Al presidente municipal de Zacapoaxtla, Justino Guerrero Lillo, la crisis parece hacerle los mandados, y el Órgano Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado también.

A un año de su gestión, el munícipe priísta ha estrenado dos camionetas último modelo: una Ford Lobo de lujo, que adquirió con recursos del ayuntamiento en febrero de 2008 y que ahora es propiedad del constructor Alberto Alvarado, y otra camioneta de la misma marca y tipo, pero modelo 2009.

Además ha incorporado a su parentela a la nómina municipal, comenzando por su sobrino político, Jorge Hernández Tepanhuey ––que de wey no tiene nada––, a quien nombró contralor del ayuntamiento.

Lejos de combatir la corrupción, Hernández Tepanhuey es su principal promotor, pues con el consentimiento de su tío se encarga de cobrar el “diezmo” a los proveedores, constructores y materialistas que prestan o venden sus productos y servicios a la presidencia municipal, así como de cambiar por efectivo los vales de gasolina y diesel adquiridos por el ayuntamiento de Zacapoaxtla, dizque para el parque vehicular de la comuna.

Hay que decir que la fama de pillo del contralor municipal no es reciente: lo acompaña desde que fue despedido, por malos manejos administrativos, de las oficinas regionales de la Secretaría de Salud, dependencia contra la que promovió un juicio por despido injustificado, por el cual logró su reinstalación.

Las arbitrariedades de Justino y familia han llegado a tal extremo que hasta los priístas zacapoaxtecos han integrado un frente para defenderse de los abusos y excesos de su presidente municipal.

Y el Frente Priísta Zacapoaxteco ha sido tan bien recibido que, a escasos cuatro meses de su creación, ya tiene presencia y representantes en 10 de las 28 comunidades del municipio.

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El presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, ha comenzado a distanciarse ya no sólo de sus pares (los consejeros electorales), sino de los representantes partidistas acreditados ante al máximo órgano electoral del estado.

Su distanciamiento es consecuencia de la crisis económica, la estrechez presupuestal y la retención de algunas partidas por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado.

En concreto: la mayoría de los representantes de los partidos políticos están inconformes porque a estas alturas del año no han recibido los 15 mil pesos de dieta o compensación que venían cobrando mensualmente y porque, además, ya les avisaron que esta prebenda podría cancelarse debido a los ajustes presupuestales del Instituto Electoral del Estado.

Anoche, al cierre de este blog, recibì un correo con información interesante sobre futuros cambios y enroques en la gestión de Blanca Alcalá Ruiz. Le recomiendo revisarlo en la sección de comentarios.

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Simón dice:

“El dinero es como el estiércol: no es bueno, a no ser que se esparza”
Sir Francis Bacon, filósofo y estadista británico.

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En junio de 2007, a solicitud de la gestión de Enrique Doger Guerrero, el ayuntamiento de Puebla ordenó un estudio sobre la vida útil del relleno sanitario de Chiltepeque.

Dicha evaluación, basada supuestamente en levantamientos topográficos y  estimaciones volumétricas tanto de la capacidad de recepción del depósito como de las toneladas de basura que a diario ahí se procesan, concluyó que para septiembre u octubre de 2008 habría llegado a su máxima capacidad.

El año pasado la administración de Blanca Alcalá Ruiz, por conducto del coordinador general del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), Héctor Sulaimán Safi, ordenó un nuevo estudio con la misma finalidad: diagnosticar la capacidad del relleno sanitario.

Parte de las conclusiones de la nueva evaluación fueron adelantadas ayer por Héctor Sulaimán y los regidores Humberto Vázquez Arroyo y Enrique Chávez Estudillo, presidente de la Comisión de Servicios Públicos, y vocal de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, respectivamente.

En conferencia de prensa, aseguraron que el relleno de Chiltepeque puede funcionar hasta el año 2023 sin necesidad de ampliarse a otros terrenos, para recibir las 1,200 o 1,600 toneladas diarias de basura que produce la capital del estado.

Lo curioso del caso ––y vaya que lo es–– es que ambos estudios fueron realizados por la misma empresa: Ingeniería para el Control de Residuos Municipales e Industriales (Incremi).

Sí, la firma a la que hoy el Organismo Operador del Servicio Limpia prevé contratar como supervisora de la concesionaria del depósito de Chiltepeque: Rellenos Sanitarios (RESA), de José Abed Rouanett.

Y la misma a la cual el ayuntamiento de Blanca Alcalá le pagó 260 mil pesos por un estudio técnico que contradice de cabo a rabo el contratado por la gestión de Enrique Doger.

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Simón dice:

“Todo hombre tiene su precio, lo que hace falta es saber cuál es”
Joseph Fouché, político francés, fundador del espionaje moderno.

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El perfil del nuevo arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, cuyo nombramiento fue adelantado ayer por el corresponsal de e-consulta en el Vaticano, Andrés Beltramo, revela mucho del rol que la alta jerarquía católica espera del sucesor de don Rosendo Huesca Pacheco.

El hecho de que el Papa Benedicto XVI se haya inclinado por el ex director espiritual del Seminario Mayor Palafoxiano y no por un obispo metido en la grilla política o por un clérigo al servicio de la burguesía, como Onésimo Cepeda, evidencia el interés del Vaticano y los obispos mexicanos por contar con un prelado más cercano a los asuntos de Dios que a los del César.

(Para nadie en Puebla es un secreto que en los últimos años, don Rosendo Huesca actuó más como figura política religiosa, que como pastor y guía espiritual de la grey católica.)

A la par, existe la intención de que el futuro arzobispo de Puebla —quien como pocos conoce las fortalezas y debilidades de la mayoría de los sacerdotes de la región— sea quien opere, en apego a la ortodoxia, la urgente y necesaria transformación de la Arquidiócesis.

Un aspecto que no puede pasarse por alto en la biografía de Víctor Sánchez son sus vínculos familiares y religiosos con los arzobispos Octaviano Márquez y Toriz y Ernesto Corripio Ahumada. Del primero recibió el diaconado en 1975, y del segundo su ordenación sacerdotal un año después, su primer nombramiento como vicario en la Parroquia de María Reina y el impulso para irse a Roma y graduarse como licenciado en Sagrada Liturgia, en el Pontificio Instituto Litúrgico (PIL) de la abadía de San Anselmo.

Un pendiente que deja don Rosendo Huesca al nuevo arzobispo es la restructuración de la Arquidiócesis, que —según un viejo proyecto— tiende a dividirse en dos, la diócesis del norte y la diócesis del sur, cada cual con su obispo auxiliar.

Víctor Sánchez parece el hombre indicado para esta tarea, no sólo por el conocimiento que tiene del territorio y los clérigos de los decanatos y las parroquias del estado, sino por su talante ejecutivo.

No hay que olvidar que el futuro arzobispo de Puebla es secretario ejecutivo del Consejo Episcopal Latinoamericano, y secretario general de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe.

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El secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, bien haría en cuidarse del presidente municipal de Xicotepec de Juárez, el panista Juan Carlos Valderrábano Vázquez, quien el martes, por cierto, fue uno de sus invitados a comer al restaurante El Chimichurri.

Para empezar, Juan Carlos Valderrábano juega con dos cachuchas. En Puebla se pone la del “Proyecto Z” y en la Sierra Norte la del senador Rafael Moreno Valle.

Y luego, se está haciendo de una fama de bribón y corrupto, al favorecer sin mucho pudor a sus familiares en la compra de materiales de construcción para las obras que realiza el ayuntamiento a su cargo.

Según los enterados, el munícipe de Xico tiene como proveedores consentidos a Materiales Los Chuchos, negocio del cual es dueño su hermano Jesús, y a Casa Don Gil, que lleva el nombre de su abuelo paterno Don Gilberto Valderrábano.

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Simón dice:

“Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces entonces estás peor que antes”
Confucio, filósofo chino.

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Muchas son las lecturas que pueden hacerse de la interesante encuesta publicada este jueves por el periódico Intolerancia sobre el posicionamiento electoral, en la capital del estado, de los principales aspirantes a la gubernartura.

Por principio de cuentas, debo aclarar que difiero de la interpretación central que el director de ese diario, Enrique Núñez Quiroz, dio a los resultados de su propia encuesta, pues no creo que lo relevante del estudio sea que Blanca Alcalá y Enrique Agüera son los precandidatos más conocidos y los que inspiran mayor confianza.

Los datos finos de la investigación ––efectuada entre el 19 y el 23 de enero–– se ubican a mi parecer en otro lado: en las gráficas donde se muestra la intención de voto y aquellas que reflejan la confianza y desconfianza que tienen los aspirantes a Casa Puebla entre los electores de la capital del estado.

Un punto no menor es que el ex alcalde de Puebla, Enrique Doger Guerrero, sea quien encabece las preferencias electorales en el municipio de Puebla, por arriba del rector Enrique Agüera, el senador Rafael Moreno Valle y la actual presidenta Blanca Alcalá.

El resultado me parece significativo en el contexto de las campañas negras que algunos medios de comunicación han emprendido contra Enrique Doger, y la cerrazón que otros han mostrado hacia el ex munícipe capitalino.

Otro detalle en el que Enrique Núñez no reparó, pero de suma relevancia, es el relativo a los porcentajes de confianza y desconfianza que registra el delfín del gobernador Mario Marín Torres.

A la pregunta ¿Qué tanta confianza le inspira Javier López Zavala?, el 30.7% de los encuestados respondió que “mucha” y “algo”, pero el 54.2% que “poca” o “nada”.

En este rubro, los resultados de otros aspirantes priístas a Casa Puebla como Enrique Agüera y Blanca Alcalá son mucho mejores, sobre todo en el caso del actual rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que genera más confianza que desconfianza entre los votantes radicados en la capital del estado.

Esta variable, que un acucioso observador político no puede ignorar, se confirma en otro apartado de la misma investigación.

A la pregunta: ¿Este personaje (Javier López Zavala) le inspira desconfianza?, el 27.3% respondió que sí, y el 72.7% que no.

Lo significativo del caso es que, en este rubro, la percepción de otros precandidatos priístas, como Enrique Agüera, Blanca Alcalá y hasta Enrique Doger, también es mejor, al inspirar menos desconfianza que aquel entre los votantes del municipio de Puebla.

Una cuestión final que a mi juicio fue minimizada por el director de Intolerancia son los porcentajes de votación que registran el PRI y el PAN al cuestionamiento: Si las elecciones para gobernador del estado de Puebla fueran el día de hoy ¿por cuál partido político votaría?

El resultado de esa pregunta es un virtual empate técnico, considerando el margen de error, pues el PRI obtiene el 25.7% de a intención de voto, y el PAN el 24%, lo que me hace suponer que al día de hoy las elecciones para diputados federales también están empatadas, al menos en la capital del estado, ¿O no?

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Hete aquí los nombres de algunos personajes que el senador del PAN, Rafael Moreno Valle, anda promoviendo como candidatos a diputados federales del PAN y PANAL.

Por el blanquiazul, sus prospectos son:

Marco Valseca Romero, presidente de Coparmex Tehuacán, por el distrito 15 de la ciudad de las granadas; e Isidro Camarillo Mirón, ex presidente municipal priísta de Quecholac, por el distrito 8 de Ciudad Serdán.

Y por la franquicia de la maestra Elba Esther Gordillo, es decir, el PANAL:

Isaac Jiménez, ex priísta y ex candidato del tricolor a la presidencia municipal de San Pedro Cholula, por el distrito 10; y Eduardo García Suárez, ex presidente de la Concanaco, por el distrito 12 con cabecera en el municipio de Puebla.

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Simón dice:
“La causa real y determinante que ha hecho perder el poder a los hombres ha sido siempre el haber llegado a ser indignos de ejercerlo”

Alexis De Tocqueville, filósofo y político liberal francés

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Aun cuando la Gran Comisión aún no define la terna que será presentada al pleno de la Cámara de Diputados, lo más probable es que Blanca Lilia Ibarra Cadena sea quien la encabece y la que ocupe el cargo que dejará vacante en la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Josefina Buxadé Castelán.

De los 15 aspirantes al cargo que ayer fueron entrevistados por los diputados de la Gran Comisión del Congreso del estado, hay coincidencia que las mejores exposiciones fueron las de Josefina Buxadé, Blanca Lilia Ibarra, Ana Belén Mendieta Lozada y Roberto Díaz Sáenz, en ese orden.

Para los legisladores priístas, que son los tienen en sus manos la decisión, las propuestas de Blanca Lilia Ibarra y Josefina Buxadé representan dos complicados dilemas.

En el caso de la presidenta de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, existe el temor de que su nombramiento pueda ser impugnado, bajo el argumento de que Ibarra no cumple con el punto seis de la convocatoria expedida por el Poder Legislativo, y que a la letra dice:

«6.- No haber desempeñado cualquier cargo de elección popular con el carácter de propietario; Titular de Dependencia o Entidad Federal, Estatal o Municipal; Magistrado del Poder Judicial del Estado o del Tribunal Electoral del Estado, Consejero del Instituto Electoral del Estado o dirigente de algún partido o asociación o agrupación política durante los tres años previos al de su designación».

Ayer la propia Blanca Lilia Ibarra explicó a los diputados que la interrogaron sobre el particular que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del ayuntamiento de Puebla, de la cual se separó para registrarse como aspirante a comisionada de la CAIP, no es una dependencia o entidad municipal, sino un organismo auxiliar transitorio.

Su argumentación no convenció del todo a un sector de los diputados del PAN, que anoche recibieron un informe de sus asesores jurídicos en el sentido de que la participación de Blanca Lilia en el proceso de renovación de la CAIP podría ser violatoria de la convocatoria emitida por el Congreso del estado para tal fin.

El segundo dilema de los priístas es no saber cómo o bajo qué argumentos impedir la continuidad de Josefina Buxadé al frente de la CAIP.

Y más cuando ayer se conoció que además de la UDLA-P, la Ibero, la UPAEP, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial y la Fundación para la Libertad de Expresión, entre otras organizaciones que la nominaron, cuenta con el respaldo de intelectuales, escritores, periodistas, consejeros electorales y académicos de reconocida talla nacional e internacional que no debieran ser ignorados.

Por lo pronto hoy continuarán al seno de la Gran Comisión las negociaciones, por lo que la terna definitiva que este jueves será presentada al pleno de la LVII Legislatura local se conocerá hasta hoy por la noche o mañana antes del medio día.

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La presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, no sólo está obligada a exigir al gobierno de Mario Marín Torres mayores recursos para obra pública, sino a detener el protagonismo del secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, en las giras que realiza para repartir cheques del Programa Manos a la Obra–Unidos para Progresar.

Lo que ocurre en esos eventos la deja mal parada ante la ciudadanía y sus subordinados, que no entienden por qué López Zavala puede llegar a un acto de la presidenta municipal, hacerse del control, montar lonas con su fotografía incluso encima de las colocadas por la gente de Alcalá, y agenciarse de los fondos aportados por el ayuntamiento.

Y es que el secretario de Desarrollo Social nunca especifica que la mitad de los recursos que entrega a vecinos de colonias populares, pobres o marginadas de la capital, corresponden al gobierno del estado y la mitad al ayuntamiento de Puebla.

Así sucedió el viernes pasado en Lomas de Chapultepec, donde se repartieron 126 cheques por un monto total de 3 millones de pesos.

Ese día, los operadores de López Zavala se agandallaron el evento organizado por la comuna, modificaron el programa y tapizaron con grandes lonas ––en las que reproducían fotografías con la regordeta figura del secretario de Desarrollo Social–– el lugar de la reunión.

El maestro de ceremonias ––puesto también por López Zavala–– arrancó el acto de entrega de cheques sin esperar el arribo de Blanca Alcalá. Cuando la presidenta hizo su arribo a la colonia, los fondos del programa municipal Manos a la Obra ya se habían repartido.

El problema para la alcaldesa es que esta situación se ha repetido en otras colonias como Tilostoc, San Bernabé Temoxtitla, San José de los Cerritos, Unidad Habitacional Bosques de San Sebastián, Joaquín Columbres, Unidad Habitacional SNTE, Unidad Habitacional VW 2, San Pablo Xochimehuacán, Constitución Mexicana y Bosques de La Cañada.

Y en todas, o casi todas, la escena ha sido la misma.

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El lunes por la tarde se reunieron a comer —muy en privado, con champagne y finos vinos de mesa— el arzobispo de Puebla, Rosendo Huesca Pacheco, la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz y su secretario de Desarrollo Social municipal, Víctor Manuel Giorgana Jiménez.

Los enterados aseguran que sólo se trató de una comida de despedida a don Rosendo Huesca, que en cualquier momento será relevado de la arquidiócesis de Puebla.

¿Será?

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Arturo Montiel, el popular “Jarocho”, fue designado ayer como director de Seguridad Pública de San Andrés Cholula.

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Al cumplirse ayer un año de la elección de Blanca Alcalá Ruiz como presidenta municipal de Puebla, valdría la pena preguntarse si lo que está haciendo como gobernadora de la capital del estado le alcanzará para ser considerada por su partido, el PRI, como una eventual aspirante a Casa Puebla en los comicios locales del 2010.

En lo personal, creo que si Blanca Alcalá no aprieta el paso, se hace del control de todas las áreas del ayuntamiento y se pone a negociar con el gobierno del estado mayores recursos para obra pública, sus posibilidades se irán por la borda.

Si la presidenta municipal de Puebla no cumple con las promesas y obras que prometió a quienes viven en la Angelópolis, su carrera política terminará con el trienio. Eso sí: podrá presumir que fue la primera mujer en gobernar la capital poblana, aunque con magros resultados.

¿Qué puede hacer Blanca Alcalá con su presupuesto de 500 millones de pesos para obra pública?

La verdad es que muy poco. Y menos si mantiene esa actitud pasiva y, hasta cierto punto, timorata de no exigir mayores recursos al gobierno del estado.
¿Por qué la administración de Mario Marín Torres le puede dar al rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez, más de 300 millones de pesos para la construcción del Complejo Cultural Universitario y le regatea esa misma cantidad al gobierno de la ciudad?

¿Será acaso que Blanca Alcalá no es su candidata y Enrique Agüera sí?

La verdad es que para una ciudad como Puebla —la cuarta con mayor número de habitantes del país—, un presupuesto de 500 millones de pesos para obra pública es ridículo.

Dicha cantidad equivale a lo que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se gastará en una sola obra en la capital poblana. Me refiero a la reconstruccion y remodelación de la Vía Atlixcáyotl.

El costo de dicha vialidad —una de las más caras del país, considerando que cada kilómetro se pagará a razón de 100 millones de pesos— representa la totalidad de los recursos que para este año ejercerá el ayuntamiento de Puebla por concepto de obra pública.

Otra dependencia del gobierno del estado que también cuenta con mucho más dinero para obra que Blanca Alcalá es la Secretaría de Finanzas y Adminitración.

Sólo en un proyecto, el Centro Expositor, el secretario de Finanzas, Gerardo María Pérez Salazar, se gastará el doble del presupuesto del ayuntamiento capitalino.

Pero lo más contradictorio, o paradójico, es que Enrique Doger Guerrero ejerció, en su último año de gobierno como presidente municipal de Puebla, un presupuesto de casi mil millones de pesos en obra pública. Y eso que supuestamente no tenía el apoyo del gobernador Mario Marín.

Por eso insisto: ¿No será que Blanca Alcalá está congelada por el actual inquilino de Casa Puebla para dejarle el camino libre a su delfín, Javier López Zavala?

Es pregunta, que conste.

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Ayer, en la radio de Xicotepec de Juárez, se dieron tremendo agarrón el diputado local del distrito, Carlos Barragán Amador, y el dirigente municipal del PAN, Antonio Carballo Ríos. Este último acusó al legislador priísta de utilizar los programas y apoyos del gobierno del estado y de la Secretaría de Desarrollo Social para promoverse y hacer proselitismo a favor de su partido, a lo que aquél le respondió que prefería ir a la cárcel, y que lo denunciaran penalmente con tal de seguir ayundando a la gente pobre de la región.

El debate se dio al mediodía por la Radio Xicotepec Expresión 570.

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Hasta julio, Blanca Alcalá pagaba a 34 “asesores”
Roberto Domínguez, ¿al arzobispado de Puebla?

Si mucho se criticó en la gestión de Enrique Doger Guerrero la abultada nómina del ayuntamiento de Puebla, sobre todo de algunas áreas, en los casi ocho meses que van de la administración de Blanca Alcalá Ruiz, el personal, los sueldos y salarios de la burocracia municipal siguen creciendo.

En la primera quincena de febrero, la oficina de la presidencia municipal tenía 42 empleados y el gasto en nómina de éstos ascendía a 323 mil pesos mensuales, pero en la primera quincena de julio el número creció a 58 empleados y el gasto se disparó a 708 mil pesos.

Lo mismo pasó con la Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, que pasó de 20 a 37 empleados, y de 323 mil pesos a 625 mil pesos mensuales, y la oficina de Políticas Públicas e Innovación Gubernamental que de 7 empleados creció a 65, y su nómina aumentó de 154 mil pesos a 826 mil pesos mensuales.

De la primera quincena de febrero a la primera quincena de julio la nómina del Cabildo se incrementó en 75 mil pesos mensuales, la de Sindicatura en 173 mil pesos, la de Gobernación Municipal en 210 mil, la de Desarrollo Social en 246 mil, la de Gestión Urbana y Obra Pública en 429 mil, la de Desarrollo Económico en 224 mil, y la de Administración en 526 mil.

En ese mismo periodo, las únicas dependencias donde el personal no creció, sino que disminuyó, lo mismo que el costo de su nómina fueron la Secretaría del ayuntamiento, la Tesorería, la Contraloría, la Coordinación de Comunicación Social, y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

La plantilla de personal de la Secretaría del ayuntamiento se redujo de 212 a 205 empleados, y la nómina mensual en 75 mil pesos; en Tesorería hubo 47 plazas menos y una disminución de 66 mil pesos; en Contraloría 12 plazas menos y un ahorro de 41 mil pesos, y en Comunicación Social 6 plazas menos y un desembolso menor en nómina de 27 mil pesos mensuales.

En la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal el personal en nómina también disminuyó de febrero a julio, al pasar de 1,153 a 1,121 plazas, con un ahorro de casi 50 mil pesos mensuales.

A pesar de estas reducciones, la nómina del gobierno municipal de Blanca Alcalá hoy es mayor con respecto al mes de febrero en que asumió el cargo.

De acuerdo con el reporte proporcionado por la Dirección de Recursos Humanos del ayuntamiento al reportero Erick Almanza, con base en la solicitud de información registrada bajo el folio 67108, en febrero había 1,684 empleados de base, 597 pensionados y 2,174 empleados de honorarios, mientras que en agosto existían 1,593 trabajadores con base, 618 pensionados y 2,594 contratados bajo el régimen de honorarios.

En febrero, el costo mensual de la nómina ascendía a 33 millones 241 mil pesos, en julio de disparó a 40 millones 316 mil pesos y en agosto a 39 millones 534 mil pesos.

Pero si el incremento en la nómina es criticable, más lo es la lista de 34 asesores adscritos a la Presidencia Municipal, con sueldos que van de los 20 mil a los 35 mil pesos mensuales.

Hasta el mes de julio, en la lista se asesores de la presidenta municipal de Puebla figuraban Luz María Aguirre Barbosa, José Octavio Castilla Kuri y María Antonia Martínez Silva, con 35 mil pesos mensuales cada uno;

Óscar René Carrillo Solís, Héctor Javier Cesín Rojas, María González Hernández, Joaquín Maldonado Ibargüen y José A. Martínez Hernández, con 30 mil pesos cada uno;

Miguel Ángel Ponce Morales y José Raúl Castillo y Ramírez, con 27 mil 416 pesos y 27 mil pesos mensuales, respectivamente;

Eduardo Alcántara Montiel, Sergio Arroyo Granados, Jerónimo Ramón Balderas Ruiz, Demetrio Canseco Enríquez, Felipe de Jesús Flores Núñez, Carlos Gallardo Arroyo, Juvenal González González, José Gutiérrez y Herrera, Ricardo Mejía López, Israel Ramírez Minor, José Javier Ramírez Ponce, Rodolfo Reyes Coria, Francisco Valencia Ponce y Margarita Vázquez Rico, con 25 mil pesos mensuales cada uno;

También Mariana Navarrete Little, con 24 mil pesos; y Arturo Bertado Flores, Libya Carrillo Romero, Marcela Domínguez Cuanalo, P. González Rubio Martínez, Ramón López Rubí, Rafael Morales Juárez, Yolanda Robles de la Torre y Miguel Rodríguez Valtierra, con 20 mil pesos mensuales cada uno.

EN CORTO
Un obispo poblano que a la fecha no ha sido mencionado como posible sucesor de Rosendo Huesca Pacheco al frente de la Arquidiócesis de Puebla, pero que podría dar la sorpresa es Óscar Roberto Domínguez Couttolenc.

El actual obispo de Tlapa de Commonfort, Guerrero, tiene 52 años y ha sido misionero de la Iglesia Católica en países de África.

Roberto Domínguez ingresó al Seminario del Instituto de María de Guadalupe para las Misiones Extranjeras en 1972, y 11 años más tarde se ordenó como sacerdote.

Antes de que el Papa Benedicto XVI lo nombrara obispo de Tlapa, en marzo de 2007, Roberto Domínguez estuvo como vicario en la parroquia de Santa María Madre de la Iglesia, en Monterrey; como misionero en Ngong, Kenia, y como director administrativo de la Universidad Intercontinental de México y Vicario General de la Congregación Misioneros de Guadalupe.

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El viernes por la tarde, el secretario de Salud del estado, Antonio Marín López designó a Rodolfo Carrillo Luna como coordinador de Servicios de Salud, en sustitución de Ricardo Villa Issa.

Rodolfo Carrillo es cirujano militar y se ha desempeñado como director general de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional y como miembro de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.

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Entre los funcionarios de primer nivel del ayuntamiento de San Pedro Cholula no han caído nada bien las intenciones del ex munícipe Juan Pablo Jiménez Concha de hacerse de la nominación del PRI a la diputación federal por el distrito 10, y menos cuando parte de su estrategia de posicionamiento está basada en criticar la gestión del actual presidente municipal, Francisco Covarrubias Pérez.

El malestar de los actuales funcionarios cholultecas radica en que buena parte de los reclamos que hoy enfrentan tienen su origen en problemas y rezagos acumulados en la anterior administración municipal, que no sólo redujo a la mitad las participaciones a las 13 juntas auxiliares, sino que incumplió con una serie de obras que Jiménez Concha prometió realizar durante su trienio.

A esta situación hay que agregar el hecho de que funcionarios que vienen de la pasada administración, como el director de Gobernación, Fernando Ortiz Aldana y la directora de Cultura, Guadalupe Galindo Vega, lejos de sumarse e integrarse al equipo de Francisco Covarrubias se la pasan jugando al solitario en su oficina, o promoviendo a Jiménez Concha como aspirante a la diputación federal.

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Ayer, el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, quiso aprovechar el Día de la Raza para reunir a 2 mil campesinos en las instalaciones de la SDS en la colonia Humboldt, pero sólo llegaron 500.

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La apertura de un bar en Xicotepec de Juárez, a unos cuantos metros del templo de San Juan Bautista podría generarle a la Secretaría de Gobernación del estado y a su titular Mario Montero Serrano un pleito innecesario con la Iglesia Católica, por culpa uno de sus subordinados.

Y es que el bar es propiedad ni más ni menos que de Alán Santos Valderrábano y su hermano Iván, este último delegado de Gobernación en Xicotepec.

El bar “El Gallo”, que no es nuevo, se localizaba a tres cuadras de donde hoy pretende ser reubicado, en la avenida principal, a 60 metros de la iglesia de San Bautista y en las inmediaciones de varios centros escolares.

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Los policías estatales y agentes de vialidad están que trinan contra el secretario de Seguridad Pública del estado, Mario Ayón Rodríguez, luego de que el miércoles ordenara detener a cuanta camioneta Lincoln estuviera en circulación, ante la sospecha de que los jefes de los sicarios que el sábado por la madrugada fueron linchados en el municipio de Tlapanalá andaban por la capital del estado.

El malestar de los agentes de tránsito es más que justificado, pues cómo los instruían a detener una camioneta con criminales abordo y armados hasta las cachas, mientras en general Ayón, el coronel José Luis Sobreira Hernández y el director de Seguridad Vial, Carlos Arroyo Salamanca, dirigían las operaciones por radio y desde la comunidad de su oficina.

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Este viernes estará en Puebla el ex procurador General de la República y ex procurador de Justicia en el Distrito Federal, Ignacio Morales Lechuga.

Oficialmente, Morales Lechuga viene a la capital como presidente de la Fundación “Gonzalo Río Arronte”, para donar al área de radiología del Hospital Universitario un tomógrafo axial y para dictar una conferencia magistral titulada “México en la encrucijada del siglo XXI”.

La ponencia de también rector de la Escuela Libre de Derecho –de la cual por cierto es egresado, lo mismo que el presidente Felipe Calderón Hinojosa– tendrá lugar a las 10:30 horas en el Paraninfo del edificio Carolino.

Sin embargo, Morales Lechuga se reunirá a comer en privado con el gobernador Mario Marín Torres y el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez, para que en corto les comparta sus experiencias en materia de seguridad y procuración de justicia, ahora que el crimen organizado azota a la entidad.

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El de hoy será un día difícil para el ilegal e ilegítimo presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del estado de Puebla, Antonio Juárez Acevedo, como anfitrión de la IX Asamblea Nacional Ordinaria de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP), que hoy inicia sus trabajos a las 9:30 horas en el Centro de Convenciones.

¿Con qué calidad y autoridad moral Juárez Acevedo puede ser anfitrión de los representantes de los institutos y comisiones garantes de la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información de todo el país, si hoy está más que confirmado que su nombramiento como comisionado de la CAIP es ilegal, por haber militado y sido dirigente de la Agrupación Política Nacional Plataforma Cuatro?

A ver si el capricho de sus padrinos y protectores políticos de tratar de sostenerlo al frente de la CAIP hasta diciembre, en que concluye el periodo de la comisionada Josefina Buxadé Castelán, no se convierte en un escándalo nacional.

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Cuatro son las firmas que el ayuntamiento y la coordinación del Organismo Operador del Servicio de Limpia evalúan para que analicen y dictaminen el proyecto ejecutivo presentado por la empresa Relleno Sanitarios (RESA) para continuar con la operación y explotación del relleno sanitario de Chiltepeque durante los próximos 15 años.

Las firmas en cuestión son: Fundación Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales, Ingeniería y Desarrollo Sustentable, Ingeniería para el Control de Residuos Municipales e Industriales (Incremi), y Toda Arquitecto.

Hasta ahora la favorita es Incremi.

Y la gran duda: ¿Cuánto nos costará su diagnóstico?

No hay que olvidar que Incremi fue el despacho contratado por la gestión de Enrique Doger Guerrero que dijo, con base en levantamientos topográficos y estimaciones volumétricas, que el relleno sanitario de Chiltepeque agotaría su capacidad de recepción de desechos en septiembre u octubre de 2008, y luego nadie le hizo caso.

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