No a la judicialización de las elecciones para gobernador

Frente a una elección que se vislumbra tan cerrada y competida como la del domingo 5 de junio en Puebla y con un alto de riesgo de judicialización, el rol de los árbitros y jueces del proceso es fundamental para dar legalidad y certeza a los resultados de los comicios.

En la medida que los consejeros y magistrados electorales pierdan objetividad o independencia, se vuelvan parciales o actúen por consigna, los riesgos de que el proceso no sólo salga del ámbito local sino que tenga que ser resuelto por instancias u órganos jurisdiccionales de la capital del país son crecientes.

De ahí la importancia de que los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) resuelvan con estricto apego a la legalidad, sin sobrerregulaciones ni interpretaciones sacadas de la manga, los registros de candidatos independientes, de partidos y coaliciones que este domingo se presentaron.

La tentación de intentar de dejar fuera de la contienda electoral a los candidatos y partidos que no comulgan con el actual grupo gobernante o que suponen podrían restarle algunos puntos al abanderado a la gubernatura de Puebla de la coalición Sigamos Adelante, José Antonio Gali Fayad, no debe ir más allá de eso: de una tentación.

El ex presidente municipal de Puebla no necesita de ese tipo de «ayudas» para ganar la elección.

Si de los candidatos y candidatas que este domingo acudieron al IEE a solicitar su registro para contender por la gubernatura de Puebla, hay alguno o alguna que no aparecerá en la boleta electoral, ojalá que tal decisión obedezca a una inconsistencia jurídica y legal sólida y no en una consigna política de quién cree contar con el control mayoritario de los consejeros del IEE y los magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEE).

Lo ideal es que sea el sufragio de los ciudadanos radicados en la entidad el que determine quién debe ser el futuro o la futura gobernadora de Puebla, y que si esta elección se cierra la decisión del ganador o ganadora la defina el voto de la mayoría y no un litigio judicial en el TEE o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Si Ana Teresa Aranda cumplió con el requisito de contar con más de 127 mil firmas de apoyo a su candidatura independiente se le debe dejar participar. La suya es una opción que representa a miles de ciudadanos que estamos hartos de la partidocracia, de la forma en que se conducen los partidos y seleccionan a sus candidatos a cargos de elección popular.

Lo mismo debe ocurrir con el otro aspirante a candidato independiente, Ricardo Jiménez Hernández. Si este reunió las firmas que necesitaba se le debe dejar participar, sin importar su supuesta o falsa proclividad al morenovallismo.

Si el Comité Ejecutivo Nacional del PRD decidió por mayoría que Roxana Luna Porquillo fuera su candidata a la gubernatura de Puebla, luego que una mayoría rechazó la alianza con el PAN, también se le debe dejar participar. El TEPJF no puede ni debe dejar al sol azteca sin candidato u obligarlo a nominar a un candidato diferente aquella, sólo porque la ex diputada federal es la principal crítica del gobernador de Puebla.

Si el Partido Encuentro Social (PES) resolvió de última hora postular –bajo la figura de candidatura común– a Blanca Alcalá Ruiz como su abanderada a la gubernatura, no veo por qué los consejeros y magistrados locales traten de impedirlo, recurriendo a tesis que nunca antes se aplicaron a los dos partidos estatales que hoy existen: Pacto Social de Integración (PSI) y Compromiso por Puebla (CPP).

Ese tipo de actitudes no presagian un comportamiento imparcial, independiente, certero y apegado a la legalidad de los consejeros y magistrados locales. Ojalá me equivoque.

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En el transcurso de las próximas horas la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría emitir un fallo a favor del magistrado Jorge Sánchez Morales, quien demandó —a través de un juicio— el cumplimiento del artículo 331 del Código de Instituciones y Procesos Electorales de Puebla, para que su salario sea igual que el de los magistrados del Poder Judicial del estado.

Antes de entrar en materia, valdría la pena aclarar que el asunto va más allá de unos cuantos miles de pesos y centavos.

En realidad, estamos ante una resolución que podría exhibir la falta de autonomía del Tribunal Electoral del Estado (TEE) y la injerencia del Ejecutivo —por medio de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA)— en los asuntos internos de este órgano jurisdiccional.

Le explico por qué.

Uno de los primeros acuerdos de los nuevos magistrados del TEE fue igualar su salario con el que perciben sus homólogos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para dar cumplimiento al artículo 331 del Código Electoral, que textualmente dice:

“La remuneración que perciban los Magistrados durante el tiempo que duren en el ejercicio de sus funciones, será igual a la prevista para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia en el Estado”.

Dicho acuerdo fue comunicado al director Administrativo del TEE, Juan Morales Figueroa, y éste hizo el ajuste correspondiente en la primera quincena de enero, de manera que el salario de los magistrados quedó en 75 mil 800 pesos mensuales. Sin embargo, el gusto les duró poco, pues el subsecretario de Egresos de la SFA, Eduardo Homero Tovilla Lara, ordenó que el salario de éstos se redujera a 62 mil pesos mensuales.

De los tres magistrados que integran supuestamente un órgano constitucional autónomo, el único que no aceptó la reducción y promovió un Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano fue Jorge Sánchez. Éste argumentó violaciones constitucionales graves, la intervención del ejecutivo estatal en la administración del Tribunal y cuestiones que ponen en entredicho su autonomía.

Y es que el artículo 116 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos dice, en su fracción III párrafo sexto: “Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo”.

Pregunto: ¿Qué facultades metaconstitucionales tiene el director Administrativo del TEE o el subsecretario de Egresos de la SFA para pasarse por el arco del triunfo la Carta Magna y el Código Electoral de Puebla?

El mismo artículo constitucional en su fracción IV inciso C) establece: “Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gozarán de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones”.

Pregunto: ¿Cuánta autonomía e independencia pueden tener los magistrados del Tribunal Electoral de Puebla, cuando no son incapaces de decidir sobre su propio presupuesto, o aceptan que un funcionario del Ejecutivo les fije su salario, aunque no corresponda a lo que estipula expresamente el Código Electoral?

A mí me parece que muy poca.

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Casi casi en lo oscurito y sin emitir alguna posición sobre el fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Comité Ejecutivo Nacional y el Registro Nacional de Miembros del PAN ya avalaron las afiliaciones corporativas que se hicieron en Puebla durante los meses de abril y agosto.

Eso significa, en otras palabras, que el gobernador Rafael Moreno Valle además de imponerse a la dirigencia estatal encabezada por Rafael Micalco Méndez logró hacer del padrón panista de Puebla el cuarto más grande del país, sólo por abajo del Estado de México, Veracruz y Jalisco.

Según el último reporte del Registro Nacional de Miembros, el padrón panista de la entidad se integra con 35 mil 911 militantes.

Dicha cifra supera los 28 mil 122 miembros que se habían proyectado en un principio, al sumar a los 13 mil 857 que ya existían las 14,265 afiliaciones corporativas que se hicieron el mes de abril, y de las cuales Rafael Micalco sólo pudo impugnar 353 ante el Tribunal Electoral del Estado (TEEP) y más tarde ante el TEPJF.

¿De dónde salen los 7 mil 789 militantes adicionales?

La respuesta es simple: De otras afiliaciones corporativas, igual de irregulares que las anteriores, efectuadas en dos diferentes tantos durante el mes de agosto: más de 6 mil en un primer bloque y alrededor de mil 700 en un segundo bloque.

Así las cosas, las dudas que existían sobre el peso y la influencia del gobernador Rafael Moreno Valle para hacer que la dirigencia nacional panista y su presidente interino, Ricardo Anaya Cortés, aceptaran las afiliaciones que se hicieron al margen de los Estatutos vigentes y el Reglamento de Miembros han quedado totalmente despejadas.

Lo que de paso confirma que en el PAN la normatividad ha dejado de tener el peso que antes tenía, y que en los asuntos internos pesa más la cartera que los estatutos y la doctrina o los principios ideológicos.

http://ww1.pan.org.mx/PadronAN/

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Ayer le comentaba que en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD se planteó la conveniencia de suspender la instalación del Consejo Estatal previsto para este sábado y de nombrar una delegación que de manera temporal asumiera la conducción de la dirigencia estatal.

El tema no se cerró, y se dejó abierto para ser retomado mañana miércoles.

Sin embargo la detención del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, en Iztapalapa, tuvo muy atareados a varios miembros del Comité Ejecutivo Nacional perredista, a tal grado que el caso Puebla pasó a un segundo o tercer plano de importancia.

Lo único que sabe que mañana miércoles algunos miembros del secretariado nacional serán convocados para discutir el asunto, sin que hasta el momento se tenga confirmada hora y lugar, o los personajes locales que serían llamados para la reunión.

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En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP viene incubándose un fuerte conflicto entre profesores e investigadores que además de poner en crisis esta unidad académica, sacaría a flote las diferencias entre el secretario general de la institución, René Valdiviezo Sandoval y el director de esta Facultad, Carlos Moreno Sánchez.

La disputa tiene como epicentro al secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Derecho, César Cansino Ortiz, quien fue nombrado, retirado y más tarde reinstalado en el cargo, pese al rechazo del director Carlos Moreno y de docentes e investigadores de varias licenciaturas y maestrías, agraviados por una carta de aquel demeritando su trabajo y desempeño académico.

Las cosas están que arden. Mañana le amplió la información.

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Regresa La Hermandad a la Dirección de Vialidad

Eduardo Rivera se reúne este lunes con Luis Videgaray

Este lunes, la 1010 se transforma en la Ke Buena

Tómelo con reserva, pero una fuente confiable me asegura que el ex líder de la Sección 51 del SNTE, Cirilo Salas Hernández, podría llegar al Congreso del estado, ya sea por un resolutivo del Tribunal Electoral del Estado (TEE) o por medio de la licencia del propietario y suplente de una de las fórmulas de la Coalición Puebla Unida.

La intención de facilitar el arribo de Cirilo Salas a la próxima Legislatura local no es nueva.

Una primera intentona ocurrió cuando Mario Rincón González fue nombrado secretario de Desarrollo Social, una semana después de haber recibido su constancia de mayoría como diputado local por el distrito 17 con cabecera en Amozoc.

Entonces se dijo que el suplente de éste, Francisco Mota Quiroz, también pediría licencia, lo que permitiría que el ex secretario general de la Sección 51 del SNTE se convirtiera en diputado, al ser el tercero de la lista de candidatos de representación proporcional de la Coalición Puebla Unida.

Cuando se aclaró que eso no podía ser, pues si Mario Rincón y su suplente Francisco Mota no asumían la diputación, la lista de plurinominales no se recorría sino que tendría que convocarse a una nueva elección en el distrito 17, entonces la estrategia se modificó.

Ahora lo que se busca, aprovechando que el PRI y/o la Coalición 5 de Mayo impugnaron el proceso de asignación de diputados de representación proporcional llevado a cabo por el Instituto Electoral del Estado, es quitarle una posición a uno de los partidos favorecidos con dos diputados plurinominales, y así darle uno más a la Coalición Puebla Unida.

Otro escenario que también se ha planteado —y que no habría que descartar— es que Fernando Manzanilla Prieto, el segundo de la lista de la Coalición Puebla Unida, no asuma la diputación y pida la licencia, lo mismo que su suplente, el hoy contralor del estado, Eukid Castañón Herrera.

En esas circunstancias, la lista de la coalición morenovallista se recorrería y, entonces sí, Cirilo Salas, que es el tercero de esa lista, podría llegar a la próxima Legislatura del Congreso del estado.

EN CORTO

Cuatro fueron los diputados federales poblanos que este sábado no acudieron a la elección de la mesa directiva de la Cámara de Diputados: José Luis Márquez Martínez, Jesús Morales Flores y María del Carmen García de la Cadena, del PRI, y la panista Liliana Castillo Terreros, esposa del presidente municipal de San Andrés Cholula, Miguel Ángel Huepa Pérez.

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El que este domingo también se ausentó de la sesión de instalación de la 62 Legislatura del Congreso de la Unión es el poblano Enrique Doger Guerrero, lo que no pasó inadvertido para los priístas por tratarse de uno de los miembros de la Comisión de Educación, que se supone es la encargada de dictaminar la polémica Ley General del Servicio Profesional Docente, que este lunes podría aprobarse.

Por cierto, en la sesión de instalación de la 62 Legislatura dos senadores poblanos fueron los encargados de fijar la posición de sus respectivos partidos frente a los temas que se discutirán en el arranque del segundo año de labores, entre los que destacan la reforma en materia de transparencia, la reforma fiscal, la reforma energética y la reforma político-electoral.

La senadora Blanca Alcalá Ruiz habló en nombre del PRI, y el senador Manuel Bartlett Díaz en representación del PT.

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Sin hacer ruido, y aprovechando que el secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, desconoce sus antecedentes como grupo mafioso, La Hermandad ha logrado recuperar posiciones relevantes dentro de la Dirección de Vialidad del estado.

De acuerdo con fuentes confiables, entre los integrantes de La Hermandad al frente de delegaciones o comandancias importantes figuran: Lourdes Montes Mier, en Tecali de Herrera; Maricruz Arauz, en Lara Grajales; Fortunato Chávez, en Libres; Juan Orduña Vargas, en Zacapoaxtla; Roberto Carlos Pérez Torres, en Huauchinango; y Martha Zambrano, en Acatzingo.

A la relación hay que agregar los nombres de Luisa Muñoz León, esposa del jefe de La Hermandad, Héctor Guerra Montiel, que fue nombrada delegada en Izúcar de Matamoros; Yeni Carolina González, en Huejotzingo; José Juan Ramírez Valdés, en Hueytamalco; Jesús Zúñiga Hernández, en Chiautla de Tapia; y Rodolfo Hugo Rojas Meza, en Teziutlán.

Otro factor que ha contribuido al resurgimiento de La Hermandad fue la designación de María Victoria Villalpando Aguilar como directora de Vialidad del estado en junio pasado, ya que ha promovido a miembros de esta organización como delegados municipales, pese a que varios de ellos ni siquiera eran comandantes o carecían de méritos para un ascenso.

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A partir de este lunes, la 1010 de Amplitud Modulada se convertirá en la Ke Buena de Puebla, es decir, una estación grupera, tropical y de salsa, en la que se alternarán programas en vivo con música de grupos y bandas como El Recodo, Los Yonic´s, El Limón, MS, Julión Álvarez, Voz de Mando, Los Primos de Durango y Los Animales, entre otros.

Entre los programas producidos en Puebla que se mantendrán figuran Efecto 10, con Ricardo Morales, de 7 a 9 de la mañana; Clase Política, que se transmitirá ahora de 13 a 14 horas; y En Línea Deportiva, de Pepe Hanan, que seguirá de 15 a 16 horas.

A éstos se agregarán los programas Ke Krees, conducido por Laura G; El Confesionario, de Antonio Molina; y Los Hijos de la Madrugada, de Daniel López y Mendoza.

La Ke Buena es una cadena nacional cuya programación y comercialización están a cargo de Grupo Televisa.

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Este lunes el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, se reunirá en un conocido restaurante de la zona de Polanco, de la Ciudad de México, con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.

Al encuentro acudirán también la delegada de Magdalena Contreras, la perredista Leticia Quezada Contreras, a quien recientemente Rivera Pérez entregó la estafeta de la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM), y la alcaldesa priísta de León y presidenta de la FENAMM, Bárbara Botello Santibañez.

En la reunión con Luis Videgaray, los alcaldes buscarán un acuerdo con el secretario de Hacienda para aumentar el Fondo General de Participaciones, con el fin de que un 10% se canalice directamente a los municipios, además de crear un Ramo Especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación para municipios y conseguir que un porcentaje de los impuestos nacionales que se recauden en los municipios se queden en estas localidades.

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¿Quién es Josué Gilberto Chávez Castañeda?

Quizá su nombre no le diga mucho, pero es el priísta que decidió inconformarse ante el Tribunal Electoral del Estado por la nominación del candidato del PRI a la alcaldía de Atlixco, Álvaro Morales Méndez, recurso que este fin de semana se resolvió a su favor, por lo que el PRI tendrá que reponer el proceso interno en este municipio a mediados de la presente semana.

Josué fue director de Gobernación Municipal en la gestión de Eleazar Pérez Sánchez, quien —por cierto—también se registró como aspirante a la alcaldía atlixquense en esta elección. Además es dirigente de la Unión de Poblanos en el Extranjero, una organización de migrantes poblanos en Estados Unidos.

Sin embargo, el dato más relevante de Josué Chávez es su parentesco político con quien fue secretario de Gobernación en la primera mitad del sexenio marinista, Mario Montero Serrano. Josué está casado con la hermana de éste, la notaria Amparo Montero Serrano.

Ahora que el Tribunal le ordenó al PRI reponer el proceso interno en Atlixco, será interesante ver quién finalmente se queda con la candidatura a la alcaldía: si el cuñado de Mario Montero o el ex subordinado de Javier López Zavala en la Secretaría de Desarrollo Social: el doctor y ex diputado local Álvaro Morales.

Se valen apuestas.

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Otro municipio donde también hay diferencias —que son ya del conocimiento de inquilino de Casa Puebla y de la dirigencia estatal del PAN— es San Andrés Cholula.

Los enterados aseguran que se trata de un pleito de egos muy robustos entre el ex presidente municipal y candidato a diputado local por el noveno distrito (Miguel Ángel Huepa Pérez), que pretende controlar el equipo y la campaña del candidato de su partido a sucederlo en la alcaldía sanandreseña, y un candidato soberbio (Leoncio Paisano), que no acepta recomendaciones y ya se siente alcalde, aun sin ganar las elecciones del domingo 7 de julio.

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José Rodolfo Morales Melo dejó este viernes el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA), en el que se desempeñaba como coordinador general de Administración.

Los enterados aseguran que el referido funcionario seguirá en la administración pública, pero ahora en la Secretaría de Educación Pública.

Trascendió que el nuevo coordinador administrativo del CECA, cuyo nombre se conocerá esta semana, es una persona allegada al secretario ejecutivo del Consejo, Moisés Alfonso Rosas Silva, de quien poco o nada se conoce más allá de su paso por el Museo del Estanquillo de la Ciudad de México y el Museo Amparo de la capital del estado.

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 Aunque será a partir del 5 de mayo cuando los candidatos de los distintos partidos y coaliciones arranquen sus campañas en Puebla, es bastante predecible que éstas no se resolverán en las urnas, como debería ser, sino en los tribunales.

Por lo pronto, la coalición integrada por el PRI y el PVEM ya sufrió un primer revés jurídico, pues el Tribunal Electoral del Estado (TEE) le prohibió usar el nombre de “Mover a Puebla” para evitar confusiones con el programa presidencial “Mover a México” y su slogan publicitario.

La revancha de los priístas no tardará en llegar. Seguramente la próxima semana promoverán una denuncia en contra del gobernador Rafael Moreno Valle y su candidato a la alcaldía capitalina, José Antonio Gali Fayad, acusándolos de incurrir en actos anticipados de campaña por su aparición en más de 400 espectaculares con el inequívoco propósito de establecer la postulación del segundo a un cargo de elección popular, y de infringir con este despliegue publicitario y propagandístico el artículo 200 bis del Código Electoral del estado.

De manera paralela a estos procesos legales que se desarrollan en la instancia jurisdiccional local, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) se ventilan al menos otros tres juicios en contra del PAN, por vulnerar el derecho de sus militantes a elegir candidatos en la entidad, y por haber designado candidatos a la presidencia municipal de Puebla y la diputación local por el distrito 3 sin tomar sin tomar en cuenta a otros precandidatos que también se registraron para ambos puestos de elección popular.

Estos tres juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC) ya fueron turnados al magistrado Héctor Romero Bolaños, de la Cuarta Sala Regional del Tepjf, con sede en el Distrito Federal. Uno fue promovido por Violeta Lagunes Viveros, en su carácter de militante panista, y los otros dos por Francisco Javier Torres Sánchez e Hilario Gallegos Gómez, quienes buscaron la nominación del PAN para la alcaldía de Puebla y la diputación por el distrito 13 con sede en la capital del estado, respectivamente.

Por si esas denuncias no fueran suficientes, hay todavía dos o tres más en puerta. Una contra el candidato a diputado de la coalición Puebla Unida por el distrito número 15, Jorge Aguilar Chedraui, por hacer proselitismo fuera de los tiempos legales y por entregar juguetes en la colonia Loma Bella haciendo alusión a programas y lemas publicitarios gubernamentales.

Otra en contra de Pablo Rodríguez Regordosa por publicitarse en espectaculares y bardas, pese a que aún no obtiene su registro como candidato a diputado por el distrito 14 de la coalición Puebla Unida.

Y una más en contra del gobernador Rafael Moreno Valle por encabezar reuniones de carácter partidista y electoral en instalaciones gubernamentales como Casa Puebla, desviando con ello recursos públicos.

Muchas de estas denuncias, y otras que están por venir, no se agotarán en la instancia local que, como el lector sabe, está subordinada al titular del Ejecutivo del estado. Seguramente llegarán hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y muy cerca del día de la jornada electoral.

Esta situación puede complicar el proceso, ya de por sí enrarecido, pues cabe la posibilidad de que los recursos rechazados por el Tribunal del Estado, como los evidentes actos anticipados de campaña en que incurrieron algunos de los principales abanderados de la coalición Puebla Unida, sean aceptados por el Tribunal Federal –instancia que escapa al control del gobernador Moreno Valle—, que anularía el registro de ciertos candidatos en términos el artículo 200 bis del Código Electoral de Puebla.

¿Se imagina el escenario?

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Alguien debería pasarle un mapa del distrito local 14 al ex secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del estado, Pablo Rodríguez Regordosa, pues está pintando bardas en zonas y colonias que pertenecen al distrito de su primo, Francisco Rodríguez Álvarez, quien también es candidato de la coalición Puebla Unida, integrada por el PAN, PRD, Panal y Compromiso por Puebla.

Un caso concreto es la barda que aparece frente al templo de la Medalla Milagrosa en la colonia Bella Vista, que se ubica en el distrito 13.

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Ley 33 (de Las 48 Leyes del Poder de Roberto Greene)

DESCUBRA EL TALÓN DE AQUILES DE LOS DEMÁS

“Todo individuo tiene un punto débil, una fisura en la muralla que rodea su fortaleza. Por lo general, esa debilidad es algo que le causa inseguridad, o una emoción o una necesidad que lo supera. También puede ser un pequeño placer secreto. Sea lo que fuere, una vez que usted la haya descubierto esa debilidad se convierte en un elemento de presión que podrá manejar a su antojo y, por supuesto, siempre a su favor”.

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Si a estas alturas del proceso me preguntaran quién creo que ganará las elecciones locales del primer domingo de julio, sin duda respondería que la coalición del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas denominada Puebla Unida conformada por el PAN, PRD, Panal y Compromiso por Puebla.

Varias son las razones que me hacen pensar lo anterior. La primera y no menos importante es que el árbitro de esta contienda -el Instituto Electoral del Estado y el Tribunal Electoral del Estado- es parcial, es decir, está cargado hacia una de las alianzas participantes.

De los nueve consejeros del Consejo General del IEE, al menos cinco son afines al gobernador Moreno Valle, y de los tres magistrados del TEE, dos responden a sus intereses.

En otras palabras los priístas y sus aliados del PVEM tienen perdida la mesa. De ahí que el Instituto se haga como que la virgen le habla ante las notables evidencias de violaciones al artículo 200 bis del Código Electoral por actos anticipados de campaña y frente a los excesivos gastos en que incurrieron los hoy candidatos de la coalición morenovallista con el inequívoco propósito de posicionarse entre los votantes.

Y de ahí también el resolutivo del TEE que obliga al PRI y al PVEM a buscarle otra denominación a su alianza y a sustituir sus spots de radio y televisión suscritos como Mover a Puebla.

Una segunda razón tiene que ver con las fracturas que se han dado en el proceso interno de selección de candidatos del PRI, como consecuencia de la imposición de fórmulas de candidatos a diputados al Congreso del estado y de planillas de regidores y síndico en decenas de municipios de la entidad, la falta de acuerdos entre los grupos priístas en disputa y la marginación de que han sido objeto los dirigentes de estos grupos por el delegado del CEN, Fernando Moreno Peña, y el delegado presidente del CDE, Pablo Fernández del Campo Espinosa.

En este contexto hay que leer las críticas que este lunes lanzó Javier López Zavala al delegado del CEN y al presidente del CDE del PRI, y la carta que 11 de los 14 diputados federales de Puebla enviaron a su secretaria general nacional, Ivonne Ortega Pacheco, advirtiéndole de la virtual derrota electoral que están por sufrir el próximo 7 de julio.

La ausencia de una operación política eficaz para zanjar diferencias o procesar los conflictos internos, con el propósito de evitar deserciones o que los precandidatos o grupos inconformes  priístas abandonen las filas del tricolor para adherirse o ser candidatos de la coalición morenovallista, es otra razón que me lleva a pensar en la derrota del PRI.

Los priístas que en esta contienda han roto o abandonado su partido para sudar la camiseta de la coalición Puebla Unida no son pocos.  Ahí están, sólo por citar algunos ejemplos, los casos de Puebla, San Pedro Cholula, Huejotzingo, Zacatlán o Amozoc.

Mientras el gobernador Moreno Valle personalmente ha encabezado la operación cicatriz al seno de los partidos integrantes de la coalición Puebla Unida, el delegado del CEN y el presidente del CDE del PRI no sólo han minimizado las protestas de los grupos inconformes de su partido, sino vilipendiado a quienes se convirtieron en abanderados de la oposición después de que el tricolor les negó esta posibilidad, pese a ser los más populares o los mejor posicionados en sus municipios y distritos.

Aunque el presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jorge Sánchez Morales, intentó brincarse al Consejo General del Instituto al remitir directamente al Tribunal Electoral del Estado (TEE) los recursos promovidos en su contra por la representación del partido Movimiento Ciudadano, éste se los regresó para que primero sean conocidos por los consejeros del organismo.

Se trata de dos recursos presentados el 16 y el 20 de marzo por José Luis Blancarte Morales, representante del PMC. Uno contra la decisión del presidente del IEE de contratar un despacho externo como auditor sin convocar al Comité de Adquisiciones; y otro por violentar los plazos de fiscalización de los recursos públicos distribuidos a los partidos políticos.

Los expedientes remitidos por Jorge Sánchez al TEE el pasado 23 de marzo, le fueron regresados este martes con la recomendación de que primero deben ser puestos a la consideración del Consejo General del organismo en una sesión ordinaria, no en mesa de trabajo.

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Por si alguna duda existía sobre el padrino político del coordinador de Comunicación Social del Instituto Electoral del Estado (IEE), Christian Toledo Angüis, este fin de semana se aclaró durante su boda civil y religiosa, que tuvo como escenario el racho El Capricho, de Pepe Hanan, en Atlixco.

Y es que para sorpresa de sus 200 invitados, entre ellos algunos funcionarios y consejeros del IEE, el encargado de hacer el brindis nupcial en nombre del novio fue el ex secretario de Gobernación de Mario Marín Torres y padre de su mejor amigo en la escuela de Derecho de la UDLAP, Mario Alberto Montero Serrano.

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La consejera Rosalba Velázquez Peñarrieta, presidenta de la Comisión Permanente Revisora de la Aplicación de los Regímenes de Financiamiento de los Partidos Políticos del IEE, será objeto de una denuncia en los próximos días por haber violado un acuerdo del Consejo General del organismo.

Trascendió que la denuncia estaría relacionada con disposiciones al margen de la normatividad vigente en materia de revisión y fiscalización de recursos, y con algún manejo discrecional de esa documentación en perjuicio de uno o más partidos políticos.

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Simón dice:

“No admitir corrección ni consejo sobre la propia obra es pedantería.”

Jean de la Bruyere (1645-1696) Escritor francés.

Zavala requiere triunfo holgado para evitar la judicialización

Canacope, activismo empresarial en coyuntura electoral

¿Quién gana y quién pierde si las elecciones para gobernador de Puebla se judicializan?

Hace unos días tuve contacto con un especialista en derecho electoral, que me alertó sobre algunos hechos que la coalición opositora Compromiso por Puebla, y su candidato a la gubernatura, Rafael Moreno Valle Rosas, podrían argüir como razones para impugnar y anular las elecciones del próximo 4 de julio.

El abogado en cuestión me entregó algunas notas –elaboradas por Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata, exmagistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación— sobre cómo se construyó el concepto de causa abstracta de nulidad de una elección, y de los factores que los llevaron a recurrir a esta tesis en las elecciones para gobernador de Tabasco del año 2000.

En lo personal, no descarto la posibilidad de que las elecciones para gobernador de Puebla terminen resolviéndose en el Tribunal Electoral, aunque me parece que este escenario sólo se configuraría, si —y solo si— la diferencia entre el candidato ganador y su más cercano contendiente fuera muy poca, de menos de 50 mil votos, y los candidatos de la coalición opositora ganaran algunas plazas importantes, como Puebla, Tehuacán, San Martín Texmelucan, Atlixco, Teziutlán, Huauchinango, Tepeaca, Tecamachalco, San Pedro y San Andrés Cholula.

Este escenario, que hoy vislumbro lejano más no imposible, supondría que de aquí al día de la jornada electoral, la contienda entre los candidatos a la gubernatura Javier López Zavala y Rafael Moreno Valle se cerrará, a grado tal que la ventaja de la Alianza Puebla Avanza sobre la coalición Compromiso por Puebla se redujera a cinco o menos puntos de diferencia.

Dejando de lado mi hipótesis, vuelvo al tema del especialista en derecho electoral y a los hechos que, desde su perspectiva, podrían dar pie a que Moreno Valle y los partidos que lo apoyan recurran a la causal abstracta para anular la elección local del primer domingo de julio:

1. Las evidencias, recogidas por algunos medios de comunicación, de que el gobierno del estado no está siendo neutral en este proceso, y de que algunas estructuras electorales del PRI o al servicio de su candidato a la gubernatura son operadas por funcionarios públicos en funciones como los subsecretarios de Gobernación, Silvia Tanús Osorio y Joe Hernández Corona, y otros delegados de las secretarías de Desarrollo Social, Desarrollo Rural y Gobernación.

2. El derroche publicitario en que han incurrido algunos candidatos de la Alianza Puebla Avanza, como Mario Montero Serrano, que ha tapizado la ciudad, sus bardas y los medallones de los autobuses de transporte urbano con su retocada fotografía y la frase estoy contigo.

3. La acusación de Germán Alejandro López Brun  de que el gobernador Mario Marín Torres lo dejó fuera del Tribunal Electoral del Estado (TEE) por haberse opuesto a que el personal de este órgano jurisdiccional participara, en febrero de 2006, en la marcha que se organizó para apoyarlo, en el escándalo originado por su conversación con el empresario Kamel Nacif Borge tras la detención de la periodista Lydia Cacho, y la negativa del Congreso del estado de reinstalarlo como magistrado del TEE, a pesar de haber obtenido el amparo de la justicia federal.

4. La incorporación al equipo de campaña y cuarto de guerra del candidato Javier López Zavala, de funcionarios que hasta hace poco formaban parte del staff de comunicación social y asesoría política del gobierno del estado como Javier Sánchez Galicia, Elías Aguilar García, Raúl Velázquez García, y Gabriel González Molina.

5. El oscuro origen de los recursos utilizados por el candidato del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Puebla, Rodolfo Huerta Espinoza , para pagar decenas de anuncios espectaculares en la ciudad, más de los que tiene el panista Eduardo Rivera Pérez, y contratar espacio en medios para criticar a los candidatos de la coalición conformada por el PAN, el PRD, el PANAL y Convergencia.

6. El uso de información privilegiada, contratada por el gobierno del estado, para provecho del PRI y sus candidatos en la elaboración de sus propuestas de campaña, como el reciente estudio sobre Competitividad que se pagó a Roberto Newell (Audio), director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), y que fue incluido en la plataforma de compromisos de López Zavala como Alianza por el Empleo, la Inversión, y la Competitividad Responsable.

Los resultados de esa investigación, que colocan a Puebla en los últimos lugares en materia de competitividad a nivel nacional, fueron expuestos el jueves 22 de los corrientes por Jorge Estefan Chidiac, coordinador de Políticas Públicas del candidato de la Alianza Puebla Avanza, en el marco de un acto partidista efectuado en el auditorio del Complejo Cultural Universitario.

7. El uso del slogan publicitario de las campañas del gobierno del estado «Puebla Avanza» como denominación de la alianza formada por el PRI y el PVEM para estas elecciones , que la coalición Compromiso por Puebla impugnó ante el Tribunal Electoral del Estado por considerar que éste generaba inequidad en la competencia electoral.

Si estos siete puntos contribuyen o no a la construcción de la causal abstracta de nulidad, es una cuestión que los magistrados locales y federales del Tribunal Electoral tendrán que resolver, lo que me parece oportuno destacar es que a estas alturas del proceso hay quienes ya piensan en judicializar el resultado de los comicios.

Un detalle que a mi juicio no deben perder de vista los asesores jurídicos de Moreno Valle y la coalición opositora es que los nuevos magistrados del TEPJF, empezando por su presidenta María del Carmen Alanís Figueroa, han externado su desacuerdo con esa polémica causal abstracta de nulidad, dándola por finiquitada, por no fundarse en causales establecidas expresamente en la ley.

EN CORTO

La Cámara de Comercio, Turismo y Servicios en Pequeño de Puebla (Canacope) será el primer organismo empresarial en reunirse con los principales candidatos a la gubernatura y presidencia municipal de Puebla de la Alianza Puebla Avanza y la coalición Compromiso por Puebla.

Ello sin duda tiene que ver con el dinamismo y liderazgo de su presidente Francisco Monterrosas Sosa, quien a diferencia de otros dirigentes empresariales dedica tiempo a la Canacope, sin desatender su negocio de franquicias.

El Consejo Directivo de la Canacope tiene previsto sesionar el 29 de abril con el panista Eduardo Rivera Pérez, después de que el viernes 16 de abril lo hizo con el priísta Mario Montero, a quien por cierto le reclamaron que en el mercado Mario Marín se tolere la venta de mercancía ilegal y piratería.

El 7 de mayo los socios de la Cámara de Comercio se reunirán con el candidato de la Alianza Puebla Avanza a la gubernatura, Javier López Zavala, y el 11 de mayo con el abanderado al mismo cargo de la coalición Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle.

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Algo raro sucede con la licitación convocada por el Instituto Electoral del Estado para la compra de material electoral: urnas y mamparas. Y es que la convocatoria se publicó en total sigilo, con un plazo de tres días (21, 22 y 23 de abril) para la compra de las bases.

¿Será que se trata de un concurso con dedicatoria?

Es pregunta, que conste.

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Simón dice:

«Las actitudes son más importantes que las aptitudes.»

Winston Churchill (1874-1965) Primer ministro británico en la Segunda Guerra Mundial.

 * El voto de los indecisos será el que defina la elección

* Zavala y Marín se fueron de campaña a Oaxaca

Una mala estrategia, que el dirigente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier, advirtió en su oportunidad, fue la de presumir la delantera de 20 puntos que algunas encuestas le daban a los candidatos de la Alianza Puebla Avanza sobre los de la coalición opositora Compromiso por Puebla, al arranque de las campañas. 

Y es que era lógico que en la medida que el proceso avanzara para llegar a los comicios del 4 de julio, esa ventaja se iba a estrechar.

El problema para los estrategas priístas que participan en el cuarto de guerra, es que esta considerable diferencia, se acortó —al menos en el imaginario colectivo, con la difusión de las encuestas de Roheinsen Marketing & Consulting y de Opina Consultoría Estratégica—en la primera semana de campaña.

Situación que, por un lado, obligó al candidato del PRI a la alcaldía capitalina, Mario Montero Serrano, a pronunciarse en contra de la encuestitis aguda, que él mismo alentó con la filtración de la encuesta de Indicadores, según la cual iniciaba su campaña sacándole 18 puntos de ventaja a su contendiente de la coalición Compromiso por Puebla, Eduardo Rivera Pérez.

Y por otro lado, al candidato a gobernador de la Alianza Puebla Avanza, Javier López Zavala, a descalificar las encuestas de Roheinsen y Opina, y a declarar que la ventaja sobre su adversario Moreno Valle incluso se había incrementado de 23 a 24 puntos en el interior del estado, y de 17 a 19 puntos en el municipio de Puebla.

A estas alturas del proceso, los priístas cometerían un grave error si se confían de las encuestas que los ubican en la delantera o si minimizan a sus rivales de la coalición opositora.

Una cosa es que los opositores al PRI tengan que remar contra la corriente y cargar con los costos y efectos de la crisis económica y la inseguridad pública, y otra muy diferente que en la medida que transcurra la campaña sean incapaces de articular un discurso que ponga a los electores ante el dilema de votar por un cambio con rumbo o por más de lo mismo.

Hasta el día de hoy, los priístas tienen la fortuna de que los candidatos de la coalición Compromiso por Puebla no han logrado atraer la atención de los votantes, ni de polarizarlos con propuestas concretas y realistas, ni de involucrarlos de manera activa en la contienda electoral.

Hasta ahora su apuesta se ha centrado más en la forma, en el fondo, en la imagen, en las fotografías, en los anuncios espectaculares y en la propaganda destinada a la calle y a los medallones de autobuses y vehículos.

Su estrategia encaminada a conseguir que en esta elección, los votantes optaran entre el cambio y el continuismo marinista poco ha funcionado, pues el cambio que ofrecen suena hueco, a promesa vana. Lo mismo que sus propuestas, que distan poco de las de sus homólogos de la Alianza Puebla Avanza.

Otra circunstancia que juega en su contra, es que en estos comicios, a diferencia de otros, el PRI ya no es el partido de concentra el voto de rechazo o de castigo, sino el PRD y el PAN, y que el gobierno de Mario Marín Torres es mejor percibido que el del presidente Felipe Calderón Hinojosa, en términos de aprobación, eficacia y eficiencia.

Si López Zavala y Mario Montero quieren mantenerse a la cabeza de las preferencias, lo primero que deben hacer —además de dejarse de presumidos— es olvidar los cuatro, siete, dieciocho o veintantos puntos de ventaja que dicen tener, para ir a la conquista de los indecisos, de los switcher, que son los que definirán esta elección.

Una constante en todas las encuestas que hasta ahora se han publicado es que tres de cada 10 electores aun no definen por qué partido o coalición votarán.

Lo anterior significa que independientemente de lo que hoy reflejen las encuestas, la victoria de los candidatos de la Alianza Puebla Avanza o de la coalición Compromiso por Puebla dependerá en buena medida de quién gane el voto de los indecisos, que hoy representan un tercio de los electores que han manifestado su disposición de salir a las urnas el próximo domingo 4 de julio.

EN CORTO

Este domingo, el gobernador Mario Marín Torres y su candidato a sucederlo, Javier López Zavala, estuvieron juntos en el inicio de campaña del candidato del PRI a la gubernatura de Oaxaca, Eviel Pérez Magaña, acto al que acudieron las figuras más representativas del priísmo nacional como la diputada federal Beatriz Paredes Rangel y el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera.

Por esta razón, en la agenda del abanderado priísta al gobierno de Puebla no se incluyeron eventos públicos, sino privados.

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Esta semana, el Tribunal Electoral del Estado resolverá sobre el recurso interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra de la alianza formada por el PRI y el PVEM, por usar como denominación para estos comicios parte del slogan publicitario del gobierno del estado: Puebla Avanza.

El caso tiene muy nervioso al magistrado Antonio Oropeza Barbosa, pues sabe que si falla en contra de la alianza priísta estaría traicionando a quienes lo han sostenido en el Tribunal Electoral, pero que si resuelve en contra del PAN este partido se sumará a las voces que exigen su remoción, para permitir el regreso de Germán Alejandro López Brun a dicho tribunal.

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Algo raro pasa en la Secretaría de Salud.

Primero el secretario José Alfredo Arango García se encabritó cuando aquí se publicaron los nombres de quienes sería removidos, el martes se le pidió a José Mariano Casas Sánchez su renuncia como jefe del Departamento de Relaciones Laborales y Desarrollo de Personal, lo mismo a su jefa Georgina Hernández Chávez, que sería designada en su lugar, y el miércoles por la tarde la instrucción fue que todos siguieran en sus puestos, como si nada hubiera pasado.

Y este fin de semana corrió el rumor de que Carlos Alvarado está siendo impulsado por los principales proveedores de la Secretaría, Rafael Zavalza Veraza y Genaro Castillo Gómez, coludidos con el director de Administración y Finanzas, Jaime Isidro Rosas Castillo, para ser nombrado director como director de Operación e Infraestructura.

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Este domingo, antes del mediodía, el representante del PAN ante el Instituto Electoral del Estado, Rafael Guzmán Hernández, sufrió un accidente cuando un automóvil lo impactó de frente sobre el boulevard San Felipe, a la altura del boulevard Hermanos Serdán.

Tras el percance, del que Rafael Guzmán salió ileso, salvo por algunos golpes menores, fue trasladado al Hospital La Paz para una revisión más detallada.

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El candidato de la coalición opositora a la alcaldía de Francisco Z. Mena, el convergente Víctor Sosa, será sustituido este lunes por Emilio Solís Barbiaux, ante las sospechas de que su principal impulsor, el presidente municipal Marciano Hernández Hernández, no está haciendo lo suficiente para apoyarlo.

Según esta versión, el edil Marciano Hernández «Chano» mantiene ciertos vínculos con el candidato de la Alianza Puebla Avanza a la gubernatura, el priísta Javier López Zavala, que le impedirían apostarse con mayor firmeza y lealtad con la coalición Compromiso por Puebla.

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Simón dice:

«La confianza es madre del descuido.»

Baltasar Gracián (1601-1658) Escritor español.