Rebelión en la granja

11 enero, 2012.

Este jueves, la vieja guardia de magistrados del Tribunal Superior de Justicia intentará echar abajo la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que en diciembre pasado aprobó el Congreso del estado.

Su intentona va encaminada a impedir la creación y funcionamiento del Consejo de la Judicatura, que es un órgano de vigilancia de los jueces y magistrados de la entidad y que, en opinión de éstos últimos, representa una intromisión del gobernador dentro del Poder Judicial.

En su sesión de pleno, prevista para este jueves, los magistrados votarán un acuerdo por el que pospondrán un año la creación del Consejo de la Judicatura, bajo el argumento de que el presupuesto destinado al Poder Judicial para 2012 es insuficiente y que existen otras prioridades que atender antes que la constitución de aquél.

Y argumentos no les faltarán, pues el 31 de enero deben comenzar a operar los tribunales especiales en los que ahora se desahogarán de manera oral los juicios mercantiles que antes se llevaban en los juzgados y salas civiles del Tribunal Superior de Justicia.

De estos tribunales no hay uno sólo funcionando.

Además, está pendiente el cumplimiento de la reforma promovida por el gobernador Moreno Valle por la cual se aprobaron tres juzgados de ejecución de sentencias: uno, para atender los pendientes de los jueces de la capital del estado y área conurbada; otro para los jueces foráneos, que no ha podido crearse por falta de recursos para cubrir siquiera los gastos de los visitadores de los distritos judiciales del interior del estado; y un último para atender los casos de menores infractores.

Una tercera urgencia que los magistrados alegarán para dejar en el limbo el Consejo de la Judicatura es que el 31 de diciembre de este año vence el plazo para cumplir la reforma federal que estableció la oralidad de los juicios en material penal, asunto que en Puebla se encuentra muy rezagado pues a la fecha no existe ninguna sala funcionando para acatar esta disposición.

Los magistrados rebeldes replican que si los recursos destinados al Poder Judicial son insuficientes, menos alcanzarán para poner en operación el Consejo de la Judicatura, para lo cual será necesario contratar entre cinco u ocho magistrados, con salarios superiores a los 80 mil pesos mensuales, 20 secretarios de acuerdo, cuyos sueldos fluctúan entre 30 mil y 35 mil pesos, y al menos 50 mecanógrafas.

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Este miércoles, el regidor José Luis Carmona Ruiz, en su calidad de presidente de la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Puebla, convocó a una sesión extraordinaria con carácter de urgente para promover la destitución de Consuelo Cruz como directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Lo delicado del asunto es que se trata de una venganza política en contra de la funcionaria que en el mes de diciembre ordenó la consignación del chofer del regidor Jaime Zurita García, quien fue detenido por policías municipales acusado del robo a la casa habitación de una mujer que lo señaló como responsable.

Cuando los policías detuvieron al chofer de Zurita, éste logró comunicarse con su jefe, quien fue a rescatarlo a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública en Rancho Colorado, enfrascándose en una fuerte discusión con la directora jurídica de la dependencia.

La sesión convocada por José Luis Carmona para las 16 horas y que en principio sería pública, terminó siendo privada cuando el regidor se percató de la presencia, en el edificio de la 4 Oriente número 11, de personal de la Secretaría General y la Contraloría Municipal, por lo que se desconoce qué fue lo que finalmente acordaron los miembros de la Comisión de Honor y Justicia.