Desde hace unos 40 días, cuando en este espacio hice público un oficio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al procurador de Justicia de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, sobre la indolencia y las omisiones en que han incurrido ministerios públicos, peritos, policías ministeriales y demás funcionarios de la dependencia, involucrados en las investigaciones y la integración de la averiguación previa por el allanamiento y robo en las oficinas del periódico digital e-consulta, he recibido una docena de citatorios.

El asalto a las instalaciones de e-consulta ocurrió en la madrugada del 25 de julio 2013, es decir, hace casi 15 meses, y durante más de 13 meses el tema estuvo prácticamente olvidado por las autoridades, no obstante los videos que en este portal se difundieron del delincuente, irrumpiendo en nuestras oficinas, y en un negocio de ropa infantil de la zona de Las Ánimas.

Como ya lo apunté, el repentino interés de la Procuraduría de Puebla por esclarecer el atraco de dos computadoras –la mía y la de mi socia, Blanca Galindo Tello—se dio después de lo que escribí el 11 de septiembre bajo el título Negligencia y dolosas omisiones de la PGJ en el robo a e-consulta.

Desde entonces distintos agentes ministeriales han desfilado por las instalaciones del periódico, en la colonia Bella Vista, para citarme a diferentes diligencias con el propósito de que acredite la propiedad de las dos laptops que se robaron, para que presente a mi socia a declarar y para que haga lo propio con el personal que labora en el portal.

Frente a tal acoso, este lunes decidí presentar un escrito a la Procuraduría General de Justicia para dejar en claro por qué no compareceré y por qué considero ociosos los citatorios que se me hacen con el propósito no de esclarecer el hurto, sino de acallar las críticas de la CNDH respecto a la actuación de una docena de funcionarios de la dependencia.

A continuación los cinco puntos de mi alegato:

1.- Por la negligencia y dolosas omisiones en que han incurrido los ministerios públicos, peritos, policías ministeriales y demás funcionarios de la Procuraduría General de Justicia a cargo de las investigaciones e integración de la averiguación que por allanamiento y robo a las instalaciones del periódico digital e-consulta presenté el 25 de julio de 2013, es decir, hace casi 15 meses.

Negligencias y omisiones que, a decir del Quinto Visitador General de la CNDH, Fernando Batista Jiménez, “evidencian una falta de compromiso de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia con la cultura de la legalidad, así como un incumplimiento a la obligación que tienen de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos” y una desatención a la Recomendación General número 20 de la CNDH sobre agravios a periodistas en México y la impunidad imperante.

2.- Porque después de casi 15 meses no se va a esclarecer un extraño y violento robo cometido en mi agravio si las pruebas, huellas y otras periciales a las que tuvieron acceso los agentes, policías y peritos que estuvieron en las oficinas del periódico, las entregaron al Ministerio Público con ocho meses de atraso o nunca se integraron a la averiguación, porque la perito en dactiloscopia, Jasive Osorio García, dejó de laborar en la Procuraduría General de Justicia.

3.- Porque resulta inconcebible que los videos proporcionados por un servidor a los agentes investigadores, en distintos momentos, no se hayan integrado a la averiguación, no obstante que estos contienen valiosas imágenes del asaltante, captadas la madrugada del 25 de julio, y de otro robo cometido por este delincuente en una tienda de ropa de Las Ánimas.

Ambos videos son públicos y pueden verse en los siguientes links:

Video del asalto a e-consulta

Video de asalto a tienda en Las Animas

4.- Porque tales videos ni siquiera son del conocimiento de la agente Guadalupe Francisca Baxin Xolot, a quien supuestamente se asignó la investigación del caso, según se desprende de las dos comparecencias que tuvo ante el Ministerio Público los días 9 de enero y 17 de marzo de 2014, situación que a juicio de la CNDH “pone en evidencia una investigación, además de tardía y deficiente, pues en ninguna de las referidas comparecencias la agente de la Policía Ministerial precisó los datos sobre el día y hora que realizó esas diligencias, la cantidad de vecinos que entrevistó o sus nombres y la ubicación de los lugares a los que acudió”.

5.- Porque la Procuraduría General de Justicia se niega a explorar, como línea o hipótesis de investigación, que la sustracción de los equipos de cómputo estuviera estrechamente vinculada con mi actividad profesional, mis columnas periodísticas o con futuras publicaciones a partir de los archivos de información política, noticiosa y confidencial que en ellos almacenaba.

No omito precisar que desde el 25 de julio de 2013 en que presenté mi denuncia, colaboré en todo momento con las autoridades, hasta percatarme que no existía voluntad política de llegar al fondo del asunto, sino sólo la intención de guardar las formas y simular una investigación que, como bien ha documentado la CNDH, ha sido negligente y dolosa.

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Un personaje que dentro de la Procuraduría General de Justicia del estado es tan influyente como el subprocurador fantasma José Carlos Proal Diez de Urdanivia es su hermano José Francisco, de los mismos apellidos.

Así como aquél se da el lujo de despachar y atender los asuntos más relevantes de la PGJ desde una oficina contigua a la del Procurador, pese a no haber acreditado en dos ocasiones el examen de control de confianza, su hermano José Francisco puede reactivar demandas por delitos no sólo que ya preescribieron, sino que en su momento fueron desechadas por instancias federales.

Al menos así lo hizo con la demanda por fraude que promovió Andrés Cerecedo Cervantes en contra de los dueños de la Universidad Interamericana, alegando que éstos adquirieron terrenos en Lomas de Angelópolis con recursos de la institución, de la cual también fue socio.

Lo paradójico del caso es que aunque los tiempos no cuadran, eso no ha sido obstáculo para que José Francisco Proal haga caminar el asunto, valiéndose de su hermano el subprocurador y de otros jueces amigos suyos.

Andrés Cerecedo demandó en 2010 a su cuñado Jesús Ángel Ortega Zamora, director de la Universidad Interamericana y socio mayoritario de ésta.

En su demanda, argumentó que Ortega Zamora y otros accionistas de la Universidad se hicieron de varios terrenos en la zona donde se construyeron las nuevas instalaciones de la institución, allá por Lomas de Angelópolis, mismos que pusieron a su nombre.

No deja de resultar extraño que esta querella se haya presentado después de 20 años, pese a que en Puebla la ley dice que el delito por fraude expira a los dos años.

Andrés Cerecedo dejó de ser socio de la Universidad Interamericana en 1989; la escritura del primer terreno que Ortega Zamora y sus demás socios adquirieron en la zona de Lomas de Angelópolis data de 1993; y la demanda por fraude que aquél presentó en la PGJ es de 2010.

Pero lo más raro de este asunto, que ya incluso se ventiló en juzgados federales donde Andrés Cerecedo perdió un juicio de amparo en contra de su cuñado, es que en la PGJ sigue vivo gracias a los buenos oficios de José Francisco Proal y de su hermano —José Carlos Proal—, que despacha como subprocurador pese a no tener oficialmente ese nombramiento.

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José Carlos Proal, subprocurador fantasma en la PGJ

Casi listo el nuevo decreto de límites entre Puebla y Cholula

Dudas que matan sobre jueces, hijos de magistrados

Aunque en la Procuraduría General de Justicia no han querido que trascienda, la verdad es que han tampoco han sabido guardar las formas para mantener el secreto sobre por qué José Carlos Proal Díez de Urdanivia despacha como subprocurador de la Policía Metropolitana, o como titular de la Fiscalía General Metropolitana, pero no firma como tal.

En el directorio oficial de la PGJ su nombre ni siquiera aparece. No obstante, despachar al lado de su jefe, Víctor Antonio Carrancá Bourget, en el mismo cuarto piso y cuenta con la segunda mejor oficina del edificio marcado con el número 47 de la calle Tlaxcala, en la colonia San Rafael Oriente.

Quien formalmente despacha como encargado de la Fiscalía General Metropolitana es el abogado Octaviano Escandón Báez, pero en una oficina muy modesta comparada con la del procurador Víctor Carrancá y la de José Carlos Proal.

Sin embargo, los directores generales, directores de área, ministerios públicos y comandantes de la Policía Ministerial saben que el verdadero Fiscal es José Carlos Proal y no Octaviano Escandón, quien sólo es útil para cuestiones de firma, pero no para el día a día y los asuntos operativos.

¿A qué obedece esta simulación?

La respuesta es simple: a que el hombre fuerte y de confianza del procurador Víctor Carrancá no acreditó el examen de control de confianza que presentó en abril del año pasado, lo que le impide figurar como subprocurador o fiscal general de la PGJ de la entidad, o como funcionario en cualquier otra institución de seguridad pública en el país.

De ahí también que José Carlos Proal —que fue secretario particular del procurador Héctor Maldonado Villagómez en el sexenio melquiadista— tampoco aparezca en la nómina oficial, aun cuando use vehículos y patrullas oficiales y tenga asignados para su seguridad a policías ministeriales de la dependencia.

¿No que nadie por encima de la ley?

INTRAMUROS

Aunque será antes de que concluya el año cuando el Congreso del estado resuelva, por fin, el añejo conflicto territorial entre los municipios de Puebla y San Andrés Cholula, trascendió que el decreto de 1962 será derogado y que el polígono de 8.5 kilómetros cuadrados en disputa no se repartirá en partes iguales.

De acuerdo con fuentes confiables, San Andrés Cholula se quedará con una mayor superficie y con un mayor número de colonias y fraccionamientos, a fin de que pueda mejorar su recaudación por concepto de impuesto predial; y el municipio de Puebla, con el Centro Comercial Angelópolis y las Universidades y Colegios asentados sobre la Vía Atlixcáyotl y el bulevar del Niño Poblano.

Para el nuevo decreto que fijará los linderos entre Puebla y Cholula, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Mario Riestra Piña, ha solicitado la asesoría de especialistas de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, la UNAM, la BUAP y la UDLAP.

A la par, el secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, ha venido reuniéndose con los alcaldes salientes y electos de Puebla y San Andrés Cholula para que avalen el nuevo decreto, que pondrá fin a más de una década de disputas entre las autoridades de ambos municipios.

EN CORTO

¿Qué poderoso personaje influyó para que el Primer Juzgado Penal de Puebla no emitiera una orden de aprehensión en contra del juez de Tepeaca, José Luis Arenas Juárez, por la liberación del reo Román Omar Ramos Luna mediante una boleta de libertad apócrifa?

¿Quién se comunicó a la Dirección de Averiguaciones Previas zona Poniente de la PGJ para pedir que el hijo de la magistrada María de los Ángeles Juárez Hernández no fuera involucrado como cómplice en la liberación de un delincuente sentenciado a 15 años de prisión, por el delito de homicidio calificado?

¿Qué relación guarda el diligenciario del Juzgado Penal de Tepeaca, Luis Antonio Ibarra Pérez, con el juez José Luis Arenas, y el abogado del reo que dejó el Cereso de Tepeaca con una boleta falsa de liberación, Máximo Valencia?

¿A poco los 300 mil pesos que pagó el defensor del sentenciado únicamente salpicaron al Oficial Mayor y al secretario de Acuerdos del Juzgado de Tepeaca, Alfredo Morón Macehuatl y Huberto Roblero Godínez, respectivamente?

¿Qué tan ciertas son las versiones de que existen otras liberaciones irregulares en Tepeaca, ordenadas por el mismo juez José Luis Arenas, pero que en estas estarían inmiscuidos personajes como Luz María Díez de Urdanivia, hermana del ex precandidato del PRI a la alcaldía de San Andrés Cholula y prima hermana del subprocurador José Carlos Proal Díez de Urdanivia?

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¿Qué juez civil acaba de ser denunciado ante la Agencia especializada en delitos cometidos por servidores públicos por su supuesta parcialidad en un juicio multimillonario en un Juzgado de Huejotzingo?

¿Esta denuncia es ajena a la queja administrativa que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, recibió hace unos días en contra de un juez civil, hijo del ex magistrado Alfredo Mendoza García, recientemente jubilado?

¿Flores Toledano seguirá creyendo, como lo declaró al ser nombrado presidente del Tribunal, en sustitución de David López Muñoz, que los familiares y herederos de los magistrados en funciones o recientemente jubilados no son un fardo para el Poder Judicial del estado?

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 * Los Méndez López, intermediarios de esas operaciones

* Involucran a Estefan y Julio Franco en fuga de información

Algo raro ocurre con los bienes asegurados a los hermanos Tiro Moranchel de Sitma e Invergroup, con los que supuestamente se resarcirá parte del daño a los cientos de defraudados de estas empresas inmobiliarias, que de acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia ascienden a 6 mil 600 personas.

En lugar de que las propiedades y terrenos de los hermanos Tiro Moranchel se subasten públicamente al mejor postor, resulta que se están vendiendo tras bambalinas a precios por debajo de su valor comercial.

Pero si lo anterior es delicado, más grave es el hecho de que las autoridades estatales que intervienen en el asunto, como el secretario de Gobernación Valentín Meneses Rojas, hayan aceptado que los hermanos Méndez López, cuya fama pública en el mercado inmobiliario de Puebla deja mucho que desear, actúen como representantes de los dueños de Sitma e Invergroup.

Cualquier corredor de bienes raíces sabe que ni Pilar, ni Mario Francisco, ni Abraham Moisés Méndez López pueden ser personas confiables o de fiar, tanto por sus referencias en varias transacciones de tierras ejidales, como por sus antecedentes penales.

Mario Francisco Méndez fue detenido el 9 de septiembre de 2009 por los delitos de daño en propiedad ajena y homicidio culposo agravado por la muerte de un joven de Cholula , mientras que su hermana Pilar estuvo recluida en el Cereso de Puebla por un año y tres meses, acusada de tráfico de personas.

A manera de ejemplo de lo que sucede con algunos de los bienes de los Tiro Moranchel, me citan un predio ubicado en el libramiento a Atlixco, entre la antigua vía del ferrocarril y el negocio de carnitas El Mexicano.

Dicho terreno de 28 mil metros cuadrados, podría negociarse hasta en más de 20 millones de pesos, considerando un precio de mil pesos el metro cuadrado, sin embargo hace unos días se vendió a un prestanombres de Salvador Echeguren Barroeta, Ernesto Garnica, en 11 millones de pesos. Lo paradójico de la transacción es que otro interesado había ofrecido por ese mismo inmueble 13.5 millones de pesos y no se lo vendieron.

¿No que el gobierno iba a velar por los intereses de los defraudados de Sitma e Invergroup?

¿Acaso las autoridades están coludidas en que los terrenos asegurados a los hermanos Tiro Moranchel se malbaraten?

¿Y si no, por qué entonces permiten que en las mesas de negociación, que tienen lugar en la Secretaría de Gobernación, participen los hermanos Méndez López como mediadores de la venta de los bienes de los dueños de Sitma e Invergroup?

¿O acaso la autoridad ya pactó con los Tiro Moranchel con perdón y liberación, a cambio de que los terrenos que tienen en Calpan, en la zona de Angelópolis, en Las Ánimas, en Atlixco, en Loma Verde, y en La Calera y el Batán se vendan a empresarios e inversionistas consentidos?

Son preguntas, que conste.

El tema incluso es motivo de preocupación en algunas oficinas gubernamentales, encargadas de la inteligencia política del Ejecutivo estatal.

Una de las posibles áreas de fuga información es la que tiene a su cargo el exdiputado federal Jorge Estefan Chidiac, coordinador de políticas públicas del candidato Javier López Zavala, en la cual labora Julio Franco Corzo a través de su empresa consultora IEXE.

Julio Franco fue secretario particular de Moreno Valle cuando éste se desempeñó como secretario de Finanzas y Desarrollo Social en el sexenio melquiadista.

El consultor de la firma IEXE, según una ficha de inteligencia, ha enviado a cinco de sus colaboradores al War Room del candidato a la gubernatura de la coalición opositora Compromiso por Puebla: Maribel Rodríguez Chacón, Juan Román Espinosa Moyado, Marco Silva Barradas, Rodolfo Jarquín Nava y José Guadalupe Rendón Castillo.

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Aunque el nuevo director administrativo del Instituto Electoral del Estado, Francisco Rivera Morán, ha logrado reducir en forma significativa algunos gastos operativos y de insumos en el organismo, la verdad es que el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal aún deja mucho que desear. en claro incumplimiento a lo que establece el artículo 21 de la ley en la materia, y el artículo 40 fracción II de la Normatividad para la Adquisición de Bienes y Arrendamientos del IEE: «Las adjudicaciones deberán considerarse en forma global, con el objeto de determinar si queda comprendida dentro de los montos máximos y límites que se establezcan, en la inteligencia de que, en ningún caso, el importe total de la misma podrá ser fraccionado para quedar comprendido en algún supuesto distinto al que le corresponda originalmente».

Para botón de muestra lo que sucede con las compras de papelería y equipo de cómputo, que se están fraccionando

En el caso de la papelería, la anomalía radica en que esta compra, en lugar de concursarse de manera consolidada, se dividió por trimestre, lo que el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso local, Víctor Manuel Hernández Quintana, ya dijo que es irregular, observación que por lo visto poco le interesó a la directora general y al director administrativo del Instituto, ya que al día siguiente el Comité de Adquisiciones del que forman parte volvió a realizar una compra fraccionada.

Por lo que hace al equipo de cómputo, las evidencias de las compras fraccionadas constan en los acuerdos CA-AC-13/2009, para adquirir once laptops para los directores del Instituto, y CA-AC-07/2009, de la misma fecha 26 de noviembre de 2009, aunque esta última licitación fue declarada desierta por el Comité de Adquisiciones.

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Simón dice:

«Más traiciones se cometen por debilidad que por un propósito firme de hacer traición.»

François de la Rochefoucauld (1613-1680) Escritor francés.

* Enrique Agüera ampliará la matrícula de la BUAP

* Rafael Moreno Valle, ¿orgullosamente poblano?

 Desde hace cuatro o cinco meses comenzaron a circular por internet una serie de correos anónimos, algunos de ellos dirigidos a la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, advirtiéndole sobre los antecedentes de algunos funcionarios que recién habían llegado o estarían por ser contratados en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Algunos de estos correos —que se acompañan de notas aparecidas en medios locales y foráneos— dan cuenta de los supuestos vínculos o antecedentes de ciertos funcionarios policíacos del municipio y el estado con personajes del crimen organizado o con testigos protegidos de la PGR en casos de narcotráfico.

Los mails son prolíficos en información acerca de los antecedentes y nexos que mantienen o han mantenido quienes en los últimos cinco años se han desempeñado como jefes policíacos de Puebla, tanto en la esfera federal, como estatal y municipal.

Un detalle que llama la atención, más allá de la veracidad de tales mensajes electrónicos, es que varios de los funcionarios señalados ya dejaron de laborar en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), como subordinados de Andrés Vicente Ruiz Celio, quien apenas el jueves fue condecorado, en el Campo Marte número 1, como uno de los generales retirados con más experiencia dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Entre ellos los siguientes: el expolicía federal Mario Alberto Blancas Salazar, a quien el general Ruiz Celio nombró secretario particular; el exministerio público federal Gerardo Moreno Veloz, designado jefe de asesores en la SSPTM; el expolicía de la AFI, Efrén Camacho Morales, en quien recayó la coordinación de Grupos Especiales (Táctico e Inteligencia); y el exdirector de Seguridad Pública de Pachuca, Mauricio Delmar Saavedra, nombrado secretario técnico.

Otro detalle, no menos interesante, es que algunos de los referidos mails han salido o han sido reenviados desde cuentas electrónicas de algunos funcionarios de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

El propósito no está muy claro, pues a ciencia cierta no se sabe si tales correos tenían el objetivo de advertir a la alcaldesa de los antecedentes y vínculos de algunos funcionarios contratados por el general Ruiz Celio; si éstos son consecuencia de una venganza política o resultado del llamado fuego amigo entre jefes policíacos; o si, como se dice en uno de los mails, son parte de una guerra entre cárteles por la plaza de Puebla.

De ahí la conveniencia de que la presidenta Alcalá o el general Ruiz Celio expliquen cómo llegaron estos policías a Puebla, quién los recomendó, por qué se les contrató, aunque sea de manera temporal, y cuáles fueron las razones por las que muchos de ellos dejaron de laborar en noviembre o diciembre en el gobierno municipal.

Las dudas matan.

 INTRAMUROS

A continuación le presentó algunas gráficas de la encuesta realizada por GEA-ISA en la primera quincena de diciembre y que dan cuenta del potencial de Ana Teresa Aranda como posible abanderada a la presidencia municipal de Puebla y de la intención del CEN por convencerla para que acepte dicha postulación.

La ventaja que saca a sus compañeros de partido: Humberto Aguilar Coronado y Eduardo Rivera Pérez es considerable, tanto en opiniones positivas como en intención de voto.

Mientras el 51% de los encuestados panistas respondió que Ana Teresa Aranda Orozco es la figura que más les gustaría para ser la candidata a la presidencia municipal de Puebla, el 22% contestó que Humberto Aguilar, y sólo el 11% que Eduardo Rivera.

Esta situación se repitió, en la misma proporción, aunque no en los mismos porcentajes, entre los electores de la capital del estado que respondieron la misma interrogante.

 EN CORTO El rector Enrique Agüera Ibáñez anunciará este lunes un ambicioso programa por el cual aumentará el número de aulas universitarias y escuelas preparatorias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en varios municipios de la entidad.

Dicho programa no sólo resolverá la demanda de preparatorias que enfrenta el gobierno del estado y la Secretaría de Educación Pública en diferentes regiones de la entidad, sino que ampliará la matrícula estudiantil en beneficio de quienes menos tienen.

Las preparatorias y aulas universitarias que se abran, en un modelo de corresponsabilidad con los gobiernos estatal y municipales, funcionarán como extensiones de las actuales unidades académicas de la BUAP, dado que serán las que lleven el soporte académico de los nuevos planteles.

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Será a mediados o finales de febrero cuando se conozcan los resultados de la tercera revisión anual practicada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) a la gestión del rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez.

Con la auditoría 2009, la BUAP será una de las tres instituciones públicas de educación superior más auditadas por el máximo órgano fiscalizador del país, dependiente del Congreso de la Unión.

Esta tercera revisión fue solicitada por el propio rector Agüera a finales del 2008.

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La campaña Orgullosamente poblano emprendida por el senador Rafael Moreno Valle Rosas y algunos seguidores suyos del Partido Acción Nacional, con el propósito de contrastar el origen chiapaneco de Javier López Zavala, podría resultar no muy efectiva y hasta contraproducente.

Y es que los operadores del aún secretario de Desarrollo Social del estado podrían responder esa campaña haciendo pública un acta de nacimiento que revelaría que Rafael Moreno Valle tampoco es oriundo de Puebla, sino del Distrito Federal.

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Dos noticias legislativas que poco han trascendido en el ámbito local son el nombramiento del diputado federal Fernando Morales Martínez, como presidente de la Comisión de Protección Civil, y del coordinador de la bancada priísta poblana, Juan Carlos Lastiri Quirós, como miembro de la codiciada Comisión Mixta Interparlamentaria México-Unión Europea.

La primera comisión, que tiene carácter de especial y no de permanente, cobra relevancia por el hecho de que el gobernador Mario Marín Torres es también el coordinador de la Comisión de Protección Civil en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

La Comisión Mixta Interparlamentaria México-Unión Europea la integran siete diputados de todos los partidos, y Juan Carlos Lastiri es uno de los tres priístas que forman parte de ella. Los otros dos son: la presidenta del CEN del PRI, Beatriz Paredes Rangel y el exdirigente nacional del Movimiento Territorial, Carlos Flores Rico.

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Simón dice:

«El crimen hace iguales a todos los contaminados por él».

Marco Anneo Lucano (39-65) Escritor latino.

Un mensaje macabro, muy siciliano, fue el que ayer se recibió en la Dirección de Normatividad Vial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Sonia Hidalgo Espinosa.

Envuelta en paquete para regalo, llegó a esa oficina una cabeza de marrano, acompañada de un mensaje que sólo la emisaria y algunos de sus más allegados conocen.

Sobre quién pudo ser el remitente de este siniestro mensaje o recado, hay muchas versiones, aunque la más verosímil apunta a un conflicto interno entre la directora de Normatividad Vial y su jefe de Departamento de Licencias, Ricardo Juárez Acevedo hermano del defenestrado comisionado de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, Antonio Juárez Acevedo.

Ricardo Juárez pretender capitalizar algunos errores de su jefa, para quedarse con su cargo, y Sonia Hidalgo, enterada de la inquina y la perversidad de aquel, le anda buscando los pies.

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Valdría le pena que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia y la Policía Judicial explicaran por qué hasta ahora no han detenido, ni han hecho nada serio para hacerlo, a un solo directivo de la financiera Coofia.

El fraude de Coofia no es menor que el perpetrado por Sitma e Invergroup a miles de pequeños inversionistas y ahorradores.

La negligencia y apatía que la PGJ ha demostrado para detener al dueño de Coofia, Valente Medina Seoane, contra quien hasta principios de octubre existían más de 2,500 denuncias por un monto superior a los 300 millones de pesos, resulta más que sospechosa.

Y más cuando desde la Secretaría de Finanzas y Administración se siguen aplicando descuentos a los empleados y trabajadores que solicitaron algún préstamo a esta financiera.

Será acaso porque en la Puebla marinista se sigue aquella máxima juarista de «A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas«

Es pregunta, que conste.

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Simón dice:

«Las enemistades ocultas y silenciosas, son peores que las abiertas y declaradas».

Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC). Escritor, orador y político romano.

Con bombos y platillos, el gobierno del estado anunciará de un momento a otro que ya firmó un convenio con el Fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago), por el cual los defraudados de la financiera Coofia podrán recuperar la mayor parte de sus ahorros e inversiones.

El convenio, firmado por el secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Gerardo Pérez Salazar, y el comisionado del Fipago, Guillermo Barnes García, beneficiará en principio a las personas que ya demandaron o acudieron a la Procuraduría del Ciudadano para exigir la devolución de sus ahorros.

De acuerdo con informes preliminares del procurador del Ciudadano, Martín Fuentes Morales, hasta el momento se tienen contabilizadas 2,500 denuncias por un monto de 301 millones de pesos en conjunto.

Sin embargo, se sabe que los defraudados por Coofia son alrededor de 25 mil y que el fraude cometido por esta empresa financiera —que de 2005 a 2008 operó con el aval de la Secretaría de Finanzas como receptora del pago de impuestos locales— podría llegar a los 1,500 millones de pesos.

Aunque los detalles del convenio se conocerán en las próximas horas, ha trascendido que el Fipago no restituirá a los afectados el 100 por ciento de sus ahorros e inversiones, sino sólo el 76%.

Hasta ahora las autoridades no han logrado detener al principal dueño de Coofia, Valente Medina Seoane, quien no hace mucho era presumido por políticos, tesoreros, empresarios y funcionarios de primer nivel en Puebla, con quienes se asoció o hizo millonarios negocios.

La Procuraduría General de Justicia sólo ha conseguido aprehender a tres ejecutivos de esta financiera: Carlos Flores Reyes, Ignacio Medina García y Humberto Raya Sotero, éste último, por cierto, dejó la cárcel hace unos días, en tanto que los otros aún siguen presos en el penal de San Pedro Cholula.

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Simón dice:

«El dinero es como el estiércol: no es bueno a no ser que se esparza».

Sir Francis Bacon (1561-1626) Filósofo y estadista británico.

Cuando Hugo Isaac Arzola Muñoz regrese de su periodo vacacional, lo más probable es que también se despida de sus compañeros de la Procuraduría General de Justicia y sus subordinados de la Policía Judicial del estado.

Y es que Arzola Muñoz será relevado como director general de esta policía ministerial, para reintegrarse al Poder Judicial del estado, como juez civil de la capital.

Su salida no estará exenta de polémicas, pues el referido funcionario estatal estuvo sujeto a una investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), después de que un delincuente lo acusó de brindar protección  a una banda del crimen organizado.

Hay que aclarar que Arzola Muñoz ya se presentó personalmente a la PGR para ponerse a disposición del Ministerio Público federal que investiga el caso, y que éste no halló ningún elemento que lo involucre en acciones de complicidad o protección de la delincuencia organizada.

De ahí que el gobernador Mario Marín Torres no pondrá ningún pero para que éste se reintegre al Poder Judicial, una vez que regrese de vacaciones y entregue a su sucesor la oficina de la Dirección General de la Policía Judicial del estado.

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La tolerancia que han mostrado las autoridades federales y estatales para una estación radiofónica ilegal como Radio Vida, que hasta ayer se transmitía por el 107.1 de frecuencia modulada y la dirección electrónica http://www.producciones-vida.com, puede generar algo más que un conflicto político religioso.

La estación, operada por pastores cristianos, sin ningún permiso o concesión de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha comenzado a comercializar sus espacios a razón de 200 pesos la hora por un periodo de tres meses.

El problema radica en que los pastores cristianos que controlan la estación radiofónica —localizada en la 49 Poniente 1105— se sienten cobijados por las autoridades estatales, en particular por el gobernador Mario Marín Torres y el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

El martes 7 de julio, según la nota publicada por Jorge Machuca en la edición local del  periódico Milenio, los clérigos que ese día tenían a su cargo la cabina de Radio Vida, al filo de las 18 horas, “dedicaron sus oraciones al gobernador de Puebla, Mario Marín, a todos sus hijos y esposa, al igual que a Blanca Alcalá, su cónyuge y prole”.

Julián Herrera, director de la estación cristiana, es además un activista del secretario de Desarrollo Social. El pasado 2 de julio, en el Salón Country de San Manuel, llamó a sus seguidores a sumarse al proyecto de Javier López Zavala. Si quieren que la estación siga, tienen que votar por él, les dijo.

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Simón dice:
“Si los hombres son tan perversos teniendo religión, ¿cómo serían sin ella?”
Benjamin Franklin (1706-1790). Estadista y científico estadounidense.

En lo que pareció el inicio de una campaña negra en contra del candidato del PRI a diputado federal por el distrito 1 de Huauchinango, Ardelio Vargas Fosado, ayer circularon por la red correos electrónicos con links a un par de notas aparecidas el 21 de abril de 2008 en los portales electrónicos de El Universal, y el periódico Vanguardia de Coahuila.

En dichas notas se recoge una información que remite a un operativo policíaco efectuado en octubre de 2007 en el puerto de Manzanillo, Colima, donde se habrían decomisado 23.5 toneladas de cocaína, en uno de los mayores aseguramientos de droga en la historia mundial.

En el despacho informativo —bajo la firma del reportero Francisco Gómez de El Universal y que lleva por cabeza “Aduaneros libran pesquisa por droga”— se sugiere que entre los servidores públicos implicados como ese contrabando de cocaína figuraba Ardelio Vargas Carrillo, hijo del entonces director de Inteligencia de la PGR, Ardelio Vargas Fosado.

“Entre la gente de Mejía estaba Ardelio Vargas Carrillo, responsable de la supervisión de los recintos fiscales. Él es hijo del director del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, Ardelio Vargas Fosado”.

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La renuncia de Ana Teresa Aranda Orozco a la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación federal, y su inminente postulación como candidata a diputada federal por la vía plurinominal, no fue bien recibida por la membresía panista de Puebla.

Pero sobre todo por los dirigentes del partido y candidatos a una curul en el Congreso de la Unión, que la culpan del retraso que han experimentado sus campañas en la entidad, primero por las condiciones que puso para participar en las elecciones federales del primer domingo de julio, y luego para que le garantizarán su inclusión en los primeros cinco lugares de la lista de la cuarta circunscripción electoral del país.

La mayor molestia radica entre los dirigentes del Comité Directivo Municipal del PAN y algunos de los precandidatos de Puebla, que contra su voluntad se han mantenido como simples espectadores ante la incertidumbre de no saber si Ana Teresa vendría como candidata por el distrito 11 o si sólo será registrada como candidata plurinominal, para así tener pretextos de sobra para hacer campaña por todo el estado con miras a las elecciones de gobernador del 2010.

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El exdirigente estatal cenecista y exdiputado federal Melitón Morales Sánchez fue visto el martes en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia de la 10 Oriente y 6 Norte, gestionando una constancia de antecedentes no penales, requisito que según algunos enterados requiere para integrar su expediente como candidato a diputado federal suplente de Jesús Morales Flores.

El hermano del exgobernador Melquiades Morales fue incluido en la posición número 13 de la lista de candidatos a diputados federales del PRI por la vía plurinominal de la cuarta circunscripción electoral del país.

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A la comida que se ofreció en el Seminario Palafoxiano tras la ceremonia de investidura de Víctor Sánchez Espinosa como nuevo arzobispo de Puebla no asistió, como se había adelantado en alguna columna política, el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

Quien si asistió, en cambio, a ese selecto banquete —cuyo menú consistió en espuma de pescado y espuma de salmón, crema de espárragos, corazón de filete al foundue de tamarindo con verduras y dulces típicos— fue el expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero.

El gobernador Mario Marín Torres y su esposa Margarita García llegaron a la comida, cuando ésta iba por el segundo tiempo, y la presidenta municipal Blanca Alcalá cuando los comensales ya estaban al final del plato fuerte o en los postres y aperitivos.

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Simón dice:

“Si los hombres son tan perversos teniendo religión, ¿cómo serían sin ella?”
Benjamin Franklin (1706-1790) Estadista y científico estadounidense.

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La noche del jueves de la semana pasada, el senador Rafael Moreno Valle Rosas se comunicó vía telefónica a las oficinas del Comité Directivo Estatal del PAN.

Entre nervioso y excitado, el legislador pedía ser enlazado con el dirigente estatal de su partido, Rafael Micalco Méndez, quien por cierto no se encontraba en Puebla.

Dónde puedo localizarlo, me urge hablar con él, exigía un alterado senador, al tiempo que su interlocutor en la línea le reiteraba que no estaba en Puebla, que había salido a la ciudad de México a una junta con gente del CEN.

El nerviosismo de Moreno Valle y su apremio por comunicarse con Rafael Micalco tienen una explicación:

Esa tarde, la tarde del 19 de marzo, al senador le fueron con el chisme que la dirigencia estatal de su partido había negociado con el gobernador Mario Marín y el PRI las reformas a la Constitución Política del estado para bloquear la despenalización del aborto, los matrimonios gays y la muerte asistida, a cambio de cerrarle el paso a la gubernatura.

La versión parece disparatada, aunque no para el senador que esa noche, como se dice coloquialmente, armó tremendo pancho.

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A propósito.

Este fin de semana Rafael Moreno Valle anduvo de campaña, en compañía de Pablo Rodríguez Regordosa y Roberto Grajales Espina, por la mixteca. El sábado visitó Chiautla de Tapia y el domingo Tepexi de Rodríguez, región en la que apoya al empresario mueblero Ismael Sánchez para que obtenga la nominación del PAN a la diputación federal por el distrito 16 con cabecera en Ajalpan.

La gira proselitista del senador panista no tendría mayor relevancia si no fuera por un pequeño detalle: presentó a Rodríguez Regordosa y a Grajales Espina como sus candidatos a diputados plurinominales.

El hecho no deja de sorprender a los panistas de la región y a no pocos de Puebla, pues oficialmente la elección de los candidatos plurinominales se dará en dos fases, la primera el domingo 22 de marzo con la votación en cada distrito, y la segunda el domingo 29 con una elección estatal.

A ver si no por adelantado sus candidatos se caen.

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Este día puede ponerse calientita la mesa de trabajo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado.

Y es que el representante de Convergencia, Jorge Luis Blancarte, podría solicitar una sanción a la encargada de la Dirección Administrativa del IEE, Verónica Paola Cruz Castillo, por violar la normatividad del organismo al contratar directamente a familiares, entre ellos a un sobrino político suyo, que responde al nombre de Luis Javier Córdova Sánchez.

La petición de Jorge Luis Blancarte para que se investigue el supuesto nepotismo en que habría incurrido Cruz Castillo se hizo a través del oficio 90/2009, y este quedó registrado en la Oficialía de Partes del Instituto con el número de folio 00075.

Como detalle adicional, le cuento que en la mesa de trabajo del martes los ánimos entre representantes de partido y consejeros subieron de tono, al grado que los otrora fieles escuderos del IEE, Jorge Sánchez Morales, optaron por dejarlo sólo, en medio de los reproches de cínico que le hicieron sus críticos dentro del Consejo General del organismo.

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Una buena fuente del PAN me hace saber que Ana Teresa Aranda Orozco no será candidata a diputada federal por un distrito de Puebla, ni por la vía plurinominal, por una sencilla razón.

A estas alturas ya tenía que haber renunciado o presentado una solicitud de licencia, para estar en condiciones de participar y evitar que su nominación fuera impugnada ante el Instituto Federal Electoral, situación que hasta ayer miércoles al medio día no había ocurrido.

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El accionista mayoritario del equipo de futbol Puebla, Francisco Bernat Cid, promovió ante el Juez Tercero de Distrito un segundo juicio de amparo, para impedir su aprehensión por parte de la Procuraduría General de Justicia como parte de las denuncias de fraude presentadas en su contra.

Pues ayer el juez federal le negó la suspensión del acto reclamado, por una sencilla y elemental razón: hasta el momento no existe orden de aprehensión girada en contra suya.

El abogado de Paco Bernat es Antonio Carcaño Martínez.

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Simón dice:

“Con ciertas personas vale más ser traicionado que desconfiar”.
Arthur Schopenhauer (1788-1860) Filósofo alemán.

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