PRI y PAN elegirán más o menos por las mismas fechas a sus candidatos a diputados al Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

Las respectivas convocatorias se conocerán por ahí del 15 de enero, y para finales de mes se sabrá quienes finalmente serán los abanderados de uno y otro partidos.

En el caso del partido tricolor, el gobernador Mario Marín Torres llevará mano en las nominaciones de las fórmulas que se registren en cada uno de los 16 distritos en que se divide la entidad poblana.

Por lo que hace al PAN, la mayor parte de las candidaturas serán decididas por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), previa consulta con algunos actores locales, entre ellos los senadores Rafael Moreno Valle Rosas y Ángel Alonso Díaz Caneja.

Si el gobernador Mario Marín logra ganar 10 o la totalidad de los 16 distritos, sus posibilidades de dejar sucesor en la persona del secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, serán mayores.

Pero si, por el contrario, perdiera más de siete distritos, lo más probable es que su margen de maniobra con miras a la elecciones locales de 2010 se acote de tal manera que lo único que le permitan sea ejercer su derecho de veto.

Para el PAN los escenarios son diferentes. Si los candidatos designados por el CEN obtienen buenos resultados, lo más seguro que el presidente Felipe Calderón Hinojosa y su operador en Acción Nacional, Germán Martínez Cázares, se empeñe en postular al senador Rafael Moreno Valle Rosas como candidato a la gubernatura de Puebla.

Pero si los candidatos designados por el CEN fracasaran en los comicios federales de julio, entonces lo más probable es que los grupos locales del PAN —entiéndase El Yunque en sus distintas ramificaciones— sean los que definan al candidato a Casa Puebla.

En tal escenario no hay que descartar la nominación del senador Moreno Valle, siempre y cuando éste pacte con la cúpula de El Yunque un gobierno de coalición y se comprometa a dejar el control del PAN a esta organización.

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Que ayer, sin que se conozcan hasta ahora las razones de fondo, dejaron de laborar en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado (SCT), Leticia Alvarado Machorro y Carolina Godinez Godibar, como coordinadora general administrativa y jefa del Departamento de Recursos Humanos, respectivamente.

Tras su remoción, despido o renuncia, se desataron en la SCT una serie de versiones y rumores sobre un inmente recorte de personal —anoche se decía que 120 empleados causarían baja—, como consecuencia de problemas administrativos en la dependencia y la necesidad de incorporar a la nómina a operadores electorales priístas.

No está de más señalar que la Coordinación General Administrativa ha sido un área conflictiva para el titular de la SCT, Valentín Meneses Rojas, pues en menos de un año ha tenido a dos coordinadores. El primero fue Horacio de la Cruz Sabás.

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La concesión parece ilegal y los costos elevados

¿Es legal la concesión otorgada a la empresa Autovías Concesionadas OHL S.A. de C.V., para que construya, opere y cobre una cuota de peaje durante 30 años en el llamado Libramiento Norte de la Ciudad de Puebla, una autopista de 34 kilómetros de Amozoc a Xoxtla que correrá en paralelo a la autopista México-Puebla?

¿Por qué dicha obra, que tendrá un costo de 2,000 mdp, se entregó bajo el título de concesión, al margen de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma?

¿Por qué la Secretaría de Comunicaciones y Transportes argumenta que la concesión del Libramiento Norte de la ciudad de Puebla no está sujeta a esta legislación, sino a la Ley General de Bienes del Estado?

¿Cómo puede el gobierno estatal concesionar un bien que no le pertenece, ni ha expropiado por causas de utilidad pública, como son los terrenos ejidales y de particulares por las que cruzará la nueva autopista?

¿Acaso la Ley General de Bienes del Estado no aplica para los bienes de dominio público en la entidad, como son los inmuebles que forman parte del patrimonio estatal municipal, o aquellos que siendo de particulares fueron adquiridos por el Estado?

¿Por qué la gestión marinista decidió, sin licitación pública nacional o internacional de por medio, asignar esa obra de manera directa a la constructora española Obrascón, Huarte y Lain (OHL) a través de su filial mexicana Autovías Concesionadas OHL S.A. de C.V.?

¿A poco OHL fue la mejor alternativa que encontraron las autoridades poblanas para hacer el Libramiento Norte de la Ciudad de Puebla?

Si así fuera, ¿alguien del gobierno estatal podría explicar la diferencia de costos que hay por kilómetro entre el Libramiento Norte, concesionado por el gobierno de Mario Marín a OHL, y el Arco Norte, licitado por el gobierno federal y asignado al Grupo Constructor Diamante y Construcciones y Puentes de Chihuahua.

¿Si ambas autopistas serán de cuatro carriles, por qué en la primera el costo por kilómetro es de casi el doble que en la segunda?

Según OHL, para los 34 kilómetros del Libramiento Norte de la Ciudad de Puebla invertirá 120 millones de euros, es decir, 1,832.4 millones de pesos, calculando un tipo de cambio de 15.27 pesos por euro.

En cambio el Arco Norte, que conectará al municipio de Atlacomulco con San Martín Texmelucan a lo largo de 221 kilómetros de longitud, costará 6,000 millones de pesos.

¿Por qué en la primera el costo por kilómetro es de 53.9 millones de pesos, y en la segunda de 27.1 millones de pesos?

Insisto: ¿De veras la concesión de esa autopista paralela a la México-Puebla, en el tramo de Xoxtla a Amozoc, fue la mejor opción que encontró el gobierno del estado para sacar adelante esa obra?

¿No habría sido mejor licitarla públicamente?

¿O es que hay gato encerrado en esta polémica concesión?

Son meras preguntas, que conste.

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Para mayor información sobre el tema, le recomiendo revise los siguientes links:

– Viola OHL la Constitución al comprar terrenos para Libramiento Norte

– Instalará OHL tres casetas de peaje en Libramiento Norte de Puebla

– Confirma Marín concesión millonaria a OHL; “es legal”

– Listo para 2008 el libramiento Arco Norte de la Ciudad de México: SCT (El mexicano)

– Listo primer tramo de autopista Arco Norte en febrero: SCT (CMIC)

– Fox Contigo del 23 de agosto de 2003. Parte II

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Un nuevo escándalo está por sacudir la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a su titular Valentín Meneses Rojas por haber nombrado como subsecretario a un compadre suyo que fue inhabilitado y sancionado –hasta en tres ocasiones diferentes– por el gobierno federal.

Se trata de José Guadalupe Castillo Méndez, quien en abril pasado asumió la Subsecretaría de Comunicaciones, en sustitución de Arturo Barbosa Prieto.

De acuerdo con el Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS), de la Secretaría de la Función Pública, el actual subsecretario de la SCT de Puebla fue funcionario de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

Y a su paso por esa dependencia federal, el Órgano Interno de Control lo sancionó en tres ocasiones por negligencia administrativa, como resultado de tres procesos diferentes en 2005.

La primera sanción fue una amonestación pública; la segunda fue su inhabilitación del servicio público, a consecuencia del expediente 084/2002, y la tercera una sanción económica por 28 mil 631 pesos.

El asunto es delicado, pues el funcionario en cuestión es ni más ni menos que el encargado de administrar y mantener en buen estado la red carretera estatal, integrada por 10 mil 800 kilómetros, tareas en la que ejerce fondos federales, del Fonden, participaciones estatales y recursos municipales a través del Programa Unidos por mi camino.

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La relación del  presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, con los representantes de algunos partidos políticos acreditados ante el organismo es cada vez más difícil.

En la mesa de trabajo de ayer, el representante del PAN no sólo volvió a cuestionar la opacidad con que se conducen el presidente del IEE y la encargada de la Dirección de Administración, sino que también exigió una explicación acerca de por qué la oficina de Jorge Sánchez rebasó los topes que se le fijaron en 2007 por concepto de telefonía celular en más de 300 por ciento.

El consejero presidente del IEE no pudo salir al paso de los cuestionamientos, pues se ausentó de la mesa de trabajo por dizque un viaje a la ciudad de México.

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Trivia

¿A qué influyente secretario del gabinete marinista no le agradó nada el nombramiento de Sonia Hidalgo como directora de Normatividad y Licencias de la SCT, en sustitución de Rocío Deyanira Méndez?

Dos tips:

El secretario en cuestión no es enemigo de Sonia Hidalgo, aunque sí es muy cercano a la ex funcionaria que fue removida, Rocío Deyanira Méndez.

Esta última no fue designada en el cargo de Normatividad y Licencias por el anterior titular de la SCT, Rómulo Arredondo Gutiérrez, sino por un secretario de mayor peso político.

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Entre los delegados federales se cruzan apuestas sobre quiénes serán removidos de sus puestos en el transcurso de las próximas semanas.

Hasta ahora, los momios se inclinan hacia el delegado del Infonavit, Felipe Mojarro; de la Profepa, Pedro Rubén Rodríguez; de Liconsa, Víctor Manuel Sobrado y de la SEP, Alfonso Vicente.

Otro que también se dice que más tarde que temprano tendrá que dejar la Delegación de la Secretaría de Economía es Miguel Ángel Mantilla.