Rebelión en la granja (II)

23 enero, 2012.

En los días por venir, antes del 15 de febrero, fecha en que el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), David López Muñoz, rinda su primer informe de labores, podrían darse nuevas diferencias entre la vieja guardia de magistrados del Poder Judicial y el titular del Poder Ejecutivo.

Un primer desencuentro podría darse en la persona de David López Muñoz, quien no ha resultado el operador que el gobernador Rafael Moreno Valle y el secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, esperaban para reformar y reestructurar el Poder Judicial del estado.

De hecho, no hay que descartar que el gobernador o sus operadores —entre los que hay que incluir al subsecretario jurídico Enrique Quiroz Acosta— impulsen a un nuevo magistrado para asumir la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.

A estas alturas, el gobernador tiene más que claro que el actual presidente del TSJ difícilmente podrá romper con las estructuras e inercias del grupo que controla el Colegio de Jueces, los secretarios de los Juzgados, el aparato administrativo y a una buena parte de los magistrados.

Y la vieja guardia de magistrados —que hoy encabeza Alfredo Mendoza García— ya también sabe de las intenciones del ejecutivo por hacerse del control del Poder Judicial a través del nombramiento de nuevos magistrados, en sustitución de los que ya promovieron su jubilación, la creación del Consejo de la Judicatura y las recientes reformas por las que las faltas contra la administración de justicia consignadas por la Procuraduría General de Justicia ahora pueden convertirse en delitos graves.

¿Quién ganará la batalla?

A ciencia cierta no lo sé. De lo que sí tengo certeza es que no pasarán muchos días para contarlo.

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Tómelo con reserva, pero de acuerdo con una fuente confiable existen al menos tres procesos abiertos contra diferentes jueces que en cualquier momento podrían ser removidos o aprehendidos por delitos contra la administración de justicia.

Se sabe que incluso a uno de estos jueces se le entregaron billetes marcados para acreditarle uno de los delitos que se le imputan. En esta operación habrían participado, según la misma fuente, defensores de Oficio adscritos a la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública encabezada por Juan Pablo Piña Kurczyn.

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Si bien ya es un hecho que el PRI se quedará con las dos fórmulas de candidatos al Senado por el estado de Puebla, el orden aún no está definido a pesar de que Juan Carlos Lastiri Quirós haya declarado que la ex alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz va en primer lugar, y el ex candidato a la gubernatura Javier López Zavala en segundo.

De entrada, el dirigente estatal del PRI no es quien decide el orden, sino la Comisión Nacional de Procesos Internos que tiene de aquí al viernes para definir quiénes de los cuatro precandidatos cumplen los requisitos y en qué orden se registran ante el Instituto Federal Electoral.

Hasta ahora los únicos que se han ajustado a la normatividad y establecido el orden en que van son el diputado federal Fernando Morales Martínez y el subsecretario de Organización del CEN del PRI, Alejandro Armenta Mier, el primero va como propietario de la primera fórmula y el segundo como propietario de la segunda, situación que al parecer ignora Juan Carlos Lastiri, quien ha declarado lo contrario.