Enrique Agüera, clave para neutralizar el voto de castigo
Doger Guerrero, ¿precandidato para un segundo periodo?

Uno de los mayores problemas del PRI de cara a las elecciones locales de 2010 es la ausencia de precandidatos consolidados para la presidencia municipal de Puebla.

La lista de aspirantes a suceder a Blanca Alcalá Ruiz al frente del gobierno capitalino es amplia en número, pero escuálida en cuanto a figuras de peso y potencial electoral.

Entre los priístas con intenciones de hacerse de la nominación priísta a la alcaldía figuran: los diputados locales Luis Alberto Arriaga Lila y Pablo Fernández del Campo Espinosa; los secretarios del gabinete estatal Mario Montero Serrano, de Gobernación; Javier García Ramírez, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y Valentín Meneses Rojas, de Comunicaciones y Transportes.

Otros aspirantes a ocupar el sillón de Blanca Alcalá en el ayuntamiento de Puebla son Víctor Manuel Giorgana Jiménez, secretario de Desarrollo Social Municipal; Carlos Meza Viveros, presidente del Comité Municipal del PRI, y Guillermo Deloya Cobián, secretario particular del gobernador Marín y presidente de la Fundación que lleva el nombre de su padre Urbano Deloya.

A la lista podrían seguramente agregársele otros muchos nombres más como el de Lucero Saldaña Pérez, Nancy de la Sierra Arámburu o Víctor Hugo Islas Hernández, pero la verdad es que hasta ahora ninguno de los arriba mencionados destaca en las encuestas de opinión o grupos de enfoque con un buen posicionamiento electoral o potencial de voto.

En el Partido Acción Nacional el panorama es menos brumoso.

Entre los panistas es cada vez más recurrente la especie de que el candidato a la presidencia municipal saldrá de entre alguno de los aspirantes que hoy le disputan al senador Rafael Moreno Valle Rosas la nominación a la gubernatura: el senador Humberto Aguilar Coronado, o la exsubsecretaria de Gobernación federal, Ana Teresa Aranda Orozco.

Otro personaje que también es percibido como un posible abanderado del blanquiazul a la alcaldía capitalina es el actual coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del estado, Eduardo Rivera Pérez.

Ante este panorama, los priístas fijan cada vez más su mirada y atención en el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, pero con el inconveniente de que éste no quiere saber nada de la presidencia municipal, sino, en todo caso, de la gubernatura.

Agüera es, sin lugar a dudas, la figura que el PRI requiere para ganar las elecciones en la capital del estado, así como para neutralizar y contener el voto de rechazo que en algunos segmentos y estratos sociales despierta la aspiración de Javier López Zavala a la gubernatura de la entidad.

En términos electorales, el municipio de Puebla representa casi un tercio de la lista nominal y la votación total del estado.

Y el PRI no puede darse el lujo, si quiere ganar la gubernatura con un precandidato como el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, con bajo nivel de aceptación entre la mayoría de los electores de la capital, de ir a los comicios locales del 2010 con un candidato a la presidencia municipal sin potencial electoral.

Hacerlo sería suicida, sobre todo si la dupla panista para las elecciones del próximo año la conforman Rafael Moreno Valle y Humberto Aguilar Coronado, o Rafael Moreno Valle y Ana Teresa Aranda, o Rafael Moreno Valle y Eduardo Rivera Pérez.

EN CORTO
Tómelo con reserva, pero una fuente priísta más o menos confiable nos asegura que a Enrique Doger Guerrero no le desagrada la idea de regresar al ayuntamiento de Puebla, aunque para ello tenga que someterse al ácido de una nueva elección constitucional.

La aventura de Doger tiene como base distintas encuestas, que lo ubican con un buen posicionamiento electoral y con calificaciones aprobatorias tanto a su gestión rectoral en la BUAP como a su desempeño como presidente municipal de Puebla.

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Trivia para iniciados:

¿Qué influyente personaje de la vida pública poblana está por saltar a las portadas y portales de sociales, cuando se anuncie el nacimiento de su próximo hijo?

Dos tips.

1. El susodicho puede ser candidato a la gubernatura o a la presidencia municipal; y
2. Sería padre por cuarta ocasión, aunque primerizo con su actual pareja.

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Flaca parece ser la memoria del dirigente estatal del tricolor, Alejandro Armenta Mier.

Y es que en aras de justificar el nombramiento del empresario Alfredo Rivera Espinoza como coordinador del Comité de Financiamiento, aseguró que si algo podría destacarse de aquel era su probada convicción ideológica.

A juzgar por su declaración, Armenta seguramente ignora que en las elecciones federales del 2006, Alfredo Rivera se desmarcó públicamente del PRI y de su candidato a la presidencia de la República, Roberto Madrazo Pintado.

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Simón dice:
“El principal ingrediente del éxito es el resto del equipo”.

John Wooden, jugador y coach de la NBA integrante del Salón de la Fama.

José Juan Espinosa, diputado por la vía plurinominal
Nuevo libro de ministros sobre el caso Lydia Cacho

¿Podría la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, convertirse en la candidata del PRI a la gubernatura?

Legalmente, Blanca Alcalá no tendría ningún impedimento.

Políticamente, quizás sí, pues no faltara quien dentro y fuera de su partido le reproche el incumplimiento de su promesa —hecha ante notario público— de que gobernaría la capital del estado los tres años de su gestión.

En la agenda política de la presidenta municipal de Puebla, la candidatura al gobierno del estado no es una de sus prioridades. Lo que tampoco significa que esté totalmente descartada.

En lo personal me parece que Blanca Alcalá no quiere arriesgar de más, y menos cuando ella misma es consciente de que el veto para incluirla en la lista de aspirantes priístas a Casa Puebla proviene del propio gobernador Mario Marín.

Sin embargo, las circunstancias y las encuestas podrían modificar esta situación.

Trataré de explicarme.

En diferentes estudios demoscópicos —a cargo de firmas como Indicadores, el CISO de la BUAP y Datamática— es cada vez más claro que la presidenta municipal es la mejor carta del PRI para contender en las elecciones para gobernador del año 2010.

No sólo supera en confianza e intención de voto a los demás aspirantes priístas —como Javier López Zavala, Enrique Doger Guerrero y Mario Montero Serrano—, sino que además es la única que podría derrotar al senador Rafael Moreno Valle Rosas en caso de que éste fuera el candidato del PAN a la gubernatura.

En corto

El dirigente estatal de Convergencia, José Juan Espinosa Torres, fue electo en el lugar cinco de la cuarta circunscripción electoral del país, como candidato a diputado federal por la vía plurinominal.

En la tercera posición de esta misma lista va José Agustín Ortiz Pinchetti, secretario de Relaciones Políticas del llamado Gabinete Legítimo de Andrés Manuel López Obrador, quien lleva como suplente a otro viejo conocido de los poblanos Juan Manuel Ruvalcaba Sordo, ex delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRD en la entidad.

Para que José Juan Espinosa pudiera llegar a la Cámara Baja del Congreso de la Unión por la vía plurinominal, Convergencia tendría que alcanzar entre el 5 y el 6% de la votación nacional.

El dirigente estatal de Convergencia también va como a candidato a diputado federal por el distrito 10 con cabecera de San Pedro Cholula.

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El Universal publicó ayer que cuatro de los magistrados que votaron en contra del dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual exoneró al gobernador Mario Marín Torres de cualquier responsabilidad en la detención y violación de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, han decidido plasmar sus argumentos en un libro de próxima aparición bajo el sello de editorial Porrúa.

En la obra que lleva por título “Las costumbres del poder; el caso Lydia Cacho”, los ministros Genaro Góngora Pimentel, José Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan Silva Meza, expresan su convicción de que en México hay autoridades que protegen y fomentan las redes de pornografía infantil y pederastia.

En los cuatro extractos del libro presentados ayer por El Universal se lee lo siguiente:
 
José de Jesús Gudiño Pelayo:
“Quedó claro que el gobernador no sólo tiene ascendencia sobre sus inferiores del Ejecutivo, sino que la tiene sobre la procuradora de Justicia, sobre los cuerpos policiacos, y no precisamente para el mejor desempeño de sus funciones; también la tiene sobre el presidente del Tribunal y de algunos juzgadores estatales. La tiene, y la ejerció en este caso, por interpósitas personas. Y eso atenta contra la división de poderes y la independencia entre ellos, diluye el espíritu republicano que anima la división horizontal del poder público y convierte al poder estatal en un poder feudal en manos de unos cuantos al servicio de unos pocos.

“Lamento que algo que, en lo personal, veo tan claro, tan probado, no haya sido visto así por una mayoría de ministros, tanto como lamento que el estado de las cosas que reveló la investigación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación permanezca como si nada hubiera ocurrido, como si nada se hubiera sabido”.
 
Juan Silva Meza:
“Ante evidencias tan contundentes, mi voto no podía ser sino en contra de la resolución que al final adoptó la mayoría del Tribunal Pleno. Más allá de que mediante estas palabras pretenda ahondar en la investigación, prefiero utilizar el viejo adagio que enseña que el juez habla a través de sus resoluciones. Por ello, las razones íntegras de mi voto se encuentran inmersas en las más de mil hojas de investigación que en su momento sometí a la consideración de mis compañeros ministros y que ahora quedarán al escrutinio de la opinión pública… Sólo puedo decir que si la investigación seria y profesional que encabecé por mandato del Tribunal Pleno, demostró: 1. La violación grave de garantías individuales de la señora Lydia María Cacho Ribeiro; 2. Que sí existió concierto de autoridades para perpetrar esa violación y para proteger redes de pederastia; y, 3. Que debió determinarse la responsabilidad para que las autoridades competentes actuaran en consecuencia, debido al compromiso que tengo asumido con la República, pero sobre todo con los ciudadanos que la fundaron, lo jurídicamente debido era proceder en esos términos…”.

José Ramón Cossío:
“A partir de una adecuada valoración de las pruebas que obraban en el expediente, tales como las conversaciones telefónicas entre Mario Marín Torres y Kamel Nacif Borge; audiencias testimoniales; copia simple del proceso penal 345/2005 seguido en el Juzgado Quinto de lo Penal de Puebla, en contra de Lydia Cacho Ribeiro; videos de la detención de la referida periodista; la constancia médica, etcétera, era posible concluir que se acreditaba la existencia de violaciones graves a las garantías… A partir de los elementos vertidos a lo largo de la investigación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debió haber concluido que existió una intervención directa del gobernador del estado de Puebla en el caso; asimismo, que se llevaron a cabo órdenes expresas o implícitas para que la Procuraduría de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de ese estado actuaran en perjuicio de la periodista Lydia María Cacho Ribeiro”.

Genaro Góngora Pimentel
 “La hipótesis derivada de las grabaciones, difundidas en los medios de comunicación, quedó plenamente acreditada con la prueba circunstancial integrada mediante la concatenación de diversas evidencias y de la actuación del propio gobernador. Dichos medios de convicción se integraron por el flujo de llamadas entre las partes involucradas, la demostrada intervención en el operativo de detención y traslado en una Jeep Liberty blanca, cuya existencia fue negada por las autoridades estatales…
“La acción concertada de las autoridades estatales bajo el influjo del gobernador provocó un efecto amedrentador sobre la libertad de expresión, con lo que se pretendía acallar la emisión de información sobre asuntos de interés público como son las redes de pederastia”.

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La ex senadora Lucero Saldaña Pérez asumirá la próxima semana la presidencia estatal de la Fundación Cambio XXI “Luis Donaldo Colosio”, en sustitución de Óscar Aguilar González, y este lunes tendrá a su cargo el discurso central del 15 aniversario luctuoso del malogrado candidato presidencial, lo anterior en el parque que lleva su nombre en la 7 Poniente y 5 Sur, en el Centro Histórico de la ciudad.

Óscar Aguilar se desempeña actualmente como candidato del PRI a diputado federal por el distrito 4 con cabecera en Zacapoaxtla.

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Simón dice:

“Los grandes políticos deben su reputación, cuando no a la pura casualidad, a circunstancias que ellos mismos no podían prever”.

Otto von Bismark (1815-1898) Político alemán.

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Blanca Alcalá Ruiz sigue deshojando la margarita sobre el sustituto de Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Muchos son los nombres que a la presidenta municipal de Puebla le han propuesto, sin que ninguno termine de convencerla.

Su proveedor de equipo y cámaras de seguridad pública, Víctor Díaz Palacios, primero trató de sostener a Hidalgo Vigueras y luego, cuando se percató de que la alcaldesa estaba decidida a cambiarlo, le propuso a Isidro González Blanco, ex secretario de Seguridad Pública de Pachuca, Hidalgo, de quien se cuentan macabras historias vinculadas con la protección de bandas del crimen organizado.

Otro personaje recomendado por Díaz Palacios ––y también por el regidor Humberto Vázquez Arroyo y el ex director de la Policía Judicial del estado, Adolfo Karam Beltrán–– es Fernando Fierro Aldana, exjefe regional de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

Fierro Aldana fue acusado, en su paso por la AFI, de filtrar información privilegiada a los cabecillas del comercio y la producción de piratería en la zona de la CAPU y “La Cuchilla”, para evitar que éstos fueran detenidos o sufrieran decomisos millonarios de mercancía ilegal.

El actual director de Tránsito Municipal, Manuel Alonso García, es otro de los prospectos para quedarse en el lugar de Hidalgo Vigueras.

Su principal detractor, como es de suponerse, es el propio Hidalgo Vigueras.

Alonso García tiene el apoyo del secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, y de los regidores priístas Enrique “Kío” Chávez Estudillo y Humberto Vázquez Arroyo.

Un cuarto candidato para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal es Ludivino Mora Tejeda, quien ya ocupó esa cartera en la gestión de Enrique Doger Guerrero.

La opción de Ludivino fue llevada al escritorio de la presidenta municipal de Puebla por su secretario de Desarrollo Social, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, y por el coordinador de los regidores priístas, Jorge René Sánchez Juárez.

En contra de Ludivino juega su cercanía con personajes nos gratos al marinismo, como el senador Rafael Moreno Valle Rosas.

Una quinta alternativa, que también es promovida por el ex secretario de Seguridad Pública Municipal y actual regidor del ayuntamiento Humberto Vázquez, es Wilfrido Robledo Madrid, excomisionado de la Agencia de Seguridad Estatal en el Estado de México.

Robledo dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto en febrero de 2007, enmedio de acusaciones de abusos policíacos en contra de campesinos de San Salvador Atenco en mayo de 2006, y de nepotismo al emplear a su hijo Mario Robledo Segura como subdirector de los cuerpos auxiliares del Estado de México.

Su llegada al gobierno del Edomex tampoco fue tersa, pues estuvo precedida de cuestionamientos por una inhabilitación que le hizo la Secretaría de la Función Pública por la adquisición irregular de helicópteros en la Policía Federal Preventiva, de la cual fue titular en el gobierno de Vicente Fox Quezada.

A lista de candidatos hay que agregar el nombre de Carlos Briones Pérez, ex director de Vialidad Municipal en la gestión de Mario Marín Torres.

Briones es impulsado por el exsecretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Alejandro Fernández Soto.

Sus posibilidades parecen remotas por la fama que lo precede entre los agentes de tránsito del municipio de Puebla y el estado, quienes lo llaman “El Cocodrilo”, en alusión a las “mordidotas” que suele propinar a sus víctimas.

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Simón dice:

“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella”.
Joan Baez, cantante estadounidense.

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Quintuplican los costos de las realizadas por la comuna
Mario Marín García, futuro notario por la capital

Uno de los secretos mejor guardados por la actual administración estatal es el costo final de las obras públicas.

En la página de transparencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SEDUOP) esta información simplemente brilla por su ausencia. En el apartado de Convocatorias a concursos o licitaciones, los links que supuestamente llevarían a los resultados de las asignaciones están rotos o desactivados.

La única forma de acceder a los costos de las obras es vía los boletines de prensa, emitidos por la Dirección General de Comunicación Social del gobierno del estado o la Dirección de Comunicación Social de la propia dependencia.

Esta opacidad o falta de transparencia no es casual, ni involuntaria.

Por el contrario, tiene la intención de ocultar al ciudadano y a los especialistas en la construcción los sobrecostos que tienen algunas de las obras que realiza el gobierno del estado, en particular la SEDUOP y su titular Javier García Ramírez.

Para demostrarlo basta llevar a cabo un simple comparativo, por ejemplo, entre las unidades o canchas deportivas efectuadas por el gobierno de Mario Marín Torres y la gestión de Blanca Alcalá Ruiz.

La diferencia de precios, como se verá, resulta abismal.

Hasta el pasado mes de febrero, la actual administración estatal había construido 30 nuevas unidades deportivas, que constan ––en términos generales–– de cancha de fútbol, de pasto natural o sintético; de dos canchas de usos múltiples, que pueden utilizarse para básquetbol o voleibol; y de una pista de atletismo.

El costo de cada unidad deportiva fluctuó entre siete y 15 millones de pesos. La variación en los precios depende de varias cosas, como el tamaño de la cancha y el tipo de pasto que se le pone; la pista de atletismo, que puede ser de gravilla o de tartán, y si ésta consta de gradas, iluminación y sanitarios.

La gestión de Blanca Alcalá construyó el año pasado ocho nuevas canchas de fútbol de pasto sintético, dos pistas de trote y tres canchas de usos múltiples.

En la unidad habitacional Manuel Rivera Anaya, el ayuntamiento de Puebla pagó 1.8 millones de pesos por dos canchas de pasto sintético, una pista de trote y una cancha de usos múltiples; en la unidad habitacional San Bartolo, 1.03 millones de pesos, por una cancha de futbol de pasto sintético, una pista de trote y la dignificación de la cancha de usos múltiples ya existente; y en el Polideportivo José María Morelos y Pavón pagará 1.9 millones de pesos por las obras de mantenimiento y rehabilitación de ese complejo cercano al barrio de Xonaca.

En la unidad habitacional San Ramón, la cancha de pasto sintético le costó 811 mil pesos; en la unidad habitacional La Flor, 729 mil pesos; en la unidad habitacional La Victoria 186 mil; en la unidad habitacional Amalucan, 243 mil; y en la unidad habitacional Villa Frontera, 180 mil pesos.

Tales costos, en comparación con los del Gobierno del Estado, son abismales.

Aquí le dejo un par de muestras: la unidad deportiva de Chalchicomula de Sesma, que tendrá un costo de 15 millones de pesos , y la unidad deportiva de Chignahuapan, en la que se invertirán 14 millones de pesos.

Ambas obras fueron puestas en marcha por el gobernador el año pasado, una el 30 de agosto y otra el 10 de diciembre, y ambas contarán ––una vez que se concluyan–– con cancha de fútbol, dos canchas de usos múltiples y una pista de atletismo, además de gradas, sanitarios y alumbrado.

EN CORTO
Con el aval de su señor padre, Mario Marín García ha comenzado a gestionar una notaría pública en la ciudad de Puebla.

De hecho, trascendió que esta semana, en un Juzgado de lo Civil, se llevará a cabo una diligencia testimonial de personas que dicen conocer al hijo del gobernador del estado como una persona apta y capaz para desempeñarse en el ejercicio del notariado.

El asunto, por supuesto, levantará ámpula entre abogados y notarios, así como en partidos políticos que no desaprovecharán la ocasión para llevar agua a su molino en pleno proceso electoral federal.

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De un momento a otro se conocerán nuevos ajustes y nombramientos en la Secretaría de Salud del estado, dependencia en la que se mantendrá como titular Antonio Marín y López, por recomendación del secretario del ramo a nivel federal, José Ángel Córdova Villalobos.

De buena fuente, le puedo adelantar que por lo pronto el gobernador Marín colocará al frente de la Dirección de Atención a la Salud, en lugar de Jorge George Sánchez, a una persona muy cercana a sus afectos, y que el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano ya estableció contacto con el líder sindical Malcom Ramírez Martínez para pedirle le baje a sus protestas.

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El secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, estuvo este sábado en Huauchinango y Xicotepec de Juárez.

Llegó a bordo de un helicóptero del gobierno del estado, acompañado del director de la Policía Judicial, Hugo Isaac Arzola Muñoz.

En Huauchinango inauguró la feria del lugar, en representación del gobernador Mario Marín, y en Xicotepec asistió a una comida organizada por René Lechuga Fosado con motivo de su cumpleaños, y que reunió a la clase política de esa región de la Sierra Norte de Puebla.

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El Tribunal Electoral del Pode Judicial de la Federación determinó declarar improcedentes los recursos de inconformidad promovidos por Rafael Palacios Vega y Selim Alberto Núñez Ledesma en contra del PRI, que les negó su registro como precandidatos a diputados federales por los Distritos 6 de Puebla y 7 de Tepeaca.

Palacios Vega se inconformó, primero ante la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI y luego ante el Tribunal Electoral, pero sin agotar la primera instancia, por lo su recurso fue desechado.

En el caso de Núñez Ledesma, el Tribunal Electoral determinó que su impugnación carecía de validez, por no haber recurrido primero ante las instancias partidistas procedentes.

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Simón dice:

“Hay personas a las que la fortuna no les procura más que miedo de perderla”

 Conde de Rivarol, escritor francés.

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Mario Montero y Darío Carmona, complican el problema
El conflicto podría escapar al control gubernamental

Un conflicto que desde hace semanas pudo haberse resuelto, pero que aun sigue latente a pesar del riesgo de que en cualquier momento se salga del control gubernamental, es el protagonizado por la disidencia magisterial, que para este lunes prepara nuevas protestas y manifestaciones por los descuentos a 300 de sus dirigentes en todo el estado.

Dicho conflicto, que no escapa a la pugna que se libra al seno del PRI por la sucesión de Casa Puebla, tiene confrontado al secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, con los secretarios de Desarrollo Social, Javier López Zavala, y de Educación Pública, Darío Carmona García.

Montero Serrano quiere que Darío Carmona sea quien pague los platos rotos de la rebelión de los opositores de Elba Esther Gordillo, primero por haberlos alentado y hasta financiado, vía el Consejo Democrático Magisterial Poblano, y luego por pretender acallarlos valiéndose de amenazas y descuentos de nómina.

Y Darío Carmona quiere que los desmanes provocados por los disidentes —y que se han traducido en suspensión de clases, en tomas de Coordinaciones Regionales de Desarrollo Educativo (Cordes), y hasta en cierre de carreteras— dejen mal parado al secretario de Gobernación, frente a su jefe el gobernador del estado, quien le encargó la solución del problema.

Los disidentes del SNTE han sido utilizados —desde el origen del conflicto— por uno y otro grupo como ariete electoral y factor de desestabilización.

Carmona y Zavala los usaron para dividir al SNTE mediante la creación de un frente antielbista —conformado por ex dirigentes magisteriales priístas como Gonzalo Amador Juárez Uribe y Cutberto Cantorán Espinosa— que se diera a la tarea de mantener ocupados a los secretarios generales de las secciones 23 y 51, Eric Lara Martínez y Cirilo Salas Hernández, y de alejarlos del proyecto político del senador Rafael Moreno Valle Rosas rumbo a la gubernartura.

Lo que Darío Carmona nunca se imaginó es que el movimiento se le iría de las manos, después de las primeras protestas y movilizaciones contra la Alianza por la Calidad de la Educación, cuando la SEP estatal echó mano de miembros de la Coordinadora para magnificar el repudio hacia los dirigentes del SNTE.

Cuando la Coordinadora se hizo del control de la disidencia —por medio del Consejo Democrático Magisterial Poblano— desplazó a los operadores priístas y nombró como secretarios legítimos a Gilberto Maldonado Maldonado, en la Sección 23, y a Juan Durán Martínez, en la Sección 51.

Mario Montero fue instruido entonces por el gobernador Mario Marín, para resolver el conflicto.

Lejos de desactivar a los opositores, el secretario de Gobernación ha pretendido reencausar sus protestas, pero sin mucho éxito, en parte por la raja política que quiere sacar de su interlocución.

En las negociaciones de Montero con la disidencia, éste insiste en que el gobierno marinista comparte la lucha de los opositores de Elba Esther Gordillo por democratizar al SNTE y ofrece que ningún disidente será objeto de represalias, pero en los hechos Darío Carmona actúa en sentido contrario. Los desconoce, los amenaza y hasta les descuenta su salario.

De ahí que el conflicto protagonizado por la disidencia del SNTE esté hoy a punto de salirse del control gubernamental.

EN CORTO
Simón dice:

 “No existe la guerra inevitable. Si llega, es por fallo del hombre”
Andrew Bonar Law, político inglés.

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Coca Cola tendrá diputado federal en Puebla
Enrique Agüera visita Washington y Nueva York

Una de las grandes interrogantes en el adelantado proceso de sucesión gubernamental que vive Puebla es si el gobernador Mario Marín Torres tiene “Plan B”.

La lógica política indicaría que sí, que el gobernador debe tener una segunda alternativa para sucederlo en el cargo, además de Javier López Zavala.

El problema para la clase política priísta es que esta segunda opción no es clara, en buena medida porque el fiel de la balanza —entiéndase el gobernador Marín— no ha querido mostrarla, pues está empeñado (aunque quizás habría decir encaprichado) en sacar adelante a su secretario de Desarrollo Social.

A estas alturas, el gobernador Mario Marín debe tener claras dos cosas: una, que Javier López Zavala está lejos de ser un candidato de unidad o de consenso y, dos, que si alienta un “Plan B” —en la personas de Enrique Agüera Ibáñez, Mario Montero Serrano, o Alejandro Armenta Mier— su proyecto transexenal podría frustrarse.

Mario Marín ya declaró que no va a dejar la actividad pública cuando concluya su sexenio, y aunque no precisó a qué cargo de elección popular o proyecto político se enfocaría cuando deje la gubernatura, sí evidenció su intención de seguir haciendo política.

Y ésta es, a mi parecer, una de las principales razones que explican el por qué Marín se inclina por López Zavala casi como una única opción.

En otras palabras: Marín cree —y vaya que tiene motivos para sospecharlo— que ni Agüera, ni Montero, ni Armenta le darían el margen de acción que requiere para mantenerse como un político activo y vigente en el ámbito local.

Del rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, conoce el antecedente de Enrique Doger Guerrero, quien prácticamente fue excluido de la BUAP tan pronto Agüera tomó posesión y se hizo del control del aparato central de la institución.

De todos los aspirantes priístas a sucederlo, Marín está convencido que el único que le garantiza su permanencia y continuidad es López Zavala, en el entendido de que éste es lo que es gracias a él, al haberlo nombrado secretario particular en el ayuntamiento, luego director del DIF municipal, más tarde diputado local, coordinador de campaña, secretario de Gobernación, coordinador estatal de Promoción al Voto y secretario de Desarrollo Social.

EN CORTO
Este martes no se pierda el segundo ranking de las mejores universidades de Puebla, que Milenio y e-consulta publicarán para sus lectores en una edición especial.

El ranking, elaborado por Consultoría Contracorriente, consideró aspectos como carreras de calidad certificadas por CIEES, COPAES y FIMPES, número y nivel de investigadores con que cuentan las universidades, posgrados de calidad, estudiantes egresados, titulados e inscritos en todas las áreas de conocimiento, y convenios académicos internacionales, entre otros indicadores.

La evaluación se aplicó a las 219 instituciones de educación superior que existen en la entidad.

De las 15 instituciones que obtuvieron las más altas calificaciones en el global de los siete indicadores aplicados, cinco son públicas y diez particulares.

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Finalmente FEMSA o Coca Cola se salió con la suya en el distrito 3 con cabecera en Teziutlán, donde el candidato a la diputación federal será su director o ex director de Relaciones Políticas, Jorge Alberto Juraidini Rumilla.

El hecho ya fue comunicado al ex presidente municipal de Teziutlán, Carlos Peredo Grau, por el dirigente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier, y por el secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano. Ambos le hicieron saber que la nominación de Juraidini obedecía a una indicación nacional.

Otro priísta que también será candidato de “unidad” es Fernando Morales Martínez por el distrito 8 con cabecera en Ciudad Serdán, decisión que nada contento dejó al líder de la asociación nacional de maiceros, Efraín García Bello.

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En la lista de candidatos a diputados federales de Convergencia, la directora de la carrera de periodismo de la UPAEP, Lilia Vélez Iglesias fue incluida por el distrito 6 de Puebla, pese a que ésta rechazó formalmente la invitación que al respecto le hizo el dirigente estatal del partido naranja, José Juan Espinosa Torres.

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Este fin de semana volaron a Washington y a Nueva York el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, acompañado del secretario general de la institución, José Ramón Eguibar Cuenca, el tesorero Alfonso Esparza Ortiz, y el contralor Óscar Gilbón Rosete, así como de Pedro Hugo Hernández Tejeda, vicerrector de Investigación y Estudios de Postgrado, Damián Hernández Méndez, director de Atención y Gestión Universitaria, y Jorge David Cortés Moreno, director de Comunicación Institucional.

En la capital de Estados Unidos, el rector Enrique Agüera firmará un convenio con la universidad pública de George Washington para que ésta imparta en Puebla talleres y cursos en administración pública, ciencias políticas y marketing electoral, y autorice la reproducción y traducción de algunos de sus libros.

Y en Nueva York, el rector y algunos de sus funcionarios recibirán los resultados de las calificadoras Moody´s y Standard & Poors.

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Simón dice:

“Sólo hay dos palancas que mueven a los hombres: el miedo y el interés”
Napoleón Bonaparte, emperador francés.

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Evidencia Marín que Zavala es un proyecto transexenal
Guillermo Deloya justifica su ausencia en la comilona

La apuesta de Mario Marín Torres de jugarse su sucesión en la persona de su secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, parece una apuesta arriesgada, por varios factores: el tiempo que falta para la nominación (poco más de un año); el voto de rechazo que registra su precandidatura, sobre todo en electores volátiles; la ausencia de consensos al interior del PRI, y el posicionamiento que hoy tiene su principal adversario de la oposición, el senador Rafael Moreno Valle Rosas.

En el precipitado destape de López Zavala, con motivo de su fiesta de cumpleaños, el viernes pasado en el salón Country Club de San Manuel, no sólo se descuidaron los tiempos y las formas, sino que se evidenció que el “Proyecto Z” es, en realidad, un proyecto transexenal del mandatario en turno.

Uno de los mayores riesgos que el marinismo corre al descubrir con más de un año de anticipación a su delfín, es el desgaste a que López Zavala será sometido tanto por sus propios adversarios como por los enemigos del Ejecutivo estatal que, por diferentes medios, intentarán hacer efectiva aquella máxima priísta de que gobernador no pone gobernador.

Los priístas seguramente optarán por el “fuego amigo”, que tan bien saben hacer y ocultar, y la oposición por la descalificación abierta bajo el argumento de que Marín busca perpetuarse en el poder en la persona de su secretario de Desarrollo Social.

Dicho metafóricamente: en la maratón de la sucesión gubernamental Javier López Zavala tendrá que correr los últimos kilómetros en una pista jabonosa y llena de obstáculos.

Uno de estos obstáculos son los estudios de opinión, que hoy ubican al favorito del gobernador como un precandidato ampliamente conocido, pero con un bajo nivel de confianza.

López Zavala no encabeza las encuestas que miden la intención de voto de los poblanos; las preferencias se inclinan hoy por el senador del PAN y, en segundo término, por la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá. El secretario de Desarrollo Social aparece en la tercera o cuarta posición.

Los factores que lo anclan no son menores. Entre los electores volátiles o switcher se le percibe como un político a la sombra de Marín (continuismo), que proyecta poca confianza y expectativas de triunfo, y sin arraigo y vínculos propios con las élites y grupos de poder real en el estado (quizás por su origen chiapaneco).

Otro conflicto que Marín y Zavala deberán sortear es el representado por el resto de los aspirantes del PRI a Casa Puebla, que desde ahora tienen claro que el gobernador no es, ni será el fiel de la balanza o un actor imparcial en la contienda por la gubernatura.

Frente a tal escenario, lo más probable es que unos opten por conformar una especie de bloque antimarinista o antizavalista (Enrique Doger Guerrero y Jesús Morales Flores); otros por deslindarse del Proyecto Z, pero sin romper con el Ejecutivo estatal (Mario Montero Serrano, Blanca Alcalá Ruiz, Enrique Agüera Ibáñez y Jorge Estefan Chidiac); y los menos por romper con el PRI, aliándose abierta o encubiertamente con Moreno Valle (Enrique Doger Guerrero).

Un riesgo adicional que el marinismo parece menospreciar es el posicionamiento del senador panista y ahijado político de Elba Esther Gordillo, Rafael Moreno Valle.

El ex secretario de Finanzas y Desarrollo Social en el sexenio de Melquiades Morales Flores no sólo mantiene vínculos y nexos con grupos y líderes priístas que el marinismo ha marginado o excluido, sino que ha sabido venderse, como el antídoto para romper con el continuismo representado por el Proyecto Z y también como el único político opositor capaz de derrotar al PRI en los comicios locales del 2010.

Y esa percepción, que hoy se refleja en diferentes encuestas, ha también permeado a otros sectores, como el empresarial, el académico y periodístico, al grado que a diferencia de anteriores procesos nadie quiere comprometerse de manera abierta, ya sea como simpatizante de Moreno Valle o de López Zavala, o como detractor de uno u otro.

EN CORTO
Guillermo Deloya Cobián, secretario particular del gobernador Mario Marín Torres, se internó el viernes en el Hospital Ángeles, donde fue atentido de emergencia por estrés y fuertes dolores de cabeza, como consecuencia de las presiones de los últimos días en el marco del cuarto informe de labores de su jefe.

Deloya abandonó el nosocomio hasta el sábado, lo que explica su inasistencia a la comilona de López Zavala con motivo de su cumpleaños número 40.

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La periodista Sandra Izcoa Reyes finalmente no asumió la jefatura de prensa del Comité Directivo Estatal del PRI.

El motivo es que en la escuela de Comunicación de la BUAP le ofrecieron contratarla como profesora de medio tiempo.

Por tal razón, el nuevo secretario de Prensa y Propaganda del PRI, José Tomé Cabrera, sigue buscando quién se haga cargo de esa importante posición partidista.

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Simón dice:

“En el arte de gobernar existe un hoy, un mañana y un ayer. El que piensa en mañana y obra en consecuencia desde hoy, siembra y cosechará; al que solamente piensa en hoy, el mañana casi siempre lo sorprende y lo devora; el que no habla más que de ayer para obrar en consecuencia hoy, retrocede hacia el pasado”.

Maximiliano de Habsburgo.

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Salvo sorpresa de última hora, pero de última hora, Blanca Lilia Ibarra Cadena será nombrada este jueves comisionada propietaria de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) del estado de Puebla.

Lo malo del asunto, que no de su persona, es que su designación no se acordó en la Gran Comisión del Congreso local, ni se negoció entre las fracciones parlamentarias de la LVII Legislatura, sino en la Secretaría de Gobernación del estado.

Ahí, en esa dependencia del Poder Ejecutivo, Mario Montero Serrano cabildeó con los panistas el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra y ahí, él y sus asesores jurídicos, minimizaron los riesgos de una eventual impugnación por parte de la comisionada saliente Josefina Buxadé Castelán, quien se registró para continuar como comisionada de la CAIP por otros seis años.

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A propósito de Montero y los panistas.

Cuentan que en el desayuno privado que el gobernador Mario Marín Torres sostuvo con los diputados locales y dirigentes estatales del PAN, Rafael Micalco Méndez sacó a relucir su antizavalismo.

Y es que al final del encuentro, el presidente del PAN le dijo al gobernador, a manera de despedida, que con Mario Montero en la Secretaría de Gobernación el diálogo y la interlocución entre su partido y el gobierno del estado habían mejorado.

El elogio hacia Montero fue tan desmedido que hasta el secretario de Gobernación se incomodó.

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Este jueves la bancada del PAN solicitará que la Comisión Inspectora y/o la Comisión de Hacienda y Patrimonio investiguen un probable daño patrimonial a las arcas del estado, derivado de los financiamientos contratados por Carreteras de Cuota de Puebla (CCP).

El diputado Manuel Janeiro Fernández cuestionará en tribuna un primer crédito contratado a Banobras en 2004 por 500 millones de pesos, con dos años de gracia. Por este préstamo, Carreteras de Cuota ha pagado a la fecha 154 millones de pesos, pero aún adeuda 445 millones de pesos.

El segundo crédito se trata de un financiamiento bursátil a 15 años por 520 millones de pesos, por el cual CCP ha pagado por concepto de refinanciamiento e intereses 240 millones de pesos, sin que su deuda original haya disminuido de manera significativa, pues ésta asciende a la fecha a 511 millones de pesos.

Pero el asunto no para ahí, pues de acuerdo con Manuel Janeiro, Carreteras de Cuota quiere se le autorice un nuevo crédito de hasta por 1,054 millones de pesos, para liquidar los otros dos y renegociar mejores condiciones de pago con el nuevo acreedor.

El problema es que Carreteras de Cuota no puede explicar por qué si las dos deudas que actualmente tiene suman 956 millones de pesos, pretende contratar un crédito de hasta 1,054 millones de pesos para cubrirlas.

La diferencia de casi 100 millones de pesos no es poca cosa, como tampoco las comisiones por prepagado que sus actuales acreedores le exigen y que rondan por los 65 millones de pesos.

Lo que Manuel Janeiro demandará este jueves es que el nuevo crédito sí se contrate, pero que éste se concurse de manera abierta para que el gobierno del estado y Carreteras de Cuota de Puebla obtengan las mejores condiciones y se eviten nuevos daños patrimoniales como los arriba descritos con los financiamientos contratados en las postrimerías del sexenio melquiadista.

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Manda a decir Roy Campos Ezquera, presidente y director de Consulta Mitofsky, que en Puebla no ha realizado ninguna encuesta electoral con miras a las elecciones de gobernador del estado, por lo que desconoce por anticipado los resultados o cifras que pudieran publicarse en estos días sobre el tema.

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Ahora que por diferentes encuestas sabemos que el aspirante mejor posicionado a la gubernatura de Puebla no es un priísta, sino el camaleónico Rafael Moreno Valle Rosas ––lo de camaleónico no es gratuito––, vale la pena analizar qué pasa con la cantera de precandidatos del PRI, que en mi opinión se reduce a un sólo personaje: el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

Sustento mi hipótesis en los porcentajes de posicionamiento e intención de voto que se han dado a conocer en diferentes encuestas, en el adelantado calendario electoral de los comicios locales, y en las condiciones en que se encontrarán por allá de febrero o marzo de 2010 algunos de los aspirantes punteros del PRI.

Además de López Zavala, los estudios demoscópicos que se han publicado apuntan a dos o tres aspirantes adicionales para pujar por la nominación del PRI a gobernador: la presidenta municipal, Blanca Alcalá Ruiz; el ex alcalde Enrique Doger Guerrero y el actual rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez.

Los demás precandidatos del PRI —entre los que figuran Mario Montero Serrano, Jorge Estefan Chidiac, Jesús Morales Flores y Alejandro Armenta Mier— aparecen hoy con bajos niveles de conocimiento y bajísimos porcentajes de intención de voto.

Revisemos ahora el caso de los tres punteros.

Algo que no hay que perder de vista en el análisis es la Reforma Constitucional en materia electoral aprobada por el Congreso de la Unión, por la cual los comicios locales se adelantarán ––y eso no está a discusión–– del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio del 2010.

Con esta reforma constitucional, el calendario electoral de Puebla también se modificará, sobre todo en los plazos de precampaña y registro de candidatos. Si las elecciones para gobernador se llevan a cabo el primer domingo de julio, ello significa que el PRI y los demás partidos estarían sacando sus candidatos en febrero o marzo de 2010.

Bajo estas condiciones, Blanca Alcalá apenas y llegaría a rendir su segundo informe de labores, pues de inmediato deberá solicitar licencia para separarse del cargo. De más está decir que su compromiso ante notario público de gobernar la capital por tres años será una lápida muy pesada en pleno proceso electoral.

Para el rector de la BUAP la situación es igual de compleja.

Enrique Agüera no sólo tendría que asegurar su reelección el año entrante, sino preparar a marchas forzadas a su sucesor, quien necesariamente tendría que salir de una nueva auscultación sectorial por voto universal, directo y secreto. Las elecciones para rector de la BUAP son en septiembre de 2009 y la toma de posesión en octubre.

Cuatro o cinco meses después —es decir, en febrero o marzo de 2010—, Agüera tendría que renunciar para poder participar en el proceso interno del PRI por la candidatura a gobernador. En tal escenario, el Estatuto Orgánico de la BUAP prevé que si el rector renuncia antes de dos años, el Consejo Universitario designa a un rector interino que convoca a nuevas elecciones en un plazo no mayor de 90 días.

Dicho proceso necesariamente se empataría con la elección constitucional, y por tanto la Universidad correría el altísimo riesgo de partidizarse.

El único aspirante que al PRI le quedaría entonces, además de López Zavala, sería Enrique Doger.

Pero el ex alcalde tiene varios problemas: carece de operadores y de una estructura a nivel estatal; está confrontado con el equipo del gobernador Marín, y al seno del PRI se le identifica como un político veleidoso, conflictivo y poco comprometido con los postulados priístas.

Adicionalmente, su imagen pública se ha deteriorado como consecuencia de sus pleitos con varios medios y columnistas, amén de los escándalos de corrupción en que él y algunos de sus colaboradores se han visto envueltos.

Sin embargo, el principal problema de Doger es Mario Marín. El gobernador podrá renunciar a su intento de dejar sucesor, pero una prerrogativa que no va a ceder, sobre todo si López Zavala pierde la nominación, es a ejercer su derecho de veto, y éste tiene como único y principal destinatario al ex presidente municipal de Puebla.

Así las cosas, López Zavala queda como la única carta fuerte que al PRI le queda para confrontar a Moreno Valle en las elecciones para gobernador.

Esta situación es, desde mi perspectiva, altamente riesgosa no sólo por el desgaste a que se verá sometido el secretario de Desarrollo Social de aquí a marzo de 2010, sino por otros factores que las propias encuestas han advertido, como su origen chiapaneco, su menor potencial de voto frente a Moreno Valle y el alto porcentaje de votos de rechazo que concentra entre electores volátiles o switcher.

De ahí mi hipótesis de que al PRI le hace falta ––y con urgencia–– inventarse uno o dos precandidatos emergentes, ya sea para quitarle golpes a López Zavala o para tener a un suplente en caso de que algún escándalo o circunstancia lo dejara fuera de la contienda.

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