Poderes fácticos y legislación secundaria en telecomunicaciones

Las propuestas y reformas que el presidente Enrique Peña Nieto ha impulsado para combatir la corrupción, modificar el sistema electoral y de partidos, y hacer frente a los poderes fácticos se han quedado cortas o relegadas, pues una cosa es lo que se propone en el discurso y otra la que se aterriza en la praxis política, la Constitución y las leyes secundarias en proceso de aprobación.

Comencemos por la reforma en materia política electoral. Lo que Peña Nieto y las dirigencias del PAN y el PRD convinieron cuando se plantearon la sustitución del Instituto Federal Electoral (IFE) para recuperar la confianza de la ciudadanía en la autoridad electoral fue impulsar la creación de un organismo de carácter nacional y una legislación única que fuera aplicable en todo el país.

Este propósito no sólo no se logró por presiones de los gobernadores priístas, sino que en el trayecto se torció dando lugar al Instituto Nacional Electoral (INE), que no es autoridad única en materia electoral, ya que en los estados comparte funciones y atribuciones con los denominados Organismos  Públicos Electorales Locales (OPLES), que son una especie de autoridad comicial paralela  en las entidades federativas.

La intención de que el país contara con una legislación única electoral que fuera aplicable para cualquier tipo de proceso federal, estatal, distrital y municipal (compromiso 90 del Pacto por México) tampoco se concretó. Hoy lo que existe es una Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 32 códigos o leyes electorales estatales.

Pasamos, como lo he escrito aquí, de un IFE sin credibilidad y desgastado por el cuotismo en el reparto de consejerías, a un Frankenstein electoral.

Respecto al combate a la corrupción, los resultados son aún peores. El presidente Peña Nieto anunció en noviembre de 2012 la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, que sustituiría a la Secretaría de la Función Pública para luchar contra las malas prácticas de los servidores públicos y terminar con la impunidad prevaleciente, y es la hora que no hay fecha para que ésta se apruebe, ni voluntad política para emprender efectivo y eficaz combate contra este cáncer que ataca a todas las dependencias e instituciones públicas sin distingo de colores e ideologías.

Los partidos firmantes del Pacto por México (PRI, PAN y PRD) ofrecieron reducir sus requerimientos en materia de financiamiento público, terminar con la secrecía de millonarias partidas presupuestales que de manera discrecional manejan sus coordinaciones parlamentarias en el Senado y la Cámara de Diputados, y ser más transparentes en el origen y destino de sus gastos, pero nada han hecho para conseguirlo.

Por el contrario, parecen empeñados en obtener mayores recursos, sin ningún compromiso de ampliar sus porcentajes de votación, ni de modificar la legislación vigente para que exista una verdadera rendición de cuentas de los dineros y prerrogativas que reciben.

Estos asuntos, para decirlo pronto, no están en su agenda de prioridades de corto ni mediano plazo. Hágase la transparencia, pero en los bueyes de mi compadre, es la consigna que mejor resume la actitud de la partidocracia mexicana frente al tema de la rendición de cuentas y la reducción del gasto asignado a partidos políticos y sus grupos parlamentarios.

Sobre los poderes fácticos que el gobierno de Peña Nieto, a través de su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, prometió combatir al inicio de su gestión, a sabiendas que estos presionan para mantener a salvo sus privilegios e intereses o para acotar la acción del Estado, el discurso presidencial es ambivalente, a veces bipolar y hasta escurridizo.

Nada ilustra mejor este tema que la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones.

Si la intención del Estado es acotar y enfrentar a los poderes fácticos, hay que dejar el falso debate de cómo medir y evaluar la dominancia o preponderancia de los agentes económicos en el mercado de las telecomunicaciones, si por el sector al que pertenecen o por el servicio que prestan a los usuarios.

No hay que andarse por las ramas: el duopolio televisivo y sus empresas filiales son un poder fáctico, lo mismo que Carlos Slim, Telmex y Telcel, que amenazan al Estado, a sus instituciones y autoridades, por lo que el Congreso de la Unión y la presidencia de la República deben aprovechar la coyuntura y acotarlos de una buena vez, sin tanto tecnicismo sobre su preponderancia por sector o por servicio.

Ahora sí que como dice el dicho popular: no hay que buscarle chichis a las víboras.

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Operativo del alcoholimetro municipal / estatal

«Secuestro exprés, Robo a mano armado, Abuso de autoridad, prepotencia, Delincuencia organizada uniformada, etc., etc.»

Estimado Rodolfo:

El día de ayer (28 de junio) dos mujeres: madre e hija viajaban de la ciudad de México a Puebla, de regreso a sus casas después de haber realizado algunos trámites en la embajada de los EEUU, llegaron pasada la media noche a la terminal de la 4 poniente, recogieron su vehículo estacionado ahí mismo, se dirigían a su domicilio, pero en su camino se toparon con un operativo llamado «Alcoholímetro» en la 43 poniente en la zona de Huexotitla, para más exacto frente a IUSASEL.

Al llegar al lugar, entre luces, sirenas, lámparas que parecen de un estadio de futbol, y un chingo de elementos armados y uniformados policías, te hacen la parada «a fuerza» y te preguntan si tomaste alcohol, a lo que la conductora menciona que sí una cerveza a la hora de la comida. Error imperdonable, enseguida le ordenan bajar del vehículo y la llevan a realizar la prueba del alcoholímetro, forcejeando con la mamá quién indignada argumenta que su hija no venía en estado etílico, cosa que ignoraron.

Con amenazas y argumentos realmente estúpidos le quitan el vehículo, se llevan a su hija (por estar intoxicada) y dejan a la mamá en la calle, sin saber que hacer después del show que armaron, cámaras filmando, policías sujetando y subiendo a la fuerza a la patrulla a la hija, deteniendo a su mamá para que no pudiera hacer nada.

Minutos después ante la impotencia y ultraje, la mamá me llama para pedir ayuda, acudo al lugar de los hechos y encuentro que no hay vehículos circulando a esa hora en el lugar perfectamente custodiado, la única detenida fue esa muchacha, de inmediato me interrogan si había tomado, a lo que respondí, que venía a buscar a una joven que había detenido (palabras mágicas) pase usted es la del coche tal, adelante, sin saber si estoy bajo los influjos del alcohol, eso ya nos importa, ya tienen a su primera clienta.

Sin motivo alguno se la llevan al Boulevard  Valsequillo y posteriormente la trasladan a la Pepsi, dicen ellos, porque no hay sistema.

Al llegar a buscarla 3.00 a.m. ya la estaban queriendo quitarle su ropa interior, pertenecías y los manoseos de rutina por parte de una agente muy «femenina», para garantizar su integridad, mientras el mismo juez trataba de calmarnos ante tal atropello diciendo que tenía un estudio toxicológico de la joven con el primer grado de alcohol leve, por lo que la habían remitido y sería detenida durante 20 horas o pagábamos $ 3,500.00 de multa para dejarla salir.

Además de que el vehículo se lo llevaron a la fuerza, con el freno de mano ahora hay que pagar el arrastre, la multa de tránsito y el piso, pero hasta que inicien labores en san Felipe.

¿Qué se puede hacer ante tanta bestialidad policiaca, abuso de autoridad, aprovecharse de dos mujeres indefensas?, ¿qué nos espera cómo ciudadanos?, en manos de quién estamos, bestias irracionales que obedecen intereses oscuros.

Lo único que nos entregaron después de pagar la multa, fueron la hoja de la multa de tránsito, el inventario del vehículo y el pago de la multa para que saliera. Y pregunto ¿el estudio toxicológico?, ¿la orden de aprensión?, etc. en dónde están los derechos de los ciudadanos.

 ¿Qué pasa con estas pseudo autoridades?

Sólo se me ocurre comparar que si me asaltan a la salda de un centro comercial un par de delincuentes y estos que les pasó a estas dos mujeres es exactamente lo mismo, la diferencia es que unos están uniformados.

Pregunto se necesitan cerca de 100 personas para detener a una joven que no estaba intoxicada, inocente y armarle toda un número incriminatorio, esa es la policía que nos cuida, no gracias, no los queremos, unamos las voces ciudadanas, viva la resistencia civil y no permitamos que nos sigan atropellando estas bestias.

Rodrigo Rosales Escalona <rodrigo.ivan@yahoo.com.mx

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