Zavala requiere triunfo holgado para evitar la judicialización

Canacope, activismo empresarial en coyuntura electoral

¿Quién gana y quién pierde si las elecciones para gobernador de Puebla se judicializan?

Hace unos días tuve contacto con un especialista en derecho electoral, que me alertó sobre algunos hechos que la coalición opositora Compromiso por Puebla, y su candidato a la gubernatura, Rafael Moreno Valle Rosas, podrían argüir como razones para impugnar y anular las elecciones del próximo 4 de julio.

El abogado en cuestión me entregó algunas notas –elaboradas por Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata, exmagistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación— sobre cómo se construyó el concepto de causa abstracta de nulidad de una elección, y de los factores que los llevaron a recurrir a esta tesis en las elecciones para gobernador de Tabasco del año 2000.

En lo personal, no descarto la posibilidad de que las elecciones para gobernador de Puebla terminen resolviéndose en el Tribunal Electoral, aunque me parece que este escenario sólo se configuraría, si —y solo si— la diferencia entre el candidato ganador y su más cercano contendiente fuera muy poca, de menos de 50 mil votos, y los candidatos de la coalición opositora ganaran algunas plazas importantes, como Puebla, Tehuacán, San Martín Texmelucan, Atlixco, Teziutlán, Huauchinango, Tepeaca, Tecamachalco, San Pedro y San Andrés Cholula.

Este escenario, que hoy vislumbro lejano más no imposible, supondría que de aquí al día de la jornada electoral, la contienda entre los candidatos a la gubernatura Javier López Zavala y Rafael Moreno Valle se cerrará, a grado tal que la ventaja de la Alianza Puebla Avanza sobre la coalición Compromiso por Puebla se redujera a cinco o menos puntos de diferencia.

Dejando de lado mi hipótesis, vuelvo al tema del especialista en derecho electoral y a los hechos que, desde su perspectiva, podrían dar pie a que Moreno Valle y los partidos que lo apoyan recurran a la causal abstracta para anular la elección local del primer domingo de julio:

1. Las evidencias, recogidas por algunos medios de comunicación, de que el gobierno del estado no está siendo neutral en este proceso, y de que algunas estructuras electorales del PRI o al servicio de su candidato a la gubernatura son operadas por funcionarios públicos en funciones como los subsecretarios de Gobernación, Silvia Tanús Osorio y Joe Hernández Corona, y otros delegados de las secretarías de Desarrollo Social, Desarrollo Rural y Gobernación.

2. El derroche publicitario en que han incurrido algunos candidatos de la Alianza Puebla Avanza, como Mario Montero Serrano, que ha tapizado la ciudad, sus bardas y los medallones de los autobuses de transporte urbano con su retocada fotografía y la frase estoy contigo.

3. La acusación de Germán Alejandro López Brun  de que el gobernador Mario Marín Torres lo dejó fuera del Tribunal Electoral del Estado (TEE) por haberse opuesto a que el personal de este órgano jurisdiccional participara, en febrero de 2006, en la marcha que se organizó para apoyarlo, en el escándalo originado por su conversación con el empresario Kamel Nacif Borge tras la detención de la periodista Lydia Cacho, y la negativa del Congreso del estado de reinstalarlo como magistrado del TEE, a pesar de haber obtenido el amparo de la justicia federal.

4. La incorporación al equipo de campaña y cuarto de guerra del candidato Javier López Zavala, de funcionarios que hasta hace poco formaban parte del staff de comunicación social y asesoría política del gobierno del estado como Javier Sánchez Galicia, Elías Aguilar García, Raúl Velázquez García, y Gabriel González Molina.

5. El oscuro origen de los recursos utilizados por el candidato del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Puebla, Rodolfo Huerta Espinoza , para pagar decenas de anuncios espectaculares en la ciudad, más de los que tiene el panista Eduardo Rivera Pérez, y contratar espacio en medios para criticar a los candidatos de la coalición conformada por el PAN, el PRD, el PANAL y Convergencia.

6. El uso de información privilegiada, contratada por el gobierno del estado, para provecho del PRI y sus candidatos en la elaboración de sus propuestas de campaña, como el reciente estudio sobre Competitividad que se pagó a Roberto Newell (Audio), director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), y que fue incluido en la plataforma de compromisos de López Zavala como Alianza por el Empleo, la Inversión, y la Competitividad Responsable.

Los resultados de esa investigación, que colocan a Puebla en los últimos lugares en materia de competitividad a nivel nacional, fueron expuestos el jueves 22 de los corrientes por Jorge Estefan Chidiac, coordinador de Políticas Públicas del candidato de la Alianza Puebla Avanza, en el marco de un acto partidista efectuado en el auditorio del Complejo Cultural Universitario.

7. El uso del slogan publicitario de las campañas del gobierno del estado «Puebla Avanza» como denominación de la alianza formada por el PRI y el PVEM para estas elecciones , que la coalición Compromiso por Puebla impugnó ante el Tribunal Electoral del Estado por considerar que éste generaba inequidad en la competencia electoral.

Si estos siete puntos contribuyen o no a la construcción de la causal abstracta de nulidad, es una cuestión que los magistrados locales y federales del Tribunal Electoral tendrán que resolver, lo que me parece oportuno destacar es que a estas alturas del proceso hay quienes ya piensan en judicializar el resultado de los comicios.

Un detalle que a mi juicio no deben perder de vista los asesores jurídicos de Moreno Valle y la coalición opositora es que los nuevos magistrados del TEPJF, empezando por su presidenta María del Carmen Alanís Figueroa, han externado su desacuerdo con esa polémica causal abstracta de nulidad, dándola por finiquitada, por no fundarse en causales establecidas expresamente en la ley.

EN CORTO

La Cámara de Comercio, Turismo y Servicios en Pequeño de Puebla (Canacope) será el primer organismo empresarial en reunirse con los principales candidatos a la gubernatura y presidencia municipal de Puebla de la Alianza Puebla Avanza y la coalición Compromiso por Puebla.

Ello sin duda tiene que ver con el dinamismo y liderazgo de su presidente Francisco Monterrosas Sosa, quien a diferencia de otros dirigentes empresariales dedica tiempo a la Canacope, sin desatender su negocio de franquicias.

El Consejo Directivo de la Canacope tiene previsto sesionar el 29 de abril con el panista Eduardo Rivera Pérez, después de que el viernes 16 de abril lo hizo con el priísta Mario Montero, a quien por cierto le reclamaron que en el mercado Mario Marín se tolere la venta de mercancía ilegal y piratería.

El 7 de mayo los socios de la Cámara de Comercio se reunirán con el candidato de la Alianza Puebla Avanza a la gubernatura, Javier López Zavala, y el 11 de mayo con el abanderado al mismo cargo de la coalición Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle.

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Algo raro sucede con la licitación convocada por el Instituto Electoral del Estado para la compra de material electoral: urnas y mamparas. Y es que la convocatoria se publicó en total sigilo, con un plazo de tres días (21, 22 y 23 de abril) para la compra de las bases.

¿Será que se trata de un concurso con dedicatoria?

Es pregunta, que conste.

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Simón dice:

«Las actitudes son más importantes que las aptitudes.»

Winston Churchill (1874-1965) Primer ministro británico en la Segunda Guerra Mundial.

Aunque en público el Congreso y el gobierno del estado han tratado de minimizar la lucha jurídica emprendida por Germán Alejandro López Brun para ser reinstalado como magistrado del Tribunal Electoral del Estado (TEE), lo que parece estar a punto de conseguir después de un largo litigio de más de tres años en tribunales federales, en privado ya se cocina un arreglo.

De hecho, se sabe que emisarios de la Secretaría de Gobernación del estado se han entrevistado con López Brun para pedirle desista de su petición de ser ratificado como magistrado del TEE, a cambio de pagarle tres años de salarios caídos, algo así como 2 millones 600 mil pesos.

Al exmagistrado se le ha dicho, con toda claridad, que su regreso al Tribunal Electoral es imposible, y que lo que más le conviene es llegar a un arreglo económico.

Hasta ahora López Brun no sólo ha rechazado ese arreglo, sino que ha solicitado la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los diputados del Congreso del estado que se han negado a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo que le otorgó la Segunda Sala del máximo tribunal del país —Humberto Aguilar Viveros y Pablo Fernández del Campo— sean destituidos y consignados por desacato.

¿En qué terminará el juicio de López Brun en contra del Congreso local que se niega a restituirlo como magistrado del TEE?, es algo difícil de pronosticar, pero que pronto sabremos, quizás antes de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa dicte la resolución final de este tortuoso juicio de más de tres años.

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De última hora.

Alejandro Armenta Mier no será diputado local, al menos en la próxima legislatura local.

Por decisión propia, declinó la invitación que se le hizo para ser incluido en la segunda posición de la lista de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional.

Alejandro Armenta habló con quien tenía que hacerlo, y le expresó su decisión de dedicarse de tiempo completo a las tareas partidistas, como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI., las valoró, y le garantizó una buena posición en la próxima administración estatal, si entrega buenos resultados al frente del PRI estatal.

Su interlocutor aceptó sus razones

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De rebote, casi de carambola, pero el diputado federal poblano, Pablo Rodríguez Regordosa, es desde este miércoles miembro de la selecta burbuja del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados.

En el reacomodo de las jefaturas de esa bancada, por la incorporación de un diputado a la Secretaría de Gobernación federal, Rodríguez Regordosa fue nombrado subcoordinador de Debate Parlamentario y Formación.

Resulta que Roberto Gil Zuarth, recientemente nombrado subsecretario de Gobernación, dejó vacante la Vicecoordinación de Proceso Legislativo, la que desde ayer ocupa el mexiquense Carlos Alberto Pérez Cuevas, quien a su vez dejó acéfala la Subcoordinación que le cayó, como del cielo, al legislador poblano.

El nombramiento de Rodríguez Regordosa, quien fungió como coordinador de la precampaña de Rafael Moreno Valle Rosas, fue respaldado por la coordinadora general de esa bancada, Josefina Vázquez Mota.

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Un mal comienzo con los reporteros de la fuente tuvo el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, Luis Rodríguez Fernández, este miércoles al rendir protesta como dirigente del organismo cúpula de la iniciativa privada, en sustitución de Gabriel Huerta Ortega.

Su gente de prensa (Sandra de la Fuente) no sólo los ninguneó y los trató como ciudadanos de segunda o tercera, al ofrecerles un menú distinto al de los asistentes, sino que los maltrató al más puro estilo foxista: «después del acto protocolario se van«.

Mientras a los socios de los organismos empresariales invitados a la ceremonia de toma de posesión del nuevo Consejo Directivo del CCE de Puebla se les ofreció un menú consistente en ensalada de gambas con aderezo francés, crema de pimientos rojos, filete relleno de roquefort y salsa de pimiento verde y helado de turrón, para los periodistas no hubo más que nuggets de pollo, minipizzas, sandwiches y refresco en lugar de vino.

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Simón dice:

«Viven más contentos aquellos en quienes jamás puso los ojos la fortuna, que los otros de quienes los apartó».

Lucio Anneo Séneca (2 AC-65). Filósofo latino.

El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, acaba de llevarse un nuevo revés, ahora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Resulta que después de que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) falló en favor del representante del PAN, Rafael Guzmán Hernández, la queja que le presentó por haberlo dejado fuera de la sesión del pasado 27 de febrero, Jorge Sánchez quiso echar abajo esa resolución.

Y para lograrlo se valió del representante del Partido Nueva Alianza, Ricardo Mosqueda Lagunes, para inconformarse ante el Tribunal Electoral de la Federación.

El recurso interpuesto por Mosqueda en contra de la resolución de los magistrados del Tribunal estatal quedó registrado en el expediente número SUP-JRC 034/2009.

Dicho recurso se resolvió el jueves de la semana pasada en la Sala Superior del TEPJF, la que determinó —para desgracia del alicaído presidente del IEE— confirmar en todas sus partes la resolución del Tribunal estatal, lo que abre la posibilidad de que Jorge Sánchez sea sancionado por sus actitudes revanchistas.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación requirió al Congreso del estado el acta de la sesión donde se aprobaron las reformas constitucionales en materia electoral.

El auto del máximo tribunal del país es de fecha 23 de junio, y el Congreso tuvo un plazo de dos días naturales para remitir el referido documento, lo cual ocurrió el viernes 26.

Por lo anterior, se estima que la resolución de la Suprema Corte sobre la fecha en que habrán de celebrarse las elecciones locales del 2010, para gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso, se sabrá en una o dos semanas.

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La mayoría priísta en el Congreso del estado ya más o menos sabe que el fallo de la Suprema Corte será adverso, con lo que las elecciones del 2010 se adelantarían del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio, es decir, poco menos de cuatro meses.

Y en tal virtud la Comisión de Gobernación ya tiene preparado un borrador de las reformas y adiciones que habría que realizar a la Constitución del estado y al Código de Instituciones y Procesos Electorales.

Dicho borrador considera el inicio del proceso electoral en la segunda semana de noviembre de 2009, en vez de marzo del 2010.

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Simón dice:

“Una de las grandes desventajas de la prisa es que lleva demasiado tiempo”.
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico.

Este viernes, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) sesionará en las instalaciones del Tribunal Electoral del Estado (TEE), mientras se terminan de evaluar los daños causados por el último temblor a la sede del primer organismo.

Tal situación no tendría nada de particular, si no fuera porque en la sesión de este día el representante del PAN, Rafael Guzmán Hernández, buscará poner en aprietos al consejero presidente del Instituto, Jorge Sánchez Morales, con un tema espinoso.

Me refiero a la resolución emitida por el Tribunal Electoral el viernes de la semana anterior sobre la queja interpuesta por el propio Rafael Guzmán en contra de Jorge Sánchez por su negativa de dejarlo participar en aquella sesión del pasado 27 de febrero.

El representante del PAN demandó que el presidente del IEE fuera sancionado por la arbitraria exclusión de que fue objeto, y que lo acordado en aquella sesión quedara sin efecto.

El TEE resolvió darle la razón en el punto de su exclusión, pero rechazó anular lo discutido y aprobado en dicha sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado.

La resolución del Tribunal ha despertado en algunos consejeros y representantes partidistas cierto interés morboso, pues nadie sabe cómo reaccionará el consejero presidente del IEE cuando ésta se ponga a consideración del pleno, o qué nuevos argumentos empleará para minimizarla, estando en la sede de los tres magistrados electorales que, por unanimidad, fallaron en su contra.

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Ayer por la tarde me pasaron la versión de un supuesto enfrentamiento, al término de un partido de fútbol de la Liga Española entre Roberto Marín Torres —hermano mayor del gobernador del estado— y el exjugador del Puebla de la Franja, Aurelio “El Coreano” Rivera.

Lo primero a precisar es que tal enfrentamiento nunca existió.

Ciertamente Aurelio Rivera soltó un par de cachetadas guajoloteras, el sábado anterior en los campos de la colonia Emiliano Zapata, pero no a Roberto Marín, sino a un jugador del equipo de veteranos del DIF, de nombre Antonio Arellano.

Y que el incidente fue resultado de un intenso y disputado partido entre el Deportivo Marín, del que forma parte el hermano mayor del gobernador, y la oncena del DIF que perdió el encuentro futbolero por marcador de cuatro goles a uno, y del cual es jugador “El Coreano” Rivera.

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Un aspirante a la gubernatura de la entidad que ha comenzado a reunirse con columnistas y periodistas de la capital del país, para hacerles saber que él será el sucesor de Mario Marín Torres en Casa Puebla, es el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, quien la semana pasada se entrevistó con Salvador García Soto, autor de la columna Serpientes y Escaleras de El Universal.

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No se sabe bien a bien qué fue lo que más lo irritó, pero el presidente del Puebla de la Franja, Francisco Bernat Cid, corrió ayer a José Luis Sánchez Solá “Chelís” como director técnico del equipo camotero.

Unos dicen que fue su declaración, en el sentido de que el gobernador Mario Marín era su jefe, y su posterior reunión con éste y el resto de los jugadores del equipo en Casa Puebla, y otros que su aparición en un video en apoyo de los candidatos del PRI a diputados federales por los distritos 6, 7, 9, 10, 11 y 12 de Puebla.

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Simón dice:

“La venganza es el manjar más sabroso condimentado en el infierno”.
Walter Scott (1771-1832). Escritor británico.

En el transcurso de las próximas semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá que resolver si Germán López Brun regresa o no como magistrado al Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

El asunto reviste especial importancia, no sólo porque el litigio será analizado por el máximo tribunal del país, sino porque por fin se sabrá si el procedimiento seguido por el Congreso local para el nombramiento de los tres magistrados del TEE para el periodo 2006-2012 fue correcto o si éste estuvo plagado de irregularidades.

Para López Brun, la decisión del Poder Legislativo de no ratificarlo para un segundo periodo de seis años, como ocurrió con Reynaldo Lazcano Fernández y Marco Antonio Gabriel González Alegría, fue ilegal, violatoria de sus garantías individuales, y aberrante en términos jurídicos.

En los alegatos de su segundo juicio de amparo, atraído por la Segunda Sala de la SCJN y los cuales quedaron registrados dentro del expediente 104/2008, López Brun argumenta que después de que el Congreso del estado avaló el procedimiento de ratificación a que fue sometido, por 34 votos a favor y 4 en contra, este debió ratificarlo hasta el 2012 como sucedió con los otros dos magistrados del TEE.

Sin embargo, apunta que el hecho de que los diputados de la pasada legislatura hubieran actuado de manera diferente en su caso, pese a cumplir “con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la base VI de la convocatoria relativos al proceso de ratificación”, para otorgarle la magistratura que venía desempeñando a Antonio Oropeza Barbosa, representa una aberración jurídica, pues las reglas que normaron laintegración del Tribunal Electoral de Puebla fueron manipuladas y tergiversadas en su perjuicio.

“Cómo puede ser posible que a un magistrado en funciones se le de carácter de aspirante para ocupar un cargo que ya de por si desempeñaba”.

El caso López Brun será puesto a la consideración del pleno de la SCJN a mediados o finales de este mes, lo que significa que si éste gana el juicio, el Congreso tendrá no sólo que restituirlo, sino incluso pagarle el equivalente a 19 meses de sueldo.

Abur.

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Quizás sin proponérselo, el rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez ha convertido a la institución en la pasarela política de los principales aspirantes a la gubernatura de la entidad.

La semana pasada el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Jorge Estefan Chidiac, estuvo en una cena que ofreció a sus pares para consensuar con el secretario de Hacienda, Agustín Cartens Cartens, el presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del próximo año.

Y ayer Agüera fue anfitrión del senador Rafael Moreno Valle, en el marco de una reunión que el secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, encabezó aquí con sus delegados de todo el país para poner en marcha el Movimiento Laboral 2008, y del secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, con quien firmó un convenio de colaboración que francamente no reviste ninguna importancia, salvo por el hecho de que el delfín del gobernador se sacó de la manga tres nuevos campus de la UAP que en realidad no existen en Huehuetla, Chilchotla y Ciudad Serdán.

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Hace un par de semanas, la consejera electoral Olga Lazcano Ponce le dio las gracias a su asistente Salvador Jiménez Martínez, por una falta no menor: traición.

Y es que el susodicho fue sorprendido por su supuesta jefa en varios actos de deslealtad, ante los cuales ésta no tuvo más remedio que pedirle la renuncia, el pasado 9 de julio, por pérdida de confianza.

Antes de laborar en el Instituto Electoral del Estado (IEE), Salvador Jiménez lo hizo en el Tribunal Electoral del Estado (TEE), donde conoció y entabló amistad con Jorge Sánchez Morales.

De hecho, fue éste último, ya en su calidad de presidente del IEE, quien se lo recomendó a Olga Lazcano, sin imaginarse siquiera los problemas que tendría después.

Salvador Jiménez se convirtió en el espía del consejero presidente, y Olga Lazcano en la espiada.

Jorge Sánchez le prometió, a cambio de sus servicios, promoverlo como director de Capacitación Electoral y Educación Cívica a la salida de Ana Silvia Santillana García, pero no le cumplió o no pudo cumplirle.

La razón ya la expliqué: Olga Lazcano descubrió a su asistente pasándole información y datos sobre sus actividades al consejero presidente, quien –hay que decirlo– expuso de más a su infiltrado con las consecuencias ya conocidas, pues lo citaba en su oficina del Instituto o la salida del estacionamiento propiedad de Álvaro Guillermo de la Vía Arnaiz, donde guarda su lujosa camioneta Suburban que le costó al IEE 434 mil 508 pesos.

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A propósito.

Entre algunos consejeros electorales y funcionarios del Comité de Adquisiciones causó sorpresa un detalle que omití sobre el reporte de observaciones del despacho Freyssinier Morin a la encargada de la Dirección Administrativa del Instituto Electoral del Estado, Verónica Paola Cruz Castillo.

Me refiero al punto 8 del pliego de 25 observaciones, donde se advierte la “falta de procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas por parte del Comité de Adquisiciones y contrato a nombre de Álvaro Guillermo de la Vía Arnaiz, sobre arrendamiento de estacionamiento”.

La duda de algunos consejeros es por qué se asienta una cantidad de 28,637 pesos, si en el contrato que se les pasó para revisión la renta pactada era de 8,000 pesos más IVA, como se puede ver en la página 2 de este archivo electrónico

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La tarde del domingo falleció Humberto Pacheco, padre de Luis Pacheco Cervantes, ex secretario particular de Javier Sánchez Galicia en la Dirección de Comunicación Social y actual gerente de Proyectos Especiales de la agencia Kratos. Desde aquí un abrazo y nuestro más sentido pésame.

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Trivia (poco transparente, como la CAIP y la comisión legislativa del ramo):

¿A favor de qué candidato a diputado local priísta la señora Adelina Acevedo organizó al menos un desayuno en su residencia del fraccionamiento Satélite La Calera durante el pasado proceso electoral de noviembre?

Pistas:

La señora Adelina Acevedo es madre del hoy presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo.

El susodicho candidato es hoy diputado local y presidente de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales que tiene a su cargo la investigación sobre el presidente de la CAIP.

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Los diputados priístas de la Comisión de Transparencia del Congreso del estado echaron para atrás un acuerdo para que sus sesiones fueran públicas y abiertas a los medios de comunicación y organizaciones civiles interesadas en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas.

Y eso que dicha iniciativa había sido impulsada por una legisladora de ese partido, Rocío García Olmedo.

Lo anterior no sólo manda una pésima señal sobre la nula voluntad política que existe para sacar una reforma de avanzada, sino que en las próximas sesiones y mesas de trabajo de las comisiones unidadas de Gobernación y Transparencia los priístas tratarán de sacar a cómo de lugar su iniciativa, así tengan que negociar en lo oscurito algunas prebendas con la oposición.

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En ese marco, hay que entender el acuerdo que ayer tomaron los magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEE) sobre la impugnación que el PRI presentó sobre el triunfo del candidato del PAN en las elecciones extraordinarias efectuadas en el municipio General Felipe Ángeles.

El Tribunal Electoral decidió posponer su fallo sobre la validez de esa elección, mientras investiga si el candidato ganador del PAN, Camilo Vera, cumplió o no con todos los requisitos exigidos por el código en la materia, entre ellos su vecindad en el municipio, lo que a estas alturas resulta absurdo, considerando que éste ya fue candidato a la alcaldía en 2004 y que fue aceptado como candidato por el IEE para las elecciones extraordinarias.

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El diputado local priísta por Xicotepec, Carlos Barragán Amador, se presentó ayer al municipio de Tlaola, que ni siquiera pertenece a su distrito, para ofrecer sus servicios de gestor al presidente municipal y a los afectados por un talud en la comunidad de Tlaltepango, que mató a dos personas, dejó heridas a otras cuatro y enterró cinco viviendas en el barrio de Agua Buena.

Fantoche como es, Carlos Barragán llegó a Tlaola al filo de las 11 de la mañana, y en presencia del munícipe Juvenal Viveros Bobadilla, se comunicó vía telefónica con el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, para que éste le anunciara que su dependencia apoyará a los deudos y a las familias damnificadas por la tragedia.

La actitud del legislador priísta fue tan impostada que los vecinos no se tragaron el cuento de su desinteresada ayuda, pues saben de la intención de Carlos Barragán de convertirse en diputado federal por la región, y de que Tlaola si bien no pertenece al distrito local 26, con cabecera en Xicotepec, sí forma parte del distrito federal 1, con cabecera en Huauchinango, por donde el alfil de López Zavala pretende colocarse al Congreso de la Unión.

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