de Transparencia Municipal, organizada por el ayuntamiento de Puebla en colaboración con la UAP, la UPAEP, la Ibero, el Tecnológico de Monterrey y el IFAI, también trascendieron malas noticias.

La primera es que el proceso que el Congreso del estado le sigue el ilegítimo e ilegal Antonio Juárez Acevedo como presidente de la CAIP no será fast track, sino largo, tortuoso y burocrático.

Los diputados de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, que encabeza el priísta Pablo Fernández del Campo, no quieren dar pie a que el mañoso Juárez Acevedo se ampare contra el proceso de remoción y prolongue su permanencia al frente de la CAIP por secula seculorum.

Y quienes marcan la línea y los tiempos de la agenda legislativa quieren empatar la salida de Juárez Acevedo con la de la comisionada incómoda de la CAIP, Josefina Buxadé Castelán, que en diciembre concluye el periodo de cuatro años para el cual fue nombrada por el Congreso del estado.

Otra mala noticia es que la acción de inconstitucionalidad que promovió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, Marcia Maritza Bullen Navarro, en contra de las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información podría resolverse hasta dentro de cuatro o seis meses.

Y la última: la mayoría priísta que controla el Congreso del estado muestra poca, pero muy poca disposición de impulsar como sustitutos de Juárez Acevedo y Josefina Buxadé a personajes independientes, de prestigio social y académico y con autoridad moral, pues su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas no es más que de dientes para fuera.

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Bullen Navarro promueve acción de anticonstitucionalidad
Compras irregulares en el Organismo Operador de Limpia

Cuando me lo dijeron no lo creí.

Pero así es.

La impugnada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, Marcia Maritza Bullen Navarro, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas y adiciones aprobadas por el Congreso del estado –en su sesión del 17 de julio– a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El pasado 7 de agosto la comisionada de la CAIP, Josefina Buxadé Castelán –junto con un grupo de colegas de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), algunos diputados locales y dirigentes de organizaciones civiles– solicitó la intervención de la CDH para que las modificaciones que se hicieron a la Ley de Transparencia de Puebla fueran declaradas insconstitucionales.

Lo mismo hizo el día anterior, pero con la Procuraduría General de la República.

El caso es que la semana pasada la presidenta de la CDH de Puebla promovió ante el máximo tribunal del país un recurso de inconstitucionalidad para echar abajo los cambios que los priístas decidieron hacer a la Ley de Transparencia, lo que tiene sorprendidos a sus críticos que no esperaban que Bullen Navarro asumiera esa posición.

¿Por qué lo hizo?

En el fondo no se sabe, como tampoco se sabe si Bullen Navarro está convencida de la inconstitucionalidad de las reformas o si con esta iniciativa lo que pretende en realidad es ganar legitimidad, ahora que su nombramiento como presidenta de la CDH ha sido puesto en entredicho por su origen panameño.

Pero cualquiera que sea el caso, pronto lo sabremos, pues lo más seguro es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga que pronunciarse en uno u otro sentido antes de que termine el año.

EN CORTO

No estaría mal que en el marco de la Primera Semana de Transparencia Municipal que impulsa el ayuntamiento de Puebla, con la colaboración del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la UAP, la UPAEP, la Ibero y el Tecnológico de Monterrey, el coordinador general del Organismo Operador del Servicio de Limpia, Héctor Sulaimán Safi, explique algunas compras y asignaciones al margen de la Ley de Adquisiciones.

Por ejemplo, la compra sin licitación de por medio de cuatro barredoras Karcher por 1 millón 800 mil pesos; la adjudicación directa de los seguros del parque vehicular del Organismo Operador del Servicio de Limpia por un monto de 800 mil pesos, y la adquisición –también sin licitación– de 4 millones de pesos de 4 mil papeleras urbanas a la empresa Plastic Omnium Sistemas Urbanos S.A.

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La Primera Semana de la Transparencia arrancará este lunes a las 11 horas en el Salón Barroco de la UAP con la participación de Alonso Lujambio Irazábal, comisionado presidente del IFAI y Benjamín Guillermo Hill Mayoral, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal.

En la ceremonia de inauguración también harán uso de la palabra el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez y la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz.

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El pasado 12 de agosto la Junta de Gobierno de la UPAEP aprobó el arribo de nuevos personajes a la institución. Se trata de Víctor Manuel Ramírez Valenzuela, ex secretario de Educación Pública de Guanajuato durante el gobierno de Juan Carlos Romero Hicks y de Heliodoro Fraile García, ex director de Productividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el gobierno foxista.

Ambos personajes serán claves en el futuro de la UPAEP, pues serán los encargados de reencauzar a esta institución a sus orígenes católicos y yunquistas, lo que seguramente los meterá en algunas confrontaciones con el grupo que hoy controla la rectoría y los principales cargos directivos de la Universidad: entiéndase Alfredo Miranda López, Javier Cabanas Gancedo, Miguel Ángel Garijo Ureta, Mónica Liliana Cortiglia Bosch, Agustín Landa García Téllez, Gonzalo Gómez Collado y Pablo Nuño de la Parra, conocidos como “Los Divinos”.

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El ex secretario de Administración Urbana en la administración municipal de Luis Paredes Moctezuma, Agustín Flores Cuadra, acaba de ganar un juicio de casi cuatro años, por la inhabilitación y sanciones que le impusieron por el famoso árbol de navidad que se construyó en lo que fue la Torre del Milenio.

Trascendió que Flores Cuadra llevó su caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que fue ahí donde le dieron la razón, por lo que ahora las autoridades que lo sancionaron tendrán que limpiarle su expediente como servidor público y restituirle la suma con la que fue sancionado.

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La corriente perredista denominada Nueva Izquierda cobrará un nuevo impulso en Puebla con el arribo al Congreso de la Unión de Jesús Morales Manzo, quien ocupará la curul que dejó vacante un diputado federal por Guerrero.

Morales Manzo ocupará, además, el lugar que tenía su compañero de partido en la Comisión de Hacienda que, por cierto, preside otro poblano: Jorge Estefan Chidiac.

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Y hasta la próxima.

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Es tan firme el compromiso de los diputados locales con la transparencia y la legitimidad del órgano encargado de hacerla efectiva en la entidad —la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP)— que su cuestionado presidente Antonio Juárez Acevedo pudo irse de vacaciones sin ninguna preocupación y sin que nadie lo molestara.

El pasado 13 de julio, el diputado Pablo Fernández del Campo prometió agilizar la investigación que se le sigue a Juárez Acevedo, tendiente a corroborar si éste era miembro y directivo de la agrupación política Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP, en diciembre de 2004.

Ese domingo, el legislador priísta ofreció no sólo incorporar a la investigación del Poder Legislativo los documentos difundidos por El Sol de Puebla y e-consulta, que involucran a Juárez Acevedo como secretario general de Plataforma Cuatro, sino mandar una comisión tanto a las oficinas centrales del IFE como a la notaría número 27 de Veracruz, para que comprobaran la autenticidad de los actas y directorios que se publicaron.

A tres semanas de distancia, no hay ningún avance. El personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos que acudió al IFE se encontró con que el personal estaba de vacaciones; y el titular de la dependencia, Edgar Sánchez Farfán, estimó que no tenía caso viajar a Veracruz cuando podría hacer llegar su petición a la Notaría de Veracruz por mensajería.

De más está decir que el Congreso y la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales —responsable de la investigación a Juárez Acevedo— no tienen ninguna prisa y menos después de que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con el voto en contra de todos los legisladores de oposición, las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla.

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Las maniobras de María Luisa Huerta Rodríguez —viuda del extinto regidor de Gobernación de San Martín Texmelucan, Efrén Ronco Ceferino— para ocupar el lugar que dejó vacante su marido o por convertirse en la directora del Sistema DIF municipal, ya agotaron la paciencia del presidente municipal Noé Peñaloza Hernández.

Y no es para menos, pues, en aras de lograr su propósito, Huerta Rodríguez emprendió una campaña negra de correos y filtraciones en contra del director del DIF municipal, Gerardo Martínez, y la coordinadora de los Centros de Atención Infantil Comunitaria, Susana Vega López, involucrándolos en falsas denuncias de corrupción y acoso sexual.

Descubierta su maniobra, Noé Peñaloza ordenó su separación del DIF y de la coordinación de la Estancia de Día y el Programa de Despensas, por conflictiva y por inepta, ya que su negligencia en el envío al Sistema DIF estatal de los padrones de beneficiarios de las despensas Proaba y Proama, provocó que éstas estuvieron a punto de perderse.

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Cuatro funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del estado ya fueron sembrados en los distritos o regiones por los cuales quieren ser diputados al Congreso de la Unión, con la bendición del PRI estatal y de Javier López Zavala. Se trata de Fernando Morales Martínez, delegado en Tecamachalco; Alberto González Morales, delegado en Tepeaca; Sara Chilaca Marínez, delegada en San Pedro Cholula; e Isabel Merlo Talavera, delegada en Atlixco.

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Aunque al final el PRI se impuso y logró, sólo con los votos de sus 26 diputados, sacar adelante las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia, lo cierto es que ayer perdió el debate y también la oportunidad de dar a la entidad una ley de avanzada.

La reforma impulsada por la fracción priísta es tan light y acotada, en términos de lo que Puebla necesita, que hasta los legisladores de oposición que suelen apoyar las iniciativas del grupo mayoritario, como la perredista Irma Ramos Galindo y la convergente Carolina  O’Farril Tapia, optaron por abstenerse en esta ocasión.

El parche aprobado a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es tan opaco que uno de sus puntos, supuestamente de avanzada, podría convertirse en una regresión.

Me refiero al reformado artículo 8 que reduce de 15 a 10 días el tiempo para responder una solicitud de información. Ello no está mal. El problema es que ahí mismo se estipula que “La información deberá entregarse dentro de los diez días hábiles siguientes al que la Unidad Administrativa de Acceso a la Información le haya notificado la disponibilidad de aquella”, y que el plazo para interponer un recurso de revisión es también de diez días hábiles a la fecha de notificación de dicha resolución.

Imagínese este escenario: el lunes 4 de agosto le hacen saber, a través de un mail, que su petición ya fue respondida, y que ese día usted anda de suerte y abre su correo, pero que por cuestiones burocráticas la información requerida no se le entregan sino hasta el 18 de agosto, es decir, el último día hábil de los 10 que tiene de plazo la Unidad Administrativa de Transparencia encargada de proporcionársela.

Y que ese día, usted descubre que la información que le entregaron está incompleta o no satisface lo requerido en su petición.

Si así fuera, déjeme decirle que para entonces habrá perdido la oportunidad de inconformarse por la vía legal, mediante un recurso de revisión, pues con base en el artículo 41 de la propia Ley de Transparencia el plazo para que usted ejerza ese derecho habrá fenecido o estará a minutos de hacerlo.

Y es que si le notifican el 4 de agosto, pero la información se la entregan hasta el lunes 18, ese día es también el último que usted tendría como plazo para presentar su inconformidad ante la CAIP.

Así de retrógrada es nuestra nueva legislación en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Por eso, justo por eso, Puebla seguirá hundida en el sótano de la corrupción y la opacidad.

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Para mayor información y antecedentes sobre el tema le dejo estas ligas:

– Urge modificar la Ley estatal de Transparencia

– Un Congreso de rudos, técnicos, opacos y transparentes

– Las reformas obstaculizan el acceso a la información pública: Cimtra

Lo reitero: la transparencia y la rendición de cuentas no es un asunto de leyes, ni de fiscalías anticorrupción, sino de voluntad. Sí, de voluntad política.

A juzgar por la iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública presentada por el grupo parlamentario del PRI, en Puebla no hay voluntad, al menos del partido gobernante y sus autoridades, por transparentar el ejercicio de gobierno.

Como no la ha habido para agilizar la remoción del deslegitimado –¿e ilegal?– presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo; para acatar lo que hoy establece la normatividad vigente en materia de adquisiciones y obra pública; para adoptar el sistema Infomex, como lo están haciendo la mayoría de los estados, o para responder sin ambigüedades o subterfugios las solicitudes de información que se hacen a los entes sujetos de la Ley de Transparencia.

La iniciativa del PRI no sólo se limita a cumplir de manera muy apretada con la reforma al artículo 6° constitucional, sino que incluye “candados” que constituyen un retroceso, una contrareforma.

Para muestra un botón.

En la reforma al artículo 6° constitucional aprobada por el Congreso de la Unión se estableció que “La Federación, los Estados y el Distrito Federal deberán contar con sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información y de los procedimientos de revisión a los que se refiere este Decreto, a más tardar en dos años a partir de la entrada en vigor del mismo.”

Sin embargo, en la iniciativa priísta la posibilidad del uso de sistemas remotos queda cancelada, pues en Puebla el recurso de revisión, ante una negativa de información, tiene que ser ratificado personalmente por el promovente, lo que viola el espíritu de la reforma constitucional.

Y ya ni hablar de la acotada figura de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, que sigue como un órgano auxiliar del Ejecutivo, y sin facultades para sancionar a los sujetos obligados que se nieguen, con razón o sin razón, a entregar la información pública, y subrayo lo pública, que se les requiera.

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Aunque hasta ahora Enrique Doger Guerrero se ha negado a reconocer lo que todo mundo sospecha, que funcionarios de su administración están implicados en el fraude (¿o peculado?) de la donación de la supuesta chatarra municipal a Cáritas, la verdad es que tarde o temprano tendrá que admitirlo.

Por lo pronto hay evidencias documentales de que la empresa que se benefició con la compra de la supuesta “chatarra” –Prestadora  de Servicios Independientes o Generales– no era del todo ajena a personajes muy cercanos a él, como su ex secretario particular y ex secretario de Administración, Enrique Chávez Estudillo “Kío”.

Un dato que llama la atención, por ejemplo, es que el accionista y administrador único de esta compañía, Edgar David Reyes Rojas, es cuñado de la que fuera directora de Recursos Humanos en la gestión dogerista, Concepción Caraza Alemán.

Sí, la misma funcionaria que “Kío” promovía como su sucesora en la Secretaría de Administración cuando éste dejó el gobierno municipal para irse como candidato a regidor en la planilla de Blanca Alcalá Ruiz.

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Por cierto.

Otra evidencia de que la polémica donación a Cáritas fue una transa urdida con premeditación, alevosía y ventaja por funcionarios de la administración dogerista, es la prontitud con que la Prestadora de Servicios Independientes y Generales revendió la misma mercancía cinco veces más cara.

De hecho, según información que hoy publicará El Heraldo de Puebla, se sabe que el mismo día que el renunciado presidente de Cáritas, Mariano Saavedra Burgos, recibió sus 200 mil pesotes de la empresa de Edgar David Reyes Rojas, éste firmó un contrató con Francisco Gómez Cisneros para revenderle la supuesta chatarra un millón 100 mil pesos.

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En las diferentes reuniones que los diputados de las comisiones de Transparencia y Gobernación han sostenido con secretarios y consultores del gabinete marinista para analizar los ajustes que tendrán que hacerse antes del 20 de julio a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado, resulta que los más reacios a la rendición de cuentas son la consejera jurídica, Claudia Rivadeneyra Torija, y el secretario de Finanzas y Administración, José María Pérez Salazar.

Incluso la primera ha llegado a proponer en varias de esas reuniones artículos y conceptos contrarios al artículo sexto constitucional, asunto que le ha merecido airadas críticas hasta de los diputados del PRI, que no conciben cómo la consejera jurídica del gobierno puede ser tan retrógrada en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Juárez Acevedo debe salir por el bien de la CAIP.
La conveniencia de adoptar el sistema Infomex

A escasos dos meses de que venza el plazo fijado por el Congreso de la Unión para que los diputados locales de los 32 congresos estatales modifiquen sus leyes de transparencia y acceso a la información, con base en la última reforma al artículo sexto constitucional, en Puebla poco o nada se ha discutido, pese a los enormes rezagos que existen en la materia, por lo que lo más probable es que en los días por venir nos amanezcamos con una reforma hechiza, al vapor y sin consenso.

La situación en el ámbito local es aún más complicada por la incertidumbre jurídica que prevalece en torno a la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) y su cuestionado presidente Antonio Juárez Acevedo, sujeto hoy a una investigación sobre la legalidad y legitimidad de su nombramiento.

El Congreso de Puebla, actualmente en receso, tendrá siete semanas, a partir del jueves 5 de junio, para resolver el caso Juárez Acevedo, elegir a su eventual sustituto o renovar a la totalidad de los integrantes de la CAIP; para presentar, discutir y aprobar una iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y para ajustar su legislación y demás normas y procedimientos administrativos al nuevo texto del artículo sexto constitucional, publicado el pasado 20 de julio de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.

Si bien el tiempo es corto como para que la LVII Legislatura local decida convocar a foros de consulta popular, me parece que si hay voluntad política y compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, los diputados están ante una enorme oportunidad de sacar a Puebla del rezago en que se encuentra.

Pero si por el contrario, no hay voluntad ni compromiso con la rendición de cuentas, como no la ha habido en esta y las anteriores administraciones estatales, creo que los cambios en la legislación serán superficiales y meramente cosméticos.

Sin modificaciones de fondo en la Ley de Transparencia, en la estructura y funcionamiento de la CAIP, y en los portales de transparencia del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como de aquellos organismos autónomos, dependencias y paraestatales que por ley están obligados a rendir cuentas de su desempeño y de cómo administran y se gastan los dineros públicos, Puebla seguirá en el sótano del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno.

La entidad poblana, no hay que olvidarlo, se ubicó en el Índice 2007 de Transparencia Mexicana como la cuarta más corrupta del país, sólo por abajo del estado de México, el Distrito Federal y Tlaxcala. Un dato alarmante de este indicador nacional es que Puebla lejos de mejorar ha empeorado, pues al comenzar la gestión de Mario Marín Torres, en 2005, la entidad ocupó el lugar 25 y, en la evaluación del 2007, cayó a la posición 29.

Si los diputados no aprovechan esta oportunidad de modificar aspectos sustantivos de la Ley de Transparencia, la opacidad que hoy existe en áreas y sectores importantes de la administración pública, como sueldos y salarios, obras y licitaciones, compras y proveedores, nómina y costos operativos, seguirán siendo un auténtico hoyo negro.

Hoy día no es posible conocer por conducto del portal de transparencia del gobierno cuánto en realidad gana el gobernador, sus secretarios de despacho y principales colaboradores, ya que en lugar de existir un reporte desglosado con el sueldo base, compensaciones, bonos y otras prestaciones de cada servidor público, como sucede en otras entidades, hay un tabulador general de sueldos y salarios, que no explica si las percepciones que ahí se asientan corresponden sólo al sueldo base, o si éstas incluyen compensaciones o bonos por riesgo laboral o desempeño, u otras remuneraciones anuales como prima vacacional, aguinaldo y prestaciones al ISSSTEP.

Lo mismo sucede en los apartados destinados al ejercicio del presupuesto, los gastos operativos, las auditorías, las licitaciones y los costos de las obras y servicios contratados por el gobierno.

En el portal del gobierno de Puebla suele encontrarse información sobre algunos procesos de licitación y concursos de obra, pero ni un solo dato sobre cuánto costaron al final; también información sobre el presupuesto asignado a cada dependencia, pero nada acerca de cómo se distribuye o se ejerce; metas y objetivos de alcance anual o sexenal, pero ni una sola evaluación sobre su cumplimiento.

Para enmendar estas deficiencias de la Ley no basta con cambiarla, para ponerla a tono con la reforma constitucional; es necesario modificar la estructura y los alcances del órgano encargado de garantizar el acceso a la información pública, dotándolo en principio de autonomía operativa, de gestión y decisión, tal como se apunta en la reforma constitucional.

Hoy la CAIP es un órgano auxiliar del Poder Ejecutivo, y debe dejar de serlo, para ampliar sus facultades y alcances en materia de acceso a la información sobre los tres poderes que conforman el Estado y los gobiernos municipales con más de 70 mil habitantes en su territorio.

Por una cuestión de legitimidad, el Congreso local debería también remover al actual presidente de la CAIP, Antonio Juárez, y nombrar en su lugar a un profesional de prestigio y con autoridad moral, y dispuesto a que la transparencia y la rendición de cuentas sean algo más que un simple discurso.

Adicionalmente valdría la pena que los legisladores estatales se comprometieran a suscribir un convenio de colaboración con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) para que el gobierno del estado asuma el modelo Infomex como mecanismo de respuesta a las solicitudes de información pública.

Si el ayuntamiento de Puebla ya lo hizo, ¿por qué no el gobierno del estado?

El sistema Infomex le garantizaría al gobierno del estado varias ventajas: una, es que ya está desarrollado y funcionando sin contratiempos; otra, es que actualmente opera en ocho entidades, entre ellas el Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco y Veracruz; otras más, es que uniformaría los criterios de transparencia y rendición de cuentas, hoy tan dispares aun entre las dependencias del Ejecutivo, y que a la gestión marinista le ahorraría millones de pesos, ya que su uso e implementación no tendrían ningún costo.

Así de fácil.

Por eso insisto en afirmar que la transparencia y la rendición de cuentas más que un asunto de leyes, es una cuestión de voluntad y compromiso.

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