* López Malo viaja a Europa, para curarse de la derrota electoral

* Armenta, deja para una mejor ocasión su fiesta de cumpleaños

Uno de los grandes perdedores de la elección del pasado 4 de julio fue sin duda el exdiputado federal Jorge Estefan Chidiac.

Al principio se la jugó con el panista Rafael Moreno Valle Rosas, al grado que éste incluso ofreció nombrarlo secretario de Finanzas y Administración, en caso de ganar la gubernatura de la entidad.

Luego, ya en la contienda constitucional, Estefan se sumó a la campaña del candidato de la Alianza Puebla Avanza, el priísta Javier López Zavala, quien lo designó coordinador de Políticas Públicas y responsable de elaborar su plataforma electoral y plan de gobierno.

Enfundado en su nuevo traje rojo zavalista, el expresidente de la Comisión de Hacienda de la anterior legislatura federal no sólo se desmarcó de su otrora aliado, a quien acusó de corrupción, desvío de recursos públicos y de realizar en el extranjero ilegales operaciones en el mercado bursátil.

Las críticas de Estefan a Moreno Valle tenían el propósito de achacarle la responsabilidad de un hoyo financiero de 1,500 millones de pesos durante la gestión de Melquiades Morales Flores.

El candidato panista reviró el ataque. Acusó al exdiputado federal de enriquecimiento ilícito y de poseer una mansión para multimillonarios en La Vista, que no correspondía a su nivel de ingresos como servidor público.

En plena refriega, el operador político de Moreno Valle y concuño de Jorge Estefan, Antonio Gali Fayad, trató de reconciliar a los antiguos aliados pero fracasó.

Jorge Estefan, a decir de los morenovallistas, no refrendó su palabra de parar los ataques, por lo que éstos, a través del dirigente estatal de Convergencia, José Juan Espinosa Torres, lo acusaron de peculado y enriquecimiento ilícito ante la Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Fiscal, denuncias que por cierto, fueron ratificadas y ahora tienen que investigarse, más allá de que las elecciones para gobernador hayan concluido.

EN CORTO

Al secretario de Desarrollo Económico del estado, José Antonio López Malo Capellini, poco parece haberle afectado la debacle electoral de su partido en las elecciones del domingo pasado, ya que se fue de vacaciones a Europa en compañía de toda su familia.

A ver si ahora no también nos dice que su periplo tiene el propósito de conseguir inversionistas europeos para la Célula o para algún otro elefante blanco, como sucedió cuando pasó de la Secretaría del Trabajo a la Secretaría de Desarrollo Económico y se inventó una gira de promoción a Canadá, cuando en realidad iba a visitar a una de sus hijas que se encontraba estudiando en ese país.

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La fiesta que este viernes iba a celebrar el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier, para festejar su cumpleaños y de paso el triunfo de Javier López Zavala, tuvo que suspenderse por razones más que obvias.

El reventón, que iba a tener lugar en el Jardín Tres Marías, con Margarita la Diosa de la Cumbia, se redujo a una simple partida de pastel con sus principales colaboradores y empleados, y a la recepción de decenas de mensajes en su Facebook donde más o menos le decían lo siguiente: Felicidades Alejandro, perdimos una batalla pero no la guerra.

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Javier Sánchez Galicia regresará este lunes al gobierno del estado como director de Comunicación Social y Relaciones Públicas, tras participar en la campaña de Javier López Zavala y vencerse la licencia que por dos meses solicitó, junto con el secretario técnico de esta misma dependencia, Salvador González Jaramillo.

Lo que aún se desconoce es si también regresarán a sus antiguos cargos en la administración estatal marinista Ismael Ríos Delgadillo y Arturo González Orduño, pues éstos a diferencia de aquellos, no pidieron licencia sino que renunciaron. Uno a la Dirección de Información y otro a la Dirección general del Sistema de Información y Comunicación del gobierno del estado (Sicom).

Sin embargo, al cierre de esta columna, una fuente gubernamental me hacía saber que el excoordinador de Medios Nacionales de López Zavala sí regresaría al Sicom, para medio arreglar algunos entuertos que el encargado de despacho, Raúl Velázquez García «El Chacal», había provocado en los últimos tres meses.

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Del 4 al 6 de noviembre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla será sede de un seminario internacional sobre gobernabilidad y ciudadanía en América Latina, organizado por la facultad de Derecho y la maestría en Ciencias Políticas.

En dicho evento, que tendrá lugar en el Complejo Cultural Universitario, participarán como conferencistas magistrales Guillermo O Donell, Agapito Maestre, José Garretón, César Cansino, José Antonio Crespo y Jesús Silva Herzog Márquez.

Entre los temas que se abordarán en el seminario, que tiene el respaldo de 25 universidades y centros de investigación de México y el extranjero, destacan los siguientes: Los barómetros de la democracia en América Latina; Ciudadanía, sociedad civil y movimientos sociales; La crisis de la democracia representativa; Democracia y sociedad mediática; Transnacionalismo y los intangibles políticos y culturales de la migración; Partidos políticos y grupos de presión; Los diseños constitucionales fundantes en el siglo XIX; Los límites de la ciencia política en la globalización; y Políticas públicas y gobernanza.

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Simón dice:

«Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla.»

Sigmund Freud (1856-1939). Médico austriaco, fundador del psicoanálisis.

La repentina noticia sobre la auditoría que la Secretaría de la Función Pública práctica a la gestión de Blas Villegas Lara como director general de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (Ceaspue), y sobre las consecuencias que podrían derivarse de esta investigación, alteró algunos planes de la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz.

Y es que la alcaldesa tenía previsto remover a Blas Villegas como director de la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, para nombrarlo como coordinador del Organismo Operador del Servicio de Limpia, en sustitución de Héctor Sulaimán Safi, quien a su vez sería promovido como secretario de Desarrollo Social del municipio de Puebla.

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Después de muchos intentos está semana se constituyó la ACECOP de Puebla, que es la Asociación de Centros Comerciales de Puebla, en cuyo Consejo Directivo participan los administradores de las principales plazas comerciales de la ciudad.

La ACECOP tiene la intención de representar a los comerciantes y locatarios de estas plazas ante las distintas instancias de gobierno —municipales, estatales y federales— con las cuales tienen que ver, ya sea por su giro, actividad o los productos y servicios que venden o prestan.

Entre quienes participan en la directiva de la ACECOP figuran: José Miranda Solana, administrador de Plaza Loreto; Pablo Andrés Torres Campos, representante de los comerciantes del Triángulo de Las Ánimas; María Gema Alvarado Lara, del Centro Comercial Cruz del Sur; Blanca María Peralta Llanera, de Plaza Dorada II; Rafael Cereceda Rodríguez, de Galería Las Ánimas; María Rosaura Pacheco López, de Plaza Bugambilias: y Fernando Rubén Lescieur Gamboa.

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El martes de esta semana, el expresidente de la Cámara de la Construcción de Puebla, José Antonio Escalera Espinosa, sorprendió al candidato a la gubernatura de la Alianza Puebla Avanza, Javier López Zavala, y a los socios y directivos del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, por las críticas que lanzó al gobierno del estado en materia de obra pública.

Un detalle que poco ha trascendido, y que quizás explicaría la actitud de José Antonio Escalera y su crítica a las obras públicas inconclusas, es que en la víspera de ese encuentro, el expresidente de la CMIC se reunió a tomar café con el panista Pablo Rodríguez Regordosa, vocero de la campaña del candidato de la coalición Compromiso por Puebla a la gubernatura, Rafael Moreno Valle Rosas.

La reunión tuvo lugar a las 21:30 horas en un discreto Italian Coffee de la 31 Poniente.

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El miércoles de esta semana el Parque del Arte volvió a convertirse en escenario de mítines políticos electorales. Ese día por la tarde fue llenado de jóvenes simpatizantes de la organización priísta de Mario Marín Junior que expresaron su apoyo al candidato a la gubernatura de la Alianza Puebla Avanza, Javier López Zavala.

El Parque, hoy en custodia del gobierno del estado, fue atiborrado de jóvenes y acarreados de distintas universidades públicas y privadas, así como de algunos bachilleratos incorporados a la BUAP y a la SEP, a los que se les permitió instalar música a todo volumen, invadir los jardines y hasta el lago artificial.

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Simón dice:

«La mayor parte de los problemas del mundo se deben a la gente que quiere ser importante.»

Thomas Stearns Eliot (1888-1965). Poeta, dramaturgo y crítico literario.

De un momento a otro, Blas Villegas Lara podría dejar la dirección de la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del ayuntamiento de Puebla, ser inhabilitado del servicio público y sujeto a un proceso administrativo por desvío de recursos públicos federales.

Y no porque su jefa, la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz, vaya a ceder a las presiones de la regidora panista Marisa Ortiz Mantilla; ni por su distanciamiento con quien fuera su protector en el pasado reciente, el secretario de Obras Públicas del gobierno del estado, Javier García Ramírez; tampoco porque haya sido incapaz de regular y controlar a las empresas propietarias de anuncios espectaculares, que en esta coyuntura electoral han hecho su agosto.

Para nada. Su renuncia en realidad está relacionada con una investigación que le sigue la Secretaría de la Función Pública por desvío de recursos federales, siendo director general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (Ceaspue), durante la gestión de Mario Marín Torres.

De acuerdo con fuentes confiables cercanas al caso, Blas Villegas —en complicidad con algunos funcionarios de la dependencia, como el actual director de Planeación, Alejandro Pérez Morales, y el director Administrativo, Sergio Aguilar de Llano— habría simulado la ejecución de obra pública (plantas de tratamiento) en algunos municipios de la entidad.

Este martes, personal de la Contraloría del estado, que coadyuva en la investigación de la Secretaría de la Función Pública, se apersonó en las oficinas de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento para ultimar algunos detalles del reporte de auditoría.

Trascendió que el monto del desvío asciende a los ocho millones de pesos y que la mayor irregularidad estriba en la simulación de algunas obras en los municipios de San Martín Texmelucan, Izúcar de Matamoros, Teziutlán y Zacatlán, mismas que se pagaron como nuevas, aunque ya estaban realizadas.

Blas Villegas se desempeña actualmente como titular de la Agencia de Protección al Medio Ambiente, cargo que podría dejar en cualquier momento.

Alejandro Pérez Morales funge como director de Planeación de la Ceaspue, aunque al comienzo del gobierno marinista fue nombrado director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, de la que salió por malos manejos, situación que se repitió más adelante en el Instituto de Asistencia Pública del estado de Puebla (IAPEP), durante la gestión de José Garmilla Herrera, quien lo nombró subdirector de Administración de Negocios.

Sergio Aguilar, quien hasta hoy despacha como director Administrativo de la Ceaspue, fue funcionario de la Secretaría de Educación Pública del estado.

Como se verá, puras finas personas.

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Otro funcionario estatal que también está siendo auditado por parte de la Secretaría de la Función Pública es el secretario de Salud, José Alfredo Arango García.

Hasta donde se sabe, los auditores han centrado su análisis en los recursos otorgados por la Federación al estado, a través del llamado Seguro Popular, y con los cuales se habrían adquirido mobiliario, equipo e instrumental médico, así como material de curación, ropa hospitalaria y medicamentos a sobreprecio.

La auditoría es sobre el ejercicio presupuestal del 2009, con énfasis en los últimos meses de ese año, que es cuando Arango fue nombrado secretario de Salud —en sustitución de Antonio Marín y López— y cuando la Federación liberó la mayor parte de los fondos del Seguro Popular.

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A quien todavía no le cae la Secretaría de la Función Pública, ni el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Migración (INM), es a la delegada estatal de este organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, Rocío Sánchez de la Vega Escalante.

Y es que hace 15 días se le escapó de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración un colombiano, hecho que ha pretendido ocultarse a la opinión pública para no afectar la imagen de la joven funcionaria federal panista.

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Simón dice:

«Cuando llega la desgracia, nunca viene sola, sino a batallones.»

William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico.

Por seis meses los fondos del Procedes estuvieron inactivos
Embarcan a Mario Marín con obra sin expediente

Una prueba más de la ineficiencia, desorden y falta de control que priva en la Secretaría de Salud del estado es el reporte de auditoria elaborado por la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal sobre 47 millones de pesos que no fueron ejercidos y estaban destinados a la construcción de un hospital en la Sierra Norte de Puebla.

La partida en cuestión, procedente del Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (Procedes), fue liberada y depositada el 14 de diciembre de 2007 en una cuenta de la Secretaría de Salud, que a su vez transfirió esa cantidad, dos meses después, a otra cuenta de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado.

Sin embargo, como entre el 15 de diciembre de 2007 y el 31 de mayo de 2008, dichos recursos jamás se ejercieron para el fin que habían sido solicitados —la construcción de un hospital integral de Cuetzalan—, la Secretaría de la Función Pública exigió hace casi dos meses su devolución inmediata, así como los rendimientos financieros que éstos generaron.

Así se hizo. El gobierno del estado reintegró a la Tesorería de la Federación los 47 millones de pesos del Procedes junto con 1.1 millones adicionales por concepto de intereses, para evitarse mayores complicaciones con la Secretaría de la Función Pública y, de paso, para que ésta se involucrara directamente en el proceso de fincar responsabilidades a los funcionarios de Puebla implicados en estas irregularidades.

De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social, el gobierno de Puebla no aplicó los recursos del Procedes en el hospital de Cuetzalan —que contaría con 10 consultorios, dos quirófanos, sala de expulsión, 30 camas, laboratorio, Rayos X, fisiatría, urgencias y farmacia, sobre un terreno de 19 mil metros cuadrados— por dos causas:

1. “Falta de control interno por parte de las áreas que operan el Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES) en el Estado”.

2. “Que no se cuente con el expediente unitario de la obra, según lo señaló mediante oficio número COORGT-08/161, de fecha 13 de junio de 2008, el Lic. Ricardo Climent Flores, Coordinador General Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado”.

El caso no sólo exhibe el desorden que reina en la Secretaría de Salud, la negligencia de la SDUOP para elaborar un expediente unitario de obra y las diferencias entre los titulares de ambas dependencias (Roberto Morales Flores y Javier García Ramírez) por el control de la obra pública, sino incluso al gobernador Mario Marín Torres, que el domingo 7 de octubre colocó la primera piedra de lo que sería el hospital de Cuetzalan.

Según el boletín de prensa de ese día, el referido nosocomio beneficiaría a más de 90 mil habitantes de ese municipio de la Sierra Norte, de los cuales 72% son indígenas.

¿Cómo puede el gobernador Mario Marín poner en marcha un hospital cuya obra carece de proyecto ejecutivo y expediente unitario de obra?

¿Cómo el contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez, puede decir que en la Secretaría de Salud no hay corrupción, ni problemas que afecten la operación de la dependencia, si 47 millones de pesos destinados a la construcción de un hospital en Cuetzalan tuvieron que devolverse a la Federación?

¿Que tan grave es la falta de coordinación entre las dependencias del ejecutivo o los pleitos entre los secretarios del gabinete, como para que tres de ellos —Finanzas, Salud y Obras Públicas— hayan sido incapaces de ponerse de acuerdo durante seis meses en la ejecución de una obra?

Son preguntas, que conste.

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“No hay peor ciego que el que no quiere ver”, y eso es precisamente lo que pasa con el contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, quien ayer, para variar, desestimó las denuncias que hizo el secretario de Salud Roberto Morales Flores, y las que se han hecho en contra de éste, atribuyéndolas a diferencias personales y no a cuestiones de corrupción.

En la Secretaría de Salud claro que hay corrupción, y claro que hay auditorías en proceso, aunque no para sancionar a los responsables, sino para encubrir los abusos y desvíos de quienes los han cometido.

Si el contralor dice que en la Secretaría de Salud no hay corrupción, ni problemas que afecten la operación de la dependencia, sería bueno que explicara entonces por qué hay desabasto de medicinas en las jurisdicciones sanitarias, y al mismo tiempo se sacan de ahí 52 toneladas de medicamentos y material de curación caducados, contaminados o echados a perder.

Por qué la Tesorería de la Federación está exigiendo a la Secretaría de Salud la devolución de 47 millones de pesos de recursos no ejercidos en 2007 más 1 millón 102 mil pesos por concepto de intereses.

O cómo van las auditorías que lleva a cabo su dependencia sobre los pedidos y pagos que se hicieron a favor de Comercializadora Sevilla S.A. de C.V., y José Arturo Cedeño Díaz, por los contratos GESFAC-192/2007 y GESFAC 158/2007 sobre el suministro de papelería y ropa desechable por montos de 21 millones 187 mil pesos y 29 millones 509 mil pesos, respectivamente.

Y por qué su coordinador de delegados, Vicente Gil Díaz, acepta invitaciones a comer, en horas de oficina, con los principales proveedores de la Secretaría de Salud como Rafael Zabalza Veraza y Genaro Castillo Gómez.

¿No será que la corrupción también lo salpica?

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Aunque finalmente Luis Paredes Moctezuma ya no se presentó el martes a denunciar ante la Procuraduría General de la República al ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, por traición, sedición, rebelión, sabotaje, terrorismo y conspiración en perjuicio del Estado mexicano, de buena fuente le puedo confiar que el ex alcalde de Puebla está siendo alentado por la actual dirigencia nacional panista –entiéndase Germán Martínez Cázares– para golpear a Espino y sus aliados yunquistas.

Y en ese contexto no le extrañe que el mismo Paredes sea el medio para terminar con el vergonzoso amasiato que mantienen el presidente Felipe Calderón Hinojosa y el gobernador Mario Marín Torres, ahora que se acercan las elecciones federales y la sucesión gubernamental.

Un dato que me permite arribar a esta conclusión es la demanda que, finalmente, ya no presentó Luis Paredes en contra Manuel Espino, en la que también incluía al gobernador Mario Marín como cómplice del ex dirigente nacional del PAN, en las elecciones del 2006, y como aliado de algunos jefes locales de El Yunque, que pretendían enviarlo a la cárcel por supuestos actos de corrupción cometidos durante su gestión como alcalde de la capital poblana.

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Para denunciar y hacer del conocimiento de las autoridades federales la forma en que la Dirección Regional del INEGI, a cargo de Jorge Valdovinos Espinosa, viene contratando a personal directivo de este Instituto, la semana pasada se hizo llegar a la Oficina de la Presidencia de la República y a la Secretaría de la Función Pública esta queja, que ya se investiga:

“Con el pretexto de la autonomía del INEGI, la Dirección Regional con sede en Puebla, ha empezado a realizar nombramientos de funcionarios en puestos que de acuerdo a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, tendrían que haber  sido concursados y fueron realizados por designación de las autoridades del INEGI.

“La semana pasada el M.V.Z. Jorge Valdovinos Espinosa, Director Regional (Calle Italia 75 Centro Comercial Plaza San Pedro, Puebla, Puebla, tel  01 22 23 00 41,  e-Mail jorge.valdovinos@inego.org.mx), presentó como la nueva Directora de Estadística (nivel directora de área) a la Mtra. Margarita Romero Centeno ( margarita romero@ inegi.org.mx), y a la Subdirectora  María Agustina Costa Genazzi ( maria.costa@ inegi,org.mx) y a un nuevo Jefe de Departamento, nombramientos que de acuerdo a lo mencionado en la Ley arriba mencionada, deben ser concursados.

“De acuerdo a la Ley que establece la autonomía al INEGI, menciona que debe nombrarse una Junta de Gobierno, misma que establecerá la normatividad interna, entre otras, la de recursos humanos, a no haberse nombrado esta Junta, la Casta Dorada de la burocracia del INEGI, realiza el acomodo de sus piezas, para seguir manteniéndose con el control del INEGI.

“Uno de los principales cuestionamientos del personal del INEGI, ante estos nombramientos es el de que la nueva Subdirectora no pasa un examen de capacidad mínimo para ocupar este puesto, ya que, del manejo de la computadora solo sabe el de los juegos especialmente el del solitario”.

La denuncia en cuestión no sólo quedó registrada bajo el folio 36422, sino que su autora recibió, con fecha viernes 25 de julio, el acuse correspondiente por parte de la Oficina del Presidente Calderón.

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Para mayor información sobre el tema principal de hoy, le recomiendo se remita a las siguientes columnas:

Roberto Morales Flores, acotado, pero sigue en Salud

Dudas metódicas

Salud, mafia de proveedores

¡Ay Dionisio!

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Un nuevo escándalo está por sacudir la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a su titular Valentín Meneses Rojas por haber nombrado como subsecretario a un compadre suyo que fue inhabilitado y sancionado –hasta en tres ocasiones diferentes– por el gobierno federal.

Se trata de José Guadalupe Castillo Méndez, quien en abril pasado asumió la Subsecretaría de Comunicaciones, en sustitución de Arturo Barbosa Prieto.

De acuerdo con el Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS), de la Secretaría de la Función Pública, el actual subsecretario de la SCT de Puebla fue funcionario de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

Y a su paso por esa dependencia federal, el Órgano Interno de Control lo sancionó en tres ocasiones por negligencia administrativa, como resultado de tres procesos diferentes en 2005.

La primera sanción fue una amonestación pública; la segunda fue su inhabilitación del servicio público, a consecuencia del expediente 084/2002, y la tercera una sanción económica por 28 mil 631 pesos.

El asunto es delicado, pues el funcionario en cuestión es ni más ni menos que el encargado de administrar y mantener en buen estado la red carretera estatal, integrada por 10 mil 800 kilómetros, tareas en la que ejerce fondos federales, del Fonden, participaciones estatales y recursos municipales a través del Programa Unidos por mi camino.

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