Un tema recurrente en los corrillos políticos y mesas de café es si el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, mantiene vivas sus aspiraciones de postularse como candidato a la presidencia de la República en el 2018.

El propio mandatario estatal ha mantenido una posición ambivalente al respecto, pues a veces parece que todas sus acciones se encaminan a lograr tal propósito, y otras que lo está valorando mejor, en aras de evitar cualquier confrontación con el gobierno federal de Enrique Peña Nieto.

Dicha indefinición no es fortuita, sino resultado del contexto y de las circunstancias políticas nacionales que escapan a su control, como la elección del próximo dirigente nacional del PAN y el enfrentamiento, en el Congreso de la Unión, entre los diputados y senadores de su partido con el presidente de la República, a causa de la Reforma Hacendaria.

Para el gobernador Moreno Valle el escenario ideal sería un acuerdo entre los legisladores y la dirigencia panista con la Presidencia de la República, que garantizara la continuidad del Pacto por México y los acuerdos cupulares entre su partido y los principales operadores políticos del presidente Enrique Peña; y que Gustavo Madero Muñoz pudiera reelegirse como presidente del CEN del PAN.

Sin embargo, son crecientes los riesgos de que las negociaciones se tensen aún más, al grado de reventar la Reforma Política exigida por el PAN —que incluye la creación del Instituto Nacional de Elecciones, al que anoche se opuso el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila— y demás acuerdos del Pacto por México.

Como presidente de la Conago y miembro de la Comisión Permanente del PAN, Moreno Valle poco o nada ha podido hacer para atemperar las críticas de los senadores y diputados panistas en contra de la Reforma Hacendaria. Ni siquiera los cinco diputados poblanos del PAN la apoyaron, y ya ni se diga el senador Javier Lozano Alarcón.

Otra amenaza que ensombrece el proyecto político futuro del mandatario estatal es la posibilidad de que en una elección interna, Gustavo Madero pierda la presidencia del CEN del PAN frente a la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota, a la que se han aliado los principales operadores yunquistas.

Son estos factores los que hoy tienen atado y ocupado al gobernador, y los que sin duda determinarán su actuar en las elecciones federales intermedias de 2015, en las locales del 2016 y en las presidenciales del 2018.

En suma: el proyecto presidencial de Moreno Valle sigue en marcha pero con un futuro incierto, por un conjunto de variables entre las que destacan cómo se resolverá el conflicto entre el PAN y la Presidencia, la intentona de reelección de Gustavo Madero al frente del CEN y los resultados económicos que obtenga el gobierno de Enrique Peña en el 2014.

Mientras no haya certeza de estas variables, la ambivalencia continuará por lo menos hasta el 2015, cuando el mandatario poblano tendrá que definirse como un activo electoral del PAN o un aliado estratégico del presidente Enrique Peña, roles que por las circunstancias son cada vez más incompatibles en su persona.

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¿Habrá reforma electoral antes de la hacendaria y la energética?

La verdad es que parece complicado, no sólo por los temas que plantea la primera, sino porque los tiempos se antojan demasiado apretados, considerando que el 14 de octubre es la fecha límite que tienen los diputados para aprobar la Ley de Ingresos y las reformas fiscales enviadas por el presidente Enrique Peña Nieto a la Cámara de Diputados.

De lo que sí estoy convencido es de que no pasarán las propuestas más relevantes del PAN y PRD en materia político-electoral (al menos en esa fecha fatal), como la transformación del IFE en Instituto Nacional Electoral (INE), con la consiguiente desaparición de los institutos y tribunales electorales estatales; la segunda vuelta en comicios presidenciales, y la obligación del presidente de la República de someter al Congreso de la Unión la ratificación de los secretarios de Estado que designe.

Quizás el PAN podría conseguir que algunas de sus propuestas electorales fueran votadas por el PRI, pero no antes de dos semanas, y menos cuando ni siquiera existe un acuerdo sobre cuál sería la Cámara que daría origen a las reformas, o un consenso mínimo sobre el dictamen que tendría que ser sometido al pleno de los diputados o los senadores.

¿Qué es lo que creo que podría obtener el PAN? Descartaría de antemano las cuestiones medulares de su iniciativa, presentada el lunes de la semana pasada ante la Cámara de Senadores. Sí veo posibilidades de que los priístas acepten la reelección inmediata de presidentes municipales y diputados locales; e incluso la autonomía del Ministerio Público y de la Comisión de Evaluación de la Política Social. Pero hasta ahí.

La duda que me asalta es si los panistas y los perredistas se conformarán con eso.

Personalmente creo que no. Y que esto complicará la aprobación de la reforma hacendaria —sobre todo con los panistas, cuya clientela electoral se concentra en las clases medias, que serán las más afectadas con las modificaciones fiscales impulsadas por el secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso— y la reforma energética, que el PRI y sus aliados del PVEM y el PNA no pueden sacar por sí solos.

Tan sólo para la reforma energética, los priístas necesitan del voto de los legisladores panistas en la Cámara Alta y la Cámara Baja.

Así que atisbo un escenario complicado, en el cual los dirigentes panistas y perredistas buscarán negociar con el presidente Enrique Peña Nieto la modificación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el propósito de facilitar las coaliciones electorales y romper los candados legales que hoy las entorpecen, a cambio de que los diputados del PRD voten con el PRI la reforma fiscal, y los senadores y diputados del PAN la reforma energética.

De lo contrario, no veo cómo las reformas puedan salir y el Pacto por México pueda continuar, al menos hasta finales de año.

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A propósito del “2 de Octubre no se olvida”, este martes se presentó un interesante libro sobre el movimiento estudiantil de 1968 en el patio central del Palacio Municipal, que fue comentado por el politólogo Víctor Manuel Reynoso, la comunicadora Lilia Vélez, y el periodista Fernando Canales.

El libro “México 1968 ¡¿Otra Historia?!” fue escrito por los politólogos Manuel Díaz Cid, Jaime Ángel Chama y Alejandro Guillén Reyes, todos ellos de la UPAEP, y en él se plantea que el movimiento estudiantil no estuvo financiado por la URSS o los partidos comunistas de entonces, como reza el mito, sino que se dio en un contexto mundial y nacional de cambio de época, y que en México fue aprovechado por grupos del PRI para resolver la sucesión presidencial de Gustavo Díaz Ordaz.

El texto, a decir de los autores, es una investigación histórica y documental que busca desmitificar el movimiento del 68, a partir de una reconstrucción de los hechos, y demostrar cómo la matanza ocurrida el 2 de octubre en Plaza de Tlatelolco fue una celada contra el Ejército y uno de los escenarios de la lucha por la presidencia de la República entre grupos priístas antagónicos.

La obra de más de 860 páginas no pretende descubrir a los culpables del 68, sino explicar qué pasó, cómo pasó y el contexto mundial y nacional en que se gestó y desarrolló el movimiento y las manifestaciones estudiantiles contra el gobierno de Díaz Ordaz.

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Varias son las promesas que el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, han formulado para convencernos de las bondades de la iniciativa de Reforma Hacendaria entregada a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación.

Nos han dicho que si los legisladores federales la aprueban sin grandes modificaciones, el gobierno podría obtener ingresos adicionales por 240 mil millones de pesos, que entre otras cosas se emplearían para crear un sistema de seguridad social que incluiría un seguro de desempleo y una pensión universal para adultos mayores de 65 años.

Pregunto: ¿Puede darse el país estos lujos sociales cuando la economía nacional está en recesión —o desaceleración para que no se lea feo—, con expectativas o metas de crecimiento a la baja y con recursos insuficientes para cubrir las necesidades del sector público en 2014, a tal grado que la administración peñista echará mano del endeudamiento público?

¿A poco de verdad el gobierno federal está dispuesto a que todo aquel que pierda su empleo, como resultado de la crisis, reciba el equivalente a un salario mínimo mensual durante seis meses como máximo —además de capacitación—, mientras encuentra un nuevo trabajo? ¿O a pagar 1,092 pesos al mes a toda persona mayor de 65 años de edad que no tenga pensión del IMSS o el Issste y sus ingresos sean menores a 15 salarios mínimos?

Tales ofertas me parecen inverosímiles y tan vacuas como aquellas que aseguraban que con la privatización de Telmex bajarían las tarifas telefónicas; o las más recientes que se escuchan en la radio y la televisión en el sentido de que, si la Reforma Energética se aprueba, no sólo bajarán los precios de las gasolinas sino también las tarifas de luz que cobra la monopólica Comisión Federal de Electricidad.

Con la Reforma Educativa se publicitó que los profesores que no aprobaran las evaluaciones de desempeño dejarían de dar clases y serían reemplazados por otros que se ganarían su plaza en examen de oposición. Hoy sabemos que la Reforma no dio para tanto y que los maestros tendrán hasta tres oportunidades para acreditar sus conocimientos; y que si en la última tampoco lo consiguen, no serán despedidos sino reasignados a tareas administrativas.

También se prometió que con la Reforma Educativa —y la iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, por la cual se pretende sustituir el Fondo de Aportaciones de Educación Básica (FAEB) por el Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)— se acabaría la doble negociación salarial del SNTE con el gobierno federal y los gobiernos de los estados.

A decir de los gobernadores, que no están de acuerdo con esta reforma, eso no ocurrirá porque el gobierno federal sí negociará con el SNTE el aumento salarial, pero no las prestaciones adicionales, que los gobiernos estatales ya pagan a los profesores de este sindicato por concepto de aguinaldo y bonos.

El gobierno de Puebla, por citar un caso, paga 90 días de aguinaldo a los maestros, de los cuales la Federación sólo aporta 50 días y los restantes 40 salen de las arcas estatales.

Con esos antecedentes, tengo mis serias dudas de que la administración peñista vaya a cumplir su compromiso de crear un sistema de seguridad social similar al de las naciones desarrolladas o del primer mundo.

Tomando en consideración los desastres y daños que han dejado los torrenciales lluvias de los últimos días, y que han afectado de manera severa a 77 municipios de los estados más pobres del país que tienen salidas al Océano Pacífico o al Golfo de México —y cuyas economías locales además están destrozadas por la inseguridad y la presencia del narco—, como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas, ¿los ingresos adicionales de la Reforma Hacendaria de veras alcanzarán para un seguro de desempleo y una pensión universal para mayores de 65 años?

¿No sería mejor que éstos se canalizaran a obras de infraestructura y desarrollo social, que tanta falta hacen en estas entidades, en lugar de crear un sistema de seguridad social como el de los países ricos, que tienen resueltas sus necesidades básicas?

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