Después de la comparecencia del secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo más seguro es que pronto sea removido del cargo antes de que su continuidad siga dañando la imagen y credibilidad del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas.

Por lo pronto este miércoles el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, ya lo exhibió en conferencia de prensa, al destacar que Don Facundo se rehusó a proporcionar nombres de los policías y jefes que participaron en el desalojo de pobladores de Chalchihuapan, el pasado 9 de julio, y otros informes relevantes sobre el operativo realizado en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

El problema para el gobierno del estado es que la inminente remoción del secretario de Seguridad Pública no atenuará la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala, que este fin de semana cumplirá un mes. Si Don Facundo hubiera sido separado del cargo, una vez que trascendió la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, mientras se hacían las investigaciones del caso y se deslindaban responsabilidades, el escenario quizás hoy sería diferente.

La marcha de protesta que para este domingo se anuncia del Triángulo de Las Ánimas a la Fuente de Los Frailes sobre el bulevar Atlixco, y de ahí al zócalo de la ciudad por la Avenida Juárez y la avenida Reforma será un buen termómetro para prever cuál será el derrotero que siga esta crisis y cuáles serán sus alcances en el corto y mediano plazo.

Si la marcha, inicialmente convocada por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) que encabeza Francisco Hernández Juárez, logra reunir a miles de manifestantes y ciudadanos agraviados por el gobierno de Moreno Valle, lo más seguro es que la cabeza del secretario de Seguridad Pública sea insuficiente para contener la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala.

Pero si, por el contrario, la protesta resulta poco nutrida o se convierte en un mitin de radicales en el que los reclamos de justicia por la muerte del menor asesinado, la restitución de los servicios del registro civil en las juntas auxiliares y la derogación de la Ley Bala, degenera en la exigencia de que Moreno Valle renuncie o sea llevado a juicio político, entonces lo más probable es que el conflicto se desinfle.

Una cosa es que los ciudadanos no aprueben y hasta se manifiesten en contra los abusos del gobierno del estado, y otra muy diferente que la mayoría de los poblanos quieran la renuncia de Moreno Valle.

De ahí la importancia de la marcha de este domingo en la capital del estado.

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Entre algunos regidores del ayuntamiento de Nopalucan de la Granja no ha caído nada bien la disposición del edil priísta Rogelio Roque Torres de retener los sueldos de los miembros de su cabildo y de sus principales funcionarios, para cubrir el anticipo de la Arrolladora Banda El Limón que se presentará el 21 de septiembre en el marco de los festejos de la feria.

Tampoco que el ayuntamiento tenga que invertir 200 mil pesos en la pinta de bardas y la elaboración de carteles anunciando su presentación, no obstante que la banda fue contratada por una empresa de espectáculos denominada Abaco, que pretende vender cerca de 10 mil boletos a un costo de 200 y 250 pesos cada uno, y en la que tiene fuertes intereses los hermanos Arturo y Leobardo Soto Martínez, este último dirigente estatal de la CTM.

Y tampoco que el negocio de la venta de comida y bebidas alcohólicas durante el show de la Arrolladora Banda El Limón tenga como beneficiario al regidor de Industria y Comercio de Nopalucan, Andrés Torres, cómplice y soltador del munícipe de Nopalucan, Rogelio Roque.

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RMV sí debe cambiar, ofrecer disculpas y mostrar apertura

Morena y no el PRI podría cosechar la crisis de Chalchihuapan

… a Mony con todo mi cariño y admiración. Te adoro

¿Tiene solución la crisis que enfrenta el gobernador Rafael Moreno Valle por el caso de Chalchihuapan y la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo?

Diría que sí, pero siempre que haya cambios en la actitud del gobernador Rafael Moreno Valle y una estrategia de control de daños, en la que se pongan sobre la mesa varios puntos, entre ellos la remoción de algunos de sus secretarios que fueron desbordados por el conflicto; la abrogación de la Ley Bala; la liberación de algunos de los detenidos, entre ellos los cuatro pobladores la Chalchihuapan, los de Tehuacán y la Sierra Negra que cerraron la carretera federal y bloquearon los accesos al CIS, y los opositores a la construcción del Gasoducto Morelos y el libramiento carretero denominado Arco Poniente.

Para resolver la crisis el gobernador tiene que salir ya y tomar el toro por los cuernos, ofreciendo una disculpa pública a la madre del menor, sin importar qué finalmente haya causado la muerte de su hijo, si un cohetón o una bala de goma; indemnizarla y garantizarle una investigación apegada a la verdad y derecho, en la que incluso participe gente de su entera confianza; abrirse al diálogo y la negociación con varios de los actores y grupos inconformes; y dejar atrás la  animosidad y hostilidad hacia medios de comunicación, activistas y dirigentes sociales que no comparten su proyecto o lo han censurado de manera pública.

Moreno Valle tiene que retomar el discurso del exgobernador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, de cancelar odios y rencores, y solicitar a la ciudadanía un voto de confianza para la segunda mitad de su sexenio.

Si el mandatario estatal no rectifica su posición respecto a Elia Tamayo Montes, la madre del menor de 13 años que perdió la vida, y hacia los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y otras comunidades que reclaman mejores condiciones y la restitución de algunos servicios básicos como el del Registro Civil, la crisis no sólo se alargará sino que se mezclará con otros conflictos y coyunturas políticas como las elecciones federales del año entrante y la sucesión gubernamental.

Es muy probable que la crisis de Chalchihuapan y el escándalo por la Ley Bala hayan arruinado el proyecto presidencial de Moreno Valle para el 2018. Pero de eso, a pensar que este conflicto derivará en la caída del gobernador, me parece que hay un mar de distancia.

Por supuesto que la muerte del menor José Luis Tehuatlie es una lápida que el Ejecutivo estatal tendrá que cargar, y que ha dañado su imagen, confianza, credibilidad y legitimidad, pero no al grado de ponerlo al borde de la renuncia o de un juicio político para separarlo del cargo, como algunos dirigentes nacionales del PRD o del PRI lo han declarado.

Lo manifestado el viernes por el presidente del CEN del PRI, César Camacho Quiroz, en el sentido de que el gobernador Moreno Valle tiene responsabilidades políticas, administrativas y hasta posiblemente penales por el fallecimiento José Luis Tehuatlie, y el punto de acuerdo impulsado por los senadores de este mismo partido condenando su “política criminal” hay que leerlo en el contexto de la coyuntura electoral.

Aun con todo el descrédito del gobernador Moreno Valle por la Ley Bala, los priístas difícilmente podrán hacerse  del control político de la entidad en las elecciones federales del año entrante. No veo cómo pudieran beneficiarse de esta crisis, de la que son corresponsables en buena medida, al avalar con los votos de sus diputados en el Congreso local no sólo la llamada Ley Bala, sino las reformas a la Ley Orgánica Municipal por las cuales las juntas auxiliares perdieron la prestación del servicio de Registro Civil.

Las declaraciones de César Camacho y el posicionamiento de los senadores priístas no buscan el derrocamiento del gobernador de Puebla, sino minar, debilitar y desprestigiar su proyecto presidencial y ganar terreno de cara a las elecciones federales de 2015, y la sucesión gubernamental de 2016.

Lo que la crisis de Chalchihuapan sí provocará más tarde que temprano es la destitución del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, por la ausencia de un protocolo para aplicar la Ley Bala, las violaciones que se cometieron en su ejecución y la evidente falta de planeación y estrategia que exhibió el cuerpo de granaderos enviado a desalojar a los manifestantes en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

Y seguramente también la remoción o renuncia del titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas. Remoción, considerando que el conflicto salió de los cauces legales e institucionales, por la ausencia de diálogo y un comunicación efectiva con los opositores, y renuncia por el descobijo que tuvo del mismo gobernador Moreno Valle, quien ante columnistas de la ciudad de México le atribuyó la autoría de la Ley Bala.

Otro efecto político-electoral que la crisis de Chalchihuapan  dejará al gobernador será la animadversión de un sector amplio del perredismo para sumarse a su proyecto presidencial, en alianza o candidatura común con el PAN, o ante una eventual coalición con otros partidos para apoyar al candidato a sucederlo en los comicios de 2016.

Animadversión que en Puebla podría ser capitalizada por las huestes de Andrés Manuel López Obrador y su nuevo partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que desde siempre ha cuestionado la política y los métodos del gobernador Moreno Valle.

EN CORTO

A propósito de mi anterior post, un magistrado en retiro del Tribunal Superior de Justicia me aclaró que desde que la Secretaría de Finanzas y Administración del Ejecutivo estatal asumió el control de la nómina y administración de los recursos del Poder Judicial, les dejaron de pagar sus pensiones.

Más que descuentos, no hay pagos, reveló el magistrado, al reiterar que esta situación podría derivar en un amparo o en una denuncia en contra del presidente del TSJ, Roberto Flores Toledano, por violar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado.

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La crisis de Chalchihuapan lo evidencia como un político solitario

Un excolaborador de Luis Maldonado llega a la dirigencia de MC

Es difícil atisbar en qué terminará la crisis política, de imagen y credibilidad en que se encuentra metido el gobierno del estado por el caso Chalchihuapan, sobre todo después de la trágica muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo ocurrida este sábado por la tarde.

Algunas consecuencias están a la vista, entre ellas el repudio que la opinión pública —alentada por los comentócratas— ha mostrado hacia el gobernador Rafael Moreno Valle en la aplicación de la llamada Ley Bala y en la versión que tanto él como sus funcionarios han salido a dar sobre el desalojo, el uso excesivo de violencia y la herida que finalmente ocasionó el fallecimiento del hijo de Elia Tamayo.

Pero otras consecuencias no. ¿Qué pasará cuando se confirme que la lesión cerebral a José Luis Tehuatlie no la causó un cohetón, como ha dicho el titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas? ¿O cuando las investigaciones corroboren que los granaderos que desalojaron a los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y otras juntas auxiliares iban con algo más que cascos, escudos, tonfas o toletes? ¿Renunciará Luis Maldonado?

¿Cómo reaccionará Moreno Valle cuando se acredite el uso de armas y balas de goma en el operativo de la autopista Puebla-Atlixco, situación que su secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, ha rechazado de manera reiterada? ¿O cuando se sepa que algunos jefes policiacos acudieron al desalojo con sus armas de cargo, como la mujer policía de apellido Sumiko que estuvo retenida por los pobladores en el centro de Chalchihuapan, y que perdió su pistola Pietro Beretta 9 milímetros? ¿Le pedirá su renuncia a Facundo Rosas?

¿Cómo parará el gobernador las voces críticas de las redes sociales que exigen su renuncia o juicio político, o de figuras nacionales que lo tachan de autoritario y represor? ¿Cederá a la presión política, social y mediática, sacrificando a uno o dos secretarios de su gabinete? ¿Tales remociones serán suficientes para contener la crisis? ¿Moreno Valle mantendrá su posición de culpar a los pobladores por llevar a niños como escudo? ¿O de responsabilizar a la diputada federal del PRD, Roxana Luna Porquillo, al presidente  auxiliar de Chalchihuapan Javier Montes Bautista, y a otros dirigentes de la comunidad, de ser los causantes de la violencia y de estar involucrados en actos delictivos graves como el tráfico de personas y el narcotráfico?

No es fácil hacer un pronóstico sobre el desenlace de esta crisis, la peor en lo que va de su gestión. De lo que sí estamos seguros es que el deterioro de su imagen y la credibilidad de su gobierno son muy altos, y que la ola creciente de inconformidad social, por la insensibilidad que ha mostrado frente a la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo y el dolor de su madre, podrían arruinarle su proyecto político transexenal.

Lo más sintomático hasta el momento es que nadie fuera de su compacto grupo político ha salido a defenderlo o a reivindicarlo, ni siquiera los dirigentes locales o nacionales de sus partidos aliados. Tampoco los representantes de la Iniciativa Privada que supuestamente deberían estar contentos con las obras y proyectos que realiza su gestión. Y ya no digamos la comunidad académica o los líderes religiosos.

La respuesta a esta falta de solidaridad es significativa, y reveladora de que algo no está funcionando en su gobierno, pero también de que algunos de sus secretarios y colaboradores más cercanos no están siendo un canal de comunicación efectiva con la sociedad, ya sea porque se han encerrado en su propia burbuja o porque tampoco le informan de todo por temor a represalias.

Con Fernando Manzanilla Prieto en la Secretaría General de Gobierno al menos había alguien que escuchaba y atendía a los inconformes, y hacía que estas quejas llegaran al gobernador, pero con su salida esta puerta se cerró y con ella la posibilidad de que los conflictos o desavenencias con la autoridad se resuelvan por la vía del diálogo y la negociación.

EN CORTO

A partir de este lunes Fernando Cortés Betanzos se integra a trabajar como coordinador de comunicación social de la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac) que preside el munícipe de Mérida, Yucatán, el panista Renán Alberto Barrera Concha.

Fernando Cortés se desempeñó como coordinador de Comunicación Social del ayuntamiento de Puebla, en el último tercio de la gestión de Eduardo Rivera Pérez, cuando éste también fue presidente nacional de esta organización de alcaldes panistas.

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José Manuel del Río Virgen fue electo este domingo presidente del Consejo Ciudadano Nacional del partido Movimiento Ciudadano.  Su nombramiento no deja de resultar interesante para Puebla, pues el político veracruzano se desempeñó al comienzo de la gestión morenovallista como director general del Colegio de Bachilleres, cargo al que renunció por diferencias con el entonces titular de la SEP en la entidad, Luis Maldonado Venegas.

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La versión de las autoridades acerca de cómo ocurrió el enfrentamiento entre policías y pobladores de Chalchihuapan y otras comunidades la tarde del miércoles 9 de julio, y sobre los responsables de la lesión del menor Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien se debate entre la vida y la muerte en el Hospital General del Sur, tiene varios asegunes.

De entrada, llama la atención que el gobierno del estado haya salido a explicar los hechos seis días después de ocurridos, y una vez que fracasó en su intentona de minimizarlos ante la opinión pública.

Las autoridades han dicho una y otra vez que los policías no iban armados y que estos jamás utilizaron balas de goma en contra de los inconformes, sin embargo las fotografías, videos e imágenes de los lesionados de Chalchihupan, entre ellas la de Martín Romero Montes con una bala de goma en la mandíbula izquierda, revelan lo contrario.

En el comunicado que este martes leyó el titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, sin aceptar preguntas de los reporteros, afirmó textualmente:

“La Secretaría de Seguridad Pública reafirma que, en todo momento, el despliegue de la fuerza policial se produjo bajo un esquema de contención y disuasión, con el único objeto de lograr la apertura de la vía en cuestión.

“Desde el primer momento del cierre, y a lo largo del mismo, se les conminó al diálogo y a la negociación, con la concurrencia de las autoridades de la Secretaría General de Gobierno”.

El diálogo y la supuesta negociación no fueron tales. Lo cierto es que el comandante que iba al frente de los granaderos se dirigió al presidente auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, para pedirle que se retirara junto con los inconformes, pues tenía instrucciones de desalojarlos de la autopista.

Antes de que los policías avanzaran sobre el contingente que bloqueaba la autopista Puebla-Atlixco, a la altura del kilómetro 14, estos y los pobladores intercambiaron insultos durante casi media hora.

“¡Ya quítense indios pendejos que les vamos a partir su madre!, gritaban los granaderos. Los manifestantes devolvían la ofensa pero con la advertencia: “Mejor váyanse porque no saben dónde están parados”.

¿A pocos estas agresiones verbales pueden tomarse como negociación o diálogo?

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El parte oficial refiere que el enfrentamiento se produjo como resultado de la escalada de agresiones y violencia de los manifestantes en contra de los policías, por lo que estos tuvieron que contenerlos y dispersarlos, usando “exclusivamente” toletes, escudos y cascos, y más tarde gases lacrimógenos.

Las imágenes iniciales del enfrentamiento refutan, sin embargo, esta interpretación de Luis Maldonado, quien en la conferencia de prensa estuvo acompañado del procurador Víctor Carrancá y del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, quienes, por cierto, tampoco respondieron pregunta alguna de los reporteros.

Como se puede ver en este video los granaderos arrojaron bombas lacrimógenas desde el comienzo y sí iban armados con algo más que toletes, cascos y escudos.

El choque vino con las primeras detenciones de pobladores, y después de que el contingente fue gaseado. Los manifestantes se replegaron hacia el puente que comunica a Chalchihuapan con Chipilo, y desde allí respondieron con piedras.

En las tomas iniciales no se ven por ningún lado “las bombas molotov, palos, tubos y piedras de gran calibre” que supuestamente arrojaron los pobladores.

Ya en pleno enfrentamiento, que se prolongó por casi una hora, un grupo que bloqueaba la autopista sacó galones de gasolina para elaborar bombas molotov, que lanzaron a los granaderos.

El choque más violento se dio sobre el puente, del lado de Chachihuapan, donde los pobladores, ya armados con rocas, tubos, cohetones y bombas molotov golpearon a los policías, quedándose con los cascos, toletes y escudos que estos iban dejando en su huida o al caer heridos.

La golpiza que recibieron ahí los uniformados fue tan intensa, que algunos incluso se arrojaron desde el puente al arroyo de la autopista con dirección a Atlixco.

El resto de los granaderos se replegó, bajando del puente por las rampas, perseguidos y golpeados por los manifestantes.

Tras el enfrentamiento los vecinos de Chalchihuapan se mantuvieron en el puente, pero ya sin bloquear la autopista. Fue entonces que pudieron entrar las ambulancias para llevarse a los policías lesionados y también al menor de 13 años con una herida en la cabeza y a otro joven de 21 años,  Hugo Jiménez Valera, que resultó con una herida en el ojo izquierdo.

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La versión más polémica y menos verosímil de las autoridades dice que el menor Luis Alberto Tehuatlie Tamayo fue herido en la cabeza por los propios pobladores con un cohetón.

Para apuntalar esta teoría el gobierno emitió un comunicado, atribuyéndole declaraciones al neurocirujano Juan Carlos Benito Torres, en el sentido de que la lesión del menor no la provocó una bala de goma, sino una explosión similar a la de un cohetón.

La madre y los familiares del niño no sólo han desmentido esta especie, sino acusado a la Secretaría General de Gobierno de presionarlos para librar de responsabilidad a los policías y acusar a los pobladores.

El cirujano Juan Carlos Benito Torres se ha rehusado a dar entrevistas o a confirmar en conferencia de prensa la versión oficial difundida por el gobierno del estado al día siguiente del enfrentamiento.

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En la conferencia de prensa que este miércoles ofreció el secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, para dar a conocer los resultados del primer medio año del programa Monitor Vial, los reporteros le preguntaron sobre el vehículo que acumulaba más infracciones.

Fiel a su estilo, el funcionario se limitó a responder que se trataba de un Seat Ibiza, que ya tenía 39 multas, sin revelar cuáles eran sus placas de circulación o quién era su irresponsable propietario.

Con frases cortas, el secretario de Seguridad dijo más o menos lo siguiente:

Las multas del auto con más infracciones acumuladas podrían rebasar el valor comercial del propio vehículo.

A media conferencia de prensa una reportera le pregunta a cuánto ascienden las fotomultas del Ibiza, a lo que Don Facundo respondió así:

“Si fueran de 500, todas, estaríamos hablando de 195 mil pesos”.

Y esa cifra se llevaron los reporteros, y así se publicó y difundió en casi todos los medios, sin reparar en un pequeño pero significativo detalle.

El resultado de multiplicar 39 multas a razón de 500 pesos cada una no da un total de 195 mil pesos, sino de 19 mil 500 pesos.

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El informe que este jueves rindió Roberto Flores Toledano como presidente del Tribunal Superior de Justicia fue tan pobre que sólo le alcanzó para 20 minutos, en los que apenas pudo presumir la edificación de cuatro salas de oralidad, la adquisición de 17 consultorios médicos y de 37 equipos móviles con tecnología de punta para el desahogo de los juicios orales.

Sin embargo en su informe anual de labores, el presidente del Poder Judicial de Puebla no ofreció indicadores, ni cifras comparativas de este con anteriores periodos, ni resultados sobre el nuevo sistema de justicia adversarial.

Y la razón quizás estribe es que la mayoría de las sentencias dictadas por los Juzgados Orales en Puebla han sido absolutorias. La única sentencia condenatoria dictada por el Juzgado Oral de Teziutlán fue vergonzosamente revocada, mediante juicio de casación (una especie de apelación) por una sala oral. Y lo peor: promovido por un defensor social, .

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A  propósito.

Esta semana el abogado Felipe Tlatoa acudió a San Diego, California, a tomar un curso sobre litigación oral. La Secretaría de Servicios Legales a cargo del exjuez José Montiel, para la cual trabaja, sólo le dio permiso para faltar a sus labores, ya que los gastos del seminario (hospedaje, alimentación e inscripción) corrieron por su cuenta.

El argumento que le dieron es que el gobierno sólo puede pagarle cursos que sean en la República Mexicana.

Como defensor social de Teziutlán, Felipe Tlatoa no gana más de 20 mil pesos al mes, por lo que pronto dejará el gobierno para hacerse litigante privado en este nuevo sistema de justicia adversarial, ante las pocas o nulas oportunidades de desarrollo que ha encontrado en la administración estatal.

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Algo anda mal en la Secretaría de Seguridad Pública del estado y con los nuevos funcionarios que del brazo de su titular Facundo Rosas Rosas creen que de la noche a la mañana pueden convertir a oficinistas, mecánicos, mariachis, secretarias y músicos en policías, a los que un día pueden mandar a un operativo para dispersar a manifestantes, contener un amotinamiento o vigilar un banco.

Lo anterior viene a cuento por una reunión que Facundo Rosas tuvo con personal de confianza y administrativo de la Policía Estatal —que ha sido habilitado en tareas operativas propias de los uniformados—, el viernes 16 de agosto en el Auditorio de la Academia Estatal de Policía.

El tono del encuentro estuvo marcado por el citatorio que se les giró, en el que se subrayó que la junta tenía carácter obligatorio, por lo que los faltistas se harían acreedores a una boleta de arresto de 36 horas.

A la convocatoria respondieron más de 150 empleados, entre secretarias, contadores, abogados y personal de las áreas administrativas y de recursos humanos, así como mariachis, mecánicos e integrantes de la Banda de Música de la Policía Estatal, algunos de los cuales incluso no encontraron asiento en el Auditorio de la Academia.

Por la Secretaría de Seguridad Pública del estado estuvieron además de Facundo Rosas, el subsecretario de Coordinación y Operación Policial, Raúl Gómez de la Cruz; el director general de la Policía Estatal Preventiva, Alejandro Óscar Santizo Méndez; y el director de Operaciones Policiales, Raymundo Soto Sánchez.

El secretario de Seguridad Pública fue al grano, les dijo que estaba harto de las filtraciones a medios de comunicación y que no quería ver más periodicazos “porque entonces si me van a conocer”. En su perorata encaró a los mariachis y a los miembros de la Banda Sinfónica y la Orquesta de Policía que un par de días antes denunciaron en El Sol de Puebla que estaban siendo obligados realizar entrenamientos y prácticas policiacas, incluso con equipo antimotines, pese a que habían sido contratados como músicos.

Facundo Rosas les dijo que todos eran policías y que las plazas que ocupaban y por las cuales cobraban un sueldo correspondían a un uniformado, por lo que “ya no la hagan de pedo” con chismes y periodicazos.

En la reunión intervinieron algunos empleados, secretarias, mecánicos y músicos de la Mixteca —que forman parte del Mariachi de la Secretaría de Seguridad Pública, la Sinfónica y la Orquesta—, quienes reiteraron que fueron contratados para hacer labores de oficina, reparar un vehículo o tocar un instrumento, y no para realizar prácticas policiales, cuidar un banco o evitar la toma de oficinas como Casa Aguayo.

Facundo les dijo que si no estaban de acuerdo entonces renunciaran, pues las plazas que tenían eran de policías, por lo que siempre que hiciera falta los iban a requerir, además de que por eso se había tomado la decisión de entrenarlos, adiestrarlos e involucrarlos en operativos y prácticas policiales.

Ahora entiende por qué la Policía Estatal Preventiva funciona como funciona y por qué los uniformados son incapaces de contener los asaltos a cuentahabientes afuera de los bancos.

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