¿Cuál era la agenda política nacional antes de que se conociera la fuga de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” del penal dizque de máxima seguridad del Altiplano, mejor conocido como Almoloya?

¿La rebeldía de la CNTE para cumplir con la reforma educativa? ¿La corrupción y la opacidad en la rendición de cuentas? ¿La incredulidad ciudadana frente la Comisión Nacional Anticorrupción? ¿La inseguridad pública y los rezagos que registra la reforma del poder judicial? ¿La implementación de las reformas estructurales aprobadas en materia energética, laboral y de telecomunicaciones? ¿El bajo crecimiento y el creciente desempleo? ¿La caída en los precios internacionales del petróleo y los recortes presupuestales?

Como se verá buena parte de los problemas nacionales son de orden político.

En ese tenor vale la pena preguntar: ¿Cuál será la prioridad del presidente Enrique Peña Nieto ahora que regrese de su viaje por Francia? ¿A qué le dará más importancia: al relevo en la dirigencia nacional del PRI o la conducción política del país ante la embestida de la oposición que buscará sacar raja política de la fuga de El Chapo y el estancamiento económico del país?

Imaginemos el escenario al que Peña Nieto se enfrentará la semana entrante: marchas y plantones de la CNTE en la Ciudad de México y en algunos estados del país; legisladores y partidos opositores exigiendo la renuncia del secretario de Gobernación y los responsables de la “seguridad” pública del país; un PRI agazapado en espera de la línea presidencial; dirigentes empresariales reclamando por la inseguridad, la simulación en el combate a la corrupción y la concentración de la obra pública en unos cuantos contratistas; y aspirantes al 2018 desbocados ante un presidente débil, enfermo y sin expectativas después de los 43 desparecidos de Ayotzinapa y la peliculesca fuga de El Chapo.

La permanencia de Miguel Ángel Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación no modificará este escenario, de ahí que el presidente Enrique Peña Nieto haya decidido integrar a su gira por Francia al coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones Rivera.

En política no hay casualidades y si Beltrones fue llamado por el presidente Peña Nieto es porque seguramente a su regreso este experimentado legislador ya no irá a la dirigencia nacional del PRI, sino a ocupar la principal oficina de la Secretaría de Gobernación federal.

Ya después le cuento quién sería el poblano más feliz con esa decisión y también quién el que más se preocuparía.

***

Vaya escándalo el que se avecina en la Universidad Mexicana para Personas Mayores y su rector Francisco Martínez Briones, quien es también rector y dueño de la Universidad Cuauhtémoc, por el trato rudo y hasta despótico de la coordinadora de esa institución, María del Pilar Ruiz Bernal, hacia las personas de la tercera edad que acuden a cursos, talleres y diplomados en distintas disciplinas.

Hoy por lo pronto publican un desplegado para denunciar que Ruiz Bernal, quien se ostenta como licenciada en Administración de Empresas egresada de la BUAP, carece de título y que la cédula profesional con la que se acredita es falsa, ya que en realidad corresponde a Yenedid Lucero Quintal Ávalos, técnica en Contabilidad Financiera y Fiscal del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

Los alumnos afectados, que proporcionaron a este reportero nombres y teléfonos, señalan que Ruiz Bernal y otros docentes de esta Universidad ubicada en la colonia La Paz, no sólo los maltratan con burlas y ofensas, sino que los intimidan y sacan a empujones de las instalaciones cuando protestan por los abusos de que son víctimas.

Al escándalo podrían sumarse estudiantes de la Universidad Cuauhtémoc por el rezago que existe en la liberación de cartas de pasante o la entrega de sus títulos profesionales, no obstante haber cubierto todos los requisitos y pagos necesarios.

Aquí el desplegado.

A LA OPINIÓN PÚBLICA

Alto a los abusos en la Universidad Mexicana para Personas Mayores

Un fraude se realiza en la Universidad Mexicana para Personas Mayores ubicada en la colonia la Paz de esta Ciudad, ante el beneplácito del Dr. Francisco Martínez Briones, quien es dueño y Rector de la misma, que además también es Rector de la Universidad Cuauhtémoc y responsable directo del programa educativo ante el INAPAM , al designar como Coordinadora de esa casa de Estudios para Adultos Mayores a María del Pilar Ruiz Bernal, quien se ostenta como Licenciada en Administración de Empresas egresada de la BUAP.

Desde la llegada de María del Pilar Ruíz Bernal a la institución se ha generado gran malestar entre las personas de la tercera edad que acudimos a estudiar los 12 cursos y talleres que ahí se ofrecen, por el trato déspota, tirano y soberbio de que somos objeto por parte de ella, ya que dice ser protegida del Rector Dr. Francisco Martínez Briones, “debido a la relación tan unida que tienen con él y su hija” por lo que se siente apoyada por el Rector en todos sus actos.

Para acceder al cargo de Coordinadora, del que se ostenta, presentó la Cédula Profesional apócrifa número 3756653, otorgada el 5 de diciembre de 2006 de su supuesta licenciatura en Administración de Empresas cursada en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla del 2002 al 2006 ; sin embargo en el Registro Nacional de Profesionistas avalado por la SEP, no existe registro alguno a su nombre y quien aparece con la Cédula Profesional número 3756653 es YENEDID LUCERO QUINTAL AVALOS, como Profesional Técnico en Contabilidad Financiera y Fiscal del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica con el tipo C1 y expedida en el año 2002 , por lo que a todas luces se demuestra el fraude.

Sobre este asunto aún no ha manifestado nada el Rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, quien seguramente se pronunciará oportunamente respecto a tal falsificación, pues se involucra a la Máxima Casa de estudios directamente.

Ante estas circunstancias los alumnos de esta Universidad de Adultos Mayores, manifestamos nuestra inconformidad, ya que consideramos que esta nefasta persona, no cubre el perfil ni tiene la calidad moral para estar al frente de esta importante Institución, por lo que pedimos a las autoridades que procedan en lo que corresponda.

Tenemos el temor de que María del Pilar Ruíz Bernal invalide nuestro estudios y nos expulse de la Universidad, como lo ha estado haciendo en estos días con alumnos y maestros que no han aceptado sus abusos, groserías y humillaciones, corriéndolos agresivamente de la Escuela frente a sus nietos y demás familiares.

Los alumnos denunciamos todas estas anomalías esperando la intervención legal procedente de la Secretaria de Educación Pública (Federal y Estatal) ante la Procuraduría General de la República por los delitos federales flagrantes y tipificados por el Código Penal de falsificación de documentos y usurpación de profesión en los que incurre en primera instancia la coordinadora María del Pilar Ruíz Bernal, más los que resulten o se sumen inclusive por las amenazas; pidiendo la supervisión directa del INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores) por el maltrato, intimidación y abusos cometidos en nuestro perjuicio, y también la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, ya que tales conductas atentan contra nuestra dignidad, seguridad e integridad.

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovStQ

Las propuestas y reformas que el presidente Enrique Peña Nieto ha impulsado para combatir la corrupción, modificar el sistema electoral y de partidos, y hacer frente a los poderes fácticos se han quedado cortas o relegadas, pues una cosa es lo que se propone en el discurso y otra la que se aterriza en la praxis política, la Constitución y las leyes secundarias en proceso de aprobación.

Comencemos por la reforma en materia política electoral. Lo que Peña Nieto y las dirigencias del PAN y el PRD convinieron cuando se plantearon la sustitución del Instituto Federal Electoral (IFE) para recuperar la confianza de la ciudadanía en la autoridad electoral fue impulsar la creación de un organismo de carácter nacional y una legislación única que fuera aplicable en todo el país.

Este propósito no sólo no se logró por presiones de los gobernadores priístas, sino que en el trayecto se torció dando lugar al Instituto Nacional Electoral (INE), que no es autoridad única en materia electoral, ya que en los estados comparte funciones y atribuciones con los denominados Organismos  Públicos Electorales Locales (OPLES), que son una especie de autoridad comicial paralela  en las entidades federativas.

La intención de que el país contara con una legislación única electoral que fuera aplicable para cualquier tipo de proceso federal, estatal, distrital y municipal (compromiso 90 del Pacto por México) tampoco se concretó. Hoy lo que existe es una Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 32 códigos o leyes electorales estatales.

Pasamos, como lo he escrito aquí, de un IFE sin credibilidad y desgastado por el cuotismo en el reparto de consejerías, a un Frankenstein electoral.

Respecto al combate a la corrupción, los resultados son aún peores. El presidente Peña Nieto anunció en noviembre de 2012 la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, que sustituiría a la Secretaría de la Función Pública para luchar contra las malas prácticas de los servidores públicos y terminar con la impunidad prevaleciente, y es la hora que no hay fecha para que ésta se apruebe, ni voluntad política para emprender efectivo y eficaz combate contra este cáncer que ataca a todas las dependencias e instituciones públicas sin distingo de colores e ideologías.

Los partidos firmantes del Pacto por México (PRI, PAN y PRD) ofrecieron reducir sus requerimientos en materia de financiamiento público, terminar con la secrecía de millonarias partidas presupuestales que de manera discrecional manejan sus coordinaciones parlamentarias en el Senado y la Cámara de Diputados, y ser más transparentes en el origen y destino de sus gastos, pero nada han hecho para conseguirlo.

Por el contrario, parecen empeñados en obtener mayores recursos, sin ningún compromiso de ampliar sus porcentajes de votación, ni de modificar la legislación vigente para que exista una verdadera rendición de cuentas de los dineros y prerrogativas que reciben.

Estos asuntos, para decirlo pronto, no están en su agenda de prioridades de corto ni mediano plazo. Hágase la transparencia, pero en los bueyes de mi compadre, es la consigna que mejor resume la actitud de la partidocracia mexicana frente al tema de la rendición de cuentas y la reducción del gasto asignado a partidos políticos y sus grupos parlamentarios.

Sobre los poderes fácticos que el gobierno de Peña Nieto, a través de su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, prometió combatir al inicio de su gestión, a sabiendas que estos presionan para mantener a salvo sus privilegios e intereses o para acotar la acción del Estado, el discurso presidencial es ambivalente, a veces bipolar y hasta escurridizo.

Nada ilustra mejor este tema que la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones.

Si la intención del Estado es acotar y enfrentar a los poderes fácticos, hay que dejar el falso debate de cómo medir y evaluar la dominancia o preponderancia de los agentes económicos en el mercado de las telecomunicaciones, si por el sector al que pertenecen o por el servicio que prestan a los usuarios.

No hay que andarse por las ramas: el duopolio televisivo y sus empresas filiales son un poder fáctico, lo mismo que Carlos Slim, Telmex y Telcel, que amenazan al Estado, a sus instituciones y autoridades, por lo que el Congreso de la Unión y la presidencia de la República deben aprovechar la coyuntura y acotarlos de una buena vez, sin tanto tecnicismo sobre su preponderancia por sector o por servicio.

Ahora sí que como dice el dicho popular: no hay que buscarle chichis a las víboras.

***

Operativo del alcoholimetro municipal / estatal

«Secuestro exprés, Robo a mano armado, Abuso de autoridad, prepotencia, Delincuencia organizada uniformada, etc., etc.»

Estimado Rodolfo:

El día de ayer (28 de junio) dos mujeres: madre e hija viajaban de la ciudad de México a Puebla, de regreso a sus casas después de haber realizado algunos trámites en la embajada de los EEUU, llegaron pasada la media noche a la terminal de la 4 poniente, recogieron su vehículo estacionado ahí mismo, se dirigían a su domicilio, pero en su camino se toparon con un operativo llamado «Alcoholímetro» en la 43 poniente en la zona de Huexotitla, para más exacto frente a IUSASEL.

Al llegar al lugar, entre luces, sirenas, lámparas que parecen de un estadio de futbol, y un chingo de elementos armados y uniformados policías, te hacen la parada «a fuerza» y te preguntan si tomaste alcohol, a lo que la conductora menciona que sí una cerveza a la hora de la comida. Error imperdonable, enseguida le ordenan bajar del vehículo y la llevan a realizar la prueba del alcoholímetro, forcejeando con la mamá quién indignada argumenta que su hija no venía en estado etílico, cosa que ignoraron.

Con amenazas y argumentos realmente estúpidos le quitan el vehículo, se llevan a su hija (por estar intoxicada) y dejan a la mamá en la calle, sin saber que hacer después del show que armaron, cámaras filmando, policías sujetando y subiendo a la fuerza a la patrulla a la hija, deteniendo a su mamá para que no pudiera hacer nada.

Minutos después ante la impotencia y ultraje, la mamá me llama para pedir ayuda, acudo al lugar de los hechos y encuentro que no hay vehículos circulando a esa hora en el lugar perfectamente custodiado, la única detenida fue esa muchacha, de inmediato me interrogan si había tomado, a lo que respondí, que venía a buscar a una joven que había detenido (palabras mágicas) pase usted es la del coche tal, adelante, sin saber si estoy bajo los influjos del alcohol, eso ya nos importa, ya tienen a su primera clienta.

Sin motivo alguno se la llevan al Boulevard  Valsequillo y posteriormente la trasladan a la Pepsi, dicen ellos, porque no hay sistema.

Al llegar a buscarla 3.00 a.m. ya la estaban queriendo quitarle su ropa interior, pertenecías y los manoseos de rutina por parte de una agente muy «femenina», para garantizar su integridad, mientras el mismo juez trataba de calmarnos ante tal atropello diciendo que tenía un estudio toxicológico de la joven con el primer grado de alcohol leve, por lo que la habían remitido y sería detenida durante 20 horas o pagábamos $ 3,500.00 de multa para dejarla salir.

Además de que el vehículo se lo llevaron a la fuerza, con el freno de mano ahora hay que pagar el arrastre, la multa de tránsito y el piso, pero hasta que inicien labores en san Felipe.

¿Qué se puede hacer ante tanta bestialidad policiaca, abuso de autoridad, aprovecharse de dos mujeres indefensas?, ¿qué nos espera cómo ciudadanos?, en manos de quién estamos, bestias irracionales que obedecen intereses oscuros.

Lo único que nos entregaron después de pagar la multa, fueron la hoja de la multa de tránsito, el inventario del vehículo y el pago de la multa para que saliera. Y pregunto ¿el estudio toxicológico?, ¿la orden de aprensión?, etc. en dónde están los derechos de los ciudadanos.

 ¿Qué pasa con estas pseudo autoridades?

Sólo se me ocurre comparar que si me asaltan a la salda de un centro comercial un par de delincuentes y estos que les pasó a estas dos mujeres es exactamente lo mismo, la diferencia es que unos están uniformados.

Pregunto se necesitan cerca de 100 personas para detener a una joven que no estaba intoxicada, inocente y armarle toda un número incriminatorio, esa es la policía que nos cuida, no gracias, no los queremos, unamos las voces ciudadanas, viva la resistencia civil y no permitamos que nos sigan atropellando estas bestias.

Rodrigo Rosales Escalona <rodrigo.ivan@yahoo.com.mx

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Una de las causas que quizás expliquen la mala imagen del gobierno de Enrique Peña Nieto y la desaprobación de él y sus colaboradores en el año y medio que lleva su gestión, muy posiblemente se encuentre en los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), elaborada por el Inegi, en la que se advierte que la corrupción sigue siendo el tercer problema más preocupante de los mexicanos, sólo detrás de la inseguridad y el desempleo.

Si bien es cierto que en algunos rubros la administración federal ha logrado avances importantes, como las llamadas reformas constitucionales estructurales que Peña Nieto pudo sacar adelante por la vía de la concertacesión y el pragmatismo ideológico, también lo es que en otras materias, como el combate a la corrupción, la impunidad y la opacidad en la rendición de cuentas, su gobierno está detenido, sino que es echado para atrás.

De ahí que la encuesta del Inegi haya revelado que para uno de cada dos mexicanos la corrupción sea el tema de mayor preocupación del país, con una prevalencia de 12.1% y una incidencia de 24,724 ciudadanos mayores de 18 años por cada 100 mil habitantes.

Tales cifras son demoledoras en un país que aspira a ser de primera y con un sistema dizque democrático y pluralista o en proceso de consolidación.

La corrupción es un cáncer que ninguna de las últimas administraciones ha podido extirpar de las entrañas del México real, cuyas células invaden por igual a gobiernos del PRI, que del PAN y PRD, y a la que sólo se combate con discursos y mensajes propagandísticos sin ningún resultado efectivo.

Para enfrentar la corrupción y la impunidad que van de la mano, en complicidad con la partidocracia prevaleciente, no hace falta revivir la Comisión Nacional Anticorrupción prometida por Peña Nieto al arrancar su sexenio, ni otorgar al IFAI nuevas facultades para dotarlo de dientes, ni rediseñar la PGR para convertirla en una Fiscalía General con autonomía constitucional o que de esta se derive una Fiscalía especializada en casos de corrupción.

No. Lo que hace falta es voluntad política.

Voluntad política para terminar con la complicidad de políticos o gobiernos que mutuamente se tapan, encubren o negocian sus corruptelas, a cambio de impunidad o la aprobación de reformas. Voluntad política para acabar con los acuerdos en lo oscurito, disfrazados de pragmatismo ideológico, y con el reparto de cuotas en la designación de consejeros, comisionados e integrantes de los órganos e instituciones autónomas. Y voluntad política para hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica cotidiana y no un ejercicio discrecional.

En esta materia, el presidente Peña Nieto debe poner el ejemplo, sin simulaciones o dobleces, como hasta ahora ha ocurrido con la detención y encarcelamiento de la exlideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo; el empresario y patrocinador favorito de los panistas, Amado Yáñez y su empresa Oceanografía; y los exgobernadores de Coahuila, Humberto Moreira; del Estado de México, Arturo Montiel; de Tabasco, Andrés Granier;  de Tamaulipas, Tomás Yarrington; y de Veracruz, Fidel Herrera.

De lo contrario, la percepción de los mexicanos sobre su gobierno y desempeño no sólo continuará siendo negativa, sino que su evaluación nacional e internacional en el rubro de combate corrupción seguirá a la baja.

La organización Transparencia Internacional ubicó a México en la posición 106 de un total de 177 países evaluados en su Índice de la Percepción de la Corrupción 2013, y el Inegi acaba de difundir ayer que para el 48.5% de los mexicanos la corrupción es el principal problema del país, solo por debajo de la inseguridad y delincuencia que alcanzó el 70.4% de las opiniones y el desempleo que registró un 51 por ciento.

***

Puebla, aún peor que el país

Pero si las conclusiones de la encuesta nacional del Inegi fueron negativas para Peña Nieto, para el gobernador Rafael Moreno Valle —que prometió sacar a Puebla del sótano nacional de la corrupción—resultan demoledoras.

En su discurso como candidato a la gubernatura de la coalición Compromiso por Puebla, Moreno Valle ofreció subir al menos tres lugares la situación de Puebla en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de la organización Transparencia Mexicana, que en 2010 ubicó a Puebla como el cuarto estado más corrupto del país.

Sin embargo, la encuesta del Inegi, elaborada en 2013 —que es la primera en el país que aborda el tema de la  corrupción en el sector público proporcionando la tasa de prevalencia e incidencia, es decir la proporción de la población que tuvo contacto con un servidor público y vivió una experiencia de corrupción— colocó a Puebla en el tercer lugar nacional, solo por debajo de Chihuahua y Morelos.

De acuerdo con este estudio, nueve de cada 10 poblanos considera que los actos de corrupción en la entidad son “frecuentes” o “muy frecuentes”, con una tasa de 39 mil 890 casos por cada 100 mil habitantes.

Además, el 91.5% de los habitantes de Puebla estimó que la corrupción es un fenómeno frecuente y muy frecuente entre los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, ante los cuales realizan pagos, trámites, gestionan servicios públicos o hacen solicitudes de servicio específicos.

Este indicador está por arriba del promedio nacional, que es del 88.3 por ciento.

La mala imagen que tienen los poblanos de las autoridades federales, estatales y municipales sólo es rebasada por la que tienen los habitantes del Distrito Federal, Jalisco, Michoacán, Morelos y Tabasco.

La encuesta ubicó a Puebla en el último lugar nacional en satisfacción de los contribuyentes respecto al trato que reciben de los servidores públicos, ya que sólo el 64.3 por ciento de los encuestados dijo sentirse satisfecho o muy satisfecho con la atención recibida de los funcionarios que los atendieron.

La encuesta completa puede consultarla aquí

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy