En la conferencia de prensa que este miércoles ofreció el secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, para dar a conocer los resultados del primer medio año del programa Monitor Vial, los reporteros le preguntaron sobre el vehículo que acumulaba más infracciones.

Fiel a su estilo, el funcionario se limitó a responder que se trataba de un Seat Ibiza, que ya tenía 39 multas, sin revelar cuáles eran sus placas de circulación o quién era su irresponsable propietario.

Con frases cortas, el secretario de Seguridad dijo más o menos lo siguiente:

Las multas del auto con más infracciones acumuladas podrían rebasar el valor comercial del propio vehículo.

A media conferencia de prensa una reportera le pregunta a cuánto ascienden las fotomultas del Ibiza, a lo que Don Facundo respondió así:

“Si fueran de 500, todas, estaríamos hablando de 195 mil pesos”.

Y esa cifra se llevaron los reporteros, y así se publicó y difundió en casi todos los medios, sin reparar en un pequeño pero significativo detalle.

El resultado de multiplicar 39 multas a razón de 500 pesos cada una no da un total de 195 mil pesos, sino de 19 mil 500 pesos.

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El informe que este jueves rindió Roberto Flores Toledano como presidente del Tribunal Superior de Justicia fue tan pobre que sólo le alcanzó para 20 minutos, en los que apenas pudo presumir la edificación de cuatro salas de oralidad, la adquisición de 17 consultorios médicos y de 37 equipos móviles con tecnología de punta para el desahogo de los juicios orales.

Sin embargo en su informe anual de labores, el presidente del Poder Judicial de Puebla no ofreció indicadores, ni cifras comparativas de este con anteriores periodos, ni resultados sobre el nuevo sistema de justicia adversarial.

Y la razón quizás estribe es que la mayoría de las sentencias dictadas por los Juzgados Orales en Puebla han sido absolutorias. La única sentencia condenatoria dictada por el Juzgado Oral de Teziutlán fue vergonzosamente revocada, mediante juicio de casación (una especie de apelación) por una sala oral. Y lo peor: promovido por un defensor social, .

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A  propósito.

Esta semana el abogado Felipe Tlatoa acudió a San Diego, California, a tomar un curso sobre litigación oral. La Secretaría de Servicios Legales a cargo del exjuez José Montiel, para la cual trabaja, sólo le dio permiso para faltar a sus labores, ya que los gastos del seminario (hospedaje, alimentación e inscripción) corrieron por su cuenta.

El argumento que le dieron es que el gobierno sólo puede pagarle cursos que sean en la República Mexicana.

Como defensor social de Teziutlán, Felipe Tlatoa no gana más de 20 mil pesos al mes, por lo que pronto dejará el gobierno para hacerse litigante privado en este nuevo sistema de justicia adversarial, ante las pocas o nulas oportunidades de desarrollo que ha encontrado en la administración estatal.

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Antes de que se autorice su cambio de adscripción, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el juez octavo de Defensa Social, Celestino Martínez Bones, deberían explicar cuáles fueron los criterios en que se basó el togado para dictar una sentencia de 4 años de prisión y una multa de 1.5 millones de pesos al exsecretario de Salud del estado, José Alfredo Arango García, por el delito de enriquecimiento ilícito.

Por qué el controvertido juez ignoró un par de averiguaciones previas que se iniciaron en contra de Alfredo Arango, con el apoyo de agentes y peritos de la PGJ y auditores de la Contraloría, por los delitos de peculado y daño patrimonial por un monto de casi 8 mil 500 millones de pesos, y que corrían de manera independiente del proceso de enriquecimiento ilícito.

O es que el juez Celestino Martínez nunca conoció de estas actuaciones (me refiero a las averiguaciones 264/2011/ANTIC/DGSP y 265/2011/ANTIC/DGSP), y estas se hicieron perdidizas en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

O es que la justicia poblana y la Contraloría del estado se van hacer (o ya se hicieron) de la vista gorda para castigar los abusos del exfuncionario marinista con compras infladas de medicamentos, equipo médico, de laboratorio y hospitalario, concursos amañados, y sobreprecios en los servicios de mantenimiento y reparación de equipo e instalaciones sanitarias.

Si así fuera estamos ante un grave caso de impunidad.

Y esta forma de corrupción política envuelve a las actuales autoridades, que metieron a la cárcel a Alfredo Arango por no poder justificar el origen de 28 propiedades y ocho cuentas bancarias a nombre de él y otros integrantes de su familia, pero luego de dos años lo dejaron libre, al archivar las averiguaciones por peculado y daño patrimonial derivadas de las auditorías de su cuenta pública del año 2010.

De ahí la importancia de que Celestino Martínez informe sobre las razones que lo llevan a pedir su cambio de adscripción como juez penal y el presidente del TSJ, Roberto Flores Toledano, explique si este cambio tiene como propósito bajarle presión mediática al Juez Octavo de Defensa Social para luego promoverlo como magistrado del Poder Judicial.

El hermetismo de ambos sólo genera más suspicacias.

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El juez Celestino Martínez es oriundo de la Sierra Norte de Puebla y egresado de la Universidad de la Sierra (propiedad de Alberto Jiménez Morales). De hecho fue juez de Xicotepec de Juárez, antes de su promoción como titular del Juzgado Octavo de Defensa Social. Su carrera judicial tiene el padrinazgo del expresidente del TSJ, David López Muñoz y del magistrado Elier Martínez Ayuso, de la Cuarta Sala en Materia Civil, éste último de origen zacatleco como aquél.

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La resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó contentos a todos. Bueno, casi a todos.

A los priístas porque echaron abajo el controvertido acuerdo del Consejo General del IEE y el fallo del TEEP sobre el reparto de diputaciones de representación proporcional, y pasar de siete a ocho curules en la próxima legislatura.

A Movimiento Ciudadano que logró recuperar un diputado plurinominal, que en la mesa le habían arrebatado los consejeros y magistrados locales.

Y al gobernador Rafael Moreno Valle que no sabía qué hacer para que el exdirigente de la Sección 51 del SNTE, Cirilo Salas Hernández, llegara la LIX Legislatura del Congreso del estado, y para impedir que el exdirigente estatal del PAN, Juan Carlos Mondragón Quintana, se quedara fuera del reparto de plurinominales.

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Un nombramiento que había pasado de noche en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, es el de Enrique Castañeda Tenorio como coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas. Su designación se hizo en el mes de diciembre. Nació en el Distrito Federal, hizo la licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Iztapalapa, y la maestría en la BUAP con la tesis “Eficiencia legislativa: El papel de las comisiones en la cámara de diputados. LVIII legislatura. 2000-2003”. Relevó en el cargo a Nicéforo Rodríguez Gaytán, quien antes coordinaba la licenciatura y la maestría de Ciencias Políticas, ahora solamente esta última.

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Hace un par de días recibí del abogado Enrique Romero Razo copia de una interesantísima petición que hizo al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, solicitándole un informe sobre las sanciones administrativas impuestas por el pleno del Poder Judicial a diferentes jueces poblanos que se han visto envueltos en escándalos de corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias y otras irregularidades.

Lo interesante de su petición, fundada en el artículo 8º constitucional y en el artículo 165 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, no es que ésta haya sido rechazada con el pretexto de tratarse de información confidencial, sino la evidencia de que muchos jueces poblanos gozan de impunidad o de un manto protector inusual.

En la solicitud de Enrique Romero Razo, ex juez 9º de lo Civil, se mencionan los nombres de cinco jueces y de un secretario de Estudio y Cuenta de la Tercera Sala Penal —Rosa Celia Pérez González, Isauro Romero Limón, Alberto Bagatela Bermúdez, Venustiano Islas López, Leonardo Treviño Musalem y Gabriel Salomón López— quienes, a pesar de haber incurrido en graves irregularidades en el ejercicio de su función, aún laboran, muy quitados de la pena, dentro del Poder Judicial del estado.

Para no incurrir en interpretaciones acerca de lo que Romero Razo refiere de sus ex compañeros jueces, mejor le copio textualmente lo que él escribió:

“a)          ROSA CELIA PEREZ GONZALEZ, Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Puebla, quien con motivo de la investigación que el Honorable Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación efectuara respecto de la violación de garantías individuales de la periodista Lidia Cacho Riveiro, mancilló permanentemente el buen nombre del Poder Judicial del Estado de Puebla, y si bien fue exonerada por cuestiones meramente formales la misma libró una orden de aprehensión en un proceso penal del que ya se había declarado previamente incompetente para conocer en razón de territorio habiendo encarcelado ilegalmente a dicha periodista: actuaciones que desde luego deben considerarse como graves y por ende el Pleno que Usted preside debió investigar y en su caso sancionarla en términos de ley.

“b)         ISAURO ROMERO LIMON, actual Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, quien durante su gestión como Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, se perpetró un fraude multimillonario a las arcas del Poder Judicial del Estado, por actos tan graves como el de conceder el beneficio de la conmutación de la pena en delitos graves alterando constancias de autos así como la alteración de fichas de depósitos por concepto de caución habiéndose librado ordenes de aprehensión en contra de quienes fueron sus secretarios de acuerdos en el Juzgado Tercero Penal, mismas que hasta la fecha siguen sin cumplimentarse. Actuaciones que desde luego firmó como titular de dicho Órgano Jurisdiccional el mencionado ISAURO ROMERO LIMON, habiendo corrido la investigación en su contra a cargo de la Magistrada ELBA LORETO ROJAS BRUSHETA quien fungiera como Magistrada Visitadora de ese Juzgado y quien informó al Pleno que usted preside de las irregularidades encontradas en ese tribunal de primer grado.

“Funcionario judicial que además como Juez Segundo Penal de Tehuacán ha sido acusado por acoso sexual al personal femenino a su cargo y por lesiones culposas a una de sus propias secretarias de acuerdo, amén de las múltiples quejas formuladas en su contra por el abogado penalista VICTOR LEON RUEDA.

“c)          DOMINGO ALBERTO BAGATELA BERMUDEZ, Juez Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, quien como Juez Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo fue procesado en el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, por haber rendido un informe falso ante un Tribunal de la Unión al haber negado la existencia de una orden de aprehensión por el delito de Chantaje, cuya existencia fue posteriormente confirmada por otros medios legales y si bien es cierto que el Auto de Formal Prisión, decretada en su contra fue peregrinamente revocada por el Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito; no menos cierto es, que de dicha falta tuvo conocimiento el Pleno de Magistrados, con motivo de una queja administrativa incoada en su contra sancionándolo a pesar de la gravedad de la misma con una mera suspensión que jamás fue consumada por razones que ignora el abajo firmante.

“d)         VENUSTIANO ISLAS LOPEZ, Juez del Distrito Judicial de Tetela de Ocampo, a quien según visita extraordinaria llevada a cabo el veintitrés de Noviembre de dos mil nueve al Juzgado Mixto de Acatlán, Puebla, el DOCTOR RICARDO VELÁZQUEZ CRUZ, Magistrado Coordinador de Comisiones de la Junta de Administración del Poder Judicial del Estado en ese entonces, se le encontraron múltiples irregularidades entre las que destacan un rezago impresionante en ese Juzgado de Primera Instancia además de violaciones graves a los derechos fundamentales de los procesados verbi gratia no haber dictado sentencia a los procesados que guardaban prisión preventiva dentro del término que marca al efecto la Constitución General de la República.

“Irregularidades con las que el señor Doctor Ricardo Velázquez Cruz, dio cuenta al Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, teniendo como conocimiento extra oficial el suscrito que dicho Organismo Colegiado no impuso sanción alguna al licenciado VENUSTIANO ISLAS LOPEZ, gozando así el mismo de total impunidad.

“e)         LEONARDO RUPERTO TREVIÑO MUSALEM, Juez Noveno de lo Civil de los del Distrito Judicial de Puebla, quien en el expediente 166/2009 de los del índice de ese órgano jurisdiccional formuló excusa para abstenerse de conocer de ese litigio por razones legales que le impedían hacerlo pero mediante un simple recurso de revocación relativo a una situación procesal diversa siguió conociendo del mismo hasta su culminación por desistimiento expreso tanto de la instancia como de la acción de la parte actora por haber llegado a un acuerdo extra judicial con la demandada.

“Además a dicho Juez se le acusó públicamente de haber recibido un supuesto soborno por la cantidad de un millón doscientos mil pesos ($1,200.0000 MN) por quien fungiera como demandado en ese Juicio Ordinario Mercantil número arriba indicado. Lamentables hechos que motivaron la formación de una comisión especial de investigación creada al margen de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado por parte del Pleno de Magistrados del mismo, habiendo quedado los resultados de esas pesquisas en total sigilo ya que jamás se dio cuenta a la opinión pública de los hallazgos encontrados en esa ilegal investigación.

“f)          Finalmente, GABRIEL SALOMON LOPEZ, actual Secretario de Estudio y Cuenta de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, y cuñado del ex Presidente del mismo Magistrado DAVID LOPEZ MUÑOZ, quien como Juez Séptimo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dictó sentencia por el delito de Homicidio en Riña en contra de HUMBERTO ALAN IBARRA MEZA, ex subsecretario de vialidad del Gobierno del Estado, habiéndole concedido al mismo el beneficio de la conmutación de la pena a pesar de que dicha causa penal originalmente había sido instruida por el delito de Homicidio Calificado incluso habiendo sido el infrascrito quien dictó Auto de Formal Prisión en su contra por dicho delito como fungió como Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, y por ello el abajo firmante tiene conocimiento exacto de los hechos en mención al haber conocido en una primera instancia del homicidio a sangre fría de un acomodador de vehículos que trabajaba en el centro comercial denominado la Isla de Angelópolis.

“Sentencia que fue incluso fue controvertida públicamente por destacados miembros del foro poblano, como el abogado LUCIO RAMIREZ, en su carácter de Presidente de la Asociación de Jurisconsultos de Puebla, quien públicamente exigió al Poder Judicial del Estado, que investigara el actuar de dicho Juez, protestas que desde luego quedaron en el olvido.”

Cabe aclarar que el Tribunal Superior de Justicia respondió el 31 de mayo que no podía revelar las sanciones administrativas aplicadas a estos jueces, por tratarse de información confidencial, según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuestión que resulta francamente risible a luz de las anomalías arriba descritas.

¿O no le parece así?

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Este jueves estarán en Puebla las secretarias generales del CEN del PAN y del CEN del PRI, Cecilia Romero Castillo e Ivonne Ortega Pacheco, respectivamente.

La primera estará desde temprano, dando algunas entrevistas de prensa, y por la tarde acudirá a la presentación de los 18 compromisos de José Antonio Gali Fayad para el 2018, acto que tendrá lugar en el salón La Luz del Centro de Convenciones de Puebla.

Antes de acompañar al candidato de la coalición Compromiso por Puebla a la alcaldía capitalina, Cecilia Romero sostendrá algunas reuniones de trabajo y de evaluación, entre ellas con los dirigentes estatal y municipal del PAN, Rafael Micalco Méndez y Gerardo Maldonado Balvanera, respectivamente.

De la secretaria general del CEN del PRI, Ivonne Ortega no sabe mucho, más allá de una conferencia de prensa que dará al mediodía en el hotel La Purificadora y de una reunión de evaluación que sostendrá por la tarde con los delegados especiales enviados por su partido, así como de su participación en un acto de campaña del candidato de la coalición 5 de Mayo a la presidencia municipal de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez.

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Juran y perjuran los enterados que en estos días comenzará una limpia en el seno del Poder Judicial, que abarcará al segundo círculo, es decir a los jueces de primera instancia.

Esta depuración seguirá el mismo patrón que la renovación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, pues llegarán nuevos jueces —muchos de ellos sin carrera ni experiencia en el Poder Judicial— pero amigos o recomendados de El Señor de Los Cerros o del magistrado presidente, Roberto Flores Toledano; así como del subsecretario Jurídico de la SGG, Enrique Quiroz Acosta; y del secretario de Servicios Legales y Defensoría de Oficio, José Montiel Rodríguez.

De acuerdo con algunos magistrados que están al tanto de la situación, el saneamiento —o purga— se extenderá en una primera etapa a quince jueces, entre ellos algunos en edad de jubilación como Rodolfo Arana Santiesteban, de Tecali; Armando Pérez Acevedo, del Cuarto Civil; y María Carrasco Sandoval, del Cuarto Familiar, ambos de la ciudad de Puebla.

Sin embargo lo más probable es que alcance a otros jueces implicados en casos o quejas de corrupción, o enriquecimiento inexplicable, entre ellos los siguientes:

Felipe de Jesús Ventura, juez de Acatlán, por su escandalosa riqueza con propiedades en Xilotzingo (Quinta Ventura), Haras Flor del Bosque y El Cristo, entre otras.

Domingo Alberto Bagatella Bermúdez, juez de Izúcar, y a quien se le adjudican 22 inmuebles. Este personaje fue procesado en el Juzgado Séptimo de Distrito y liberado en apelación.

Venustiano Islas López, quien tiene una averiguación iniciada en la Dirección de Atención a Delitos de Alto Impacto (DADAI), por un asunto de unos zetas a los que presuntamente ayudó cuando era juez Penal de Tepeaca, haciendo pasar a uno de ellos por menor de edad.

Helmo Mayoral Bello, juez Penal de Atlixco, quien compró una mansión en efectivo en 1.6 millones de pesos, pero que actualmente cuesta unos cinco millones de pesos.

Carlos Ramírez Nava, juez Civil de Tehuacán, propietario de varios inmuebles en Zavaleta y Cholula.

A la lista podrían sumarse otros que en su ejercicio judicial se han visto involucrados en escándalos políticos o mediáticos, como:

Isauro Romero Limón, juez Penal de Tehuacán, involucrado en el fraude multimillonario cometido en perjuicio del Poder Judicial desde el Juzgado Tercero Penal, del que aquel era titular, y quien enfrenta quejas del personal femenino que ha laborado con él y de abogados litigantes como Víctor León Rueda, quien liberó al ex presidente municipal de Palmar de Bravo, Pedro Gabino Barojas de Rosas.

Rosa Celia Pérez González, jueza Segundo Penal implicada en el escándalo de la periodista y escritora Lydia Cacho; y Blanca Laura Villeda Martínez, juez Civil de Atlixco, y ex procuradora en el sexenio de Mario Marín Torres.

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Otro magistrado que también podría salir del Poder Judicial del estado, pero por jubilación y con el reconocimiento de sus pares, es León Dumit Espinal, quien sin embargo podría ser sustituido por la jueza Octavo de lo Civil, María Rosalba Pantoja Vázquez, recomendada del presidente saliente del Tribunal Superior de Justicia, David López Muñoz.

Los enterados aseguran que la referida juez es parte de un acuerdo político de López Muñoz con Casa Puebla o Casa Aguayo, antes de aceptar retirarse y jubilarse del Poder Judicial del estado.

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Simón dice:

“Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez.”

Francisco de Quevedo (1580-1645) Escritor español.

Ahora que el magistrado Roberto Flores Toledano se convirtió en el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia y jura y perjura, contra toda evidencia, que no le debe su cargo al gobernador Rafael Moreno Valle y que en Puebla la separación de poderes no es ninguna realidad virtual, valdría la pena que comenzara a demostrarlo en los hechos. 

Un buen principio sería echando atrás el nombramiento de Alberto López Martínez —medio hermano de su antecesor, David López Muñoz— como diligenciario del Juzgado Mixto de Zacatlán, e investigar si por lo menos cumple con el requisito de ser abogado titulado.

O checar qué pasó con el juez de Huauchinango, Juventino Hernández Flores, quien supuestamente iba a ser cesado y procesado por corrupción tras ordenar el encarcelamiento de dos indígenas nahuas—José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz— por el supuesto delito de robo de vehículo, cuando en realidad fueron privados de su libertad por defender el agua de su comunidad frente a los caciques de Pahuatlán, en la Sierra Norte de Puebla.

En este caso le convendría actuar con rapidez antes de que se descubra que el referido juez sigue en el Poder Judicial del estado, ahora como secretario de un juzgado familiar, y que su esposa, María de los Ángeles Camacho Machorro, fue promovida, a propuesta del gobernador Rafael Moreno Valle, de juez de lo Civil a magistrada del Tribunal Superior de Justicia en noviembre del año pasado.

No hacerlo podría atraerle los reflectores de los medios nacionales e internacionales que publicaron la historia de los indígenas de Pahuatlán, o llamar la atención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, que pugnaron por la remoción del juez Juventino Hernández.

Y hasta meter en aprietos al procurador de Justicia del estado, Víctor Carrancá Bourget, quien en diciembre pasado ofreció investigar y fincar responsabilidades a los servidores públicos implicados en el encarcelamiento de los indígenas José Ramón y Pascual Agustín Cruz. 

Otro asunto en el que también podría emplearse a fondo sería en la ilegal detención de José Luis Martínez Hernández, preso en el Cereso de Tepeaca por un estúpido error de homonimia, que los agentes de la Policía Ministerial, el Ministerio Público y el Juez Penal del Distrito Judicial de Tepeaca se niegan a reconocer.

José Luis Martínez fue detenido por tener el mismo nombre y apellidos de otro sujeto que ya había estado en la cárcel por otros delitos, como robo de autos, y cuyas características contenidas en la llamada ficha sinalégtica no corresponden con las suyas.

Este tema podría dar pie a un segundo documental de Presunto Culpable versión poblana, en la que el Poder Judicial poblano podría salir muy mal parado ante éstos y otros errores que cualquier productor de cine fácilmente podría documentar, entre ellos el nepotismo y enriquecimiento en que han incurrido un buen número de jueces y magistrados adscritos al Tribunal Superior de Justicia, cuestiones de las que pronto, muy pronto, nos ocuparemos en una próxima entrega.

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Simón dice:

«Permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen.»

Willy Brandt (1913-1992) Político alemán