Un dato que los estrategas del gobernador Rafael Moreno Valle y su delfín a sucederlo, José Antonio Gali Fayad, supieron aprovechar y explotar al máximo y que Blanca Alcalá Ruiz no supo contener ni desactivar, fue el altísimo nivel de rechazo de los electores poblanos hacia al PRI.

Los morenovallistas hicieron de este su principal eje de campaña de contraste, al identificar al PRI de Puebla con el ex gobernador precioso Mario Marín Torres y a éste con la candidata Blanca Alcalá.

Ésta, por su parte, fue incapaz no sólo de deslindarse y tomar distancia del repudiado ex gobernador, sino de promocionarse como una candidata de la sociedad civil o ciudadana pero cuya nominación era respaldada por un amplio abanico de organizaciones y partidos, entre ellos el PRI, el PVEM y el Partido Encuentro Social (PES).

Y ese fue su gran error.

Al asumirse como la abanderada del PRI y no de la sociedad civil organizada –harta de los excesos y caprichos del mandatario estatal saliente–, Blanca Alcalá se endosó en automático el voto de rechazo o anti-PRI que es altísimo. Y eso la ancló o nunca permitió su despegue.

De acuerdo con la encuestadora Centro de Estudios Consultivos –dirigida por Manuel Martínez Benítez–, el porcentaje de ciudadanos que en la entidad nunca votaría por el PRI supera por casi dos a 1 al porcentaje de sus simpatizantes.

Mientras el porcentaje de simpatizantes del PRI es de 16.5%, el de aquellos que nunca votarían por él en los comicios para gobernador del 5 de junio es de 31%.

Adicionalmente Blanca Alcalá cometió otro yerro. Minimizar o despreciar a los ciudadanos del estado que se identifican como independientes o como gente sin una simpatía partidista definida.

Estos representan casi el 49.6% de los potenciales votantes de la entidad, es decir, casi la mitad.

¿Por qué Blanca Alcalá y sus estrategas no se acercaron a estos ciudadanos hartos del PRI y los demás partidos políticos? ¿No que su perfil ciudadano fue uno de los principales atributos valorados por el CEN del PRI para postularla como candidata a la gubernatura de Puebla?

¿Por qué si en 2015 el PRI recurrió al PVEM para matizar o contener su voto de rechazo en los distritos urbanos de Puebla, no repitió esta misma estrategia en 2016? ¿Por qué los dirigentes y militantes del PVEM no se ven en la campaña de Blanca Alcalá? ¿No habría sido mejor que la ex presidenta municipal de Puebla se ofertara como candidata ciudadana apoyada por el PVEM y el

PES, en lugar de vestirla con el rojo PRI, partido que tiene más críticos que simpatizantes?

Son preguntas, que conste.

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Sirvan estas líneas para agradecer la solidaridad de colegas y amigos ante el extraño robo que sujetos desconocidos cometieron en mi domicilio, dañando el auto de mi hijo. En verdad aprecio mucho esas muestras de afecto, en nombre propio y de mi familia. Lamento que por exceso de trabajo no haya podido hacerlo personalmente como era mi intención.

Los hechos delictivos derivados de ese evento ya fueron denunciados ante la Fiscalía del estado, que ya mandó peritos y agentes investigadores para indagar quién o quiénes y con qué propósito se metieron a mi casa y violentaron uno de mis vehículos para únicamente llevarse dos tapones de rin.

Ojalá tales hechos no queden en la impunidad como ha ocurrido con los dos asaltos que también he sufrido en las oficinas delperiódico digital e-consulta, y en los cuales los ladrones sólo sustrajeron dos laptops, la de mi entonces directora administrativa y la personal, causando graves daños y destrozos al mobiliario.

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Gali Fayad necesita ganar por al menos 120 mil votos de diferencia 

Si bien es muy alto el riesgo de que los comicios para gobernador de Puebla se judicialicen, no sólo por el número de denuncias que se han levantado ante las instancias jurisdiccionales correspondientes y la parcialidad que han mostrado la mayoría de los consejeros del Instituto Electoral del Estado, lo cierto es que esa ruta solo prosperaría si la diferencia entre el candidato ganador y su más cercano contendiente fuese menor de cinco puntos.

De ahí el empeño de los operadores y estrategas del candidato de la coalición Sigamos Adelante, José Antonio Gali Fayad, de ganar los comicios por 10 o más puntos.

Lograrlo no será una tarea fácil pero tampoco imposible, considerando la ventaja que la mayoría de las encuestas le otorgan al candidato Gali –de la coalición formada por el PAN, Nueva Alianza (Panal), PT y los partidos estatales Pacto Social de Integración (PSI) y Compromiso por Puebla (CPP)– por encima de su contendiente del PRI, PVEM y Partido Encuentro Social (PES), Blanca Alcalá Ruiz.

Algo que sí se ve muy complicado es que Gali pueda obtener en la jornada electoral del primer domingo de junio 1.5 millones de votos; esa meta parece inalcanzable a juzgar por la participación estimada de votantes.

Si los expertos proyectan un nivel de participación del 50% sobre un universo de 4.2 millones de electores, es decir de 2.1 millones, la meta de 1.5 millones equivaldría a que casi siete de cada 10 ciudadanos que salieran a las urnas lo hiciera favor del abanderado de la coalición Sigamos Adelante.

En los comicios de hace seis años Rafael Moreno Valle ganó la gubernatura con 1 millón 111 mil 318 sufragios; la coalición que lo postuló obtuvo el 50.42% de los votos; su contrincante del PRI y el PVEM Javier López Zavala computó 883 mil 285 sufragios que representaron el 40.07% de la votación total.

Una cifra razonable a la que Gali Fayad puede aspirar con realismo fluctuaría entre 1.1 y 1.2 millones de votos, que equivaldría más o menos al 50% de la votación total.

Bajo ese contexto, Gali y sus operadores morenovallistas tendrían que ganar los comicios, si no quieren que estos se judicialicen o terminen resolviéndose en instancias judiciales, por al menos 120 mil votos y/o 5 puntos de ventaja.

Una diferencia de 10 puntos, como en la que están empeñados los operadores y estrategas morenovallistas, equivaldría a 240 mil sufragios, siempre que la participación de los electores registrados en la lista nominal fuera del 50%.

Si alguien me preguntara si tal cifra es posible, no dudaría en responder afirmativamente con base en los cómputos de anteriores comicios para gobernador.

En 1998, Melquiades Morales Flores sacó 354 mil 135 votos más que su contendiente del PAN, Ana Teresa Aranda. La diferencia entre uno y otro fue de casi 22 puntos.

Seis años después, en 2004 el priísta Mario Marín Torres derrotó al panista Francisco Fraile García por 244 mil sufragios, con una diferencia de 13 puntos porcentuales.

Y en 2010 Rafael Moreno Valle venció a Javier López Zavala por 228 mil 285 sufragios y 10 puntos de diferencia.

¿Podrá Gali Fayad evitar la judicialización de los comicios de Puebla derrotando a su contendiente del PRI por 120 o 240 mil votos de diferencia?

Se aceptan apuestas.

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Ahora los dos tienen en la cloaca a sus familias

Los estrategas de Gali no han sabido administrar su ventaja

La contienda por la gubernatura de Puebla ha entrado en un callejón sin salida, en una cloaca que Blanca Alcalá Ruiz y José Antonio Gali Fayad quisieron evitar para no exponer a sus familias, pero en la que hoy están metidos como consecuencia de las campañas negras lanzadas por sus estrategas y operadores electorales.

Uno y otro se culpan de lanzar la primera piedra, pero lo cierto es que el detonante de estas mutuas acusaciones de enriquecimiento ilícito, acumulación de bienes no declarados, corrupción y simulación, fueron las supuestas “investigaciones periodísticas” en torno a la gasolinería de Blanca Alcalá y la constructora de la que es socia mayoritaria, dueña de edificios, casas y terrenos que no figuran en la declaración 3 de 3 que presentó al arrancar su campaña.

El revire de estos ataques se dio el miércoles y jueves en La Jornada y el viernes en Reforma con notas carentes de rigor periodístico sobre los restaurantes y bares de Gali Fayad y sus hijos, y el notable crecimiento de su fortuna a raíz de su nombramiento como secretario de Infraestructura del gobernador Rafael Moreno Valle.

La acción emprendida este domingo por Blanca Alcalá en la que —además de salir al paso de las acusaciones que hasta ahora le han lanzado y otras que, según ella, están por venir en contra de su esposo, madre y hermanos— emplaza a su contrincante de la coalición Sigamos Adelante a presentar su declaración 3 de 3 sin escudarse en declaraciones patrimoniales anteriores, a abrir las puertas de sus casas para que se contrasten las formas de vivir de uno y otro, y a someterse a la prueba del antidoping incluyendo a los integrantes de su núcleo familiar, sin duda cambiará el curso de la contienda en las cinco semanas que faltan para los comicios.

De entrada por que ahora José Antonio Gali tendrá que aclarar —ante los abiertos señalamientos de su contendiente de poseer departamentos en Miami y Acapulco, casas en el Centro Histórico y penthouse a nombre de sus hijos en los fraccionamientos Palmas y La Vista, y un jet privado, así como restaurantes, antros, centros y plazas comerciales— que su patrimonio personal y familiar es bien habido.

Lo ideal habría sido que Blanca Alcalá mostrará las pruebas de sus dichos sobre la riqueza patrimonial de la familia Gali López o que en la conferencia de prensa ella misma aceptara responder las dudas que existen en torno a su gasolinería y constructora.

Si uno y otro de veras están comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas, es necesario que lo demuestren abriéndose a los propios medios para que aclaren o justifiquen sus supuestas e inexplicables fortunas.

No se vale tirar la piedra y esconder la mano o que todas las denuncias de corrupción o de enriquecimiento ilícito se queden en el plano mediático o como anécdotas de campaña electoral.

Si el candidato de la coalición Sigamos Adelante quiere ganar los comicios del 5 de junio y no perder la ventaja que distintas encuestadoras le dan, no puede evadir el reto lanzado por su adversaria, y al que seguramente se sumarán otros candidatos y candidatas a la gubernatura de aquí al 12 de mayo en que se llevará cabo el debate organizado por el Instituto Electoral del Estado.

Si Alcalá quiere mantener su imagen de política blanca y honesta también debe explicar lo que hasta ahora no ha querido explicar de manera abierta y franca.

Personalmente creo que los estrategas de Gali se equivocaron. En lugar de administrar la ventaja que ya tenían, se dedicaron a dañar la imagen y reputación pública de la abanderada del PRI, sin reparar que ésta se crecería ante la adversidad o que aparato federal saldría en su rescate.

El problema es que las consecuencias no las pagan ellos, sino el propio Gali que a estas alturas ya debería entender que personajes como el senador Javier Lozano Alarcón; el delegado del CEN del PAN, Marcelo García Almaguer; y su nuevo coordinador electoral, el ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés, no sólo le restan sino que lo meten en conflictos y en campañas de guerra sucia que nunca ha querido emprender.

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Mediación, cultura de la paz. Medio alternativo de administración de justicia, es el título del más reciente libro del licenciado Guillermo Pacheco Pulido, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla.

Bajo el sello de Editorial Porrúa, el libro de Pacheco Pulido plantea la medición como una de las formas modernas del derecho y un mecanismo alternativo ágil y expedito para administrar justicia.

La mediación es definida como un procedimiento en el cual dos o más personas que tienen un problema en común, solicitan el apoyo de un tercero que facilita la comunicación entre ellos, para que de manera pacífica y equitativa lleguen a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

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Este viernes se constituirá el Capítulo Puebla de la Barra Mexicana de Colegios de Abogados, en cuyo Comité Directivo participan Tirso Javier de la Torre Sánchez, Raúl Hernández Argüelles y José Antonio Bretón Betanzos como presidente, vicepresidente y secretario, respectivamente.

La toma de protesta se llevará a cabo a las 17:30 horas en el Paraninfo del edificio Carolino de la BUAP ante la presencia del presidente nacional de la BMA, Ricardo Ríos Ferrer; la comisionada del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IFAI), Patricia Kurczyn Villalobos, quien tendrá a su cargo la conferencia magistral; y el titular de la Secretaria General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano.

En el Comité Directivo del Capítulo Puebla de la BMA participan también Roberto Reyes Aguilar como tesorero; Mauricio Campos Ortiz, Jesús González SanPedro, Reynaldo Lazcano Fernández, José Antonio Pérez Bravo Nani, Lorena Ramírez Jiménez y Fernando Treviño Núñez, como vocales.

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Cuentan que el apoyo que el dirigente de la FROC, René Sánchez Juárez, brinda al candidato a la gubernatura de la coalición Sigamos Adelante, José Antonio Gali Fayad, no es del todo desinteresado.

Se sabe que antes de comprometer su respaldo a Gali Fayad, René Sánchez tuvo acercamientos con la candidata del PRI Blanca Alcalá Ruiz pero que en ellos no llego a ningún acuerdo concreto.

Fue entonces que a las negociaciones se sumó el gobernador Rafael Moreno Valle, quien para asegurar la adhesión de la FROC ofreció a su dirigente hacerlo candidato a diputado local en 2018 y algunas posiciones para miembros de su organización sindical en la estructura de gobierno.

Para medir la operación política de René Sánchez y la FROC, y evitar simulaciones durante la jornada electoral, el gobernador les asignó algunas tareas en municipios y distritos concretos a través de las siglas del partido estatal Compromiso por Puebla.

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Aunque este lunes se hizo oficial, lo cierto es que la intención de expulsar de las filas del Partido de la Revolución Democrática a un grupo de morenovallistas viene de tiempo atrás y que en la lista negra figuran tres personajes claves del actual grupo gobernante: Jorge Benito Cruz Bermúdez, Luis Maldonado Venegas y Carlos Martínez Amador.

Jorge Benito Cruz es director del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) y vicepresidente de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del partido del sol azteca; Luis Maldonado es consejero nacional del PRD, diputado federal y presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; y Carlos Martínez, diputado local, consejero estatal y coordinador del grupo parlamentario de este instituto en el Congreso del estado.

De acuerdo con fuentes confiables, la expulsión de estos y otros perredistas morenovallistas que primero forzaron la alianza con el PAN y últimamente tratan de confundir a los electores de la entidad, haciéndose presentes en los mítines y eventos del candidato de la coalición Sigamos adelante, José Antonio Gali Fayad, con banderas amarillas que llevan impreso el emblema del sol azteca, es impulsada por algunos miembros de la dirigencia nacional del PRD.

Los enterados aseguran que la expulsión de Luis Maldonado podría costarle también la presidencia de la influyente Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, posición que en el reparto de cuotas partidistas y comisiones parlamentarias corresponde al PRD.

Por lo pronto el caso de las expulsiones de los perredistas de Puebla que hacen alianza contra sí mismos, apoyando al candidato panista del gobernador Rafael Moreno Valle, ya está en manos de la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, que en términos del artículo 7 del Reglamento de Disciplina Interna es competente para sancionar a los militantes y dirigentes que incurran en faltas éticas, dañen la imagen del partido, atenten contra sus principios y los lineamientos de sus órganos de dirección, o apoyen a los candidatos de otros partidos o coaliciones.

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Un personaje de la burbuja morenovallista que no ha dado los resultados esperados como abogado electoral, a juzgar por los reveses que se ha llevado el Instituto Electoral del Estado (IEE) y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) es el diputado federal Juan Pablo Piña Kurczyn.

El ex jefe de oficina del gobernador Rafael Moreno Valle y ex secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública ha echado mano de la asesoría y consejos del ex presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, pero por lo visto éstos de poco o nada han servido en los casos de la fallida alianza del PRD con el PAN, y la controvertida candidatura ciudadana de Ana Teresa Aranda.

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Un asunto cada vez más preocupante en algunas regiones de la entidad, como la Sierra Norte y Nororiental, la Mixteca y el llamado Triángulo Rojo que comprende municipios ubicados a escasos kilómetros de la capital, son las amenazas directas a reporteros que laboran en regiones de la entidad que parecen dominadas o controladas por la delincuencia organizada, en las que los secuestros, las ejecuciones y otros delitos vinculados con el robo de combustible a ductos de Pemex son la constante.

Lo que está ocurriendo en Puebla es lo que sucedió en estados como Veracruz o Tamaulipas con la llegada de los zetas.

El asunto es más delicado de lo que parece, pues se están creando zonas de silencio por el miedo de los periodistas a informar de estos delitos y crímenes, porque éstos han optado por abandonar sus hogares para trasladarse a otras ciudades, y por la omisión de las autoridades que a sabiendas de lo que pasa se hacen como el Tío Lolo para combatir a estas bandas de la delincuencia organizada.

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Ana Teresa Aranda, puede ser peor para Gali que sin candidatura

La plataforma electoral o visión de Estado que Blanca Alcalá Ruiz presentó, al tercer día de iniciada su campaña a la gubernatura de Puebla, está muy descafeinada. En ella no hay compromisos que impliquen una transformación de fondo respecto a la actual administración en temas medulares.

En el cuadernillo que repartió se registran cifras y gráficos de algunos indicadores sobre la posición que ocupa la entidad en pobreza, desigualdad, seguridad pública y endeudamiento, pero pocas propuestas que apunten hacia un cambio de fondo.

Blanca Alcalá dice en este documento que revisará y vigilará los contratos de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), de Asociaciones Público Privadas (APP), de Fideicomisos privados y las concesiones hechas a favor de Agua de Puebla y otras empresas que operan el programa de Fotomultas y los Verificentros, pero en ninguna parte se compromete a cancelarlos o revertirlos.

Lo más que propone es crear una Comisión de la Verdad «encargada de transparentar y vigilar la utilización y destino de recursos públicos relacionados con proyectos de prestación de servicios, fideicomisos, concesiones y toda aquella obra que supere un monto establecido».

Ofrece un gobierno transparente y fomentar la autonomía de la Comisión para el Acceso de Información Pública (CAIP), pero no la remoción de sus actuales comisionados que han convertido a este órgano garante de la rendición de cuentas un ente oscuro y cómplice del Ejecutivo.

La insustancial plataforma de Blanca Alcalá se extiende a otros sectores. Sobre el Metrobús, su planteamiento se reduce a «adoptar acciones urgentes para fortalecer y eficientar el sistema de transporte RUTA«. Jamás dice que va a revisar la concesión u obligar a sus concesionarios a mejorar el servicio o incrementar el número de unidades de las rutas 1 y 2 y de sus troncales.

En materia de derechos humanos, la abanderada a la gubernatura del PRI, PVEM y PES se limita a prometer que revisará la situación jurídica de algunos detenidos por sus expresiones ideológicas o políticas, pero nada dice sobre la actuación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla o su ominoso silencio frente casos como los de Chalchihuapan y las detenciones de activistas y opositores al Parque Intermunicipal de Cholula, a la construcción del gasoducto Morelos o el retiro de los jueces del Registro Civil de las Juntas Auxiliares.

Uno de los pocos puntos donde Blanca Alcalá sí es contundente, es su propuesta de emitir una alerta de género para abatir los crecientes índices de violencia en contra de las mujeres y el aumento en el número de feminicidios.

Para ser candidata de oposición, la visión de Estado de Blanca Alcalá no entusiasma ni polariza a los votantes, pues se queda en planteamientos generales y descafeinados que no contrastan con las políticas y acciones de Moreno Valle en lo que va de su sexenio.

A los electores les dice más la oferta del candidato de la coalición morenovallista José Antonio Gali de bajar 10% los salarios de la alta burocracia estatal, que la insulsa propuesta de la abanderada priísta de «garantizar el ejercicio del gasto de manera responsable mediante una política de racionalidad y aplicación eficaz de los recursos públicos».

EN CORTO

Aunque Ana Teresa Aranda dará todavía una última batalla para ser reconocida como candidata independiente a la gubernatura de Puebla y poder aparecer en las boletas de los comicios del 5 de junio, puedo anticiparle que con registro o sin registro la ex panista será protagonista en el proceso electoral en marcha.

Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le admite su juicio y falla su favor –el martes o miércoles entrante–, dé por hecho que Ana Teresa Aranda hará una intensa campaña que estará enfocada en criticar la gestión del gobernador Rafael Moreno Valle, pero si no lo más probable es que se convierta en una sombra incómoda de José Antonio Gali Fayad.

En otras palabras: Ana Teresa Aranda ya no buscaría quién se la hizo (dejarla sin el anhelado registro como candidata independiente), sino quién se la pague.

Y aunque los mejores años de la señora Aranda Orozco ya pasaron, creo que como activista y opositora aún puede resultar bastante molesta para Gali Fayad y los partidos y dirigentes partidistas que apoyan su candidatura bajo la coalición Sigamos Adelante.

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Será el próximo viernes 29 de abril cuando de 9 a 14 horas desfilen por el Centro de Vinculación UPAEP los cuatro candidatos a la gubernatura de Puebla.

Cada uno de los abanderados dispondrá de una hora para exponer ante los integrantes del Consorcio Universitario conformado por las seis principales instituciones privadas de educación superior los siguientes puntos:

1. Justicia y Estado de Derecho.

2. Transparencia y Rendición de Cuentas.

3. Educación para Todos.

4. Desarrollo Económico y Combate a la Pobreza.

5. Medio Ambiente y Sustentabilidad.

El orden en que comparecerán ante los candidatos se definirá mañana lunes.

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Los Morales con Tony Gali

Jesús Morales Rodríguez solicitó anoche una licencia sin goce de sueldo para separarse temporalmente de la Dirección de Protección Civil del estado, ya que será el responsable de hacer ganar a José Antonio Gali Fayad en el distrito de Tepeaca.

El funcionario morenovallista es hijo de Jesús Morales Flores, quien en la anterior Legislatura fue diputado federal justamente por la demarcación de Tepeaca.

Morales Rodríguez es primo de Fernando Morales Martínez, subsecretario de Desarrollo Político y Participación Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno del estado, quien también está apoyando la campaña de Gali Fayad en la región de Ciudad Serdán, cuna de su papá el ex gobernador de Puebla, Melquiades Morales Flores.

Su nombramiento resulta controversial no sólo por tratarse de un sobrino del ex gobernador Melquiades Morales, sino porque su papá Jesús Morales trató de ser candidato del PRI a la gubernatura de Puebla antes de que Blanca Alcalá Ruiz fuera oficialmente nominada.

En esta contienda política será interesante ver cómo se desenvuelven Jesús Morales Rodríguez y Fernando Morales Martínez como operadores electorales, sino analizar qué tanto estos aprovechan las relaciones y contactos de sus padres priístas a favor de la campaña de Gali Fayad.

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Alberto Jiménez Merino renunció a la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para incorporarse al equipo de campaña de la candidata del PRI a la gubernatura, Blanca Alcalá Ruiz.

Jiménez Merino será nombrado coordinador de campaña alterna, es decir, será el encargado de recorrer todo el estado, de norte a sur y de oriente a poniente, haciendo tareas de proselitismo pero sin la presencia de la candidata.

La intención de Blanca Alcalá es aprovechar el capital político de quien fuera su contendiente en el proceso interno del PRI, para que visite y haga proselitismo en aquellos municipios y comunidades que por falta de tiempo no le dará tiempo de recorrer en los 60 días que durará la campaña a la gubernatura.

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A propósito.

Me confirman que el diputado federal Alejandro Armenta Mier se mantendrá como coordinador general de campaña de Blanca Alcalá y que Edgar Chumacero Hernández seguirá como jefe de oficina de la candidata del PRI, PVEM y PES a la gubernatura de Puebla.

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Como ya se adelantó en otros medios, Iván Mercado fue relevado de la Dirección de Noticias y la conducción del noticiario estelar de organización Radio Oro, en medio de fuertes diferencias con los directivos de la empresa radiofónica.

El periodista Fernando Alberto Crisanto Campos es el nuevo director de Noticias de las estaciones de los Grajales, Radyo Oro y Ciudad W, que ocupan el 94.9 del cuadrante de FM y el 1170 de AM, respectivamente.

A partir del lunes entrante, el noticiario matutino estelar de organización Radio Oro volverá a transmitirse en combo por FM y AM. Fernando Alberto Crisanto será el conductor titular y estará acompañado por Vicky Fuentes y Gabriel Alatriste, quienes estaban a cargo de otros programas de noticias. La primera tenía el noticiario vespertino por FM y el segundo un noticiario matutino por AM.

Suerte a los tres.

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Tómelo con reserva pero es muy probable que entre este viernes y el próximo lunes el gobernador Rafael Moreno Valle se haga oficialmente de los servicios de un connotado priísta, que mucho podría ayudarle en la actual contienda electoral por sus vastos conocimientos en la materia y las decenas de operadores que formó durante su larga trayectoria en el tricolor.

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Trivia:

¿Qué político panista fue visitado el jueves pasado por los amigos de lo ajeno en su domicilio del fraccionamiento El Ensueño de San Martinito?

He aquí algunos tips:

Es uno de los pocos panistas que laboraba en un puesto de primer nivel en el Ayuntamiento de Puebla, y para el cual solicitó una licencia para sumarse al equipo de campaña del candidato a la gubernatura de la coalición Sigamos Adelante, José Antonio Gali Fayad.

Tras el robo los vecinos del fraccionamiento se organizaron y a través su mesa directiva convocaron anoche al fiscal general del estado,Víctor Antonio Carrancá, a una reunión de trabajo, pues ese no es el primer hurto cuantioso que se registra en El Ensueño.

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Los anuncios hechos por el gobernador Rafael Moreno Valle en el noticiario de Javier López Díaz sobre condonaciones y descuentos a los contribuyentes con adeudos de agua potable o fotomultas, no son ajenos a la coyuntura electoral y al riesgo que enfrenta el morenovallismo de perder los comicios del primer domingo de junio.

¿O usted cree que si no hubiera comicios la administración estatal estaría tan preocupada en la economía de las familias de menos recursos regalándoles tinacos azules, kits de maternidad, útiles y uniformes escolares, entradas gratuitas a los museos, recorridos turísticos y escrituras gratis, o estaría condonando multas a los usuarios del agua potable y a los automovilistas que no pueden hacer el control vehicular por las fotomultas que adeudan?

Los anuncios del mandatario estatal no sólo tienen un inocultable tinte electorero que busca matizar el descontento social que existe, sino que ponen en evidencia la discrecionalidad en la toma de decisiones y la inutilidad del Congreso local como contrapeso político del Ejecutivo poblano.

¿Cómo entender que la repentina preocupación que hoy tiene el gobernador por la mermada economía de las familias poblanas, no haya sido compartida en diciembre de 2015 por los legisladores de su partido y demás aliados morenovallistas al momento de aprobar las tarifas de agua potable en el Congreso del estado?

¿Por qué hace poco más de tres meses, cuando el Poder Legislativo local aprobó el esquema tarifario que aplicaría la concesionaria de los servicios del Soapap, Agua de Puebla, no existía esta preocupación consecuencia de los recortes presupuestales, la caída en los precios internacionales del petróleo y la depreciación del peso mexicano frente a otras monedas?

¿Por qué hasta ahora la empresa responsable del programa Monitor Vial, Autotraffic, condonará la primera multa por exceso de velocidad y hará descuentos por las multas posteriores?

Si la administración estatal fue capaz de prever una sensible baja en las participaciones federales, anticipándose con recortes de personal, la fusión de dependencias y la eliminación de fideicomisos, ¿por qué no pensó también en reactivar la economía local privilegiando a las empresas de Puebla mediante estímulos fiscales o de otro tipo, siempre que generaran nuevos empleos o reinvirtieran sus utilidades en proyectos productivos?

¿O en cancelar bonos y sobresueldos a la alta burocracia estatal, en no pagar sobreprecios en las obras asignadas a las constructoras de los hermanos García Ojeda o de Andrea Ambrogi, en no destinar recursos públicos para financiar medios y plumas cómodas, o en apuntalar estructuras y proyectos políticos de cara al 2018?

En fin… mientras tanto hay que bendecir los comicios y aprovechar los descuentos de temporada electoral.

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Si el gobierno del estado no ha dudado en echar mano de las dependencias y organismos públicos para usarlos como plataforma de aspiraciones políticas o para dar cobijo a sus operadores electorales, en el gobierno federal menos.

Sólo hay que revisar los últimos nombramientos de delegados federales para darse cuenta que a estas posiciones gubernamentales no está llegando gente especializada, con experiencia o un alto perfil profesional, sino distinguidos militantes o medianamente distinguidos del PRI.

La lógica de estas designaciones poco o nada tiene que ver con la eficiencia, la especialización o el servicio civil de carrera. Son nombramientos que obedecen a un esquema de pago de facturas políticas o a un mecanismo de compensación.

No fuiste elegido candidato pero ya te abrimos un espacio en tal delegación o acomodamos a tu gente en aquella otra. Tuviste que dejar la presidencia del CDE del PRI, para que Blanca Alcalá Ruiz pudiera tener el control del partido, pero ya te reubicamos en la Delegación de la Secretaría de Gobernación federal.

La intención del PRI de usar las delegaciones del gobierno federal para apaciguar a los aspirantes que no fueron favorecidos con la nominación, evitar que éstos se pasen al bando contrario o se conviertan en críticos sistemáticos de la abanderada priísta a la minigubernatura de Puebla, podría resultar más dañina que benéfica para su causa.

Si las delegaciones se iban a usar como recompensa, Blanca Alcalá debió pugnar porque estas se entregarán después de los comicios del 5 de junio, y no antes.

Es decir, como premio a los priístas que habiendo sido sus rivales en la contienda interna se mantuvieron leales al PRI, la apoyaron a ganar la gubernatura en ciertas regiones o distritos o se sumaron a su campaña sin dobleces ni simulaciones.

¿O qué garantía tiene Blanca Alcalá de que Enrique Doger no le jugará las contras desde la Delegación del IMSS, o que López Zavala la apoyará con su estructura sólo porque Santiago Bárcena Álvarez fue designado delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, o que Ana Isabel Allende Cano que no simpatizaba con sus aspiraciones ahora lo hará sólo porque fue nombrada delegada de la Segob?

Si así lo está valorando el CEN del PRI, la Secretaría de Gobernación federal o la propia candidata Blanca Alcalá, creo que se están viendo muy ingenuos, que no conocen la naturaleza de los priístas poblanos, ni los alcances y habilidades de cooptación del gobernador Rafael Moreno Valle y algunos de sus operadores políticos.

Y si no, al tiempo.

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Mucho dinero invertido y tirado en la fallida alianza PAN-PRD

Aurora Aguilar, operadora de tiempo completo de RMV

La designación de Roxana Luna Porquillo como candidata del PRD a la gubernatura de Puebla, no sólo es una derrota para el morenovallismo y un descalabro para el candidato de la coalición Sigamos adelante, José Antonio Gali Fayad, sino la confirmación de que el dinero ayuda a sumar voluntades, pero a veces es insuficiente para cooptar a críticos y detractores.

En términos de inversión electoral, los recursos destinados por el grupo en el poder para sumar al PRD a una alianza con el PAN, y luego para que el partido del sol azteca se abstuviera de postular candidato o para que en todo caso el nominado fuera un títere del morenovallismo como el ex regidor Arturo Loyola González o el diputado Julián Rendón Tapia, fueron enormes y no sirvieron para nada.

Al final el PRD no sólo rechazó la coalición con el PAN, sino que designó como candidata a la minigubernatura a la principal crítica del gobernador Moreno Valle, desde que éste ordenó encarcelar a los mototaxistas que se rehusaron a entregar los permisos que les vendieron en la pasada administración estatal y retirar el registro civil a los presidentes de las juntas auxiliares, lo que más tarde provocaría el desalojo violento de Chalchihuapan y la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo.

Lo más probable es que todavía esta semana los operadores del mandatario estatal al seno del PRD traten de impugnar la candidatura de la ex diputada federal y dirigente del movimiento Los de abajo con el prurito de que su nombramiento no cumplió a cabalidad con la resolución que el jueves pasado dictó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Sin embargo, lo más seguro es que vuelvan a toparse con pared y quedar en ridículo, pues aunque Agustín Basave Benítez no estuvo en la sesión del viernes, él ya firmó el acuerdo donde el CEN del PRD da cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del TEPJF derivada del juicio SUP/JDC/570/2016 y acumulados.

Dicha sesión será motivo de cuestionamientos, pues la designación de Roxana Luna sólo fue votada por 12 de los 25 miembros presentes del CEN del PRD, ya que varios secretarios se ausentaron, entre ellos la secretaria general Beatriz Mojica Morga, para tratar de impedir el nombramiento de aquélla como candidata a la gubernatura de Puebla.

Ese viernes estaban presentes otros secretarios identificados con Nueva Izquierda o Los Chuchos y también dos de los aspirantes que apoyaban a la gubernatura de Puebla —Julián Rendón y Miguel Ángel de la Rosa Esparza—, pero no quisieron hacerse presentes en la sesión.

Su objetivo —cada vez más remoto— es evitar que el PRD postule candidato a la gubernatura de Puebla o que Roxana Luna no se registre como tal ante el Instituto Electoral del Estado (IEE).

EN CORTO

La ex diputada federal Aurora Aguilar Rodríguez renunció hace unos días a la Dirección Administrativa y Recursos Materiales del Tribunal Fiscal de la Federación para convertirse en una de las principales operadoras electorales del gobernador Rafael Moreno Valle en la región de San Martín Texmelucan.

Se sabe que en ese distrito el gobernador Moreno Valle tenía como operadores a Rubén Garrido Muñoz y Víctor León Castañeda, pero que estos en lugar de trabajar y promover a José Antonio Gali Fayad como candidato a la gubernatura estaban llevando agua a su molino con miras a las elecciones del 2018.

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Este lunes en la Feria Nacional del Libro del Complejo Cultural Universitario de la BUAP se presenta el último libro de Xavier Gutiérrez Téllez “Dichos y refranes disfrazados”, en el que el autor ilustra —con dibujos y cartones humorísticos suyos­— y modifica con un lenguaje más actualizado o a veces más barroco cerca de 200 máximas de sabiduría popular.

La presentación tendrá lugar en el auditorio del CCU de la BUAP en punto de las 17 horas y estará a cargo de su autor, con comentarios del periodista Ociel Mora, el historiador Alfonso Yáñez Delgado y el lingüista Víctor Bacre Parra.

El libro de Xavier Gutiérrez puede adquirirse en las librerías de la BUAP y en el puesto de periódicos de Doña Mago, en contraesquina del Salón de Protocolos de Palacio de Gobierno.

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