Un ábaco para Don Facundo… y los reporteros

En la conferencia de prensa que este miércoles ofreció el secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, para dar a conocer los resultados del primer medio año del programa Monitor Vial, los reporteros le preguntaron sobre el vehículo que acumulaba más infracciones.

Fiel a su estilo, el funcionario se limitó a responder que se trataba de un Seat Ibiza, que ya tenía 39 multas, sin revelar cuáles eran sus placas de circulación o quién era su irresponsable propietario.

Con frases cortas, el secretario de Seguridad dijo más o menos lo siguiente:

Las multas del auto con más infracciones acumuladas podrían rebasar el valor comercial del propio vehículo.

A media conferencia de prensa una reportera le pregunta a cuánto ascienden las fotomultas del Ibiza, a lo que Don Facundo respondió así:

“Si fueran de 500, todas, estaríamos hablando de 195 mil pesos”.

Y esa cifra se llevaron los reporteros, y así se publicó y difundió en casi todos los medios, sin reparar en un pequeño pero significativo detalle.

El resultado de multiplicar 39 multas a razón de 500 pesos cada una no da un total de 195 mil pesos, sino de 19 mil 500 pesos.

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El informe que este jueves rindió Roberto Flores Toledano como presidente del Tribunal Superior de Justicia fue tan pobre que sólo le alcanzó para 20 minutos, en los que apenas pudo presumir la edificación de cuatro salas de oralidad, la adquisición de 17 consultorios médicos y de 37 equipos móviles con tecnología de punta para el desahogo de los juicios orales.

Sin embargo en su informe anual de labores, el presidente del Poder Judicial de Puebla no ofreció indicadores, ni cifras comparativas de este con anteriores periodos, ni resultados sobre el nuevo sistema de justicia adversarial.

Y la razón quizás estribe es que la mayoría de las sentencias dictadas por los Juzgados Orales en Puebla han sido absolutorias. La única sentencia condenatoria dictada por el Juzgado Oral de Teziutlán fue vergonzosamente revocada, mediante juicio de casación (una especie de apelación) por una sala oral. Y lo peor: promovido por un defensor social, .

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A  propósito.

Esta semana el abogado Felipe Tlatoa acudió a San Diego, California, a tomar un curso sobre litigación oral. La Secretaría de Servicios Legales a cargo del exjuez José Montiel, para la cual trabaja, sólo le dio permiso para faltar a sus labores, ya que los gastos del seminario (hospedaje, alimentación e inscripción) corrieron por su cuenta.

El argumento que le dieron es que el gobierno sólo puede pagarle cursos que sean en la República Mexicana.

Como defensor social de Teziutlán, Felipe Tlatoa no gana más de 20 mil pesos al mes, por lo que pronto dejará el gobierno para hacerse litigante privado en este nuevo sistema de justicia adversarial, ante las pocas o nulas oportunidades de desarrollo que ha encontrado en la administración estatal.

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