Al contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, habría que abrirle un proceso administrativo por mentiroso e ineficiente en el ejercicio de su función, y por su incapacidad para que la transparencia y la rendición de cuentas sean una realidad en Puebla.

Y es que el convenio que desde diciembre de 2008 se firmó para que las solicitudes de información pública a las dependencias gubernamentales se gestionaran y se respondieran a través de la plataforma del sistema Infomex, ha quedado en letra muerta.

A 15 meses de aquel convenio, suscrito por el gobernador Mario Marín Torres y el entonces comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio Irazábal, en el Salón de Protocolos, aún no hay una fecha para el arranque del Infomex, no obstante las promesas del titular de la Sedecap de que ahora sí, en abril de 2010, este sistema se implementaría, como ocurre en la mayoría de las entidades del país.

El pasado mes de enero, Sánchez Ruiz prometió, por enésima ocasión, que el Infomex sería una realidad en abril, al tiempo de afirmar que si su implementación se había retrasado más de lo previsto no era por culpa del gobierno del estado, sino por los técnicos y operativos del IFAI que no lo habían concluido, ni liberado.

Cosa que, por supuesto, es falsa, y que puede documentarse con diversos oficios, en los que se comprueba que el sistema Infomex fue recibido y aceptado por la Fiscalía Anticorrupción del gobierno del estado en noviembre del año pasado.

Pero ¿qué es lo que impide que esta plataforma —que ya es usada por el ayuntamiento de Puebla— se aplique en la administración estatal, en sustitución del obsoleto Módulo de Acceso a la Información Pública del estado de Puebla (Maipep), a cargo de la Fiscalía Anticorrupción?

Una causa, como ya se lo comenté líneas arriba, es la desidia y negligencia del contralor Sánchez Ruiz, quien desde un principio se opuso al funcionamiento del Infomex con el argumento de que el Maipep —financiado y contratado por la Contraloría a su cargo— era un sistema más acabado.

Y la otra y más importante, es que con el Infomex todas las solicitudes de información y respuestas que emitan los sujetos obligados por la Ley de Responsabilidades se tendrían que hacer públicas, lo que pondría fin a la discrecionalidad de las dependencias estatales que hoy, en la mayoría de los casos, responden con opacidad las peticiones que se les formulan so pretexto de que la información requerida es reservada o confidencial.

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Simón dice:

«Es desgracia habitual en los ineptos la de engañarse al elegir profesión, al elegir amigos y al elegir casa.»

Baltasar Gracián (1601-1658) Escritor español.

Una partida de 120 mil pesos mensuales destinada al pago de tres asesores parlamentarios, es hoy motivo de fuertes diferendos entre los 15 legisladores de la bancada poblana del PRI en la Cámara de Diputados.

El origen del conflicto se remonta a la licencia que, como diputado federal propietario, presentó Juan Carlos Lastiri Quirós, para poder ser nombrado secretario de Desarrollo Social del estado, en sustitución de Javier López Zavala.

Con la salida de Lastiri Quirós, algunas diputadas federales, como Julieta Marín Torres, se pronunciaron por el despido de los tres asesores contratados por aquel, no sin antes reclamar para sí los sueldos que aquellos venían cobrando por el orden de los 120 mil pesos mensuales.

Según las cuentas de la legisladora federal por el distrito de Ajalpan, si la partida de asesorías se dividía entre los 15 diputados de la bancada priísta poblana, a cada uno le corresponderían 8 mil pesos adicionales.

Cuando Óscar Aguilar González se enteró de las maniobras y gestiones de Julieta Marín, con el apoyo de Blanca Estela Jiménez Hernández, María Isabel Merlo Talavera, Janet Graciela González Tostado y Leobardo Soto Martínez, para que el dinero de la partida de asesorías se repartiera entre ellos mismos, de inmediato puso el grito en el cielo.

De entrada, expresó que los 120 mil pesos mensuales no sólo cubrían el sueldo de los asesores, sino otros gastos administrativos de la fracción priísta.

Luego, encaró a las diputadas y diputados inconformes, advirtiéndoles que el grupo no podía quedarse sin asesores que los apoyaran en aspectos jurídicos y en la elaboración de iniciativas de ley y puntos de acuerdo.

Y al final no tuvo más remedio que acceder a las presiones de Julieta Marín y otros legisladores priístas, a los que tuvo que entregar no 8 mil pesos, sino 5 mil adicionales, a los 200 mil mensuales que ya de por sí cobran por concepto de dieta, pago de chofer y secretarios técnicos, vales de gasolina y tareas de gestión.

Pero la cosa no acaba ahí.

Resulta que dos de los asesores que dejó Juan Carlos Lastiri (José Antonio Argueta y Bernardo Barrios) —y que ya habían sido despedidos— regresaron a San Lázaro para ponerse de nueva cuenta al servicio de la bancada poblana del PRI.

Cuando se les dijo que ya no había presupuesto para cubrir sus honorarios, éstos respondieron que por eso ni se preocuparan, pues Juan Carlos Lastiri se haría cargo de los mismos.

Cuestión que ya provocó suspicacias entre los diputados poblanos, quienes se preguntan si esos «asesores» estarán siendo pagados con recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social del estado o si a través de ellos Juan Carlos Lastiri querría seguir controlando el destino de la legisladores priístas que alguna vez coordinó.

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Javier Sánchez Galicia presentó este lunes una solicitud de licencia sin goce de sueldo, para separarse por tres meses de la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado, para integrarse de tiempo completo al PRI y a las campañas de sus candidatos a gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

Lo anterior trascendió la noche de este lunes, en el marco de una cena que el candidato de la Alianza PRI-PVEM a la presidencia municipal de Puebla, Mario Montero Serrano, ofreció a columnistas y directores de medios de comunicación.

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Simón dice:

«El principal valor del dinero radica en que lo estimamos más de lo que vale.»

Henry-Louis Mencken (1880-1956). Periodista y escritor estadounidense.

Tómelo con reserva, pero tras el regreso de la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, podrían darse algunos ajustes y enroques en su equipo de primer nivel que involucrarían a titulares de cuatro dependencias: la Secretaría General, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Social y la Tesorería.

Según esta versión, procedente de fuentes confiables, César Pérez dejaría la Secretaría General para ser sustituido por el actual tesorero, Javier Ramírez Carranza, quien por cierto era la carta fuerte de la alcaldesa capitalina para llegar al Congreso del estado por la vía plurinominal, lo que no pudo lograr.

Otro funcionario municipal que también dejaría su actual cartera, la Secretaría de Desarrollo Social, es Víctor Manuel Giorgana Jiménez, quien —de acuerdo con la misma fuente— sería reemplazado por el hasta hoy secretario de Gobernación del ayuntamiento de Puebla, Juan de Dios Bravo Jiménez.

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A propósito.

Un buen jalón de orejas debería darles el candidato de la Alianza Puebla Avanza a la alcaldía capitalina, Mario Montero Serrano, a los encargados de hacer y entregar las invitaciones para el inicio de su campaña política, previsto para este jueves a las 8.30 horas en la Casa Museo de los Hermanos Serdán.

Y es que entre los convocados a ese acto político partidista figuran los principales secretarios del ayuntamiento de Puebla y del gobierno del estado, a quienes se invitó vía telefónica o por escrito.

La torpeza de quien elaboró, se comunicó por teléfono o distribuyó esas invitaciones podría acarrearle a Mario Montero un primer tropiezo, pues se arriesga a que la nota de ese día o del siguiente no sea el inicio de su campaña, sino la presencia de funcionarios públicos a un acto partidista en horarios que —se supone— son de oficina.

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La campaña de Mario Montero como candidato a la presidencia municipal de Puebla arrancará, como se lo dije líneas arriba, en la Casa Museo de los Hermanos Serdán, con una ceremonia solemne que encabezarán los miembros de la planilla de regidores y síndico de la Alianza Puebla Avanza.

Después de ese acto, Montero asistirá a un desayuno en el restaurante La Garita de Plaza Dorada, con mujeres y ejecutivas de la sociedad civil; luego dará el banderazo de salida a 300 jóvenes brigadistas de su campaña, para posteriormente recorrer, en compañía del candidato a la gubernatura Javier López Zavala, algunas colonias y unidades habitacionales del sur de la ciudad como San Jorge, Lomas del Sol, Constitución Mexicana y La Margarita.

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El expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, dejará a fin de mes las oficinas que actualmente ocupa en Teziutlán Sur número 40 de la colonia La Paz, para establecerse en un nuevo domicilio que aún evalúa.

Doger Guerrero, quien fue designado coordinador de promoción al voto en la zona metropolitana, tiene previsto establecerse en una residencia más pequeña, pero por la cual ya no pagaría alquiler, en las inmediaciones de la casa de campaña de Javier López Zavala.

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El acto tendrá lugar a las 17 horas en el auditorio de la institución.

Los invitados al informe del rector Derbez serán los miembros de los consejos estudiantil, empresarial y administrativo, así como del Patronato de la Fundación Universidad de las Américas Puebla

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Simón dice:

«No se puede cambiar el curso de la historia a base de cambiar los retratos colgados en la pared.»

Sri Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). Político indio.

Aunque en público el Congreso y el gobierno del estado han tratado de minimizar la lucha jurídica emprendida por Germán Alejandro López Brun para ser reinstalado como magistrado del Tribunal Electoral del Estado (TEE), lo que parece estar a punto de conseguir después de un largo litigio de más de tres años en tribunales federales, en privado ya se cocina un arreglo.

De hecho, se sabe que emisarios de la Secretaría de Gobernación del estado se han entrevistado con López Brun para pedirle desista de su petición de ser ratificado como magistrado del TEE, a cambio de pagarle tres años de salarios caídos, algo así como 2 millones 600 mil pesos.

Al exmagistrado se le ha dicho, con toda claridad, que su regreso al Tribunal Electoral es imposible, y que lo que más le conviene es llegar a un arreglo económico.

Hasta ahora López Brun no sólo ha rechazado ese arreglo, sino que ha solicitado la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los diputados del Congreso del estado que se han negado a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo que le otorgó la Segunda Sala del máximo tribunal del país —Humberto Aguilar Viveros y Pablo Fernández del Campo— sean destituidos y consignados por desacato.

¿En qué terminará el juicio de López Brun en contra del Congreso local que se niega a restituirlo como magistrado del TEE?, es algo difícil de pronosticar, pero que pronto sabremos, quizás antes de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa dicte la resolución final de este tortuoso juicio de más de tres años.

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De última hora.

Alejandro Armenta Mier no será diputado local, al menos en la próxima legislatura local.

Por decisión propia, declinó la invitación que se le hizo para ser incluido en la segunda posición de la lista de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional.

Alejandro Armenta habló con quien tenía que hacerlo, y le expresó su decisión de dedicarse de tiempo completo a las tareas partidistas, como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI., las valoró, y le garantizó una buena posición en la próxima administración estatal, si entrega buenos resultados al frente del PRI estatal.

Su interlocutor aceptó sus razones

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De rebote, casi de carambola, pero el diputado federal poblano, Pablo Rodríguez Regordosa, es desde este miércoles miembro de la selecta burbuja del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados.

En el reacomodo de las jefaturas de esa bancada, por la incorporación de un diputado a la Secretaría de Gobernación federal, Rodríguez Regordosa fue nombrado subcoordinador de Debate Parlamentario y Formación.

Resulta que Roberto Gil Zuarth, recientemente nombrado subsecretario de Gobernación, dejó vacante la Vicecoordinación de Proceso Legislativo, la que desde ayer ocupa el mexiquense Carlos Alberto Pérez Cuevas, quien a su vez dejó acéfala la Subcoordinación que le cayó, como del cielo, al legislador poblano.

El nombramiento de Rodríguez Regordosa, quien fungió como coordinador de la precampaña de Rafael Moreno Valle Rosas, fue respaldado por la coordinadora general de esa bancada, Josefina Vázquez Mota.

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Un mal comienzo con los reporteros de la fuente tuvo el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, Luis Rodríguez Fernández, este miércoles al rendir protesta como dirigente del organismo cúpula de la iniciativa privada, en sustitución de Gabriel Huerta Ortega.

Su gente de prensa (Sandra de la Fuente) no sólo los ninguneó y los trató como ciudadanos de segunda o tercera, al ofrecerles un menú distinto al de los asistentes, sino que los maltrató al más puro estilo foxista: «después del acto protocolario se van«.

Mientras a los socios de los organismos empresariales invitados a la ceremonia de toma de posesión del nuevo Consejo Directivo del CCE de Puebla se les ofreció un menú consistente en ensalada de gambas con aderezo francés, crema de pimientos rojos, filete relleno de roquefort y salsa de pimiento verde y helado de turrón, para los periodistas no hubo más que nuggets de pollo, minipizzas, sandwiches y refresco en lugar de vino.

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Simón dice:

«Viven más contentos aquellos en quienes jamás puso los ojos la fortuna, que los otros de quienes los apartó».

Lucio Anneo Séneca (2 AC-65). Filósofo latino.

Mario Montero Serrano no es, pero podría convertirse, en el rebelde del PRI, si el gobernador Mario Marín Torres, y la dirigencia estatal de su partido toman la decisión de negarle la candidatura a la alcaldía de Puebla, para dársela a otro priísta como Luis Alberto Arriaga Lila, Pablo Fernández del Campo Espinosa o Enrique Doger Guerrero.

El secretario de Gobernación del estado está decidido a romper incluso con el marinismo, si su jefe del gobernador trata de persuadirlo para que se retire de la contienda priísta por la alcaldía o si éste le promete el oro y el moro, a cambio de su declinación.

Mario Montero ha dicho, en no pocas reuniones con amigos y colaboradores, que en esta ocasión no aceptará hacerse de lado, como ocurrió en 2001 cuando el PRI postuló a Carlos Alberto Julián y Nacer, y en 2004 cuando también tuvo que declinar para que Enrique Doger fuera el abanderado del tricolor a la presidencia municipal de Puebla.

En esos encuentros, ha relatado que antes de embarcarse en la puja por la sucesión de Blanca Alcalá Ruiz —»que es una carrera sin retorno», según sus propias palabras— se entrevistó con el gobernador para pedirle su anuencia y apoyo, y para hacerle saber una vez en esa aventura no aceptaría nada que no fuera la candidatura, y menos si se colocaba a la cabeza de las encuestas.

El riesgo de que Montero cumpla sus amenazas es alto, pues su rebeldía no sólo lo llevaría a enfrentarse con el gobernador Marín, con el peligro de que otros grupos contrarios al marinismo se le sumen, sino a cuestionar la viabilidad electoral de una candidatura como la de Javier López Zavala al gobierno del estado.

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Simón dice:

«Un poco de rebelión de vez en cuando es buena cosa».

Thomas Jefferson (1743-1826). Político Estadounidense.

Los terrenos de San Andrés Calpan, que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) aseguró a Grupo Inmobiliario Sitma, como garantía para la reparación del daño de cientos de afectados por esta empresa, fueron ya embargados a favor de 14 clientes, entre los que figuran Tomás Alarcón y María Eugenia Murgia.

Esto significa que si el gobierno estatal pretendía hacerse de tales terrenos para venderlos y, con el producto de esa transacción reparar el daño causado a docenas de defraudados de Puebla y otras ciudades de la entidad, alguien se le adelantó.

Y ese alguien es el bufete jurídico «Ibarra, Castillo y Santander Abogados S.C.», dirigido por Fernando Urbano Castillo Pacheco, que este jueves logró que el juez tercero de distrito, Juan Pablo Bonifaz Escobar, ordenara el embargo de las 87 hectáreas que estos terrenos comprenden.

El embargo quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad con motivo de diversos juicios ejecutivo mercantiles promovidos por el despacho Ibarra, Castillo y Santander Abogados, en contra de Leonardo Tiro Moranchel, Grupo Sitma, y las empresas de éste: Construcciones Mauri, Inmobiliaria Loreti y Servicios Inmobiliarios y Computación, que figuran como copropietarias de los predios embargados.

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Flaco favor le hacen a Javier López Zavala, y a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla los funcionarios del gobierno del estado que han llevado a diferentes columnistas y medios de comunicación las encuestas del CISO que ubican al secretario de Desarrollo Social del estado como el puntero en la contienda interna del PRI por la gubernatura de Puebla.

Lo primero que dejan ver con su actitud es que no lo hacen de motu propio, sino por encargo de su jefe, el gobernador Mario Marín Torres, y que éste lejos de asumir un rol de imparcialidad en la sucesión gubernamental actúa como jefe de campaña de aquel.

El hecho de que no filtren toda la encuesta del CISO, sino sólo cuatro páginas, más la ficha metodológica, deja también la impresión de que el estudio de opinión fue rasurado para ocultar información o porque hay páginas que podrían arrojar una lectura diferente a la versión oficial.

Pero lo más delicado, es que en aras de revertir la idea del empate técnico vendida por el expresidente municipal Enrique Doger, los funcionarios marinistas están comprometiendo la pluralidad de la BUAP y el prestigio de un Centro de Investigación como el CISO, al que a fuerza de periodicazos quieren convertir en una especie de legitimador mediático del Proyecto Z.

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Simón dice:

«De todas las formas de engañar a los demás, la pose de seriedad es la que hace más estragos».

Santiago Rusiñol i Prats (1861-1931). Pintor y escritor español. 

Hace un par de días le decía que el expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, había logrado vender la idea del empate técnico que supuestamente mantiene con el secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado, Javier López Zavala, a partir de la difusión parcial —y a veces amañada— de los resultados de algunos estudios de opinión.

El primero es la publicación de la encuesta telefónica del despacho Gabinete de Comunicación Estratégica, de Liébano Sáenz y Federico Berrueto, en el periódico Cambio el lunes 9 de noviembre.

En su edición de ese día, Cambio destacó el tema en su portada bajo el siguiente titular «Cuádruple empate técnico: GCE», presentando resultados del rubro de conocimiento positivo y negativo de cuatro aspirantes a la gubernatura: Rafael Moreno Valle Rosas, Blanca Alcalá Ruiz, Javier López Zavala y Enrique Doger Guerrero.

En planas interiores se publicaron otras gráficas y cuadros; no así la que aparece en la página 12 del estudio demoscópico, que desde este martes GCE abrió al público en su portal electrónico.

La gráfica que Cambio y/o Enrique Doger omitieron publicar es justamente aquella en la que el expresidente municipal de Puebla aparece con porcentajes que lo ubican por abajo de Javier López Zavala y Rafael Moreno Valle en la pregunta: ¿Quién le gustaría que fuera el próximo gobernador de Puebla?

López Zavala obtuvo una intención de voto de 9.5%, Moreno Valle de 6.2% y Doger Guerrero de 4.2%.

¿Cómo un dato tan relevante en la encuesta estatal del GCE se le pudo ir a un periodista tan avezado y perspicaz como Arturo Rueda?

Pero ésta, no es la única omisión y/o manipulación en la que Rueda y Enrique Doger han incurrido.

En la encuesta de Mas Data, publicada por Cambio los días 19 y 20 del mes anterior, ocurrió lo mismo con la página 11 del Reporte Ejecutivo que José Zenteno —excompañero de estudios del diputado Jorge Alfonso Ruiz Romero en el Colegio Americano— entregó al expresidente municipal de Puebla en la tercera semana octubre.

La página omitida se refiere a la pregunta: ¿Usted sabe o ha escuchado mencionar el nombre de alguna persona para candidato a gobernador de Puebla?

En esa misma pregunta López Zavala aparece con 4.4% en segunda mención y Enrique Doger con 4.3%.

Lo extraño de este apartado, no son los porcentajes sino la contradicción en las cifras, pues más adelante los porcentajes de segunda opción, ya no son 6.6 y 4.3, sino de 10.7 y 9.5. del estado obtuvo 11.4% en primera mención espontánea, mientras el expresidente municipal 6.6%.

¿A qué obedece esta diferencia en porcentajes? ¿Por qué no coinciden si se trata, en ambos casos, de la segunda mejor opción? ¿Acaso esta contradicción llevó a Cambio a omitir estas dos páginas?

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Muy a pesar suyo, el presidente Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, tendrá que entregarle al representante de Convergencia, Jorge Luis Blancarte Morales, los resultados de las auditorías practicadas al organismo, y que aquel siempre se negó a proporcionar bajo el pretexto de ser información reservada.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió este miércoles que Jorge Sánchez tiene un plazo de 24 horas para entregarle al representante de Convergencia las auditorías a su gestión han realizado la Contraloría Interna y el despacho Freyssinier Morin.

Tal resolución llega en el peor momento para el consejero presidente del IEE, pues saldrán a relucir muchas de las irregularidades y excesos en que ha incurrido con cargo a las finanzas y el patrimonio del organismo, ahora que pretende un presupuesto de 414 millones de pesos para el proceso electoral del 2010.

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Me cuentan que entre los vocales ejecutivos distritales del IFE –y con la complacencia de Luis Garibi Harper y Ocampo, presidente de la Junta Local—vienen dándose una serie de despidos en los módulos de credencialización del Registro Federal de Electores.

Los despidos tienen el propósito de que esas vacantes sean ocupadas por familiares, amigos y amantes de los vocales distritales, que se inventaron un «convocatoria» para concursar dichas posiciones, al margen de los lineamientos y procedimientos establecidos por la Comisión Nacional de Vigilancia del RFE.

Entre los despedidos figuran chicas que no cedieron a las propuestas indecorosas de algún vocal distrital, que pronto será evidenciado.

El hecho ya llegó a oídos de los órganos centrales del IFE, donde han empezado a investigar quiénes mataron la vaca, pero también quienes le jalaron la pata.

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Simón dice

«Lo malo cuando se finge bueno, es pésimo».
Sir Francis Bacon. 1561-1626. Filósofo y estadista británico.

Una de las principales razones por las que los ayuntamientos de la entidad se niegan a realizar obras en coparticipación con el gobierno del estado es el sobrecosto con que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), a cargo de Javier García Ramírez, las presupuesta.

Para muestra un botón: el corredor turístico que en torno a la pirámide se haría, para hermanar ambos municipios, conectando sus respectivos zócalos a través de una avenida adoquinada con luminarias y mobiliario nuevos, instalaciones eléctricas y de telefonía ocultas, y banquetas más amplias.

Estos trabajos tendrían inicialmente un costo de 21 millones, sin embargo la cifra se elevó a 30 millones de pesos cuando se involucró en el proyecto la SDUOP, lo que también disparó el monto a invertir por parte del ayuntamiento de San Andrés Cholula de 6 millones a casi 10 millones de pesos.

La causa de ese incremento son los sobreprecios de algunas obras consideradas en el llamado «Corredor Turístico Cultural de la Hermandad».

Y es que mientras las autoridades sanandreseñas cotizaron la construcción de banquetas y arroyos en 3 millones 42 mil pesos, la SDUOP lo hizo en 3 millones 636 mil pesos. Lo mismo ocurrió con la señalética. El ayuntamiento de David Cuatli Jiménez la cotizó en 324 mil pesos, y la dependencia de Javier García Ramírez en 838 mil pesos.

De ahí la decisión del ayuntamiento de San Andrés Cholula de no colaborar, ni participar económicamente con tal proyecto, impulsado por la Secretaría de Turismo del gobierno del estado.

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La presencia de Blas Villegas Lara en la dirección de la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en poco o nada ayudará a la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, a despejar las sospechas de corrupción que hoy existen en torno a la asignación de un jugoso contrato a una empresa de reciente creación —Publicidad Exterior Regulada— que se encargará de regularizar y supervisar las estructuras de anuncios espectaculares en la ciudad de Puebla.

Por el contrato adjudicado en junio, la empresa Publicidad Exterior Regulada se llevará 45 centavos por cada peso ingreso que ingrese, es decir, algo así como 5 millones de pesos de aquí a febrero, en que pretende recaudar por la regulación y supervisión de espectaculares 12 millones de pesos.

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Ante las protestas de no pocos aspirantes del PRI a la alcaldía de Puebla que fueron marginados en su último levantamiento, y del cual le dimos aquí cuenta hace un par de días, el CISO de la BUAP realiza una nueva encuesta, pero ahora sí incluyendo a los funcionarios que dejó fuera: Valentín Meneses Rojas, Pericles Olivares Flores y Javier García Ramírez, entre otros.

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Simón dice:

«El dinero es como el estiércol: no es bueno a no ser que se esparza».

Sir Francis Bacon (1561-1626). Filósofo y estadista británico.

¿Será que la fama de transa del presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, es tan grande que ya hasta la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado tomó el control sobre el manejo de los recursos con los que este organismo solventará el inicio del proceso electoral ordinario 2010?

No es broma.

Así consta en el oficio D.P104/6173/2009 enviado por el secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, al presidente del IEE, que incluye varias desagradables noticias. Entre ellas, que no recibirá los 17 millones 486 mil pesos solicitados como ampliación presupuestal; que los consejeros tampoco podrán cobrar un bono extraordinario este año ni el siguiente; que no tendrá dinero para invitar a comer a periodistas o columnistas; y ni siquiera para su convivio de fin de año.

Lo más delicado del asunto —y que pone en entredicho la supuesta independencia y autonomía de gestión del máximo órgano electoral del estado— es que ahora Gerardo Pérez Salazar determina cómo y en qué deben gastarse los recursos adicionales del Instituto.

En el oficio de marras le indica a Jorge Sánchez Morales que de los 2 millones 523 mil pesos, que por lo pronto recibirá el IEE, 2 millones 43 mil debe canalizarlos a la contratación de 89 trabajadores eventuales dentro de la partida 4301 (servicios personales y plazas eventuales); 338 mil pesos a la partida 4302 (transferencia para materiales y suministros); y 140 mil pesos a la partida 4303 (transferencias servicios generales).

Pero eso no es todo.

El secretario de Finanzas le advierte que cualquier nueva solicitud de ampliación debe ir acompañada de una relación detallada de los consumibles y bienes muebles necesarios para el IEE; de los servicios y bienes inmuebles que se vayan a contratar o arrendar; del personal que vaya a requerir viáticos, así como justificar el motivo del viaje; y negociar con el Periódico Oficial del estado la publicación de aquellas convocatorias y acuerdos que deban difundirse en ese órgano informativo.

Y eso que apenas la Secretaría de Finanzas autorizó 2.5 de los 17.4 millones de pesos requeridos por el IEE. Imagínese cuando Sánchez Morales pida el resto.

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Una cuestión que, a decir de los conocedores del tema, subyace en esta posición del secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, es que su relación con el presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, está muy deteriorada.

Y es que Jorge Sánchez habría alentado la denuncia presentada por la dirigencia estatal de Convergencia en contra de Pérez Salazar, por desvío de recursos públicos y violación del artículo 200 bis del Código de Instituciones y Procesos Electorales.

Según esta versión, el presidente del IEE pretendía utilizar esta inconformidad para negociar con el secretario de Finanzas mayores recursos para el Instituto Electoral del Estado, a cambio de parar o congelar cualquier investigación en su contra.

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Simón dice:

«Con el dinero sucede lo mismo que con el papel higiénico; cuando se necesita, se necesita urgentemente».

Upton Sinclair (1878-1968). Novelista y escritor estadounidense.

Con bombos y platillos, el gobierno del estado anunciará de un momento a otro que ya firmó un convenio con el Fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago), por el cual los defraudados de la financiera Coofia podrán recuperar la mayor parte de sus ahorros e inversiones.

El convenio, firmado por el secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Gerardo Pérez Salazar, y el comisionado del Fipago, Guillermo Barnes García, beneficiará en principio a las personas que ya demandaron o acudieron a la Procuraduría del Ciudadano para exigir la devolución de sus ahorros.

De acuerdo con informes preliminares del procurador del Ciudadano, Martín Fuentes Morales, hasta el momento se tienen contabilizadas 2,500 denuncias por un monto de 301 millones de pesos en conjunto.

Sin embargo, se sabe que los defraudados por Coofia son alrededor de 25 mil y que el fraude cometido por esta empresa financiera —que de 2005 a 2008 operó con el aval de la Secretaría de Finanzas como receptora del pago de impuestos locales— podría llegar a los 1,500 millones de pesos.

Aunque los detalles del convenio se conocerán en las próximas horas, ha trascendido que el Fipago no restituirá a los afectados el 100 por ciento de sus ahorros e inversiones, sino sólo el 76%.

Hasta ahora las autoridades no han logrado detener al principal dueño de Coofia, Valente Medina Seoane, quien no hace mucho era presumido por políticos, tesoreros, empresarios y funcionarios de primer nivel en Puebla, con quienes se asoció o hizo millonarios negocios.

La Procuraduría General de Justicia sólo ha conseguido aprehender a tres ejecutivos de esta financiera: Carlos Flores Reyes, Ignacio Medina García y Humberto Raya Sotero, éste último, por cierto, dejó la cárcel hace unos días, en tanto que los otros aún siguen presos en el penal de San Pedro Cholula.

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Simón dice:

«El dinero es como el estiércol: no es bueno a no ser que se esparza».

Sir Francis Bacon (1561-1626) Filósofo y estadista británico.