La repentina noticia sobre la auditoría que la Secretaría de la Función Pública práctica a la gestión de Blas Villegas Lara como director general de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (Ceaspue), y sobre las consecuencias que podrían derivarse de esta investigación, alteró algunos planes de la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz.

Y es que la alcaldesa tenía previsto remover a Blas Villegas como director de la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, para nombrarlo como coordinador del Organismo Operador del Servicio de Limpia, en sustitución de Héctor Sulaimán Safi, quien a su vez sería promovido como secretario de Desarrollo Social del municipio de Puebla.

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Después de muchos intentos está semana se constituyó la ACECOP de Puebla, que es la Asociación de Centros Comerciales de Puebla, en cuyo Consejo Directivo participan los administradores de las principales plazas comerciales de la ciudad.

La ACECOP tiene la intención de representar a los comerciantes y locatarios de estas plazas ante las distintas instancias de gobierno —municipales, estatales y federales— con las cuales tienen que ver, ya sea por su giro, actividad o los productos y servicios que venden o prestan.

Entre quienes participan en la directiva de la ACECOP figuran: José Miranda Solana, administrador de Plaza Loreto; Pablo Andrés Torres Campos, representante de los comerciantes del Triángulo de Las Ánimas; María Gema Alvarado Lara, del Centro Comercial Cruz del Sur; Blanca María Peralta Llanera, de Plaza Dorada II; Rafael Cereceda Rodríguez, de Galería Las Ánimas; María Rosaura Pacheco López, de Plaza Bugambilias: y Fernando Rubén Lescieur Gamboa.

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El martes de esta semana, el expresidente de la Cámara de la Construcción de Puebla, José Antonio Escalera Espinosa, sorprendió al candidato a la gubernatura de la Alianza Puebla Avanza, Javier López Zavala, y a los socios y directivos del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, por las críticas que lanzó al gobierno del estado en materia de obra pública.

Un detalle que poco ha trascendido, y que quizás explicaría la actitud de José Antonio Escalera y su crítica a las obras públicas inconclusas, es que en la víspera de ese encuentro, el expresidente de la CMIC se reunió a tomar café con el panista Pablo Rodríguez Regordosa, vocero de la campaña del candidato de la coalición Compromiso por Puebla a la gubernatura, Rafael Moreno Valle Rosas.

La reunión tuvo lugar a las 21:30 horas en un discreto Italian Coffee de la 31 Poniente.

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El miércoles de esta semana el Parque del Arte volvió a convertirse en escenario de mítines políticos electorales. Ese día por la tarde fue llenado de jóvenes simpatizantes de la organización priísta de Mario Marín Junior que expresaron su apoyo al candidato a la gubernatura de la Alianza Puebla Avanza, Javier López Zavala.

El Parque, hoy en custodia del gobierno del estado, fue atiborrado de jóvenes y acarreados de distintas universidades públicas y privadas, así como de algunos bachilleratos incorporados a la BUAP y a la SEP, a los que se les permitió instalar música a todo volumen, invadir los jardines y hasta el lago artificial.

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Simón dice:

«La mayor parte de los problemas del mundo se deben a la gente que quiere ser importante.»

Thomas Stearns Eliot (1888-1965). Poeta, dramaturgo y crítico literario.

Antes de que el dirigente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier, dejara en claro que la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, había quedado fuera de la sucesión gubernamental, por decisión de ella misma, uno de sus regidores en el ayuntamiento de Puebla, pretendió eliminarla por default.

El martes de la semana pasada, el regidor Enrique Chávez Estudillo amagó con votar en contra del proyecto de la presidenta municipal, de solicitar un crédito para financiar los trabajos del viaducto elevado en el boulevard Atlixco, si en la sesión de Cabildo de ese día, no se comprometía a permanecer en el ayuntamiento de Puebla mientras se desarrollaba y concluía la obra.

La amenaza del regidor dogerista llegó por varias vías a la alcaldesa. Una fue a través del coordinador de Comunicación Social, Emilio Trinidad Zaldívar, y la última, minutos antes de la sesión, por conducto del titular del Organismo Operador del Servicio de Limpia, Héctor Sulaimán Safi.

Blanca Alcalá pidió consejo a sus principales colaboradores y éstos le recomendaron no ceder al chantaje político, por lo que decidió enfrentar a Chávez Estudillo en aquella sesión.

Éste comenzó a maniobrar con otros regidores del PRI y la oposición, e incluso tomó la palabra para dejar, de manera velada, constancia de su amago.

Sin embargo, cuando la discusión estaba en su apogeo, y la iniciativa de Alcalá estaba por ser votada, el regidor Chávez Estudillo se levantó de su silla y abandonó el Salón de Cabildo.

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Una de las condiciones que Enrique Doger Guerrero le puso a la presidenta municipal de Puebla para ayudarla a resolver el conflicto que enfrenta desde hace varios meses con el líder sindical del ayuntamiento, Israel Pacheco Velázquez, fue la reinstalación de tres funcionarios municipales, destituidos en los primeros días de julio, como consecuencia del árbol que se desplomó en el zócalo, matando a una niña y lesionado a otros menores.

Estos empleados, que de un momento a otro quedarán libres de cualquier responsabilidad por el Juez Cuarto de Defensa Social, Alberto Miranda Guerra, son: José Odilón Hernández Sánchez, quien se desempeñaba como director de Servicios Públicos de la Secretaría de Gestión Urbana y Obras Públicas; Gerardo Pérez Navarro, quien estaba al frente de la jefatura del Departamento de Parques y Jardines; y Juan Carlos Rivera Arenas, subdirector de Servicios Públicos de la Agencia de Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable.

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Mientras el Instituto Electoral del Estado sigue haciéndose pato para sancionar a los políticos adelantados que siguen promoviéndose publicitariamente con el inequívoco propósito de obtener un puesto de elección popular, las mantas, bardas y pegotes de quienes aspirar a suceder a Mario Marín Torres siguen multiplicándose por todos lados.

En el municipio de Tlatlauquitepec aparecieron cientos de calcomanías en casas y comercios con la leyenda «Doger me cae bien», y en el municipio de Zaragoza, el Comité Municipal del PRI mandó a rotular bardas (como la que se aprecia en la imagen) a favor de Jesús Morales Flores.

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Simón dice:

«El cobarde sólo amenaza cuando está a salvo».

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832). Poeta y dramaturgo alemán.

Más allá de los pleitos y grillas entre el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, Javier García Ramírez, y el director general del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, Eduardo Macip Zúñiga, resulta inaudito el amago de romper la carpeta de concreto que se construye sobre la Vía Atlixcáyotl para ubicar los daños causados en las tuberías de distribución del vital liquido que cruzan por esa importante vialidad.

Esta situación no sólo evidencia la falta de coordinación que existe entre las dependencias del gobierno del estado, sino el poco respeto de las autoridades hacia los ciudadanos.

El 17 de julio de 2008, Javier García presumió la coordinación y logística que la SEDUOP había logrado establecer con las empresas constructoras, Telmex, Comisión Federal de Electricidad, Maxigas y Soapap para empatar los movimientos de postes, cables y tuberías con la ejecución de la obra.

Sin embargo, a juzgar por las críticas y amenazas del director de Operación Hidráulica del Soapap, Tomás Hernández Leal, dicha coordinación valió madres.

No es posible que ahora que la obra se encuentra avanzada, el Soapap nos salga con el cuento de que las empresas a cargo de los trabajos —–CUAR Constructores Asociados, PERECAR y Asociados, CUPSA y ALOM Construcciones— han cometido errores y daños en las tuberías que afectan el suministro de agua potable en 120 colonias del sur de la ciudad.

Y menos tratándose de una de las obras viales más caras en la historia de Puebla y el país, pues cada kilómetro de lo que será el Boulevard Bicentenario tendrá un costo de 100 millones de pesos.

En la remodelación de la Vía Atlixcáyotl se invertirán casi 500 millones de pesos, cifra superior en una quinta parte al presupuesto que este año destinarán el ayuntamiento de Puebla y el gobierno del estado en la pavimentación y reconstrucción de 400 calles de la capital.

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El nombramiento de Jorge Rodríguez y Morgado como secretario de Gestión Urbana y Obra Pública del ayuntamiento de Puebla está lejos de ser una concesión al expresidente municipal Enrique Doger Guerrero, con quien aquel colaboró como secretario de Administración Urbana.

Y es que Rodríguez y Morgado salió del ayuntamiento por diferencias con el exmunícipe, harto de las presiones del coordinador ejecutivo de la presidencia, Alberto Ventosa Coghlan, a los proveedores y contratistas, y de que Enrique Doger lo tuviera como parapeto de quien en realidad mandaba en la dependencia: Gerardo Sordo Sainz.

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Si bien el regidor de Hacienda de San Martín Texmelucan, Ricardo Pérez Rico, fue amenazado y chantajeado vía telefónica por supuestos zetas, al igual que otros funcionarios de ese ayuntamiento, lo ocurrido el lunes por la noche a las puertas de su domicilio, en San Andrés Cholula, está lejos de ser un atentando del brazo armado del Cártel del Golfo.

El regidor fue baleado pero resultó ileso, no así su esposa quien se encuentra fuera de peligro, de acuerdo con fuentes cercanas que la tarde de ayer establecieron contacto con familiares del regidor, vecino del fraccionamiento El Barreal.

Pérez Rico encabeza en el Cabildo de Texmelucan a un grupo de regidores, que suele oponerse a las acciones del presidente municipal Noé Peñaloza Hernández, a pesar de que ambos militan en el mismo partido: Nueva Alianza.

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Simón dice:

“Lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia”.

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) Médico español.

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Son tantas las contradicciones y dudas acerca del relleno sanitario de Chiltepeque; sobre los directivos del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) en su rol de autoridades encargadas de la protección del ambiente, y sobre el estudio contratado a la empresa Incremi para diagnosticar la vida útil del depósito, que hoy el asunto es un auténtico cochinero.

De entrada por las inconsistencias de los dos estudios elaborados por Incremi sobre Chiltepeque. En el primero, que se pagó en la gestión de Enrique Doger Guerrero, se concluyó que la vida útil del relleno se agotaría en septiembre u octubre de 2008, y en el segundo —contratado por la administración de Blanca Alcalá Ruiz— ésta se prolongó hasta el año 2023.

En la primera evaluación, la empresa cuestionó el espesor de la tierra utilizada para cubrir la basura, y en la segunda —contradictoriamente— recomendó reducir a menos de 80 centímetros el grosor de dicha capa.

En sus conclusiones de junio de 2007, Incremi criticó la forma en que RESA llevaba a cabo la compactación de la basura para aumentar la capacidad del relleno, sin embargo en su valoración de enero de 2009 planteó, como la alternativa más viable para alargar la vida útil del depósito, el crecimiento y expansión horizontal de su zona A.

En el primero recomendó quitarle 12 metros a la corona de los taludes, y en el segundo propuso que «para aumentar la vida útil del relleno sanitario, éste se expandiera en forma horizontal y vertical, a través de la compactación de los deshechos, lo que duplicaría la capacidad del sitio».

La lista de incoherencias es todavía larga…

Otro aspecto no menos contradictorio es la postura del coordinador general del OOSL, Héctor Sulaimán Safi.

Este funcionario comenzó con una posición muy estricta. Le exigió a RESA el proyecto ejecutivo para la ampliación del relleno sanitario, y como esta concesionaria de José Abed Rouanett lo ignoró, decidió entonces iniciar un procedimiento de rescisión de contrato.

De la noche a la mañana la postura de Sulaimán se flexibilizó. Éste se olvidó del proyecto ejecutivo, de la intentona de quitarle a RESA la concesión, y de obligarla a participar en otra licitación para poder explotar el biogás y la energía eléctrica que produce y producirá Chiltepeque.

Las causas a ciencia cierta se desconocen, no así el viaje que junto con el subsecretario de Ecología del gobierno del estado, Juan Carlos Fernández Jasso, efectuó a Canadá, con el patrocinio de José Abed, para establecer contacto con la empresa SENES que, supuestamente, se encargará de transformar el biogás en energía eléctrica y de entregársela al ayuntamiento para iluminar la ciudad.

Pero el colmo del cochinero es que ahora Sulaimán Safi e Incremi nos salgan con el cuento de que el municipio tiende a generar menos toneladas de basura, que RESA es una empresa comprometida con la ecología y la protección del ambiente, y que los lixiviados que produce el relleno y que llegan hasta el lago de Valsequillo no contaminan, ni representan ningún riesgo para la salud.

A ese paso lo único que la ciudad puede esperar es que Blanca Alcalá herede el problema del relleno sanitario a la próxima administración, que Sulaimán siga enriqueciéndose a costa de la basura, que RESA logre en automático la concesión de la explotación del biogás —sin mediar licitación— y que Incremi se salga con la suya al asegurar un contrato de supervisión del relleno hasta el año 2023, en que supuestamente concluirá su vida útil.

Ojalá y esta visión escatológica, sea sólo eso, una visión, y no una triste realidad en el corto plazo.

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Tal como ayer se lo adelanté, Mario Marín García, hijo del gobernador Mario Marín Torres, inició el trámite para obtener su patente como notario público ante el Juzgado Noveno de lo Civil, a cargo de Enrique Romero Razo.

Este lunes tres testigos —que nunca quisieron identificarse— dieron constancia de que el primogénito del Ejecutivo estatal es una persona de buena conducta, carente de vicios como la embriaguez y el juego, y apta para desempeñarse en el ejercicio del notariado.

El juez Enrique Romero afirmó que el procedimiento del hijo del gobernador no tenía nada de anómalo o irregular, pero cuando se le pidió el nombre de los testigos dijo que debía guardar sigilo, al tiempo de instruir al personal del juzgado a evitar que éstos fueran entrevistados por la prensa.

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Simón dice:

«Para hacer negocios no se requiere ingenio, basta con no tener delicadeza».

Caballero de Bruix, escritor francés.

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En junio de 2007, a solicitud de la gestión de Enrique Doger Guerrero, el ayuntamiento de Puebla ordenó un estudio sobre la vida útil del relleno sanitario de Chiltepeque.

Dicha evaluación, basada supuestamente en levantamientos topográficos y  estimaciones volumétricas tanto de la capacidad de recepción del depósito como de las toneladas de basura que a diario ahí se procesan, concluyó que para septiembre u octubre de 2008 habría llegado a su máxima capacidad.

El año pasado la administración de Blanca Alcalá Ruiz, por conducto del coordinador general del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), Héctor Sulaimán Safi, ordenó un nuevo estudio con la misma finalidad: diagnosticar la capacidad del relleno sanitario.

Parte de las conclusiones de la nueva evaluación fueron adelantadas ayer por Héctor Sulaimán y los regidores Humberto Vázquez Arroyo y Enrique Chávez Estudillo, presidente de la Comisión de Servicios Públicos, y vocal de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, respectivamente.

En conferencia de prensa, aseguraron que el relleno de Chiltepeque puede funcionar hasta el año 2023 sin necesidad de ampliarse a otros terrenos, para recibir las 1,200 o 1,600 toneladas diarias de basura que produce la capital del estado.

Lo curioso del caso ––y vaya que lo es–– es que ambos estudios fueron realizados por la misma empresa: Ingeniería para el Control de Residuos Municipales e Industriales (Incremi).

Sí, la firma a la que hoy el Organismo Operador del Servicio Limpia prevé contratar como supervisora de la concesionaria del depósito de Chiltepeque: Rellenos Sanitarios (RESA), de José Abed Rouanett.

Y la misma a la cual el ayuntamiento de Blanca Alcalá le pagó 260 mil pesos por un estudio técnico que contradice de cabo a rabo el contratado por la gestión de Enrique Doger.

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Simón dice:

“Todo hombre tiene su precio, lo que hace falta es saber cuál es”
Joseph Fouché, político francés, fundador del espionaje moderno.

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Bullen Navarro promueve acción de anticonstitucionalidad
Compras irregulares en el Organismo Operador de Limpia

Cuando me lo dijeron no lo creí.

Pero así es.

La impugnada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, Marcia Maritza Bullen Navarro, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas y adiciones aprobadas por el Congreso del estado –en su sesión del 17 de julio– a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El pasado 7 de agosto la comisionada de la CAIP, Josefina Buxadé Castelán –junto con un grupo de colegas de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), algunos diputados locales y dirigentes de organizaciones civiles– solicitó la intervención de la CDH para que las modificaciones que se hicieron a la Ley de Transparencia de Puebla fueran declaradas insconstitucionales.

Lo mismo hizo el día anterior, pero con la Procuraduría General de la República.

El caso es que la semana pasada la presidenta de la CDH de Puebla promovió ante el máximo tribunal del país un recurso de inconstitucionalidad para echar abajo los cambios que los priístas decidieron hacer a la Ley de Transparencia, lo que tiene sorprendidos a sus críticos que no esperaban que Bullen Navarro asumiera esa posición.

¿Por qué lo hizo?

En el fondo no se sabe, como tampoco se sabe si Bullen Navarro está convencida de la inconstitucionalidad de las reformas o si con esta iniciativa lo que pretende en realidad es ganar legitimidad, ahora que su nombramiento como presidenta de la CDH ha sido puesto en entredicho por su origen panameño.

Pero cualquiera que sea el caso, pronto lo sabremos, pues lo más seguro es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga que pronunciarse en uno u otro sentido antes de que termine el año.

EN CORTO

No estaría mal que en el marco de la Primera Semana de Transparencia Municipal que impulsa el ayuntamiento de Puebla, con la colaboración del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la UAP, la UPAEP, la Ibero y el Tecnológico de Monterrey, el coordinador general del Organismo Operador del Servicio de Limpia, Héctor Sulaimán Safi, explique algunas compras y asignaciones al margen de la Ley de Adquisiciones.

Por ejemplo, la compra sin licitación de por medio de cuatro barredoras Karcher por 1 millón 800 mil pesos; la adjudicación directa de los seguros del parque vehicular del Organismo Operador del Servicio de Limpia por un monto de 800 mil pesos, y la adquisición –también sin licitación– de 4 millones de pesos de 4 mil papeleras urbanas a la empresa Plastic Omnium Sistemas Urbanos S.A.

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La Primera Semana de la Transparencia arrancará este lunes a las 11 horas en el Salón Barroco de la UAP con la participación de Alonso Lujambio Irazábal, comisionado presidente del IFAI y Benjamín Guillermo Hill Mayoral, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal.

En la ceremonia de inauguración también harán uso de la palabra el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez y la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz.

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El pasado 12 de agosto la Junta de Gobierno de la UPAEP aprobó el arribo de nuevos personajes a la institución. Se trata de Víctor Manuel Ramírez Valenzuela, ex secretario de Educación Pública de Guanajuato durante el gobierno de Juan Carlos Romero Hicks y de Heliodoro Fraile García, ex director de Productividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el gobierno foxista.

Ambos personajes serán claves en el futuro de la UPAEP, pues serán los encargados de reencauzar a esta institución a sus orígenes católicos y yunquistas, lo que seguramente los meterá en algunas confrontaciones con el grupo que hoy controla la rectoría y los principales cargos directivos de la Universidad: entiéndase Alfredo Miranda López, Javier Cabanas Gancedo, Miguel Ángel Garijo Ureta, Mónica Liliana Cortiglia Bosch, Agustín Landa García Téllez, Gonzalo Gómez Collado y Pablo Nuño de la Parra, conocidos como “Los Divinos”.

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El ex secretario de Administración Urbana en la administración municipal de Luis Paredes Moctezuma, Agustín Flores Cuadra, acaba de ganar un juicio de casi cuatro años, por la inhabilitación y sanciones que le impusieron por el famoso árbol de navidad que se construyó en lo que fue la Torre del Milenio.

Trascendió que Flores Cuadra llevó su caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que fue ahí donde le dieron la razón, por lo que ahora las autoridades que lo sancionaron tendrán que limpiarle su expediente como servidor público y restituirle la suma con la que fue sancionado.

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La corriente perredista denominada Nueva Izquierda cobrará un nuevo impulso en Puebla con el arribo al Congreso de la Unión de Jesús Morales Manzo, quien ocupará la curul que dejó vacante un diputado federal por Guerrero.

Morales Manzo ocupará, además, el lugar que tenía su compañero de partido en la Comisión de Hacienda que, por cierto, preside otro poblano: Jorge Estefan Chidiac.

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Y hasta la próxima.

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Los policías estatales y agentes de vialidad están que trinan contra el secretario de Seguridad Pública del estado, Mario Ayón Rodríguez, luego de que el miércoles ordenara detener a cuanta camioneta Lincoln estuviera en circulación, ante la sospecha de que los jefes de los sicarios que el sábado por la madrugada fueron linchados en el municipio de Tlapanalá andaban por la capital del estado.

El malestar de los agentes de tránsito es más que justificado, pues cómo los instruían a detener una camioneta con criminales abordo y armados hasta las cachas, mientras en general Ayón, el coronel José Luis Sobreira Hernández y el director de Seguridad Vial, Carlos Arroyo Salamanca, dirigían las operaciones por radio y desde la comunidad de su oficina.

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Este viernes estará en Puebla el ex procurador General de la República y ex procurador de Justicia en el Distrito Federal, Ignacio Morales Lechuga.

Oficialmente, Morales Lechuga viene a la capital como presidente de la Fundación “Gonzalo Río Arronte”, para donar al área de radiología del Hospital Universitario un tomógrafo axial y para dictar una conferencia magistral titulada “México en la encrucijada del siglo XXI”.

La ponencia de también rector de la Escuela Libre de Derecho –de la cual por cierto es egresado, lo mismo que el presidente Felipe Calderón Hinojosa– tendrá lugar a las 10:30 horas en el Paraninfo del edificio Carolino.

Sin embargo, Morales Lechuga se reunirá a comer en privado con el gobernador Mario Marín Torres y el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez, para que en corto les comparta sus experiencias en materia de seguridad y procuración de justicia, ahora que el crimen organizado azota a la entidad.

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El de hoy será un día difícil para el ilegal e ilegítimo presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del estado de Puebla, Antonio Juárez Acevedo, como anfitrión de la IX Asamblea Nacional Ordinaria de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP), que hoy inicia sus trabajos a las 9:30 horas en el Centro de Convenciones.

¿Con qué calidad y autoridad moral Juárez Acevedo puede ser anfitrión de los representantes de los institutos y comisiones garantes de la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información de todo el país, si hoy está más que confirmado que su nombramiento como comisionado de la CAIP es ilegal, por haber militado y sido dirigente de la Agrupación Política Nacional Plataforma Cuatro?

A ver si el capricho de sus padrinos y protectores políticos de tratar de sostenerlo al frente de la CAIP hasta diciembre, en que concluye el periodo de la comisionada Josefina Buxadé Castelán, no se convierte en un escándalo nacional.

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Cuatro son las firmas que el ayuntamiento y la coordinación del Organismo Operador del Servicio de Limpia evalúan para que analicen y dictaminen el proyecto ejecutivo presentado por la empresa Relleno Sanitarios (RESA) para continuar con la operación y explotación del relleno sanitario de Chiltepeque durante los próximos 15 años.

Las firmas en cuestión son: Fundación Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales, Ingeniería y Desarrollo Sustentable, Ingeniería para el Control de Residuos Municipales e Industriales (Incremi), y Toda Arquitecto.

Hasta ahora la favorita es Incremi.

Y la gran duda: ¿Cuánto nos costará su diagnóstico?

No hay que olvidar que Incremi fue el despacho contratado por la gestión de Enrique Doger Guerrero que dijo, con base en levantamientos topográficos y estimaciones volumétricas, que el relleno sanitario de Chiltepeque agotaría su capacidad de recepción de desechos en septiembre u octubre de 2008, y luego nadie le hizo caso.

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