* Los hoy críticos del hoyo financiero fueron quienes lo taparon

* Carlos Loranca Muñoz, amplio poder de convocatoria

Ahora que los priístas por conducto del expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, revivieron el tema del hoyo financiero en la gestión de Melquiades Morales Flores, atribuyéndoselo al entonces secretario de Finanzas y Desarrollo Social del estado, Rafael Moreno Valle Rosas, bien vale la pena explicar cómo se originó este déficit financiero, pero también explicar cómo se tapó, y quiénes lo encubrieron.

El llamado hoyo financiero es un asunto espinoso que no sólo exhibe a Moreno Valle y al exgobernador Melquiades Morales como malos administradores sino a distinguidos miembros del PRI que desde el Congreso del estado y la Secretaría de Finanzas lo encubrieron y convirtieron en deuda pública.

Para desglosar el tema es necesario explicar primero qué es el hoyo financiero y cómo se originó.

El hoyo financiero puede resumirse como el resultado deficitario en el manejo de los ingresos y egresos del gobierno del estado y el ocultamiento de pasivos no registrados entre los años de 1999 y 2002, cuando la Secretaría de Finanzas estuvo a cargo del hoy candidato de la coalición opositora a la gubernatura, Rafael Moreno Valle.

Según la cuenta pública correspondiente al primer año de gestión del sexenio melquiadista, el gobierno del estado gastó más de lo captó en ese ejercicio fiscal.

En 1999 la administración estatal obtuvo ingresos por un total de 14 mil 207 millones, pero sus gastos ascendieron a 14 mil 490 millones de pesos, lo que arroja un primer déficit por 282.6 millones de pesos.

En la cuenta pública del 2002, que corresponde al último año de Moreno Valle al frente de la Secretaría de Finanzas, la diferencia entre lo que ingresó y se gastó el gobierno melquiadista volvió a ser deficitaria en 98 millones de pesos.

Sin embargo las cuentas por cobrar y por pagar de la administración estatal se dispararon.

De acuerdo con las notas del auditor externo, el gobierno melquiadista cerró el año 2002 con 410 millones de pesos en cuentas por cobrar y con 1,291 millones de pesos en cuentas por pagar a diversos municipios, y proveedores de bienes y servicios.

Este es el hoyo financiero: un déficit en las finanzas estatales por 1,500 millones de pesos.

Las causas de su origen son diversas, aunque los críticos de Moreno Valle, entre ellos su otrora aliado Enrique Doger Guerrero, las han simplificado en los siguientes puntos:

° Más burocracia, y mejores sueldos para funcionarios, lo que ocasionó que el capítulo de Servicios Personales pasara de 596 millones a 1,488 millones de pesos, de 1999 a finales de 2002.

° Aumentos constantes en las partidas de Asesorías, Estudios de Investigación y Gastos de Promoción e Imagen, en ese mismo periodo. La partida de Asesorías se elevó de 15 millones a 53 millones; la de Estudios de Investigación de 3 millones a 50 millones, y la de Promoción e Imagen de 14.5 millones a 54 millones de pesos.

° La discrecionalidad con que se manejaron y crearon algunas partidas secretas, como la denominada Apoyo a Instituciones sin Fines de Lucro, para la cual se liberaron más de 193 millones de pesos, de los cuales 24 millones se canalizaron a una sola organización a cargo de Luis Maldonado Venegas, exdirigente nacional de Convergencia.

Pero si las causas que provocaron el hoyo financiero son censurables, también lo son los personajes que al año siguiente, en lugar de sancionar al o los responsables de este déficit, lo encubrieron.

Me refiero a los diputados de la LV Legislatura, que son quienes aprobaron la cuenta pública del 2002 y del 2003 en la cual los pasivos no registrados por Moreno Valle se convirtieron en deuda pública mediante la contratación de un crédito por 1,500 millones de pesos.

Entre los diputados de la LV Legislatura que avalaron con su voto las cuentas públicas de los tres últimos años de Melquiades Morales y el hoyo financiero de Moreno Valle destacan los siguientes: Javier López Zavala, Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, Juan Manuel Vega Rayet, Alejandro Armenta Mier, José Luis Márquez Martínez, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, René Lechuga Fosado y Mario Montero Serrano. 

Como se verá, priístas que no sólo están en activo, sino que son pieza clave en la campaña de la Alianza Puebla Avanza.

¿Con qué autoridad moral estos exdiputados pueden cuestionar hoy a Moreno Valle y el hoyo financiero, si ellos en su momento actuaron como cómplices de éste y Melquiades Morales para encubrirlo?

¿Por qué cuando eran diputados y tenían la obligación de cuidar el patrimonio y la hacienda pública estatal no denunciaron los excesos y el dispendio de Moreno Valle que hoy tanto critican?

¿Acaso porque entonces era priísta y un serio prospecto para suceder a Melquiades Morales en Casa Puebla?

¿Por qué en lugar de sancionarlo y fincarle responsabilidades se hicieron de la vista gorda, y hasta consintieron que estos pasivos fueran pagados en 2003 y 2004 con un crédito por 1,500 millones de pesos y los ingresos producto de la bursatilización de la Vía Atlixcáyotl?

¿No sería que antes les convino actuar como tapaderas, y ahora que están en campaña quieren usar el tema para desacreditar a su otrora aliado sin medir las consecuencias de su incongruencia?

Seriedad señores. Seriedad.

EN CORTO

Este fin de semana recibí una llamada de Pablo Rodríguez Regordosa, vocero del candidato de la coalición Compromiso por Puebla a la gubernatura, Rafael Moreno Valle Rosas, para hacerme saber que él nada tuvo que ver con la intervención de José Antonio Escalera Espinosa en la reunión que los directivos y socios del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla tuvieron la mañana del martes pasado con el candidato de la Alianza Puebla Avanza a la gubernatura, Javier López Zavala.

El diputado federal panista me aclaró que su encuentro con José Antonio Escalera, la noche del lunes en un Italian Coffee de la 31 Poniente, obedeció a un asunto estrictamente profesional, pues al expresidente de la Cámara de la Construcción le contrató la edificación de su nueva casa.

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Un amplio poder de convocatoria fue el que este sábado mostró el magistrado federal Carlos Loranca Muñoz para festejar su cumpleaños con una comida en su casa del municipio de Acajete, hasta la que llegaron magistrados y jueces estatales, abogados, funcionarios de los tres niveles de gobierno, empresarios, directores de medios de comunicación y amigos del exitoso abogado penalista.

Carlos Loranca, quien actualmente se desempeña como presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, tuvo como principales invitados al gobernador Mario Marín Torres y a su esposa Margarita García.

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El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, suspendió de último momento su asistencia al mitin que este domingo tenían programado los candidatos de la coalición opositora Compromiso por Puebla en el Paseo Bravo.

Los enterados aseguran que Marcelo fue invitado por la gobernadora de Zacatecas, Amalia García, para apuntalar la campaña del candidato del PRD a la gubernatura de esa entidad, en la que se han prendido focos amarillos ante la posibilidad de una sonada derrota electoral.

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Uno de los soportes del candidato a diputado local de la coalición opositora por el distrito Huauchinango, Jorge de la Fuente, y que contribuyó a que Marcelo Ebrard se trasladara hasta ese municipio de la sierra norte para apoyarlo, es el subsecretario de gobierno del Distrito Federal, Juan José García Ochoa.

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Este martes estará en Puebla para sumarse a los candidatos de la coalición opositora la coordinadora del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota.

Comenzará su gira proselitista con un desayuno en su casa de la avenida Reforma 511 de esta ciudad, teniendo como invitados a algunos directores de medios de comunicación.

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Simón dice:

«La sumisión a un hombre débil es disciplina. La sumisión a un hombre fuerte es sólo servilismo.»

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico.

De un momento a otro, Blas Villegas Lara podría dejar la dirección de la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del ayuntamiento de Puebla, ser inhabilitado del servicio público y sujeto a un proceso administrativo por desvío de recursos públicos federales.

Y no porque su jefa, la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz, vaya a ceder a las presiones de la regidora panista Marisa Ortiz Mantilla; ni por su distanciamiento con quien fuera su protector en el pasado reciente, el secretario de Obras Públicas del gobierno del estado, Javier García Ramírez; tampoco porque haya sido incapaz de regular y controlar a las empresas propietarias de anuncios espectaculares, que en esta coyuntura electoral han hecho su agosto.

Para nada. Su renuncia en realidad está relacionada con una investigación que le sigue la Secretaría de la Función Pública por desvío de recursos federales, siendo director general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (Ceaspue), durante la gestión de Mario Marín Torres.

De acuerdo con fuentes confiables cercanas al caso, Blas Villegas —en complicidad con algunos funcionarios de la dependencia, como el actual director de Planeación, Alejandro Pérez Morales, y el director Administrativo, Sergio Aguilar de Llano— habría simulado la ejecución de obra pública (plantas de tratamiento) en algunos municipios de la entidad.

Este martes, personal de la Contraloría del estado, que coadyuva en la investigación de la Secretaría de la Función Pública, se apersonó en las oficinas de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento para ultimar algunos detalles del reporte de auditoría.

Trascendió que el monto del desvío asciende a los ocho millones de pesos y que la mayor irregularidad estriba en la simulación de algunas obras en los municipios de San Martín Texmelucan, Izúcar de Matamoros, Teziutlán y Zacatlán, mismas que se pagaron como nuevas, aunque ya estaban realizadas.

Blas Villegas se desempeña actualmente como titular de la Agencia de Protección al Medio Ambiente, cargo que podría dejar en cualquier momento.

Alejandro Pérez Morales funge como director de Planeación de la Ceaspue, aunque al comienzo del gobierno marinista fue nombrado director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, de la que salió por malos manejos, situación que se repitió más adelante en el Instituto de Asistencia Pública del estado de Puebla (IAPEP), durante la gestión de José Garmilla Herrera, quien lo nombró subdirector de Administración de Negocios.

Sergio Aguilar, quien hasta hoy despacha como director Administrativo de la Ceaspue, fue funcionario de la Secretaría de Educación Pública del estado.

Como se verá, puras finas personas.

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Otro funcionario estatal que también está siendo auditado por parte de la Secretaría de la Función Pública es el secretario de Salud, José Alfredo Arango García.

Hasta donde se sabe, los auditores han centrado su análisis en los recursos otorgados por la Federación al estado, a través del llamado Seguro Popular, y con los cuales se habrían adquirido mobiliario, equipo e instrumental médico, así como material de curación, ropa hospitalaria y medicamentos a sobreprecio.

La auditoría es sobre el ejercicio presupuestal del 2009, con énfasis en los últimos meses de ese año, que es cuando Arango fue nombrado secretario de Salud —en sustitución de Antonio Marín y López— y cuando la Federación liberó la mayor parte de los fondos del Seguro Popular.

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A quien todavía no le cae la Secretaría de la Función Pública, ni el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Migración (INM), es a la delegada estatal de este organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, Rocío Sánchez de la Vega Escalante.

Y es que hace 15 días se le escapó de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración un colombiano, hecho que ha pretendido ocultarse a la opinión pública para no afectar la imagen de la joven funcionaria federal panista.

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Simón dice:

«Cuando llega la desgracia, nunca viene sola, sino a batallones.»

William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico.

En el transcurso de los próximos días, el caso de la Financiera Coofia podría dar un vuelco en perjuicio del gobierno del estado.

Y es que los principales directivos y accionistas de esta suspendida sociedad de ahorro, inversión y crédito popular —los hermanos Medina Soane— podrían obtener el amparo de la justicia federal, para dejar sin efecto las órdenes de aprehensión giradas en su contra.

Pero además exigir la liberación de algunos de sus ejecutivos presos, de sus cuentas congeladas y de sus oficinas, para —según ellos— establecer contacto y encontrar mecanismos que les permitan atender las obligaciones contraídas con sus clientes, empleados y proveedores.

En otras palabras, los directivos de Financiera Coofia podrían pasar a la ofensiva y reclamar a las instituciones y dependencias con las cuales venían laborando, antes que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la desconociera como sociedad de ahorro e inversión, los pagos que la Secretaría de Finanzas y la BUAP, entre otras, han venido cobrando a sus empleados por créditos otorgados por Coofia.

Estos pagos ascenderían a 340 millones de pesos, cifra 50 millones de pesos menor a la que el gobierno del estado y el fideicomiso Fipago pagarán a los cerca de 23 mil 640 defraudados de esta sociedad cooperativa.

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El profesor Guillermo Aréchiga Santamaría, presidente del Comité de Acción Política del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sostuvo el domingo 25 de abril una interesante reunión con jóvenes universitarios, a los que trató de convencer para sumarse a la campaña de Rafael Moreno Valle a la gubernatura de Puebla.

Pero también de la conveniencia de que desde ahora se conviertan en sus operadores políticos, ya que en las elecciones de 2013 él será el «candidato natural» en la contienda por la presidencia municipal de Puebla, gracias al apoyo de la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales.

A la reunión asistieron una treintena de estudiantes de distintas universidades públicas y privadas de Puebla, entre ellos Jaime Barrientos, de la Asociación Nacional de Estudiantes en Ciencias Políticas y Administración Pública (ANECPAP).

Guillermo Aréchiga dijo a los universitarios que Moreno Valle cuenta con un buen posicionamiento y el respaldo magisterial para ser el próximo gobernador del estado, y que la decisión de SNTE de jugarle las contras a Mario Marín y a su candidato Javier López Zavala.

Ahí también trascendió que en la escuela de la esposa del profesor Guillermo Aréchiga, ubicada a un costado de la casa de campaña del priísta Edgar Chumacero, en la junta auxiliar de San Baltasar Campeche, son frecuentes las reuniones de la esposa de Moreno Valle con diferentes actores políticos y sociales, y que en el encuentro de ese domingo los universitarios fueron instruidos a emprender, en las redes sociales de internet, una campaña de desprestigio en contra de López Zavala por su supuesto origen guatemalteco.

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Simón dice:

«La única manera de ser seguido es correr más deprisa que los demás.»

Francis Picabia (1879-1953) Pintor francés.

Que la empresa Grupo Proisi, que era la favorita del presidente del IEE, Jorge Sánchez Morales, para hacerse cargo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) durante los comicios locales del próximo 4 de julio, decidió retirarse del concurso en que participaba junto con otras tres firmas.

En tales circunstancias, lo más probable es que los consejeros y directores que integran el Comité de Adquisiciones del IEE se inclinen por el despacho DSI Elecciones o la empresa Plásticos y Metales MYC.

La primera firma, que tiene experiencia en trece procesos electorales, presentó una cotización por 25 millones 500 mil pesos, que incluye el PREP y un sistema de evaluación y seguimiento de la capacitación electoral denominado e-Learning, mientras que la propuesta económica de la segunda asciende a 16 millones 716 mil pesos.

El problema de Plásticos y Metales MYC es que formalmente carece de experiencia en la operación de programas de resultados electorales preliminares, ya su especialidad es la fabricación de material electoral, como urnas y mamparas, por lo que el PREP en realidad lo subcontrataría al director de Sistemas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Víctor Guerra Ortiz.

La decisión final se votará este jueves o viernes en el Comité de Adquisiciones del IEE.

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Que en el equipo de campaña de Eduardo Rivera Pérez, candidato a la alcaldía capitalina de la coalición opositora Compromiso por Puebla, hay confianza de lograr un repunte en las encuestas electorales, por el apoyo que éste tendrá de algunos empresarios locales y figuras del panismo nacional que vendrán a sumarse a su proyecto.

Entre las personalidades que en mayo harán campaña al lado de Eduardo Rivera destacan la coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, el expresidente del CEN, Germán Martínez Cázares, y el actual dirigente nacional del blanquiazul, César Nava Vázquez.

Otra figura que en mayo estará en Puebla para apoyar tanto la campaña de Eduardo Rivera, como del candidato a la gubernatura, Rafael Moreno Valle Rosas, es el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón.

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Que el Instituto Electoral del Estado no sólo perdió el juicio que le promovieron ante el Juzgado 5º de lo Civil por adeudos en el arrendamiento del edificio de la 25 Poniente 3316, que no desocupó al vencimiento del contrato, sino que ahora tendrá que pagar cerca de 350 mil pesos a la propietaria del inmueble Raquel Jacobo Chartuni.

Este revés jurídico, que aquí le anticipé desde diciembre del año pasado, es atribuible a la exdirectora administrativa del IEE, Verónica Paola Cruz Castillo, contra la cual no existe a la fecha ningún procedimiento administrativo por parte de la Contraloría Interna para fincarle responsabilidades por negligencia y daño patrimonial.

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Que Luis Banck Serrato se integrará a partir de la próxima semana al equipo de campaña de quien fuera su jefe en la Secretaría de Finanzas, en el sexenio melquiadista, Rafael Moreno Valle.

Luis Banck es un especialista en desarrollo social y regional, que en el sexenio de Melquiades Morales se desempeñó como coordinador general de Planeación e Inversión de la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social; subsecretario de Desarrollo Social; secretario técnico del Gabinete y director general del Sistema DIF estatal.

También ha laborado como coordinador de asesores del secretario de Trabajo del gobierno federal, Javier Lozano Alarcón, y como secretario de Desarrollo Social en el ayuntamiento de Puebla durante la gestión de Enrique Doger Guerrero.

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Simón dice:

«La mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento. Pero la estructura equivocada es una garantía de fracaso.•

Peter Drucker (1909-2005). Escritor y consultor austriaco.

¿Sabía usted que el presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jorge Sánchez Morales, pretende llevarse la sede del organismo a las que fueron las oficinas de Javier López Zavala, como coordinador estatal de Promoción al Voto del PRI en las elecciones locales del 2007?

¿Y sabía que el despacho donde Jorge Sánchez instalaría la oficina de la presidencia del Instituto es el mismo que tenía López Zavala en ese edificio del Boulevard Atlixco a la altura de la 19 Poniente?

¿Y sabía usted que ese capricho, de trasladar la sede del IEE a ese infuncional inmueble, propiedad de los hijos del difunto doctor Miguel Martínez Villalpando, le costará al organismo electoral la friolera de 218 mil pesos mensuales?

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Otra opción, quizás más funcional, pero aún más onerosa para las arcas del Instituto Electoral del Estado que la anterior, es el casco de hacienda ubicado en la 11 Sur y 31 Poniente, en el que hasta hace unos meses operaba una franquicia del restaurante Mi Viejo Pueblito.

Los propietarios de ese inmueble pretenden cobrar una renta de 230 mil pesos mensuales más IVA.

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¿Sabía usted que los consejeros de la Comisión Permanente Administrativa del IEE pidieron el pasado 27 de octubre que la Contraloría Interna del Instituto iniciara un procedimiento de responsabilidades a la entonces encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo, por diversas anomalías contables y financieras?

¿Y sabía que entre las acusaciones que se le hicieron figura la falta de comprobación de 1 millón 96 mil pesos de una ampliación presupuestal otorgada por la Secretaría de Finanzas y la solicitud de una partida con cargo al presupuesto de 2010 para la compra de equipo de cómputo destinado al área de Consejo General, que ningún consejero o representante de partido político pidió?

¿Y sabía usted que Cruz Castillo se fue del Instituto sin que la Contraloría le abriera una investigación, tal como lo solicitaron los consejeros Miguel David Jiménez López, Alicia Olga Lazcano Ponce y José Víctor Rodríguez Serrano por Acuerdo 005/COPEAD/27-10-09, y sin que ésta explicara dónde quedó el millón 96 mil pesos que se perdió de la partida destinada a la homologación de sueldos de consejeros en 2008?

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¿Sabía usted que una de las primeras acciones del nuevo director Administrativo del IEE, Francisco Rivera Morán, fue buscar a los consejeros Miguel David Jiménez, Alicia Olga Lazcano y Fidencio Aguilar Víquez, para pedirles su voto de confianza?

¿Y sabía que en esa entrevista Francisco Rivera ofreció meter orden en el caos administrativo que le heredó su antecesora, Verónica Paola Cruz Castillo?

¿Y sabía usted que el nuevo director Administrativo no hará nada para que Cruz Castillo sea sujeta de un proceso administrativo, tendiente a fincarle responsabilidades en el ejercicio de su función?

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Simón dice:

«Algunos hay que parecen zurdos de las dos manos».

Alejandro Casona (1903-1965). Dramaturgo español.

Ayer le comentaba que la administración marinista había tomado la decisión de suspender el financiamiento que había prometido a los productores que llevarían a la pantalla grande la novela del escritor Gabriel García Márquez «Memoria de sus putas tristes«, y que este mes comenzaría a filmarse en locaciones de Puebla y Veracruz.

Hoy le puedo confirmar que tal decisión es irreversible, no sólo por lo que este lunes publicó la periodista Lydia Cacho en su columna Plan B de El Universal, sino porque la recaudación del impuesto sobre nóminas y del impuesto sobre hospedaje se está desplomando.

De mayo a septiembre, la Secretaría de Finanzas registró una caída de 32.5 millones del impuesto sobre nóminas y de 1.5 millones de pesos del impuesto sobre hospedaje.

Para finales de 2009, el gobierno del estado tenía previsto captar por ambos gravámenes —que son administrados por el fideicomiso del Consejo para el Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios— 936 millones de pesos, sin embargo dicha meta no se cumplirá.

Hasta el momento, la recaudación registra una baja de 3.5%, pero la caída podría llegar hasta el 5% al finalizar el ejercicio fiscal de 2009, lo que implicaría una pérdida de 50 millones de pesos.

En comparación con el año pasado, los ingresos por concepto de ambos impuestos disminuyeron 18.7% en junio, 5.4% en julio, 8.9% en agosto, y 9.6% en septiembre, lo que tiene preocupados a los miembros del Consejo para el Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios que deberán canalizar en estos días millonarias partidas a la mejora de la infraestructura y equipamiento de algunos parques industriales de la entidad.

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A propósito.

Aunque los diputados federales priístas, especialmente los poblanos, juraron y perjuraron que no aprobarían ningún nuevo impuesto al consumo, lo más probable es que terminen faltando a su palabra cuando llegue el momento de votar el paquete económico enviado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa al Congreso de la Unión, y en el cual se contempla un gravamen contra la pobreza.

Dicha carga impositiva del 2% sobre el consumo, al que estarán sujetos las personas físicas y morales (sociedades) que en territorio nacional enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes (arrendamiento) e importen bienes o servicios, ha comenzado a ganar terreno entre los priístas, que originalmente se habían pronunciado en contra de él.

Lo paradójico de la cuestión es que hace unos días los legisladores poblanos y el propio gobernador Mario Marín le fueron a expresar al líder de su fracción, Francisco Rojas Gutiérrez, que no apoyarían ese impuesto, no sólo porque así lo habían prometido y suscrito ante notario público en campaña, sino porque estaban convencidos de que éste lejos de aminorar la pobreza y la marginación, haría más pobres a los pobres de este país.

A ver si no cambian de opinión de última hora.

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Trivia:

¿Quién es el exgobernador poblano que podría encabezar en los próximos días una especie de frente antizavalista, con el propósito de que esta rebelión sea capitalizada por la actual presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz?

Un tip y una aclaración.

El tip: entre los integrantes del referido bloque no sólo figuran algunos colaboradores y secretarios de gabinete del susodicho exgobernador, sino algunos diputados federales que se sienten ninguneados o marginados por el actual ejecutivo estatal y su delfín en la sucesión gubernamental, Javier López Zavala.

La aclaración: el exgobernador en cuestión no es Melquiades Morales Flores, con todo y que éste tampoco simpatiza con el secretario de Desarrollo Social del estado, y que algunos de quienes fueron sus más cercanos colaboradores le juegan las contras al actual mandatario estatal.

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Martín Vega Martínez, consultor de origen poblano en la Cámara de Diputados desde hace nueve legislaturas, fue ratificado para seguir asesorando al actual coordinador de la bancada del PRI, Francisco Rojas Gutiérrez.

Vega Martínez es oriundo de Tehuacán y experto en políticas públicas por la Universidad Complutense de Madrid, España.

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El doctor Raymundo García García, de la BUAP, fue distinguido por la UNAM —por medio de sus institutos de Investigaciones Jurídicas e Históricas— y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, para participar en el Coloquio «Los Abogados y la Formación del Estado Mexicano«, donde ministros, investigadores y estudiosos del derecho debatirán temas como la reforma del Estado, la Constitución, la política exterior y los tratados internacionales, la administración de justicia y el diseño de la política interior y las constituciones locales.

El Coloquio se efectuará del 6 al 8 de octubre, y la participación del exdiputado panista Raymundo García se dará el miércoles 7, a las 16 horas, en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, en la mesa denominada Diseño Estatal y Política Interior: Revolución y Siglo XX, al lado de Ignacio Marván Laborde, director de la División de Estudios Políticos del CIDE, y la historiadora María del Refugio González Domínguez, exsubsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

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Tómelo con reserva, pero no descarte a José Tomé Cabrera como futuro conductor de noticias en alguna televisora de Puebla.

Por lo pronto, le puedo anticipar que este martes el aún secretario de Prensa y Propaganda del CDE del PRI se entrevistará con el director de Noticias de TV Azteca Puebla, Juan Carlos Valerio.

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Simón dice:

«El desengaño camina sonriendo detrás del entusiasmo».

Germaine de Staël (1766-1817). Escritora e intelectual francesa.

 * Levantan al constuctor Juan Fueyo McDonald

 So pretexto de que ningún partido político ha presentado hasta el momento una denuncia formal, el presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, ha pretendido hacerse el desentendido frente al descaro publicitario y propagandístico de algunos aspirantes del PRI y el PAN a la gubernatura de Puebla.

El artículo 200 bis del Código de Instituciones y Procesos Electorales vigente dice textualmente: «Ningún ciudadano podrá realizar actividades propagandísticas y publicitarias, con el objeto de promover su imagen personal, de manera pública y con el inequívoco propósito de establecer su postulación a un cargo de elección popular, sólo podrán realizar tales actividades aquellos ciudadanos que participen dentro de un proceso de selección interna de candidatos a cargos de elección popular que lleven a cabo los partidos políticos, ajustándose siempre a los plazos y disposiciones establecidos en esta Ley. El incumplimiento a esta norma dará motivo a que el Instituto, a través de sus órganos competentes y en los plazos correspondientes, fundado, motivado y previamente acreditado el incumplimiento, les niegue el registro como candidato».

La violación a esta disposición es tan evidente que hasta el dirigente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier, ha enviado un escrito al presidente del IEE, solicitándole su intervención y deslindándose de las actividades propagandísticas de algunos aspirantes —que no precandidatos— de su partido.

O es que alguien en su sano juicio puede negar que el mitin de Jesús Morales Flores el domingo 9 de agosto en el zócalo citadino; o las publicitadas comilonas Javier López Zavala, Rafael Moreno Valle y Enrique Doger Guerrero por sus cumpleaños; o los spots televisivos del Indema, promoviendo al expresidente municipal de Puebla, o los spots que el viernes se escucharon en cada corte comercial del noticiario de Iván Mercado «Para Puebla Z» no tienen el inequívoco propósito de promover o posicionar a los beneficiarios de éstos como aspirantes a la gubernatura.

Por favor.

El presidente del IEE no requiere, como el viernes lo planteó el representante del PANAL, Ricardo Mosqueda Lagunes, de facultades para prevenir y exhortar a los partidos y a sus aspirantes de abstenerse de realizar actos anticipados de campaña; lo que necesita es fajarse los pantalones y hacer simplemente lo que el Código Electoral manda.

Es decir, abrir a estos aspirantes un proceso, para que en caso de que decidan postularse como candidatos a la gubernatura, se les niegue el registro.

De otra manera sus exhortos y recomendaciones quedarán simplemente en eso, en palabras huecas o letra muerta, como ha ocurrido con el cacareado artículo 200 bis que incorporó a la legislación electoral de Puebla el tema de las precampañas, apartado que, por cierto, nadie cumple, ni respeta.

Desde el viernes pasado, el empresario Juan Fueyo McDonald, hermano de quien fuera secretario de Administración Urbana en la gestión municipal de Enrique Doger Guerrero, se encuentra desaparecido. La Policía Judicial y sus familiares temen se trate de un secuestro, aunque hasta el cierre de esta columna, nadie había reclamado un rescate.

Del hecho tienen ya conocimiento las autoridades de la Procuraduría General de Justicia y la Policía Judicial, cuyos elementos ya incluso encontraron abandonada en la colonia Magisterial la camioneta del ingeniero Juan Fueyo, una Mercedes Benz ML350.

En el vehículo fueron halladas algunas pertenencias del exvicepresidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de la República Mexicana, Región Sur, como un portafolios, una laptop, una billetera y tarjetas de crédito.

La denuncia sobre su desaparición fue presentada por su esposa este sábado.

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El secretario de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Estatal del PAN, Félix Hernández Hernández, y el representante de este partido ante el Consejo Local del IFE y el Consejo General del IEE, Rafael Guzmán Hernández, sufrieron este sábado un accidente, cuando regresaban por carretera del municipio de Tetela de Ocampo.

El percance automovilístico ocurrió por la tarde y, de acuerdo con fuentes confiables, ninguno de los dos resultó lesionado. Lo único que ambos tuvieron que lamentar fueron los daños materiales que presentó el vehículo de Rafael Guzmán, por el choque y la salida del mismo de la carretera.

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¿Recuerda usted el escándalo que se armó por la supuesta incapacidad del Instituto Electoral del Estado para recuperar 327 mil pesos, que se dejaron como depósito en garantía por el arrendamiento de diversos inmuebles utilizados durante el proceso electoral del 2007?

Pues ahora resulta que el referido adeudo nunca existió y que todo obedeció a un error del presidente del IEE, y la encargada de despacho de la Dirección Administrativa del Instituto, Verónica Paola Cruz Castillo, que registraron esa partida como adeudo cuando en realidad no lo era.

Y es que en los contratos suscritos por el Instituto, con los propietarios de las casas y locales arrendados, se asentó una cláusula que claramente establecía que el referido depósito se ocuparía para el pago del último mes de renta y para reparar los daños o desperfectos que hubiesen sufrido dichos inmuebles durante el proceso electoral del 2007.

Lo que no se explican algunos consejeros es por qué si Jorge Sánchez ya sabía que tales depósitos eran irrecuperables, éste y la encargada administrativa del Instituto los registraron como pasivos, y por qué el propio presidente del IEE le pidió autorización al secretario de Finanzas y Administración del estado, Gerardo Pérez Salazar, para disponer de tales recursos en 2008.

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Simón dice:

«Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen, pierden el respeto».

Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799). Profesor de física y científico

* Rafa Guzmán, sale ileso de accidente vial

El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jorge Sánchez Morales, ha dejado de conducir las mesas del trabajo del Consejo General del organismo; desde la semana anterior estas reuniones son coordinadas y moderadas por el secretario general Noé Julián Corona Cabañas.

De quién fue la decisión, es algo que nadie en el Instituto quiere aclarar.

Lo que sí sabe es que después de que Julián Corona asumió la conducción de las mesas de trabajo del Consejo General del IEE, los tres consejeros que habían decidido abandonarlas —Fidencio Aguilar Víquez, Miguel David Jiménez López y Alicia Olga Lazcano Ponce—, argumentado falta de garantías y condiciones, se reintegraron a las mismas.

Quienes aún no se reincorporan a tales reuniones son los representantes del PAN, Rafael Guzmán Hernández y de Convergencia Jorge Luis Blancarte Morales.

Sin embargo, es probable que este día lo hagan, si es que Julián Corona sigue moderando y coordinando esas mesas de trabajo del Consejo General del IEE.

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Poco gana la Secretaría de Finanzas y Administración tratando de ridiculizar a los legisladores del PAN que —a través de solicitudes de acceso a información pública—tratan de obtener datos y cifras acerca de obras, fondos y fideicomisos que reciben u obtienen financiamiento público estatal o federal.

De entrada, es absurdo que un funcionario de medio pelo de la Secretaría de Finanzas le diga a un diputado del PAN o de cualquier partido político que la información que requiere la gestione en términos del artículo 54 del Reglamento Interno del Congreso del estado, y no por medio de una solicitud de información pública.

Como si ese reglamento estuviera por encima de la carta magna.

Su argumento es tan baladí que cualquiera diría que el artículo octavo constitucional, que consagra el derecho petición, no sirve para nada.

Pero lo peor de todo es que la Secretaría de Finanzas interpreta la Ley de Acceso a la Información Pública como mejor le conviene.

La petición que hace unos días hicieron los diputados panistas sobre el Fondo Metropolitano fue respondida de manera diferente hace siete meses. En noviembre de 2008 la ingeniera Paola Flores solicitó esa información y le dijeron que ésta estaba reservada, y ahora que los legisladores del PAN requieren los mismos datos, les responden que tal información ya está publicada en la página web de la dependencia.

¿Por fin?

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A quienes el fin de semana filtraron la especie —publicada en algunos medios, como El Sol de Puebla— de que un subdelegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social había sido detenido luego de provocar un accidente la madrugada del viernes, en el boulevard Vicente Guerrero a la altura del retorno a La Calera, por conducir en estado de ebriedad, les salió el tiro por la culata.

Y es que el susodicho personaje, Humberto Wilfrido Mendiola Medina, resultó no ser funcionario federal de la Sedesol, sino subdelegado sí, pero del DIF estatal, en contra de quien se integró la averiguación previa 678/2009/ECNTE como presunto responsable de daños y lesiones causadas a los pasajeros de un taxi con el cual se fue a impactar.

Los lesionados, según la nota publicada el lunes por Joel Árcega en El Sol de Puebla, responden a los nombres de Olga Mendoza Vázquez, Juan Jesús Guzmán Santos y Abraham Guzmán Santos.

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Simón dice:
“Un poco de rebelión de vez en cuando es buena cosa”.
Thomas Jefferson (1743-1826). Tercer presidente en la historia de los Estados Unidos.

Este martes estará en la Angelópolis, por primera vez desde su nombramiento como arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, quien el pasado viernes se reunió con el Papa Benedicto XVI en el Vaticano.

La estancia del prelado será breve, si acaso de una semana, pues en los primeros días de marzo partirá a Bogota, para asistir a una reunión del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), del cual es secretario general.

El nuevo arzobispo tiene previsto reunirse con el gobernador Mario Marín Torres y con la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, en lo que será su primer acercamiento con las autoridades civiles de la entidad.

Sánchez Espinosa regresará a Puebla en la segunda o tercera semana de marzo para preparar su toma de posesión, que tendrá lugar, como se ha dicho ya, en el estadio Cuauhtémoc.

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Otro poblano que acaba de llegar a Roma es el diputado federal José Antonio Díaz García, presidente de la comisión bicamaral del Canal del Congreso de la Unión, e integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara Baja.

El legislador panista asistirá a la Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias, que analizará el tema “Percepción científica de la Evolución del Universo y la Vida”, y al Congreso Internacional, que del 3 al 7 de marzo se efectuará en Roma, bajo el título “Evolución biológica: hechos y teorías. Una valoración crítica 150 años después de El origen de las especies”.

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Este martes el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del gobierno federal, Alberto Cárdenas Jiménez, podría llevarse una mala impresión de su homólogo en Puebla, Gustavo Jiménez Aguayo, por el atraso en la liberación de fondos del Programa Alianza para el Campo.

La percepción que cientos de productores y proveedores tienen sobre este rezago es que Jiménez Aguayo o algún funcionario de la Secretaría de Desarrollo Rural o la Secretaría de Finanzas jinetean esos recursos, para quedarse con los intereses que pueden producir en uno o dos meses 450 o 480 millones depositados en cuentas bancarias.

El malestar de los beneficiarios del Programa Alianza para el Campo radica en que ellos entregaron desde diciembre expedientes y actas de las obras y acciones que financiaron con sus propios recursos —como bodegas, invernaderos, centros de acopio y sistemas de riego— para que éstos les fueran repuestos de inmediato, lo que hasta anoche aún no ocurría.

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Simón dice:

“La ambición es el último refugio del fracaso”
Oscar Wilde, dramaturgo y novelista irlandés.

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Por Eduardo González

El pasado 29 de enero el gobernador Mario Marín Torres anunció como parte de las medidas del gobierno estatal para enfrentar la crisis, el recorte de 10 por ciento al salario de los directores de área, coordinadores generales, subsecretarios, secretarios y, el suyo incluido.

Aunque atractiva a nivel mediática, la medida en sí sola causó una gran molestia al interior de la burocracia poblana.

Sin embargo sólo fue una de las 40 disposiciones de racionalidad y austeridad para el ejercicio fiscal 2009, que aplicará en el resto del año la Secretaría de Finanzas, con el aval de la Secretaría de Gobernación y la supervisión de la Contraloría estatal.

A través del oficio-circular 02/2009 de la Comisión Gasto-Financiamiento del gobierno del estado, que fue dado a conocer el pasado 2 de febrero a los titulares de las dependencias y entidades públicas, se especifica además el recorte de 20 por ciento en el gasto de insumos y la cancelación de diversas partidas.

Así, los recursos para el suministro de gasolina se reducen 20 por ciento y los gastos por este concepto privilegiarán al personal operativo, en tanto que los servidores públicos que tengan asignados vehículos deberán cubrir el combustible con sus propios ingresos.

En el mismo porcentaje se verá afectada la reasignación de líneas telefónicas, las partidas para el pago de energía eléctrica, mantenimiento de vehículos así como la compra de refacciones, accesorios y herramientas.

Para los secretarios de gabinete y procuradores se estableció un consumo límite mensual de 450 pesos en servicio de teléfono celular, para subsecretarios o subprocuradores de 350 pesos y para titulares de entidades, de 300 pesos.

En caso de que algún funcionario se exceda, la diferencia se descontará de su salario. Y en caso de extrema austeridad, el servicio se cancelará sin previo aviso.

La administración estatal, dice el documento, eliminó los gastos de asesorías y en caso de requerir estudios éstos se realizarán con personal y recursos propios.

Para las dependencias que tengan asignados vehículos oficiales anteriores al modelo 2000, se les notificó realicen el proceso de desincorporación de los mismos, en el entendido de que en ningún caso se realizará la reposición de las unidades.

El asunto de un gasto austero y racional por parte del sector público es un problema mucho más complejo, y de entrada habría que recordar cómo es que los salarios de los altos funcionarios públicos alcanzaron los niveles actuales.

Y más aún, se transparente el monto y destino de los ahorros, toda vez que la discrecionalidad en el manejo del presupuesto, sí es un recurso que se derrocha.

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Cuando los extremos se juntan

Este viernes, con motivo del cumpleaños de Eduardo García Casas “El Yayo”, se reunirán a comer en el restaurante El Parrillaje de la 43 oriente, el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, el ex presidente de la Concanaco, Eduardo García Suárez, y el nuevo párroco de Xonaca, Víctor Sánchez.

Este último sustituye en ese templo al padre Froylán González Pérez, y también lo hará como encargado de las relaciones públicas de la Arquidiócesis.
A la comida sólo se encuentran invitadas 10 personas, entre ellas las antes mencionadas.

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También en Tlaxcala hace aire

Un escándalo que se cocina en el vecino estado de Tlaxcala tiene que ver con la ex delegada del ISSSTE, Aurora Aguilar Rodríguez, quien renunció a su cargo para buscar una candidatura en el Partido Acción Nacional a fin de instalarse como diputada federal.

En la vecina entidad los detractores de la panista han solicitado se investigue el proceso de reestructuración de 704 créditos para vivienda que fueron encargados a la notaría número 5, pero no la de Tlaxcala, sino la de Huejotzingo, en Puebla, a cargo del fedatario público Alejandro Romero Carreto.

Dicen en Tlaxcala que la actitud de la ex delegada empieza a generar sospechas y lleva un tufo de corrupción, porque nadie se explica ni justifica por qué habiendo notarios en Tlaxcala se optó por encargar la reestructuración de los créditos fuera de aquella entidad, situación que al menos en el ISSSTE, es la primera vez que ocurre en el país.

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