El Instituto Electoral del Estado (IEE) podría convertirse en el talón de Aquiles de los próximos comicios locales para gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado, por el desgaste de su presidente Jorge Sánchez Morales y la desconfianza que sobre él tienen consejeros electorales y representantes de partidos políticos.

No por nada en el proyecto de reformas electorales que este día harán llegar a la LVII Legislatura local los miembros del Consejo General del IEE hay varias propuestas con clara dedicatoria al presidente del Instituto, como aquella que plantea que éste debe integrar a sus informes anuales las auditorias internas y externas que se realicen a la presidencia y a las direcciones ejecutivas del organismo.

O aquella otra que lo hace responsable no sólo del ejercicio presupuestal y financiero del Instituto, sino de vigilar y velar por el patrimonio del organismo y los recursos humanos y materiales a su cargo.

Jorge Sánchez no es ninguna garantía para sacar adelante el proceso electoral del año entrante, pues no sólo carece de la confianza y estima de sus compañeros consejeros —en particular de Alicia Olga Lazcano Ponce, Fidencio Aguilar Víquez y Miguel David Jiménez López— sino de la menguada estructura operativa del Instituto, comandada por el director general José Antonio Bretón Betanzos, cuya ratificación o salida tendrá que analizarse en un par de meses.

Además, mantiene una abierta confrontación con dirigentes y representantes de partidos políticos acreditados ante el Consejo General del IEE, entre los que destacan Rafael Guzmán Hernández, del PAN y Jorge Luis Blancarte Morales, de Convergencia.

Pero por si eso no fuera suficiente, hay que agregar que una buena parte de las direcciones ejecutivas y demás oficinas del aparato operativo del Instituto están desmanteladas o sin titular. En el mejor de los casos funcionan con un encargado de despacho.

A la fecha están vacantes la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la Contraloría Interna, la Oficina del Área de Trámite de la Secretaría General, y la Oficina de Planeación y Seguimiento de la Dirección General. Y otras como la Dirección Administrativa y la Unidad del Servicio Electoral Profesional operan desde hace más de dos años con encargados de despacho.

De ahí, la fundada preocupación de no pocos actores políticos sobre el riesgo de que Jorge Sánchez Morales se mantenga como organizador y árbitro del adelantado proceso electoral del año próximo.

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Simón dice:

“Mala cosa es tener un lobo cogido por las orejas, pues no sabes cómo soltarlo ni cómo continuar aguantándolo”.
Publio Terencio Afer (195 AC-159 AC). Autor cómico latino.

El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jorge Sánchez Morales, ha dejado de conducir las mesas del trabajo del Consejo General del organismo; desde la semana anterior estas reuniones son coordinadas y moderadas por el secretario general Noé Julián Corona Cabañas.

De quién fue la decisión, es algo que nadie en el Instituto quiere aclarar.

Lo que sí sabe es que después de que Julián Corona asumió la conducción de las mesas de trabajo del Consejo General del IEE, los tres consejeros que habían decidido abandonarlas —Fidencio Aguilar Víquez, Miguel David Jiménez López y Alicia Olga Lazcano Ponce—, argumentado falta de garantías y condiciones, se reintegraron a las mismas.

Quienes aún no se reincorporan a tales reuniones son los representantes del PAN, Rafael Guzmán Hernández y de Convergencia Jorge Luis Blancarte Morales.

Sin embargo, es probable que este día lo hagan, si es que Julián Corona sigue moderando y coordinando esas mesas de trabajo del Consejo General del IEE.

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Poco gana la Secretaría de Finanzas y Administración tratando de ridiculizar a los legisladores del PAN que —a través de solicitudes de acceso a información pública—tratan de obtener datos y cifras acerca de obras, fondos y fideicomisos que reciben u obtienen financiamiento público estatal o federal.

De entrada, es absurdo que un funcionario de medio pelo de la Secretaría de Finanzas le diga a un diputado del PAN o de cualquier partido político que la información que requiere la gestione en términos del artículo 54 del Reglamento Interno del Congreso del estado, y no por medio de una solicitud de información pública.

Como si ese reglamento estuviera por encima de la carta magna.

Su argumento es tan baladí que cualquiera diría que el artículo octavo constitucional, que consagra el derecho petición, no sirve para nada.

Pero lo peor de todo es que la Secretaría de Finanzas interpreta la Ley de Acceso a la Información Pública como mejor le conviene.

La petición que hace unos días hicieron los diputados panistas sobre el Fondo Metropolitano fue respondida de manera diferente hace siete meses. En noviembre de 2008 la ingeniera Paola Flores solicitó esa información y le dijeron que ésta estaba reservada, y ahora que los legisladores del PAN requieren los mismos datos, les responden que tal información ya está publicada en la página web de la dependencia.

¿Por fin?

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A quienes el fin de semana filtraron la especie —publicada en algunos medios, como El Sol de Puebla— de que un subdelegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social había sido detenido luego de provocar un accidente la madrugada del viernes, en el boulevard Vicente Guerrero a la altura del retorno a La Calera, por conducir en estado de ebriedad, les salió el tiro por la culata.

Y es que el susodicho personaje, Humberto Wilfrido Mendiola Medina, resultó no ser funcionario federal de la Sedesol, sino subdelegado sí, pero del DIF estatal, en contra de quien se integró la averiguación previa 678/2009/ECNTE como presunto responsable de daños y lesiones causadas a los pasajeros de un taxi con el cual se fue a impactar.

Los lesionados, según la nota publicada el lunes por Joel Árcega en El Sol de Puebla, responden a los nombres de Olga Mendoza Vázquez, Juan Jesús Guzmán Santos y Abraham Guzmán Santos.

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Simón dice:
“Un poco de rebelión de vez en cuando es buena cosa”.
Thomas Jefferson (1743-1826). Tercer presidente en la historia de los Estados Unidos.

Por enésima ocasión, el representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, José Alarcón Hernández, ha salido a rescatar del cadalso político al consejero presidente del organismo, Jorge Sánchez Morales.

El lunes pasado, José Alarcón invitó a desayunar —en el restaurante Los Almuerzos, de la colonia Santiago— a tres de los consejeros que desde la semana pasada decidieron abandonar las mesas de trabajo del Consejo General del Instituto, ante la poca seriedad e intolerancia del consejero presidente Jorge Sánchez Morales.

El representante del PRI trató de convencer a Olga Lazcano Ponce, Fidencio Aguilar Víquez y Miguel David Jiménez López de que regresaran a las mesas de trabajo, con la promesa de que el presidente del Instituto ahora sí iba a ser educado y atento frente a las dudas y cuestionamientos que le hicieran sobre el manejo financiero y administrativo del organismo.

Alarcón les garantizó que Jorge Sánchez dejaría el tono altanero, burlón y ofensivo, con que a veces suele conducirse.

Pero visto está que no logró convencerlos, ni a ellos, ni a los representantes del PAN, Convergencia y PT que también decidieron retirarse de las mesas de trabajo, pues al día siguiente ni unos ni otros se presentaron al salón de sesiones.

Como tampoco lo harán este jueves, ante lo cual el consejero presidente ya ordenó la suspensión de la mesa de trabajo, en tanto el secretario general del IEE, Julián Corona Cabañas, elabora una especie de reglamento interno de mesas de trabajo.

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Trivia para iniciados:

¿Qué influyente funcionario del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado ha visto crecer su patrimonio de manera importante en el último año, vía la compra de dos residencias en el fraccionamiento Arcos del Sur y de algunas camionetas modelo Expedition, Mitsubishi, Lobo y Touareg?

Hete aquí algunos tips.

El personaje en cuestión es de origen teziuteco, y en noviembre de 2008 fue acusado de cobrar como secretario ejecutivo del Órgano de Fiscalización y de vender a través de algunos despachos privados asesorías a presidentes municipales de la Sierra Norte en asuntos de administración pública, contabilidad, fiscalización y mercadotecnia.

Algunas de sus propiedades y vehículos de lujo están a nombre de su esposa.

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El secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, dejó este miércoles plantados a unos mil de sus seguidores, en el Salón La Mansión, que se ubica en la 2 Sur y Boulevard Valsequillo.

Los simpatizantes zavalistas fueron convocados a las 16 horas, y lo estuvieron esperando más de tres horas, hasta que finalmente les dijeron que el principal aspirante del PRI a la gubernatura no llegaría, lo que los irritó a tal grado que algunos salieron echando gritos y mentando madres.

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Simón dice:

“Es sin duda un mal, estar lleno de defectos; pero es todavía un mal mayor estar lleno de ellos y no quererlo reconocer, porque es añadir todavía el de una ilusión voluntaria”.

Blaise Pascal (1623-1662). Científico, filósofo y escritor francés.

Por Eduardo González

Si alguna duda queda sobre la oscuridad –ya no opacidad- con la que se manejan los recursos del Instituto Electoral del Estado, ésta puede quedar despejada al revisar el cumplimiento de las solicitudes de información hechas a la Dirección Administrativa del organismo, a cargo de Verónica Paola Cruz Castillo.

Y es que no se trata sólo de la ocurrencia de uno, dos o tres consejeros que piden el detalle de los movimientos financieros, el resultado de las auditorías o la justificación de los gastos, sino que a la propia Comisión de Administración se le ha negado acceso a los documentos que avalan el “transparente” uso de los recursos públicos en esa entidad electoral.

Por ejemplo, éste órgano auxiliar del Consejo General, presidido por Miguel David Jiménez López e integrado por Alicia Olga Lazcano Ponce y José Víctor Rodríguez Serrano, solicitó desde el 30 de abril del año pasado a la encargada de despacho diera cumplimiento “en un plazo no mayor a cinco días hábiles” a los acuerdos tomados en las sesiones de la comisión, pero a la fecha, esa cuestión elemental, no ha sido acatada.

Prueba de ello es que el 25 de julio de 2008 se solicitó al consejero presidente Jorge Sánchez Morales y, al director general José Antonio Bretón Betanzos, el detalle de las observaciones y solventaciones de las auditorias 2008 hechas por la Contraloría Interna, el despacho externo Freyssinier Morín y en su caso el Órgano de Fiscalización del estado.

Incluso la Dirección General por medio de los memorándums IEE/DG-352/08 y el IEE/DG-353/08 ordenó a la encargada del despacho que enviara dicha información a la comisión para su análisis, pero la encargada ni siquiera dio respuesta a los documentos que le fueron girados.

El 7 de noviembre de 2008 la Comisión Administrativa requirió el informe a detalle de los pagos realizados por el concepto de telefonía celular y de radio comunicación de acuerdo con el número de equipos que se tiene autorizados por área, personal al que le ha sido asignado, planes contratados y el importe del recurso para el pago respectivo.

Sin embargo al acuerdo no se cumplió.

Lo mismo sucedió con el análisis sobre los recursos sobrantes del presupuesto 2008 y la información correspondiente al diseño y planeación presupuestal de gasto en nómina para 2009 que se le pidieron en agosto y diciembre del año pasado.

En el mejor de los casos, si es que así se puede considerar, los acuerdos fueron acatados después de 3 meses de su firma.

El 29 de septiembre de 2008 los integrantes de la Comisión solicitaron a Verónica Paola Cruz Castillo un análisis del programa operativo anual de la dirección a su cargo, pero aunque de manera previa se le indicó que los acuerdos los respondiera en un máximo de 5 días, en el caso de éste tardó 100 días.

Para el 14 de octubre le fue requerido un informe a detalle de las transferencias realizadas para el pago de nómina, tanto ampliaciones como reducciones, e indicara a qué partidas se transfirieron los recursos, y ello lo realizó 105 días después.

Ya en el colmo de las negativas, el 16 de febrero de 2009 los consejeros pidieron a Cruz Castillo diera cumplimiento a doce acuerdos emitidos por la Comisión desde abril de 2008 a enero de 2009, pero ¿qué cree? A la fecha esta petición tampoco ha sido respondida.

¿Incapacidad? ¿Descaro? O ¿Ilegalidad?

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Cometarios y quejas a los correos: eduardogsoto@hotmail.com y egonzalez@e-consulta.com

Javier Jaramillo, asesor de Pérez Salazar
Antonio Marín quiere fuera a monteristas

El representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), José Alarcón Hernández, pudo comprobar el martes pasado lo difícil que será avalar el manejo administrativo y financiero del presidente del organismo, Jorge Sánchez Morales, por más gestiones y cabildeos que hagan o hagan a su favor.

Y es que las cuentas del IEE no cuadran, y las justificaciones que se hacen para aclarar las inconsistencias sobre determinadas partidas presupuestales o no checan o, simplemente, contradicen anteriores reportes emitidos por la aún encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo.

Lo más grave del asunto es que los tiempos se agotan, sobre todo por la intención de la mayoría priísta del Congreso del estado de aprobar en las primeras sesiones del tercer periodo ordinario ––que se inicia el próximo 15 de octubre–– la cuenta pública del IEE correspondiente al ejercicio 2007.

El martes pasado, por ejemplo, Jorge Sánchez se hizo bolas para explicar a los miembros del Consejo General del IEE el tema de los depósitos en garantía de 30 inmuebles alquilados por el Instituto el año pasado, y para aclarar por qué los 327 mil pesos que se pagaron por ese concepto ahora eran irrecuperables.

Con la ayuda del titular de la Unidad Jurídica, Rubén Gutiérrez Rosas y del encargado de la Contraloría Interna, Juan Ignacio López Caso, Jorge Sánchez dijo que para el Instituto iba a resultar más oneroso iniciar juicios para recuperar los 327 mil pesos destinados a depósitos que dar por perdida esa cantidad.

Sin embargo, lo que el presidente del IEE ya no pudo explicar ––y tampoco su administrativa–– fue por qué si él mismo reconocía que el Instituto había pagado 327 mil pesos en depósitos, el 25 de abril de 2008 planteó mediante un oficio al secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Gerardo Pérez Salazar, la necesidad de que esa suma le fuera reintegrada por ser parte de los adeudos que aún tenía el Instituto de 2007.

¿Cómo puede justificarse como pasivo una cantidad que ya se pagó?, fue el cuestionamiento que en distintos tonos le hicieron los consejeros Miguel David Jiménez López, Fidencio Aguilar Víquez y Olga Lazcano Ponce.

El representante del PRI, José Alarcón Hernández ––quien al comienzo de la mesa de trabajo pugnó por zanjar ese diferendo con una especie de borrón y cuenta nueva–– registró las contradicciones y terminó abandonando la causa de Sánchez Morales.

Y no sólo eso: se sumó a la iniciativa del consejero Joel Paredes Olguín para que tales inconsistencias fueran investigadas y aclaradas por la Contraloría Interna mediante una auditoría al consejero presidente y a las áreas involucradas.

El anterior pasaje es sólo un anticipo, una advertencia, de lo que puede llegar a suceder en las próximas semanas cuando el Órgano de Fiscalización Superior (Orfise), la Comisión Inspectora y la mayoría priísta del Congreso del estado traten de aprobar la cuenta pública del IEE correspondiente a 2007.

De entrada, los auditores del Orfise y los diputados del PRI tendrán que valorar el riesgo de aprobar una cuenta pública llena de contradicciones y que en cualquier momento saldrán a la luz pública, comenzando por un segundo informe financiero  —que nada tiene que ver con el que Sánchez Morales entregó a sus homólogos en marzo de este año—, en el que se detallan los gastos del consejero presidente y su oficina en alimentación, víaticos, telefonía y radiocomunicación.

Dichos gastos —que Sánchez Morales maquilló y disfrazó— rebasan en porcentajes de escándalo, las cantidades que el Consejo General le aprobó para el ejercicio 2007.

Pronto los detalles.

EN CORTO
Tras la destitución de su asesorado  —el rector de la Universidad de Guadalajara, Carlos Briseño Torres —, Javier Jaramillo González ya está de regreso en Puebla, ahora como asesor —válgame de Dios— del secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, José María Pérez Salazar.

Vale aclarar que la nueva asesoría de Javier Jaramillo no es en ámbitos financieros o administrativos, sino en materia política electoral, ya que su actual jefe anda promoviéndose como candidato del PRI a diputado federal por el distrito de Atlixco.

A ver si Pérez Salazar corre con mejor suerte que Rafael Moreno Valle Rosas, de quien Javier Jaramillo fue un estrecho colaborador cuando éste pretendía la gubernatura de la entidad en el sexenio melquiadista.

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El jueves o viernes de la semana pasada, el secretario de Salud del estado, Antonio Marín López, le pidió a Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes su renuncia como director de Administración y Finanzas de la dependencia. Éste no se la entregó y se fue a ver al secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, para que intentara persuadir a Marín López de la conveniencia de manterlo en el cargo.

Otros que también podrían correr la misma suerte de Patricio Viñuela son el director de Operación e Infraestructura, Leopoldo Eusa Dobbie, y la directora de Protección Social en Salud (o Seguro Popular), Sandra González de Yta.

A quien no le pidió la renuncia, pero la quitó como subordinada del coordinador de Servicios de Salud, Ricardo Villa Issa, y enlace con las diez jurisdicciones sanitarias del estado es a Martha Vargas González.

Martha Vargas aún mantiene el puesto de jefa del Departamento de Enlace y Seguimiento Operativo, pero ahora en lugar de reportarle a quien la puso en el cargo lo hace con María Cruz Corona Aguilar.

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Este fin de semana recibí una carta del abogado Fernando Castillo Pacheco en la que me hace saber, primero, que ya no promovió un juicio de amparo a favor del presidente de la CAIP, para echar abajo el proceso administrativo iniciado por el Congreso del estado tendiente a la remoción y destitución de Antonio Juárez Acevedo y, segundo, que fue a otro “respetadísimo abogado” al que solicitó su asesoría jurídica.

Lo cierto es que Juárez Acevedo decidió no ampararse, aunque tenía la intención de hacerlo en los términos que Castillo Pacheco le sugería, sino aguantar el golpeteo hasta diciembre o enero, una vez que concluya la gestión de cuatro años de la comisionada Josefina Buxadé Castelán.

Sobre el respetadísimo abogado que desde el anonimato promueve la permanencia y defensa jurídica de Juárez Acevedo como presidente de la CAIP, trascendió que éste es el notario público José Bustos Jiménez, socio de la Escuela Libre de Derecho.

La réplica de Fernando Castillo a este columnista la encuentra en la sección de comentarios del blog.

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Este lunes habrá de efectuarse una importante reunión político electoral social en el salón Los Faroles de Zacapoaxtla, en la cual estarán presentes, de acuerdo con fuentes confiables, el dirigente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier y el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

La comida se efectuará después de las 15 horas, para no hacerla en horario de oficinas, y a ella acudirán alrededor de 400 personas entre operadores políticos, funcionarios de la SDS y activistas del PRI.

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Y hasta la próxima.

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Si desea hacerme algún comentario o crítica y que éstos se publiquen, haga clic aquí. De lo contrario, recibo sus mensajes en los siguientes correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, comenzó ayer a sentir el abandono de la mayoría de sus pares, que ya previeron que tarde o temprano la corrupción de éste los manchará.

Por lo pronto ayer en mesa de trabajo, consejeros y partidos volvieron a retomar el tema de la falta de transparencia y claridad en diversos gastos y partidas presupuestales del ejercicio de 2007.

Jorge Sánchez quiso reprender a la consejera Olga Lazcano Ponce, ridiculizándola por no saber sumar y restar. Esta le devolvió la agresión y le dijo que los números que ha exhibido no son los suyos, sino los que él y la encargada de la Dirección Administrativa le han proporcionado.

La discusión subió de tono y a ésta se sumaron otros consejeros como Joel Paredes Olguín, Fidencio Aguilar Víquez y Miguel David Jiménez López, quienes en distintos tonos se pronunciaron por acabar, de una vez por todas, con la opacidad con que se han manejado las cuestiones administrativas y financieras del Instituto.

A diferencia de otras sesiones, ahora ninguno de sus pares salió en defensa de Jorge Sánchez, y tampoco ningún representante partidista. Y es que a la mesa de trabajo de ayer no asistió el representante del PRI, José Alarcón Hernández.

Mañana le tendré más detalles.

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Lo que aquí se anticipó, la renuncia de Francisco Rodríguez Reyes a la presidencia del Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Puebla (CICEPAC), se concretará el próximo lunes 21 de julio, en una asamblea extraordinaria.

Lo que aún no se sabe –y ese día se determinará– es si los socios del organismo se conforman sólo con la renuncia de Francisco Rodríguez o si proceden a expulsarlo, por incurrir en abusos y violaciones estatutarias, al usar el nombre y la documentación del Colegio en su propio provecho.

Cabe recordar que antes de que se formalizara la petición para dejar fuera de la presidencia del CICEPAC a Francisco Rodríguez, los miembros de su consejo directivo habían renunciado en bloque ante la Honorable Junta de Honor, integrada por los últimos cinco ex presidente vivos del Colegio.

Las diferencias entre el presidente y sus seis consejeros fueron irreconciliables, a tal grado que el 15 de abril, en presencia de los integrantes de la Honorable Junta de Honor, se tomó la decisión de hacer efectiva la renuncia de Francisco Rodríguez.

En la asamblea extraordinaria del 21 de julio, no sólo se confirmará tal acuerdo y la intención de someter su gestión a una auditoría, sino de que el Colegio sea dirigido por sus ex presidentes, en tanto se elige una nueva directiva.

Así las cosas, lo más seguro es que de julio a diciembre Enrique Medel Moreno quede como presidente interino del CICEPAC, y los demás ex presidentes del organismo –José Manuel Cuatlayotl Sarmiento, Jorge Rodríguez Morgado, Nicolás Ojeda Ortega y Armando Ortiz Martínez– como coordinadores de las diferentes carteras.

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