En el Instituto Electoral del Estado (IEE) continúan entrampados con la revisión y fiscalización de los recursos públicos entregados a los partidos políticos en 2013.

La razón, para variar, es política.

En noviembre de 2014, la Unidad de Fiscalización del IEE, a cargo de Iris del Carmen Conde Serapio, presentó en mesa de trabajo sus primeros dictámenes sobre la revisión de los gastos ordinarios y de campaña de los partidos políticos acreditados ante el organismo.

El representante del PRI, Silvino Espinoza Herrera, quien ya sabía que el dictamen venía negativo para su partido y el PVEM, pidió un receso para negociar con los consejeros electorales; el secretario ejecutivo del IEE, Miguel David Jiménez López, y la titular de la Unidad de Fiscalización, el retiro de ese punto de la orden del día.

Silvino Espinoza logró su propósito: ocultar a los miembros del Consejo General del IEE y a la opinión publica una multa por 60 mil 200 pesos derivada del no registro contable de los gastos que supuestamente hizo para la difusión de los debates protagonizados por varios de sus precandidatos a presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

La intención del representante del PRI era reducir el monto de esa multa a unos 15 mil pesos, cuestión en la que estaban de acuerdo algunos consejeros, pero no la titular de la Unidad de Fiscalización.

Y es que aparte de esa sanción, existía otra por 548 mil 528 pesos por diversas anomalías en la justificación del gasto ordinario de 2013, como el no registro de activo fijo por más de 500 mil pesos; la negativa del PRI de permitir el acceso a sus instalaciones de auditores de la Unidad de Fiscalización y la entrega de comprobantes por más de 205 mil pesos que no correspondían a gasto ordinario, sino a actividades de campaña.

El caso es que el pasado 17 de febrero el punto volvió a ponerse a la consideración de los consejeros y estos, otra vez, vacilaron en sancionar al PRI y al PVEM ante las presiones de su representante.

Silvino Espinoza consiguió nuevamente que el punto se retirara de la orden del día, pero también que otros representantes partidistas como Alfonso Rodríguez Periañez, del PT, y Jorge Luis Blancarte Morales, de Movimiento Ciudadano, negocien la reducción de las multas que por un millón de pesos pretende aplicarles la Unidad de Fiscalización por distintas irregularidades.

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A propósito.

Será a finales de mes, posiblemente el 26 de los corrientes, cuando se publique la convocatoria para la renovación de los consejeros del Instituto Electoral del Estado que, con base en las nuevas reglas electorales, se convertirá en Organismo Público Local Electoral dependiente del Instituto Nacional Electoral.

De los ocho consejeros del IEE, al menos cuatro pretenden mantenerse en el cargo, lo que explica en buena medida por qué algunos de ellos no quieren aprobar el dictamen de la Unidad de Fiscalización del IEE para que el PRI y el PVEM sean sancionados por diversas anomalías respecto a los recursos que recibieron en 2013.

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El otrora tranquilo partido Movimiento Ciudadano (MC) que por años giró en Puebla en torno al hoy presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, ya se dividió en dos bandos.

Uno lo encabeza José Juan Espinosa y tiene como principales integrantes a su papá Juan Espinosa Técuatl, a quien hace unos días se le retiró de la Tesorería del partido, a Jesús Zamora Torres y a José Mario Meza Pérez.

En el otro bloque están el resto de los seis integrantes de la Comisión Operativa de MC en el estado: el presidente del partido José Ángel Pérez García, el diputado Ignacio Alvízar Linares y el representante ante el IEE, Jorge Luis Blancarte Morales.

De estos últimos, los dos primeros mantienen, por cierto, una estrecha relación con el diputado federal priísta Enrique Doger Guerrero, pues uno fue su funcionario en el ayuntamiento de Puebla y el otro su contratista de obra pública.

Los problemas para el grupo de José Juan Espinosa comenzaron hace más o menos tres meses, cuando concluyó su gestión de tres años en la Comisión Operativa Nacional, situación que la secretaria general de Acuerdos, la ex senadora María Elena Dorantes, quiso capitalizar para quitarle el control del partido en Puebla, aliándose con los dogeristas.

Otro integrante del ala de José Juan Espinosa que hace unos días también fue relevado de la coordinación de Productores y Trabajadores que ocupaba en la dirigencia estatal es Juan Daniel Padilla González, quien fue sustituido por Guillermo Espinosa Martínez, vinculado al grupo de los dogeristas.

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Si este jueves 18 de septiembre no tiene nada que hacer por la Avenida Juárez y el centro de la ciudad, es mejor que evite estas zonas de la capital ya que serán el escenario de una marcha de 5 mil personas convocadas por la 28 de Octubre, el movimiento Los de Abajo, el Movimiento de Alternativa Social (MAS) y la Coordinadora Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP).

La marcha, que demandará la liberación de presos políticos, la restitución de los servicios del registro civil a los presidentes de las juntas auxiliares y castigo a los responsables de la violación de derechos humanos en  Chalchihuapan, saldrá de La Fuente de Los Frailes, recorrerá la avenida Juárez, para luego tomar la avenida 5 Poniente hasta llegar al Congreso del estado, y más tarde al zócalo capitalino.

En este punto los organizadores de la marcha tratarán de constituir un frente contra la represión, una de cuyas primeras acciones será exigir la libertad de los activistas opositores al Gasoducto Morelos y el Arco Poniente que conectará por las faldas del volcán la autopista México-Puebla con la autopista Puebla-Atlixco.

Los organizadores prevén que en la marcha participarán más de cinco mil manifestantes.

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En julio los reparte por coalición y este sábado por partido político

Con el nuevo criterio serán diputados Cirilo Salas, Mondragón y Moreno Valle

La forma en que repartió anoche el Instituto Electoral del Estado las 15 diputaciones de representación proporcional es a todas luces polémica.

De entrada llama la atención la discrecionalidad de los consejeros para aplicar la fórmula de asignación de diputados plurinominales, una veces por coalición y otras por partido político, según convenga.

En los comicios de hace tres años, la fórmula se aplicó por coalición, y en julio de este año se adoptó el mismo criterio. Sin embargo ayer el razonamiento cambió y la asignación se hizo con base en partidos políticos.

El proyecto que anoche se votó a favor, con el rechazo del consejero José Luis Martínez López y de los representantes de la Coalición 5 de Mayo (C5M), Silvino Espinosa Herrera y de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Luis Blancarte Morales, fue elaborado por Noé Julián Corona Cabañas, director técnico del Secretariado del IEE.

Éste dijo a los consejeros que existía una tesis de la Suprema Corte por la cual la asignación de diputados de representación proporcional tenía que hacerse a partir de los candidatos registrados por los partidos, en lo individual, y no por los candidatos inscritos por las coaliciones.

Argumentó que las coaliciones sólo tenían fines electorales, más no de representación en el Congreso, donde lo que existen son fracciones parlamentarias por partido. Su criterio fue avalado por siete de los ocho consejeros del Instituto que anoche sesionaron.

Las réplicas del representante de MC de que las coaliciones se tratan igual que partidos, como ocurrió en julio de este año y en julio de 2010 no tuvieron eco en la mayoría de los consejeros, a quienes el diputado del PRI, Gerardo Mejía Martínez, llamó vergüenza para la democracia en Puebla.

Hasta donde se sabe dicha tesis de la SCJN ya existía en julio de 2013, pero entonces no se aplicó.

El por qué ahora sí, es algo que deberá explicar el consejero presidente del IEE, Armando Guerrero Ramírez, y el autor del nuevo proyecto de asignación de diputaciones plurinominales, Julián Corona.

Lo que sorprende es que la fórmula se hubiera aplicado de manera distinta, después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) resolvió a favor del priísta Víctor Giorgana Jiménez la disputa por la diputación de mayoría relativa del distrito 16 con cabecera en la capital del estado.

El triunfo de Giorgana lejos de beneficiar al PRI y a la C5M que lo postuló, terminó afectándola, pues a pesar de haber obtenido una curul adicional de mayoría relativa, pasó de seis a cinco diputaciones de representación proporcional, ya que perdió la que se había asignado a su compañera de partido Silvia Guillermina Tanús Osorio.

En cambio, la Coalición Puebla Unida (CPU) —conformada por el PAN, el PRD, el PNA y el partido estatal Compromiso por Puebla— a pesar de haber perdido una diputación de mayoría subió de tres a seis diputaciones plurinominales, que se asignaron a Cirilo Salas Hernández, Juan Carlos Mondragón Quintana y Sergio Moreno Valle Germán, éste último primo del gobernador Rafael Moreno Valle.

La decisión del IEE tiene, por supuesto, inconformes a los dirigentes del PRI, MC y partido estatal Pacto Social de Integración (PSI).

Los del PRI porque con el nuevo reparto se quedan con los mismos ocho diputados locales que ya tenían, no obstante la victoria de Víctor Giorgana en el distrito 16.

Pero además porque el PAN sube de 14 a 15 diputados, y la CPU pasará de 26 a 28 diputados, con lo que asegura mayoría calificada.

Los de MC porque pierden uno de los diputados de representación proporcional que tenían y porque el sacrificado, Ignacio Alvízar Linares, es un personaje cercano al diputado José Juan Espinosa.

Y los de PSI porque también pierden uno de los dos diputados plurinominales que tenían y el marginado es ni más ni menos que su fundador y dirigente estatal, Carlos Froilán Navarro Corro.

La asignación, como es de suponerse, será impugnada tanto a nivel del Tribunal Electoral del Estado como del Tepjf, instancia que tendrá la decisión final sobre cuál de los dos criterios es el correcto para asignar las 15 diputaciones de representación proporcional, si el aplicado el 10 de julio o el de este sábado 21 de diciembre.

EN CORTO

Claudio Limón de Unanue, director administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, presentó hace unos días su renuncia, presionado por algunas cuentas que no le salen y otros gastos que no ha podido comprobar, pero se la rechazaron, lo cual encendió algunos focos rojos en esa importante dependencia del ayuntamiento de Puebla, ante el fundador temor de anomalías administrativas y financieras con algunas partidas federales del Subsemun.

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Que la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, ya le fue a decir al hombre más poderoso de México, Carlos Salinas de Gortari, lo que aquí no ha querido reconocer de manera abierta: que sí quiere ser gobernadora de la entidad después de Mario Marín Torres.

El encuentro con Carlos Salinas —aunque también se ha reunido con Raúl y Sergio Salinas de Gortari— se dio en los primeros días de octubre, en un despacho del expresidente de México allá por el sur de la ciudad de México.

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Que en Casa Puebla y el PRI tienen dos encuestas sobre el estudio demoscópico realizado por la empresa Demotecnia de María de las Heras, entre el 16 y el 18 de octubre en la entidad.

Uno, el que ha trascendido, y en el que fueron evaluados Enrique Doger Guerrero, Javier López Zavala, Jesús Morales Flores, Alberto Amador Leal y Víctor Hugo Islas Hernández y, otro en el que también se incluyó a la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá.

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Que este lunes a la media noche el presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, quedó obligado a entregar al representante de Convergencia, Jorge Luis Blancarte Morales, los resultados de las auditorías practicadas a su gestión por la Contraloría Interna del organismo y el despacho auditor externo Freyssinier Morin.

Considerando que el viernes se recibió tanto en el Tribunal Electoral del Estado como el IEE la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que fija un término de tres días para la entrega de los expedientes al representante de Convergencia y, que iniciado el proceso electoral ordinario todos los días son hábiles, el plazo fatal se venció este lunes a las 24 horas.

Pero por cualquier cosa, se sabe que Blancarte Morales ya tiene listó un nuevo recurso, en caso de Jorge Sánchez persista en su negativa de proporcionar los informes de las auditorías a su gestión, en el cual exigirá su destitución por desacato.

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Que el viernes por la madrugada policías del Grupo Táctico de la Policía Municipal de Puebla golpearon y detuvieron a tres jóvenes, a las puertas de un fraccionamiento ubicado a un costado de la Pirámide de Spersa y, que pertenece al municipio de San Pedro Cholula.

Entre los jóvenes golpeados —y que esa noche habían acudido a una discoteca— figuran los hijos de los empresarios Guillermo López Vázquez y Guadalupe Sánchez Lozada, así como de Alfredo Rivera Espinoza.

La actitud de los agentes policíacos de Puebla provocó que los empresarios se comunicaran esa misma madrugada con el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano y, con el director de la Policía Judicial del estado, Adolfo Karam Beltrán, para reclamarles el abuso de los uniformados.

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Simón dice:

“Si las íntimas preocupaciones de cada cual se leyeran escritas sobre su frente ¡Cuántos que causan envidia nos moverían lástima!”
Pietro Metastasio (1698-1782). Poeta italiano.

Hace un par de días le decía que el expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, había logrado vender la idea del empate técnico que supuestamente mantiene con el secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado, Javier López Zavala, a partir de la difusión parcial —y a veces amañada— de los resultados de algunos estudios de opinión.

El primero es la publicación de la encuesta telefónica del despacho Gabinete de Comunicación Estratégica, de Liébano Sáenz y Federico Berrueto, en el periódico Cambio el lunes 9 de noviembre.

En su edición de ese día, Cambio destacó el tema en su portada bajo el siguiente titular «Cuádruple empate técnico: GCE», presentando resultados del rubro de conocimiento positivo y negativo de cuatro aspirantes a la gubernatura: Rafael Moreno Valle Rosas, Blanca Alcalá Ruiz, Javier López Zavala y Enrique Doger Guerrero.

En planas interiores se publicaron otras gráficas y cuadros; no así la que aparece en la página 12 del estudio demoscópico, que desde este martes GCE abrió al público en su portal electrónico.

La gráfica que Cambio y/o Enrique Doger omitieron publicar es justamente aquella en la que el expresidente municipal de Puebla aparece con porcentajes que lo ubican por abajo de Javier López Zavala y Rafael Moreno Valle en la pregunta: ¿Quién le gustaría que fuera el próximo gobernador de Puebla?

López Zavala obtuvo una intención de voto de 9.5%, Moreno Valle de 6.2% y Doger Guerrero de 4.2%.

¿Cómo un dato tan relevante en la encuesta estatal del GCE se le pudo ir a un periodista tan avezado y perspicaz como Arturo Rueda?

Pero ésta, no es la única omisión y/o manipulación en la que Rueda y Enrique Doger han incurrido.

En la encuesta de Mas Data, publicada por Cambio los días 19 y 20 del mes anterior, ocurrió lo mismo con la página 11 del Reporte Ejecutivo que José Zenteno —excompañero de estudios del diputado Jorge Alfonso Ruiz Romero en el Colegio Americano— entregó al expresidente municipal de Puebla en la tercera semana octubre.

La página omitida se refiere a la pregunta: ¿Usted sabe o ha escuchado mencionar el nombre de alguna persona para candidato a gobernador de Puebla?

En esa misma pregunta López Zavala aparece con 4.4% en segunda mención y Enrique Doger con 4.3%.

Lo extraño de este apartado, no son los porcentajes sino la contradicción en las cifras, pues más adelante los porcentajes de segunda opción, ya no son 6.6 y 4.3, sino de 10.7 y 9.5. del estado obtuvo 11.4% en primera mención espontánea, mientras el expresidente municipal 6.6%.

¿A qué obedece esta diferencia en porcentajes? ¿Por qué no coinciden si se trata, en ambos casos, de la segunda mejor opción? ¿Acaso esta contradicción llevó a Cambio a omitir estas dos páginas?

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Muy a pesar suyo, el presidente Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, tendrá que entregarle al representante de Convergencia, Jorge Luis Blancarte Morales, los resultados de las auditorías practicadas al organismo, y que aquel siempre se negó a proporcionar bajo el pretexto de ser información reservada.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió este miércoles que Jorge Sánchez tiene un plazo de 24 horas para entregarle al representante de Convergencia las auditorías a su gestión han realizado la Contraloría Interna y el despacho Freyssinier Morin.

Tal resolución llega en el peor momento para el consejero presidente del IEE, pues saldrán a relucir muchas de las irregularidades y excesos en que ha incurrido con cargo a las finanzas y el patrimonio del organismo, ahora que pretende un presupuesto de 414 millones de pesos para el proceso electoral del 2010.

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Me cuentan que entre los vocales ejecutivos distritales del IFE –y con la complacencia de Luis Garibi Harper y Ocampo, presidente de la Junta Local—vienen dándose una serie de despidos en los módulos de credencialización del Registro Federal de Electores.

Los despidos tienen el propósito de que esas vacantes sean ocupadas por familiares, amigos y amantes de los vocales distritales, que se inventaron un «convocatoria» para concursar dichas posiciones, al margen de los lineamientos y procedimientos establecidos por la Comisión Nacional de Vigilancia del RFE.

Entre los despedidos figuran chicas que no cedieron a las propuestas indecorosas de algún vocal distrital, que pronto será evidenciado.

El hecho ya llegó a oídos de los órganos centrales del IFE, donde han empezado a investigar quiénes mataron la vaca, pero también quienes le jalaron la pata.

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Simón dice

«Lo malo cuando se finge bueno, es pésimo».
Sir Francis Bacon. 1561-1626. Filósofo y estadista británico.

El Instituto Electoral del Estado (IEE) podría convertirse en el talón de Aquiles de los próximos comicios locales para gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado, por el desgaste de su presidente Jorge Sánchez Morales y la desconfianza que sobre él tienen consejeros electorales y representantes de partidos políticos.

No por nada en el proyecto de reformas electorales que este día harán llegar a la LVII Legislatura local los miembros del Consejo General del IEE hay varias propuestas con clara dedicatoria al presidente del Instituto, como aquella que plantea que éste debe integrar a sus informes anuales las auditorias internas y externas que se realicen a la presidencia y a las direcciones ejecutivas del organismo.

O aquella otra que lo hace responsable no sólo del ejercicio presupuestal y financiero del Instituto, sino de vigilar y velar por el patrimonio del organismo y los recursos humanos y materiales a su cargo.

Jorge Sánchez no es ninguna garantía para sacar adelante el proceso electoral del año entrante, pues no sólo carece de la confianza y estima de sus compañeros consejeros —en particular de Alicia Olga Lazcano Ponce, Fidencio Aguilar Víquez y Miguel David Jiménez López— sino de la menguada estructura operativa del Instituto, comandada por el director general José Antonio Bretón Betanzos, cuya ratificación o salida tendrá que analizarse en un par de meses.

Además, mantiene una abierta confrontación con dirigentes y representantes de partidos políticos acreditados ante el Consejo General del IEE, entre los que destacan Rafael Guzmán Hernández, del PAN y Jorge Luis Blancarte Morales, de Convergencia.

Pero por si eso no fuera suficiente, hay que agregar que una buena parte de las direcciones ejecutivas y demás oficinas del aparato operativo del Instituto están desmanteladas o sin titular. En el mejor de los casos funcionan con un encargado de despacho.

A la fecha están vacantes la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la Contraloría Interna, la Oficina del Área de Trámite de la Secretaría General, y la Oficina de Planeación y Seguimiento de la Dirección General. Y otras como la Dirección Administrativa y la Unidad del Servicio Electoral Profesional operan desde hace más de dos años con encargados de despacho.

De ahí, la fundada preocupación de no pocos actores políticos sobre el riesgo de que Jorge Sánchez Morales se mantenga como organizador y árbitro del adelantado proceso electoral del año próximo.

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Simón dice:

“Mala cosa es tener un lobo cogido por las orejas, pues no sabes cómo soltarlo ni cómo continuar aguantándolo”.
Publio Terencio Afer (195 AC-159 AC). Autor cómico latino.

El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jorge Sánchez Morales, ha dejado de conducir las mesas del trabajo del Consejo General del organismo; desde la semana anterior estas reuniones son coordinadas y moderadas por el secretario general Noé Julián Corona Cabañas.

De quién fue la decisión, es algo que nadie en el Instituto quiere aclarar.

Lo que sí sabe es que después de que Julián Corona asumió la conducción de las mesas de trabajo del Consejo General del IEE, los tres consejeros que habían decidido abandonarlas —Fidencio Aguilar Víquez, Miguel David Jiménez López y Alicia Olga Lazcano Ponce—, argumentado falta de garantías y condiciones, se reintegraron a las mismas.

Quienes aún no se reincorporan a tales reuniones son los representantes del PAN, Rafael Guzmán Hernández y de Convergencia Jorge Luis Blancarte Morales.

Sin embargo, es probable que este día lo hagan, si es que Julián Corona sigue moderando y coordinando esas mesas de trabajo del Consejo General del IEE.

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Poco gana la Secretaría de Finanzas y Administración tratando de ridiculizar a los legisladores del PAN que —a través de solicitudes de acceso a información pública—tratan de obtener datos y cifras acerca de obras, fondos y fideicomisos que reciben u obtienen financiamiento público estatal o federal.

De entrada, es absurdo que un funcionario de medio pelo de la Secretaría de Finanzas le diga a un diputado del PAN o de cualquier partido político que la información que requiere la gestione en términos del artículo 54 del Reglamento Interno del Congreso del estado, y no por medio de una solicitud de información pública.

Como si ese reglamento estuviera por encima de la carta magna.

Su argumento es tan baladí que cualquiera diría que el artículo octavo constitucional, que consagra el derecho petición, no sirve para nada.

Pero lo peor de todo es que la Secretaría de Finanzas interpreta la Ley de Acceso a la Información Pública como mejor le conviene.

La petición que hace unos días hicieron los diputados panistas sobre el Fondo Metropolitano fue respondida de manera diferente hace siete meses. En noviembre de 2008 la ingeniera Paola Flores solicitó esa información y le dijeron que ésta estaba reservada, y ahora que los legisladores del PAN requieren los mismos datos, les responden que tal información ya está publicada en la página web de la dependencia.

¿Por fin?

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A quienes el fin de semana filtraron la especie —publicada en algunos medios, como El Sol de Puebla— de que un subdelegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social había sido detenido luego de provocar un accidente la madrugada del viernes, en el boulevard Vicente Guerrero a la altura del retorno a La Calera, por conducir en estado de ebriedad, les salió el tiro por la culata.

Y es que el susodicho personaje, Humberto Wilfrido Mendiola Medina, resultó no ser funcionario federal de la Sedesol, sino subdelegado sí, pero del DIF estatal, en contra de quien se integró la averiguación previa 678/2009/ECNTE como presunto responsable de daños y lesiones causadas a los pasajeros de un taxi con el cual se fue a impactar.

Los lesionados, según la nota publicada el lunes por Joel Árcega en El Sol de Puebla, responden a los nombres de Olga Mendoza Vázquez, Juan Jesús Guzmán Santos y Abraham Guzmán Santos.

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Simón dice:
“Un poco de rebelión de vez en cuando es buena cosa”.
Thomas Jefferson (1743-1826). Tercer presidente en la historia de los Estados Unidos.

Hace un par de días recibí un correo que pone en evidencia ya no sólo la opacidad que prevalece en el Instituto Electoral del Estado, en materia administrativa y financiera, sino las mentiras tanto del consejero presidente Jorge Sánchez Morales, como de la encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo.

Lo más interesante del correo en cuestión es que viene soportado con documentos oficiales que acreditan las contradicciones y mentiras de Jorge Sánchez y su cómplice en el IEE, a raíz de una solicitud de información formulada por el representante propietario de Convergencia, Jorge Luis Blancarte Morales, para obtener copia certificada de las auditorias practicadas al Instituto durante los ejercicios de 2007 y 2008.

Dicha petición, en vez de ser respondida por el consejero presidente, fue reenviada con fecha 7 de mayo al secretario general del organismo, Noé Julián Corona Cabañas, para que éste la atendiera.

Jorge Sánchez firmó con tal propósito el memorándum IEE/PRE/0441/09.

Julián Corona actúa en consecuencia y le solicita a la encargada administrativa del Instituto las referidas auditorias.

Verónica Castillo le responde al secretario general con  fecha 11 de mayo, mediante memorándum IEE/DA/0316/09, que tal información no se encuentra en poder de la oficina a su cargo, por lo que no es posible entregar las copias que requiere el representante de Convergencia.

Lo grave de esta negativa es que la encargada administrativa del Instituto sí cuenta con esa información en sus archivos, con lo que no sólo se comprueba que oculta información oficial —incluso a los funcionarios del organismo— sino que es una mentirosa contumaz al igual que su jefe, Jorge Sánchez Morales.

La prueba fehaciente de su mentira es el oficio enviado a su oficina por Jerónimo Omaña de la Cuadra, socio y representante legal del Despacho Freyssinier Morín, conteniendo la auditoría practicada al Instituto del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007.

Dicho oficio, que tiene sello de recibido de la Dirección Administrativa con fecha de 11 de marzo de 2008, revela que en esa ocasión Verónica Castillo no sólo recibió el informe general de la auditoría practicada al organismo, sino tres informes adicionales sobre cumplimiento de obligaciones fiscales, sobre revisión de la auditoria de legalidad y sobre revisión de la auditoría al desempeño.

Aquí el oficio de marras, para refrescarle la memoria.

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Simón dice:

“Cínico es un hombre que sabe el precio de todo y el valor de nada”.
Oscar Wilde (1854-1900) Dramaturgo y novelista irlandés.