Las propuestas y reformas que el presidente Enrique Peña Nieto ha impulsado para combatir la corrupción, modificar el sistema electoral y de partidos, y hacer frente a los poderes fácticos se han quedado cortas o relegadas, pues una cosa es lo que se propone en el discurso y otra la que se aterriza en la praxis política, la Constitución y las leyes secundarias en proceso de aprobación.

Comencemos por la reforma en materia política electoral. Lo que Peña Nieto y las dirigencias del PAN y el PRD convinieron cuando se plantearon la sustitución del Instituto Federal Electoral (IFE) para recuperar la confianza de la ciudadanía en la autoridad electoral fue impulsar la creación de un organismo de carácter nacional y una legislación única que fuera aplicable en todo el país.

Este propósito no sólo no se logró por presiones de los gobernadores priístas, sino que en el trayecto se torció dando lugar al Instituto Nacional Electoral (INE), que no es autoridad única en materia electoral, ya que en los estados comparte funciones y atribuciones con los denominados Organismos  Públicos Electorales Locales (OPLES), que son una especie de autoridad comicial paralela  en las entidades federativas.

La intención de que el país contara con una legislación única electoral que fuera aplicable para cualquier tipo de proceso federal, estatal, distrital y municipal (compromiso 90 del Pacto por México) tampoco se concretó. Hoy lo que existe es una Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 32 códigos o leyes electorales estatales.

Pasamos, como lo he escrito aquí, de un IFE sin credibilidad y desgastado por el cuotismo en el reparto de consejerías, a un Frankenstein electoral.

Respecto al combate a la corrupción, los resultados son aún peores. El presidente Peña Nieto anunció en noviembre de 2012 la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, que sustituiría a la Secretaría de la Función Pública para luchar contra las malas prácticas de los servidores públicos y terminar con la impunidad prevaleciente, y es la hora que no hay fecha para que ésta se apruebe, ni voluntad política para emprender efectivo y eficaz combate contra este cáncer que ataca a todas las dependencias e instituciones públicas sin distingo de colores e ideologías.

Los partidos firmantes del Pacto por México (PRI, PAN y PRD) ofrecieron reducir sus requerimientos en materia de financiamiento público, terminar con la secrecía de millonarias partidas presupuestales que de manera discrecional manejan sus coordinaciones parlamentarias en el Senado y la Cámara de Diputados, y ser más transparentes en el origen y destino de sus gastos, pero nada han hecho para conseguirlo.

Por el contrario, parecen empeñados en obtener mayores recursos, sin ningún compromiso de ampliar sus porcentajes de votación, ni de modificar la legislación vigente para que exista una verdadera rendición de cuentas de los dineros y prerrogativas que reciben.

Estos asuntos, para decirlo pronto, no están en su agenda de prioridades de corto ni mediano plazo. Hágase la transparencia, pero en los bueyes de mi compadre, es la consigna que mejor resume la actitud de la partidocracia mexicana frente al tema de la rendición de cuentas y la reducción del gasto asignado a partidos políticos y sus grupos parlamentarios.

Sobre los poderes fácticos que el gobierno de Peña Nieto, a través de su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, prometió combatir al inicio de su gestión, a sabiendas que estos presionan para mantener a salvo sus privilegios e intereses o para acotar la acción del Estado, el discurso presidencial es ambivalente, a veces bipolar y hasta escurridizo.

Nada ilustra mejor este tema que la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones.

Si la intención del Estado es acotar y enfrentar a los poderes fácticos, hay que dejar el falso debate de cómo medir y evaluar la dominancia o preponderancia de los agentes económicos en el mercado de las telecomunicaciones, si por el sector al que pertenecen o por el servicio que prestan a los usuarios.

No hay que andarse por las ramas: el duopolio televisivo y sus empresas filiales son un poder fáctico, lo mismo que Carlos Slim, Telmex y Telcel, que amenazan al Estado, a sus instituciones y autoridades, por lo que el Congreso de la Unión y la presidencia de la República deben aprovechar la coyuntura y acotarlos de una buena vez, sin tanto tecnicismo sobre su preponderancia por sector o por servicio.

Ahora sí que como dice el dicho popular: no hay que buscarle chichis a las víboras.

***

Operativo del alcoholimetro municipal / estatal

«Secuestro exprés, Robo a mano armado, Abuso de autoridad, prepotencia, Delincuencia organizada uniformada, etc., etc.»

Estimado Rodolfo:

El día de ayer (28 de junio) dos mujeres: madre e hija viajaban de la ciudad de México a Puebla, de regreso a sus casas después de haber realizado algunos trámites en la embajada de los EEUU, llegaron pasada la media noche a la terminal de la 4 poniente, recogieron su vehículo estacionado ahí mismo, se dirigían a su domicilio, pero en su camino se toparon con un operativo llamado «Alcoholímetro» en la 43 poniente en la zona de Huexotitla, para más exacto frente a IUSASEL.

Al llegar al lugar, entre luces, sirenas, lámparas que parecen de un estadio de futbol, y un chingo de elementos armados y uniformados policías, te hacen la parada «a fuerza» y te preguntan si tomaste alcohol, a lo que la conductora menciona que sí una cerveza a la hora de la comida. Error imperdonable, enseguida le ordenan bajar del vehículo y la llevan a realizar la prueba del alcoholímetro, forcejeando con la mamá quién indignada argumenta que su hija no venía en estado etílico, cosa que ignoraron.

Con amenazas y argumentos realmente estúpidos le quitan el vehículo, se llevan a su hija (por estar intoxicada) y dejan a la mamá en la calle, sin saber que hacer después del show que armaron, cámaras filmando, policías sujetando y subiendo a la fuerza a la patrulla a la hija, deteniendo a su mamá para que no pudiera hacer nada.

Minutos después ante la impotencia y ultraje, la mamá me llama para pedir ayuda, acudo al lugar de los hechos y encuentro que no hay vehículos circulando a esa hora en el lugar perfectamente custodiado, la única detenida fue esa muchacha, de inmediato me interrogan si había tomado, a lo que respondí, que venía a buscar a una joven que había detenido (palabras mágicas) pase usted es la del coche tal, adelante, sin saber si estoy bajo los influjos del alcohol, eso ya nos importa, ya tienen a su primera clienta.

Sin motivo alguno se la llevan al Boulevard  Valsequillo y posteriormente la trasladan a la Pepsi, dicen ellos, porque no hay sistema.

Al llegar a buscarla 3.00 a.m. ya la estaban queriendo quitarle su ropa interior, pertenecías y los manoseos de rutina por parte de una agente muy «femenina», para garantizar su integridad, mientras el mismo juez trataba de calmarnos ante tal atropello diciendo que tenía un estudio toxicológico de la joven con el primer grado de alcohol leve, por lo que la habían remitido y sería detenida durante 20 horas o pagábamos $ 3,500.00 de multa para dejarla salir.

Además de que el vehículo se lo llevaron a la fuerza, con el freno de mano ahora hay que pagar el arrastre, la multa de tránsito y el piso, pero hasta que inicien labores en san Felipe.

¿Qué se puede hacer ante tanta bestialidad policiaca, abuso de autoridad, aprovecharse de dos mujeres indefensas?, ¿qué nos espera cómo ciudadanos?, en manos de quién estamos, bestias irracionales que obedecen intereses oscuros.

Lo único que nos entregaron después de pagar la multa, fueron la hoja de la multa de tránsito, el inventario del vehículo y el pago de la multa para que saliera. Y pregunto ¿el estudio toxicológico?, ¿la orden de aprensión?, etc. en dónde están los derechos de los ciudadanos.

 ¿Qué pasa con estas pseudo autoridades?

Sólo se me ocurre comparar que si me asaltan a la salda de un centro comercial un par de delincuentes y estos que les pasó a estas dos mujeres es exactamente lo mismo, la diferencia es que unos están uniformados.

Pregunto se necesitan cerca de 100 personas para detener a una joven que no estaba intoxicada, inocente y armarle toda un número incriminatorio, esa es la policía que nos cuida, no gracias, no los queremos, unamos las voces ciudadanas, viva la resistencia civil y no permitamos que nos sigan atropellando estas bestias.

Rodrigo Rosales Escalona <rodrigo.ivan@yahoo.com.mx

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Por Fernando Pérez Corona

Uno de los escenarios más analizados  por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al caso Lydia Cacho fue el posible concierto de autoridades en contra de la autora de “Los demonios del edén”.

Con base en la conversación telefónica entre el gobernador Mario Marín Torres y el empresario Kamel Nacif Borge, la discusión entre los integrantes del máximo tribunal del país estuvo encauzada hacia la supuesta confabulación entre los poderes Ejecutivo y Judicial para violar los derechos de la periodista, y la nula posibilidad del Legislativo para sancionar esta acción ilegal.

El final, ya lo conocemos.

En esta semana, no está de más recordar el reclamo de Cacho Ribeiro.

¿Por qué?

Tan sólo reflexione conmigo:

¿Qué posibilidades tenemos los poblanos de que el Congreso local legisle en beneficio de nosotros, si la mayoría priísta se impone y acata la indicación del gobernador?

Así sucedió con la Ley de Transparencia.

Decidieron con base a los intereses del mandatario, ni siquiera en relación con sus propias ideas.

Los diputados del instituto tricolor no escucharon a la gente y tomaron la decisión de caminar hacia donde les ordenaron.

Y todo nos viene de golpe y porrazo.

El pasado fin de semana, una maniobra en el Poder Judicial ordenada desde el Poder Ejecutivo permitió al Fideicomiso Atlixcáyotl-Quetzalcoatl recuperar el Parque del Arte y desalojar a Puebla Verde, específicamente a Verónica Mastretta.

Los jueces habían partido de vacaciones a las 3 de la tarde y a las 6 todavía un diligenciario salió a cumplir con su deber.
Ajá.

Pero no fuera uno, porque padecemos las de Caín.

En breve, la elección (¿o designación?) del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

¿Hay posibilidades de proponer al mejor?
No.

La decisión está en manos del gobernador Mario Marín Torres.
Como siempre.

A merced del señor gobernador.
Indefensos.

En corto

¿Sabe usted algo acerca de la construcción del Libramiento Norte de la ciudad de México, el cual tendrá una longitud de 224 kilómetros, desde San Martín Texmelucan hasta Atlacomulco, estado de México? Si carece de esta información, le cuento que la vía terrestre atravesará las autopistas México-Pachuca y México-Querétaro, así como las carreteras Texcoco-Apizaco y México-Tulancingo. Además formará parte del corredor del altiplano y enlazará cinco corredores troncales. La obra está a cargo del Grupo Carso, de Carlos Slim, y estaría terminada este año. Pero no. Falta mucho para terminar. Para empezar, no están resueltos los problemas con ejidatarios y comunidades que reclaman obras complementarias. ***** Otra sobre carreteras. Además del Libramiento Norte, la empresa española Obrascón-Huarte-Lain (OHL) tiene otras obras relacionadas con Puebla, aunque estas no fueron negociadas en el despacho del gobernador Mario Marín Torres. OHL construye el circuito exterior mexiquense, en un tramo de Huehuetoca al oriente del Distrito Federal; pero, además, tendrá a su cargo la segunda fase de la autopista Puebla-Chalco, con una longitud de 100 kilómetros. ¿Estará pensando en conectar esta autopista con el Libramiento Norte? ¿Será? ¿De ahí la necesidad de tener tres casetas de peaje? ¿Un punto de cobro servirá para unir las dos vías terrestres? Piensa mal y acertarás. ***** Por cierto, la tarde de este lunes me dio coraje encontrarme en internet con la orden del día de la sesión pública del Congreso local del pasado 3 de julio, pues el diputado José Manuel Benigno Pérez Vega, promovió el “Punto de Acuerdo” para exhortar “al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a informar a esta Soberanía sobre la concesión al grupo español OHL para que construya el arco norte del periférico”. Ojalá y a estas alturas el célebre Pepe Momoxpan sepa que el Libramiento Norte de la ciudad de Puebla no tendrá conexión con el Periférico, que son dos vialidades distintas. ***** Y ya que hablamos de la ignorancia de nuestros legisladores, la semana pasada, navegando por las ondas hertzianas encontré una entrevista en vivo de la priísta Bárbara Ganime respecto al próximo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH). La sorpresa fue mayúscula cuando la integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura proponía, en lugar de un ombudsman, una “ombudswoman”. ¿¿¡¡ Quéeeee !!?? No es inglés. La palabra ombudsman es de origen sueco y significa «representante del ciudadano”. Así, pues, el femenino de ombudsman es ombudskvina u ombudsperson. Para evitar problemas, sería correcto tan sólo decir la ombudsman. Olviden eso de “ombudswoman” (ya dejen de ver las añejas series gringas de Wonderwoman y The Bionic Woman, o las historietas de Catwoman, e incrementen su acervo cultural). ***** Para festejar el 40 aniversario del movimiento estudiantil de 1968, el Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México prepara una exposición de fotógrafo oriundo de Zacatlán, Manuel Gutiérrez Paredes, mejor conocido como “Manachito”, cuando era fotógrafo de Luis Echeverría. Como se recordará, tras su muerte su familia heredó una colección de mil 268 fotografías, las cuales fueron vendidas por su hermana a la máxima casa de estudios, la cual realizó la digitalización del lote en 2002. Las fotografías serán expuestas junto con el archivo del ex gobernador de Veracruz (1962-68), Fernando López Arias.

Y hasta pronto.
Mañana vuelve Rodolfo Ruiz a este espacio.
Cualquier comentario: ferperezcorona@hotmail.com
Gracias