Ignora los transitorios de la Ley General de Partidos

Priístas de Tehuacán podrían llevarse doble descalabro

Las autoridades electorales de Puebla podrían ser objeto de un nuevo revés, ahora por los nuevos partidos políticos nacionales después de que el Instituto Electoral del Estado (IEE) se rehusó a reconocerlos con el prurito de que el plazo para acreditarse venció enero de 2014, cuando todavía no obtenían su registro del Instituto Nacional Electoral.

El presidente del IEE, Armando Guerrero Ramírez, y la consejera Alicia Olga Lazcano Ponce, argumentan que el artículo 31 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del estado de Puebla establece que los partidos nacionales sólo pueden acreditarse ante el Consejo General del Instituto durante el mes de enero del año correspondiente a las elecciones.

Lo anterior efectivamente consta en el Código Electoral de Puebla, pero ha quedado rebasado por la nueva Ley General de Partidos Políticos que en sus artículos séptimo y noveno transitorios mantiene a salvo los derechos de estas organizaciones políticas en todo el país y deroga todas aquellas disposiciones que se opongan a la nueva legislación.

Frente a esta negativa del presidente del IEE y la consejera Olga Lazcano, que no del Consejo General del Instituto, que ni siquiera fue enterado de la solicitud de los tres partidos políticos nacionales, las representaciones de estos se inconformaron ante diferentes instancias.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) promovió un juicio de revisión constitucional ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y los partidos Humanista y Encuentro Social una apelación ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP).

No es difícil suponer cuál será el resultado de estas inconformidades, y menos a sabiendas de dos cuestiones elementales ya enunciadas: que el Código Electoral de Puebla no puede estar por encima de la Ley General de Partidos, y que el noveno transitorio de esta claramente establece que toda disposición que se le oponga se dará por derogada.

Los enterados del tema aseguran que la negativa del IEE obedece en realidad a una cuestión económica o presupuestal, para ahorrarse el financiamiento público correspondiente a estos partidos por los últimos cuatro meses de 2014.

EN CORTO

Los priístas de Tehuacán, promotores de las aspiraciones del síndico de ese ayuntamiento, Miguel Ángel Romero Calderón, podrían llevarse un doble descalabro en el proceso de selección de candidatos a diputados federales rumbo a los comicios de 2015.

El primero sería que no lograran la candidatura en ese distrito, por apoyar a un personaje que tiene poco que presumir más allá de su nepotismo, sus escándalos familiares y media docena de denuncias penales por fraude específico como asesor jurídico de la Caja de Ahorro y Servicios Bampeco.

Y el segundo sería que él y sus promotores pierdan la partida frente al hombre fuerte del PRI poblano en el gobierno federal, el subsecretario de la Sedesol Juan Carlos Lastiri Quirós, quien es el principal impulsor de la diputada local del PVEM, Geraldine González Cervantes.

El viernes 17 de octubre el síndico de Tehuacán ya se destapó como aspirante a la diputación federal en el marco de una comilona de Mole de Caderas, a la que llegaron cerca de 500 invitados entre los que destacaron sus tres principales promotores: el ex secretario de Salud, José Alfredo Arango García, su ex compañero de aulas en la segundaria; el diputado federal de Ajalpan Lisandro Campos Córdova, en representación de los antorchistas; y la actual diputada federal María del Carmen García de la Cadena, quien hace algunas semanas se lo recomendó a su líder de bancada Manlio Fabio Beltrones.

En la ciudad de las granadas, el abogado Miguel Ángel Romero no goza precisamente de popularidad, aunque en el círculo rojo pocos dudan de su influencia en la conducción del ayuntamiento de Tehuacán, el más importante gobernado por el PRI en la entidad, y en el Tribunal Superior de Justicia que lo tiene blindado de las demandas que pesan en su contra por parte de defraudados de la Caja de Ahorro y Servicios Bampeco.

Como asesor jurídico de esta financiera, el síndico de Tehuacán ha librado todas las órdenes de aprehensión que se han librado contra sus directivos, algunos de los cuales ya fueron aprehendidos, como el que fuera presidente de su Consejo de Administración, Samuel Cruz Rodríguez, ya fallecido.

Otros funcionarios de Bampeco que al igual que Romero Calderón fueron denunciados por fraude, pero que a diferencia de éste andan prófugos o litigando en juzgados las órdenes de aprehensión libradas en su contra son el gerente José de Jesús Rojas; la ejecutiva Diana Robles García; la contadora general, María del Pilar Hernández Muñoz; y la jefa de inversiones, Saraí Jiménez Huerta.

Aquí los números de algunas de esas averiguaciones:

Averiguación Previa.- 1714 / 2013 / TEHUA, que se constituye en el proceso penal 404 / 2013.

Averiguación Previa.- 1794 / 2013 / TEHUA, que se constituye en el proceso penal 399 / 2013

Averiguación Previa.- 2373 / 2013 / TEHUA, que se constituye en el proceso penal 411 / 2013

Averiguación Previa.- 2217 / 2013 / TEHUA, que se constituye en el proceso penal 359 / 2013

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A propósito de Tehuacán y candidatos.

Cuentan que el Partido Acción Nacional o, mejor dicho, el morenovallismo ya tiene candidato a diputado federal por Tehuacán, pero que se trata de una mujer que cobra en el DIF Estatal como directora de Asistencia y Rehabilitación, María de las Mercedes Bulás Montoro, quien ya también se promociona en anuncios espectaculares como el resto de los candidatos del grupo en el poder pero en la ciudad de las granadas.

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Mañana le platico de algunas quejas en contra del delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Rodolfo Reyes Coria, por hostigamiento laboral, abusos y discriminación en contra de mujeres con más de 15 o 20 años de servicio.

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Este martes arrancaron oficialmente las elecciones de 2015, que no sólo serán las más caras de la historia, sino las más grandes y complejas por el número de cargos de elección popular que estarán en disputa, el número de partidos que en ellas participarán y las leyes generales, federales y estatales que las regularán.

Aunque el proceso electoral 2014-2015 apenas comenzó, este ya echó por tierra algunos de los propósitos que animaron la última reforma político-electoral que dio origen al Instituto Nacional Electoral en sustitución del IFE.

A diferencia de lo que se suponía, el INE no abarató el costo de las elecciones. Las intermedias de 2015 saldrás más caras que las presidenciales de 2012. En estas últimas —donde se eligió presidente de la República, senadores y diputados federales—, el IFE ejerció un presupuesto de 14 mil 953 millones de pesos; pero para las federales del año entrante, el INE solicitó 18 mil 572 millones de pesos.

Varias son las causas que explican este incremento de casi de 3 mil 600 millones de pesos, pero la principal es que la reforma político electoral aprobada en diciembre de 2013 y publicada en febrero de 2014 implicó en la práctica un aumento en los costos de organizar y validar las elecciones, y de fiscalizar los gastos que a nivel federal y local realicen los partidos y sus candidatos.

El INE pasará a revisar y dictaminar un universo diez veces mayor de lo que hacía el IFE. De 6 mil reportes financieros, ahora tendrá que revisar 75 mil, ya no en seis meses, sino en 45 días.

Otro propósito de la reforma político-electoral que también ha comenzado a ponerse en tela de duda es la independencia e imparcialidad de los institutos estatales electorales, hoy denominados Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).

La intención de centralizar en el INE los nombramientos de los consejeros locales era quitar a los gobernadores el control político de estos órganos. Sin embargo, el objetivo sólo se logró a medias, pues los consejeros de los Oples ya no fueron puestos por los gobernadores, sino por las cúpulas partidistas atendiendo a su fuerza política o peso electoral en cada una de las 17 entidades donde habrá elecciones concurrentes.

Con la misma opacidad el Senado aprobó los nombramientos de magistrados locales electorales. Los coordinadores de las tres principales fracciones en la Cámara Alta los designaron bajo el criterio de cuotas partidistas.

No deja de resultar paradójico que los dirigentes del PAN y el PRD que criticaron la integración de los Oples y el mayoriteo priísta en la designación de los consejeros locales, hayan guardado silencio en el reparto de magistrados en los tribunales electorales del Distrito Federal, Estado de México y Yucatán, entre otras. ¿Será porque en ellos el reparto fue más equitativo?

Otra cuestión que tampoco se resolverá con el INE y la reciente reforma político-electoral son las campañas publicitarias anticipadas que llevan a cabo autoridades, funcionarios y políticos con el inequívoco propósito de posicionarse para futuras o próximas contiendas electorales.

Ahí están, como botón de muestra, los casos de los ejecutivos de Chiapas y Puebla, Manuel Velasco y Rafael Moreno Valle, que con recursos públicos proyectan su imagen a nivel nacional, violando la normatividad existente en la materia, así como los plazos y tiempos que la ley les fija tratándose de sus informes anuales de gobierno.

Es lamentable que aun antes del comienzo formal del proceso electoral 2014-2015, algunos aspirantes a diputados federales ya derrochen recursos públicos y privados fuera de los plazos legales.

En Puebla para no ir muy lejos hay decenas de camiones y microbuses  del transporte público que ya muestran los rostros de algunos precandidatos a diputados federales como Genoveva Huerta Villegas o Denisse Ortiz Pérez por mencionar sólo unos nombres.

¿Qué hará el INE para fiscalizar el origen del dinero con que se pagan estos anuncios? ¿Se hará de la vista gorda con el pretexto de que se trata publicidad privada de revistas o de que en estos anuncios espectaculares no se incluyan siglas partidistas?

Ojalá y no.

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Este martes por la noche el gobernador Rafael Moreno Valle se reunió a cenar en Casa Puebla con los diputados federales del PRI, a quienes solicitó su apoyo para lograr en 2015 un mayor presupuesto federal para la entidad.

Se sabe que el mandatario estatal hizo ayer lo propio, pera a la hora de la comida, con los legisladores del PAN.

En 2014, los diputados federales le asignaron a Puebla recursos por 68 mil millones de pesos, y la meta ahora es de 75 mil millones.

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El padrón estatal del PRD cerrará en 90 mil militantes

Peña Nieto estará de gira en la Sierra Norte este miércoles

Los perredistas tendrán mucho que agradecer o reclamar a Luis Maldonado Venegas, pues después de su afiliación al partido del sol azteca, el pasado 13 de mayo, su padrón ha experimentado un vertiginoso y atípico crecimiento en la entidad, gracias a la ayuda de funcionarios estatales y presidentes municipales.

Por increíble que parezca, el PRD podría llegar a los 90 mil afiliados en Puebla, es decir, a más del doble de los que tenía el 15 de marzo cuando su padrón era apenas de 42 mil 313 miembros.

Desde su incorporación a las filas perredistas, los módulos de afiliación a este partido se han saturado de ciudadanos que antes incluso militaban en otros partidos políticos, sobre todo en los municipios de Puebla, Huauchinango, Acajete, San Martín Texmelucan, San Salvador El Seco, Quimixtlán, San Pedro Cholula, Acatzingo, Huejotzingo, Zoquitlán y Coronango.

El efecto Maldonado es tan efectivo que a los 15 días de haber obtenido su registro como perredista, el padrón estatal de esta organización llegó a 60 mil 52 afiliados, y el pasado 30 de junio a 83 mil 554.

¿Con estos resultados quién podría regatearle al titular de la Secretaría General de Gobierno una cartera en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD o una diputación de representación proporcional en las elecciones federales del año entrante?

Me parece que nadie. Salvo que el proceso de empadronamiento del PRD estuviera plagado de irregularidades como las descubiertas por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) en la auditoría que hizo al padrón nacional y, por consiguiente, al padrón de Puebla.

Dichas inconsistencias, vale le pena aclararlo, son anteriores a la afiliación del funcionario estatal, pues corresponden a los registros que se hicieron dos meses antes de su decisión de abrazar el emblema del sol azteca.

Estas pueden resumirse en dos: afiliaciones de ciudadanos que ya estaban inscritos en otro u otros partidos políticos, y altas de ciudadanos que no aparecen en el Registro Federal de Electores.

Del padrón estatal de 42 mil 313 militantes, un total de 11,905 corresponden a registros duplicados o triplicados con otros partidos, y 1,864 personas no localizadas por la clave con que fueran inscritas.

Mi afirmación de que los perredistas poblanos tendrán mucho que agradecer o reclamar a Luis Maldonado tiene que ver con el acelerado proceso de empadronamiento que ha seguido el PRD en la entidad después de su afiliación.

Lo menos que habría que esperar del secretario General de Gobierno y sus operadores políticos que estuvieron a cargo de los módulos de registro vía internet, es que las inconsistencias detectadas por el INE no se repitan con los más de 40 mil ciudadanos que a la par de él o después de él afiliaron al partido en Puebla.

De lo contrario su fama de operador eficiente podría quedar en entredicho, y la imagen del PRD por los suelos, pues con qué cara un partido puede presumir un proceso exitoso de empadronamiento si se comprueba más de un tercio de sus afiliados son, en realidad, falsos o chocolates.

EN CORTO

El Consejo Nacional del PRD aprobó este fin de semana la convocatoria que regirá el proceso electoral para la renovación de sus órganos de dirección y representación a nivel nacional, estatal y municipal.

Las elecciones para el nombramiento de 1,200 congresistas nacionales y 320 consejeros nacionales, así como las de consejeros estatales y municipales por cada entidad se efectuarán el domingo 7 de septiembre. Estas serán organizadas por el Instituto Nacional Electoral.

Posteriormente, el 5 de octubre los consejeros nacionales que surjan de ese proceso elegirán al presidente, secretario general y demás integrantes del Comité Ejecutivo Nacional.

En Puebla la elección del presidente, secretario general y demás integrantes del Comité Ejecutivo Estatal se efectuará el domingo 19 de octubre, y estará a cargo de los consejeros estatales.

Finalmente, la elección del presidente, secretario general y demás integrantes del Comité Ejecutivo Municipal de Puebla se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre, y  estará a cargo de los consejeros municipales que surjan del proceso del 7 de septiembre.

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El presidente Enrique Peña Nieto estará de visita en Puebla el próximo miércoles 9 de los corrientes, concretamente en el ejido silvícola Matlahuacales, perteneciente al municipio de Chignahuapan, en la Sierra Norte, donde dará el banderazo de inicio de la Campaña Nacional de Reforestación 2014, acción del gobierno federal a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

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Si uno de cada cuatro afiliados al PRD en el estado de Puebla resultó falso o chocolate cuando el padrón de este partido era de 42 mil militantes, se imagina qué pasará cuando se audite el listado final que este domingo se cerrará.

Aunque todavía no hay cifras oficiales sobre el empadronamiento del PRD en la entidad, reportes preliminares anticipan que el padrón del sol azteca podría llegar  —conservadoramente— a los 80 mil miembros.

Al corte del 31 de mayo, el padrón perredista en Puebla era de 60 mil 52 militantes, sin embargo las afiliaciones masivas en diferentes municipios del estado, instrumentadas por alcaldes del PRD y otros partidos, se multiplicaron en el mes de junio.

Y es que en los primeros días de ese mes en una reunión efectuada en Tochtepec, cuyo alcalde Marcos Pérez Calderón es el coordinador de los presidentes municipales del PRD, el gobernador Rafael Moreno Valle ofreció apoyar con recursos y obra pública a los ediles que más ciudadanos lograran inscribir a las filas del sol azteca. 

Ayer le adelantaba que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) había detectado graves inconsistencias en el padrón del PRD a nivel nacional y estatal, como la existencia de más de 436 mil registros de militantes que también aparecen en otros partidos y la no localización de más de 177 mil afiliados en el Registro Federal de Electores.

De estos últimos  mil 864, que equivalen al 1.05% del padrón nacional, fueron afiliados en el estado de Puebla, los más en los municipios de Acajete, donde este domingo habrá elecciones extraordinarias y el candidato favorito es el perredista Antonio Aguilar Reyes; San Salvador El Seco, donde también gobierna el PRD; Puebla y Domingo Arenas, este último también con alcalde perredista.

Sin embargo esta situación podría cambiar cuando se conozcan los resultados finales del empadronamiento y se hagan públicas las afiliaciones municipio por municipio y distrito por distrito.

Entonces sabremos qué presidentes municipales (y no necesariamente del PRD) cumplieron mejor la tarea que se les encomendó y qué delegados de la Secretaría General de Gobierno, a cargo del neoperredista Luis Maldonado Venegas, operaron mejor los módulos de afiliación que les fueron encomendados.

A ver si no nos encontramos con datos inverosímiles, como que en varios municipios existan más afiliados al PRD que votos registrados por este partido en elecciones locales.

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Para disgusto de los magistrados del Poder Judicial de Puebla, informo que este miércoles Enrique Romero Razo ganó el amparo 1734/2012 que promovió en el Juzgado Séptimo de Distrito, contra su ilegal destitución como juez penal de Teziutlán.

Esta sería la cuarta vez en que Romero Razo logra que la justicia federal le dé razón en contra del pleno del Tribunal Superior de Justicia que lo removió por consigna. ¡Todo un récord Guinness!

Habrá que esperar si el Poder Judicial de Puebla en vez de restituirlo como juez, no opta por inconformarse por ¡quinta ocasión! haciendo un gran ridículo por su subordinación al Ejecutivo del estado que ordenó la destitución de Romero Razo por supuestamente favorecer  al empresario Ricardo Henaine Mezher en un juicio ejecutivo mercantil contra Francisco Bernat Cid, cuando aquél era titular del Juzgado Noveno de lo Civil en Puebla.

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Grande podría ser la exhibida que los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática se lleven del Instituto Nacional Electoral (INE), al que convocaron para que organice sus elecciones internas de consejeros nacionales y estatales.

Y es que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos ya se percató que su padrón está plagado de inconsistencias, como afiliados que no se encuentran en el Registro Federal de Electores u otros que sí aparecen pero como militantes de otros partidos políticos.

De los 3 millones 435 mil 979 afiliados que el PRD reportó a nivel nacional, con corte al 15 de marzo, el INE no localizó en el padrón electoral a 177 mil 250 supuestos militantes, y a otros 436 mil 515 sí los encontró pero con registros duplicados o triplicados con otros partidos.

Tales inconsistencias alcanzan a casi el 20% de los miembros de su padrón.

En Puebla los afiliados al PRD que no fueron localizados en el padrón electoral ascienden a más de mil 800  y los que tienen registros duplicados con otros partidos a más de 11 mil 905.

Eso significa que al menos uno de cada cuatro inscritos al partido del sol azteca en la entidad poblana es falso o simulado, y que esas cifras —ya de por sí elocuentes— tienden a empeorar, pues al 15 de marzo, en que se hizo el corte, el padrón perredista en Puebla era de 42 mil 313, es decir la mitad de los que al final se afiliarán.

Se imagina el escándalo que vendrá cuando el INE descubra que en Puebla no sólo hubo afiliaciones masivas, instrumentadas por presidentes municipales de este partido, sino de hasta ciudadanos que tenían militancia en otras organizaciones partidistas como PAN, PRI, PANAL, Movimiento Ciudadano y Compromiso por Puebla.

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Muy mala impresión dejó entre los regidores de la Comisión de Trabajo del Cabildo de Puebla, el director del Sistema Municipal DIF, Elyser Daniel Tato Camargo, para explicar qué acciones estaba llevando a cabo el organismo para combatir la trata infantil en la capital del estado ante el creciente número de niños en situación de calle.

Con una candidez que al principio sorprendió y luego molestó a los regidores Gabriela Báez Alarcón, Gustavo Espinosa Vázquez, Zeferino Martínez Rodríguez y Karina Romero Alcalá, el funcionario dijo que esa problemática se atendía dando seguimiento a los reportes que llegaban al noticiario Buenos Días de Javier López Díaz.

El regidor de Nueva Alianza, Gustavo Espinosa, fue el más crítico con Tato Camargo, a quien de plano le reprochó que su estrategia frente a la explotación infantil y la problemática de los niños de la calle fuera escuchar una estación de radio.

La sesión de la Comisión de Trabajo, que preside la priísta Gabriela Báez se desarrolló el martes después del mediodía en el edificio de regidores de la 4 Oriente 11, en el Centro Histórico de Puebla.

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El exsecretario de Seguridad Pública del estado y actual comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, contrajo nupcias este fin de semana, en una ceremonia íntima a la que sólo fueron convocados unos cuantos amigos y familiares de la pareja.

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Las propuestas y reformas que el presidente Enrique Peña Nieto ha impulsado para combatir la corrupción, modificar el sistema electoral y de partidos, y hacer frente a los poderes fácticos se han quedado cortas o relegadas, pues una cosa es lo que se propone en el discurso y otra la que se aterriza en la praxis política, la Constitución y las leyes secundarias en proceso de aprobación.

Comencemos por la reforma en materia política electoral. Lo que Peña Nieto y las dirigencias del PAN y el PRD convinieron cuando se plantearon la sustitución del Instituto Federal Electoral (IFE) para recuperar la confianza de la ciudadanía en la autoridad electoral fue impulsar la creación de un organismo de carácter nacional y una legislación única que fuera aplicable en todo el país.

Este propósito no sólo no se logró por presiones de los gobernadores priístas, sino que en el trayecto se torció dando lugar al Instituto Nacional Electoral (INE), que no es autoridad única en materia electoral, ya que en los estados comparte funciones y atribuciones con los denominados Organismos  Públicos Electorales Locales (OPLES), que son una especie de autoridad comicial paralela  en las entidades federativas.

La intención de que el país contara con una legislación única electoral que fuera aplicable para cualquier tipo de proceso federal, estatal, distrital y municipal (compromiso 90 del Pacto por México) tampoco se concretó. Hoy lo que existe es una Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 32 códigos o leyes electorales estatales.

Pasamos, como lo he escrito aquí, de un IFE sin credibilidad y desgastado por el cuotismo en el reparto de consejerías, a un Frankenstein electoral.

Respecto al combate a la corrupción, los resultados son aún peores. El presidente Peña Nieto anunció en noviembre de 2012 la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, que sustituiría a la Secretaría de la Función Pública para luchar contra las malas prácticas de los servidores públicos y terminar con la impunidad prevaleciente, y es la hora que no hay fecha para que ésta se apruebe, ni voluntad política para emprender efectivo y eficaz combate contra este cáncer que ataca a todas las dependencias e instituciones públicas sin distingo de colores e ideologías.

Los partidos firmantes del Pacto por México (PRI, PAN y PRD) ofrecieron reducir sus requerimientos en materia de financiamiento público, terminar con la secrecía de millonarias partidas presupuestales que de manera discrecional manejan sus coordinaciones parlamentarias en el Senado y la Cámara de Diputados, y ser más transparentes en el origen y destino de sus gastos, pero nada han hecho para conseguirlo.

Por el contrario, parecen empeñados en obtener mayores recursos, sin ningún compromiso de ampliar sus porcentajes de votación, ni de modificar la legislación vigente para que exista una verdadera rendición de cuentas de los dineros y prerrogativas que reciben.

Estos asuntos, para decirlo pronto, no están en su agenda de prioridades de corto ni mediano plazo. Hágase la transparencia, pero en los bueyes de mi compadre, es la consigna que mejor resume la actitud de la partidocracia mexicana frente al tema de la rendición de cuentas y la reducción del gasto asignado a partidos políticos y sus grupos parlamentarios.

Sobre los poderes fácticos que el gobierno de Peña Nieto, a través de su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, prometió combatir al inicio de su gestión, a sabiendas que estos presionan para mantener a salvo sus privilegios e intereses o para acotar la acción del Estado, el discurso presidencial es ambivalente, a veces bipolar y hasta escurridizo.

Nada ilustra mejor este tema que la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones.

Si la intención del Estado es acotar y enfrentar a los poderes fácticos, hay que dejar el falso debate de cómo medir y evaluar la dominancia o preponderancia de los agentes económicos en el mercado de las telecomunicaciones, si por el sector al que pertenecen o por el servicio que prestan a los usuarios.

No hay que andarse por las ramas: el duopolio televisivo y sus empresas filiales son un poder fáctico, lo mismo que Carlos Slim, Telmex y Telcel, que amenazan al Estado, a sus instituciones y autoridades, por lo que el Congreso de la Unión y la presidencia de la República deben aprovechar la coyuntura y acotarlos de una buena vez, sin tanto tecnicismo sobre su preponderancia por sector o por servicio.

Ahora sí que como dice el dicho popular: no hay que buscarle chichis a las víboras.

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Operativo del alcoholimetro municipal / estatal

«Secuestro exprés, Robo a mano armado, Abuso de autoridad, prepotencia, Delincuencia organizada uniformada, etc., etc.»

Estimado Rodolfo:

El día de ayer (28 de junio) dos mujeres: madre e hija viajaban de la ciudad de México a Puebla, de regreso a sus casas después de haber realizado algunos trámites en la embajada de los EEUU, llegaron pasada la media noche a la terminal de la 4 poniente, recogieron su vehículo estacionado ahí mismo, se dirigían a su domicilio, pero en su camino se toparon con un operativo llamado «Alcoholímetro» en la 43 poniente en la zona de Huexotitla, para más exacto frente a IUSASEL.

Al llegar al lugar, entre luces, sirenas, lámparas que parecen de un estadio de futbol, y un chingo de elementos armados y uniformados policías, te hacen la parada «a fuerza» y te preguntan si tomaste alcohol, a lo que la conductora menciona que sí una cerveza a la hora de la comida. Error imperdonable, enseguida le ordenan bajar del vehículo y la llevan a realizar la prueba del alcoholímetro, forcejeando con la mamá quién indignada argumenta que su hija no venía en estado etílico, cosa que ignoraron.

Con amenazas y argumentos realmente estúpidos le quitan el vehículo, se llevan a su hija (por estar intoxicada) y dejan a la mamá en la calle, sin saber que hacer después del show que armaron, cámaras filmando, policías sujetando y subiendo a la fuerza a la patrulla a la hija, deteniendo a su mamá para que no pudiera hacer nada.

Minutos después ante la impotencia y ultraje, la mamá me llama para pedir ayuda, acudo al lugar de los hechos y encuentro que no hay vehículos circulando a esa hora en el lugar perfectamente custodiado, la única detenida fue esa muchacha, de inmediato me interrogan si había tomado, a lo que respondí, que venía a buscar a una joven que había detenido (palabras mágicas) pase usted es la del coche tal, adelante, sin saber si estoy bajo los influjos del alcohol, eso ya nos importa, ya tienen a su primera clienta.

Sin motivo alguno se la llevan al Boulevard  Valsequillo y posteriormente la trasladan a la Pepsi, dicen ellos, porque no hay sistema.

Al llegar a buscarla 3.00 a.m. ya la estaban queriendo quitarle su ropa interior, pertenecías y los manoseos de rutina por parte de una agente muy «femenina», para garantizar su integridad, mientras el mismo juez trataba de calmarnos ante tal atropello diciendo que tenía un estudio toxicológico de la joven con el primer grado de alcohol leve, por lo que la habían remitido y sería detenida durante 20 horas o pagábamos $ 3,500.00 de multa para dejarla salir.

Además de que el vehículo se lo llevaron a la fuerza, con el freno de mano ahora hay que pagar el arrastre, la multa de tránsito y el piso, pero hasta que inicien labores en san Felipe.

¿Qué se puede hacer ante tanta bestialidad policiaca, abuso de autoridad, aprovecharse de dos mujeres indefensas?, ¿qué nos espera cómo ciudadanos?, en manos de quién estamos, bestias irracionales que obedecen intereses oscuros.

Lo único que nos entregaron después de pagar la multa, fueron la hoja de la multa de tránsito, el inventario del vehículo y el pago de la multa para que saliera. Y pregunto ¿el estudio toxicológico?, ¿la orden de aprensión?, etc. en dónde están los derechos de los ciudadanos.

 ¿Qué pasa con estas pseudo autoridades?

Sólo se me ocurre comparar que si me asaltan a la salda de un centro comercial un par de delincuentes y estos que les pasó a estas dos mujeres es exactamente lo mismo, la diferencia es que unos están uniformados.

Pregunto se necesitan cerca de 100 personas para detener a una joven que no estaba intoxicada, inocente y armarle toda un número incriminatorio, esa es la policía que nos cuida, no gracias, no los queremos, unamos las voces ciudadanas, viva la resistencia civil y no permitamos que nos sigan atropellando estas bestias.

Rodrigo Rosales Escalona <rodrigo.ivan@yahoo.com.mx

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Una vez pasado el proceso interno del PAN, partido en el cual el gobernador Rafael Moreno Valle afianzó su dominio con la reelección de Gustavo Madero Muñoz al frente del Comité Ejecutivo Nacional, el mandatario estatal ha comenzado a operar para hacerse ahora de la mayoría de los consejeros locales del PRD.

La elección de consejeros es muy importante, pues serán estos los que elijan en septiembre y octubre a los próximos dirigentes nacionales y estatales del sol azteca.

En la organización y arbitraje de las elecciones de consejeros nacionales y estatales del PRD, previstas para el domingo 24 de agosto, participará el Instituto Nacional Electoral (INE), cuya Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos ya elabora un proyecto donde se fijarán los lineamientos y alcances de su intervención en el proceso.

Se sabe que en las elecciones podrán participar todos aquellos perredistas que estén registrados o se afilien al partido a más tardar en la primera semana de julio. En Puebla, el padrón del PRD ha experimentado un inusual crecimiento en los últimos meses. De los 20 mil afiliados que había a finales de 2013, hoy hay más más de 40 mil y el número final podría rondar los 60 mil.

Entre los dirigentes locales de los diferentes grupos y corrientes del sol azteca hay la certeza de que el gobernador Moreno Valle incidirá, si no es que ya lo está haciendo, en el proceso de afiliación o de reafiliación de militantes, con el claro propósito de ganar posiciones en el Consejo Nacional y el Consejo Estatal.

Para el mandatario poblano, táctica y estratégicamente es importante tener voz y voto en ambos órganos partidistas, y no sólo porque estos nombrarán a los futuros dirigentes nacionales y locales del PRD, sino porque a través de ellos puede generar condiciones favorables para su sucesión gubernamental y proyecto presidencial.

Moreno Valle no querrá correr el riesgo de que perredistas contrarios a su proyecto, como la diputada federal Roxana Luna Porquillo o el exregidor David Méndez Márquez, se hagan de la mayoría de los consejeros y le compliquen las cosas.

¿Y cómo lo impedirá?

La respuesta es obvia: haciendo alianzas con los presidentes municipales perredistas y corrientes afines a su proyecto, Los Chuchos y los Amalios, a los que apoyará para que de aquí a la primera semana de julio no sólo afilen al mayor número de militantes, sino para que en las elecciones del 24 de agosto salgan a votar por los consejeros que les indique.

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Aunque en el Instituto Nacional Electoral (INE) aún no se definen los nombres de los consejeros que integrarán la Comisión de Vinculación con Organismos Locales, que se encargará de seleccionar a los siete consejeros locales de Puebla que actuarán en las elecciones federales del próximo año, se sabe que el secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, ya integra una lista de 30 posibles candidatos.

Para el gobernador Rafael Moreno Valle y Luis Maldonado lo ideal sería que en la referida Comisión del INE participaran los consejeros Marco Antonio Baños, Arturo Sánchez y Benito Nacif con quienes mantienen alguna relación directa o por segundas personas, ya que a través de su conducto podrían perfilar algunos nombres o vetar a ciertos candidatos que podrían resultar incómodos.

Tanto Arturo Sánchez como Benito Nacif —que fueron consejeros generales del IFE en diferentes periodos— llegaron al INE como cuota del Partido Acción Nacional de Gustavo Madero Muñoz.

Para el nombramiento de los consejeros de los llamados Organismos Públicos Autónomos, el Consejo General del INE está planteando una serie de requisitos y filtros para garantizar que los consejeros locales no sean personajes subordinados a los gobernadores de cada entidad.

De ahí que los candidatos a formar parte de estos no sólo deberán acreditar en lo individual un examen de conocimientos y redactar un ensayo en materia electoral, sino procurar que en el Organismo Local que integren haya paridad de género, una composición multidisciplinaria y una representación pluricultural.

A sabiendas de lo complicado de esa tarea, se sabe que el secretario general de Gobierno ya comenzó a explorar el tema, mediante acercamientos con algunos consejeros y funcionarios del INE, y también a integrar una relación de expedientes de posibles candidatos para que vayan preparando sus documentos y se registren una vez que se lance la convocatoria respectiva.

Los actuales consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) terminarán sus funciones con las elecciones extraordinarias del 6 de julio en Acajate y Cuapiaxtla de Madero, y el INE nombrará a sus sustitutos por ahí de agosto, pero estos ya no serán nueve sino siete, según la reforma constitucional aprobada en diciembre pasado.

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Anoche se hizo oficial el nombramiento de la doctora Covadonga Cuétara Priede como directora del Medio Universitario de la Iberoamericana Puebla, después de que su antecesor en el cargo Noé Castillo Alarcón rindió su último informe ante los integrantes del Senado Universitario, máximo órgano colegiado de la institución.

El desempeño de Noé Castillo fue altamente valorado por el rector Fernando Fernández Font y otros integrantes de esta universidad jesuita.

Covadonga Cuétara Priede es licenciada en Psicología por la BUAP, maestra en Orientación Familiar y doctora en Educación por la Universidad Iberoamericana de Puebla, institución en la que venía desempeñándose como coordinadora de los posgrados en Psicología y responsable del Servicio de Orientación de Psicoterapia y Aprendizaje.

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Entre lo que se planteó en el Pacto por México, y la reforma constitucional que en materia política electoral se aprobó en diciembre del año pasado, hay enormes diferencias de forma y de fondo. Pero las contradicciones podrían ser peores por las prisas que hoy tienen los senadores de sacar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El caso más representativo de estas discordancias es el Instituto Nacional Electoral.

En el compromiso 90 del Pacto se planteó la necesidad de sustituir al IFE por una autoridad única de carácter nacional, que se encargaría de organizar las elecciones tanto federales como estatales y municipales.

Sin embargo, el resultado de las negociaciones de la Secretaría de Gobernación con los gobernadores, los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios y las dirigencias de los partidos políticos para aterrizar este compromiso en la Carta Marga, dista mucho del objetivo que se planteó en aquel acuerdo nacional suscrito por el presidente Peña Nieto y los presidentes del PAN, PRI y PRD.

El INE no quedó como autoridad única electoral, sino como un órgano nacional con injerencia en los estados, en los cuales continuarán operando los institutos electorales de cada entidad federativa.

Hasta dónde llegará el INE y hasta dónde los institutos estatales, es algo todavía incierto. Aún no existe la legislación secundaria, pero en el último borrador de lo que será la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los priístas han planteado que el órgano nacional sólo podrá intervenir en los procesos locales si se dan ciertas condiciones.

En otras palabras: que la atracción sólo procederá cuando existan factores que afecten la paz pública, la equidad de la contienda, condiciones políticas adversas por la injerencia de un poder o existan acontecimientos en perjuicio de los principios de imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad y equidad del proceso electoral, y previa petición de al menos cuatro de los siete consejeros del órgano local. O sea, nunca o casi nunca.

Cuando el PAN y PRD propusieron terminar con los institutos locales, el argumento fue que estos estaban integrados por consejeros supeditados a los gobernadores y que por lo mismo actuaban con parcialidad y sin autonomía. Esta percepción, que no es del todo cierta o precisa, es uno de los pendientes que se dejó para la legislación secundaria que sigue atorada en el Senado de la República.

A escasas 24 horas que se cumpla el plazo que ellos mismos se fijaron para las leyes reglamentarias de la reforma política, los senadores siguen sin ponerse de acuerdo en la aprobación de un nuevo código electoral y sin definir si habrá o no leyes generales de partidos, de procedimientos electorales, y de medios de impugnación y delitos electorales.

Varias son las causas que explican estos desacuerdos en torno a la legislación electoral. Una, son las diferentes ópticas sobre la ruta y los métodos de trabajo que deben aplicarse para elaborar la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y sus alcances. Otra son los conflictos que hay entre las dirigencias del PAN y PRD con sus coordinadores parlamentarios en la Cámara Alta. Y una más, y quizá la principal, que el gobierno de Enrique Peña Nieto no sabe con qué facción del PAN negociar las reformas: con las huestes de Gustavo Madero o con las de Ernesto Cordero.

La elección interna del PAN, prevista para el domingo 18 de mayo, tiene trabadas no sólo las leyes electorales, sino las demás leyes secundarias de las reformas en telecomunicaciones y energética.

Con todo descaro la facción maderista ha planteado que mientras no se incorporen sus exigencias y demandas en la mesa de reforma política, sus legisladores no le darán al PRI los votos que necesita para sacar adelante las iniciativas enviadas por el presidente Enrique Peña Nieto.

Candidatos independientes

En la reforma constitucional aprobada en diciembre pasado se introdujo la figura de los candidatos independientes, más por una cuestión de imagen de la partidocracia mexicana que por un genuino compromiso con la participación ciudadana en la vida democrática nacional.

Sin embargo, el Congreso de la Unión no estableció los porcentajes de firmas que los interesados en obtener un cargo de elección popular deben reunir para poder participar como candidatos independientes. Tal punto también se dejó para ser discutido en la legislación secundaria y para que cada legislatura estatal lo reglamentara, lo que está dando al traste con el espíritu de la reforma y la intención de quitar a los partidos el monopolio de las postulaciones.

A nivel nacional existe el proyecto de fijar en 1% sobre la lista nominal, el número de firmas que un aspirante a presidente de la República debe reunir para registrarse ante el INE como candidato independientes, y en 2% el porcentaje para senadores y diputados federales.

¿Este 1% es alto o es bajo?

Para contextualizar mejor esta cifra vale la pena mencionar que equivale a 783 mil firmas, que el aspirante debe reunir de al menos 17 estados, sin hacerse publicidad en radio y televisión, y que este porcentaje es 3.6 veces mayor que el solicitado a un partido de nueva creación, con una agravante más: el candidato independiente debe reunir las firmas de apoyo a su nominación en 120 días, mientras que las organizaciones que buscan su registro como partido político nacional tienen un plazo de más de un año.

En los estados los obstáculos y candados legales para impedir las candidaturas independientes a gobernador, diputados locales y presidentes municipales son todavía peores, pues fluctúan en el mejor de los casos entre el 3 y el 5 por ciento.

El Congreso de Puebla, por citar un ejemplo, aprobó en su última sesión que los candidatos independientes a gobernador deben reunir el 2% de firmas del padrón electoral del estado, y los candidatos a diputados y presidentes municipales el 3%, lo que a todas luces inhibe cualquier intento de participación ciudadana fuera de los partidos políticos.

Originalmente el porcentaje que se establecía en la iniciativa de marras para las candidaturas ciudadanas fijaba la cuota de firmas en un 15% sobre el padrón electoral. Todo un despropósito.

Golpe al pluralismo partidista

Otra cuestión paradójica de la reforma política es el acuerdo de elevar de 2 a 3% el porcentaje mínimo requerido para que un partido pueda refrendar su registro. La modificación constitucional podría parecer saludable, en aras de hacer más competitivos a las organizaciones partidistas existentes, algunas de las cuales han subsistido —cual rémoras o parásitos— a costa de las alianzas y coaliciones con los partidos grandes.

Sin embargo, la consecuencia de esta reforma podría resultar perjudicial para el pluralismo democrático, y ampliamente provechosa para la partidocracia mexicana.

Baste citar un dato: de 2000 a 2012, cuando el porcentaje mínimo era de 2%, participaron en las elecciones 16 partidos, pero de estos sólo siete han logrado mantener su registro. No veo por qué optar por hacer más restrictivo el sistema de partidos políticos.

La única explicación lógica que encuentro a esta reforma constitucional es la pretensión de las burocracias del PRI, PAN y PRD de perpetuarse en el poder, y de repartirse el país como si fueran rebanadas de un gran pastel, como lo han hecho con la mayoría de los órganos constitucionales autónomos, como el INE, el Ifetel y ahora mismo con el IFAI.

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Aunque al final fue imposible evitar el cuotismo en la designación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, tampoco puede afirmarse —so pena de incurrir en una ligereza irresponsable—que los integrantes del nuevo organismo encargado de la organización de los comicios federales sean una extensión de la partidocracia mexicana.

Por supuesto que no. Entre los once consejeros del INE —incluyendo a su presidente el jurista Lorenzo Córdova Vianello— hay expertos en materia electoral y académicos de reconocida solvencia, que no echarán por la borda su trayectoria y prestigio profesional por atender la línea o agenda política de los partidos que los propusieron.

Si así fuera, la designación de los consejeros se habría atorado en la Cámara de Diputados, en medio de fuertes discusiones y descalificaciones que habrían llegado hasta el 8 de abril, la fecha límite. La realidad fue diferente: los consejeros fueron nombrados mediante un acuerdo político, que involucró además de las tres principales fuerzas políticas, al Partido Nueva Alianza y al Partido Verde Ecologista de México, con 417 votos a favor, 41 en contra y cuatro abstenciones; es decir, por mayoría calificada, el jueves 3 de abril.

Ciertamente la sombra del cuotismo estuvo presente, al igual que algunos vetos en contra de determinados personajes que ni siquiera llegaron a registrarse, a sabiendas que no pasarían el filtro de Los Pinos, ni de algunas dirigencias partidistas. Las suspicacias, pues, fueron la constante del proceso.

Según diversas versiones periodísticas, en la integración del Consejo General del INE, el PRI llevó mano con cuatro consejeros, el PRD se quedó con tres y el PAN con otros tres. Las mismas versiones apuntan que el consejero presidente tuvo el aval de esas tres organizaciones partidistas.

Sin embargo, esta composición es insuficiente para que se ponga en entredicho la imparcialidad del nuevo organismo nacional electoral, la independencia partidista de los recién nombrados consejeros y la confianza de una naciente institución encargada de organizar nacionalmente las elecciones federales y locales, con la colaboración de los institutos electorales de las entidades federativas.

Antes de descalificar a priori a los integrantes del Consejo General del INE como correas de transmisión de los partidos que los propusieron y votaron en la Cámara de Diputados, hay que darles algún tiempo de actuación, y observar con detenimiento su desempeño.

En lo personal no estoy de acuerdo con la reforma política que se hizo, ni con el Frankenstein electoral que sustituyó al IFE y menos con la prisa con que aprobarán las reformas a las leyes secundarias en materia de elecciones y partidos, pero creo que los nuevos consejeros merecen un voto de confianza, en aras de los filtros que tuvieron que pasar y el prestigio académico y profesional con que llegaron al Congreso, antes de su nombramiento por mayoría calificada.

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