LA CORTE DE LOS MILAGROS

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Todo en familia

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Elías Abaid Kuri, el yerno del presidente municipal de Puebla, pero que venía desempeñándose como secretario técnico del programa Bansefi-Refin, es ahora la avanzada política de su tío político, Jorge Estefan Chidiac, en el distrito 14 de Izúcar de Matamoros, donde éste fue postulado por el PRI como candidato a diputado federal.

Quien también forma parte del equipo de Estefan Chidiac en campaña es Margarita Jiménez Urraca, socia y directora de Grupo Consultores, quien lleva la estrategia general de campaña, mercadotecnia y promoción territorial y diseño.

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La reingeniería gubernamental y los recortes al gasto público también alcanzarán al Instituto Electoral del Estado que en el mes de marzo deberá despedir al 30 por ciento de su plantilla de personal.

Actualmente en el IEE laboran 112 personas, incluidos los consejeros, el secretario técnico y los directores de área del organismo; más 18 trabajadores eventuales.

Ojalá y los recortes comiencen con el consejero presidente Armando Guerrero Ramírez quien tiene para su exclusivo servicio una coordinadora, una secretaria particular, un chofer y un analista, y no con el personal del Servicio Profesional Electoral.

En descargo de Armando Guerrero hay que decir que el anterior consejero presidente del Instituto, Jorge Sánchez Morales, duplicaba esa plantilla de personal

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Eduardo Rivera Pérez: destierro o cuentas públicas

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Desfase y discrecionalidad en la aprobación de cuentas

Dos distritos podría obtener el PVEM en Puebla

 

El más claro ejemplo de cómo en la Auditoria Superior del Estado (ASE) y en la Comisión Inspectora del Congreso local las cuentas públicas de los sujetos obligados se aprueban o se congelan por motivos políticos es el ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez.

Al ex munícipe capitalino se le advirtió que sus cuentas públicas no se aprobarían, mientras siguiera viviendo en Puebla.

Y la advertencia se ha cumplido. A más de diez meses de haber concluido su gestión, aún están pendientes de aprobación en el Poder Legislativo las cuentas de segundo y tercer año de gestión, correspondientes a los ejercicios de 2012 y 2013, así como la de los primeros 45 días de 2014.

En la historia del Congreso local, lo común era que las cuentas del Ejecutivo del estado, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y del presidente municipal de Puebla se aprobaran por lo regular en las mismas fechas y, a veces, hasta en la misma sesión.

Sin embargo, esta situación se modificó en la administración morenovallista, debido a que la revisión y aprobación de las cuentas públicas es totalmente discrecional.

Las cuentas públicas del Ejecutivo del estado de los años 2011,  2012 y 2013 se han aprobado sin demora durante el mes de julio del año siguiente; las del rector de la BUAP, que antes del morenovallismo también se autorizaban en julio del año posterior, ahora se aprueban a los dos años.

La cuenta del rector Enrique Agüera Ibáñez del ejercicio 2010 se aprobó en julio de 2012; la del ejercicio del 2011, en julio de 2013; y la del ejercicio de 2012, hasta julio de 2014.

Por lo que hace a las cuentas de los presidentes municipales de Puebla estas siempre se autorizaban al año siguiente, con excepción de las del panista Luis Eduardo Paredes Moctezuma, que fueron motivo de observaciones, pliegos de cargos, sanciones y procesos administrativos de determinación de responsabilidades. 

Sin embargo, en la actual administración estatal los tiempos de aprobación se han desfasado. Las primeras dos cuentas de la presidenta municipal Blanca Alcalá correspondientes a 2008 y 2009 se aprobaron un año después. El problema vino con la tercera, del año 2010, y con la cuarta que corresponde a los primeros 45 días del 2011, las cuales fueron revisadas por diputados  de la primera Legislatura morenovallista, la LVIII.

Ambas finalmente se autorizaron, una en diciembre 2012  y la otra en julio de 2013, es decir, dos años después.

Con la cuenta del primer año en funciones de Eduardo Rivera Pérez, correspondiente al ejercicio fiscal 2011, ocurrió lo mismo: Se aprobó dos años después en julio de 2013.

Pero con la del segundo y tercer año, y la cuarta de los primeros 45 días del 2014, lo más probable es que los tiempos sigan alargándose sin ninguna explicación razonable o convincente.

Y es que el jueves pasado la LIX Legislatura del Congreso local aprobó, en su última sesión del año, 22 cuentas públicas, entre ellas las de algunos personajes controvertidos por los escándalos de delincuencia organizada y corrupción en que estuvieron envueltas sus gestiones, como el ex presidente municipal de Atlixco Eleazar Pérez Sánchez, y el ex presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, pero ninguna de las pendientes del ex alcalde capitalino Eduardo Rivera.

El asunto es a todas luces irregular, no sólo por el desfase de tres años, si es que finalmente se aprueban en 2015,  sino porque no existen motivos jurídicos, administrativos o financieros —como pliegos de observaciones o de cargos— para que sus cuentas continúen congeladas en la Auditoría Superior del Estado o sin dictaminar en la Comisión Inspectora que preside la ex contralora morenovallista Irma Patricia Leal Islas

La única razón es de orden político-partidista. A Eduardo Rivera le dijeron que no le querían ver en Puebla, ni metido en asuntos electorales y menos como aspirante a la minigubernatura, y que sus cuentas públicas se aprobarían una vez que se fuera a vivir fuera de Puebla en lo que resta del sexenio.

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EN CORTO

Dos son los distritos que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) negocia con el PRI en el estado de Puebla rumbo a las elecciones federales del año entrante. Uno es el 13 con cabecera en Atlixco, donde los dirigentes del partido del tucán impulsan la nominación de Elieser Popócatl Castillo, y el otro es el 15 con cabecera en Tehuacán, donde la favorita es la actual diputada local Geraldine González Cervantes.

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La semana pasada fue obligado a renunciar uno de los pocos empleados del Instituto Electoral del Estado pertenecientes al Servicio Electoral Profesional: Celso Juárez Bautista, quien se desempeñaba como director de Capacitación y Educación Cívica.

Para que renunciara y su plaza fuera ocupada por otro empleado del IEE, que goza de los afectos de la directora del área, Celso Juárez comenzó a ser hostigado laboralmente, dizque porque no hacía bien las cosas, luego le aventaron a la Contraloría Interna para que lo auditara y finalmente le suspendieron el pago de su sueldo con la amenaza de que no cobraría aguinaldo.

Celso Juárez entendió el mensaje y presentó su renuncia, y por arte de magia el hostigamiento cesó y la auditoría se suspendió. Ah, y podrá cobrar la última quincena de noviembre y la primera de diciembre, junto con su aguinaldo y partes proporcionales.

De los 110 empleados del IEE, incluidos los consejeros electorales, los pertenecientes al Servicio Electoral Profesional, no rebasan los 20.

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Otro partido político nacional que en Puebla buscará mermar al PAN en las próximas elecciones es Encuentro Social que tiene como dirigente estatal a un ex panista que fue contralor en el ayuntamiento de Puebla en la gestión municipal de Gabriel Hinojosa Rivera, Raúl Barranco Tenorio, y como coordinador de Movimientos Sectoriales a otro ex panista que fue secretario de Enlace Gubernamental en la alcaldía encabezada por Luis Paredes Moctezuma, Miguel Ángel Labastida Carballeda.

Este nuevo partido que tiene como principal soporte a los pastores de las iglesias cristianas celebró el domingo pasado su primer congreso estatal, en el cual fueron electos los integrantes de su Comité Directivo y de su Comisión Política.

El regidor de Acatlán de Osorio, Abraham García Hernández, fue nombrado secretario general; José José Momox Sánchez, secretario de Organización y Estrategia Electoral, y Gloria Cortés Santiago, secretaria de Administración y Finanzas.

Al Congreso estatal acudió el dirigente nacional del partido, Hugo Eric Flores Cervantes, quien aprovechó la ocasión para reunirse en Puebla con más de 300 pastores de distintas denominaciones cristianas de la entidad.

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Consejera electoral, conflicto de interés

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Hace un par de años la consejera electoral Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri dijo en una sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) que para no incurrir en un posible conflicto de interés había tomado la decisión de dejar la gerencia de Radio Xicotepec, de cual su familia es propietaria en la Sierra Norte de Puebla.

La consejera hizo la aclaración después de que el entonces diputado José Juan Espinosa Torres cuestionó su nombramiento como presidenta de la Comisión Permanente de Comunicación Social del IEE dada su condición de propietaria o directora de Radio Xicotepec.

Me preocupa mucho un posible conflicto de interés de la consejera Guadalupe Esquitín o que ésta pudiera ser juez y parte en el otorgamiento de contratos o en la firma de convenios publicitarios entre el Instituto y las empresas de comunicación como la suya, apuntó el legislador de Movimiento Ciudadano en aquella sesión del 14 de noviembre de 2012.

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En la misma sesión, la consejera le respondió que después de 15 años de trabajar en la estación de su familia había decidido dejar la gerencia de Radio Xicotepec para asumir la presidencia de la Comisión de Comunicación Social del IEE “por la experiencia que podría yo aportar en este sentido… sin incurrir en conflicto de intereses”.

A dos años de aquella declaración, algo no encaja o alguien miente, a juzgar por el comunicado que hace unos días difundió la oficina de prensa del gobierno del estado y el Sistema Estatal DIF y que se publicó en diferentes medios, entre ellos el portal Puebla Noticias de la administración morenovallista.

En ese boletín, que da cuenta de una gira de la señora Martha Erika Alonso de Moreno Valle en la Sierra Norte de Puebla, se asienta textualmente: “Posteriormente, en el municipio de Zihuateutla, acompañada por la madrina del Albergue Escolar Cuauhtémoc, Guadalupe Esquitín Lastiri, Directora de Radio Xicotepec, la Presidenta del Patronato del SEDIF hizo un llamado a los 43 menores beneficiarios a que continúen preparándose para que cuenten con mayores oportunidades en el futuro”.

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¿Quién miente? ¿La consejera y empresaria radiofónica Guadalupe Esquitín? ¿El DIF que elaboró ese boletín diciendo que aquella es directora de Radio Xicotepec? ¿El sitio oficial del IEE que refiere que ésta sigue como presidenta de la Comisión Permanente de Comunicación Social o el portal de Puebla Noticias que acreditó a la consejera electoral un nombramiento empresarial que en realidad no tiene?

Son preguntas, que conste.

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Ahora acusan a Reyes Coria ante la CNDH

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Hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha llegado una queja colectiva por despidos masivos, acoso y discriminación por edad y género (mobbing laboral) en contra del delegado y el jefe de Servicios Jurídicos de la Delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Rodolfo Reyes Coria y Alejandro Minor Castillo, respectivamente.

La queja fechada el 10 de octubre del año en curso quedó radicada con el número de folio 107653 y entre quienes la interpusieron figuran Claudia Francisco Morales Juárez, Gabriela Huerta Carrasco, Anabel Michinami Espíndola, María Lourdes Barba Ruiz, Norma Hernández Hernández, Silvia Emilia Marrufo Carrasco, Yolanda Alvarado Camacho, Diana Lizbeth Macías Hernández, María de las Nieves Vázquez Hernández y Alicia Jiménez Torres.

Como puede observarse, la queja la presentan sólo damas, pues a decir de las firmantes al delegado del IMSS no le gusta trabajar con mujeres, por lo que se vale de cualquier argucia para despedirlas u hostigarlas laboralmente, hasta conseguir su renuncia o cese, en complicidad con el jefe de Servicios Jurídicos de la Delegación.

En la queja presentada contra Reyes Coria y Minor Castillo —y que este lunes la senadora panista del estado de Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández ventiló en la Cámara Alta en el marco de las entrevistas y negociaciones sobre el futuro presidente de la CNDH—se dice que ambos funcionarios han seguido despidiendo y acosando a mujeres, entre ellas ocho que laboraban en la Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente y el Departamento de Relaciones Contractuales, y a la jefa de Prestaciones Médicas, Martha Leticia Valdés Martínez.

Esta última, según se asienta en el escrito dirigido a la senadora Adriana Dávila, también ha interpuesto una queja ante el Órgano de Control Interno del IMSS por las trabas que se le ponen para el cumplimiento de sus funciones, no obstante haber conseguido para la delegación Puebla algunos reconocimientos nacionales.

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Sobre estas quejas, la Delegación del IMSS rechazó que Reyes Coria hubiese pedido a la jefa de Prestaciones Médicas su renuncia, y aclaró que si hubo liquidaciones en la Coordinación de Atención al Derechohabiente es porque tres de las personas que estaban contratadas —Marisol Magaly Garrido Benítez, Gabriela Martínez Sánchez y Pamela Berenice Segura Vázquez— no obtuvieron los resultados esperados.

Finalmente precisó que la queja promovida por Yolanda Alvarado Camacho en contra del delegado y el jefe de Servicios Jurídicos de la Delegación obedece a las investigaciones que se le siguen a nivel central desde enero de 2013, tras la auditoría que se le practicó y por la que fue encontrada responsable de ejercicio indebido de servicio público, y por operar una red de complicidades en las Subdelegaciones del IMSS de Puebla, a partir del Departamento de Auditoría a Patrones en la Jefatura de Afiliación y Cobranza, de la cual fue titular.

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Aunque la causa principal por la que no fueron reconocidos ni acreditados los representantes de los tres nuevos partidos políticos nacionales ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) es económica o presupuestal, lo más probable es que a pesar de eso tendrán que romper el cochinito y entregarles el equivalente a tres meses de financiamiento público estatal.

Y es que en esta materia hay tesis y jurisprudencias que indican todos los partidos políticos con registro nacional tienen que recibir financiamiento para el desarrollo de sus actividades, aun cuando en las elecciones locales no hubiesen obtenido al menos el dos por ciento de la votación.

En ese tenor, lo más probable es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla terminen fallando a favor de los tres nuevos partidos nacionales que buscaron acreditarse en el IEE, pero que les mandaron a decir que mejor se esperen hasta enero del próximo año.

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El IEE se encamina a otro ridículo político y jurídico

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Ignora los transitorios de la Ley General de Partidos

Priístas de Tehuacán podrían llevarse doble descalabro

 

 

Las autoridades electorales de Puebla podrían ser objeto de un nuevo revés, ahora por los nuevos partidos políticos nacionales después de que el Instituto Electoral del Estado (IEE) se rehusó a reconocerlos con el prurito de que el plazo para acreditarse venció enero de 2014, cuando todavía no obtenían su registro del Instituto Nacional Electoral.

El presidente del IEE, Armando Guerrero Ramírez, y la consejera Alicia Olga Lazcano Ponce, argumentan que el artículo 31 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del estado de Puebla establece que los partidos nacionales sólo pueden acreditarse ante el Consejo General del Instituto durante el mes de enero del año correspondiente a las elecciones.

Lo anterior efectivamente consta en el Código Electoral de Puebla, pero ha quedado rebasado por la nueva Ley General de Partidos Políticos que en sus artículos séptimo y noveno transitorios mantiene a salvo los derechos de estas organizaciones políticas en todo el país y deroga todas aquellas disposiciones que se opongan a la nueva legislación.

Frente a esta negativa del presidente del IEE y la consejera Olga Lazcano, que no del Consejo General del Instituto, que ni siquiera fue enterado de la solicitud de los tres partidos políticos nacionales, las representaciones de estos se inconformaron ante diferentes instancias.

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El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) promovió un juicio de revisión constitucional ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y los partidos Humanista y Encuentro Social una apelación ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP).

No es difícil suponer cuál será el resultado de estas inconformidades, y menos a sabiendas de dos cuestiones elementales ya enunciadas: que el Código Electoral de Puebla no puede estar por encima de la Ley General de Partidos, y que el noveno transitorio de esta claramente establece que toda disposición que se le oponga se dará por derogada.

Los enterados del tema aseguran que la negativa del IEE obedece en realidad a una cuestión económica o presupuestal, para ahorrarse el financiamiento público correspondiente a estos partidos por los últimos cuatro meses de 2014.

EN CORTO

Los priístas de Tehuacán, promotores de las aspiraciones del síndico de ese ayuntamiento, Miguel Ángel Romero Calderón, podrían llevarse un doble descalabro en el proceso de selección de candidatos a diputados federales rumbo a los comicios de 2015.

El primero sería que no lograran la candidatura en ese distrito, por apoyar a un personaje que tiene poco que presumir más allá de su nepotismo, sus escándalos familiares y media docena de denuncias penales por fraude específico como asesor jurídico de la Caja de Ahorro y Servicios Bampeco.

Y el segundo sería que él y sus promotores pierdan la partida frente al hombre fuerte del PRI poblano en el gobierno federal, el subsecretario de la Sedesol Juan Carlos Lastiri Quirós, quien es el principal impulsor de la diputada local del PVEM, Geraldine González Cervantes.

El viernes 17 de octubre el síndico de Tehuacán ya se destapó como aspirante a la diputación federal en el marco de una comilona de Mole de Caderas, a la que llegaron cerca de 500 invitados entre los que destacaron sus tres principales promotores: el ex secretario de Salud, José Alfredo Arango García, su ex compañero de aulas en la segundaria; el diputado federal de Ajalpan Lisandro Campos Córdova, en representación de los antorchistas; y la actual diputada federal María del Carmen García de la Cadena, quien hace algunas semanas se lo recomendó a su líder de bancada Manlio Fabio Beltrones.

En la ciudad de las granadas, el abogado Miguel Ángel Romero no goza precisamente de popularidad, aunque en el círculo rojo pocos dudan de su influencia en la conducción del ayuntamiento de Tehuacán, el más importante gobernado por el PRI en la entidad, y en el Tribunal Superior de Justicia que lo tiene blindado de las demandas que pesan en su contra por parte de defraudados de la Caja de Ahorro y Servicios Bampeco.

Como asesor jurídico de esta financiera, el síndico de Tehuacán ha librado todas las órdenes de aprehensión que se han librado contra sus directivos, algunos de los cuales ya fueron aprehendidos, como el que fuera presidente de su Consejo de Administración, Samuel Cruz Rodríguez, ya fallecido.

Otros funcionarios de Bampeco que al igual que Romero Calderón fueron denunciados por fraude, pero que a diferencia de éste andan prófugos o litigando en juzgados las órdenes de aprehensión libradas en su contra son el gerente José de Jesús Rojas; la ejecutiva Diana Robles García; la contadora general, María del Pilar Hernández Muñoz; y la jefa de inversiones, Saraí Jiménez Huerta.

Aquí los números de algunas de esas averiguaciones:

Averiguación Previa.- 1714 / 2013 / TEHUA, que se constituye en el proceso penal 404 / 2013.

Averiguación Previa.- 1794 / 2013 / TEHUA, que se constituye en el proceso penal 399 / 2013

Averiguación Previa.- 2373 / 2013 / TEHUA, que se constituye en el proceso penal 411 / 2013

Averiguación Previa.- 2217 / 2013 / TEHUA, que se constituye en el proceso penal 359 / 2013

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A propósito de Tehuacán y candidatos.

Cuentan que el Partido Acción Nacional o, mejor dicho, el morenovallismo ya tiene candidato a diputado federal por Tehuacán, pero que se trata de una mujer que cobra en el DIF Estatal como directora de Asistencia y Rehabilitación, María de las Mercedes Bulás Montoro, quien ya también se promociona en anuncios espectaculares como el resto de los candidatos del grupo en el poder pero en la ciudad de las granadas.

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Mañana le platico de algunas quejas en contra del delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Rodolfo Reyes Coria, por hostigamiento laboral, abusos y discriminación en contra de mujeres con más de 15 o 20 años de servicio.

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Alistan a posibles consejeros electorales

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Aunque en el Instituto Nacional Electoral (INE) aún no se definen los nombres de los consejeros que integrarán la Comisión de Vinculación con Organismos Locales, que se encargará de seleccionar a los siete consejeros locales de Puebla que actuarán en las elecciones federales del próximo año, se sabe que el secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, ya integra una lista de 30 posibles candidatos.

Para el gobernador Rafael Moreno Valle y Luis Maldonado lo ideal sería que en la referida Comisión del INE participaran los consejeros Marco Antonio Baños, Arturo Sánchez y Benito Nacif con quienes mantienen alguna relación directa o por segundas personas, ya que a través de su conducto podrían perfilar algunos nombres o vetar a ciertos candidatos que podrían resultar incómodos.

Tanto Arturo Sánchez como Benito Nacif —que fueron consejeros generales del IFE en diferentes periodos— llegaron al INE como cuota del Partido Acción Nacional de Gustavo Madero Muñoz.

Para el nombramiento de los consejeros de los llamados Organismos Públicos Autónomos, el Consejo General del INE está planteando una serie de requisitos y filtros para garantizar que los consejeros locales no sean personajes subordinados a los gobernadores de cada entidad.

De ahí que los candidatos a formar parte de estos no sólo deberán acreditar en lo individual un examen de conocimientos y redactar un ensayo en materia electoral, sino procurar que en el Organismo Local que integren haya paridad de género, una composición multidisciplinaria y una representación pluricultural.

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A sabiendas de lo complicado de esa tarea, se sabe que el secretario general de Gobierno ya comenzó a explorar el tema, mediante acercamientos con algunos consejeros y funcionarios del INE, y también a integrar una relación de expedientes de posibles candidatos para que vayan preparando sus documentos y se registren una vez que se lance la convocatoria respectiva.

Los actuales consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) terminarán sus funciones con las elecciones extraordinarias del 6 de julio en Acajate y Cuapiaxtla de Madero, y el INE nombrará a sus sustitutos por ahí de agosto, pero estos ya no serán nueve sino siete, según la reforma constitucional aprobada en diciembre pasado.

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Anoche se hizo oficial el nombramiento de la doctora Covadonga Cuétara Priede como directora del Medio Universitario de la Iberoamericana Puebla, después de que su antecesor en el cargo Noé Castillo Alarcón rindió su último informe ante los integrantes del Senado Universitario, máximo órgano colegiado de la institución.

El desempeño de Noé Castillo fue altamente valorado por el rector Fernando Fernández Font y otros integrantes de esta universidad jesuita.

Covadonga Cuétara Priede es licenciada en Psicología por la BUAP, maestra en Orientación Familiar y doctora en Educación por la Universidad Iberoamericana de Puebla, institución en la que venía desempeñándose como coordinadora de los posgrados en Psicología y responsable del Servicio de Orientación de Psicoterapia y Aprendizaje.

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Aplica el IEE criterios distintos para asignar diputados plurinominales

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En julio los reparte por coalición y este sábado por partido político

Con el nuevo criterio serán diputados Cirilo Salas, Mondragón y Moreno Valle

 

 

La forma en que repartió anoche el Instituto Electoral del Estado las 15 diputaciones de representación proporcional es a todas luces polémica.

De entrada llama la atención la discrecionalidad de los consejeros para aplicar la fórmula de asignación de diputados plurinominales, una veces por coalición y otras por partido político, según convenga.

En los comicios de hace tres años, la fórmula se aplicó por coalición, y en julio de este año se adoptó el mismo criterio. Sin embargo ayer el razonamiento cambió y la asignación se hizo con base en partidos políticos.

El proyecto que anoche se votó a favor, con el rechazo del consejero José Luis Martínez López y de los representantes de la Coalición 5 de Mayo (C5M), Silvino Espinosa Herrera y de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Luis Blancarte Morales, fue elaborado por Noé Julián Corona Cabañas, director técnico del Secretariado del IEE.

Éste dijo a los consejeros que existía una tesis de la Suprema Corte por la cual la asignación de diputados de representación proporcional tenía que hacerse a partir de los candidatos registrados por los partidos, en lo individual, y no por los candidatos inscritos por las coaliciones.

Argumentó que las coaliciones sólo tenían fines electorales, más no de representación en el Congreso, donde lo que existen son fracciones parlamentarias por partido. Su criterio fue avalado por siete de los ocho consejeros del Instituto que anoche sesionaron.

Las réplicas del representante de MC de que las coaliciones se tratan igual que partidos, como ocurrió en julio de este año y en julio de 2010 no tuvieron eco en la mayoría de los consejeros, a quienes el diputado del PRI, Gerardo Mejía Martínez, llamó vergüenza para la democracia en Puebla.

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Hasta donde se sabe dicha tesis de la SCJN ya existía en julio de 2013, pero entonces no se aplicó.

El por qué ahora sí, es algo que deberá explicar el consejero presidente del IEE, Armando Guerrero Ramírez, y el autor del nuevo proyecto de asignación de diputaciones plurinominales, Julián Corona.

Lo que sorprende es que la fórmula se hubiera aplicado de manera distinta, después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) resolvió a favor del priísta Víctor Giorgana Jiménez la disputa por la diputación de mayoría relativa del distrito 16 con cabecera en la capital del estado.

El triunfo de Giorgana lejos de beneficiar al PRI y a la C5M que lo postuló, terminó afectándola, pues a pesar de haber obtenido una curul adicional de mayoría relativa, pasó de seis a cinco diputaciones de representación proporcional, ya que perdió la que se había asignado a su compañera de partido Silvia Guillermina Tanús Osorio.

En cambio, la Coalición Puebla Unida (CPU) —conformada por el PAN, el PRD, el PNA y el partido estatal Compromiso por Puebla— a pesar de haber perdido una diputación de mayoría subió de tres a seis diputaciones plurinominales, que se asignaron a Cirilo Salas Hernández, Juan Carlos Mondragón Quintana y Sergio Moreno Valle Germán, éste último primo del gobernador Rafael Moreno Valle.

La decisión del IEE tiene, por supuesto, inconformes a los dirigentes del PRI, MC y partido estatal Pacto Social de Integración (PSI).

Los del PRI porque con el nuevo reparto se quedan con los mismos ocho diputados locales que ya tenían, no obstante la victoria de Víctor Giorgana en el distrito 16.

Pero además porque el PAN sube de 14 a 15 diputados, y la CPU pasará de 26 a 28 diputados, con lo que asegura mayoría calificada.

Los de MC porque pierden uno de los diputados de representación proporcional que tenían y porque el sacrificado, Ignacio Alvízar Linares, es un personaje cercano al diputado José Juan Espinosa.

Y los de PSI porque también pierden uno de los dos diputados plurinominales que tenían y el marginado es ni más ni menos que su fundador y dirigente estatal, Carlos Froilán Navarro Corro.

La asignación, como es de suponerse, será impugnada tanto a nivel del Tribunal Electoral del Estado como del Tepjf, instancia que tendrá la decisión final sobre cuál de los dos criterios es el correcto para asignar las 15 diputaciones de representación proporcional, si el aplicado el 10 de julio o el de este sábado 21 de diciembre.

EN CORTO

Claudio Limón de Unanue, director administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, presentó hace unos días su renuncia, presionado por algunas cuentas que no le salen y otros gastos que no ha podido comprobar, pero se la rechazaron, lo cual encendió algunos focos rojos en esa importante dependencia del ayuntamiento de Puebla, ante el fundador temor de anomalías administrativas y financieras con algunas partidas federales del Subsemun.

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La derrota asuela al PRI

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Si a estas alturas del proceso me preguntaran quién creo que ganará las elecciones locales del primer domingo de julio, sin duda respondería que la coalición del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas denominada Puebla Unida conformada por el PAN, PRD, Panal y Compromiso por Puebla.

Varias son las razones que me hacen pensar lo anterior. La primera y no menos importante es que el árbitro de esta contienda -el Instituto Electoral del Estado y el Tribunal Electoral del Estado- es parcial, es decir, está cargado hacia una de las alianzas participantes.

De los nueve consejeros del Consejo General del IEE, al menos cinco son afines al gobernador Moreno Valle, y de los tres magistrados del TEE, dos responden a sus intereses.

En otras palabras los priístas y sus aliados del PVEM tienen perdida la mesa. De ahí que el Instituto se haga como que la virgen le habla ante las notables evidencias de violaciones al artículo 200 bis del Código Electoral por actos anticipados de campaña y frente a los excesivos gastos en que incurrieron los hoy candidatos de la coalición morenovallista con el inequívoco propósito de posicionarse entre los votantes.

Y de ahí también el resolutivo del TEE que obliga al PRI y al PVEM a buscarle otra denominación a su alianza y a sustituir sus spots de radio y televisión suscritos como Mover a Puebla.

Una segunda razón tiene que ver con las fracturas que se han dado en el proceso interno de selección de candidatos del PRI, como consecuencia de la imposición de fórmulas de candidatos a diputados al Congreso del estado y de planillas de regidores y síndico en decenas de municipios de la entidad, la falta de acuerdos entre los grupos priístas en disputa y la marginación de que han sido objeto los dirigentes de estos grupos por el delegado del CEN, Fernando Moreno Peña, y el delegado presidente del CDE, Pablo Fernández del Campo Espinosa.

En este contexto hay que leer las críticas que este lunes lanzó Javier López Zavala al delegado del CEN y al presidente del CDE del PRI, y la carta que 11 de los 14 diputados federales de Puebla enviaron a su secretaria general nacional, Ivonne Ortega Pacheco, advirtiéndole de la virtual derrota electoral que están por sufrir el próximo 7 de julio.

La ausencia de una operación política eficaz para zanjar diferencias o procesar los conflictos internos, con el propósito de evitar deserciones o que los precandidatos o grupos inconformes  priístas abandonen las filas del tricolor para adherirse o ser candidatos de la coalición morenovallista, es otra razón que me lleva a pensar en la derrota del PRI.

Los priístas que en esta contienda han roto o abandonado su partido para sudar la camiseta de la coalición Puebla Unida no son pocos.  Ahí están, sólo por citar algunos ejemplos, los casos de Puebla, San Pedro Cholula, Huejotzingo, Zacatlán o Amozoc.

Mientras el gobernador Moreno Valle personalmente ha encabezado la operación cicatriz al seno de los partidos integrantes de la coalición Puebla Unida, el delegado del CEN y el presidente del CDE del PRI no sólo han minimizado las protestas de los grupos inconformes de su partido, sino vilipendiado a quienes se convirtieron en abanderados de la oposición después de que el tricolor les negó esta posibilidad, pese a ser los más populares o los mejor posicionados en sus municipios y distritos.

IEE Puebla pierde autoridad moral

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La tibieza y complacencia que la autoridad electoral de Puebla está mostrando para aplicar el Código Electoral y sancionar a quienes “inequívocamente” se promocionan como aspirantes a la alcaldía de Puebla y otros cargos de elección popular, podría ser el gen de un conflicto poselectoral.

Frente al escenario —muy probable— de una competencia electoral cerrada y competida entre el PRI y el PAN durante los comicios locales del primer domingo de julio, no sería nada remoto que el Instituto Electoral del Estado (IEE) tuviera que emplearse a fondo para garantizar la legalidad y legitimidad del proceso, así como vigilar la autenticidad y efectividad del voto.

Sin embargo, la actitud laxa e indolente del presidente del IEE, Armando Guerrero Ramírez, y demás consejeros electorales para castigar el despilfarro propagandístico de ciertos aspirantes que se publicitan en cientos de anuncios espectaculares, portadas de revista, parabuses y medallones del transporte público, le está restando autoridad moral al árbitro de la contienda.

Justamente, esta condición ahora mermada es la que más adelante podría serle de gran utilidad ante la imperiosa necesidad que seguramente tendrá de preservar la tranquilidad del proceso, el respeto entre candidatos, partidos o coaliciones, y asegurarse que ningún actor —por poderoso o influyente que sea— violente el régimen democrático y estado de derecho.

El artículo 200 bis del Código de Instituciones y Procesos Electorales es muy claro al establecer que “ningún ciudadano podrá realizar actividades propagandísticas y publicitarias con el objeto de promover su imagen personal, de manera pública y con el inequívoco propósito de establecer su postulación a un cargo de elección popular”.

Tan claro que incluso precisa quiénes y bajo qué condiciones pueden promocionarse: “sólo podrán realizar tales actividades (las de propaganda y publicidad) aquellos ciudadanos que participen dentro de un proceso de selección interna de candidatos a cargos de elección popular que lleven a cabo los partidos políticos, ajustándose siempre a los plazos y disposiciones establecidos en esta Ley”.

¿Si formalmente no hay todavía procesos internos en los partidos, qué espera la autoridad para sancionar a los infractores que ya se promocionan con el inequívoco propósito de ser candidatos?

¿Acaso recibir línea? ¿De quién?

El Código Electoral no establece como condición para castigar dicha falta que ésta debe ser denunciada, documentada y probada por un partido político. Ésa es una excusa, un pretexto, del presidente del IEE para evadir su responsabilidad como autoridad responsable de la legalidad, imparcialidad, objetividad y certeza de los comicios locales en marcha.

Sobre todo ante la advertencia explícita que en el propio Código Electoral se hace a quienes infrinjan el artículo 200 bis, que fue motivo de una gran polémica en diciembre de 2006: “El incumplimiento de esta norma dará motivo a que el Instituto… les niegue el registro como candidato”.

¿Qué más evidencias requiere el IEE que los más de 200 espectaculares repartidos por toda la ciudad con la imagen del gobernador Rafael Moreno Valle y su candidato a la alcaldía, José Antonio Gali; del secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, el panista Pablo Rodríguez Regordosa; del priísta Pepe Chedraui y su programa radiofónico Casos de éxito; o el ex secretario de Desarrollo Social del ayuntamiento de Puebla, Víctor Manuel Giorgana? ¿O los más de 300 parabuses y 400 anuncios en medallones de autobuses y microbuses de transporte público en los que aparecen su rostro y nombre?

Lo que le hace falta a la autoridad electoral es voluntad política para castigar estos abusos, este dispendio propagandístico que ensucia la ciudad con basura electoral disfrazada de publicidad de revistas que, como dice el mordaz Alejandro Mondragón, tienen más espectaculares que ejemplares en circulación.

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Simón dice:

“Nuestras discordias tienen su origen en las dos más copiosas fuentes de calamidad pública: la ignorancia y la debilidad.”

Simón Bolívar (1783-1830) Militar y político de origen venezolano que contribuyó a la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela del Imperio Español

 

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Compromiso por Puebla no cumple antigüedad para ser partido estatal

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* Pero consejeros del IEE podrían otorgarle su registro a finales de mayo

* Jorge Sánchez aguantará hasta el final nombramiento de secretario ejecutivo

Atrapados en su propia modorra, los consejeros del Instituto Electoral del Estado siguen manejando con total opacidad y discrecionalidad el proceso para el registro de partidos políticos estatales y el nombramiento del secretario ejecutivo del Consejo General del organismo.

El viernes venció el plazo de 48 horas que el IEE otorgó a las tres organizaciones que solicitaron su registro como partido estatal, para que éstas solventaran las observaciones de la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación sobre la documentación que entregaron.

Aquí un resumen sobre tales requerimientos formulados a los grupos denominados “Pacto Social de Integración, Partido Político”, “Partido Ciudadano Anticorrupción” y “Compromiso por Puebla”.

Comencemos por este último.

A “Compromiso por Puebla” se le señaló lo siguiente:

No acreditó haber realizado actividad política permanente durante los dos años anteriores a su solicitud, al menos con su actual denominación. En los documentos que entregó para justificar su antigüedad se ostentó como “Compromiso Ciudadano con Puebla” y “Ciudadanos Comprometidos con Nuestro Estado”.

Tampoco hay coincidencia entre su actual nombre, “Compromiso por Puebla”, y el que aparece en sus estatutos: “Partido Compromiso por Puebla”.

No concuerda el número de sus listas de afiliados (9,149) con los que aparecen en sus cédulas de afiliación (9,062).

Sus dirigentes distritales de los distritos 8, 10 y 24 carecen de cédula de afiliación.

En el acta notarial de su asamblea estatal no aparecen las listas de asistencia de las asambleas efectuadas en los distritos 10, 22, 24 y 25, con cabeceras en los municipios de Izúcar de Matamoros, Zacapoaxtla, Zacatlán y Huauchinango.

Un detalle que no dejar de llamar la atención es que, entre las observaciones, no hay una sola que haga referencia a su emblema o logotipo, ni a los colores que en él se utilizan, a pesar de ser los mismos de la coalición que postuló a Rafael Moreno Valle a la gubernatura de Puebla en julio de 2010, integrada por el PAN, el PRD, el Panal y Convergencia.

Por lo que se refiere a la organización “Pacto Social de Integración, Partido Político”, se le hicieron notar las siguientes fallas:

No entregó declaración de principios, programa de acción y estatutos en documento original o copia certificada. Y tampoco acompañó los listados de afiliación de sus supuestos militantes con el domicilio, firma o huella dactilar de éstos.

Las fotografías que proporcionó para justificar su antigüedad se refieren a diversas reuniones municipales efectuadas en los años 2008, 2009 y 2010, pero nada tienen que ver con el grupo “Pacto Social de Integración” sino con eventos de otra naturaleza, como actos de apoyo político a Javier López Zavala y otros candidatos del PRI.

Por el talante de los requerimientos hechos a esta organización, es casi un hecho que su solicitud para convertirse en partido político estatal será rechazada.

Al “Partido Ciudadano Anticorrupción” se le marcó lo siguiente:

Su declaración de principios, programa de acción y estatutos contienen diversas contradicciones e inconsistencias respecto al Código de Instituciones y Procesos Electorales del estado de Puebla.

Sus dirigentes no comprobaron la realización de actividades políticas continuas durante los 2 años anteriores a su solicitud de registro como partido estatal, pues las fotografías que presentaron son de manifestaciones ciudadanas realizadas ante la Procuraduría General de Justicia y Casa Aguayo por parte de defraudados de cajas de ahorro y firmas inmobiliarias.

Sus representantes distritales no figuran en los listados de afiliación, carecen de cédula de afiliación o aparecen con nombres diferentes a los que constan en las actas notariales de las asambleas distritales.

Si estas tres organizaciones solventaron el viernes por la noche los requerimientos que les fueron planteados es algo que pronto se sabrá, aun con la opacidad que priva en el Instituto Electoral del Estado.

Por lo pronto, se sabe que una mayoría de consejeros estaría considerando la posibilidad de otorgar a “Compromiso por Puebla” su registro como partido estatal, en aras de que en Casa Puebla o Casa Aguayo esta situación sea valorada cuando algunos de ellos busquen su permanencia en el organismo.

Respecto al nombramiento del secretario ejecutivo, el consejero presidente del IEE, Jorge Sánchez Morales, ya anunció que hasta el martes 8 de mayo revelará el método para designarlo, pero que los nombres de quienes integrarán la terna de candidatos a ocupar este cargo se conocerán uno o días antes de concluir el plazo, es decir, el 21 de mayo.

Esta situación confirma lo que ha aquí se ha dicho: que el nombramiento del secretario ejecutivo se mantendrá en lo oscurito mientras pasan los festejos del 5 de mayo, y que éste no se decidirá al seno del Instituto sino en Casa Puebla.

EN CORTO

Este fin de semana recibí un correo y cuatro fotografías que muestran la existencia de una bodega donde se almacenan despensas y juguetes que el equipo del candidato del PAN al Senado de la República, Javier Lozano Alarcón, reparte entre sus seguidores y posibles votantes.

Como se verá, se trata de una bodega ubicada en Plaza Mazarik, a un costado de las oficinas de Telcel en la zona de Angelópolis, a la que suelen llegar camionetas tipo pick up rotuladas con propaganda de Javier Lozano y su suplente al Senado, Irma Patricia Leal Islas.

 

Las fotografías fueron tomadas el viernes por la tarde, al filo de las 15 horas, y el remitente de éstas pide que investiguemos quién paga esta bodega, de dónde salen los juguetes y despensas que en ella se almacenan, si el IFE sabe de su existencia y si ésta es parte de la casa de campaña de Javier Lozano o un centro de operación clandestino del PAN y sus candidatos.

***

Simón dice:

“Las tres cosas más difíciles de esta vida son: guardar un secreto, perdonar un agravio y aprovechar el tiempo.”

Benjamín Franklin (1706-1790) Estadista y científico, fundador de los Estados Unidos

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