Un fracaso el nuevo sistema de justicia adversarial

Vicente Pacheco deja la Upaep; Elyser Tato, al DIF Municipal

En el transcurso de los próximos días u horas se sabrá la fecha en que Roberto Flores Toledano rendirá su primer informe de labores como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y si éste marcará su despedida al frente del Poder Judicial del estado, ante los magros resultados de su gestión, caracterizada por el abandono de los proyectos de su antecesor, el cese de varios jueces del nuevo sistema de justicia adversarial, el encarcelamiento de otros y el fracaso de los llamados juicios orales.

Entre los proyectos iniciados por el anterior presidente del TSJ, David López Muñoz, y que Flores Toledano suspendió destaca la creación de Juzgados Municipales en las principales cabeceras de la entidad. La mayoría de los convenios que desde hace dos años se firmaron con diferentes alcaldes para la instalación y funcionamiento de juzgados no se han aterrizado y, por lo visto, ya ni se construirán. Como botón de muestra están los casos de Acatlán, Teziutlán, Izúcar de Matamoros y Esperanza.

Sobre el nuevo sistema de justicia adversarial llama la atención que dos de los jueces nombrados en la gestión de Flores Toledano han sido corridos por supuestos actos de corrupción o delitos contra la administración de justicia. Uno es el juez oral de control de Ciudad Serdán, José Luis Ramírez Santos, y otro el juez de ejecución de sentencias itinerante Iván Roberto Vargas Carmona.

José Luis Ramírez fue removido del Juzgado Penal de Ciudad Serdán, por supuestos actos de corrupción en que habría incurrido en complicidad con el agente del Ministerio Público Especializado en Juicios Orales, Servando Ochoa Sebastián, y el jefe de Causas de ese Juzgado, Jorge González Sánchez, hijo del exmagistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado Puebla (TEEP), Gabriel González Alegría, hoy juez civil de Tepeaca.

Iván Roberto Vargas, juez itinerante de ejecución de sentencias también salió del Poder Judicial del estado —a menos de tres años de haber sido nombrado— entre  acusaciones de corrupción vinculadas con preliberaciones de algunos sentenciados.

Quien también fue destituida como juez civil de Tecamachalco es Araceli Díaz Carcaño, quien regresó a su anterior plaza como secretaria de Juzgado, por diferencias con el presidente del TSJ.

En la gestión de Flores Toledano varios jueces han sido procesados por delitos contra la administración de justicia: Maritza Flores Hernández, del Juzgado Civil de Teziutlán, por extravío de expedientes; Jesús Sánchez Jiménez, juez mixto del distrito de Chiautla de Tapia, por enviar a prisión a militantes panistas que en marzo del año pasado tomaron la presidencia municipal de Teotlalco; y Alejandro Ramírez Cante, juez penal de Huejotzingo, por dejar en libertad a dos presuntos homicidas vinculados con el crimen organizado.

Sin embargo, la discrecionalidad con que se actuó inconformó a ciertos funcionarios del Poder Judicial del estado, como Blanca Laura Villeda, que cuestionaron el doble rasero del presidente del TSJ en cuanto al procesamiento de jueces, pues a unos —como Ramírez Cante— eran enviados a prisión y otros, que habían incurrido en las mismas irregularidades —como el juez José Luis Arenas Juárez, del Juzgado Penal de Tepeaca— sólo eran cambiados de Juzgado.

El rezago en la apertura y funcionamiento de salas orales, en la Sierra Norte de Puebla y otras regiones de la entidad, es otro de los pendientes de Flores Toledano. Por falta de recursos la construcción de estos juzgados se atrasó, lo que no impidió que decenas de delincuentes obtuvieran su liberación anticipada.

En el 80% de los juicios orales efectuados el año pasado, las sentencias fueron favorables para los acusados, y no porque en realidad fueran inocentes, sino por la falta de preparación de los jueces orales y la incapacidad de los ministerios públicos para acreditar los delitos por los que aquellos fueron enviados a prisión.

Por lo anterior es que en los pasillos del Poder Judicial se especula con el relevo de Flores Toledano después de su informe, y la llegada del magistrado Amador Coutiño Chavarría como su sucesor en la presidencia del TSJ, aprovechando su experiencia en el Poder Judicial de la Federación y en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Salud.

Otra especulación entre magistrados y jueces es el nombramiento del hijo del diputado federal Jesús Morales Flores —Guillermo Morales Rodríguez, quien actualmente se desempeña como secretario adjunto del magistrado presidente del TSJ— como titular de un juzgado en la capital del estado.

EN CORTO

Después de más de casi 40 años de fungir como secretario general de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) Vicente Pacheco Ceballos, fue relevado del cargo por José Antonio Llergo Victoria, quien fungía como director del Departamento de Ciencias Sociales.

Vicente Pacheco se mantendrá en la institución pero ahora como secretario general emérito.

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Justy Elyser Tato se perfila como el próximo director general del Sistema Municipal DIF. Se trata de un consultor internacional que desde hace más de 20 años ha trabajado en México y en el mundo con diferentes Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), cuenta con diferentes maestrías y posgrados en el extranjero en áreas como Dirección de Fundaciones, Procuración de Fondos, Responsabilidad Social y Ayuda Humanitaria, y ha participado en organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional, Oxfam y la Cruz Roja. En Puebla fue el creador del programa Corazoles y el fundador del holding de comunicación publicitaria Alkimia Group.

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Jesús Ramón Rodríguez Guardado, excoordinador Jurídico del Ayuntamiento de Puebla en la saliente gestión de Eduardo Rivera Pérez, es el nuevo abogado general de la Upaep.

Sustituye en la institución universitaria a Gumercindo Bautista Gracida, quien hace unos días falleció.

Gumersindo Bautista fue además de abogado general, coordinador del Bufete Jurídico de la institución universitaria durante más de dos décadas.

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Antes de que se autorice su cambio de adscripción, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el juez octavo de Defensa Social, Celestino Martínez Bones, deberían explicar cuáles fueron los criterios en que se basó el togado para dictar una sentencia de 4 años de prisión y una multa de 1.5 millones de pesos al exsecretario de Salud del estado, José Alfredo Arango García, por el delito de enriquecimiento ilícito.

Por qué el controvertido juez ignoró un par de averiguaciones previas que se iniciaron en contra de Alfredo Arango, con el apoyo de agentes y peritos de la PGJ y auditores de la Contraloría, por los delitos de peculado y daño patrimonial por un monto de casi 8 mil 500 millones de pesos, y que corrían de manera independiente del proceso de enriquecimiento ilícito.

O es que el juez Celestino Martínez nunca conoció de estas actuaciones (me refiero a las averiguaciones 264/2011/ANTIC/DGSP y 265/2011/ANTIC/DGSP), y estas se hicieron perdidizas en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

O es que la justicia poblana y la Contraloría del estado se van hacer (o ya se hicieron) de la vista gorda para castigar los abusos del exfuncionario marinista con compras infladas de medicamentos, equipo médico, de laboratorio y hospitalario, concursos amañados, y sobreprecios en los servicios de mantenimiento y reparación de equipo e instalaciones sanitarias.

Si así fuera estamos ante un grave caso de impunidad.

Y esta forma de corrupción política envuelve a las actuales autoridades, que metieron a la cárcel a Alfredo Arango por no poder justificar el origen de 28 propiedades y ocho cuentas bancarias a nombre de él y otros integrantes de su familia, pero luego de dos años lo dejaron libre, al archivar las averiguaciones por peculado y daño patrimonial derivadas de las auditorías de su cuenta pública del año 2010.

De ahí la importancia de que Celestino Martínez informe sobre las razones que lo llevan a pedir su cambio de adscripción como juez penal y el presidente del TSJ, Roberto Flores Toledano, explique si este cambio tiene como propósito bajarle presión mediática al Juez Octavo de Defensa Social para luego promoverlo como magistrado del Poder Judicial.

El hermetismo de ambos sólo genera más suspicacias.

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El juez Celestino Martínez es oriundo de la Sierra Norte de Puebla y egresado de la Universidad de la Sierra (propiedad de Alberto Jiménez Morales). De hecho fue juez de Xicotepec de Juárez, antes de su promoción como titular del Juzgado Octavo de Defensa Social. Su carrera judicial tiene el padrinazgo del expresidente del TSJ, David López Muñoz y del magistrado Elier Martínez Ayuso, de la Cuarta Sala en Materia Civil, éste último de origen zacatleco como aquél.

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La resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó contentos a todos. Bueno, casi a todos.

A los priístas porque echaron abajo el controvertido acuerdo del Consejo General del IEE y el fallo del TEEP sobre el reparto de diputaciones de representación proporcional, y pasar de siete a ocho curules en la próxima legislatura.

A Movimiento Ciudadano que logró recuperar un diputado plurinominal, que en la mesa le habían arrebatado los consejeros y magistrados locales.

Y al gobernador Rafael Moreno Valle que no sabía qué hacer para que el exdirigente de la Sección 51 del SNTE, Cirilo Salas Hernández, llegara la LIX Legislatura del Congreso del estado, y para impedir que el exdirigente estatal del PAN, Juan Carlos Mondragón Quintana, se quedara fuera del reparto de plurinominales.

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Un nombramiento que había pasado de noche en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, es el de Enrique Castañeda Tenorio como coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas. Su designación se hizo en el mes de diciembre. Nació en el Distrito Federal, hizo la licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Iztapalapa, y la maestría en la BUAP con la tesis “Eficiencia legislativa: El papel de las comisiones en la cámara de diputados. LVIII legislatura. 2000-2003”. Relevó en el cargo a Nicéforo Rodríguez Gaytán, quien antes coordinaba la licenciatura y la maestría de Ciencias Políticas, ahora solamente esta última.

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El lunes de la semana entrante, el depuesto juez Enrique Romero Razo organizará lo que ha denominado el Contrainforme del Poder Judicial del estado, en el que ventilará una serie de pifias y yerros cometidos por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, entre los que incluirá su remoción aprobada por el pleno el 16 de diciembre de 2010.

Romero Razo le ha ganado al Tribunal Superior de Justicia dos amparos y actualmente promueve un tercero, que podría ser el definitivo luego del informe justificado que el magistrado David López Muñoz rindió sobre la destitución de aquél, deslindándolo de cualquier irregularidad en la sentencia que dictó en perjuicio del ex propietario del equipo de futbol Puebla de primera división, Francisco Bernat Cid.

Romero Razo estuvo al frente del Juzgado Noveno de lo Civil y, en abril de 2009, falló a favor de Ricardo Henaine Mezher en un juicio ejecutivo mercantil que éste promovió en contra de Francisco Bernat, dándole a aquél la administración del Puebla de la Franja, situación que más tarde le costaría la chamba y su destitución como juez de primera instancia adscrito a Teziutlán.

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El magistrado Roberto Flores Toledano podría ser electo este jueves, por sus pares, como presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, en sustitución de David López Muñoz.

Flores Toledano fue designado el año pasado como magistrado del Poder Judicial a propuesta del gobernador Rafael Moreno Valle para cubrir la vacante que dejó Leonardo Tecua Petla.

El favorito de Casa Puebla para asumir la presidencia del Poder Judicial del estado es un abogado fiscalista traído del Distrito Federal, que presidió la Barra Nacional de Abogados y ha sido catedrático de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Actualmente, Flores Toledano tiene a su cargo la Segunda Sala en Materia Penal y es integrante de la Comisión para la Vigilancia y Supervisión de los Servicios Periciales del Tribunal Superior de Justicia.

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Por cierto, en Zacatlán, el presidente saliente del Tribunal Superior de Justicia acaba de nombrar a su medio hermano, Alberto López Martínez, como diligenciario del Juzgado Mixto de ese distrito judicial, en sustitución de Gabriela Rocha Cote, a quien el magistrado David López Muñoz le ha hecho la vida imposible por haber trabajado como secretaria de acuerdos del depuesto juez Enrique Romero Razo.

Y luego dicen que no hay nepotismo en el Poder Judicial.

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Finalmente este martes no llegó Mara Cruz Pastrana como delegada nacional del PRD para organizar y coordinar los trabajos de selección de precandidatos de este partido a presidentes municipales y diputados locales. Ante la diarrea verbal que mantienen los representantes de las principales corrientes, Mara optó por posponer su llegada y recurrir a la Comisión Política Nacional, para que ahí se resuelva qué salida le dan al conflicto de Puebla, donde unos perredistas quieren ir en alianza con el PAN y otros no, y menos si la mentada coalición tiene como principal promotor al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

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Por tercera ocasión al hilo, al diputado local priísta Jorge Luis Coriche Avilés le están haciendo de chivo los tamales en su aspiración de convertirse en presidente municipal de Zacatlán.

En 2007 le pidieron que se bajara de la contienda interna del PRI para que el candidato a la alcaldía fuera Raúl de la Llata Mier, y a cambio lo nombraron director de Centros Escolares y Escuelas Particulares de la Secretaría de Educación Pública del estado.

Luego en 2010 le pasó lo mismo, pero ahora el grupo que lo bajó fue el del diputado federal José Luis Márquez Martínez, con la complicidad del entonces candidato del PRI a la gubernatura, Javier López Zavala. El maestro Coriche tuvo que declinar a favor del actual presidente municipal Mario Alberto Cruz González, con la promesa de que la siguiente ahora sí sería la suya.

Sin embargo, ahora que se acerca el proceso, el hombre fuerte de la región, el influyente subsecretario de la Sedesol federal, Juan Carlos Lastiri Quirós, quiere esa posición para uno de los suyos: el ex alcalde Raúl de la Llata.

La interrogante es si ahora Jorge Luis Coriche también se sacrificará o si, en un acto de rebeldía, buscará la nominación a la alcaldía, así tenga que enfrentarse al poderoso Juan Carlos Lastiri.

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Simón dice:

Nada hay más injusto que buscar premio en la justicia.

Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano.

Que el ex gobernador Melquiades Morales Flores fue el artífice que hizo posible distender el conflicto entre la vieja guardia de magistrados, también conocida como nomenclatura del Poder Judicial, y el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas antes de la reelección de David López Muñoz como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Gracias a su mediación —a petición del ex presidente del TSJ, Guillermo Pacheco Pulido—, se lograron varios acuerdos políticos, entre ellos que los magistrados aceptarán las recomendaciones del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría General de Gobierno, para el nombramiento, remoción y rotación de jueces.

Otros acuerdos fueron mantener en la congeladora legislativa la iniciativa para crear el Consejo de la Judicatura y dejar para mejores tiempos —por falta de recursos económicos— las jubilaciones en puerta de una decena de magistrados.

De acuerdo con fuentes confiables, Guillermo Pacheco —quien asesora a Melquiades Morales como senador de la República en temas de derecho constitucional— fue el que recurrió al ex gobernador para despresurizar la tensa relación que había entre la nomenclatura de magistrados y algunos funcionarios del gobernador Rafael Moreno Valle.

Los buenos oficios de Melquiades Morales no sólo permitieron la reelección de terciopelo de David López Muñoz por un año más al frente del Poder Judicial sino la creación de una nueva estructura de jueces que ampliarán la influencia del gobernador y los magistrados en la esfera municipal.

Y es que estos nuevos juzgados municipales, cuya manutención estará a cargo de los ayuntamientos, serán propuestos por el gobernador o los alcaldes pero con la aprobación del pleno del Tribunal Superior de Justicia.

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Que a diferencia de lo que antes ocurría cuando el pleno del Tribunal Superior de Justicia tenía que discutir y aprobar el nombramiento y rotación de jueces, ahora estos ajustes sólo se informan a los magistrados en asuntos generales.

Al menos así ocurrió con el cambio de adscripción de la juez penal de Atlixco, Yrina Janet Sierra Jiménez, que fue requerida para reincorporarse a una Sala del TSJ como secretaria de Estudio y Cuenta, para que su lugar fuera ocupado por el juez mixto de Izúcar de Matamoros, Alberto Bagatela Bermúdez.

O con la juez tercero de penal, Idalia Arciniega Arias, que fue enviada a Teziutlán por negarse a atender un caso especial, recomendado por un alto funcionario del gobierno del estado.

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Que existe una orden de aprehensión en contra del ex juez penal de Cholula y antes titular del Juzgado Noveno de lo Civil en Puebla, Enrique Romero Razo, por el delito de tráfico de influencias.

Romero Razo, a quien en el sexenio marinista se le encargaron muchos de los trabajos sucios de ese gobierno, hoy se encuentra prófugo.

Los enterados sostienen que el delito por el cual se le persigue está relacionado con su participación en el juicio por el cual Ricardo Henaine Mezher se hizo del control accionario del equipo Puebla de futbol de primera división, después de que su anterior presidente Francisco Bernat Cid fue encarcelado.

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Que algunos jueces penales de la Sierra Norte han comenzado pedir licencia, tras recibir amenazas del crimen organizado, tal es el caso José Colot Durán, quien estaba a cargo del Juzgado de Xicotepec de Juárez.

En su solicitud de licencia, Colot Duán manifestó tener una imperiosa necesidad de separarse del Juzgado Penal para dedicarse de tiempo completo al litigio.

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Que la librería Gandhi promociona como una de sus novedades un libro del rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez, que lleva por título “La disputa por la educación: por el México que queremos”.

Este libro, de editorial Aguilar, recoge según Gandhi las voces de algunos de los principales actores que desde hace mucho años son copartícipes de las mejores causas sociales en el ámbito educativo e intelectual, siempre a favor del progreso individual y colectivo, y también las visiones y críticas de académicos, investigadores, funcionarios públicos y líderes sociales sobre el sistema educativo nacional y la disputa técnica y pedagógica, administrativa y hasta ideológica de quienes buscan conducirlo y controlarlo.

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Que este martes comparecerá ante la LVIII del Congreso del estado el secretario de Educación Pública, Luis Maldonado Venegas, que sin duda es el secretario con mayores tablas y experiencia política y parlamentaria en el gabinete del gobernador Rafael Moreno Valle.

Su comparecencia se efectuará a partir de las 10:00 de la mañana ante el pleno del Congreso local.

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Simón dice:

“Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente.”

Sócrates (470 AC-399 AC) Filósofo griego.

En los días por venir, antes del 15 de febrero, fecha en que el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), David López Muñoz, rinda su primer informe de labores, podrían darse nuevas diferencias entre la vieja guardia de magistrados del Poder Judicial y el titular del Poder Ejecutivo.

Un primer desencuentro podría darse en la persona de David López Muñoz, quien no ha resultado el operador que el gobernador Rafael Moreno Valle y el secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, esperaban para reformar y reestructurar el Poder Judicial del estado.

De hecho, no hay que descartar que el gobernador o sus operadores —entre los que hay que incluir al subsecretario jurídico Enrique Quiroz Acosta— impulsen a un nuevo magistrado para asumir la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.

A estas alturas, el gobernador tiene más que claro que el actual presidente del TSJ difícilmente podrá romper con las estructuras e inercias del grupo que controla el Colegio de Jueces, los secretarios de los Juzgados, el aparato administrativo y a una buena parte de los magistrados. 

Y la vieja guardia de magistrados —que hoy encabeza Alfredo Mendoza García— ya también sabe de las intenciones del ejecutivo por hacerse del control del Poder Judicial a través del nombramiento de nuevos magistrados, en sustitución de los que ya promovieron su jubilación, la creación del Consejo de la Judicatura y las recientes reformas por las que las faltas contra la administración de justicia consignadas por la Procuraduría General de Justicia ahora pueden convertirse en delitos graves.

¿Quién ganará la batalla? 

A ciencia cierta no lo sé. De lo que sí tengo certeza es que no pasarán muchos días para contarlo.

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Tómelo con reserva, pero de acuerdo con una fuente confiable existen al menos tres procesos abiertos contra diferentes jueces que en cualquier momento podrían ser removidos o aprehendidos por delitos contra la administración de justicia.

Se sabe que incluso a uno de estos jueces se le entregaron billetes marcados para acreditarle uno de los delitos que se le imputan. En esta operación habrían participado, según la misma fuente, defensores de Oficio adscritos a la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública encabezada por Juan Pablo Piña Kurczyn.

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Si bien ya es un hecho que el PRI se quedará con las dos fórmulas de candidatos al Senado por el estado de Puebla, el orden aún no está definido a pesar de que Juan Carlos Lastiri Quirós haya declarado que la ex alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz va en primer lugar, y el ex candidato a la gubernatura Javier López Zavala en segundo.

De entrada, el dirigente estatal del PRI no es quien decide el orden, sino la Comisión Nacional de Procesos Internos que tiene de aquí al viernes para definir quiénes de los cuatro precandidatos cumplen los requisitos y en qué orden se registran ante el Instituto Federal Electoral.

Hasta ahora los únicos que se han ajustado a la normatividad y establecido el orden en que van son el diputado federal Fernando Morales Martínez y el subsecretario de Organización del CEN del PRI, Alejandro Armenta Mier, el primero va como propietario de la primera fórmula y el segundo como propietario de la segunda, situación que al parecer ignora Juan Carlos Lastiri, quien ha declarado lo contrario.

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Simón dice:

“Muchos jueces son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia.”

Bertolt Brecht (1898-1956), dramaturgo y poeta alemán.