El proyecto de académicos, rectores, empresarios y dirigentes de la sociedad civil de impulsar desde Puebla un movimiento nacional contra la corrupción es sin duda plausible, lo mismo que su intención de recabar 35 mil firmas de aquí al 30 de abril para llevar al Congreso de la Unión una iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Tanto el objetivo central del proyecto –combatir la corrupción de funcionarios, proveedores y contratistas– como las acciones que se plantean para que la sociedad se movilice hasta lograr la aprobación de la llamada Ley 3 de 3, son a todas luces dignos de reconocimiento.

Sin embargo creo si los promotores locales de la iniciativa -los rectores de la Ibero, el Tec de Monterrey, la Udlap, la Upaep, la Anáhuac y la Universidad Madero, así como los dirigentes del CCE y la Coparmex— ven la paja en el ojo ajeno sin mirar la viga en el propio, lo más probable es que este esfuerzo se quede en buenas intenciones.

Digo lo anterior por lo que escuché esta mañana en las intervenciones de varios de estos en el acto que tuvo lugar en la Universidad Iberoamericana de Puebla, criticando la corrupción del gobierno federal, de Pemex, de funcionarios de la Secretaría de la Función Pública y de gobernadores de otros estados como Veracruz.

No escuché una sola crítica al gobierno de Puebla, ni a las instancias estatales responsables de combatir la corrupción o de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los sujetos obligados.

Da la impresión que los rectores, empresarios, académicos y activistas de Puebla impulsores de la Ley 3 de 3 se escandalizan porque unos funcionarios son sorprendidos comiendo caviar y bebiendo champán con cargo al erario, con la cifra de 42 mil mdp no solventados de la cuenta pública de 2014 o con las multimillonarias observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al gobierno de Enrique Peña Nieto o al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, pero no con lo que ocurre en Puebla.

Qué acaso estos personajes desconocen que la ASF también hizo observaciones al gobierno de Puebla por sobrecostos en las principales obras que la administración ha realizado o lleva a cabo como el Segundo Piso de la Autopista México-Puebla, la remodelación del estadio Cuauhtémoc, el Museo Internacional Barroco y el Auditorio Metropolitano antes Siglo XXI.

O que la misma instancia que detectó irregularidades en los gobiernos de Peña Nieto y Javier Duarte, también reveló que la administración de Rafael Moreno Valle tiene pendientes de comprobación más de 1,400 millones de pesos, que ésta contrató a constructoras foráneas o sin experiencia, que arrancó obras sin contar con los permisos correspondientes o que el gobierno del estado destinó más de 42 millones para trabajos de drenaje que en realidad debía pagar Agua de Puebla y/o Concesiones Integrales.

La iniciativa, insisto me parece encomiable, no tengo la menor duda en apoyarla y suscribirla, pero creo que sus promotores locales, con honrosas excepciones, han sido omisos por no decir encubridores de abusos, actos de corrupción y manifiesta opacidad, frente a los que se han quedado callados o guardado un cómplice silencio.

La omisión es también una forma de corrupción y cobardía. Por el cómplice silencio que muchos de ellos mantienen o han mantenido, la corrupción en Puebla no disminuyó, sino que cambió que actores y la transparencia y la rendición de cuentas lejos de avanzar se estancó, en detrimento de la propia sociedad a la que ahora, en plena coyuntura electoral, quieren abanderar.

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Una de las decisiones más importantes que el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas tendrá que tomar en los siguientes días es el nombramiento de su próximo secretario general de Gobierno, ahora que está plenamente confirmado que Luis Maldonado Venegas no regresará a ocupar ese cargo, tras su designación como presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cámara de Diputados.

Dicho nombramiento encierra varias complicaciones, por la misión y atribuciones de la dependencia como coordinadora del gabinete estatal y encargada de conducir la política interna del estado, la gobernabilidad y el diálogo con los partidos políticos, y por la ausencia de cuadros o figuras que reúnan el perfil requerido para desempeñar el cargo.

Las posibilidades de que el gobernador Moreno Valle mantenga a Jorge Benito Cruz Bermúdez en la SGG, ya no como encargado de despacho sino como titular de la Secretaría, parecen remotas. La falta de confianza del mandatario hacia ese funcionario, que siempre ha estado a la sombra de Luis Maldonado, es manifiesta y conocida por la mayoría de los secretarios del gabinete.

Esa circunstancia le resta autoridad para cumplir con la fracción II del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública que establece que el titular de la SGG debe “Fungir como Coordinador del Gabinete integrado por los Titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal”.

Otro nombre que también se ha mencionado como posible sucesor de Luis Maldonado es el de Fernando Morales Martínez, quien actualmente se desempeña como subsecretario de Desarrollo Político y Participación Ciudadana de la SGG.

El hijo del ex gobernador Melquiades Morales Flores sí parece haberse ganado la confianza de su jefe, al menos en cuanto a ser el canal para llevar y traer mensajes de distintos actores políticos al Ejecutivo estatal. Sin embargo, difícilmente estos mismos actores apostarían por Fernando Morales como un personaje que abonaría a la gobernabilidad, paz y tranquilidad social del estado, o las relaciones respetuosas e institucionales con los demás poderes del estado y de la Unión, así como con los órganos constitucionalmente autónomos, los ayuntamientos y los partidos políticos.

Basta recordar los insultos y amenazas que lanzó al diputado y ex dirigente estatal del PVEM, Juan Carlos Natale López, por el apoyo que éste brindó a la candidata del PRI a diputada federal por el distrito 8 en las pasadas elecciones, Arely Ávila Reyes , o el mensaje que en nombre del gobernador transmitió el martes de la semana pasada al principal aspirante del PRI a la gubernatura de Puebla, Enrique Doger Guerrero.

Qué tan recomendable para la gobernabilidad del estado y los partidos políticos puede resultar un funcionario como Fernando Morales que es aborrecido por la actual dirigencia estatal del PRI, repudiado por las de otros partidos por su altanería, lenguaje procaz y falta de institucionalidad, y visto con recelo hasta por su propios familiares.

Por esas razones es que algunos observadores creen que el gobernador podría inclinarse por el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del estado, el diputado Jorge Aguilar Chedraui, quien en el arranque de la gestión morenovallista se desempeñó como secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud en el estado.

Aguilar Chedraui es un político cien por ciento identificado con el actual Ejecutivo estatal, desde su incursión en el servicio público como director de Programación y Presupuesto, director de Deuda Pública y Tesorería, y secretario particular de Rafael Moreno Valle en la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social.

Su designación como titular de la Secretaría General de Gobierno no provocaría aspavientos en el grupo gobernante, aunque sí algunos reacomodos en el Poder Legislativo, pues tendría que pedir licencia y dejar la coordinación de la fracción panista, seguramente a la diputada Irma Patricia Leal Islas.

La definición del sucesor de Luis Maldonado se conocerá en estos días. Este lunes por lo pronto el gobernador Moreno Valle se reunirá con él y uno de los temas que seguramente abordarán será el relativo a la salida de Jorge Cruz, y los prospectos a suplirlo en los 14 meses y 19 días que restan al sexenio, en los cuales por cierto habrá elecciones para nombrar gobernador constitucional por un periodo de un año ocho meses.

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La ASF exige al gobierno el reembolso de más de 7 mdp

Un tema que por fin deben abordar y resolver las autoridades estatales, luego de la decisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de exigir al gobierno del estado el reintegro de 7 millones 152 mil de pesos que se aplicaron el año pasado para evaluar a 2,768 policías auxiliares, es el estatus de esta corporación.

Y es que en Puebla los efectivos de la Policía Auxiliar, cuyo nombre correcto es Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana, no son en estricto sentido policías aunque tengan uniforme y usen armas largas y cortas amparadas por la licencia colectiva 38, que sólo aplica para el personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

El año pasado el gobierno del estado, a través de la Secretaría General de Gobierno (SGG) y la SSP, justificaron el despido de más de 120 integrantes de esta corporación con el prurito de que no habían acreditado los exámenes de control de confianza a que fueron sometidos, y hoy nos enteramos por el Diario Oficial de la Federación que éstos ni siquiera tenían que haber sido evaluados.

Así las cosas sería importante que el contralor del estado, Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz, explicara no sólo quién cometió la pifia de obligar a los integrantes de la Policía Auxiliar a evaluarse, por lo que el estado tuvo que devolver a la federación más de siete millones de pesos más intereses, sino que nos dijera, tal como lo dispuso la ASF, a qué funcionarios estatales ya les inició un procedimiento por el Pliego de Observaciones derivado del expediente SC.SAGC.DSGG.DJQD/10C.10.11/25.201413-A-2100-0499-06-001 de la ASF, y por el despido de más de 120 elementos.

Y ya metido en esos terrenos que investigara las causas por las cuales la Corporación ha venido perdiendo en las últimas semanas y meses importantes contratos con entidades y empresas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las tiendas de conveniencia Oxxo, y la tienda departamental Liverpool, así como con bancos y otras dependencias del gobierno del estado.

Y finalmente por qué los efectivos de la Corporación usan las armas asignadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a la Secretaría de Seguridad Pública del estado (rifles R-15, escopetas calibre 12 y 20, pistolas escuadra Prieto Beretta 9 mm y revolver 38 especial) para la protección de particulares y por qué los elementos que las tienen bajo su resguardo casi siempre trabajan como escoltas o guardaespaldas de políticos, funcionarios, empresarios e influyentes.

¿Sólo por qué a diferencia del común de los mortales estos tienen para pagar 2,500 pesos mensuales por policía auxiliar?

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Mtro. Rodolfo Ruíz Rodríguez

Director General de E-consulta.com

Presente

Estimado director:

Por este conducto le saludo, al tiempo que aclaro la información publicada en su medio, dentro de la Columna La Corte de los Milagros, del pasado 30 de marzo del presente titulada “Policías auxiliares, exentos del examen de control de confianza”, haciendo de su conocimiento lo siguiente:

1. Los guardias que integran la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana son sujetos a los exámenes de Evaluación y Control de Confianza, con base en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en sus artículos 24, 25 y 26. Conforme al decreto de creación de este Organismo Público Descentralizado, en su artículo 3 y el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, apartado V, fracción XLVI y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el artículo 152.

2.- En cuanto al costo de las 2 mil 768 evaluaciones de control de confianza realizadas a personal de la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana, la Auditoría Superior de la Federación hace la observación de que no debieron utilizarse recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, para su pago, sino recursos propios del organismo descentralizado, con base en los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación FASP 2013; por lo tanto, es importante informar a usted y a sus apreciables lectores que el pago de las evaluaciones de Control de Confianza fue reintegrado por la Corporación al Consejo Estatal de Seguridad Pública, instancia encargada de restituirlo a la Federación.

3. La Corporación es un Órgano Público Descentralizado, sectorizado a la Secretaría General de Gobierno (SGG) del Estado de Puebla, que brinda servicios de seguridad bajo el establecimiento de un convenio previo, tanto para el caso de personas morales, como físicas, reiterando que no existe escolta a funcionarios o tarifas preferenciales, como dice en la nota. A mayor  abundamiento las tarifas por prestación de servicios están publicadas en la ley de ingresos del estado, en cuanto al uso de armas de fuego de la corporación, se cuenta con la licencia colectiva 38. En los términos de la legislación vigente.

4.- Con relación a los servicios de la corporación, le informo que el número de clientes se ha incrementado en los ultimos tres años en más del 30 por ciento, e incluso se tiene una lista de usuarios en espera para la concertación de convenios, sustentados en la confianza lograda precisamente con estas evaluaciones. Los casos que usted refiere, por citar un ejemplo, la tienda Liverpool decidió contratar una empresa de seguridad a nivel nacional, no obstante tenemos contratos para algunos de sus establecimientos en el estado. Cabe hacer mencion, que las tiendas OXXO no renovaron su contrato desde el año 2011 debido a que no requerian los servicios de seguridad.

En atención a sus lectores, le agradezco la oportuna aclaración y quedo de Usted.

ATENTAMENTE

“Acciones que Transforman”

1. Puebla De Zaragoza, A 30 De Marzo De 2015

Mtro. Alfonso Sánchez Montiel

Director General Corporación Auxiliar de Policía de

Protección Ciudadana

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Aunque el gobierno del estado ya me envió una carta aclaratoria, en la que sostiene que en mi columna de antier confundo a los lectores con afirmaciones sin fundamento, pues ya solventó en tiempo y forma las observaciones que le hizo la Auditoría Superior de la Federación sobre la adquisición de 1,690 motocultores a precios muy por encima de su costo real, lo cierto lo cierto es que las irregularidades persisten.

Y tan persisten que hace apenas unos días la Auditoría Superior de la Federación solicitó al Órgano Interno de Control de la Sagarpa y a la Secretaría de la Contraloría del estado de Puebla inicie procedimientos como presuntos responsables de un daño patrimonial por un monto de 107 millones de pesos a 18 funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social de la administración estatal.

La relación de estos presuntos responsables por “no administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez” los recursos del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Componente Agrícola la encabeza el que fuera titular de la Secretaría de Desarrollo Rural en la gestión morenovallista: Pedro Adalberto González Hernández y quien actualmente se desempeña como secretario ejecutivo de la Comisión Federal de Competencia Económica.

En la lista de presuntos responsables también hay funcionarios que todavía laboran en el gobierno de Rafael Moreno Valle como el subsecretario de Desarrollo Rural, Rodrigo Riestra Piña, y el coordinador general de Desarrollo Rural, Álvaro Gonzalo Lobato Escamilla; otros que ya fallecieron como Antonio Espejel Claudio, y otros que ya salieron del gobierno o dejaron de laborar en la Secretaría.

A Rodrigo Riestra se le acusa de “no administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los recursos destinados al programa” de adquisición de motocultores, de tramitar “el pago a proveedores… sin realizar ningún señalamiento en cuanto a que todos los productores incidían con un solo proveedor o que los precios de los motocultores resultaron elevados” y de no observar ni cuestionar en su calidad de encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Rural cómo los productores cumplirían con su aportaciones para obtener un motocultor.

Hay que destacar que este nuevo pliego de observaciones, formulado por el auditor especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, Juan Javier Pérez Saavedra, se firmó el 15 de octubre de 2014 y se entregó a la Secretaría de la Contraloría del estado hace un par de semanas.

¿A poco las observaciones hechas al gobierno del estado y que no se aclararon entre el 15 de febrero y el 15 de octubre de año, se pudieron solventar en tiempo y forma en los últimos 30 días?

Si así fuera por qué el auditor especial no lo mencionó en su reciente pliego de observaciones y, en cambio, sí asentó —con toda claridad— que en la adquisición de los 1,690 motocultores a dos proveedores del mismo grupo empresarial, Comercom SA de CV, se pagaron sobreprecios de hasta el 400%.

Si las irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación ya se resolvieron, entonces ¿por qué el auditor Juan Javier Pérez insiste en la existencia de un daño patrimonial a la hacienda pública federal por 107 millones y por qué emplaza a la Contraloría del estado a iniciar procedimientos administrativos disciplinarios a los presuntos responsables de este fraude a la nación?

Conste que son preguntas.

El día de mañana ofrezco darle detalles de este nuevo pliego que echa por tierra los seis puntos de la carta aclaratoria enviada por el Enlace de Comunicación Social de la SDRSOT.

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Los restantes 14 ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural que también son señalados como presuntos responsables de daño patrimonial son Epitacio Robledo Robledo, quien fungía como subsecretario de Agricultura; José Mauro Vázquez Flores; María Luisa Said Elías y Susana Gómez Vinales, quienes tenían cargo de coordinador general y de comisarias del Comité Técnico del Fideicomiso Revocable de Inversión y Administración “Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Puebla (FOFAEP).

La lista la completan Felipe Domínguez Rangel, Hugo Barragán Salín, Araceli Lastra Guarneros, Gustavo Aceves Zepeda, Jorge Manuel Coeto Galaz, Ana Lía Ramos Gómez, Rubén Cortés Salvador, Héctor Severo de la Cruz Ledezma, Fernando Hernández Pérez y Gustavo Aceves Zepeda.

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Un foro de dos días para analizar y discutir la modernización de las relaciones laborales en la nueva legislación del trabajo con la participación de dirigentes empresariales, líderes sindicales, autoridades laborales y académicos se llevará a cabo los días 27 y 28 de noviembre en el Centro Mexicano Libanés de esta ciudad, organizado por el abogado Matías Rivero Aguilar.

Entre los ponentes que han confirmado su participación destacan Javier Solana Rivero, ex presidente de la Confederación USEM y presidente de la fundación Pro empleo; René Sánchez Juárez, secretario general de la FROC; Luis Díaz Mirón, reconocido abogado en materia laboral; Armando Peralta Martínez, asesor sindical de la Federación Nacional de Sindicatos Prosolidaridad; y Antonio Sánchez Díaz de Rivera, ex presidente de Coparmex y director de Vinculación de la UPAEP.

Durante el foro se abordarán temas como la nueva Ley laboral, productividad y competitividad, la vinculación empresa-universidad y los nuevos retos en la administración de personal.

El evento –será abierto al público aunque los asistentes tendrán que registrarse— comenzará el jueves 27 a las 8:15 horas con un desayuno y concluirá el viernes 28 a las 14 horas.

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Un asunto espinoso para el gobierno del estado y del cual ha guardado un ominoso silencio, pese a las observaciones que en su momento le hizo la Auditoría Superior de la Federación, es la compra sobrefacturada de 1,690 motocultores en 2012.

El sobreprecio de estos equipos agrícolas, incluyendo sus implementos, es de escándalo, pues la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado supuestamente los adquirió en 114 mil 994 pesos cada uno, pese a que su costo real fluctúa entre 21 mil 834 y 25 mil 475 pesos.

¿Qué funcionario o funcionarios de la Secretaría de Finanzas son responsables de este fraude y daño patrimonial?, es tema que la Secretaría de la Contraloría del estado aún no responde a más de nueve meses de que se hicieron públicas estas irregularidades.

La Contraloría tampoco ha dicho qué funcionarios fueron los responsables de alterar los expedientes y falsificar en las actas de entrega-recepción las firmas de los supuestos beneficiarios de estos motocultores, que fueron comprados a sobreprecio a dos proveedores pertenecientes a un mismo grupo empresarial, Comercom SA de CV, sin que los campesinos y agricultores pudieran elegir las características, marca o empresa fabricante.

Otra cuestión que no deja de resultar extraña, por no decir sospechosa, es por qué ninguno de los últimos titulares de la Contraloría estatal —Irma Patricia Leal Islas, Eukid Castañón Herrera, María Catalina Daza Hernández y Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz— se haya tomado la molestia de investigar un posible tráfico de influencias o pago de facturas políticas de esas infladas compras de equipo agrícola.

O es normal, pregunto, que el principal proveedor de motocultores al gobierno del estado, el empresario Roberto Arandia Gutiérrez, sea el mismo que suministró el material propagandístico que Rafael Moreno Valle repartió en su campaña de gobernador a través de la misma empresa comercializadora.

A nueve meses que la Auditoría Superior de la Federación hizo del conocimiento del gobierno del estado un conjunto de anomalías en la aplicación de los recursos del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Componente Agrícola, y por el cual se le emitió un pliego de observaciones por 107 millones 893 mil pesos, valdría la pena qué aclare varias cuestiones que a la fecha siguen en la opacidad, a saber:

¿Quién autorizó la adquisición de motocultores al cuádruple de su precio? ¿Qué funcionarios de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Rural no administraron con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez los recursos del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Componente Agrícola?

¿Quién autorizó el pagó a Grupo Comercom SA de CV, sin advertir el sobreprecio de los equipos que estaba suministrando al gobierno del estado?

¿Quién pagará el daño patrimonial de este fraude?

¿A quién se están comprando y a qué precios los nuevos motocultores que sigue repartiendo el gobernador Rafael Moreno Valle en sus giras de trabajo?

¿A poco al mismo Roberto Arandia Gutiérrez?

¿Esta información se hará pública o, como suele ocurrir con proveedores y empresas consentidas en este sexenio, se reservará por siete o doce años?

Conste que son preguntas.

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Este domingo estuvieron en Tehuacán echándose un molito de caderas la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, el subsecretario de la dependencia, Juan Carlos Lastiri Quirós; la diputada local del PVEM, Geraldine González Cervantes, y el actual delegado del INAES en el estado de Chiapas, Marco Antonio Balseca Romero.

El punto de encuentro fue el restaurante del hotel Villa Blanca.

Un día antes, la secretaria Rosario Robles y el subsecretario Juan Carlos Lastiri estuvieron en Oaxaca, en el cuarto informe de gobernador Gabino Cué Monteagudo.

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San Pedro Cholula, Puebla, 19 de noviembre de 2014

1. Rodolfo Ruiz Rodríguez

Autor de la columna La Corte de los Milagros

Presente

Sirva este medio para aclarar el tema al que se refiere hoy en su columna titulada «Motocultores, corrupción al descubierto» en la que se pretende confundir a sus lectores al hacer afirmaciones sin fundamento.

1. En primer lugar, debe usted saber que no existen las irregularidades que menciona, además de carecer de pruebas, las instancias correspondientes solventaron en tiempo y forma las observaciones que hizo en su momento la Auditoría Superior de la Federación.

2. Es importante que sepa que las Reglas de Operación del programa que menciona, son emitidas por el Gobierno Federal a través de la SAGARPA (Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) mismas que esta administración ha cumplido cabalmente en beneficio de los productores.

3. Resulta imprescindible aclarar que el Gobierno del Estado no adquiere mototractores; la lógica de los programas en coejercicio con la Sagarpa, es atender a la demanda y la responsabilidad de la administración estatal es la recepción de los expedientes de los sujetos de apoyo para dictaminar la pertinencia de los mismos.

4. Es importante resaltar que las Reglas de Operación establecen que, una vez que los expedientes cumplen con los requisitos previstos en éstas, son los beneficiarios quienes eligen al proveedor, el cual, debe cumplir para el caso de maquinaria, con la certificación del OCIMA.

5. En este sentido, cabe señalar que durante 2012, sólo había una marca de motocultores que cumplía con dicha certificación, pues una empresa adicional que tenía el certificado, sólo vendía mototractores, que son equipos con características técnicas inferiores. Si los beneficiarios eligen una empresa que carezca de la certificación del OCIMA, no son susceptibles de apoyo para la adquisición de un mototractor.

6. Finalmente, reiteramos que esta administración cumplió en tiempo y forma con la solventación de las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación, y está en espera de que dicha Instancia emita las observaciones finales.

Sin más por el momento y en espera de que publique esta carta como corresponde al Derecho de Réplica, para que sus lectores estén correctamente informados, quedo de usted.

Atentamente

Avelino Hernández Vélez

Enlace de Comunicación Social

El viernes le adelantaba que la Auditoría Superior de la Federación cuestionó uno de los programas pilares del gobierno del estado en cuanto a equipamiento y mecanización del campo: la entrega de motocultores o mototractores, y que ante el cúmulo de deficiencias en su adquisición y entrega a supuestos beneficiarios de 151 municipios de la entidad, lo más probable es que la administración morenovallista tenga que reintegrar a la Federación el costo que estos tuvieron en 2012: 107.89 millones de pesos.

Hoy le tengo mayores datos de esta auditoría practicada el año pasado a la Sagarpa y a la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado, que en conjunto ejercieron 115 millones de pesos del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Componente Agrícola (PAIEI-CA), de los cuales el 93.3% se destinó a la adquisición de 1,690 motocultores fabricados por una compañía china, pero comercializados por un empresario de origen veracruzano: Roberto Arandia Gutiérrez.

El informe de la ASF concluye lo siguiente:

1. Que los motocultores se compraron a sobreprecio  —entre 44 mil y 74 mil pesos por unidad— a dos proveedores de un mismo grupo empresarial.

“ En la investigación de mercado realizada por el grupo auditor con dos proveedores de motocultores que contaban con la certificación del OCIMA, se conoció que en el ejercicio de 2012 existían equipos con características similares con precios por debajo de los que costaron los equipos apoyados, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

1. Que los beneficiarios de estos equipos —comprados por el gobierno del estado en 115 mil 900 pesos cada uno— no eligieron las características, la marca, ni el proveedor.

“… se aplicaron entrevistas a 441 beneficiarios de los motocultores, de los cuales, 325 que representan el 73.7% de los beneficiarios entrevistados y el 19.2% del total de los apoyados con dicho equipo, informaron que los motocultores les fueron entregados por parte del Gobierno del Estado de Puebla, y sin que ellos eligieran las características, la marca, ni el proveedor. Adicionalmente, resulta cuestionable que todos los beneficiarios que radican en 151 municipios diferentes del estado de Puebla, coincidieran con dos proveedores de un mismo grupo, que tenían sus domicilios en el Distrito Federal, con un mismo tipo de bien y proveedor, lo cual limitó la oportunidad de elección a otro tipo de implementos del Componente Agrícola susceptibles de apoyos”.

1. Que los motocultores —adquiridos por la Secretaría de Finanzas a través de la empresa comercializadora Grupo Comercom SA de CV— posiblemente hayan ingresado al país de contrabando.

“De acuerdo con la información proporcionada por el OCIMA, se conoció que los motocultores apoyados con cargo al Componente Agrícola son fabricados por una compañía de la República Popular China, sin que durante el desarrollo de la auditoría los proveedores de éstos acreditaran el origen ni la introducción legal de los motocultores al país”.

1. Que en la entrega de 1,690 mototractores de la marca Mekatech se integraron 810 expedientes en los que las firmas de los supuestos beneficiarios no coinciden con la de su credencial de elector.

“En la revisión de los 1,690 expedientes de los apoyos otorgados para la adquisición de los motocultores, se presume que éstos fueron integrados para cumplir oportunamente los requisitos establecidos, ya que en 810 expedientes, las firmas que ostentan los anexos IV «Solicitud General de Apoyo» y V «Proyecto Simplificado» son visiblemente diferentes a la firma de la credencial de elector de cada beneficiario y que en 647 casos que la firma del beneficiario en el Acta Entrega Recepción, también es visiblemente diferente en los rasgos de escritura con la firma de la credencial de elector. Al respecto, a través de los informes de un perito en grafoscopía adscrito a la Auditoría Superior de la Federación, se conoció que las firmas de la credencial para votar de 168 expedientes que formaron parte de su muestra, no provienen del mismo origen gráfico que las de los Anexos IV y V, ni de las Actas de Entrega Recepción.

“Se identificaron 96 expedientes que cuentan con dos actas de entrega recepción, la segunda denominada «Acta Entrega Recepción Complementaria»; de dichas actas conforme al informe del perito en grafoscopía antes mencionado, se determinó que los rasgos de escritura de las firmas son distintas entre las primeras y las complementarias en los 96 casos. Cabe señalar, que las primeras actas fueron firmadas en 2012 y las complementarias en 2013; sin estar contemplada en la normatividad aplicable”.

1. Que hay 24 supuestos beneficiarios  de motocultores —en seis municipios poblanos— que dicen no haber recibido tales equipos mecánicos para el campo.

“Conforme a las visitas realizadas a otros beneficiarios, 24 de ellos, ubicados en otros seis municipios del Estado de Puebla, informaron que no les fue entregado el motocultor; no obstante que en los expedientes se localizan actas de Entrega-Recepción, supuestamente firmadas por ellos…”.

1. Que el certificado de calidad  que supuestamente ampara la calidad de los motocultores —expedido por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola (OCIMA)— no  corresponde al de los equipos entregados.

“… aun cuando el Gobierno del Estado de Puebla, en respuesta a la Reunión de Presentación de Resultados Preliminares, proporcionó el certificado núm. 13/258/MI, para el Motocultor Meka-Tech modelo MKT-11195N, con una vigencia del 15 de marzo de 2012 al 14 de marzo de 2015, se considera que este no pudo ser aplicable para 2012, toda vez que fue expedido con fecha 8 de julio de 2013, según consta en el Certificado proporcionado a esta Auditoría Superior de la Federación por el OCIMA”.

1. Que los mototractores no ofrecen ninguna garantía de funcionamiento óptimo, además de que la ASF jamás pudo probar los equipos, pues los que le llevaron a prueba tenían las velocidades trabadas o no eran los entregados a los beneficiarios.

“La ASF solicitó al OCIMA-INIFAP que realizara un diagnóstico técnico de maniobrabilidad, de seguridad, de soporte técnico y servicio posventa y verificación de aplicación de Normas Oficiales Mexicanas, y que verificara si efectivamente el motocultor MEKATECH cumple con los requerimientos indispensables en materia agrícola para el campo mexicano, en particular del estado de Puebla, por lo que se requirió de manera aleatoria un equipo a uno de los beneficiarios del Componente Agrícola. Al respecto, el OCIMA-INIFAP indicó que el equipo que se puso a su disposición corresponde al motocultor modelo MKT-11195 CHA, modelo distinto al motocultor MKT-11195N del que emitió la certificación que posteriormente fue cancelada y a la vez es un modelo distinto al MKT-11195 NX, que fue el facturado por el proveedor a los beneficiarios. El que se entregó para realizar las pruebas solicitadas por la ASF fue un motocultor MKT-11195 CHA, que se encontraba con las velocidades trabadas, lo que impidió su diagnóstico”.

1. Que las empresas proveedoras se rehusaron a entregar a la ASF la información que les requirió sobre quién en realidad les había pagado los equipos, por lo que solicitó al SAT las audite, ante la sospecha de que incurrieron en simulaciones en su facturación.

“.. sin embargo, las empresas no entregaron la información solicitada, una de ellas argumentó que no celebró acto de comercio con personas beneficiarias del apoyo y por lo tanto no recibió pago, ingreso o depósito por parte de ellas; mientras la segunda informó que los actos que celebró fueron de comercio con particulares, los cuales tenían la cualidad de ser beneficiarios del programa que nos ocupa, pero quien efectuó el pago fue la Financiera Rural (fiduciaria del FOFAEP) por cuenta de los beneficiarios… Por lo anterior, no fue posible acreditar si existieron los depósitos o pagos realizados por los beneficiarios… así como los depósitos y transferencias efectuadas por el Gobierno de Estado de Puebla, ni que los ingresos obtenidos por las citadas empresas por las ventas de los motocultores correspondientes al programa por un monto de 194,339.8 miles de pesos”.

1. Que en los 1,690 expedientes nunca se especificó cuáles fueron los implementos adicionales que se entregaron a los beneficiarios, además de que las facturas no indican el domicilio o los datos de localización de los proveedores.

“De acuerdo con la revisión de los 1,690 expedientes que conforman la documentación comprobatoria de los apoyos otorgados para la adquisición de los motocultores, se identificó que en las facturas de los motocultores expedidas por los proveedores, no se especificó qué implementos adicionales fueron entregados a los beneficiarios, en virtud de que se señala que pueden ser bomba autocebante, desgranadora, generador de energía, segadora, y rastra de 18 cuchillas, lo que significa que los beneficiarios no pueden acreditar cabal o plenamente la propiedad de los equipos.

“En lo que respecta al servicio de mantenimiento otorgado a los equipos que se mencionan en las facturas se identificó que corresponde a 50 y 150 horas, lo cual no es claro. Además, las facturas no indican el domicilio del contrato de mantenimiento y en lo que respecta al número telefónico, que se señala en las mismas, de acuerdo con pruebas efectuadas por el personal auditor nunca fue contestado”.

1. Que el empresario  favorecido con la compra de mototractores durante los años de 2011, 2012 y 2013 Roberto Arandia Gutiérrez es quien suministró el material publicitario del hoy gobernador Rafael Moreno Valle como candidato de la coalición Compromiso por Puebla en 2010, a través de la comercializadora Grupo Comercom SA de CV. Este punto no consta en el Informe de la ASF, sino en un reportaje publicado el 27 de mayo por el periodista Ernesto Aroche.

“La pasada coalición Compromiso por Puebla, que llevó al poder al gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, y la Secretaría de Desarrollo Rural encargada de entregar los recursos para la compra de mototractores comparten una cosa en común: el proveedor. El hombre que distribuye la mayoría, sino es que todos, los motocultores que el gobierno morenovallista ha entregado hasta el momento es el mismo que vendió a la coalición las sombrillas que se repartieron a manos llenas durante la campaña electoral de 2010: Roberto Arandia Gutiérrez”.

¿Por qué estas irregularidades nunca fueron detectadas por la Contraloría del estado, la Auditoría Superior del Estado o los diputados de la pasada Legislatura que, se supone, revisaron y aprobaron la cuenta pública 2012 del Ejecutivo y la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del estado?

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Twitter: @periodistasoy

* Enrique Agüera ampliará la matrícula de la BUAP

* Rafael Moreno Valle, ¿orgullosamente poblano?

 Desde hace cuatro o cinco meses comenzaron a circular por internet una serie de correos anónimos, algunos de ellos dirigidos a la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, advirtiéndole sobre los antecedentes de algunos funcionarios que recién habían llegado o estarían por ser contratados en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Algunos de estos correos —que se acompañan de notas aparecidas en medios locales y foráneos— dan cuenta de los supuestos vínculos o antecedentes de ciertos funcionarios policíacos del municipio y el estado con personajes del crimen organizado o con testigos protegidos de la PGR en casos de narcotráfico.

Los mails son prolíficos en información acerca de los antecedentes y nexos que mantienen o han mantenido quienes en los últimos cinco años se han desempeñado como jefes policíacos de Puebla, tanto en la esfera federal, como estatal y municipal.

Un detalle que llama la atención, más allá de la veracidad de tales mensajes electrónicos, es que varios de los funcionarios señalados ya dejaron de laborar en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), como subordinados de Andrés Vicente Ruiz Celio, quien apenas el jueves fue condecorado, en el Campo Marte número 1, como uno de los generales retirados con más experiencia dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Entre ellos los siguientes: el expolicía federal Mario Alberto Blancas Salazar, a quien el general Ruiz Celio nombró secretario particular; el exministerio público federal Gerardo Moreno Veloz, designado jefe de asesores en la SSPTM; el expolicía de la AFI, Efrén Camacho Morales, en quien recayó la coordinación de Grupos Especiales (Táctico e Inteligencia); y el exdirector de Seguridad Pública de Pachuca, Mauricio Delmar Saavedra, nombrado secretario técnico.

Otro detalle, no menos interesante, es que algunos de los referidos mails han salido o han sido reenviados desde cuentas electrónicas de algunos funcionarios de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

El propósito no está muy claro, pues a ciencia cierta no se sabe si tales correos tenían el objetivo de advertir a la alcaldesa de los antecedentes y vínculos de algunos funcionarios contratados por el general Ruiz Celio; si éstos son consecuencia de una venganza política o resultado del llamado fuego amigo entre jefes policíacos; o si, como se dice en uno de los mails, son parte de una guerra entre cárteles por la plaza de Puebla.

De ahí la conveniencia de que la presidenta Alcalá o el general Ruiz Celio expliquen cómo llegaron estos policías a Puebla, quién los recomendó, por qué se les contrató, aunque sea de manera temporal, y cuáles fueron las razones por las que muchos de ellos dejaron de laborar en noviembre o diciembre en el gobierno municipal.

Las dudas matan.

 INTRAMUROS

A continuación le presentó algunas gráficas de la encuesta realizada por GEA-ISA en la primera quincena de diciembre y que dan cuenta del potencial de Ana Teresa Aranda como posible abanderada a la presidencia municipal de Puebla y de la intención del CEN por convencerla para que acepte dicha postulación.

La ventaja que saca a sus compañeros de partido: Humberto Aguilar Coronado y Eduardo Rivera Pérez es considerable, tanto en opiniones positivas como en intención de voto.

Mientras el 51% de los encuestados panistas respondió que Ana Teresa Aranda Orozco es la figura que más les gustaría para ser la candidata a la presidencia municipal de Puebla, el 22% contestó que Humberto Aguilar, y sólo el 11% que Eduardo Rivera.

Esta situación se repitió, en la misma proporción, aunque no en los mismos porcentajes, entre los electores de la capital del estado que respondieron la misma interrogante.

 EN CORTO El rector Enrique Agüera Ibáñez anunciará este lunes un ambicioso programa por el cual aumentará el número de aulas universitarias y escuelas preparatorias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en varios municipios de la entidad.

Dicho programa no sólo resolverá la demanda de preparatorias que enfrenta el gobierno del estado y la Secretaría de Educación Pública en diferentes regiones de la entidad, sino que ampliará la matrícula estudiantil en beneficio de quienes menos tienen.

Las preparatorias y aulas universitarias que se abran, en un modelo de corresponsabilidad con los gobiernos estatal y municipales, funcionarán como extensiones de las actuales unidades académicas de la BUAP, dado que serán las que lleven el soporte académico de los nuevos planteles.

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Será a mediados o finales de febrero cuando se conozcan los resultados de la tercera revisión anual practicada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) a la gestión del rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez.

Con la auditoría 2009, la BUAP será una de las tres instituciones públicas de educación superior más auditadas por el máximo órgano fiscalizador del país, dependiente del Congreso de la Unión.

Esta tercera revisión fue solicitada por el propio rector Agüera a finales del 2008.

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La campaña Orgullosamente poblano emprendida por el senador Rafael Moreno Valle Rosas y algunos seguidores suyos del Partido Acción Nacional, con el propósito de contrastar el origen chiapaneco de Javier López Zavala, podría resultar no muy efectiva y hasta contraproducente.

Y es que los operadores del aún secretario de Desarrollo Social del estado podrían responder esa campaña haciendo pública un acta de nacimiento que revelaría que Rafael Moreno Valle tampoco es oriundo de Puebla, sino del Distrito Federal.

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Dos noticias legislativas que poco han trascendido en el ámbito local son el nombramiento del diputado federal Fernando Morales Martínez, como presidente de la Comisión de Protección Civil, y del coordinador de la bancada priísta poblana, Juan Carlos Lastiri Quirós, como miembro de la codiciada Comisión Mixta Interparlamentaria México-Unión Europea.

La primera comisión, que tiene carácter de especial y no de permanente, cobra relevancia por el hecho de que el gobernador Mario Marín Torres es también el coordinador de la Comisión de Protección Civil en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

La Comisión Mixta Interparlamentaria México-Unión Europea la integran siete diputados de todos los partidos, y Juan Carlos Lastiri es uno de los tres priístas que forman parte de ella. Los otros dos son: la presidenta del CEN del PRI, Beatriz Paredes Rangel y el exdirigente nacional del Movimiento Territorial, Carlos Flores Rico.

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Simón dice:

«El crimen hace iguales a todos los contaminados por él».

Marco Anneo Lucano (39-65) Escritor latino.

Por Eduardo González Soto

He aquí dos visiones de la rendición de cuentas públicas:

A diferencia del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del estado con las cuentas públicas del gobernador Mario Marín Torres, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sí reveló el resultado de la revisión que hizo a los recursos ejercidos por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa durante 2007.

Los resultados no fueron muy halagadores para la administración federal, pues le fueron detectadas irregularidades por 60 mil 723.5 millones de pesos.

Sin embargo en Puebla la discrecionalidad con que se manejan los recursos públicos es una constante, pese a que de acuerdo con el OFS, todas las entidades salen limpias y corrigen las observaciones que en un principio les son hechas.

El 22 de julio de 2008 el Congreso  del estado aprobó la cuenta pública del gobierno del estado respecto al ejercicio fiscal de 2007, en el que se manejaron más de 44 mil millones de pesos.

Pero al informe de la revisión que el OFS publicó en su portal de internet le fueron recortados los capítulos I, II y IV, precisamente aquellos en los que se mencionaban los montos, ya no dígase detallados, sino generales de las observaciones hechas a las diferentes instancias de la administración estatal.

e-consulta solicitó el 22 de octubre de 2008 el informe completo sobre la revisión al Poder Ejecutivo a través de la solicitud de transparencia 171/2008, pero la información fue clasificada por el OFS como reservada por 7 años , y además, se argumentó que su divulgación comprometería la “estabilidad” y “gobernabilidad” de la entidad.

A través de un trabajo periodístico , se publicó en diciembre de 2008 en este mismo medio que el monto de las observaciones hechas por el OFS a la administración de Mario Marín Torres ascendió a 13 mil 809 millones de pesos, aunque todas y cada una de las partidas fue justificada hasta llegar a cero.

Entonces, ¿cuál era el riesgo que corría el estado por dar a conocer los montos en cada dependencia?

Y una vez que se publicaron, ¿ocurrió algún incidente que puso en peligro la estabilidad y gobernabilidad en Puebla?

Si estos argumentos se trasladaran a la administración federal, ¿entonces nos quedaremos sin presidente “del empleo” en los 3 años y medio que restan del sexenio?

¿Una ola de inestabilidad e ingobernabilidad lo derrocará?

¿Por qué el titular de la AFS cuyo sueldo es pagado con recursos públicos sí puede publicar las irregularidades en la administración de Calderón Hinojosa, y el titular del OFS en Puebla –que recibe un salario con el mismo origen- no quiere develar las de la administración estatal?

¿No acaso el concepto de transparencia gubernamental es el mismo en Puebla que en el resto del país?

Al parecer no.

¿Es acaso una cuestión de discrecionalidad en el manejo del erario público, de protección a funcionarios y de nula independencia de los poderes de gobierno?

Al parecer sí.

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Comentarios y críticas a los correos: eduardogsoto@hotmail.com y eduardogsoto@yahoo.com.mx

Que será la próxima semana, posiblemente el jueves, cuando entren en funciones tres nuevos integrantes del Comité Directivo Estatal del PAN, quienes vendrán a ocupar los lugares que dejaron Leonor Popócatl Gutiérrez, Enrique Guevara Montiel y Ruth Ramos Barragán, tras su designación como miembros de la Comisión Estatal de Elecciones.

Entre los futuros miembros de la dirigencia estatal anote el nombre del ex diputado federal Guillermo Velázquez Gutiérrez, activista y promotor del senador Rafael Moreno Valle Rosas a la gubernatura del estado.

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Que a los problemas de personalidad del secretario de Salud, Antonio Marín y López, hay que añadir la paranoia de su coordinadora de Administración y Finanzas, María de la Cruz Corona Aguilar, quien al desconfiar de la mayoría de los funcionarios de la dependencia opta por someter todo a la consideración de su jefe o por dejar los asuntos más delicados en manos de sus asesores.

Lo delicado de esta situación es que la Secretaría de Salud está al borde de la parálisis administrativa y presupuestal, y bajo la presión de la Auditoría Superior de la Federación, que exige la solventación de una serie de pliegos de observaciones y cargos, resultado de la revisión de la cuenta pública de 2007.

En el caso de los nuevos asesores de Corona Aguilar –entre los que figuran Mario Torres, Ana Rojas Gutiérrez y José García León, con sueldos que van de los 15 mil a los 20 mil pesos––, el problema radica en el poco o nulo conocimiento que tienen del sector salud.

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Que al ex presidente municipal de Puebla, Enrique Doger, le tocó ahora ser la víctima de la guerra sucia que libran por internet los principales aspirantes del PRI a la gubernatura del estado.

A YouTube se subió este miércoles un video que aborda la estrecha relación financiera y de negocios que el ex munícipe capitalino mantuvo, durante su paso por la BUAP y el ayuntamiento de Puebla, con el empresario Alberto Ventosa Coghlan, detenido hace un par de semanas en Estados Unidos por un supuesto fraude a un casino de Las Vegas.

La liga al video titulado “DELINCUENTES: Alberto Ventosa y Enrique Doger” , llegó a los correos electrónicos de varios periodistas a través de la cuenta lasaventurasdebetoyenrique@gmail.com.

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Simón dice:
“El que no quiera vivir sino entre justos, viva en el desierto”
Lucio Anneo Séneca, filósofo romano.

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Por la comparecencia de tres secretarios del gabinete calderonista —Juan Camilo Mouriño Terrazo, de Gobernación; Genaro García Luna, de Seguridad Pública, y Eduardo Medina Mora Icaza, procurador General de la República—, ante el pleno de la Cámara de Diputados, la reunión que este martes sostendrá el gobernador Mario Marín Torres con los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, seguramente registrará ausencias importantes.

Para colmo de males, la comparecencia de los miembros del gabinete presidencial, con motivo de la glosa del segundo informe de labores de Felipe Calderón Hinojosa, se efectuará al medio día, es decir, 90 minutos antes de la cita que el gobernador Marín tiene con los legisladores de la Comisión de Presupuesto, en el salón 3 del edificio I de San Lázaro.

Mario Marín será el primer gobernador que exponga ante los integrantes de la Comisión de Presupuesto —que preside el panista Raúl Alejandro Padilla Orozco— las obras y proyectos que desea sean incluidos por los diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2009.

Se sabe que en la reunión, los legisladores panistas de Puebla le exigirán al ejecutivo estatal un informe detallado del uso y destino que han tenido las partidas y fondos federales canalizados a la entidad en los últimos dos años, y también una explicación de las 15 observaciones que le hizo la Auditoría Superior de la Federación sobre el ejercicio presupuestal de 2006.

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Y ya que los diputados panistas se pondrán a exigir cuentas, no estaría mal que éstos explicaran por qué en el Proyecto de Presupuesto enviado por el presidente Felipe Calderón al Congreso, la entidad poblana tiene un recorte de 1 mil 780.4 millones de pesos, cifra que representa una reducción real de 7.8 % con respecto al 2008.

Si bien es cierto que en la iniciativa del presidente Calderón hay también aumentos en algunos fondos para la entidad, como el 28 y el 33, lo real es que en términos generales los recursos de la Federación a Puebla registran una disminución, sobre todo en materia de programas y proyectos de inversión.

El recorte de 1 mil 780.4 millones de pesos equivale a los recursos que este año recibirá la Secretaría de Salud del estado de la Federación —1,850 millones— o a los que en conjunto obtendrán del gobierno federal la Secretaría de Desarrollo Social —757 millones— y la Secretaría de Seguridad Pública —1,045 millones—.

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Aun cuando el presidente de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del estado, Pablo Fernández del Campo Espinosa, trata de convencer al presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, para que este jueves comparezca personalmente para aclarar las dudas y acusaciones que pesan en su contra, por haber ocultado al Poder Legislativo su cargo directivo dentro de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro, lo más seguro es que no se presente.

De hecho, Juárez Acevedo ya dejó constancia de que no lo hará, al solicitar a través de sus abogados que se posponga la comparecencia, que inicialmente se realizaría el viernes de la semana pasada.

Una vez que el presidente de la CAIP presente a los diputados de la Comisión de Gobernación sus alegatos, en el proceso que le inició para removerlo del cargo, la mayoría priísta del Congreso del estado tendrá todavía un largo mes para decidir si procede o no su remoción.

La idea de los priístas es alargar lo más posible el caso para que la salida de Juárez Acevedo se empate con la de la comisionada Josefina Buxadé Castelán, que concluye su gestión de cuatro años en diciembre.

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