Ayer le comentaba que el Sistema de Información Hospitalaria y de Administración del Seguro Popular que el gobierno de Mario Marín Torres quiere comprar a la empresa IT Trade en cerca de 50 millones de pesos —en lo que parece un negocio más de este fin de sexenio—, se había intentado instalar ya en Puebla, pero con otro nombre y a un menor costo.

Para tal efecto, el sistema denominado Sistema Poblano de Expediente Electrónico e Información en Salud (SPEEIS) fue instalado en el Hospital General de la Zona Norte de la capital, con pésimos resultados a juzgar por la valoración hecha en septiembre y octubre del año pasado.

Dicha evaluación corrió a cargo de la Dirección de Planeación y Programación, del Departamento de Informática y de la Coordinación de Desarrollo de Sistemas de la Secretaría de Salud.

Las opiniones de los médicos, paramédicos y administrativos que operaron el SPEEIS fueron tan adversas que, incluso, el propio director del Hospital, Ernesto Macías Guerra, giró un oficio a sus superiores afirmando que no apoyaba la compra de ese sistema y que incluso prefería seguir laborando con el que ya se tenía, conocido como APAH.

He aquí —a manera de resumen— algunas de las opiniones acerca de este sistema de información hospitalaria, basado en un software creado por iSOF, filial de la empresa IT Trade, de origen español.

-Dr. Francisco Román Vargas, Subdirección Médica: el SPEEIS «trae una semántica dirigida a hospitales privados y hospitales españoles». «En el formato de Partograma no se puede marcar la imagen y tiene un error de ortografía: dice Heconial en lugar de Meconial».

-Dr. José Clemente Amador Vizcaya, Consulta Externa Anestesiología y Quirófanos: «Cambiar la semántica del SPEEIS para mejorar la comprensión de los usuarios». «Cambiar la etiqueta de prestación por cirugía». «No tiene beneficios contra el SPAH»

-Dr. Juan Ramón Valle Torres, Consulta Externa: «Es muy complicado y no tiene secuencia en tiempo y en lógica el expediente clínico». «Se tiene que estar cerrando el EH cada vez que se hace una modificación». «No se puede consultar un paciente que no esté citado el día en curso». «Cuando se ingresan los signos vitales en el sistema no se mandan a todos los formularios». «No se puede hacer una prescripción en la fecha actual». «Para cada medicamento se tiene que hacer todo el proceso como si fuera una receta médica». «Para hacer una receta es tardado y complicado». «Es muy lento para abrir, se pasma…» «Definitivamente me quedo con el anterior».

-Dr. Carlos de la Fuente Macip, Consulta Externa Cardiología: «Al ingresar el médico con su login y password no manda automáticamente su lista de pacientes citados, para poder verlos hay que limpiar, actualizar y volver a seleccionar el servicio del médico y el nombre, esto retrasa el proceso». «En el formato de la nota de evolución normal… no te marca si la talla es en metros o centímetros, no se puede ingresar toda la información en el SOAP, ya que no cabe en los espacios y por lo tanto no sale toda la información en la impresión».

-Ts. Eduardo González, Informática: «Los manuales no están actualizados». «Después de un periodo de tiempo de estar trabajando el sistema se pasma». «En las ventanas de cita previa, prescripción de medicamento, e-HC y urgencias el sistema marca errores».

–Mónica de la Garza, Consulta Externa Recepción: «Si fuera más rápido como el SPAH no tendría las filas para atender a los pacientes». «Se puede repetir n veces las citas con el mismo médico, el mismo servicio y el mismo día». «No están todas las colonias». «Los códigos postales están mal». «No muestra la edad cuando el paciente tiene días de nacido».

Otros médicos que fueron encuestados sobre el SPEEIS como Salvador Roa Albor y José María Cano Sánchez se pronunciaron porque el sistema no sea aceptado; y otros, como Araceli Cortés Lomelí y Judith Gálvez, de plano pidieron que el dinero que se fuera a invertir en este sistema mejor se destinara para mejorar el SPAH.

Frente a tales críticas del personal médico, paramédico y administrativo del Hospital General de la Zona Norte que probó el SPEEIS, me surgen varios cuestionamientos:

¿Por qué la necedad de adquirir un Sistema de Información Hospitalaria y de Administración de Seguro Popular que no se adapta a la realidad mexicana?

¿Por qué si el sistema ya se probó y fue rechazado por los médicos que trabajaron con él, se está dizque licitando para instalarlo en un tiempo récord en los nosocomios y centros de salud del estado?

¿Por qué si este sistema de información hace un año costaba 31 millones 987 mil pesos ahora se quiere comprar en casi 50 millones?

¿Cuánta responsabilidad tiene en esta transa Andrés Orea Jiménez, coordinador general de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), que avaló esta amañada compra pese a las críticas de quienes trabajaron con el sistema?

¿No será que su empresa Grupo Casi SA de CV llevó tajada para darle el visto bueno al Sistema de la empresa IT Trade o al software creado por iSOFT?

¿Por qué la Contraloría del estado o la Fiscalía Anticorrupción se han mantenido al margen de este escándalo de corrupción?

Son preguntas, que conste.

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Este día no puede perderse el artículo de José Marún Ibarra Doger, que sin duda marcará el inicio de una confrontación abierta el seno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)

Y es que el pariente del exrector Enrique Doger Guerrero lo acusa de pretender desestabilizar la institución y a sus actuales autoridades, al operar su regreso «para incidir, meter mano, controlar o como dijera cualquier renombrado político, conseguir capital político … para vender consensos e información al nuevo gobernador haciéndose ver como la mano que mece la cuna en la BUAP; tener con qué respaldar su posible liderazgo del PRI ante Beatriz Paredes y Peña Nieto (o el que sea) con ese capital político, conseguir influencia en medios de comunicación, negociar puestos y prebendas con diferentes sectores empresariales y, por supuesto, para mantenerse en el poder a toda costa.»

Aquí el artículo de Marún Ibarra.

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Simón dice:

«Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella.»

De un momento a otro, Blas Villegas Lara podría dejar la dirección de la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del ayuntamiento de Puebla, ser inhabilitado del servicio público y sujeto a un proceso administrativo por desvío de recursos públicos federales.

Y no porque su jefa, la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz, vaya a ceder a las presiones de la regidora panista Marisa Ortiz Mantilla; ni por su distanciamiento con quien fuera su protector en el pasado reciente, el secretario de Obras Públicas del gobierno del estado, Javier García Ramírez; tampoco porque haya sido incapaz de regular y controlar a las empresas propietarias de anuncios espectaculares, que en esta coyuntura electoral han hecho su agosto.

Para nada. Su renuncia en realidad está relacionada con una investigación que le sigue la Secretaría de la Función Pública por desvío de recursos federales, siendo director general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (Ceaspue), durante la gestión de Mario Marín Torres.

De acuerdo con fuentes confiables cercanas al caso, Blas Villegas —en complicidad con algunos funcionarios de la dependencia, como el actual director de Planeación, Alejandro Pérez Morales, y el director Administrativo, Sergio Aguilar de Llano— habría simulado la ejecución de obra pública (plantas de tratamiento) en algunos municipios de la entidad.

Este martes, personal de la Contraloría del estado, que coadyuva en la investigación de la Secretaría de la Función Pública, se apersonó en las oficinas de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento para ultimar algunos detalles del reporte de auditoría.

Trascendió que el monto del desvío asciende a los ocho millones de pesos y que la mayor irregularidad estriba en la simulación de algunas obras en los municipios de San Martín Texmelucan, Izúcar de Matamoros, Teziutlán y Zacatlán, mismas que se pagaron como nuevas, aunque ya estaban realizadas.

Blas Villegas se desempeña actualmente como titular de la Agencia de Protección al Medio Ambiente, cargo que podría dejar en cualquier momento.

Alejandro Pérez Morales funge como director de Planeación de la Ceaspue, aunque al comienzo del gobierno marinista fue nombrado director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, de la que salió por malos manejos, situación que se repitió más adelante en el Instituto de Asistencia Pública del estado de Puebla (IAPEP), durante la gestión de José Garmilla Herrera, quien lo nombró subdirector de Administración de Negocios.

Sergio Aguilar, quien hasta hoy despacha como director Administrativo de la Ceaspue, fue funcionario de la Secretaría de Educación Pública del estado.

Como se verá, puras finas personas.

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Otro funcionario estatal que también está siendo auditado por parte de la Secretaría de la Función Pública es el secretario de Salud, José Alfredo Arango García.

Hasta donde se sabe, los auditores han centrado su análisis en los recursos otorgados por la Federación al estado, a través del llamado Seguro Popular, y con los cuales se habrían adquirido mobiliario, equipo e instrumental médico, así como material de curación, ropa hospitalaria y medicamentos a sobreprecio.

La auditoría es sobre el ejercicio presupuestal del 2009, con énfasis en los últimos meses de ese año, que es cuando Arango fue nombrado secretario de Salud —en sustitución de Antonio Marín y López— y cuando la Federación liberó la mayor parte de los fondos del Seguro Popular.

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A quien todavía no le cae la Secretaría de la Función Pública, ni el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Migración (INM), es a la delegada estatal de este organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, Rocío Sánchez de la Vega Escalante.

Y es que hace 15 días se le escapó de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración un colombiano, hecho que ha pretendido ocultarse a la opinión pública para no afectar la imagen de la joven funcionaria federal panista.

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Simón dice:

«Cuando llega la desgracia, nunca viene sola, sino a batallones.»

William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico.

Ayer le decía que la mayor irregularidad —por no decir transa— con las compras directas que por casi 300 millones de pesos autorizó a finales del pasado el secretario de Salud del estado, José Alfredo Arango García, a dos proveedores de la dependencia, no recaía tanto en la violación a la Ley de Adquisiciones, sino en los sobreprecios que se pagaron a los empresarios que surtieron tales pedidos.

En concreto a los señores Rafael Zabalza Veraza y Genaro Castillo Gómez, quienes a través de diferentes compañías han monopolizado en la Secretaría de Salud de Puebla las compras de muebles, equipos e instrumental médico, así como los servicios de mantenimiento a equipo e instalaciones sanitarias y de proveeduría de uniformes y otros insumos clínicos y hospitalarios.

Para documentar el tamaño de los abusos cometidos por estos proveedores, en complicidad con el secretario de Salud y funcionarios de la Contraloría del estado, hoy le presento algunos ejemplos de artículos que fueron sobrefacturados y pagados en diciembre pasado con fondos del Seguro Popular.

Caso 1

Una mesa Pasteur, con barandal de alambrón de acero inoxidable, marca Tecnoeq-Mex, modelo MSP-01, que en el mercado local puede adquirirse entre 1,500 y 2,000 pesos, la Secretaría de Salud la pagó en 9,950 pesos, de acuerdo con la factura 0071 de Soluciones Integrales en Biomedicina por un monto de 253 mil 560 pesos.

Caso 2

Una mesa de exploración, con cajón despachador de papel de lámina de acero, que cualquier persona puede adquirir en una de las tiendas de muebles clínicos y hospitalarios que funcionan en las inmediaciones del Hospital Universitario en 3,000 ó 3,500 pesos, la dependencia encabezada por Alfredo Arango la pagó en 21 mil 130 pesos.

Caso 3

Una mesa para atención a recién nacidos con estadímetro, colchoneta y separador intermedio modelo M180-01 de la marca Tecnoeq-Mex, que tiendas especializadas de Puebla o el Distrito Federal la venden en alrededor de 3,500 pesos, fue adquirida por la Secretaría de Salud en 28 mil 350 pesos, de acuerdo con la factura 0076 de la misma empresa de Rafael Zabalza.

Caso 4

Un esterilizador de vapor autogenerado de mesa para dental y maxilofacial de 21 litros, integrado con equipo semiportátil y otros aditamentos marca OTSA, que cualquier médico o cirujano dentista puede comprar en 32 mil pesos, fue pagado con la factura 0079 de Soluciones Integrales en Biomedicina en 53 mil 200 pesos.

Caso 5

Espejos ginecológicos vaginales, que en cualquier tienda del ramo se venden en menos de 500 pesos o en 390 pesos al mayoreo, la Secretaría de Salud los pagó en 1,010 pesos, según la factura 1575 de la empresa Profesionales IEMC de Genaro Castillo.

Caso 6

Fórceps dentales marca Kuality, que en el mercado de los dentistas valen 1,300 pesos la pieza, la dependencia a cargo de Arango García los adquirió en 3,267 pesos, de acuerdo con las facturas 1579, 1580 y 1581 del mismo proveedor.

Caso 7

Camas individuales con colchón de espuma, modelo TEQ.CM-01 de la marca Tecnoeq-Mex, que el fabricante vende en cerca de mil pesos, se pagaron en 4,700 pesos, de acuerdo con la factura 1590 de la citada empresa de Genaro Castillo.

Caso 8

Lámparas quirúrgicas portátiles para emergencia, modelo TEQ-LAPQPE-01 de la marca Tecnoeq-Mex, que pueden adquirirse a precio de mayoreo en alrededor de 7,000 pesos, la Secretaría de Salud las pagó en 19 mil 150 pesos.

Caso 9

Esterilizadores de calor seco modelo Mo72 de la marca Lorma, que según cotizaciones de proveedores locales tienen un costo de entre 2,800 y 3,200 pesos, la dependencia de Alfredo Arango los adquirió a otra de las empresas de Rafael Zabalza —Electromedicina Integral Asere— en 18 mil 280 pesos, de acuerdo con la factura 337.

Caso 10  Unidades estomatológicas básicas con lámpara integrada, modelo 2003A-MA de la marca Comforte, que en tiendas para médicos dentistas, pueden comprarse hasta en 40 mil pesos, el proveedor exclusivo de Salud las vendió en 107 mil 35 pesos, con la factura 346.

Estos casos explican por qué Alfredo Arango viola la Ley de Adquisiciones, por qué prefiere asignar en forma directa las compras de la Secretaría de Salud antes que licitarlas y por qué proveedores como Zabalza y Castillo —a quienes el último cuatrimestre del año se les hicieron compras por casi 300 millones de pesos— se han enriquecido en lo que va del sexenio, a costa de la salud y atención médica de los poblanos.

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Este jueves visitará la Angelópolis, el coordinador de los Senadores del PAN, Gustavo Madero Muñoz, para sumarse a la precandidatura por la gubernatura de Puebla de quien fuera su compañero de escaño en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, Rafael Moreno Valle Rosas.

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Simón dice:

«El día que la mierda tenga algún valor, los pobres nacerán sin culo».

Gabriel García Márquez (1927-?). Escritor colombiano y premio Nobel de literatura

* Sin licitación, Arango adjudica 300 millones a dos proveedores

* Rafael Zabalza y Genaro Castillo sobrefacturan compras

Ahora que este martes comparezca ante el Congreso del estado el secretario de Salud, José Alfredo Arango García, ojalá explique por qué adjudicó casi 300 millones de pesos de manera directa a dos proveedores —Rafael Zabalza Veraza y Genaro Castillo Gómez—, pero sobre todo por qué pagó sobreprecios en varios de los insumos, medicamentos y equipos que adquirió en el último cuatrimestre del año pasado.

Según reportes de la propia Secretaría de Salud, a las empresas de Rafael Zabalza — Grupo Naciomex, Electromedicina Integral Asere, Soluciones Integrales en Biomedicina, y Equipos y Servicios Hospitalarios Kolko— se le adjudicaron sin que mediara licitación pública 210 millones 327 mil pesos, y a las compañías de Genaro Castillo —Alfredo Nava Domínguez y Profesionales IEMC— 68 millones 24 mil pesos.

Ambos proveedores, de quienes ya nos hemos ocupado en anteriores entregas, siguen siendo los consentidos de la Secretaría de Salud. Lo eran con el primer secretario del ramo en el sexenio marinista, Roberto Morales Flores, y lo continúan siendo ahora con Alfredo Arango, pero con mayor descaro.

Otros proveedores a los que también se les hicieron compras directas —al margen de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal— son Farmacias Nacionales, Juan Esperón Fuentes, Juan Catarino Hipólito y Gabriel Rico.

A Farmacias Nacionales se le adjudicaron compras directas por 12 millones 676 mil pesos; a Juan Esperón por 11 millones 885 mil; a Juan Catarino por 5 millones 26 mil pesos; y a Gabriel Rico por 3 millones 348 mil pesos.

Sin embargo, lo más delicado no son tanto las adquisiciones directas, al margen de la normatividad vigente, sino los sobreprecios que la Secretaría de Salud pagó por varios de los artículos, utensilios, medicamentos y equipos médicos que le fueron surtidos.

De los muchos productos y artículos que la dependencia encabezada por Alfredo Arango adquirió con sobrecosto, le enlisto a continuación algunos ejemplos.

Refrigeradores para vacunas, con clave 533.786.0034. Estos fueron comprados en forma directa a razón de 129 mil 500 pesos, cuando en realidad valen menos de 20 mil pesos.

De estos refrigeradores, 27 fueron facturados por la empresa Profesionales IEMC, de Genaro Castillo, en más de 4 millones de pesos; y 4 por la compañía Soluciones Integrales en Biomedicina, de Rafael Zabalza, con la factura 0088.

Espejos ginecológicos vaginales, con claves 537.375.0321 y 537.375.0305, cuyas piezas valen menos de 100 pesos, pero que la Secretaría de Salud pagó a 1,100 pesos, de acuerdo con la factura 1575 de Profesionales IEMC.

Más de 400 fórceps dentales, con 16 claves diferentes, que fueron pagados al doble o triple de su precio con las facturas 1866, 1867 y 1868 a Genaro Castillo a través de la empresa Alfredo Nava Domínguez.

Más de 40 mil jarabes multivitamínicos, por los cuales la Secretaría de Salud pagó con fondos del Seguro Popular en 2 millones 701 mil pesos, a razón de 67.50 pesos el frasco, cuando éstos mismos jarabes pueden adquirirse en el mercado a menos de 50 pesos.

La lista de productos, equipos y demás insumos es muy grande, aunque no del tamaño de los abusos y las corruptelas de los funcionarios y proveedores de la Secretaría de Salud, que ha sido una de las peores en la administración de Mario Marín Torres, primero con Roberto Morales, luego con Antonio Marín y López y ahora con Alfredo Arango.

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Simón dice:

«Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella».

Joan Baez (1941-?) Cantante estadounidense de música de protesta.

* Mario Marín Jr., apadrina a los Urzúa en nuevo negocio

Éste no sólo sigue haciendo millonarias compras de medicamentos y material de curación, sin licitación pública de por medio, sino que ahora tolera que las empresas beneficiadas demoren la entrega de los productos contratados, so pretexto de que las bodegas y almacenes de la Secretaría de Salud se encuentran saturados.

Entre las adjudicaciones directas que Arango García ha realizado, al margen de la Ley de Adquisiciones del estado, figuran las registradas con los números AD4-01/2009, AD4-02/2009 y AD5-01/2009 por montos de 10 millones 651 mil pesos, 68 millones 899 mil pesos, y 12 millones 676 mil pesos, respectivamente.

Las dos primeras compras —por casi 80 millones de pesos— se contrataron el 27 de agosto de 2009 a la misma empresa Grupo Naciomex SA de CV, a través de su representante legal Angélica María Mastranzo Mora.

La tercera compra se contrató a Farmacias Nacionales el 31 de agosto de 2009.

En los tres casos, se determinó que los materiales de curación para los Servicios de Salud del estado y el Seguro Popular, así como los medicamentos para la atención de enfermedades como la diabetes y el cáncer cérvico uterino se entregarían como máximo el 27 de septiembre de 2009.

Sin embargo, dos días antes de vencerse el plazo, la Secretaría de Salud cambió la fecha y el lugar de entrega, conviniendo que las empresas tuvieran en su resguardo los productos adquiridos y que éstos se surtieran con posterioridad a las 24 horas siguientes a la fecha en que fueran solicitados.

El argumento, que más bien es un pretexto, es que no había espacio en los almacenes y bodegas de la Secretaría de Salud para recibir el material de curación y los medicamentos contratados.

La dependencia cuenta con más 11 mil metros cuadrados para albergar material: dos enormes bodegas por las que además paga renta, una de 7 mil metros cuadrados en Rancho Colorado, y otra de 4 mil 200 metros cuadrados en el Parque Industrial Puebla 2000.

¿Qué tanto almacena la Secretaría de Salud para tener llenar sus bodegas?

¿Y si en verdad se encuentran saturadas por otras entregas de medicamentos y material de curación, entonces por qué la urgencia de comprar más?

El artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal establece que las adjudicaciones directas —como las arriba mencionadas— sólo se justifican por cuestiones de urgencia, en casos de desastres naturales o por la especialización de bienes y servicios contratados.

El secretario de Salud, José Alfredo Arango, bien haría en explicar cuál fue su urgencia que lo llevó a no licitar públicamente las compras de medicamento y material de curación que contrató a Grupo Naciomex y a Farmacias Nacionales si, como se desprende en los convenios modificatorios firmados por subordinados suyos el pasado 25 de septiembre, no había ninguna prisa por adquirir esos productos.

Al acto llegaron otras personalidades por aire y por tierra como Fabián Ebrard, hermano del jefe de gobierno del Distrito Federal y dueño de algunas propiedades en Xicotepec de Juárez; Adolfo Karam Beltrán, subsecretario de Seguridad Pública del estado; los diputados federales Ardelio Vargas Fosado y Fernando Morales Martínez; el exdiputado Martín Márquez Silva; Rómulo Arredondo Gutiérrez, director de Carreteras de Cuota; el exsenador Alfonso Zegbe Sanen y los empresarios José González Covián y Rodrigo López Sainz de Juambelz.

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Miguel Mantilla Martínez y Pablo Montiel Solana serán los nuevos integrantes de la Comisión Estatal de Elecciones del Partido Acción Nacional. El primero sustituirá a Luis Enrique Palacios Martínez, quien hace unos días fue designado secretario de Elecciones del CDE del PAN, y el segundo a Enrique Guevara Montiel, quien se irá de coordinador de la campaña de Eduardo Rivera Pérez a la presidencia municipal de Puebla.

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A propósito.

Este día se reunirán a desayunar, para tratar de llegar a un arreglo interno de cara a los comicios locales del 2010, el diputado Eduardo Rivera Pérez y el senador Humberto Aguilar Coronado.

El encuentro se efectuará a las 9:00 horas en el restaurante Che Garufa de la avenida Juárez.

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Simón dice:

«Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella».

Joan Baez (1941-?). Cantante estadounidense de música folk, conocida como «La reina de la canción protesta».

Aunque no tengo bola de cristal, puedo anticiparle que después de la reunión que este viernes sostendrán entre las 9 y las 10 de la mañana el secretario de Salud del estado, Antonio Marín y López, y el secretario general de la Sección 25 Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud, Malcom Ramírez Martínez, se iniciará una cascada de protestas, marchas y paros, en los hospitales, clínicas y centros de salud de la entidad.

Las protestas podrían comenzar este viernes con la suspensión de labores en el Hospital General del Sur, de Agua Santa, y con un plantón permanente en las oficinas de la Secretaría de Salud, si el doctor Antonio Marín no recibe o deja plantados a los dirigentes del sindicato.

La inconformidad de los sindicalizados podría ser respaldada por algunos empleados de oficinas centrales y mandos medios de jurisdicciones sanitarias, después de que esta semana el secretario de Salud decidió relevar de sus funciones a la subdirectora de Epidemiología y Atención Preventiva, Diana Celia Carpio Díaz; al subdirector del Seguro Popular, Joaquín Bianchini Maldonado; al jefe del Departamento de Afiliación del Seguro Popular, Francisco Rafael Cajica Arenas; al jefe del Departamento de Trasplantes de Órganos, Miguel Ángel García Martínez; y a la jefa de la jurisdicción sanitaria número 6, Sonia Esther Aguirre Sandoval.

Unos y otros se quejan por la negativa de abrir nuevas plazas de médicos y enfermeras, por el despido injustificado de personal de base y de confianza, por el desabasto de medicamentos y material de curación, por la falta de mantenimiento a los equipos e instalaciones sanitarias, y por anomalías en el manejo de los recursos del Seguro Popular.

El movimiento sindical —que es alentado por algunas instancias gubernamentales— marcará el principio del fin de Antonio Marín como secretario de Salud del estado.

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Otro funcionario en problemas, pero éste del gobierno federal, es el delegado de la Procuraduría Federal de Proteción al Ambiente (Profepa), Rubén Pedro Rodríguez Torres, quien actualmente se encuentra suspendido.

Las razones se desconocen, pero se cree que esta amonestación tiene su origen en las protestas del gobierno del estado por el amago del delegado de clausurar las vías de acceso a la Célula, y sus declaraciones en el sentido de que tales obras de infraestructura habrían provocado un daño ecológico en la zona por la destrucción de cactáceas y otras especies vegetales protegidas.

Hasta donde se sabe, ésta es la segunda ocasión en que Rodríguez Torres es suspendido por faltas y errores administrativos.

La primera suspensión estuvo relacionada con la pérdida de cheques de nómina y otros documentos de la Profepa.

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Simón dice:

«El que sólo sabe medicina, ni medicina sabe»

José Letamendi De Manjarrés, médico y escritor español

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Ahora que Roberto Morales Flores se muere de ganas por comparecer ante el Congreso del estado, para explicar que nada tiene ni tuvo que ver con los malos manejos en la Secretaría de Salud, y el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, Víctor Manuel Hernández Quintana, anuncia que llevará a cabo una investigación exhaustiva en la dependencia para deslindar responsabilidades, sería bueno que uno u otro explicaran el destino de 29 millones 509 mil pesos de la compra GESFAC 158/2007.

Pero como estoy seguro ni Roberto Morales, ni el auditor del Orfise, ni el contralor del estado, ni los diputados locales del PRI o del PAN nos dirán algo acerca de esa adquisición, cubierta con recursos del Seguro Popular dentro de la partida 2701, le contaré parte de esta historia que, por cierto, conocen con detalle algunos funcionarios de la Secretaría de Salud.

La GESFAC 158/2007 es, en resumen, una compra directa de ropa desechable, que la Secretaría de Salud pagó a una persona física con actividad empresarial llamada José Arturo Cedeño Díaz, pero que en realidad es un testaferro de Dionisio Rodríguez Rodríguez, proveedor de la dependencia y amigo cercanísimo de Roberto Morales.

La adquisición de esas prendas desechables –que médicos y enfermeras suelen utilizar en clínicas y hospitales durante las cirugías que practican o en las visitas que hacen a enfermos con alguna infección altamente contagiosa– ascendió a 29 millones 509 mil pesos 34 centavos.

Por increíble que parezca, dicha compra no sólo no se concursó, ni pasó por el Comité de Adjudicaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, sino que se asignó en forma directa y se pagó a finales de 2007 con el visto bueno del secretario Roberto Morales, y de Carlos Martínez Valeriano y Eduardo Hernández Martínez, director y subdirector del Seguro Popular, respectivamente.

Pero lo peor no es eso.

Lo grave, lo escandaloso, de esa compra identificada como GESFAC 158/2007 es que la ropa desechable jamás fue surtida, ni en los almacenes centrales de la Secretaría, ni en ninguno de los que existen en las 10 jurisdicciones sanitarias de la dependencia.

¿O sí?

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Si desea hacerme algún comentario o crítica y que éstos se publiquen, haga clic aquí. De lo contrario, recibo sus mensajes en los siguientes correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

* Nadie entiende por qué no renuncia, ni lo renuncian
* Palafox Krayesvky… y la Durango blanca 2007, apá?

Nadie en la Secretaría de Salud entiende por qué el gobernador Mario Marín Torres mantiene como titular de la dependencia a Roberto Morales Flores, cuando es de sobra conocida la desconfianza que le tiene, y por qué el hermano del ex gobernador Melquiades Morales tampoco renuncia, si en la Secretaría no es más que una figura decorativa.

Roberto Morales perdió desde hace meses el control de las dos principales áreas en que operativamente se divide la Secretaría de Salud: la Coordinación General de Servicios de Salud y la Coordinación General de Administración y Finanzas.

En la primera le clavaron, en agosto de 2007, al hermano del poderoso subsecretario de Egresos del estado, Ricardo Villa Issa, y éste a su vez, nombró como subordinados suyos a gente que se trajo del ISSSTEP. A Martha Vargas González la hizo jefa de Enlace y Seguimiento Operativo, y a Román de Ita, subdirector de Servicios Médicos, en sustitución de Armando Acevedo Méndez.

Paralelamente, Carlos Martínez Valeriano, brazo derecho del secretario al frente del Seguro Popular, se fue de la dependencia, lo mismo que su segundo de a bordo, Eduardo Hernández Martínez, quien fue reemplazado por Francisco Cajica.

Del área médica, el único funcionario de confianza que le dejaron al hermano del ex gobernador Mequiades Morales es Jorge George Sánchez, director de Atención a la Salud.

En la Coordinación de Administración y Finanzas, actualmente acéfala tras la remoción de Alejandro del Castillo Ávila, el panorama para Roberto Morales es aún más desolador.

Los directores adscritos a ella nunca han estado bajo las órdenes del secretario. Y de ello pueden dar constancia el ex director de Operación a Infraestructura, Marco Antonio Rivera Martínez, el recién removido director de Administración y Finanzas,  José Luis Palafox Krayevsky, y su sustituto en el cargo Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes, así como el actual director de Operación e Infraestructura, Leopoldo Eusa Dobbie.

En estas circunstancias, es obligado preguntar: ¿Quién es responsable de lo que pasa en la Secretaría de la Salud? ¿El secretario? ¿Los funcionarios que le fueron impuestos como cuña? ¿O el responsable de mantener a Roberto Morales como secretario de Salud, pero quitándole todo margen de maniobra?

EN CORTO

Hasta el jueves de la semana pasada el destituido director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, José Luis Palafox Krayevsky, seguía sin entregar la oficina que por casi dos años ocupó, al igual que la camioneta Durango 2007, color blanco, que tenía asignada como funcionario de la dependencia, mientras su sustituto en el cargo, Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes, anda como alma en pena por los pasillos de la Secretaría. Y eso, dicen, que se trata de un recomendado del contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz.

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A propósito.
Cuentan que en la auditoría que se le practica a José Luis Palafox le han descubierto una docena de cuentas bancarias y de inversión, pero cuyos fondos provienen de la Secretaría de Salud. En los próximos días le tendré más detalles.

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Un funcionario que en la Secretaría del Trabajo y Competitividad practica justamente lo contrario de lo que se supone debe combatir esta dependencia es Gabriel Herrera Cinto, subcoordinador del Programa Capacitación en la Práctica Laboral.

El servidor público en cuestión no sólo se vale de su cargo para hostigar –incluso sexualmente– a los instructores bajo su mando,  sino que los obliga, so pena de reportalos con malas notas, a que lo provean de refrescos, cigarros, botanas y hasta de alimentos después de los horarios de oficina.

Entre los inspectores hartos de esta situación y sus abusos figuran María del Carmen Lázaro Alarcón, Norma Patricia Corro Vázquez, Eda García Díaz y Marco Antonio Pérez.

Correos: rruiz@e-consulta.com.mx y periodistasoy@hotmail.com