Hace un par de días recibí un correo que pone en evidencia ya no sólo la opacidad que prevalece en el Instituto Electoral del Estado, en materia administrativa y financiera, sino las mentiras tanto del consejero presidente Jorge Sánchez Morales, como de la encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo.

Lo más interesante del correo en cuestión es que viene soportado con documentos oficiales que acreditan las contradicciones y mentiras de Jorge Sánchez y su cómplice en el IEE, a raíz de una solicitud de información formulada por el representante propietario de Convergencia, Jorge Luis Blancarte Morales, para obtener copia certificada de las auditorias practicadas al Instituto durante los ejercicios de 2007 y 2008.

Dicha petición, en vez de ser respondida por el consejero presidente, fue reenviada con fecha 7 de mayo al secretario general del organismo, Noé Julián Corona Cabañas, para que éste la atendiera.

Jorge Sánchez firmó con tal propósito el memorándum IEE/PRE/0441/09.

Julián Corona actúa en consecuencia y le solicita a la encargada administrativa del Instituto las referidas auditorias.

Verónica Castillo le responde al secretario general con  fecha 11 de mayo, mediante memorándum IEE/DA/0316/09, que tal información no se encuentra en poder de la oficina a su cargo, por lo que no es posible entregar las copias que requiere el representante de Convergencia.

Lo grave de esta negativa es que la encargada administrativa del Instituto sí cuenta con esa información en sus archivos, con lo que no sólo se comprueba que oculta información oficial —incluso a los funcionarios del organismo— sino que es una mentirosa contumaz al igual que su jefe, Jorge Sánchez Morales.

La prueba fehaciente de su mentira es el oficio enviado a su oficina por Jerónimo Omaña de la Cuadra, socio y representante legal del Despacho Freyssinier Morín, conteniendo la auditoría practicada al Instituto del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007.

Dicho oficio, que tiene sello de recibido de la Dirección Administrativa con fecha de 11 de marzo de 2008, revela que en esa ocasión Verónica Castillo no sólo recibió el informe general de la auditoría practicada al organismo, sino tres informes adicionales sobre cumplimiento de obligaciones fiscales, sobre revisión de la auditoria de legalidad y sobre revisión de la auditoría al desempeño.

Aquí el oficio de marras, para refrescarle la memoria.

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Simón dice:

“Cínico es un hombre que sabe el precio de todo y el valor de nada”.
Oscar Wilde (1854-1900) Dramaturgo y novelista irlandés.

Por Eduardo González

Si alguna duda queda sobre la oscuridad –ya no opacidad- con la que se manejan los recursos del Instituto Electoral del Estado, ésta puede quedar despejada al revisar el cumplimiento de las solicitudes de información hechas a la Dirección Administrativa del organismo, a cargo de Verónica Paola Cruz Castillo.

Y es que no se trata sólo de la ocurrencia de uno, dos o tres consejeros que piden el detalle de los movimientos financieros, el resultado de las auditorías o la justificación de los gastos, sino que a la propia Comisión de Administración se le ha negado acceso a los documentos que avalan el “transparente” uso de los recursos públicos en esa entidad electoral.

Por ejemplo, éste órgano auxiliar del Consejo General, presidido por Miguel David Jiménez López e integrado por Alicia Olga Lazcano Ponce y José Víctor Rodríguez Serrano, solicitó desde el 30 de abril del año pasado a la encargada de despacho diera cumplimiento “en un plazo no mayor a cinco días hábiles” a los acuerdos tomados en las sesiones de la comisión, pero a la fecha, esa cuestión elemental, no ha sido acatada.

Prueba de ello es que el 25 de julio de 2008 se solicitó al consejero presidente Jorge Sánchez Morales y, al director general José Antonio Bretón Betanzos, el detalle de las observaciones y solventaciones de las auditorias 2008 hechas por la Contraloría Interna, el despacho externo Freyssinier Morín y en su caso el Órgano de Fiscalización del estado.

Incluso la Dirección General por medio de los memorándums IEE/DG-352/08 y el IEE/DG-353/08 ordenó a la encargada del despacho que enviara dicha información a la comisión para su análisis, pero la encargada ni siquiera dio respuesta a los documentos que le fueron girados.

El 7 de noviembre de 2008 la Comisión Administrativa requirió el informe a detalle de los pagos realizados por el concepto de telefonía celular y de radio comunicación de acuerdo con el número de equipos que se tiene autorizados por área, personal al que le ha sido asignado, planes contratados y el importe del recurso para el pago respectivo.

Sin embargo al acuerdo no se cumplió.

Lo mismo sucedió con el análisis sobre los recursos sobrantes del presupuesto 2008 y la información correspondiente al diseño y planeación presupuestal de gasto en nómina para 2009 que se le pidieron en agosto y diciembre del año pasado.

En el mejor de los casos, si es que así se puede considerar, los acuerdos fueron acatados después de 3 meses de su firma.

El 29 de septiembre de 2008 los integrantes de la Comisión solicitaron a Verónica Paola Cruz Castillo un análisis del programa operativo anual de la dirección a su cargo, pero aunque de manera previa se le indicó que los acuerdos los respondiera en un máximo de 5 días, en el caso de éste tardó 100 días.

Para el 14 de octubre le fue requerido un informe a detalle de las transferencias realizadas para el pago de nómina, tanto ampliaciones como reducciones, e indicara a qué partidas se transfirieron los recursos, y ello lo realizó 105 días después.

Ya en el colmo de las negativas, el 16 de febrero de 2009 los consejeros pidieron a Cruz Castillo diera cumplimiento a doce acuerdos emitidos por la Comisión desde abril de 2008 a enero de 2009, pero ¿qué cree? A la fecha esta petición tampoco ha sido respondida.

¿Incapacidad? ¿Descaro? O ¿Ilegalidad?

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Cometarios y quejas a los correos: eduardogsoto@hotmail.com y egonzalez@e-consulta.com

 Cuentan que tras la aprehensión de once alcaldes en Michoacán, presuntamente vinculados con el narcotráfico, uno que otro presidente municipal de la Sierra Norte de Puebla debería empezar a preocuparse.

En Huauchinango, por ejemplo, aseguran que el presidente Rogelio López Angulo no es ajeno al desbordado crecimiento de la piratería, negocio —según dicen allá— controlado por los Zetas.

Se comenta que esta organización criminal es la que produce y distribuye el material apócrifo entre vendedores informales —algunos, por cierto, bien establecidos— con la complacencia del munícipe. Si algún ambulante despistado escapa a esta cadena de complicidad, simplemente es advertido o delatado por personal del ayuntamiento y, de no entender lo que se le indica —es decir, dónde comprar su “mercancía”—, corre el riesgo de ser golpeado, por lo menos.

Un detalle que no pasa inadvertido para los observadores es la presencia, en las reuniones de los vendedores informales de piratería, de un personero del munícipe, quien por cierto pasea ya en lujoso descapotable de una de las principales marcas mundiales de vehículos.

Total que la fortuna le sonríe a Rogelio López Angulo y familia (los de Sinaloa). Y cómo no, si de avecindados en Huauchinango han pasado a ostentar el poder político y económico en ese municipio serrano, donde se presentan además como prósperos constructores y, faltaba menos, como tipos de cuidado.

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Leobardo Soto Martínez, dirigente estatal de la CTM y candidato del PRI a diputado federal por el distrito 12 de Puebla, e Israel Pacheco Velázquez, secretario general de los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento de Puebla, podrían ser acusados de coacción al voto.

Y es que, por increíble que parezca, ambos líderes sindicales ignoran que no pueden celebrar reuniones con fines de proselitismo electoral, como la que ayer encabezaron, al medio día, con personal de la comuna en las oficinas Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Puebla e Instituciones Paramunicipales (Suethapip).

Para su conocimiento, existe una jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral que establece: “el ejercicio del derecho fundamental de asociación encuentra uno de sus límites en el respeto de los derechos fundamentales, como es el de voto activo, que debe ser ejercido bajo los principios del sufragio universal, libre, secreto y directo, que implica, entre otros aspectos, la posibilidad de votar ausente de manipulación, presión, inducción o coacción alguna. En ese orden, dado que el fin de los sindicatos se aparta del proselitismo electoral, las reuniones de estos organismos verificadas con esa finalidad deben considerarse actos de coacción al voto”.

La jurisprudencia en cuestión se deriva del Juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-415/2007 y acumulado, cuyo fallo fue aprobado por unanimidad en sesión pública del Tribunal Electoral del 18 de febrero de 2009.

Al acto de campaña en apoyo a Leobardo Soto —o de coacción al voto— acudieron el dirigente municipal del PRI, Carlos Meza Viveros, y el expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, quien, por cierto, fue el más ovacionado.

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Para desgracia del presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jorge Sánchez Morales, ha comenzado a circular un expediente con las observaciones hechas a su gestión por el auditor externo del organismo —el despacho Freyssinier Morin— que confirma buena parte de las anomalías denunciadas por consejeros y representantes de partidos políticos.

Ofrezco ampliarle la información y entrar en detalles en los próximos días.

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Simón dice:

“Todo lo que se ignora, se desprecia.”
Antonio Machado (1875-1939), poeta y prosista español.

Que al presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, se le sigue haciendo bolas el engrudo con el tema de la reforma electoral.

Primero decía que las elecciones locales del 2010 debían realizarse el primer domingo de julio, en apego a la reforma constitucional en materia electoral.

Después —cuando recibió línea de Casa Aguayo— cambió el discurso, y dijo que éstas —las elecciones locales— debían celebrarse el segundo domingo de noviembre de 2010, considerando que las elecciones ordinarias de 2007 y las extraordinarias de 2008 eran parte de un mismo proceso y que estas últimas habían concluido en agosto de 2008.

Sin embargo ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo requirió sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por el PAN, PRD y Convergencia en contra de la reforma electoral aprobada por el Congreso del estado, Jorge Sánchez vuelve a contradecirse.

En su respuesta al máximo tribunal del país, el consejero presidente del IEE manifiesta que el proceso electoral ordinario comenzó en marzo de 2007 y concluyó en febrero de 2008, y que el extraordinario arrancó en marzo de 2008 y concluyó en agosto de 2008.

¿No que uno y otro proceso eran uno solo?

Lo delicado de esta cuestión, más allá de la evidencia de que Jorge Sánchez actúa como palero del PRI, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene ahora nuevos elementos para echar abajo la reforma aprobada por el Congreso del estado, que establece que las elecciones locales del año entrante deben efectuarse el segundo domingo de noviembre y no el primer domingo de julio, como lo aprobó el Congreso de la Unión.

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Que Ana Teresa Aranda Orozco fue vista el viernes en la residencia oficial de Los Pinos.

Pero que poco o nada se sabe de su visita al presidente de la república, salvo que Felipe Calderón Hinojosa le pidió apoyar las campañas de los candidatos del PAN y que Ana Teresa le solicitó reciprocidad, cuando ella decida buscar la nominación panista a la gubernatura de la entidad.

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Que este lunes después de un mañanero debate radiofónico, en la cabina del noticiario de ABC Noticias, el candidato del PRD a diputado federal por el distrito 11 de Puebla, Armando Méndez Romero, tuvo un singular intercambio de impresiones con el abanderado de la coalición PRI-PVEM por esa misma demarcación, Juan Carlos Natale López.

Al salir del edificio de El Sol de Puebla, donde se localiza la estación, para encaminarse rumbo al Portal Morelos, Armando Méndez alcanzó a Juan Carlos Natale para preguntarle: ¿Cuándo nos vamos a ver para chambear este asunto?

El candidato de la coalición Primero México se percató que atrás del perredista venía la gente de la abanderada del PAN, Myriam Arabian Couttolec, por lo que evasivo le respondió: Después nos vemos.

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Que este viernes el senador panista Santiago Creel Miranda estará de gira por la entidad, para participar en algunos actos de campaña de los candidatos de su partido a una diputación federal.

El exsecretario de Gobernación de Vicente Fox Quesada recorrerá algunos distritos de la capital y el interior del estado.

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Que por instrucciones del líder sindical de los trabajadores del ayuntamiento de Puebla, Israel Pacheco Velázquez, los delegados de esta organización tienen ahora que destinar parte de su tiempo a apoyar las actividades de los cuatro candidatos del PRI a diputados federales por los distritos 6, 9, 11 y 12 de la capital.

Entre los delegados que hoy miércoles, por ejemplo, tienen que presentarse a las 17:00 horas en el salón de recepciones GAD, para participar en una reunión del candidato Juan Carlos Natale figuran: Aurora Ramos Sánchez, José Aureliano Hernández Ramírez, Lilia Peralta López, Javier Jiménez de Tecanhuey, María Yolanda Velázquez Gallegos, Alejandro Camarillo Hernández, Francisco Flores Corona, Guillebaldo Gutiérrez Mejía, Beatriz Correa Hernández, Trinidad Sosa Barquet y Enrique Ángel Caro Hernández.

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Que personal de la empresa Clear Channel fue visto ayer por la tarde retirando de los parabuses que le fueron concesionados por el ayuntamiento de Puebla propaganda de los candidatos del PRI.

Esta acción se produjo luego de que los regidores del PAN recordaron que cuando el ayuntamiento concesionó tales muebles urbanos, en la gestión municipal de Mario Marín Torres, se estableció una cláusula que prohibía la colocación de propaganda política en estos parabuses.

Por lo anterior, se prevé que este miércoles al medio día regidores panistas soliciten al Contralor municipal investigue si la empresa Clear Channel utilizó los parabuses que le fueron concesionados para colocar en ellos propaganda de los candidatos del PRI, y si tal situación debe ser sancionada con la rescisión o revocación de su contrato.

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Simón dice:

«Una mentira es como una bola de nieve; cuanto más rueda, más grande se vuelve».

Martín Lutero (1483-1546). Teólogo y reformador religioso alemán, padre del protestantismo cristiano.

Así como Enrique Doger Guerrero se promueve a la gubernatura de Puebla, aprovechándose del Instituto Nacional para el Desarrollo Municipal y la Alfabetización (Indema), Guillermo Deloya Cobián hace lo propio, pero para la presidencia municipal a través de la fundación que lleva el nombre de su señor padre.

Uno y otro basan su estrategia en la tibia y timorata actuación del Instituto Electoral del Estado (IEE) y su consejero presidente, Jorge Sánchez Morales, que hace como que la virgen le habla cada vez que alguien le pregunta si este tipo de publicidad no es contraria al espíritu de la última reforma al Código Electoral, y en particular del artículo 200 bis que en la práctica es letra muerta.

De la propaganda del expresidente municipal y exrector de la BUAP ya me ocupé en anteriores entregas, por lo que ahora sólo me detendré en comentar la del secretario particular del gobernador Mario Marín Torres.

Lo primero que habría que investigar es el origen financiero de esa cursi campaña de “Haz patria y ama a un poblano”, que a través de spots de radio y televisión, anuncios espectaculares y entrevistas dizque noticiosas exalta el orgullo de la poblanidad como un valor por encima de otros localismos provincianos.

El problema de esa campaña, rematada por el slogan “Puebla creo en ti”, es que el fondo es excluyente y discriminatoria.

¿O acaso si una poblana ama a un yucateco o a un tijuanense, no hace patria?

O en sentido inverso: ¿el poblano que opte por una tapatía o una chihuahuense en lugar de una poblana es traidor o, peor aun, apátrida?

Sin embargo, lo más absurdo de esa propaganda que Guillermo Deloya pretende capitalizar en su provecho como aspirante a la presidencia municipal de Puebla es que de entrada excluye al 20 ó 25 por ciento de los residentes de la capital del estado.

Y es que uno de cada cinco electores que han optado por vivir en el municipio de Puebla proviene de otras ciudades de la república mexicana, es decir, no es orgullosamente poblano, ni merecedor de amar a un paisano o paisana, ni digno de hacer patria.

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Un grupo de poblanos ha iniciado, con la asesoría de destacados juristas y ambientalistas, una cruzada para echar abajo la donación de 187 mil metros de Valle Fantástico a favor del empresario Ricardo Henaine Mezher por parte del gobierno del estado.

Este grupo tiene el propósito de involucrar a la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal en la promoción de un juicio de nulidad de esa donación, bajo el argumento de que es ilegal y violatoria de la Ley de Expropiación, que establece que ningún predio expropiado para área pública puede ser donado o enajenado.

Hay que destacar, sin embargo, que el grupo está decido a llevar por su cuenta ese juicio, en caso de que la Sedesol federal opte por hacerse como el Tío Lolo, y ello se sabrá en las próximas semanas, pues en octubre causa estado la donación hecha a favor de Ricardo Henaine en el sexenio del gobernador Melquiades Morales Flores.

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Simón dice:

“El nacionalismo es una enfermedad infantil. Es el sarampión de la humanidad”.
Albert Einstein (1879-1955). Científico alemán nacionalizado estadounidense.

Mientras las autoridades electorales de la entidad siguen evaluando si los spots de televisión Enrique Doger Guerrero como presidente del Instituto Nacional para el Desarrollo Municipal y la Alfabetización (Indema) violan la normatividad electoral vigente, y en específico el artículo 200 bis del Código estatal relativo a las precampañas, el expresidente municipal de Puebla está por estrenar una nueva campaña publicitaria.

Se trata de anuncios espectaculares en los medallones (o parabrisas traseros) de algunos autobuses de transporte público de pasajeros en la zona metropolitana de Puebla.

En los nuevos promocionales, el expresidente de Puebla promociona su imagen, valiéndose de su primer informe como presidente nacional del Indema, celebrado en los primeros días de abril en San Pedro Cholula.

En el Consejo Local del IFE, algunos consejeros han declarado que aún no determinan si los spots televisivos de Enrique Doger violan la normatividad electoral, y en el Instituto Electoral del Estado, su presidente Jorge Sánchez Morales, ha dicho que éste material publicitario podría resultarle contraproducente al también exrector de la BUAP si más adelante busca la gubernatura de Puebla.

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Alberto Begné Guerra, dirigente nacional del Partido Social Demócrata, podría llevarse este miércoles una desagradable sorpresa, en el inicio de campaña de sus 16 candidatos a diputados federales por el estado de Puebla, como consecuencia de la negativa de la dirigencia estatal del partido de apoyarlos con recursos económicos.

El pasado 19 de marzo, el dirigente estatal del PSD, Cirilo Héctor Miguel Sebastián, ofreció respaldar a cada candidato a diputado federal con 90 mil pesos, cantidad que, dijo, les sería entregada antes del domingo 3 de mayo, fecha en que formalmente arrancaron las campañas políticas.

El caso es que hasta este martes por la tarde, ningún candidato había recibido un solo peso.

Y el temor de varios de ellos es que el partido los deje colgados, o que el dinero prometido se lo quede el dirigente estatal, quien, por cierto, también va como candidato a diputado federal pero por la vía plurinominal, llevando como suplente a la líder de los vendedores ambulantes de La Cuchilla, María del Carmen Villegas Soria, quien aparece en esta imagen.

Otro motivo que los hace sospechar es que mientras la coordinadora de finanzas del Comité Estatal del PSD, Edmunda González Romero, les dice que la dirigencia nacional aún no les envía los recursos prometidos, en las oficinas del partido se han multiplicado los asistentes y choferes, algunos de ellos hasta con sueldos de 20 mil pesos mensuales.

La presentación de los candidatos del PSD está programada para este miércoles al mediodía en el restaurante Chesa Veglia.

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La versión que este martes por la mañana corrió, en el sentido de que el candidato de la coalición PRI-PVEM por el distrito 11 de Puebla, Juan Carlos Natale López, podría ser reemplazado por una mujer, fue sólo eso una versión que por la tarde quedó descartada.

Los consejeros del IFE habían observado que en el proyecto de la coalición Primero México, no se había cumplido con la cuota de género que se establece en el artículo 219 del Cofipe.

Sin embargo, el representante del PVEM ante el Consejo General del IFE aclaró que esa disposición era inaplicable, toda vez que el nombramiento de los candidatos postulados por la coalición había sido resultado de una elección abierta, lo que de acuerdo con el numeral segundo del propio artículo 219 los eximía del cumplimiento de la cuota de género.

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Simón dice:

“La ambición es el último refugio del fracaso”.
Oscar Wilde (1854-1900). Dramaturgo y novelista irlandés.

Si algo quedó demostrado ayer, durante la presentación del informe financiero del presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, ante los integrantes del Consejo General del organismo, es su falta de compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

En la mesa de trabajo del martes, Sánchez Morales se había comprometido, ante sus pares en el IEE, a entregar por escrito el informe financiero del 2008 la tarde del miércoles, a fin de que éstos pudieran revisarlo antes de que se presentara al pleno.

El consejero presidente no lo hizo, y trató de justificar su incumplimiento en la negativa del director general del Instituto, José Antonio Bretón Betanzos, de avalar y supervisar las cifras y datos contenidos en éste.

A su vez, Bretón Betanzos le mandó a decir por oficio que no era competencia suya la supervisión del informe financiero, sino de la Contraloría Interna, en términos del artículo 109 fracción IV del Código de Instituciones y Procesos Electorales de Puebla, y del artículo 7 fracción XI del Manual de los Funcionarios de la Contraloría del Instituto Electoral del Estado.

La sesión en la que Sánchez Morales rindió su informe financiero correspondiente al año 2008 debió iniciar a las 14 horas de este jueves, pero se pospuso hasta las 18 horas porque el documento aún no estaba concluido.

El presidente del IEE se presentó con un informe de nueve hojas, que a esa hora leyó y distribuyó a los miembros del Consejo General.

Éstos para variar le criticaron que en el documento no se incluyeran los reportes de la Contraloría Interna, ni del auditor externo, el despacho Freyssinier Morín, así como las contradicciones entre lo informado por él y la encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo, sobre el monto total de las ampliaciones presupuestales hechas por la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado al Instituto.

Sánchez Morales quiso salirse por peteneras. Sobre las auditorías internas dijo que éstas no se incluyeron pues todavía estaban en proceso, y acerca de los reportes del auditor externo apuntó que éstos no podían difundirse por cuestiones de normatividad interna y la Ley de Transparencia.

Sus excusas y argumentos fueron tan malos que en la sesión de este jueves nadie, pero absolutamente nadie, salió a defenderlo. Vaya, ni siquiera el representante del PRI, José Alarcón Hernández, para quien los consejeros electorales sólo están para votar y cobrar.

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Simón dice:

“Es desgracia habitual en los ineptos la de engañarse al elegir profesión, al elegir amigos y al elegir casa”.
Baltasar Gracián (1601-1658). Escritor español.

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Ahora que los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) están metidos en sesudas reflexiones y bizantinas discusiones sobre algunos aspectos operativos del Código de Instituciones y Procesos Electorales, bien valdría la pena que fijaran su atención en el artículo 90 de esa legislación.

Así de paso se podrían evitar los puyazos que les lanza el representante del PRI ante el Consejo General del IEE, José Alarcón Hernández, cuando afirma a voz en cuello que sólo están para cobrar y votar.

Y en efecto, si uno revisa y compara las facultades y atribuciones que el Código Electoral otorga a los consejeros del Instituto, con las que dispone para el consejero presidente Jorge Sánchez Morales, irremediablemente se llega a la conclusión de que lo que priva en el IEE es el presidencialismo omnímodo.

Juzgue usted mismo si no:

Según el artículo 90 del referido Código, los consejeros electorales están facultados para:

“I.- Integrar el quórum de las sesiones del Consejo y participar en sus deliberaciones con derecho a voz y voto;

“II.- Someter a la consideración del Consejo proyectos de acuerdos y resoluciones, en los términos que señala el reglamento de sesiones del propio Consejo;

“III.- Solicitar la incorporación de asuntos en el orden del día del Consejo y de las Comisiones de las que formen parte, en los términos que señale el reglamento de sesiones del propio Consejo;

“IV.- Suplir al Consejero Presidente, previa designación de éste, en sus ausencias momentáneas de las sesiones del Consejo;

“V.- Presidir las Comisiones Especiales que constituya el Consejo General, en los términos que señale el reglamento de sesiones del propio Consejo;

“VI.- Formar parte de las Comisiones Permanentes y Especiales que constituya el Consejo General y participar con derecho a voz y voto en sus sesiones;

“VII.- Asistir, con derecho a voz, a las sesiones de las Comisiones Especiales de las que no formen parte; y

“VIII.- Las demás que les confieran este Código y otras disposiciones aplicables.

Los Consejeros Electorales del Consejo General, deberán desempeñar su función con autonomía y probidad”.

En suma: atribuciones nada relevantes que no sean más votar y cobrar.

En cambio, el artículo 91 otorga al consejero presidente las siguientes facultades:

“I.- Representar legalmente al Instituto;

“II.- Otorgar a nombre del Instituto poderes de representación, en su caso, al Secretario General, al Director General y al personal de las Direcciones del Instituto, para el cumplimiento de sus atribuciones, los que deberá hacer del conocimiento del Consejo General;

“III.- Procurar por la unidad y cohesión de las actividades de los órganos del Instituto;

“IV.- Convocar, presidir y conducir las sesiones del Consejo General;

“V.- Presidir y conducir las sesiones de la Junta Ejecutiva y convocarlas a solicitud del Director General;

“VI.- Someter al conocimiento y, en su caso, a la aprobación del Consejo General, los asuntos de su competencia;

“VII.- Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del propio Consejo General;

“VIII.- Proponer al Consejo General, en terna, el nombramiento del Secretario General, del Director General y del titular de la Contraloría Interna;

“IX.- Presentar al Consejo General, de entre la lista que al efecto elabore, las propuestas para la designación de los Consejeros Electorales y Secretarios de los Consejos Distritales y Consejos Municipales;

“X.- Presentar al Consejo General, en términos de la legislación aplicable, el anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto;

“XI.- Remitir en términos de la legislación aplicable el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, una vez aprobado por el Consejo General;

“XII.- Recibir de los partidos políticos las solicitudes de registro de candidatos a Gobernador y someterlas a consideración del Consejo General para su registro;

“XIII.- Rendir anualmente al Consejo General, a más tardar en el mes de abril, informe sobre el ejercicio del presupuesto correspondiente al año anterior;

“XIV.- Elaborar el proyecto de convocatoria para las elecciones que establece este Código, para someterla a consideración y, en su caso, aprobación del Consejo General;

“XV.- Entregar el financiamiento público a los partidos políticos, en la forma y términos que determine este Código y el Consejo General;

“XVI.- Suscribir el convenio de apoyo y colaboración en materia electoral, que celebren el Gobierno del Estado y el Instituto Federal Electoral;

“XVII.- Enviar para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y en los diarios de mayor circulación, la relación completa de los candidatos registrados, así como las cancelaciones de registro y sustitución de candidatos que se presenten, en los términos de este Código;

“XVIII.- Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas para el cumplimiento de los fines del Consejo General;

“XIX.- Suscribir convenios con los Ayuntamientos que lo soliciten, para coadyuvar en la elección de Juntas Auxiliares;

“XX.- Suscribir convenios con instituciones académicas y de educación superior, para impartir cursos de formación, capacitación y actualización para aspirantes y miembros titulares del Servicio Electoral Profesional;

“XXI.- Establecer vínculos entre el Instituto y las autoridades federales, estatales y municipales para lograr su apoyo y colaboración en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando sea necesario para el cumplimiento de los fines del Instituto;

“XXII.- Solicitar a las autoridades correspondientes la fuerza pública necesaria para garantizar el desarrollo pacífico del proceso electoral;

“XXIII.- Firmar junto con el Secretario General las boletas electorales;

“XXIV.- Velar por el buen uso del patrimonio del Instituto;

“XXV.- Plantear y ejecutar la política de comunicación social del Instituto;

“XXVI.- Elaborar el proyecto del diseño de la imagen institucional del Instituto y proponerlo al Consejo General para su aprobación;

“XXVII.- Instaurar los mecanismos para el contacto institucional del organismo con los medios de comunicación;

“XXVIII.- Exponer, implementar y ejecutar la campaña de difusión del voto y promoción de la participación ciudadana, durante la organización del proceso electoral; y

“XXIX.- Las demás que le confieran este Código, el Consejo General y las disposiciones relativas”.

Como se podrá leer, el consejero presidente no requiere para ninguna de estas atribuciones del aval o la aprobación del resto de los ocho consejeros o del visto bueno del Consejo General. Basta con el poder de su firma.

Ahora entiende por qué Jorge Sánchez se siente y actúa como Dios en el poder, y porque su protector dentro del Consejo General del IEE, José Alarcón Hernández puede escupirles en la cara a los consejeros que sólo están para cobrar y votar.

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Simón dice:

“¡Pero qué asquerosidad es esto….!”

Kamel Nacif Borge, empresario y apostador.

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Dos parecen ser las realidades del Instituto Electoral del Estado (IEE) en materia de transparencia y rendición de cuentas; una, la que han venido denunciando de manera recurrente algunos consejeros como Olga Lazcano Ponce y Fidencio Aguilar Víquez, junto con algunos representantes de partidos de oposición y, otra, la que el propio presidente del organismo, Jorge Sánchez Morales, y el resto de los consejeros, expresan con su prudente (¿o será cómplice?) silencio frente a esas críticas.

Para situar el tema, creo que es conveniente que el lector sepa que tanto las críticas de Lazcano como Víquez se han hecho públicas a través de algunos artículos difundidos en e-consulta y El Sol de Puebla.

En dos artículos que llevan por título “Una crisis muy conveniente” y “¿Qué Consejo debemos construir?”, la consejera Olga Lazcano ha dibujado la realidad administrativa y financiera del IEE en estos términos:

“… lo que caracteriza al Instituto Electoral del Estado es un gran desorden administrativo que se refleja en todas las actividades operativas del mismo y lo preocupante es que si no se corrige el rumbo afectará la organización del próximo proceso electoral 2010”.

“… la Presidencia del Instituto no ha realizado ningún intento de defensa de la autonomía (presupuestal), y en cambio ha realizado un esfuerzo de reducción a partir de aspectos que en ocasiones suenan francamente ridículos… y (que) tienden una cortina de humo con aparentes medidas de austeridad. La tesis no puede ser más simple, a río revuelto ganancia de pescadores”.

“… para el Ciudadano Presidente del Consejo nuestros requerimientos de claridad de procedimientos administrativos y transparencia constituyen un exceso fiscalizador … y consecuentemente ha hecho hasta lo imposible por bloquear el flujo de información aduciendo que la cuenta pública ya fue aprobada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla”.

Las denuncias del consejero Fidencio Aguilar han seguido el mismo derrotero, como puede verse en un artículo bajo su firma que lleva por título “Los refranes y las metáforas”, y del cual publico aquí tres párrafos:

 “Yo conozco la historia, la fábula, la comedia de un presidente de un instituto que se beneficia económicamente de una política como esta: `a río revuelto, ganancia de pescadores`. Y es que la crisis (el río revuelto) tiene sus ventajas (ganancia de pescadores)”.

“La historia comenzó hace dos años, cuando hubo una elección, el presidente de ese instituto (que debía organizar la mencionada elección), salió con el con que de que no había dinero: que finanzas no había entregado el dinero y que éste era escaso; así, el pobre instituto pasó las de Caín durante enero, febrero, marzo, abril (y el dinero, simplemente, no fluía); hasta el papel sanitario era escaso.

“Pero, de repente, como por milagro, el dinero comenzó a fluir y los problemas empezaron a solucionarse (aunque el retraso, el contratiempo y las prisas hicieron de las suyas). Con el tiempo se supo que el dinero estaba ahí, pero estaba invertido en valores financieros y, como dice el refrán, «nadie supo, nadie vio».

Lo que al reportero le llama la atención de estos artículos y de estas acusaciones ––a mi juicio graves––  es la nula respuesta de la parte agraviada, es decir, del presidente del IEE y el resto de los seis consejeros del organismo que no han salido a desmentirlas y tampoco a refutarlas.

Como si lo mejor fuera no revolotear la caca que flota en algunas áreas del organismo por temor a salpicarse más de lo necesario, y como si estos seis consejeros avalaran con su cómplice silencio las anomalías y corruptelas del presidente del IEE, cuya actuación en materia de rendición de cuentas está lejos, pero muy lejos de devolverle al Instituto la confianza, credibilidad y certidumbre que requiere para afrontar las elecciones locales del año entrante.

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La consejera local del Instituto Federal Electoral (IFE), Alejandra Gutiérrez Jaramillo, fue nuevamente invitada por la Organización de Estados Americanos (OEA) para participar como observadora en las elecciones presidenciales de El Salvador, y que por cierto fueron ganadas por un periodista y exguerrillero del FMLN, Mauricio Funes.

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Simón dice:

“La ambición es el último refugio del fracaso”.
 Oscar Wilde (1854-1900). Dramaturgo y novelista irlandés.

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Los consejeros del Instituto Electoral del Estado empezaron a discutir un proyecto de reformas al Código Electoral vigente, sin mayores alcances que corregir algunos aspectos operativos del organismo.

Entre otras cosas, los consejeros pretenden modificar el nombre del IEE, añadiéndole las palabras “de Puebla”, pues actualmente no se sabe si pertenece a ésta o alguna otra entidad; tampoco si es Instituto Estatal o Instituto Electoral del Estado.

En el anteproyecto, que ya comenzó a discutirse en mesas de trabajo, los consejeros también quieren proponer la creación de una Dirección de Planeación; eliminar el concepto de reelección para el cargo de director general del Instituto y, en su lugar, precisar que quien ocupe tal puesto puede ser ratificado por un único periodo de seis años.

Adicionalmente, los consejeros quieren que en el Código Electoral del estado se  establezca un mínimo de documentos que deben entregar los candidatos al momento de su registro, pues hoy ––según ellos–– basta con presentar una hoja con su nombre y su intención expresa de participar en una elección para que sean registrados.

Otra cuestión que también quieren incorporar en la reforma es la delimitación y alcance de las atribuciones, facultades y obligaciones del presidente del Instituto, del director general, de la Junta Ejecutiva y de la Contraloría Interna, pues la ambigüedad que hoy prevalece en la normatividad que rige a estas figuras propicia abusos, malos entendidos y una gran discrecionalidad, en perjuicio del patrimonio del máximo órgano electoral del estado.

El proyecto, se estima, estará listo dentro de dos o tres meses, para ser presentado al pleno de la LVII Legislatura del Congreso del estado.

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Este día se definirán las fechas, horas y prácticas del diplomado en campañas electorales que ofrecerán, a partir del 26 de marzo, la Universidad George Washington y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Por lo pronto puedo adelantarles que el diplomado constará de más de 60 horas, que  será teórico y práctico los días jueves y viernes, durante cinco semanas por lo menos.

El costo rondará los 15 mil pesos y será impartido por profesores de la Universidad George Washington, así como por docentes e investigadores de la BUAP, a partir del último jueves de marzo.

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Trivia:

¿Quién es el político poblano, que llora lágrimas negras, por haber resultado afectado con el megafraude cometido por Stanford Fondos (unidad local de Stanford Financial Group)?
Un tip:

Su situación es tan incómoda que no está en condiciones de demandar o hacer público su caso, pues no sabría como justificar su inexplicable fortuna en dólares.

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Simón dice:
“La fortuna se cansa de llevar siempre a un mismo hombre sobre las espaldas”
Baltasar Gracián, escritor español.

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