Por Eduardo González Soto

El miércoles pasado Javier López Zavala, secretario de Desarrollo Social, se reunió con los suplentes de los actuales diputados locales del PRI, en el quinto piso del Hotel Condado Plaza, de la llamada zona dorada de la ciudad.

La reunión fue concertada por el ex diputado local y ex presidente municipal de Zacatlán, José Luis Márquez Martínez.

Durante el encuentro López Zavala lamentó la salida de Juan Carlos Natale López –suplente de la diputada Bárbara Ganime Borne– de las filas del Revolucionario Institucional, para enrolarse como dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México.

El secretario de Desarrollo Social sostuvo ante sus oyentes que en la actualidad, dentro de las encuestas, encabeza la intención de voto y se encuentra arriba de las preferencias electorales sobre sus más cercanos competidores en el camino a la gubernatura, tanto en el PRI como en el PAN.

Por ello invitó a los presentes a sumarse a su propuesta política, al tiempo de ofrecerles integrarlos en un futuro cercano al proyecto ‘Z’.

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Este viernes se antoja de rompe y rasga la sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado.

Ya que en asuntos generales se planteará dar por concluida la glosa del informe financiero del consejero presidente, Jorge Sánchez Morales, correspondiente al ejercicio fiscal de 2007.

Fue en mesa de trabajo del Consejo General este jueves, cuando el titular del organismo propuso la inclusión del punto en la parte final de la sesión que se llevará a acabo este día a las 15 horas, al aprovechar la escasa asistencia de los representantes de partidos políticos, que con anterioridad han cuestionado la falta de escrutinio de las cuentas y gastos reportados en su informe.

Y es que la intención resulta imprudente, dado que desde el jueves 3 de abril de 2008 debió comenzar la revisión a las cuentas del organismo correspondientes al año electoral de 2007, sin embargo cada una de las convocatorias semanales fue pospuesta por diversos motivos.

Incluso a últimas fechas se pretextó el análisis del presupuesto del año entrante para dejar de lado esta actividad.

El debate se anticipa rudo, sin embargo pese a los raspones también se prevé que el acuerdo se apruebe por mayoría de los consejeros electorales afines a la administración de Jorge Sánchez Morales.

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A la par de la negativa de la Secretaría de Finanzas por entregar documentos que soporten el análisis de la Ley de Egresos del estado para 2009, algo que ha molestado a los legisladores locales son las convocatorias al cuarto para la hora de las dos últimas sesiones de la Comisión de Hacienda y Patrimonio en el Congreso.

El miércoles pasado los diputados fueron avisados de última hora sobre la primera reunión de discusión para la noche de ese día.

De igual forma, este jueves se les comunicó por la mañana de la visita que haría el secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, a la sede del poder legislativo al filo del medio día.

Pero lo más ridículo es la negativa de los funcionarios estatales por entregar a los integrantes de la Comisión documentos que soporten el manejo de los recursos públicos en la entidad para el siguiente año, ¿O qué, todo en la administración marinista se hace de oídas y buena fe?

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MMT y la mayoría priísta ignoran la Reforma Constitucional
Promueven a hijo de Piña Olaya para una diputación federal

Un tema que hasta ahora no queda claro para nadie es si en Puebla se adelantarán o no las elecciones para gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado, del año 2010.

De acuerdo con la reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión —y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007—, los comicios locales del 2010 tendrían que adelantarse cuatro de meses, para llevarse a cabo en julio y no en noviembre.

En términos del artículo 116 constitucional fracción IV inciso a), las elecciones de gobernadores, de los integrantes de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos deben efectuarse mediante sufragio universal, libre y secreto, el primer domingo de julio del año que corresponda.

Sin embargo, localmente se ha dicho que por las elecciones extraordinarias celebradas en el municipio de Felipe Ángeles, Puebla quedará al margen de esa reforma, de suerte que la renovación de sus autoridades en la gubernatura, los 217 ayuntamientos y el Poder Legislativo, se efectuará en la fecha prevista por el artículo 19 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, es decir, el segundo domingo de noviembre.

Un detalle que confirma la hipótesis de que las autoridades estatales —entiéndase el gobernador Mario Marín Torres y la mayoría priísta en la LVII Legislatura— no quieren que los comicios locales del 2010 se adelanten de noviembre a julio, es la omisión del Congreso del estado para adecuar el Código Electoral vigente a la Reforma Constitucional federal en materia electoral.

El Congreso del estado tenía un año, a partir del día siguiente que se publicó el decreto de la Reforma Constitucional, lo cual ocurrió el 13 de noviembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, para adecuar su legislación electoral a las nuevas disposiciones aprobadas por el Congreso de la Unión.

De más está decir que ello no sólo no ocurrió, sino que a estas alturas ni siquiera existe en la LVII Legislatura local una iniciativa de reforma encaminada a ese propósito.

La razón no es difícil de deducir. Es lógica: Mario Marín no quiere, ni está dispuesto a entregar el poder antes de tiempo.

En las reglas no escritas del sistema político mexicano el poder de un gobernante —llámese presidente de la República o gobernador— comienza a menguar con el inicio del último año del periodo sexenal o después del quinto informe de gobierno, y llega su nivel más bajo cuando se conoce el nombre de quien lo sustituirá.

En la cultura política priísta esta regla es inexorable.

Si en Puebla la Reforma Constitucional en materia electoral se aplicara, el nombre del candidato del PRI a suceder a Mario Marín en la gubernatura del estado se sabría no hasta mediados del 2010, sino a principios de ese año.

Y es que todas las fechas y plazos del proceso electoral tendrían que adelantarse si las elecciones locales se llevaran a cabo el primer domingo de julio.

Los partidos tendrían que registrar candidatos al cargo de gobernador ya no en la última semana de agosto de 2010, sino a finales de abril o principios de mayo.

Lo anterior significa, considerando los procesos internos y las precampañas de cada partido, que los precandidatos estarían en plena actividad por ahí de febrero, y que el nombre del elegido del PRI se conocería a más tardar en abril o mayo del 2010, cuando a Mario Marín aún le restan ocho meses de su periodo sexenal.

¿Usted creee que Mario Marín está dispuesto a que con la Reforma Constiucional su sexenio se acorte y se acote, con todo y que él concluiría su sexenio hasta el 31 de enero del 2011?

Ahora entiende por qué los priístas y en especial el Ejecutivo estatal no quieren adecuar el Código Electoral vigente a la Reforma Constitucional federal en materia electoral.

El problema para el gobernador y los diputados locales del PRI, es que otros destacados priístas como el diputado federal Alberto Amador Leal, creen que detrás de esa negativa hay una intención de desacato y de violentar lo que en el Congreso de la Unión se aprobó.

Y si no me cree, lo invito a que escuche la entrevista que hace unas semanas concedió Alberto Amador a los directivos del periódico Puebla Sin Fronteras.

AUDIO 1

AUDIO 2

AUDIO 3

EN CORTO

Este sábado el hijo del ex gobernador Mariano Piña Olaya, Juan Pablo Piña Kurczyn, se reunió a desayunar con un grupo de jóvenes y simpatizantes del PRI, algunos de ellos egresados de la Escuela Libre de Derecho, para anunciar su intención de buscar la diputación federal por el noveno distrito con cabecera en el municipio de Puebla.

La reunión convocada por el menor de los vástagos de Mariano Piña y su esposa Patricia Kurczyn tuvo lugar en Las Acamayas del boulevard Hermanos Serdán, restaurante propiedad de Alejandro Pasos y de los favoritos del ex gobernador.

Juan Pablo Piña tiene como rival en ese distrito al empresario Julián Haddad Férez, ex director del Instituto Poblano del Deporte en el sexenio piñaolayista.

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Otro aspirante priísta a diputado federal que el sábado organizó una gran comilona en su rancho Ciénega Larga, allá entre Chignahuapan y Tlaxco, fue Saúl Rivera Sosa.

Al banquete para 3 mil personas acudieron presidentes y ex presidentes municipales, así como políticos de esa región de la Sierra Norte.

Entre los invitados destacó la presencia de Jesús Morales Flores, quien aprovechó el evento para promoverse como aspirante a Casa Puebla, mientras Saúl Rivera hacía lo propio para la diputación por el distrito 2 con cabecera en Zacatlán.

Saúl Rivera tiene como contricantes en ese distrito al líder de la Federación de Trabajadores de Puebla, Leonardo Soto Martínez, y al subsecretario de Desarrollo Social del estado, Juan Carlos Lastiri Quirós.

La familia de Sául Rivera ejerce un fuerte cacicazgo en la región, desde los tiempos de su papá don Lorenzo Rivera Castillo, quien fue presidente municipal de Chignahuapan al igual que él. Su hermano Lorenzo Rivera Sosa es diputado local en la LVII Legislatura, cargo que él también ostentó en la LV Legislatura.

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Y hasta la próxima.

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Hoy finalmente se aprobarán las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia.

A juzgar por el dictamen que ayer aprobaron sólo los diputados priístas, en la sesión de las comisiones unidas de Gobernación y Transparencia, son pocos los avances que tendrá nueva legislación en comparación con la vigente.

Los legisladores priístas rechazaron dotar a la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) de autonomía constitucional.  Lo único que aceptaron fue quitarle eso de órgano auxiliar del Poder Ejecutivo del estado.

A diferencia de lo que ocurre en otras entidades federativas, con legislaciones más progresistas en la materia, en Puebla no habrá un sólo órgano encargado de hacer efectiva la transparencia y la rendición de cuentas, sino alrededor de 200.

La CAIP será el órgano del Ejecutivo, los poderes Legislativo y Judicial tendrán sus órganos análogos, y lo mismo ocurrirá con los ayuntamientos y con los demás sujetos obligados, entre los que por cierto no estarán los partidos políticos, las universidades públicas y los fideicomisos en los que participe el gobierno.

Cabe destacar que esto último contraviene el dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado, que al momento de aprobar las reformas al artículo 6° constitucional recomendaron la existencia de sólo 32 órganos estatales y uno federal, para evitar la perniciosa e impracticable proliferación de autoridades de transparencia.

En Puebla habrá más de 200 autoridades o comisiones de transparencia, una por cada poder, una por cada ayuntamiento con población superior a 70 mil habitantes, y una más por cada sujeto obligado.

La Ley de Transparencia no incluirá sanciones a los funcionarios que nieguen, oculten e escamoteen la información pública que se les requiera, y tampoco la obligación de que los funcionarios acrediten el supuesto daño que causaría la difusión de una información que ellos clasifiquen como restringida o reservada.

En suma: Puebla seguirá sumida en la opacidad gracias a los diputados del PRI.

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El próximo lunes e-consulta publicará, en una edición especial, el ranking de las mejores universidades de Puebla.

Se trata de una investigación efectuada por el equipo de Consultoría Contracorriente, en la que fueron consideradas las 219 instituciones de educación superior que existen en la entidad.

No está de más apuntar que ésta es la primera investigación estatal en la materia, para un medio de comunicación.

Hasta hoy, la calidad de las universidades poblanas se había medido por su inserción dentro de rankings nacionales o por criterios basados en cuestiones no académicas, como encuestas a población abierta (basadas en la percepción del entrevistado), cuestionarios a empresarios y directivos de bolsas de trabajo o en evaluaciones de carácter administrativo, como las certificaciones ISO-9000.

La evaluación de Consultoría Contracorriente se hizo a partir de nueve indicadores, entre ellos el número de programas de licenciatura y posgrado de calidad, certificados por CIEES, COPAES o Conacyt; el número y nivel de sus investigadores pertenecientes al SNI; su porcentaje de titulados y egresados; sus convenios internacionales, y su inserción y aceptación en el mercado laboral.

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Será hasta el 1 de septiembre cuando se publique la convocatoria para la elección de director en cuatro unidades académicas de la Universidad Autonóma de Puebla: Ciencias Físico-Matemáticas, la facultad de Lenguas, la facultad de Ingeniería Química y la preparatoria Simón Bolívar de Atlixco.

Hasta ahora hay más o menos consenso para que Cupatitzio Ramírez Romero repita como director en Físico Matemáticas, y que lo mismo suceda con Santiago Aguilar Márquez en la facultad de Lenguas.

En el caso de Ingeniería Química, lo más probable es que el candidato de unidad sea Óscar Arroyo Porras, aunque el puesto también lo quiere el ex director Elías Jiménez Salgado.

Donde aún no hay consenso para sacar un candidato de unidad es en la preparatoria Simón Bolívar, aunque Rubén Romero es el que se perfila con mayores posibilidades.

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