El Congreso del estado recibió ayer un nuevo revés jurídico por sus acciones en torno a la renovación de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), proceso que fue impugnado por la comisionada saliente Josefina Buxadé Castelán.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa declaró infundada la queja presentada por el Poder Legislativo y la nueva comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena en contra el Juzgado Primero de Distrito por haber dado entrada al amparo promovido por Josefina Buxadé en contra del nombramiento de quien la sustituyó en la CAIP.

En tal virtud, ahora el juez federal tendrá que entrar al fondo del asunto, resolver en un par de meses si el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra y su suplente cumplió o no con el procedimiento establecido en la convocatoria, y determinar si ambas eran elegibles y si el Congreso violó o no las garantías individuales de Buxadé.

Para colmo de males, el destituido ex presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo, está por presentar un amparo contra la decisión del Congreso del estado de removerlo, recurso que de entrada la garantizaría su permanencia en el organismo en tanto se revuelve de fondo dicho juicio.

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A juzgar por las planillas de candidatos a consejeros universitarios que hasta el momento se han registrado —el plazo vence este día—, el rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez, tiene prácticamente asegurado el control del máximo órgano de gobierno de la institución.

Salvo sorpresa de última hora, lo más probable es que el día de la jornada electoral —el 19 de marzo— sólo haya competencia en cinco de 35 unidades académicas de la BUAP, donde la oposición podría ganar de dos a tres consejeros alumnos e igual número de consejeros maestros.

Entre las facultades donde se prevé la participación de planillas contrarias al proyecto del rector Agüera figuran Economía y Físico Matemáticas, unidades académicas en las cuales Los Espartacos tratarán de ganar algunas consejerías estudiantiles; así como Electrónica, Filosofía y Computación, donde los candidatos de oposición son miembros de la Liga Estudiantil Democrática.

De éstas, los mayores riesgos están en Físico Matemáticas y en Filosofía y Letras, donde la oposición podría hacerse de dos o tres consejerías estudiantiles.

Sin embargo, lo más probable es que las planillas afines al rector Agüera arrasen en las elecciones, con 140 consejerías de alumnos y maestros, más tres de trabajadores administrativos, más 35 de directores de igual número de unidades académicas.

Con esos resultados, Agüera habrá dado un paso importante para garantizar una reelección sin problemas, en la auscultación del mes de septiembre, cuya organización estará a cargo del nuevo Consejo Universitario.

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La facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP será sede del 7 de marzo al 4 de abril de un ciclo de conferencias sobre «La Universidad de Nuestro Tiempo«, en el que participarán destacados investigadores nacionales en la materia.

El calendario de ciclo es el siguiente:

Sábado 7 de marzo. Olac Fuentes Molinar, exsubsecretario de Educación Básica y Normal, y colaborador de varias publicaciones nacionales e internacionales, disertará sobre el tema «Las pedagogías en la universidad mexicana de nuestro tiempo»

Viernes 13 de marzo. Hugo Aboites, profesor -investigador de la UAM y profesor invitado de la Universidad de Harvard, dictará la conferencia «La autonomía en México: entre la libertad, el Estado y el interés privado».

Sábado 21 de marzo. Daniel Cortés, estudioso de la universidad globalizada y coordinador del grupo de redacción del Observatorio Ciudadano de la Educación, expondrá la ponencia «Cambio institucional universitario y corrientes teóricas de interpretación de la educación superior».

Viernes 27 o sábado 28 de marzo. Hugo Casanova Cardiel, investigador del IISUE de la UNAM y coordinador de la colección de libros sobre la Universidad Contemporánea, impartirá la conferencia «La universidad contemporánea: política y gobierno».

Sábado 4 de abril. Alejandro Márquez, investigador del IISUE de la UNAM y miembro del grupo de redacción de Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE), expondrá el tema «Beneficios públicos y privados de la educación superior».

Todas las conferencias tendrán lugar en el auditorio de posgrados de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en Ciudad Universitaria.

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Simón dice:

«Las leyes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan libremente las moscas grandes y quedan enredadas las pequeñas»

Honoré de Balzac, escritor francés.

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Deslegitima el nombramiento de Blanca Lilia
Paco Bernat no vende al Puebla de la Franja

Quién lo iba a decir.

Pero con sus declaraciones publicadas el domingo a ocho columnas en El Heraldo de Puebla, Antonio Juárez Acevedo, no sólo puso en evidencia a los diputados locales que este lunes ––por fin–– lo echarán de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) después de un largo y tortuoso proceso, sino el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra Cadena como nueva comisionada del organismo, en sustitución de Josefina Buxadé Castelán.

Juárez Acevedo le declaró al director editorial de El Heraldo, Felipe Flores Núñez, que su probable remoción, a la luz de la designación de Blanca Lilia Ibarra, sería una incongruencia y una aberración jurídica del Poder Legislativo.

Textualmente apuntó: “Su caso (el de Blanca Lilia) se encuadra en una situación similar a la mía, es decir, ella era titular de una dependencia municipal, por lo que estaría inhabilitada para el cargo, ella no tiene la culpa, pero no le aplicaron la misma ley ––artículo 21 fracción sexta–– que a mí ahora me condena”.

Juárez Acevedo finalmente será destituido. Ayer la Comisión de Gobernación, a cargo del priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa, resolvió por unanimidad removerlo del cargo y turnar su expediente a la Contraloría, para que esta dependencia del Ejecutivo estatal ––en términos del artículo 58 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos–– lo sancione e inhabilite.

Sin embargo, previendo su caída, el todavía presidente de la CAIP trató de llevarse de corbata a la nueva comisionada Blanca Lilia Ibarra, en un vano y desesperado intento por homologar sus casos, que de forma y de fondo son diferentes.

En varios aspectos, el contexto y los factores que enmarcaron una y otra designación son distintos.

De entrada, Blanca Lilia no mintió, ni ocultó al Congreso del estado su cargo como titular de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, como sí lo hizo Juárez Acevedo con la Agrupación Política Nacional Plataforma Cuatro, de la cual no sólo fue miembro sino secretario general.

Este último no sólo violentó la fracción sexta del artículo 27 de la Ley de Transparencia, al inscribirse, participar y ser designado comisionado propietario de la CAIP, no obstante incumplir con uno de los requisitos establecidos en la convocatoria y en la ley correspondientes, sino que incurrió en falsedad de declaraciones, al negar de manera reiterada ––incluso ante los diputados de la LVII Legislatura local–– su pertenencia dicha Agrupación Política Nacional.

En lo único que quizás Juárez Acevedo tiene razón ––y que de hecho será el argumento central de la impugnación que promoverá la comisionada saliente Josefina Buxadé para echar abajo el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra–– es en cuestionar la legalidad de la elección de la nueva comisionada.

Y es que en efecto, Juárez Acevedo como Josefina Buxadé y varios diputados del PAN creen que Blanca Lilia Ibarra debió quedar fuera del proceso de renovación de la CAIP, por haber sido titular de la Comisión  de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, aun cuando esta instancia municipal tenga el carácter de organismo auxiliar transitorio.

En suma: me parece que los casos de Blanca Lilia Ibarra y Juárez Acevedo tienen pocas semejanzas, amén que lo que llevó al segundo a su inminente remoción, fue no sólo una violación del artículo 27 de la Ley de Transparencia, sino su condición de cínico y mentiroso contumaz.

EN CORTO
Aun cuando los priístas eliminaron del dictamen que hoy será sometido al pleno del Congreso del estado, la recomendación a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para que abra un proceso penal en contra de Antonio Juárez Acevedo por falsedad de declaraciones, lo más probable es que la bancada y la dirigencia estatal del PAN presenten por su cuenta esta denuncia ante el Ministerio Público.

Y es que el PAN quiere utilizar el caso Juárez Acevedo como ariete para llevar mano en el proceso de selección del futuro comisionado de la CAIP, y que no será, como algunos ingenuos creen, el suplente de aquel, Fidencio Aguilar Víquez, quien actualmente se desempeña como consejero propietario del Instituto Electoral del Estado.

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Esta será una semana de sorpresas y noticias en torno al equipo de fútbol Puebla de primera división y su polémica directiva.

Por lo pronto, trascendió que el presidente de La Franja, Francisco Bernat Cid, finalmente decidió mantener el 51% de las acciones del club, después de que el jueves Ricardo Henaine Mezher y Jesús López Chargoy sólo querían entregarle 500 mil dólares, es decir, el 10% de los 5 millones de dólares en que se había pactado la transacción.

Otra noticia que también trascendió es el nombre del empresario tamaulipeco interesado en comprar parte de las acciones del Puebla de La Franja: Miguel Ángel Martínez Rodríguez, director del grupo Comsbmra y dueño del Tampico Madero de primera división A.

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Ayer domingo circularon dos versiones contradictorias sobre la oncena camotera.

Una primera versión, refiere que Paco Bernat cederá el control de La Franja, pero sin vender sus acciones, al grupo de Ricardo Henaine, López Chargoy y Miguel Ángel Rodríguez, el cual confirmará la contratación de Rubén Omar Romano como director técnico del equipo.

En cambio, la segunda versión apunta Paco Bernat está siendo víctima de presiones y chantajes para venda sus acciones a Ricardo Henaine y compañía, so pena de ser encarcelado como consecuencia de varias demandas por fraude y evasión fiscal en su contra.

Según esta misma especie, el accionista mayoritario del Puebla podría anunciar el regreso de José Luis Sánchez Solá “El Chelís” como entrenador del equipo, y denunciar las presiones de que está siendo víctima por parte de sus socios, en complicidad con ciertas autoridades.

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Y hasta la próxima.

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Aun cuando la Gran Comisión aún no define la terna que será presentada al pleno de la Cámara de Diputados, lo más probable es que Blanca Lilia Ibarra Cadena sea quien la encabece y la que ocupe el cargo que dejará vacante en la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Josefina Buxadé Castelán.

De los 15 aspirantes al cargo que ayer fueron entrevistados por los diputados de la Gran Comisión del Congreso del estado, hay coincidencia que las mejores exposiciones fueron las de Josefina Buxadé, Blanca Lilia Ibarra, Ana Belén Mendieta Lozada y Roberto Díaz Sáenz, en ese orden.

Para los legisladores priístas, que son los tienen en sus manos la decisión, las propuestas de Blanca Lilia Ibarra y Josefina Buxadé representan dos complicados dilemas.

En el caso de la presidenta de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, existe el temor de que su nombramiento pueda ser impugnado, bajo el argumento de que Ibarra no cumple con el punto seis de la convocatoria expedida por el Poder Legislativo, y que a la letra dice:

«6.- No haber desempeñado cualquier cargo de elección popular con el carácter de propietario; Titular de Dependencia o Entidad Federal, Estatal o Municipal; Magistrado del Poder Judicial del Estado o del Tribunal Electoral del Estado, Consejero del Instituto Electoral del Estado o dirigente de algún partido o asociación o agrupación política durante los tres años previos al de su designación».

Ayer la propia Blanca Lilia Ibarra explicó a los diputados que la interrogaron sobre el particular que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del ayuntamiento de Puebla, de la cual se separó para registrarse como aspirante a comisionada de la CAIP, no es una dependencia o entidad municipal, sino un organismo auxiliar transitorio.

Su argumentación no convenció del todo a un sector de los diputados del PAN, que anoche recibieron un informe de sus asesores jurídicos en el sentido de que la participación de Blanca Lilia en el proceso de renovación de la CAIP podría ser violatoria de la convocatoria emitida por el Congreso del estado para tal fin.

El segundo dilema de los priístas es no saber cómo o bajo qué argumentos impedir la continuidad de Josefina Buxadé al frente de la CAIP.

Y más cuando ayer se conoció que además de la UDLA-P, la Ibero, la UPAEP, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial y la Fundación para la Libertad de Expresión, entre otras organizaciones que la nominaron, cuenta con el respaldo de intelectuales, escritores, periodistas, consejeros electorales y académicos de reconocida talla nacional e internacional que no debieran ser ignorados.

Por lo pronto hoy continuarán al seno de la Gran Comisión las negociaciones, por lo que la terna definitiva que este jueves será presentada al pleno de la LVII Legislatura local se conocerá hasta hoy por la noche o mañana antes del medio día.

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Por Eduardo González Soto

El miércoles pasado Javier López Zavala, secretario de Desarrollo Social, se reunió con los suplentes de los actuales diputados locales del PRI, en el quinto piso del Hotel Condado Plaza, de la llamada zona dorada de la ciudad.

La reunión fue concertada por el ex diputado local y ex presidente municipal de Zacatlán, José Luis Márquez Martínez.

Durante el encuentro López Zavala lamentó la salida de Juan Carlos Natale López –suplente de la diputada Bárbara Ganime Borne– de las filas del Revolucionario Institucional, para enrolarse como dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México.

El secretario de Desarrollo Social sostuvo ante sus oyentes que en la actualidad, dentro de las encuestas, encabeza la intención de voto y se encuentra arriba de las preferencias electorales sobre sus más cercanos competidores en el camino a la gubernatura, tanto en el PRI como en el PAN.

Por ello invitó a los presentes a sumarse a su propuesta política, al tiempo de ofrecerles integrarlos en un futuro cercano al proyecto ‘Z’.

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Este viernes se antoja de rompe y rasga la sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado.

Ya que en asuntos generales se planteará dar por concluida la glosa del informe financiero del consejero presidente, Jorge Sánchez Morales, correspondiente al ejercicio fiscal de 2007.

Fue en mesa de trabajo del Consejo General este jueves, cuando el titular del organismo propuso la inclusión del punto en la parte final de la sesión que se llevará a acabo este día a las 15 horas, al aprovechar la escasa asistencia de los representantes de partidos políticos, que con anterioridad han cuestionado la falta de escrutinio de las cuentas y gastos reportados en su informe.

Y es que la intención resulta imprudente, dado que desde el jueves 3 de abril de 2008 debió comenzar la revisión a las cuentas del organismo correspondientes al año electoral de 2007, sin embargo cada una de las convocatorias semanales fue pospuesta por diversos motivos.

Incluso a últimas fechas se pretextó el análisis del presupuesto del año entrante para dejar de lado esta actividad.

El debate se anticipa rudo, sin embargo pese a los raspones también se prevé que el acuerdo se apruebe por mayoría de los consejeros electorales afines a la administración de Jorge Sánchez Morales.

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A la par de la negativa de la Secretaría de Finanzas por entregar documentos que soporten el análisis de la Ley de Egresos del estado para 2009, algo que ha molestado a los legisladores locales son las convocatorias al cuarto para la hora de las dos últimas sesiones de la Comisión de Hacienda y Patrimonio en el Congreso.

El miércoles pasado los diputados fueron avisados de última hora sobre la primera reunión de discusión para la noche de ese día.

De igual forma, este jueves se les comunicó por la mañana de la visita que haría el secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, a la sede del poder legislativo al filo del medio día.

Pero lo más ridículo es la negativa de los funcionarios estatales por entregar a los integrantes de la Comisión documentos que soporten el manejo de los recursos públicos en la entidad para el siguiente año, ¿O qué, todo en la administración marinista se hace de oídas y buena fe?

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Una estrategia que al Partido Acción Nacional le funcionó durante muchos años, pero que hoy le resulta cada vez menos efectiva (si no es que hasta contraproducente), es el escándalo mediático.

El problema de los dirigentes, diputados y regidores del PAN es que no son consecuentes ––y a veces ni congruentes–– con lo que denuncian, pues sus críticas y señalamientos se agotan cuando un medio de comunicación les da cabida en sus espacios informativos o en sus notas de ocho columnas.

Lo anterior viene a colación por la tardía denuncia que el secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, Marcos Castro Martínez, presentó este miércoles en contra del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, por falsedad de declaraciones ante el Congreso del estado.

Por supuesto que no estoy en contra de que Juárez Acevedo haya sido acusado de mentiroso ante el Ministerio Público, al haber ocultado al Poder Legislativo su pertenencia como directivo de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro.

Pero en el fondo, lo que la dirigencia estatal del PAN quiere con el caso Juárez Acevedo es atraer reflectores, sacar raja política, y hacer show mediático a costa de un personaje desprestigiado.

Si deveras la dirigencia y los diputados panistas quisieran fincarle responsabilidades e iniciarle un proceso administrativo por el delito de falsedad de declaraciones, ya lo habrían hecho desde septiembre de 2007, cuando descubrieron y tenían documentado que Juárez Acevedo aún fungía como secretario general de Plataforma Cuatro.

¿Por qué dejaron pasar más de un año para acudir al Ministerio Público a denunciarlo?

¿Por qué lo hacen ahora que Juárez Acevedo está por ser removido como presidente y comisionado de la CAIP?

¿Por qué, si deveras están agraviados por el cinismo y mentiras de Juárez Acevedo, han aceptado, cual mansos (¿o mensos?) corderitos, el largo y engorroso procedimiento seguido por la Comisión de Gobernación del Congreso del estado para destituirlo de la CAIP?

¿No será que en el fondo sólo le apuestan al escándalo mediático, como el que ayer protagonizó Marcos Castro en los pasillos de la Procuraduría General de Justicia?

Ojalá esté equivocado.

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La presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, está a un tris de convertirse en rehén del líder del sindicato de trabajadores del ayuntamiento, Israel Pacheco Velázquez, y no pocos de sus cómplices dentro y fuera de la administración municipal.

Blanca Alcalá ha mantenido una política errática en materia laboral y sindical, pues en su afán de echarse a la bolsa a Israel Pacheco, primero le abrió espacios en su planilla de regidores y luego le entregó la Dirección de Servicios Públicos.

Colmilludo, Israel Pacheco coló a Guillermina Hernández Castro como regidora, y luego a su hermano Conrado como subdirector de Servicios Públicos.

Hoy la alcaldesa paga caros sus desaciertos, tanto que ayer la regidora salió a criticar el supuesto terrorismo laboral de la presidenta municipal y Conrado encabezó una marcha de más de mil empleados del ayuntamiento, una buena parte de ellos adscritos a la Dirección de Servicios Públicos, para protestar por el despido de dos delegados sindicales.

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La conferencia del filósofo Fernando Savater en el San Pedro Museo de Arte, sobre la función de la ciudadanía en las democracias modernas, degeneró en un acto político de mal gusto.

De entrada metieron en el presidum a puros políticos, cuando la conferencia, se supone, habría sido organizada por la facultad de Filosofía y Letras de la BUAP y la Secretaría de Cultura, con carácter académico.

En los carteles donde se publicitó la charla de Savater, así como en los pases de acceso, se anunciaba que el filósofo español sería presentado por su coterráneo, Vicente Carrera Álvarez, docente de la facultad de Filosofía.

El académico llegó con suficiente antelación al acto. Sin embargo, cuando Savater y la comitiva oficial que lo acompañó llegaron al Museo, Carrera Álvarez fue excluido, pues la presentación corrió a cargo de Ricardo Velázquez, director del Centro Mundial de Estudios sobre la Legalidad (Cemle) y ex asesor jurídico de Mario Marín Torres durante el “Lydiagate”.

Eso sí, en el presidum metieron al secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, dizque con la representación del gobernador Mario Marín; al secretario de Cultura, Alejandro Montiel Bonilla; al secretario particular de Marín, Guillermo Deloya Cobián; y hasta al hijo de Raúl Salinas, Juan José Salinas Pasalagua, quien fue presentado como senador.

Al finalizar el acto, Víctor Baca, integrante del Cemle y del comité organizador, explicó al escaso público aún presente que la participación de Carrera Álvarez fue suspendida “porque el estrado es demasiado pequeño y frágil: corríamos el riesgo de que se viniera abajo si subía una persona más”. 

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MMT y la mayoría priísta ignoran la Reforma Constitucional
Promueven a hijo de Piña Olaya para una diputación federal

Un tema que hasta ahora no queda claro para nadie es si en Puebla se adelantarán o no las elecciones para gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado, del año 2010.

De acuerdo con la reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión —y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007—, los comicios locales del 2010 tendrían que adelantarse cuatro de meses, para llevarse a cabo en julio y no en noviembre.

En términos del artículo 116 constitucional fracción IV inciso a), las elecciones de gobernadores, de los integrantes de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos deben efectuarse mediante sufragio universal, libre y secreto, el primer domingo de julio del año que corresponda.

Sin embargo, localmente se ha dicho que por las elecciones extraordinarias celebradas en el municipio de Felipe Ángeles, Puebla quedará al margen de esa reforma, de suerte que la renovación de sus autoridades en la gubernatura, los 217 ayuntamientos y el Poder Legislativo, se efectuará en la fecha prevista por el artículo 19 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, es decir, el segundo domingo de noviembre.

Un detalle que confirma la hipótesis de que las autoridades estatales —entiéndase el gobernador Mario Marín Torres y la mayoría priísta en la LVII Legislatura— no quieren que los comicios locales del 2010 se adelanten de noviembre a julio, es la omisión del Congreso del estado para adecuar el Código Electoral vigente a la Reforma Constitucional federal en materia electoral.

El Congreso del estado tenía un año, a partir del día siguiente que se publicó el decreto de la Reforma Constitucional, lo cual ocurrió el 13 de noviembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, para adecuar su legislación electoral a las nuevas disposiciones aprobadas por el Congreso de la Unión.

De más está decir que ello no sólo no ocurrió, sino que a estas alturas ni siquiera existe en la LVII Legislatura local una iniciativa de reforma encaminada a ese propósito.

La razón no es difícil de deducir. Es lógica: Mario Marín no quiere, ni está dispuesto a entregar el poder antes de tiempo.

En las reglas no escritas del sistema político mexicano el poder de un gobernante —llámese presidente de la República o gobernador— comienza a menguar con el inicio del último año del periodo sexenal o después del quinto informe de gobierno, y llega su nivel más bajo cuando se conoce el nombre de quien lo sustituirá.

En la cultura política priísta esta regla es inexorable.

Si en Puebla la Reforma Constitucional en materia electoral se aplicara, el nombre del candidato del PRI a suceder a Mario Marín en la gubernatura del estado se sabría no hasta mediados del 2010, sino a principios de ese año.

Y es que todas las fechas y plazos del proceso electoral tendrían que adelantarse si las elecciones locales se llevaran a cabo el primer domingo de julio.

Los partidos tendrían que registrar candidatos al cargo de gobernador ya no en la última semana de agosto de 2010, sino a finales de abril o principios de mayo.

Lo anterior significa, considerando los procesos internos y las precampañas de cada partido, que los precandidatos estarían en plena actividad por ahí de febrero, y que el nombre del elegido del PRI se conocería a más tardar en abril o mayo del 2010, cuando a Mario Marín aún le restan ocho meses de su periodo sexenal.

¿Usted creee que Mario Marín está dispuesto a que con la Reforma Constiucional su sexenio se acorte y se acote, con todo y que él concluiría su sexenio hasta el 31 de enero del 2011?

Ahora entiende por qué los priístas y en especial el Ejecutivo estatal no quieren adecuar el Código Electoral vigente a la Reforma Constitucional federal en materia electoral.

El problema para el gobernador y los diputados locales del PRI, es que otros destacados priístas como el diputado federal Alberto Amador Leal, creen que detrás de esa negativa hay una intención de desacato y de violentar lo que en el Congreso de la Unión se aprobó.

Y si no me cree, lo invito a que escuche la entrevista que hace unas semanas concedió Alberto Amador a los directivos del periódico Puebla Sin Fronteras.

AUDIO 1

AUDIO 2

AUDIO 3

EN CORTO

Este sábado el hijo del ex gobernador Mariano Piña Olaya, Juan Pablo Piña Kurczyn, se reunió a desayunar con un grupo de jóvenes y simpatizantes del PRI, algunos de ellos egresados de la Escuela Libre de Derecho, para anunciar su intención de buscar la diputación federal por el noveno distrito con cabecera en el municipio de Puebla.

La reunión convocada por el menor de los vástagos de Mariano Piña y su esposa Patricia Kurczyn tuvo lugar en Las Acamayas del boulevard Hermanos Serdán, restaurante propiedad de Alejandro Pasos y de los favoritos del ex gobernador.

Juan Pablo Piña tiene como rival en ese distrito al empresario Julián Haddad Férez, ex director del Instituto Poblano del Deporte en el sexenio piñaolayista.

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Otro aspirante priísta a diputado federal que el sábado organizó una gran comilona en su rancho Ciénega Larga, allá entre Chignahuapan y Tlaxco, fue Saúl Rivera Sosa.

Al banquete para 3 mil personas acudieron presidentes y ex presidentes municipales, así como políticos de esa región de la Sierra Norte.

Entre los invitados destacó la presencia de Jesús Morales Flores, quien aprovechó el evento para promoverse como aspirante a Casa Puebla, mientras Saúl Rivera hacía lo propio para la diputación por el distrito 2 con cabecera en Zacatlán.

Saúl Rivera tiene como contricantes en ese distrito al líder de la Federación de Trabajadores de Puebla, Leonardo Soto Martínez, y al subsecretario de Desarrollo Social del estado, Juan Carlos Lastiri Quirós.

La familia de Sául Rivera ejerce un fuerte cacicazgo en la región, desde los tiempos de su papá don Lorenzo Rivera Castillo, quien fue presidente municipal de Chignahuapan al igual que él. Su hermano Lorenzo Rivera Sosa es diputado local en la LVII Legislatura, cargo que él también ostentó en la LV Legislatura.

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Y hasta la próxima.

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En el transcurso de las próximas semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá que resolver si Germán López Brun regresa o no como magistrado al Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

El asunto reviste especial importancia, no sólo porque el litigio será analizado por el máximo tribunal del país, sino porque por fin se sabrá si el procedimiento seguido por el Congreso local para el nombramiento de los tres magistrados del TEE para el periodo 2006-2012 fue correcto o si éste estuvo plagado de irregularidades.

Para López Brun, la decisión del Poder Legislativo de no ratificarlo para un segundo periodo de seis años, como ocurrió con Reynaldo Lazcano Fernández y Marco Antonio Gabriel González Alegría, fue ilegal, violatoria de sus garantías individuales, y aberrante en términos jurídicos.

En los alegatos de su segundo juicio de amparo, atraído por la Segunda Sala de la SCJN y los cuales quedaron registrados dentro del expediente 104/2008, López Brun argumenta que después de que el Congreso del estado avaló el procedimiento de ratificación a que fue sometido, por 34 votos a favor y 4 en contra, este debió ratificarlo hasta el 2012 como sucedió con los otros dos magistrados del TEE.

Sin embargo, apunta que el hecho de que los diputados de la pasada legislatura hubieran actuado de manera diferente en su caso, pese a cumplir “con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la base VI de la convocatoria relativos al proceso de ratificación”, para otorgarle la magistratura que venía desempeñando a Antonio Oropeza Barbosa, representa una aberración jurídica, pues las reglas que normaron laintegración del Tribunal Electoral de Puebla fueron manipuladas y tergiversadas en su perjuicio.

“Cómo puede ser posible que a un magistrado en funciones se le de carácter de aspirante para ocupar un cargo que ya de por si desempeñaba”.

El caso López Brun será puesto a la consideración del pleno de la SCJN a mediados o finales de este mes, lo que significa que si éste gana el juicio, el Congreso tendrá no sólo que restituirlo, sino incluso pagarle el equivalente a 19 meses de sueldo.

Abur.

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Quizás sin proponérselo, el rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez ha convertido a la institución en la pasarela política de los principales aspirantes a la gubernatura de la entidad.

La semana pasada el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Jorge Estefan Chidiac, estuvo en una cena que ofreció a sus pares para consensuar con el secretario de Hacienda, Agustín Cartens Cartens, el presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del próximo año.

Y ayer Agüera fue anfitrión del senador Rafael Moreno Valle, en el marco de una reunión que el secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, encabezó aquí con sus delegados de todo el país para poner en marcha el Movimiento Laboral 2008, y del secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, con quien firmó un convenio de colaboración que francamente no reviste ninguna importancia, salvo por el hecho de que el delfín del gobernador se sacó de la manga tres nuevos campus de la UAP que en realidad no existen en Huehuetla, Chilchotla y Ciudad Serdán.

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Es tan firme el compromiso de los diputados locales con la transparencia y la legitimidad del órgano encargado de hacerla efectiva en la entidad —la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP)— que su cuestionado presidente Antonio Juárez Acevedo pudo irse de vacaciones sin ninguna preocupación y sin que nadie lo molestara.

El pasado 13 de julio, el diputado Pablo Fernández del Campo prometió agilizar la investigación que se le sigue a Juárez Acevedo, tendiente a corroborar si éste era miembro y directivo de la agrupación política Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP, en diciembre de 2004.

Ese domingo, el legislador priísta ofreció no sólo incorporar a la investigación del Poder Legislativo los documentos difundidos por El Sol de Puebla y e-consulta, que involucran a Juárez Acevedo como secretario general de Plataforma Cuatro, sino mandar una comisión tanto a las oficinas centrales del IFE como a la notaría número 27 de Veracruz, para que comprobaran la autenticidad de los actas y directorios que se publicaron.

A tres semanas de distancia, no hay ningún avance. El personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos que acudió al IFE se encontró con que el personal estaba de vacaciones; y el titular de la dependencia, Edgar Sánchez Farfán, estimó que no tenía caso viajar a Veracruz cuando podría hacer llegar su petición a la Notaría de Veracruz por mensajería.

De más está decir que el Congreso y la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales —responsable de la investigación a Juárez Acevedo— no tienen ninguna prisa y menos después de que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con el voto en contra de todos los legisladores de oposición, las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla.

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Las maniobras de María Luisa Huerta Rodríguez —viuda del extinto regidor de Gobernación de San Martín Texmelucan, Efrén Ronco Ceferino— para ocupar el lugar que dejó vacante su marido o por convertirse en la directora del Sistema DIF municipal, ya agotaron la paciencia del presidente municipal Noé Peñaloza Hernández.

Y no es para menos, pues, en aras de lograr su propósito, Huerta Rodríguez emprendió una campaña negra de correos y filtraciones en contra del director del DIF municipal, Gerardo Martínez, y la coordinadora de los Centros de Atención Infantil Comunitaria, Susana Vega López, involucrándolos en falsas denuncias de corrupción y acoso sexual.

Descubierta su maniobra, Noé Peñaloza ordenó su separación del DIF y de la coordinación de la Estancia de Día y el Programa de Despensas, por conflictiva y por inepta, ya que su negligencia en el envío al Sistema DIF estatal de los padrones de beneficiarios de las despensas Proaba y Proama, provocó que éstas estuvieron a punto de perderse.

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Cuatro funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del estado ya fueron sembrados en los distritos o regiones por los cuales quieren ser diputados al Congreso de la Unión, con la bendición del PRI estatal y de Javier López Zavala. Se trata de Fernando Morales Martínez, delegado en Tecamachalco; Alberto González Morales, delegado en Tepeaca; Sara Chilaca Marínez, delegada en San Pedro Cholula; e Isabel Merlo Talavera, delegada en Atlixco.

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Hoy finalmente se aprobarán las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia.

A juzgar por el dictamen que ayer aprobaron sólo los diputados priístas, en la sesión de las comisiones unidas de Gobernación y Transparencia, son pocos los avances que tendrá nueva legislación en comparación con la vigente.

Los legisladores priístas rechazaron dotar a la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) de autonomía constitucional.  Lo único que aceptaron fue quitarle eso de órgano auxiliar del Poder Ejecutivo del estado.

A diferencia de lo que ocurre en otras entidades federativas, con legislaciones más progresistas en la materia, en Puebla no habrá un sólo órgano encargado de hacer efectiva la transparencia y la rendición de cuentas, sino alrededor de 200.

La CAIP será el órgano del Ejecutivo, los poderes Legislativo y Judicial tendrán sus órganos análogos, y lo mismo ocurrirá con los ayuntamientos y con los demás sujetos obligados, entre los que por cierto no estarán los partidos políticos, las universidades públicas y los fideicomisos en los que participe el gobierno.

Cabe destacar que esto último contraviene el dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado, que al momento de aprobar las reformas al artículo 6° constitucional recomendaron la existencia de sólo 32 órganos estatales y uno federal, para evitar la perniciosa e impracticable proliferación de autoridades de transparencia.

En Puebla habrá más de 200 autoridades o comisiones de transparencia, una por cada poder, una por cada ayuntamiento con población superior a 70 mil habitantes, y una más por cada sujeto obligado.

La Ley de Transparencia no incluirá sanciones a los funcionarios que nieguen, oculten e escamoteen la información pública que se les requiera, y tampoco la obligación de que los funcionarios acrediten el supuesto daño que causaría la difusión de una información que ellos clasifiquen como restringida o reservada.

En suma: Puebla seguirá sumida en la opacidad gracias a los diputados del PRI.

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El próximo lunes e-consulta publicará, en una edición especial, el ranking de las mejores universidades de Puebla.

Se trata de una investigación efectuada por el equipo de Consultoría Contracorriente, en la que fueron consideradas las 219 instituciones de educación superior que existen en la entidad.

No está de más apuntar que ésta es la primera investigación estatal en la materia, para un medio de comunicación.

Hasta hoy, la calidad de las universidades poblanas se había medido por su inserción dentro de rankings nacionales o por criterios basados en cuestiones no académicas, como encuestas a población abierta (basadas en la percepción del entrevistado), cuestionarios a empresarios y directivos de bolsas de trabajo o en evaluaciones de carácter administrativo, como las certificaciones ISO-9000.

La evaluación de Consultoría Contracorriente se hizo a partir de nueve indicadores, entre ellos el número de programas de licenciatura y posgrado de calidad, certificados por CIEES, COPAES o Conacyt; el número y nivel de sus investigadores pertenecientes al SNI; su porcentaje de titulados y egresados; sus convenios internacionales, y su inserción y aceptación en el mercado laboral.

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Será hasta el 1 de septiembre cuando se publique la convocatoria para la elección de director en cuatro unidades académicas de la Universidad Autonóma de Puebla: Ciencias Físico-Matemáticas, la facultad de Lenguas, la facultad de Ingeniería Química y la preparatoria Simón Bolívar de Atlixco.

Hasta ahora hay más o menos consenso para que Cupatitzio Ramírez Romero repita como director en Físico Matemáticas, y que lo mismo suceda con Santiago Aguilar Márquez en la facultad de Lenguas.

En el caso de Ingeniería Química, lo más probable es que el candidato de unidad sea Óscar Arroyo Porras, aunque el puesto también lo quiere el ex director Elías Jiménez Salgado.

Donde aún no hay consenso para sacar un candidato de unidad es en la preparatoria Simón Bolívar, aunque Rubén Romero es el que se perfila con mayores posibilidades.

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Ayer, durante la comida por el cumpleaños número 80 del periodista Enrique Montero Ponce, la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, se levantó para ir al tocador y estando en el baño sufrió un desvanecimiento. El incidente ocurrió alrededor de las 16 horas en el Club de Empresarios de Puebla, del hotel Presidente Intercontinental, donde tuvo lugar dicho festejo.

Pero qué necesidad

Este jueves el Congreso del estado aprobará las reformas a la Ley de Transparencia.

Si las reformas y adiciones serán de avanzada o si éstas se ajustarán estrictamente a lo establecido por el 6º constiticional, es algo todavía incierto.

Hasta ahora, y gracias a la presión de académicos, medios de comunicación y organizaciones ciudadanas, el grupo mayoritario dentro del Poder Legislativo, el PRI, ha flexibilizado su posición, pero no al grado de aceptar la autonomía de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) o de tipificar dentro de la propia Ley de Transparencia sanciones para los funcionarios que oculten, nieguen o escamoten la información pública que se les requiera.

El gobernador Mario Marín y la fracción parlamentaria del PRI tienen la gran oportunidad de darle a Puebla un jalón en materia de transparencia y rendición de cuentas o de mantener a la entidad en el sótano de la opacidad, con cambios de forma, pero no de fondo, o con reformas de apertura sujetas a tortuosos candados legales.

La estrategia de Casa Aguayo y de los diputados del PRI de querer sacar la cuenta pública del gobernador Mario Marín Torres, a cambio de una reforma de avanzada a la Ley de Transparencia, no sólo es equivocada, sino torpe, pues deja al imaginario colectivo la sensación de que algo turbio y podrido se enconde el estado de origen y aplicación de recursos del ejecutivo del estado en el ejercicio 2007.

Usar la reforma a la Ley de Transparencia como moneda de cambio, no sólo es un despropósito, sino una transacción inmoral, que dejará mal parados al gobernador y a los diputados del PRI y la oposición que se presten a esta negociación.

Ambos procesos, la aprobación de la Ley de Transparencia y la aprobación de la cuenta pública del gobernador, deben seguir sus propios derroteros.

En el primero, Mario Marín puede ganar legitimidad —que mucha falta le hace, después del escándalo en que se vio envuelto por el litigio con la periodista Lydia Cacho— con una reforma de avanzada, que dote de autonomía operativa, de gestión y de decisión a la CAIP; que facilite a los ciudadanos la obtención de información pública, a través de instrumentos ya probados como el Infomex; que convierta a partidos políticos, fideicomisos y demás instituciones que reciben financiamiento público en sujetos obligados de la Ley de Transparencia, y que fije plazos a las dependencias para publicar sus indicadores de gestión.

Por lo que hace a la cuenta pública, creo que el PRI debería redefinir su estrategia, partiendo de que tiene la mayoría, y de que aun con los votos de la oposición en contra, no existe ningún riesgo de que dicha cuenta se quede sin aprobar.

Si el PRI se abre al debate y reta a la oposición a que documente y pruebe las acusaciones e inconstencias que seguramente denunciará, pondrá a sus críticos contra la pared, pues estos no tendrán más remedio que probar sus dichos —cosa que hasta el momento no han hecho— o quedarse callados, a riesgos de ser exhibidos como diarréicos verbales.

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