Carlos Cárdenas, detenido y preso en 1993 por homicidio
Rafael Moreno Valle, lo quieren pero le temen en el PAN

Si bien el gobernador Mario Marín Torres tiene razón en afirmar que las policías municipales son un desorden y que a veces éstas contratan como elementos de seguridad a los primeros que se les paran enfrente, me parece que el secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Alejandro Fernández Soto, tampoco es ajeno a esta situación.

Y es que Fernández Soto ha recomendado, al menos en un par de ocasiones, como secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a un personaje con antecedentes penales.

Sí, así como lo lee.

Me refiero a Carlos Cárdenas Ramírez.

¿Le suena el nombre?

En efecto, se trata del actual secretario de Seguridad Pública de San Andrés Cholula, y que en el trienio anterior trabajó en el ayuntamiento de Puebla como inamovible director de la Policía Municipal.

El calificativo de inamovible no es gratuito, pues en la gestión de Enrique Doger Guerrero hubo cuatro titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ––Humberto Vázquez Arroyo, Omar Álvarez Arronte, Ludivino Mora Tejeda y Rolando López Villaseñor–– y ninguno pudo removerlo.

Carlos Cárdenas Ramírez, de acuerdo con la Unidad de Control y Seguimiento de la Policía Judicial del estado, fue detenido y recluido en el Centro de Readaptación Social de Puebla en 1993 por el delito de homicidio.

Esta situación, que es conocida desde febrero de 2005, fue reportada al entonces presidente municipal de Puebla, Enrique Doger, para que reconsiderara el nombramiento de aquel, pero éste no sólo ignoró la advertencia, sino que lo mantuvo como director de la Policía durante los tres años de su gobierno.

Cuando éste concluyó y todos creían que por fin saldría de circulación, Carlos Cárdenas encontró cobijo en el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

Con el cambio de autoridades no fueron los pocos los presidentes municipales que se acercaron al secretario técnico del CESP, Alejandro Fernández, para que les recomendara a un secretario de Seguridad Pública.

Uno de ellos fue el cuestionado edil de San Andrés Cholula, el panista David Cuautli Jiménez, y otro el de San Martín Texmelucan, el ex priísta Noé Peñaloza Hernández.

A uno y a otro les recomendó al mismo personaje: Carlos Cárdenas.

David Cuautli lo contrató, con la promesa ––por parte de Alejandro Soto–– de que el Consejo Estatal de Seguridad Pública apoyaría y bajaría recursos federales adicionales a la Presidencia Municipal de San Andrés Cholula.

Lo anterior es del pleno conocimiento de los regidores y funcionarios de primer nivel del ayuntamiento sanandreseño. David Cuautli se los ha confesado. La primera vez cuando le recriminaron el nombramiento de un ex funcionario dogerista y, la segunda cuando la regidora de Gobernación, Celia María Rivera Zárate, puso en entredicho el desempeño de Carlos Cárdenas como secretario de Seguridad Pública.

Al presidente de Texmelucan, Noé Peñaloza, también le fue recomendado Carlos Cárdenas.

Tras la destitución a mediados de mayo de su primer director de Seguridad Pública, el zavalista Teodomiro Ortega González, el edil Noé Peñaloza pidió una recomendación a las autoridades estatales para encontrar un sustituto y éstas le mencionaron el nombre del actual secretario de Seguridad Pública de San Andrés.

Carlos Cárdenas hizo acto de presencia en Texmelucan, y aunque no dejó la comuna cholulteca para irse a trabajar con Noé Peñaloza, sí acomodó a no pocos recomendados suyos con el nuevo director de Seguridad Públicas, Diógenes Katt Morales, otra auténtica fichita venida de Tijuana, de quien próximamente se conocerán detalles, y no precisamente favorables.

EN CORTO
Vaya paradoja la que enfrenta el Partido Acción Nacional en Puebla.

Quiere hacerse de la gubernatura del estado en las elecciones locales del 2010, pero la mayoría de sus aspirantes a este cargo de elección popular son poco conocidos, y por lo mismo tienen un bajo nivel de confianza y de intención de voto.

La única excepción es el senador Rafael Moreno Valle Rosas, quien, en sentido estricto, no es miembro activo del PAN, sino adherente.

El prospecto de la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo, es hoy por hoy ––según las encuestas–– el precandidato a la gubernatura mejor posicionado entre los electores de la entidad, pero también el que más ruido genera entre los grupos y dirigentes locales que en los últimos años han controlado el PAN.

Los propios panistas saben que con él, el camino a Casa Puebla se les allanaría, pero temen que una vez que éste asuma la gubernatura los desplace del partido y del gobierno.

De ahí la declaración de su dirigente nacional, Germán Martínez Cázares, en el informe que los senadores y diputados poblanos del PAN rindieron este sábado en el Complejo Cultural Siglo XXI, en el sentido de que su partido no está dispuesto a hipotecar su pensamiento de siempre a cambio de un triunfo, ni a cambiar su doctrina para satisfacer un capricho personal.

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Otros que también están preocupados por la proyección de Rafael Moreno Valle son los priístas, sobre todo los cercanos al secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, y más después de la negativa de algunos ediles priístas que se rehusaron a retirar sus pendones, pese a las instrucciones que en ese sentido se les giraron desde el PRI y algunas oficinas públicas.

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Y hasta próxima.

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Cuánta razón tiene el gobernador Mario Marín Torres cuando afirma que las policías municipales son un desorden

Cuánta razón tiene el gobernador Mario Marín Torres cuando afirma que las policías municipales son un desorden (aunque yo diría que no sólo éstas) y que no pocos alcaldes de la entidad contratan como agentes de seguridad a los primeros que se les paran enfrente (y yo agregaría: o que les recomiendan autoridades superiores).

Un ejemplo del desorden que priva con las policías de Puebla –como consecuencia de la ausencia de expedientes sobre quienes ingresan o desertan de los cuerpos de seguridad y de filtros que prevengan la contratación de delincuentes o de elementos con antecedentes penales– es San Martín Texmelucan.

Noé Peñaloza Hernández, alcalde de este municipio –el tercero en número de habitantes de la entidad–, tiene en la nómina a dos comandantes de Tránsito que fueron consignados, en 2006, como presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de autos en los estados de México, Puebla y Tlaxcala.

Ellos son Juan Manuel Cebada Salazar y Enrique Salinas Estévez.

Los nombres de ambos aparecen en la averiguación previa 31/2006/ERVT/SMT como responsables de la comisión del delito de robo calificado equiparado, misma que no es desconocida por las actuales autoridades emanadas del Partido Nueva Alianza (PANAL) ni por las anteriores, surgidas del PAN y encabezadas por Rubén Garrido Muñoz.

Según dicha averiguación –donde se consignan las declaraciones del agente judicial Gaudencio Hernández González–, la banda de robacoches era dirigida por Marcelo Alvarado García y Julio Islas León, además de contar con la participación de Juan Manuel Cebada y Enrique Salinas, quienes desde entonces prestaban sus servicios como agentes de Tránsito en Texmelucan.

Todos ellos, junto con seis automóviles reportados como robados y que estaban en su poder, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Jorge Pérez Melchor, adscrito a la Agencia Especializada en Investigación de Robo de Vehículo y a Transporte en Carretera de San Martin Texmelucan, el 2 de marzo de 2006.

¿Y sabe qué ha pasado desde entonces?

Nada, salvo que los dos agentes de Tránsito acusados del delito de robo calificado ahora son comandantes en el mismo municipio donde fueron detenidos.

¡Viva la impunidad!

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A propósito.

No lo cuente en voz alta, pero el munícipe de San Martín Texmelucan, Noé Peñaloza, pronto podría verse envuelto en un nuevo escándalo, peor que los de Lara Grajales, Atlixco y Tlapanalá, por citar los más recientes.

Y es que de acuerdo con fuentes confiables, el nuevo secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Texmelucan, Diógenes Katt Morales, está siendo investigado por vínculos con el tráfico de enervantes al menudeo.

Diógenes viene de Tijuana y tiene como subordinados en la Secretaría a personajes que trabajaron para Enrique Doger Guerrero en el ayuntamiento de Puebla.

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La concesión parece ilegal y los costos elevados

¿Es legal la concesión otorgada a la empresa Autovías Concesionadas OHL S.A. de C.V., para que construya, opere y cobre una cuota de peaje durante 30 años en el llamado Libramiento Norte de la Ciudad de Puebla, una autopista de 34 kilómetros de Amozoc a Xoxtla que correrá en paralelo a la autopista México-Puebla?

¿Por qué dicha obra, que tendrá un costo de 2,000 mdp, se entregó bajo el título de concesión, al margen de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma?

¿Por qué la Secretaría de Comunicaciones y Transportes argumenta que la concesión del Libramiento Norte de la ciudad de Puebla no está sujeta a esta legislación, sino a la Ley General de Bienes del Estado?

¿Cómo puede el gobierno estatal concesionar un bien que no le pertenece, ni ha expropiado por causas de utilidad pública, como son los terrenos ejidales y de particulares por las que cruzará la nueva autopista?

¿Acaso la Ley General de Bienes del Estado no aplica para los bienes de dominio público en la entidad, como son los inmuebles que forman parte del patrimonio estatal municipal, o aquellos que siendo de particulares fueron adquiridos por el Estado?

¿Por qué la gestión marinista decidió, sin licitación pública nacional o internacional de por medio, asignar esa obra de manera directa a la constructora española Obrascón, Huarte y Lain (OHL) a través de su filial mexicana Autovías Concesionadas OHL S.A. de C.V.?

¿A poco OHL fue la mejor alternativa que encontraron las autoridades poblanas para hacer el Libramiento Norte de la Ciudad de Puebla?

Si así fuera, ¿alguien del gobierno estatal podría explicar la diferencia de costos que hay por kilómetro entre el Libramiento Norte, concesionado por el gobierno de Mario Marín a OHL, y el Arco Norte, licitado por el gobierno federal y asignado al Grupo Constructor Diamante y Construcciones y Puentes de Chihuahua.

¿Si ambas autopistas serán de cuatro carriles, por qué en la primera el costo por kilómetro es de casi el doble que en la segunda?

Según OHL, para los 34 kilómetros del Libramiento Norte de la Ciudad de Puebla invertirá 120 millones de euros, es decir, 1,832.4 millones de pesos, calculando un tipo de cambio de 15.27 pesos por euro.

En cambio el Arco Norte, que conectará al municipio de Atlacomulco con San Martín Texmelucan a lo largo de 221 kilómetros de longitud, costará 6,000 millones de pesos.

¿Por qué en la primera el costo por kilómetro es de 53.9 millones de pesos, y en la segunda de 27.1 millones de pesos?

Insisto: ¿De veras la concesión de esa autopista paralela a la México-Puebla, en el tramo de Xoxtla a Amozoc, fue la mejor opción que encontró el gobierno del estado para sacar adelante esa obra?

¿No habría sido mejor licitarla públicamente?

¿O es que hay gato encerrado en esta polémica concesión?

Son meras preguntas, que conste.

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Para mayor información sobre el tema, le recomiendo revise los siguientes links:

– Viola OHL la Constitución al comprar terrenos para Libramiento Norte

– Instalará OHL tres casetas de peaje en Libramiento Norte de Puebla

– Confirma Marín concesión millonaria a OHL; “es legal”

– Listo para 2008 el libramiento Arco Norte de la Ciudad de México: SCT (El mexicano)

– Listo primer tramo de autopista Arco Norte en febrero: SCT (CMIC)

– Fox Contigo del 23 de agosto de 2003. Parte II

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Es tan firme el compromiso de los diputados locales con la transparencia y la legitimidad del órgano encargado de hacerla efectiva en la entidad —la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP)— que su cuestionado presidente Antonio Juárez Acevedo pudo irse de vacaciones sin ninguna preocupación y sin que nadie lo molestara.

El pasado 13 de julio, el diputado Pablo Fernández del Campo prometió agilizar la investigación que se le sigue a Juárez Acevedo, tendiente a corroborar si éste era miembro y directivo de la agrupación política Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP, en diciembre de 2004.

Ese domingo, el legislador priísta ofreció no sólo incorporar a la investigación del Poder Legislativo los documentos difundidos por El Sol de Puebla y e-consulta, que involucran a Juárez Acevedo como secretario general de Plataforma Cuatro, sino mandar una comisión tanto a las oficinas centrales del IFE como a la notaría número 27 de Veracruz, para que comprobaran la autenticidad de los actas y directorios que se publicaron.

A tres semanas de distancia, no hay ningún avance. El personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos que acudió al IFE se encontró con que el personal estaba de vacaciones; y el titular de la dependencia, Edgar Sánchez Farfán, estimó que no tenía caso viajar a Veracruz cuando podría hacer llegar su petición a la Notaría de Veracruz por mensajería.

De más está decir que el Congreso y la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales —responsable de la investigación a Juárez Acevedo— no tienen ninguna prisa y menos después de que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con el voto en contra de todos los legisladores de oposición, las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla.

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Las maniobras de María Luisa Huerta Rodríguez —viuda del extinto regidor de Gobernación de San Martín Texmelucan, Efrén Ronco Ceferino— para ocupar el lugar que dejó vacante su marido o por convertirse en la directora del Sistema DIF municipal, ya agotaron la paciencia del presidente municipal Noé Peñaloza Hernández.

Y no es para menos, pues, en aras de lograr su propósito, Huerta Rodríguez emprendió una campaña negra de correos y filtraciones en contra del director del DIF municipal, Gerardo Martínez, y la coordinadora de los Centros de Atención Infantil Comunitaria, Susana Vega López, involucrándolos en falsas denuncias de corrupción y acoso sexual.

Descubierta su maniobra, Noé Peñaloza ordenó su separación del DIF y de la coordinación de la Estancia de Día y el Programa de Despensas, por conflictiva y por inepta, ya que su negligencia en el envío al Sistema DIF estatal de los padrones de beneficiarios de las despensas Proaba y Proama, provocó que éstas estuvieron a punto de perderse.

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Cuatro funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del estado ya fueron sembrados en los distritos o regiones por los cuales quieren ser diputados al Congreso de la Unión, con la bendición del PRI estatal y de Javier López Zavala. Se trata de Fernando Morales Martínez, delegado en Tecamachalco; Alberto González Morales, delegado en Tepeaca; Sara Chilaca Marínez, delegada en San Pedro Cholula; e Isabel Merlo Talavera, delegada en Atlixco.

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Por Fernando Pérez Corona

Uno de los escenarios más analizados  por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al caso Lydia Cacho fue el posible concierto de autoridades en contra de la autora de “Los demonios del edén”.

Con base en la conversación telefónica entre el gobernador Mario Marín Torres y el empresario Kamel Nacif Borge, la discusión entre los integrantes del máximo tribunal del país estuvo encauzada hacia la supuesta confabulación entre los poderes Ejecutivo y Judicial para violar los derechos de la periodista, y la nula posibilidad del Legislativo para sancionar esta acción ilegal.

El final, ya lo conocemos.

En esta semana, no está de más recordar el reclamo de Cacho Ribeiro.

¿Por qué?

Tan sólo reflexione conmigo:

¿Qué posibilidades tenemos los poblanos de que el Congreso local legisle en beneficio de nosotros, si la mayoría priísta se impone y acata la indicación del gobernador?

Así sucedió con la Ley de Transparencia.

Decidieron con base a los intereses del mandatario, ni siquiera en relación con sus propias ideas.

Los diputados del instituto tricolor no escucharon a la gente y tomaron la decisión de caminar hacia donde les ordenaron.

Y todo nos viene de golpe y porrazo.

El pasado fin de semana, una maniobra en el Poder Judicial ordenada desde el Poder Ejecutivo permitió al Fideicomiso Atlixcáyotl-Quetzalcoatl recuperar el Parque del Arte y desalojar a Puebla Verde, específicamente a Verónica Mastretta.

Los jueces habían partido de vacaciones a las 3 de la tarde y a las 6 todavía un diligenciario salió a cumplir con su deber.
Ajá.

Pero no fuera uno, porque padecemos las de Caín.

En breve, la elección (¿o designación?) del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

¿Hay posibilidades de proponer al mejor?
No.

La decisión está en manos del gobernador Mario Marín Torres.
Como siempre.

A merced del señor gobernador.
Indefensos.

En corto

¿Sabe usted algo acerca de la construcción del Libramiento Norte de la ciudad de México, el cual tendrá una longitud de 224 kilómetros, desde San Martín Texmelucan hasta Atlacomulco, estado de México? Si carece de esta información, le cuento que la vía terrestre atravesará las autopistas México-Pachuca y México-Querétaro, así como las carreteras Texcoco-Apizaco y México-Tulancingo. Además formará parte del corredor del altiplano y enlazará cinco corredores troncales. La obra está a cargo del Grupo Carso, de Carlos Slim, y estaría terminada este año. Pero no. Falta mucho para terminar. Para empezar, no están resueltos los problemas con ejidatarios y comunidades que reclaman obras complementarias. ***** Otra sobre carreteras. Además del Libramiento Norte, la empresa española Obrascón-Huarte-Lain (OHL) tiene otras obras relacionadas con Puebla, aunque estas no fueron negociadas en el despacho del gobernador Mario Marín Torres. OHL construye el circuito exterior mexiquense, en un tramo de Huehuetoca al oriente del Distrito Federal; pero, además, tendrá a su cargo la segunda fase de la autopista Puebla-Chalco, con una longitud de 100 kilómetros. ¿Estará pensando en conectar esta autopista con el Libramiento Norte? ¿Será? ¿De ahí la necesidad de tener tres casetas de peaje? ¿Un punto de cobro servirá para unir las dos vías terrestres? Piensa mal y acertarás. ***** Por cierto, la tarde de este lunes me dio coraje encontrarme en internet con la orden del día de la sesión pública del Congreso local del pasado 3 de julio, pues el diputado José Manuel Benigno Pérez Vega, promovió el “Punto de Acuerdo” para exhortar “al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a informar a esta Soberanía sobre la concesión al grupo español OHL para que construya el arco norte del periférico”. Ojalá y a estas alturas el célebre Pepe Momoxpan sepa que el Libramiento Norte de la ciudad de Puebla no tendrá conexión con el Periférico, que son dos vialidades distintas. ***** Y ya que hablamos de la ignorancia de nuestros legisladores, la semana pasada, navegando por las ondas hertzianas encontré una entrevista en vivo de la priísta Bárbara Ganime respecto al próximo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH). La sorpresa fue mayúscula cuando la integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura proponía, en lugar de un ombudsman, una “ombudswoman”. ¿¿¡¡ Quéeeee !!?? No es inglés. La palabra ombudsman es de origen sueco y significa «representante del ciudadano”. Así, pues, el femenino de ombudsman es ombudskvina u ombudsperson. Para evitar problemas, sería correcto tan sólo decir la ombudsman. Olviden eso de “ombudswoman” (ya dejen de ver las añejas series gringas de Wonderwoman y The Bionic Woman, o las historietas de Catwoman, e incrementen su acervo cultural). ***** Para festejar el 40 aniversario del movimiento estudiantil de 1968, el Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México prepara una exposición de fotógrafo oriundo de Zacatlán, Manuel Gutiérrez Paredes, mejor conocido como “Manachito”, cuando era fotógrafo de Luis Echeverría. Como se recordará, tras su muerte su familia heredó una colección de mil 268 fotografías, las cuales fueron vendidas por su hermana a la máxima casa de estudios, la cual realizó la digitalización del lote en 2002. Las fotografías serán expuestas junto con el archivo del ex gobernador de Veracruz (1962-68), Fernando López Arias.

Y hasta pronto.
Mañana vuelve Rodolfo Ruiz a este espacio.
Cualquier comentario: ferperezcorona@hotmail.com
Gracias

Jesús Morales Flores se anotará este fin de semana otro campanazo electoral al reunir en torno a su persona –y precandidatura al gobierno del estado– a los personajes más representativos de la comunidad libanesa.

La comida, dicen los enterados, tendrá dedicatoria para el delfín del marinismo, quien hace unos días presumió el respaldo de la colonia libanesa y española, tras su encuentro con un grupo de empresarios en la casa de Sebastián Jacobo Yitani.

El banquete tendrá lugar este sábado en el Centro Mexicano Libanés, con la participación de 500 personas, entre familiares, amigos, socios y conocidos de los Yitani Maccise y Yitani Yitani.

El hermano del ex gobernador Melquiades Morales  compartirá la mesa con Doña Rorro Maccise, madre de todos los hermanos Yitani Maccise, y con Juan Yitani Yitani, que hoy por hoy encabezan el club de fans de Don Jesús Morales en la colonia libanesa.

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El día de antier se publicó en este blog una carta aclaratoria del jefe de la Unidad de Promoción y Difusión Social de la Secretaría de Salud, Fortino Morales Pacheco, sobre algunas cuestiones que aquí se han abordado.

La misiva en cuestión –que puede consultarse en la columna de hace dos días– afirma textualmente que “el doctor Morales Flores no compra, no licita ni adjudica de manera directa” los insumos y bienes que requiere la dependencia y que “el secretario de Salud no favorece ni beneficia a persona alguna, nunca lo ha hecho y nunca lo haría”.

Esto es absolutamente falso, como puede constatarse en cada una de las nueve hojas que integran el pedido SSA-1738/2007, a favor de Comercializadora Sevilla S.A. de C.V., en las cuales se observa claramente que dicho pedido, contratado a la empresa de Dionisio Rodríguez Rodríguez, no sólo fue revisado, sino autorizado por Roberto Morales Flores de su puño y letra.

¿O acaso las rúbricas que aparecen al calce de cada una de las nueve hojas son, pero no son su firma?

Adicionalmente habría que precisar que si bien el secretario de Salud tiene razón en afirmar que el concurso por invitación GESFAC-192/2007 –del cual nos ocupamos aquí el pasado 28 de mayo– fue organizado por el Comité de Adjudicaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración, fue él y nadie más que él quien propuso que dicha licitación fuera restringida y no pública.

Por el monto del pedido, 21 millones 187 mil pesos, y el tipo de mercancía que requería la Secretaría de Salud –papelería y artículos de oficina–, el Comité de Adjudicaciones debió, en apego a la Ley de Adquisiciones del estado, llevar a cabo una licitación pública y no un concurso por invitación como finalmente se hizo.

¿Por qué si Morales Flores es tan ajeno, como dice en su carta, a las compras y proveedores de la Secretaría de Salud, hace lo posible para que las licitaciones no sean públicas?

¿Será por tal razón que sus proveedores consentidos en la Secretaría de Salud sólo tienen contratos en el estado de Puebla?

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Víctima de las presiones y chantajes de sus compañeros de partido y de Cabildo, ayer por la tarde noche falleció de dos infartos al corazón el regidor de Gobernación de San Martín Texmelucan, Efrén Ronco Ceferino, brazo derecho del alcalde Noé Peñaloza Hernández.

Antes de perder la vida, en el Hospital Ángeles de esta ciudad, Efrén Ronco se presentó al Palacio de Texmelucan para asistir a una sesión ordinaria de Cabildo, previa a la cual le vino un fuerte dolor de estómago, por el que fue trasladado al centro de salud privado Libert, donde sufrió dos ataques al corazón de los que ya no pudo reponerse.

Descanse en paz.

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Desde hace un par de semanas, la columna política que tiene a la vista se transformó en blog, con el propósito de lograr una mayor interacción con sus lectores y cibernautas.

En la parte final de cada entrega, después de los tags –etiquetas que sirven para ubicar los asuntos y personajes de cada columna– aparece un apartado para comentarios que usted puede utilizar para manifestar sus puntos de vista o aportar mayor información sobre el tema o los temas abordados.

Lo único que tiene que hacer es escribir su nombre, correo electrónico y opinión, y ésta se publicará de inmediato.

No omito decirle que por política editorial, todo comentario redactado con lenguaje soez, difamatorio o irrespetuoso, que involucre cuestiones de vida privada, lesione la dignidad de las personas o se escude en el anonimato para  dañar honras o reputaciones, será editado.

Así es que adelante y bienvenidos sus comentarios.

La asamblea estatal del Partido Acción Nacional convocada para este domingo será tan, pero tan de hueva (y perdón por la expresión), que ni siquiera habrá necesidad de llevar a votación, como en los anteriores dos procesos, las propuestas de consejeros estatales.

Los nuevos consejeros, menos de 100, serán electos en votación económica y por la vía del fast track.

Es decir, no habrá necesidad de que los grupos en disputa se agarren del chongo o se rasguen las medias en arduas y complicadas negociaciones para obtener la mayoría de los consejeros.

Y es que lo más probable, si es que no se suspende la asamblea, es que la lista de prospectos para el Consejo Estatal llegue a 76, incluyendo a los siete nominados por el Comité Directivo Estatal.

Dos son las causas que explican la pobreza de candidatos y la apatía de los panistas por participar en la asamblea del 1 de junio: una es la suspensión de más de 20 asambleas municipales por conflictos internos o la falta de quórum, entre las que figuran las de San Martín Texmelucan, Atlixco, San Andrés Cholula, Huauchinango y Tlachichuca, y, dos, la falta de operación del secretario de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Estatal, Félix Hernández Hernández.

Hace tres y seis años, el número de candidatos para integrar el Consejo Estatal fue mayor de 120, por lo que en ambos procesos ese órgano de dirección del PAN tuvo que conformarse con 100 consejeros. Hoy, en cambio, la suma de prospectos de los comités y delegaciones municipales difícilmente llegará a los 69, y eso, insisto, si la asamblea no se suspende.

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Varias son las inconsistencias que ponen de manifiesto que en la donación de vehículos, computadoras y muebles de oficina del ayuntamiento de Enrique Doger Guerrero a la fundación Cáritas y el Sistema DIF municipal hubo más transas y corruptelas que un genuino afán de asistencia o beneficencia social.

Veamos el caso de los autos.

El Cabildo aprobó donar a Cáritas 105 vehículos, y esta institución de asistencia privada sólo recibió 200 mil pesos en efectivo.

Los regidores acordaron una donación directa, y en la operación fue involucrado un intermediario: la empresa Prestadora de Servicios Independientes o Generales, que ni siquiera figura en el Registro Público de la Propiedad.

En la supuesta donación a Cáritas fueron incorporadas 58 unidades adicionales –en su mayoría camionetas Ram Custom, Ram 1500 Pick Up, Ram Pick Up y Pointer City–, que no fueron incluidas por los regidores de la gestión dogerista.

En el acta de Cabildo del 11 de diciembre de 2007, donde se tomó el acuerdo de la donación, no aparecen por ningún lado los tres anexos que supuestamente detallan el número, modelo y condiciones de las unidades que serían transferidas a Cáritas.

A diferencia del reporte elaborado por el Departamento de Control Vehicular sobre las 24 unidades donadas al DIF, la relación de autos transferidos a Cáritas es imprecisa, vaga e inexacta.

No existe ninguna evidencia gráfica o documental de que las unidades donadas al DIF fueran, como se dijo, pura chatarra, y menos tratándose de vehículos modelos 2000, 2001 y 2002.

La Fundación Cáritas asegura que fue la pasada administración municipal la que arregló todo lo relacionado con la venta de las unidades, y el ex alcalde Enrique Doger Guerrero sostiene que el presidente de la institución privada de asistencia, Mariano Saavedra Burgos, fue quien propuso a la empresa Prestadora de Servicios Independientes o Generales como intermediaria.

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