De expulsiones partidistas, asesorías fallidas y periodistas amenazados
Aunque este lunes se hizo oficial, lo cierto es que la intención de expulsar de las filas del Partido de la Revolución Democrática a un grupo de morenovallistas viene de tiempo atrás y que en la lista negra figuran tres personajes claves del actual grupo gobernante: Jorge Benito Cruz Bermúdez, Luis Maldonado Venegas y Carlos Martínez Amador.
Jorge Benito Cruz es director del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) y vicepresidente de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del partido del sol azteca; Luis Maldonado es consejero nacional del PRD, diputado federal y presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; y Carlos Martínez, diputado local, consejero estatal y coordinador del grupo parlamentario de este instituto en el Congreso del estado.
De acuerdo con fuentes confiables, la expulsión de estos y otros perredistas morenovallistas que primero forzaron la alianza con el PAN y últimamente tratan de confundir a los electores de la entidad, haciéndose presentes en los mítines y eventos del candidato de la coalición Sigamos adelante, José Antonio Gali Fayad, con banderas amarillas que llevan impreso el emblema del sol azteca, es impulsada por algunos miembros de la dirigencia nacional del PRD.
Los enterados aseguran que la expulsión de Luis Maldonado podría costarle también la presidencia de la influyente Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, posición que en el reparto de cuotas partidistas y comisiones parlamentarias corresponde al PRD.
Por lo pronto el caso de las expulsiones de los perredistas de Puebla que hacen alianza contra sí mismos, apoyando al candidato panista del gobernador Rafael Moreno Valle, ya está en manos de la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, que en términos del artículo 7 del Reglamento de Disciplina Interna es competente para sancionar a los militantes y dirigentes que incurran en faltas éticas, dañen la imagen del partido, atenten contra sus principios y los lineamientos de sus órganos de dirección, o apoyen a los candidatos de otros partidos o coaliciones.
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Un personaje de la burbuja morenovallista que no ha dado los resultados esperados como abogado electoral, a juzgar por los reveses que se ha llevado el Instituto Electoral del Estado (IEE) y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) es el diputado federal Juan Pablo Piña Kurczyn.
El ex jefe de oficina del gobernador Rafael Moreno Valle y ex secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública ha echado mano de la asesoría y consejos del ex presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, pero por lo visto éstos de poco o nada han servido en los casos de la fallida alianza del PRD con el PAN, y la controvertida candidatura ciudadana de Ana Teresa Aranda.
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Un asunto cada vez más preocupante en algunas regiones de la entidad, como la Sierra Norte y Nororiental, la Mixteca y el llamado Triángulo Rojo que comprende municipios ubicados a escasos kilómetros de la capital, son las amenazas directas a reporteros que laboran en regiones de la entidad que parecen dominadas o controladas por la delincuencia organizada, en las que los secuestros, las ejecuciones y otros delitos vinculados con el robo de combustible a ductos de Pemex son la constante.
Lo que está ocurriendo en Puebla es lo que sucedió en estados como Veracruz o Tamaulipas con la llegada de los zetas.
El asunto es más delicado de lo que parece, pues se están creando zonas de silencio por el miedo de los periodistas a informar de estos delitos y crímenes, porque éstos han optado por abandonar sus hogares para trasladarse a otras ciudades, y por la omisión de las autoridades que a sabiendas de lo que pasa se hacen como el Tío Lolo para combatir a estas bandas de la delincuencia organizada.
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