En el transcurso de los próximos días el subdirector de Comunicación Social del Congreso del estado, Óscar de la Vega Torres, será sometido a fuertes presiones para echarlo del Poder Legislativo.

Por un lado un grupo de reporteros de la fuente se ha organizado para plantearle al líder de la Gran Comisión, Guillermo Aréchiga Santamaría, la necesidad de que éste sea relevado por el trato y hostilidad que muestra hacia ellos en el desempeño de su función, al excluirlos de entrevistas y entorpecer su labor noticiosa.

Y por otro, se le acusará de la sustracción ilegal de un equipo propiedad del Congreso del estado con valor de más de 80 mil pesos.

Se trata de un VTR para Mini DV, marca Panasonic, que es un aparato de edición para grabar y copiar en serie.

Dicho equipo, que habría sido utilizado para la campaña electoral del candidato del PRI a la gubernatura, Javier López Zavala, ahora se dice que está desaparecido con reporte de robo, de acuerdo con informes obtenidos por el Comité de Administración del Poder Legislativo.

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Este miércoles el pleno de la Comisión para el Acceso a la Información Pública —integrado por los comisionados Blanca Lilia Ibarra Cadena, Samuel Rangel Rodríguez y José Luis Javier Fregoso Sánchez— acudió al Congreso del estado a entregar un paquete de propuestas y reformas para mejorar la actual ley de transparencia.

Entre otras cosas los comisionados plantearon modificar la actual Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2011, que establece altas cuotas por la reproducción o expedición de copias certificadas como única modalidad de la información comprobatoria del gasto, o eliminar de esta legislación el requisito de que los solicitantes deben entregar copia de su RFC o CURP para acceder a la información pública requerida.

Los comisionados fueron recibidos por el presidente de la Gran Comisión, Guillermo Aréchiga, y la presidente de la Comisión de Transparencia, Josefina Buxadé Castelán.

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David Villanueva Lomelí, presidente de la Federación Nacional de Colegios de Licenciados en Administración y subdirector general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), presentará este viernes su examen para el grado de doctor en Administración Pública.

El funcionario federal curso doctorado en la Universidad Anáhuac del Norte de la ciudad de México, institución que cuenta con el aval de la Sorbona de París en estos estudios de postgrado.

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Un personaje que podría sumarse a la puja por la Dirección de Comunicación Institucional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), una vez que su actual titular Jorge David Cortés Moreno sea promovido como director de un Instituto de investigación de nueva creación en Administración y Políticas Públicas es el exdiputado local y excandidato a la presidencia municipal de San Andrés Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila.

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Noticias preocupantes y hasta escandalosas están por surgir en torno al Cereso de San Miguel.

Una está relacionada con los negocios que desde el interior de este centro penitenciario y al amparo de las autoridades del mismo realizan los Tiro Moranchel, y otra con la salida de peligrosos internos que al final del sexenio marinista obtuvieron sus cartas de liberación.

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Simón dice:

«Cuando el agua te llega al cuello, no te preocupes si no es potable.»

Stanislaw Jerzy Lec (1909-1966) Escritor polaco de origen judío.

Si algo quedó demostrado ayer, durante la presentación del informe financiero del presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, ante los integrantes del Consejo General del organismo, es su falta de compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

En la mesa de trabajo del martes, Sánchez Morales se había comprometido, ante sus pares en el IEE, a entregar por escrito el informe financiero del 2008 la tarde del miércoles, a fin de que éstos pudieran revisarlo antes de que se presentara al pleno.

El consejero presidente no lo hizo, y trató de justificar su incumplimiento en la negativa del director general del Instituto, José Antonio Bretón Betanzos, de avalar y supervisar las cifras y datos contenidos en éste.

A su vez, Bretón Betanzos le mandó a decir por oficio que no era competencia suya la supervisión del informe financiero, sino de la Contraloría Interna, en términos del artículo 109 fracción IV del Código de Instituciones y Procesos Electorales de Puebla, y del artículo 7 fracción XI del Manual de los Funcionarios de la Contraloría del Instituto Electoral del Estado.

La sesión en la que Sánchez Morales rindió su informe financiero correspondiente al año 2008 debió iniciar a las 14 horas de este jueves, pero se pospuso hasta las 18 horas porque el documento aún no estaba concluido.

El presidente del IEE se presentó con un informe de nueve hojas, que a esa hora leyó y distribuyó a los miembros del Consejo General.

Éstos para variar le criticaron que en el documento no se incluyeran los reportes de la Contraloría Interna, ni del auditor externo, el despacho Freyssinier Morín, así como las contradicciones entre lo informado por él y la encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo, sobre el monto total de las ampliaciones presupuestales hechas por la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado al Instituto.

Sánchez Morales quiso salirse por peteneras. Sobre las auditorías internas dijo que éstas no se incluyeron pues todavía estaban en proceso, y acerca de los reportes del auditor externo apuntó que éstos no podían difundirse por cuestiones de normatividad interna y la Ley de Transparencia.

Sus excusas y argumentos fueron tan malos que en la sesión de este jueves nadie, pero absolutamente nadie, salió a defenderlo. Vaya, ni siquiera el representante del PRI, José Alarcón Hernández, para quien los consejeros electorales sólo están para votar y cobrar.

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Simón dice:

“Es desgracia habitual en los ineptos la de engañarse al elegir profesión, al elegir amigos y al elegir casa”.
Baltasar Gracián (1601-1658). Escritor español.

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Por Eduardo González

Que este jueves los regidores del PAN en el Ayuntamiento de Puebla recibieron un oficio en respuesta a la petición que hicieron hace dos semanas a la Coordinación de Comunicación Social, para obtener copia de todos los contratos con medios de comunicación que la administración municipal ha firmado en el último año.

Sin embargo en el documento, el titular del área, Rafael Quiroz Corona, les contestó que en base a la Ley de Transparencia hizo uso de una prórroga para definir la entrega de la información.

A los panistas no les cayó en gracia la postura del funcionario y, a través de un nuevo documento, señalaron que los contratos no los pidieron en calidad de ciudadanos, sino como servidores públicos, integrantes del cuerpo edilicio.

Los regidores sospechan que la nueva respuesta irá en el sentido de declarar como reservada esa información. Aunque un enviado les indicó que lo conveniente es dejar por la paz su solicitud, ya que los medios de comunicación se les irán encima por andarle buscando mangas al chaleco.

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Que el próximo lunes 23 de febrero a las 11 horas se realizará en el auditorio Manuel Aceves SJ de la Universidad Iberoamericana de Puebla, el foro “Otra vez el cuarto poder. Duopolio televisivo contra el IFE”, organizado por la licenciatura en Comunicación de esa casa de estudios.

El evento será encabezado por el periodista Jenaro Villamil de la revista Proceso, el consejero electoral del IFE Alfredo Figueroa Fernández, así como las académicas Lilia Vélez Iglesias, de la UPAEP; Josefina Buxadé Castelán, de la UDLAP; y Ana Lidya Flores, de la UIA Puebla.

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Que el emplazamiento a huelga pactado este viernes a las 15 horas en la compañía periodística El Sol de Puebla sufrió una prórroga, por lo que no serán colocadas las banderas rojinegras en el inmueble de la 3 oriente 201.

Tanto la empresa, encabezada por Serafín Salazar Arellano, y el sindicato, cuyo secretario general es Arturo Manzano Nieto, se dieron de plazo hasta el martes 24 de febrero para continuar con las negociaciones contractuales, una vez que no se concretó el monto de aumento salarial.

Que el rector de la Benemérita, Enrique Agüera Ibáñez, ya se estrenó en las redes sociales de internet, al subir su perfil al sitio más importante de este tipo en la web, Facebook.

Agüera aparece en esta página electrónica con una foto de medio cuerpo hacia arriba, muy sonriente, y con una frase no carente de significado electoral, aunque él insista que no está campaña: “Vamos por una mejor BUAP y una próspera Puebla… a tu lado”.

Entre los amigos que el rector Agüera tiene dados de alta en su facebook figuran el presidente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier; el nuevo dirigente estatal del PVEM,  Juan Carlos Natale; el senador Rafael Moreno Valle, y el ex rector de la UDLA-P, Pedro Ángel Palou.

También aparecen Mario Marín Jr, Mario Montero Jr. y Melquiades Morales Jr., los periodistas Yuriria Sierra, Isabel Tobón, Isaac Hernández, Arturo Rueda y Zeus Munive; los ex dirigentes del PVEM, Ernesto Guerrero Aguilar y Gustavo Díaz Ordaz, así como estudiantes y egresados de la BUAP, la UDLA-P y el Tec de Monterrey.

El perfil del rector de la BUAP en facebook lo encuentra en la siguiente liga:
http://www.facebook.com/home.php?ref=home#/profile.php?id=1585633688

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Que el coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana de Puebla, José Ojeda Bustamente, podría ser la carta oculta del PRI para ocupar la cartera que dejará vacante Josefina Buxadé Castelán en la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP).

Por lo pronto, este miércoles el Congreso del estado admitirá el ocurso presentado por el académico a fin de entregarle la ciudadanía poblana vía fast track.

Entre los observadores políticos no pasa inadvertido el repentino interés de Ojeda por hacerse ciudadano poblano, la prontitud con que el Congreso accedió y tramitó su solicitud, y tampoco su actitud conservadora en la discusión sobre las reformas a la Ley de Transparencia, aprobadas por la actual Legislatura, evitando a toda costa las críticas a los diputados de la mayoría priísta.

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Que el próximo 10 de diciembre, los poblanos conoceremos un rostro hasta ahora desconocido del ex candidato del PAN a la presidencia municipal de Puebla, Antonio Sánchez Díaz de Rivera. Me refiero a su faceta de escritor y poeta.

Y es que ese día, a las 18:30 horas en el Aula Virtual del Complejo Cultural Universitario de la BUAP, el actual diputado federal presentará su libro de poemas y reflexiones titulado “Cobija al hombro”, obra que será comentada por la secretaria de Educación Pública del gobierno federal, Josefina Vázquez Mota, y por la presidenta de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla, María Teresa Colchero Garrido.

El evento, del que ya circulan invitaciones, será presidido por el rector de la Benemérita, Enrique Agüera.

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Quien también está por presentar su más reciente libro sobre filosofía política es el consejero electoral Fidencio Aguilar Víquez.

Su ensayo de 418 páginas, titulado “La modernidad limitada. La idea del ser y el lugar de la razón en el pensamiento de M. F. Sciacca”, fue editado por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del estado de Morelos (CIDHEM).

La reseña que aparece en la contraportada de su obra apunta lo siguiente:

“El siglo XX nació con la certeza de que, al fin, los seres humanos habíamos alcanzado la madurez de nuestro ser histórico; el resultado, por el contrario, fue un siglo de guerras cuyas secuelas, todavía hoy, inicios del siglo XXI, siguen latentes bajo diversas caretas. Aunado a lo anterior, cuando menos tres grandes problemas tienen en jaque a quienes habitamos el planeta: el grave deterioro ecológico, el tráfico ilegal de drogas y de personas y el surgimiento de nuevas formas de terrorismo.

“Lo anterior no se entiende sin conocer el tema de la Modernidad y de su crisis, advertida ya por sus estudiosos más acuciantes. El problema central es este: por qué la humanidad, a partir de la inspiración en el pensamiento moderno, en vez de entrar en un estadio auténticamente humano, lejos de las añejas tiranías de la autoridad y el dogma, ha generado una nueva barbarie que consiste, en términos generales, en la abolición misma de la razón, de la verdad y del ser, incluso del sentido mismo de la ciencia y de la organización social y política, cuya consecuencia es la disolución o ´dislocación´ del sujeto humano en ´infinitas´ almas mortales.

“Debemos de reconocer, sin embargo, que esa pretensión -comprender por qué se ha entrado en un nuevo estado de barbarie- nos desborda. No por ello debemos renunciar a una lectura alternativa del tema de la Modernidad y de su crisis. Es decir, frente al fracaso de una Modernidad ilustrada, pagada se sí misma y autorreferente, o frente al desencanto posmoderno y, a veces, nihilista, frente a ellos se encuentra una Modernidad limitada que reconoce la dignidad de la razón en su vinculación con la Idea del ser. Tal es la filosofía de la integralidad que propone, entre otros, Michele Federico Sciacca, cuyo pensamiento general se expone en este libro”.

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Antonio Marín López, secretario de lujo en Salud
Letra muerta, las reformas al código electoral

¿En qué va a terminar el caso Juárez Acevedo?

A ciencia cierta no lo sé, aunque en estricto apego a derecho su caso debería terminar con su inmediata destitución como presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), y el inicio de un procedimiento administrativo y penal por falsedad de declaraciones ante la autoridad.

Juárez Acevedo no sólo violentó la convocatoria y el artículo 27 de la Ley de Transparencia, al participar y ser nombrado comisionado de la CAIP, pese a no reunir los requisitos de elegibilidad, sino que ha mentido recurrentemente sobre ese pasaje de su vida.

Cuando en el 2006 el Congreso del estado emitió la convocatoria para el nombramiento de tres comisionados propietarios y tres comisionados suplentes, clara y explícitamente se estableció que nadie que se hubiese desempeñado como dirigente de algún partido o asociación política durante los últimos tres años, podía ser designado para tal cargo.

Adicionalmente, la fracción V del artículo 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública refiere de manera textual que “Para comisionado se requiere: No haber desempeñado cualquier cargo de elección popular con el carácter de propietario; Titular de Dependencia o Entidad Federal, Estatal o Municipal; Magistrado del Poder Judicial del Estado o del Tribunal Electoral del Estado, Consejero del Instituto Electoral del Estado o dirigente de algún partido o asociación política durante los tres años previos al de su designación”.

Juárez Acevedo no puede argumentar demencia o ignorancia sobre este aspecto de la ley, y menos, como en su caso, tratándose de un abogado.

De ahí la conveniencia de que la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales de la LVII Legislatura, que esta semana revisará el expediente del presidente de la CAIP, no limite su acción al análisis de la procedencia o improcedencia de la remoción de Juárez Acevedo.

Que éste tiene que irse, es algo que se da por descontado.

Los diputados de la Comisión de Gobernación –que preside el priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa– deben ir más allá de la destitución de aquel, una vez que el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han resuelto que Juárez Acevedo era miembro y directivo de Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP.

El gobernador Mario Marín Torres o –en su defecto– el contralor Víctor Manuel Sánchez Ruiz también deberían pronunciarse por el inicio de un proceso administrativo y penal en contra de Juárez Acevedo, considerando que la CAIP era y sigue siendo un órgano del Poder Ejecutivo del estado.

Antes de las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia, la CAIP era un órgano auxiliar del Ejecutivo; hoy continúa como un órgano especializado de la administración pública estatal.

Dejar en la impunidad las falsedades, mentiras y violaciones legales cometidas por Juárez Acevedo, sería tanto como premiar a la opacidad y el cinismo de quien en la práctica ha sido el principal lastre de la transparencia y la rendición de cuentas en Puebla, así como del descrédito de la CAIP como órgano garante del derecho a la información.

EN CORTO
La versión de que Antonio Marín López será el nuevo secretario de Salud de Puebla, en sustitución de Roberto Morales Flores es una magnífica noticia, que ojalá se confirme, no sólo porque se trata de un prestigiado hematólogo reconocido local y nacionalmente, sino porque se trata de un especialista en salud pública con amplia experiencia.

Antonio Marín es médico egresado por la UAP, con posgrado en el Hospital Civil de Puebla y especialidad en Hematología por el Instituto Nacional de la Nutrición de la ciudad de México.

Ha sido catedrático en las facultades de Medicina y Ciencias Químicas de la UAP, coordinador de la División de Enseñanza del Hospital Universitario de Puebla y jefe del Departamento de Hematología y Banco de Sangre del mismo nosocomio; director del Hospital General de Puebla (1994-1995), jefe del Departamento de Investigación y Enseñanza de los Servicios Coordinados de Salud Pública de Puebla (1996-1998), director general de los Servicios Coordinados de Salud Pública de Puebla (1998-1999), y director general del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea (1999 a la fecha).

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Este fin de semana llegaron a mi buzón sendos correos electrónicos que documentan cómo las últimas reformas al código electoral del estado, plasmadas en el artículo 200 bis, tendientes a evitar las precampañas y el uso de recursos públicos con fines de posicionamiento político o clientelar, no sirvieron de nada.

En un primer mail, un lector de este espacio me envía tres fotos de bardas rotuladas con el apellido del ex presidente municipal de Puebla, Doger, en el municipio de Zaragoza, en la Sierra Norte de Puebla.

Las coloridas bardas llevan además de la palabra Doger la firma y logotipo de la asociación que el ex presidente municipal de Puebla utiliza para promoverse como aspirante a la gubernatura: el Instituto Nacional para el Desarrollo Municipal y la Alfabetización (Indema).

El segundo mail contiene seis fotografías de anuncios espectaculares, tomadas en Ciudad Universitaria y en el campus de Tehuacán, en las cuales el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez aparece en obras, saludando a estudiantes y profesores, o dando la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso a la institución.

Este correo electrónico de un supuesto grupo de estudiantes rechazados de la UAP cuestiona: “¿Qué onda, no que no se puede usar la imagen de un funcionario público para promocionarse?

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El ex director y fundador de la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Puebla, Ismael Ledesma Mateos, rendirá protesta el próximo jueves 11 de septiembre como presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y de la Tecnología.

La ceremonia, prevista para las 17 horas, tendrá lugar en el Paraninfo del Palacio de Medicina (Antigua Escuela de Medicina y también Palacio de la Inquisición) de la ciudad de México.

Durante el acto, el doctor Antonio Lazcano-Araujo, profesor de la facultad de Ciencias de la UNAM y experto internacional en el tema del origen del universo, dictará la conferencia magistral “El Origen de la vida, de Oparin al experimento de Millar: Atmósferas primitivas, atmósferas políticas”.

El doctor Ismael Ledesma, quien actualmente presta sus servicios como profesor investigador de la UNAM, ha publicado a la fecha dos obras: Historia de la Biología, y De Balderas a la Casa del Lago: La institucionalizacion de la Biología en México.

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El director de la Universidad Pedagógica Nacional de Puebla, Pedro Valdez Martínez, sigue empeñado en ganarse el repudio de los principales académicos de la institución, al insistir en su intentona de desaparecer la Maestría en Formación Docente para el ámbito regional.

La semana pasada, Pedro Valdez no sólo aumentó de 2000 a 4,500 pesos la cuota de inscripción para el propedéutico de este posgrado de calidad, sino que amenazó a los alumnos y profesores con cerrarlo, si no se inscribían al menos 15 estudiantes.

Su amago no deja de resultar absurdo, pues la verdad es que los 2,500 pesos adicionales que mensualmente tendrán que aportar los nuevos alumnos de la maestría, no garantizan nada, ni la calidad del posgrado, ni la permanencia de los profesores que actualmente integran su planta académica, y menos con el clima de hostilidad que desde la dirección de la UPN Puebla se impulsa contra varios de ellos.

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En la discusión de las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia de Puebla, la legislación en la materia del estado de Oaxaca se convirtió en una referencia obligada.

Académicos y organizaciones ciudadanas siempre citaban la Ley de Transparencia de Oaxaca como la norma a seguir. “Esta sí es una legislación de avanzada” se repitió en varias ocasiones.

Sin embargo, en Oaxaca, la percepción que se tiene de la Ley de Transparencia, del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (IEAIP) y de sus tres comisionados, es totalmente diferente.

De entrada hay que decir que la ley de “avanzada” se aprobó en enero de 2006, pero que ésta no se publicó sino hasta septiembre de ese mismo año, es decir, ocho meses después, pero con una modificación en un artículo transitorio por el cual la legislación entraría en vigor 18 meses después, o sea, en marzo de 2008.

La nueva legislatura estatal de Oaxaca decidió abrogar la anterior ley y aprobar una nueva que se publicó en marzo de este año y entró en vigor anteayer lunes.

Además, los tres comisionados que integran el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública no ofrecen ninguna garantía de certidumbre, independencia y autonomía.

Su presidente, Genaro Vásquez Colmenares, es hermano del extinto gobernador priista de Oaxaca Pedro Vásquez Colmenares, y su trayectoria como legislador ha estado manchada por el signo de la traición. Y es que hace años, fue diputado del PRI y en la pasada legislatura llegó como convergente, con tan débiles convicciones que no tardó en ser cooptado por el líder de la bancada priista Bulmaro Rito Salinas, lo que le mereció su expulsión del partido naranja.

La segunda comisionada, Alicia Aguilar Castro, es tan independiente que su marido es el oficial mayor del Congreso oaxaqueño, Raúl Castellanos Hernández.

El tercer comisionado, Raúl Ávila Ortiz, es quizá el más identificado con el régimen del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Raúl Ávila llegó a Oaxaca como coordinador de asesores del gobernador, que le encargó la coordinación de los festejos del bicentenario del natalicio de Benito Juárez; luego fue su director de comunicación social, aunque sólo por dos semanas, y más tarde lo envió como candidato del PRI a presidente municipal de su natal Santo Domingo Tehuantepec, donde perdió las elecciones.

El último escándalo al seno del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Oaxaca, fue la designación de su director jurídico Antonio Ortiz Vázquez, sobrino del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, parentesco que al ser descubierto por la prensa oaxaqueña, provocó que el portal de transparencia del IEAIP dejara de funcionar.

Cualquier parecido con la realidad poblana, es pura coincidencia.

Por Fernando Pérez Corona

Uno de los escenarios más analizados  por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al caso Lydia Cacho fue el posible concierto de autoridades en contra de la autora de “Los demonios del edén”.

Con base en la conversación telefónica entre el gobernador Mario Marín Torres y el empresario Kamel Nacif Borge, la discusión entre los integrantes del máximo tribunal del país estuvo encauzada hacia la supuesta confabulación entre los poderes Ejecutivo y Judicial para violar los derechos de la periodista, y la nula posibilidad del Legislativo para sancionar esta acción ilegal.

El final, ya lo conocemos.

En esta semana, no está de más recordar el reclamo de Cacho Ribeiro.

¿Por qué?

Tan sólo reflexione conmigo:

¿Qué posibilidades tenemos los poblanos de que el Congreso local legisle en beneficio de nosotros, si la mayoría priísta se impone y acata la indicación del gobernador?

Así sucedió con la Ley de Transparencia.

Decidieron con base a los intereses del mandatario, ni siquiera en relación con sus propias ideas.

Los diputados del instituto tricolor no escucharon a la gente y tomaron la decisión de caminar hacia donde les ordenaron.

Y todo nos viene de golpe y porrazo.

El pasado fin de semana, una maniobra en el Poder Judicial ordenada desde el Poder Ejecutivo permitió al Fideicomiso Atlixcáyotl-Quetzalcoatl recuperar el Parque del Arte y desalojar a Puebla Verde, específicamente a Verónica Mastretta.

Los jueces habían partido de vacaciones a las 3 de la tarde y a las 6 todavía un diligenciario salió a cumplir con su deber.
Ajá.

Pero no fuera uno, porque padecemos las de Caín.

En breve, la elección (¿o designación?) del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

¿Hay posibilidades de proponer al mejor?
No.

La decisión está en manos del gobernador Mario Marín Torres.
Como siempre.

A merced del señor gobernador.
Indefensos.

En corto

¿Sabe usted algo acerca de la construcción del Libramiento Norte de la ciudad de México, el cual tendrá una longitud de 224 kilómetros, desde San Martín Texmelucan hasta Atlacomulco, estado de México? Si carece de esta información, le cuento que la vía terrestre atravesará las autopistas México-Pachuca y México-Querétaro, así como las carreteras Texcoco-Apizaco y México-Tulancingo. Además formará parte del corredor del altiplano y enlazará cinco corredores troncales. La obra está a cargo del Grupo Carso, de Carlos Slim, y estaría terminada este año. Pero no. Falta mucho para terminar. Para empezar, no están resueltos los problemas con ejidatarios y comunidades que reclaman obras complementarias. ***** Otra sobre carreteras. Además del Libramiento Norte, la empresa española Obrascón-Huarte-Lain (OHL) tiene otras obras relacionadas con Puebla, aunque estas no fueron negociadas en el despacho del gobernador Mario Marín Torres. OHL construye el circuito exterior mexiquense, en un tramo de Huehuetoca al oriente del Distrito Federal; pero, además, tendrá a su cargo la segunda fase de la autopista Puebla-Chalco, con una longitud de 100 kilómetros. ¿Estará pensando en conectar esta autopista con el Libramiento Norte? ¿Será? ¿De ahí la necesidad de tener tres casetas de peaje? ¿Un punto de cobro servirá para unir las dos vías terrestres? Piensa mal y acertarás. ***** Por cierto, la tarde de este lunes me dio coraje encontrarme en internet con la orden del día de la sesión pública del Congreso local del pasado 3 de julio, pues el diputado José Manuel Benigno Pérez Vega, promovió el “Punto de Acuerdo” para exhortar “al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a informar a esta Soberanía sobre la concesión al grupo español OHL para que construya el arco norte del periférico”. Ojalá y a estas alturas el célebre Pepe Momoxpan sepa que el Libramiento Norte de la ciudad de Puebla no tendrá conexión con el Periférico, que son dos vialidades distintas. ***** Y ya que hablamos de la ignorancia de nuestros legisladores, la semana pasada, navegando por las ondas hertzianas encontré una entrevista en vivo de la priísta Bárbara Ganime respecto al próximo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH). La sorpresa fue mayúscula cuando la integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura proponía, en lugar de un ombudsman, una “ombudswoman”. ¿¿¡¡ Quéeeee !!?? No es inglés. La palabra ombudsman es de origen sueco y significa «representante del ciudadano”. Así, pues, el femenino de ombudsman es ombudskvina u ombudsperson. Para evitar problemas, sería correcto tan sólo decir la ombudsman. Olviden eso de “ombudswoman” (ya dejen de ver las añejas series gringas de Wonderwoman y The Bionic Woman, o las historietas de Catwoman, e incrementen su acervo cultural). ***** Para festejar el 40 aniversario del movimiento estudiantil de 1968, el Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México prepara una exposición de fotógrafo oriundo de Zacatlán, Manuel Gutiérrez Paredes, mejor conocido como “Manachito”, cuando era fotógrafo de Luis Echeverría. Como se recordará, tras su muerte su familia heredó una colección de mil 268 fotografías, las cuales fueron vendidas por su hermana a la máxima casa de estudios, la cual realizó la digitalización del lote en 2002. Las fotografías serán expuestas junto con el archivo del ex gobernador de Veracruz (1962-68), Fernando López Arias.

Y hasta pronto.
Mañana vuelve Rodolfo Ruiz a este espacio.
Cualquier comentario: ferperezcorona@hotmail.com
Gracias

 Nuevo director en Medicina de la UDLA
 Más de seis aspirantes a dirigir la CDH

Una de las peores secuelas que dejó el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro es haberle quitado a Mario Marín Torres la posibilidad de trascender a ámbitos de mayor influencia y responsabilidad política.

Esta situación no sólo es un lastre para el gobernador, sino para los poblanos que ahora tenemos que padecer un estilo de gobierno autocrático.

Si Mario Marín estuviera en condiciones de convertirse en un actor de peso en la sucesión presidencial del 2012 o de continuar su carrera política en alguna posición relevante dentro del próximo gobierno federal, el Congreso de la Unión o el Partido Revolucionario Institucional, su estilo de gobernar sería sin duda diferente.

Por lo menos, más cuidadoso de las formas.

Pero como Marín sabe que su carrera política concluirá con su sexenio, poco parece importarle la imagen y la percepción que la opinión pública, los medios de comunicación y los principales actores políticos y sociales tengan sobre su persona.

De ahí el poco interés que él y sus operadores políticos muestran para consensuar y sacar adelante proyectos como la concesión de los parquímetros, obras como el Libramiento Norte, iniciativas legales como la Ley de Transparencia y nombramientos como los de los presidentes de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Acceso para la Información Pública.

Y de ahí también su atrevimiento –¿o valemadrismo?– para sostener al frente de la CAIP a un comisionado ilegítimo y deslegitimado como Antonio Juárez Acevedo; para oponerse a una Ley de Transparencia de avanzada como la que proponía Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), y para imponer su mayoría parlamentaria en la aprobación de su cuenta pública y en las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

O para concesionar, sin licitación pública de por medio el Libramiento Norte de la ciudad de Puebla a la empresa española OHL; para asignar en más de 450 millones de pesos las obras de mantenimiento de la vía Atlixcáyotl; para ahogar financieramente a la gestión de Blanca Alcalá Ruiz, cuyo presupuesto de obras en 2008 es inferior a 350 millones de pesos; para concesionar los parquímetros que se establecerán en el Centro Histórico y otras zonas de la Angelópolis a la empresa Jajomar, que cobrará la segunda tarifa por hora más alta del país; para quitarle a Verónica Mastretta Guzmán el comodato del Parque del Arte, y para tratar de imponer a Javier López Zavala como candidato del PRI a la gubernatura del estado.

EN CORTO

Este sábado, en el hotel Mesón del Molino, los principales dirigentes y operadores de medios del Partido Acción Nacional recibieron un curso de capacitación sobre marketing político, encuestas electorales y estrategias de comunicación, impartido por el director de Opina Consultoría Estratégica, Rigoberto Benítez Trujillo.

Al taller acudieron más de 25 panistas, incluidos el presidente estatal, Rafael Micalco Méndez y el dirigente municipal Bernardo Arrubarrena García, así como los directores y jefes de prensa del Comité Estatal, Comité Municipal y algunos ayuntamientos gobernados por alcaldes del blanquiazul.

También estuvieron diputados federales y diputados locales, así como los operadores de medios del senador Humberto Aguilar Coronado, de los diputados federales poblanos y del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del estado, entre otros.

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Invitado por el Centro Empresarial de Puebla (Coparmex), el presidente de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles, dictará el próximo jueves 24 de los corrientes una conferencia bajo el título “Corrupción… la solución somos todos”.

El desayuno, abierto a socios y no socios de Coparmex, se efectuará a las 8:30 horas en el Salón Cantabria del Hotel Presidente Intercontinental.

Además de presidir el Consejo Directivo de Transparencia Mexicana, el escritor Federico Reyes Heroles es miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presidente del Consejo de Administración de la revista “Este País. Tendencias y Opiniones”.

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Desde la semana pasada corre la versión, que no hay que descartar, sobre el posible nombramiento de Hugo Eloy Meléndez Aguilar como futuro director de la carrera de Medicina de la Universidad de las Américas (UDLA), en sustitución de Alfredo Memije Neri.

La especie cobró mayor fuerza por la aparición de Hugo Eloy Meléndez en unas cápsulas informativas transmitidas por Discovery Channel, en las cuales el actual secretario administrativo de la UAP sale a cuadro, como instructor del “niño genio”, Andrew Almazán Anaya, enfundado en una bata blanca con el logotipo de la UDLA.

Como parte de la versión se dice que entre los posibles sustitutos de Hugo Eloy Aguilar en la Secretaría Administrativa de la UAP estarían Sara Amalia Vélez Mejía, Juan José Oroza y Fernando Santiesteban Llaguno.

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Entre los aspirantes que han decidido registrarse para dirigir la Comisión de Derechos Humanos, en sustitución de Cándido Flores Mendoza, apunte usted los nombres de Eva Griselda Lozada López, Ricardo Saldaña Arellano, Germán Molina Carrillo, Rodrigo Lazcano Fernández y María Dolores Aguilar Gómez.

De éstos, los que estarían más cerca del grupo marinista son Eva Griselda Lozada, compañera de estudios universitarios del gobernador Mario Marín Torres, al igual que Cándido Flores, y actual defensora adjunta de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAP, y María Dolores Aguilar Gómez, representante de la Asociación de Abogados de Puebla.

Un personaje que también podría colarse, con la recomendación de Cándido Flores, es el actual responsable del Programa Indígena de la Comisión de Derechos Humanos CDH, Ricardo Saldaña.

Para críticas, aportaciones o comentarios haga clic aquí.

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Aunque al final el PRI se impuso y logró, sólo con los votos de sus 26 diputados, sacar adelante las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia, lo cierto es que ayer perdió el debate y también la oportunidad de dar a la entidad una ley de avanzada.

La reforma impulsada por la fracción priísta es tan light y acotada, en términos de lo que Puebla necesita, que hasta los legisladores de oposición que suelen apoyar las iniciativas del grupo mayoritario, como la perredista Irma Ramos Galindo y la convergente Carolina  O’Farril Tapia, optaron por abstenerse en esta ocasión.

El parche aprobado a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es tan opaco que uno de sus puntos, supuestamente de avanzada, podría convertirse en una regresión.

Me refiero al reformado artículo 8 que reduce de 15 a 10 días el tiempo para responder una solicitud de información. Ello no está mal. El problema es que ahí mismo se estipula que “La información deberá entregarse dentro de los diez días hábiles siguientes al que la Unidad Administrativa de Acceso a la Información le haya notificado la disponibilidad de aquella”, y que el plazo para interponer un recurso de revisión es también de diez días hábiles a la fecha de notificación de dicha resolución.

Imagínese este escenario: el lunes 4 de agosto le hacen saber, a través de un mail, que su petición ya fue respondida, y que ese día usted anda de suerte y abre su correo, pero que por cuestiones burocráticas la información requerida no se le entregan sino hasta el 18 de agosto, es decir, el último día hábil de los 10 que tiene de plazo la Unidad Administrativa de Transparencia encargada de proporcionársela.

Y que ese día, usted descubre que la información que le entregaron está incompleta o no satisface lo requerido en su petición.

Si así fuera, déjeme decirle que para entonces habrá perdido la oportunidad de inconformarse por la vía legal, mediante un recurso de revisión, pues con base en el artículo 41 de la propia Ley de Transparencia el plazo para que usted ejerza ese derecho habrá fenecido o estará a minutos de hacerlo.

Y es que si le notifican el 4 de agosto, pero la información se la entregan hasta el lunes 18, ese día es también el último que usted tendría como plazo para presentar su inconformidad ante la CAIP.

Así de retrógrada es nuestra nueva legislación en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Por eso, justo por eso, Puebla seguirá hundida en el sótano de la corrupción y la opacidad.

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Para mayor información y antecedentes sobre el tema le dejo estas ligas:

– Urge modificar la Ley estatal de Transparencia

– Un Congreso de rudos, técnicos, opacos y transparentes

– Las reformas obstaculizan el acceso a la información pública: Cimtra

Hoy finalmente se aprobarán las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia.

A juzgar por el dictamen que ayer aprobaron sólo los diputados priístas, en la sesión de las comisiones unidas de Gobernación y Transparencia, son pocos los avances que tendrá nueva legislación en comparación con la vigente.

Los legisladores priístas rechazaron dotar a la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) de autonomía constitucional.  Lo único que aceptaron fue quitarle eso de órgano auxiliar del Poder Ejecutivo del estado.

A diferencia de lo que ocurre en otras entidades federativas, con legislaciones más progresistas en la materia, en Puebla no habrá un sólo órgano encargado de hacer efectiva la transparencia y la rendición de cuentas, sino alrededor de 200.

La CAIP será el órgano del Ejecutivo, los poderes Legislativo y Judicial tendrán sus órganos análogos, y lo mismo ocurrirá con los ayuntamientos y con los demás sujetos obligados, entre los que por cierto no estarán los partidos políticos, las universidades públicas y los fideicomisos en los que participe el gobierno.

Cabe destacar que esto último contraviene el dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado, que al momento de aprobar las reformas al artículo 6° constitucional recomendaron la existencia de sólo 32 órganos estatales y uno federal, para evitar la perniciosa e impracticable proliferación de autoridades de transparencia.

En Puebla habrá más de 200 autoridades o comisiones de transparencia, una por cada poder, una por cada ayuntamiento con población superior a 70 mil habitantes, y una más por cada sujeto obligado.

La Ley de Transparencia no incluirá sanciones a los funcionarios que nieguen, oculten e escamoteen la información pública que se les requiera, y tampoco la obligación de que los funcionarios acrediten el supuesto daño que causaría la difusión de una información que ellos clasifiquen como restringida o reservada.

En suma: Puebla seguirá sumida en la opacidad gracias a los diputados del PRI.

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El próximo lunes e-consulta publicará, en una edición especial, el ranking de las mejores universidades de Puebla.

Se trata de una investigación efectuada por el equipo de Consultoría Contracorriente, en la que fueron consideradas las 219 instituciones de educación superior que existen en la entidad.

No está de más apuntar que ésta es la primera investigación estatal en la materia, para un medio de comunicación.

Hasta hoy, la calidad de las universidades poblanas se había medido por su inserción dentro de rankings nacionales o por criterios basados en cuestiones no académicas, como encuestas a población abierta (basadas en la percepción del entrevistado), cuestionarios a empresarios y directivos de bolsas de trabajo o en evaluaciones de carácter administrativo, como las certificaciones ISO-9000.

La evaluación de Consultoría Contracorriente se hizo a partir de nueve indicadores, entre ellos el número de programas de licenciatura y posgrado de calidad, certificados por CIEES, COPAES o Conacyt; el número y nivel de sus investigadores pertenecientes al SNI; su porcentaje de titulados y egresados; sus convenios internacionales, y su inserción y aceptación en el mercado laboral.

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Será hasta el 1 de septiembre cuando se publique la convocatoria para la elección de director en cuatro unidades académicas de la Universidad Autonóma de Puebla: Ciencias Físico-Matemáticas, la facultad de Lenguas, la facultad de Ingeniería Química y la preparatoria Simón Bolívar de Atlixco.

Hasta ahora hay más o menos consenso para que Cupatitzio Ramírez Romero repita como director en Físico Matemáticas, y que lo mismo suceda con Santiago Aguilar Márquez en la facultad de Lenguas.

En el caso de Ingeniería Química, lo más probable es que el candidato de unidad sea Óscar Arroyo Porras, aunque el puesto también lo quiere el ex director Elías Jiménez Salgado.

Donde aún no hay consenso para sacar un candidato de unidad es en la preparatoria Simón Bolívar, aunque Rubén Romero es el que se perfila con mayores posibilidades.

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