Los anuncios hechos por el gobernador Rafael Moreno Valle en el noticiario de Javier López Díaz sobre condonaciones y descuentos a los contribuyentes con adeudos de agua potable o fotomultas, no son ajenos a la coyuntura electoral y al riesgo que enfrenta el morenovallismo de perder los comicios del primer domingo de junio.

¿O usted cree que si no hubiera comicios la administración estatal estaría tan preocupada en la economía de las familias de menos recursos regalándoles tinacos azules, kits de maternidad, útiles y uniformes escolares, entradas gratuitas a los museos, recorridos turísticos y escrituras gratis, o estaría condonando multas a los usuarios del agua potable y a los automovilistas que no pueden hacer el control vehicular por las fotomultas que adeudan?

Los anuncios del mandatario estatal no sólo tienen un inocultable tinte electorero que busca matizar el descontento social que existe, sino que ponen en evidencia la discrecionalidad en la toma de decisiones y la inutilidad del Congreso local como contrapeso político del Ejecutivo poblano.

¿Cómo entender que la repentina preocupación que hoy tiene el gobernador por la mermada economía de las familias poblanas, no haya sido compartida en diciembre de 2015 por los legisladores de su partido y demás aliados morenovallistas al momento de aprobar las tarifas de agua potable en el Congreso del estado?

¿Por qué hace poco más de tres meses, cuando el Poder Legislativo local aprobó el esquema tarifario que aplicaría la concesionaria de los servicios del Soapap, Agua de Puebla, no existía esta preocupación consecuencia de los recortes presupuestales, la caída en los precios internacionales del petróleo y la depreciación del peso mexicano frente a otras monedas?

¿Por qué hasta ahora la empresa responsable del programa Monitor Vial, Autotraffic, condonará la primera multa por exceso de velocidad y hará descuentos por las multas posteriores?

Si la administración estatal fue capaz de prever una sensible baja en las participaciones federales, anticipándose con recortes de personal, la fusión de dependencias y la eliminación de fideicomisos, ¿por qué no pensó también en reactivar la economía local privilegiando a las empresas de Puebla mediante estímulos fiscales o de otro tipo, siempre que generaran nuevos empleos o reinvirtieran sus utilidades en proyectos productivos?

¿O en cancelar bonos y sobresueldos a la alta burocracia estatal, en no pagar sobreprecios en las obras asignadas a las constructoras de los hermanos García Ojeda o de Andrea Ambrogi, en no destinar recursos públicos para financiar medios y plumas cómodas, o en apuntalar estructuras y proyectos políticos de cara al 2018?

En fin… mientras tanto hay que bendecir los comicios y aprovechar los descuentos de temporada electoral.

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En la conferencia de prensa que este miércoles ofreció el secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, para dar a conocer los resultados del primer medio año del programa Monitor Vial, los reporteros le preguntaron sobre el vehículo que acumulaba más infracciones.

Fiel a su estilo, el funcionario se limitó a responder que se trataba de un Seat Ibiza, que ya tenía 39 multas, sin revelar cuáles eran sus placas de circulación o quién era su irresponsable propietario.

Con frases cortas, el secretario de Seguridad dijo más o menos lo siguiente:

Las multas del auto con más infracciones acumuladas podrían rebasar el valor comercial del propio vehículo.

A media conferencia de prensa una reportera le pregunta a cuánto ascienden las fotomultas del Ibiza, a lo que Don Facundo respondió así:

“Si fueran de 500, todas, estaríamos hablando de 195 mil pesos”.

Y esa cifra se llevaron los reporteros, y así se publicó y difundió en casi todos los medios, sin reparar en un pequeño pero significativo detalle.

El resultado de multiplicar 39 multas a razón de 500 pesos cada una no da un total de 195 mil pesos, sino de 19 mil 500 pesos.

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El informe que este jueves rindió Roberto Flores Toledano como presidente del Tribunal Superior de Justicia fue tan pobre que sólo le alcanzó para 20 minutos, en los que apenas pudo presumir la edificación de cuatro salas de oralidad, la adquisición de 17 consultorios médicos y de 37 equipos móviles con tecnología de punta para el desahogo de los juicios orales.

Sin embargo en su informe anual de labores, el presidente del Poder Judicial de Puebla no ofreció indicadores, ni cifras comparativas de este con anteriores periodos, ni resultados sobre el nuevo sistema de justicia adversarial.

Y la razón quizás estribe es que la mayoría de las sentencias dictadas por los Juzgados Orales en Puebla han sido absolutorias. La única sentencia condenatoria dictada por el Juzgado Oral de Teziutlán fue vergonzosamente revocada, mediante juicio de casación (una especie de apelación) por una sala oral. Y lo peor: promovido por un defensor social, .

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A  propósito.

Esta semana el abogado Felipe Tlatoa acudió a San Diego, California, a tomar un curso sobre litigación oral. La Secretaría de Servicios Legales a cargo del exjuez José Montiel, para la cual trabaja, sólo le dio permiso para faltar a sus labores, ya que los gastos del seminario (hospedaje, alimentación e inscripción) corrieron por su cuenta.

El argumento que le dieron es que el gobierno sólo puede pagarle cursos que sean en la República Mexicana.

Como defensor social de Teziutlán, Felipe Tlatoa no gana más de 20 mil pesos al mes, por lo que pronto dejará el gobierno para hacerse litigante privado en este nuevo sistema de justicia adversarial, ante las pocas o nulas oportunidades de desarrollo que ha encontrado en la administración estatal.

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