La Ley 3 de 3 o la viga en el ojo ajeno

El proyecto de académicos, rectores, empresarios y dirigentes de la sociedad civil de impulsar desde Puebla un movimiento nacional contra la corrupción es sin duda plausible, lo mismo que su intención de recabar 35 mil firmas de aquí al 30 de abril para llevar al Congreso de la Unión una iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Tanto el objetivo central del proyecto –combatir la corrupción de funcionarios, proveedores y contratistas– como las acciones que se plantean para que la sociedad se movilice hasta lograr la aprobación de la llamada Ley 3 de 3, son a todas luces dignos de reconocimiento.

Sin embargo creo si los promotores locales de la iniciativa -los rectores de la Ibero, el Tec de Monterrey, la Udlap, la Upaep, la Anáhuac y la Universidad Madero, así como los dirigentes del CCE y la Coparmex— ven la paja en el ojo ajeno sin mirar la viga en el propio, lo más probable es que este esfuerzo se quede en buenas intenciones.

Digo lo anterior por lo que escuché esta mañana en las intervenciones de varios de estos en el acto que tuvo lugar en la Universidad Iberoamericana de Puebla, criticando la corrupción del gobierno federal, de Pemex, de funcionarios de la Secretaría de la Función Pública y de gobernadores de otros estados como Veracruz.

No escuché una sola crítica al gobierno de Puebla, ni a las instancias estatales responsables de combatir la corrupción o de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los sujetos obligados.

Da la impresión que los rectores, empresarios, académicos y activistas de Puebla impulsores de la Ley 3 de 3 se escandalizan porque unos funcionarios son sorprendidos comiendo caviar y bebiendo champán con cargo al erario, con la cifra de 42 mil mdp no solventados de la cuenta pública de 2014 o con las multimillonarias observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al gobierno de Enrique Peña Nieto o al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, pero no con lo que ocurre en Puebla.

Qué acaso estos personajes desconocen que la ASF también hizo observaciones al gobierno de Puebla por sobrecostos en las principales obras que la administración ha realizado o lleva a cabo como el Segundo Piso de la Autopista México-Puebla, la remodelación del estadio Cuauhtémoc, el Museo Internacional Barroco y el Auditorio Metropolitano antes Siglo XXI.

O que la misma instancia que detectó irregularidades en los gobiernos de Peña Nieto y Javier Duarte, también reveló que la administración de Rafael Moreno Valle tiene pendientes de comprobación más de 1,400 millones de pesos, que ésta contrató a constructoras foráneas o sin experiencia, que arrancó obras sin contar con los permisos correspondientes o que el gobierno del estado destinó más de 42 millones para trabajos de drenaje que en realidad debía pagar Agua de Puebla y/o Concesiones Integrales.

La iniciativa, insisto me parece encomiable, no tengo la menor duda en apoyarla y suscribirla, pero creo que sus promotores locales, con honrosas excepciones, han sido omisos por no decir encubridores de abusos, actos de corrupción y manifiesta opacidad, frente a los que se han quedado callados o guardado un cómplice silencio.

La omisión es también una forma de corrupción y cobardía. Por el cómplice silencio que muchos de ellos mantienen o han mantenido, la corrupción en Puebla no disminuyó, sino que cambió que actores y la transparencia y la rendición de cuentas lejos de avanzar se estancó, en detrimento de la propia sociedad a la que ahora, en plena coyuntura electoral, quieren abanderar.

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