¿Por qué en Puebla no se respeta la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable ni la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas, que exigen a los fraccionadores y desarrolladores de vivienda la donación, a título gratuito, de hasta el 20% del área neta que construyan?

¿Por qué si la capital poblana, según la Organización Mundial de la Salud, tiene un déficit de más de seis metros cuadrados de área verde por habitante, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio de Puebla es omisa en el cumplimiento de ambas legislaciones, al aceptar porcentajes de donación muy por debajo del 20%?

¿Por qué si en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla de 2013 se prohibió expresamente la permuta de áreas de donación por pagos en especie o en efectivo, la Tesorería Municipal y la Secretaría de Desarrollo Urbano lo siguen haciendo?

¿Por qué el ayuntamiento de Puebla no clausura al menos cinco fraccionamientos residenciales autorizados entre 2011 y 2013 que aún no pagan ni cumplen con la entrega de áreas de donación?

¿De qué privilegios gozan los propietarios de los fraccionamientos Los Cipreses (Grupo Constructor Bemaro), Rinconada Amparo (Javier Adolfo Barron González), Edificio RS-28 (Inmobili e Construzione) y Torrecillas (Galpin Construcciones), entre otros, para no cumplir con el porcentaje de terreno que deben donar a título gratuito para área verde?

¿Por qué si el artículo 67 de la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas establece que el área de donación es del 20%, la Secretaría de Desarrollo Urbano —a cargo de Felipe Velázquez Gutiérrez— acepta porcentajes mucho menores o pagos muy por debajo del valor comercial o catastral de los terrenos?

¿Por qué esta administración no cumplió con la actualización del Programa de Desarrollo Urbano Municipal, que debe revisarse cada cinco años, si el programa vigente es de 2007?

¿Quiénes son influyentes socios de la empresa LT Real State S.A. de C.V., constructora de fraccionamientos como La Cima en la ex hacienda de San José Mayorazgo, que se dio el lujo de donar al Ayuntamiento de Puebla —durante la gestión de Blanca Alcalá Ruiz— un predio de 10 mil metros cuadrados, colindante con el relleno sanitario de Chiltepeque, que ni siquiera le pertenecía?

¿Por qué a Felipe Serafín se le permitió terminar un edificio sobre la avenida Teziutlán Sur, en la colonia La Paz, frente a las instalaciones de Radio Oro, que no sólo violentó las densidades y coeficientes de ocupación de la zona, sino que invadió espacio público y se pasó por el arco del triunfo la Ley de Fraccionamientos?

¿No que nadie por encima de la Ley?

Conste que son preguntas.

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Tres exfuncionarios municipales del ayuntamiento de Puebla están por enfrentar una demanda civil por la venta fraudulenta de un terreno de 650 metros cuadrados, ubicado sobre el Periférico Ecológico a altura de la gasolinera de Ciudad Judicial.

El predio se vendió, con engaños, al empresario Carlos Antonio Magaña, que en Puebla tiene los derechos de la franquicia Equipos y Albercas Igui Sol Azul, y que lo adquirió para montar ahí una sala de exhibición de sus albercas residenciales.

El primer engaño es que el terreno carece de uso comercial, como le habían dicho incluso con el cuento de que uno de los socios tenía previsto montar ahí una nueva franquicia del taller de servicio de mantenimiento automotriz Midas. Y el segundo es que el predio tiene un derecho de afectación de 25 metros de fondo, por encontrarse dentro del derecho de vía del Periférico Ecológico.

Los copropietarios del inmueble son Enrique “Kio” Chávez Estudillo, Humberto Vázquez Arroyo y Héctor Sulaimán Safi, quienes lo adquirieron en 2010 mediante una extraña compra-venta que estuvo antecedida de un juicio de usucapión.

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Twitter: @periodistasoy

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Lic. Rodolfo
Ruíz Rodríguez

Director General
E-Consulta

PRESENTE

En referencia a la columna que publica el
día de hoy, le comento que este Gobierno ha sido escrupuloso en el apego a las
leyes de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas y a la Ley de Desarrollo
Urbano Sustentable del Estado.

En todos los casos se ha solicitado a los
fraccionadores el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que
establece tanto la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable, la Ley de Fraccionamientos
y Acciones Urbanísticas, así como nuestro Código Reglamentario, haciendo
énfasis en que las áreas de donación han sido solicitadas puntualmente a cada
uno de ellos y en ningún caso han sido aceptados porcentajes menores al 20%.

Fue hasta el presente año que se eliminó de
la Ley de Ingresos la posibilidad de permutar por pago en efectivo el
equivalente al área de donación o el déficit de la misma, por lo que ningún
trámite iniciado este año ha tenido la autorización de permutar su área de donación
por pago en efectivo; sin embargo, aquellos casos iniciados en años anteriores
que ya contaban con esta autorización han continuado con su trámite y han hecho
sus pagos en 2013, ya se aplica el principio de no retroactividad.

Referente a la pregunta que usted realiza
de por qué no se clausuran cinco fraccionamientos que aún no pagan o cumplen
con su área de donación, le comento que  la ley no establece en qué parte del proceso
se debe hacer dicha donación, por lo que en el procedimiento de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se definió que fuera antes del trámite de
la CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA, lo que significa que si aún no la han
solicitado están dentro del periodo para poderlo hacerlo, y de no ser así, se
ha establecido la medida de no liberar cuentas catastrales y prediales ni
autorizar los traslados de dominio producto de la venta de casas o lotes.

Los casos expuestos en la nota son
proyectos autorizados en la administración pasada como el del Fraccionamiento
La Cima, donde la actual administración retomó la investigación de expedición
de licencias irregulares y detectó violaciones tanto en los coeficientes como en
las densidades; motivo por el cual fueron clausuradas las obras y se impusieron
multas o pagos pendientes. Casos similares son el de los fraccionamientos Los
Cipreses y Torrecillas, además del edificio ubicado en Teziutlán Sur de la
colonia La Paz, a quién se le suspendió la obra y se le requirió un pago de 1
millón ochocientos mil pesos para regularizar su edificio. El empresario ya
contaba con las licencias, mismas que autorizaban así el proyecto; y al haber
hecho el pago correspondiente ante la Tesorería, el contribuyente adquirió los
derechos para realizar lo que le autorizan las instancias correspondientes.

Respecto de la actualización del Programa de
Desarrollo Urbano, no existe ningún ordenamiento que establezca que deba
hacerse cada CINCO años; sin embargo nosotros ya lo hicimos y sólo está en
periodo de revisión para ser sometido a consulta pública y posterior
publicación.

Finalmente solicito su apoyo para la
publicación de la presente, a fin de informar a la opinión pública y no dejar
dudas respecto al actuar de esta administración.

¿O la idea es descontextualizar y
desprestigiar a la presente administración sin haber verificado la información
proporcionada por sus fuentes de información?

Conste, es pregunta.

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE Z., A 28  DE NOVIEMBRE DE 2013

“PUEBLA, LA CIUDAD QUE QUEREMOS”

C. FERNANDO CORTÉS BETANZOS

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN
SOCIAL

La repentina noticia sobre la auditoría que la Secretaría de la Función Pública práctica a la gestión de Blas Villegas Lara como director general de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (Ceaspue), y sobre las consecuencias que podrían derivarse de esta investigación, alteró algunos planes de la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz.

Y es que la alcaldesa tenía previsto remover a Blas Villegas como director de la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, para nombrarlo como coordinador del Organismo Operador del Servicio de Limpia, en sustitución de Héctor Sulaimán Safi, quien a su vez sería promovido como secretario de Desarrollo Social del municipio de Puebla.

***

Después de muchos intentos está semana se constituyó la ACECOP de Puebla, que es la Asociación de Centros Comerciales de Puebla, en cuyo Consejo Directivo participan los administradores de las principales plazas comerciales de la ciudad.

La ACECOP tiene la intención de representar a los comerciantes y locatarios de estas plazas ante las distintas instancias de gobierno —municipales, estatales y federales— con las cuales tienen que ver, ya sea por su giro, actividad o los productos y servicios que venden o prestan.

Entre quienes participan en la directiva de la ACECOP figuran: José Miranda Solana, administrador de Plaza Loreto; Pablo Andrés Torres Campos, representante de los comerciantes del Triángulo de Las Ánimas; María Gema Alvarado Lara, del Centro Comercial Cruz del Sur; Blanca María Peralta Llanera, de Plaza Dorada II; Rafael Cereceda Rodríguez, de Galería Las Ánimas; María Rosaura Pacheco López, de Plaza Bugambilias: y Fernando Rubén Lescieur Gamboa.

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El martes de esta semana, el expresidente de la Cámara de la Construcción de Puebla, José Antonio Escalera Espinosa, sorprendió al candidato a la gubernatura de la Alianza Puebla Avanza, Javier López Zavala, y a los socios y directivos del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, por las críticas que lanzó al gobierno del estado en materia de obra pública.

Un detalle que poco ha trascendido, y que quizás explicaría la actitud de José Antonio Escalera y su crítica a las obras públicas inconclusas, es que en la víspera de ese encuentro, el expresidente de la CMIC se reunió a tomar café con el panista Pablo Rodríguez Regordosa, vocero de la campaña del candidato de la coalición Compromiso por Puebla a la gubernatura, Rafael Moreno Valle Rosas.

La reunión tuvo lugar a las 21:30 horas en un discreto Italian Coffee de la 31 Poniente.

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El miércoles de esta semana el Parque del Arte volvió a convertirse en escenario de mítines políticos electorales. Ese día por la tarde fue llenado de jóvenes simpatizantes de la organización priísta de Mario Marín Junior que expresaron su apoyo al candidato a la gubernatura de la Alianza Puebla Avanza, Javier López Zavala.

El Parque, hoy en custodia del gobierno del estado, fue atiborrado de jóvenes y acarreados de distintas universidades públicas y privadas, así como de algunos bachilleratos incorporados a la BUAP y a la SEP, a los que se les permitió instalar música a todo volumen, invadir los jardines y hasta el lago artificial.

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Simón dice:

«La mayor parte de los problemas del mundo se deben a la gente que quiere ser importante.»

Thomas Stearns Eliot (1888-1965). Poeta, dramaturgo y crítico literario.

Antes de que el dirigente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier, dejara en claro que la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, había quedado fuera de la sucesión gubernamental, por decisión de ella misma, uno de sus regidores en el ayuntamiento de Puebla, pretendió eliminarla por default.

El martes de la semana pasada, el regidor Enrique Chávez Estudillo amagó con votar en contra del proyecto de la presidenta municipal, de solicitar un crédito para financiar los trabajos del viaducto elevado en el boulevard Atlixco, si en la sesión de Cabildo de ese día, no se comprometía a permanecer en el ayuntamiento de Puebla mientras se desarrollaba y concluía la obra.

La amenaza del regidor dogerista llegó por varias vías a la alcaldesa. Una fue a través del coordinador de Comunicación Social, Emilio Trinidad Zaldívar, y la última, minutos antes de la sesión, por conducto del titular del Organismo Operador del Servicio de Limpia, Héctor Sulaimán Safi.

Blanca Alcalá pidió consejo a sus principales colaboradores y éstos le recomendaron no ceder al chantaje político, por lo que decidió enfrentar a Chávez Estudillo en aquella sesión.

Éste comenzó a maniobrar con otros regidores del PRI y la oposición, e incluso tomó la palabra para dejar, de manera velada, constancia de su amago.

Sin embargo, cuando la discusión estaba en su apogeo, y la iniciativa de Alcalá estaba por ser votada, el regidor Chávez Estudillo se levantó de su silla y abandonó el Salón de Cabildo.

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Una de las condiciones que Enrique Doger Guerrero le puso a la presidenta municipal de Puebla para ayudarla a resolver el conflicto que enfrenta desde hace varios meses con el líder sindical del ayuntamiento, Israel Pacheco Velázquez, fue la reinstalación de tres funcionarios municipales, destituidos en los primeros días de julio, como consecuencia del árbol que se desplomó en el zócalo, matando a una niña y lesionado a otros menores.

Estos empleados, que de un momento a otro quedarán libres de cualquier responsabilidad por el Juez Cuarto de Defensa Social, Alberto Miranda Guerra, son: José Odilón Hernández Sánchez, quien se desempeñaba como director de Servicios Públicos de la Secretaría de Gestión Urbana y Obras Públicas; Gerardo Pérez Navarro, quien estaba al frente de la jefatura del Departamento de Parques y Jardines; y Juan Carlos Rivera Arenas, subdirector de Servicios Públicos de la Agencia de Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable.

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Mientras el Instituto Electoral del Estado sigue haciéndose pato para sancionar a los políticos adelantados que siguen promoviéndose publicitariamente con el inequívoco propósito de obtener un puesto de elección popular, las mantas, bardas y pegotes de quienes aspirar a suceder a Mario Marín Torres siguen multiplicándose por todos lados.

En el municipio de Tlatlauquitepec aparecieron cientos de calcomanías en casas y comercios con la leyenda «Doger me cae bien», y en el municipio de Zaragoza, el Comité Municipal del PRI mandó a rotular bardas (como la que se aprecia en la imagen) a favor de Jesús Morales Flores.

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Simón dice:

«El cobarde sólo amenaza cuando está a salvo».

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832). Poeta y dramaturgo alemán.

Son tantas las contradicciones y dudas acerca del relleno sanitario de Chiltepeque; sobre los directivos del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) en su rol de autoridades encargadas de la protección del ambiente, y sobre el estudio contratado a la empresa Incremi para diagnosticar la vida útil del depósito, que hoy el asunto es un auténtico cochinero.

De entrada por las inconsistencias de los dos estudios elaborados por Incremi sobre Chiltepeque. En el primero, que se pagó en la gestión de Enrique Doger Guerrero, se concluyó que la vida útil del relleno se agotaría en septiembre u octubre de 2008, y en el segundo —contratado por la administración de Blanca Alcalá Ruiz— ésta se prolongó hasta el año 2023.

En la primera evaluación, la empresa cuestionó el espesor de la tierra utilizada para cubrir la basura, y en la segunda —contradictoriamente— recomendó reducir a menos de 80 centímetros el grosor de dicha capa.

En sus conclusiones de junio de 2007, Incremi criticó la forma en que RESA llevaba a cabo la compactación de la basura para aumentar la capacidad del relleno, sin embargo en su valoración de enero de 2009 planteó, como la alternativa más viable para alargar la vida útil del depósito, el crecimiento y expansión horizontal de su zona A.

En el primero recomendó quitarle 12 metros a la corona de los taludes, y en el segundo propuso que «para aumentar la vida útil del relleno sanitario, éste se expandiera en forma horizontal y vertical, a través de la compactación de los deshechos, lo que duplicaría la capacidad del sitio».

La lista de incoherencias es todavía larga…

Otro aspecto no menos contradictorio es la postura del coordinador general del OOSL, Héctor Sulaimán Safi.

Este funcionario comenzó con una posición muy estricta. Le exigió a RESA el proyecto ejecutivo para la ampliación del relleno sanitario, y como esta concesionaria de José Abed Rouanett lo ignoró, decidió entonces iniciar un procedimiento de rescisión de contrato.

De la noche a la mañana la postura de Sulaimán se flexibilizó. Éste se olvidó del proyecto ejecutivo, de la intentona de quitarle a RESA la concesión, y de obligarla a participar en otra licitación para poder explotar el biogás y la energía eléctrica que produce y producirá Chiltepeque.

Las causas a ciencia cierta se desconocen, no así el viaje que junto con el subsecretario de Ecología del gobierno del estado, Juan Carlos Fernández Jasso, efectuó a Canadá, con el patrocinio de José Abed, para establecer contacto con la empresa SENES que, supuestamente, se encargará de transformar el biogás en energía eléctrica y de entregársela al ayuntamiento para iluminar la ciudad.

Pero el colmo del cochinero es que ahora Sulaimán Safi e Incremi nos salgan con el cuento de que el municipio tiende a generar menos toneladas de basura, que RESA es una empresa comprometida con la ecología y la protección del ambiente, y que los lixiviados que produce el relleno y que llegan hasta el lago de Valsequillo no contaminan, ni representan ningún riesgo para la salud.

A ese paso lo único que la ciudad puede esperar es que Blanca Alcalá herede el problema del relleno sanitario a la próxima administración, que Sulaimán siga enriqueciéndose a costa de la basura, que RESA logre en automático la concesión de la explotación del biogás —sin mediar licitación— y que Incremi se salga con la suya al asegurar un contrato de supervisión del relleno hasta el año 2023, en que supuestamente concluirá su vida útil.

Ojalá y esta visión escatológica, sea sólo eso, una visión, y no una triste realidad en el corto plazo.

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Tal como ayer se lo adelanté, Mario Marín García, hijo del gobernador Mario Marín Torres, inició el trámite para obtener su patente como notario público ante el Juzgado Noveno de lo Civil, a cargo de Enrique Romero Razo.

Este lunes tres testigos —que nunca quisieron identificarse— dieron constancia de que el primogénito del Ejecutivo estatal es una persona de buena conducta, carente de vicios como la embriaguez y el juego, y apta para desempeñarse en el ejercicio del notariado.

El juez Enrique Romero afirmó que el procedimiento del hijo del gobernador no tenía nada de anómalo o irregular, pero cuando se le pidió el nombre de los testigos dijo que debía guardar sigilo, al tiempo de instruir al personal del juzgado a evitar que éstos fueran entrevistados por la prensa.

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Simón dice:

«Para hacer negocios no se requiere ingenio, basta con no tener delicadeza».

Caballero de Bruix, escritor francés.

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

En junio de 2007, a solicitud de la gestión de Enrique Doger Guerrero, el ayuntamiento de Puebla ordenó un estudio sobre la vida útil del relleno sanitario de Chiltepeque.

Dicha evaluación, basada supuestamente en levantamientos topográficos y  estimaciones volumétricas tanto de la capacidad de recepción del depósito como de las toneladas de basura que a diario ahí se procesan, concluyó que para septiembre u octubre de 2008 habría llegado a su máxima capacidad.

El año pasado la administración de Blanca Alcalá Ruiz, por conducto del coordinador general del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), Héctor Sulaimán Safi, ordenó un nuevo estudio con la misma finalidad: diagnosticar la capacidad del relleno sanitario.

Parte de las conclusiones de la nueva evaluación fueron adelantadas ayer por Héctor Sulaimán y los regidores Humberto Vázquez Arroyo y Enrique Chávez Estudillo, presidente de la Comisión de Servicios Públicos, y vocal de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, respectivamente.

En conferencia de prensa, aseguraron que el relleno de Chiltepeque puede funcionar hasta el año 2023 sin necesidad de ampliarse a otros terrenos, para recibir las 1,200 o 1,600 toneladas diarias de basura que produce la capital del estado.

Lo curioso del caso ––y vaya que lo es–– es que ambos estudios fueron realizados por la misma empresa: Ingeniería para el Control de Residuos Municipales e Industriales (Incremi).

Sí, la firma a la que hoy el Organismo Operador del Servicio Limpia prevé contratar como supervisora de la concesionaria del depósito de Chiltepeque: Rellenos Sanitarios (RESA), de José Abed Rouanett.

Y la misma a la cual el ayuntamiento de Blanca Alcalá le pagó 260 mil pesos por un estudio técnico que contradice de cabo a rabo el contratado por la gestión de Enrique Doger.

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Simón dice:

“Todo hombre tiene su precio, lo que hace falta es saber cuál es”
Joseph Fouché, político francés, fundador del espionaje moderno.

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Bullen Navarro promueve acción de anticonstitucionalidad
Compras irregulares en el Organismo Operador de Limpia

Cuando me lo dijeron no lo creí.

Pero así es.

La impugnada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, Marcia Maritza Bullen Navarro, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas y adiciones aprobadas por el Congreso del estado –en su sesión del 17 de julio– a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El pasado 7 de agosto la comisionada de la CAIP, Josefina Buxadé Castelán –junto con un grupo de colegas de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), algunos diputados locales y dirigentes de organizaciones civiles– solicitó la intervención de la CDH para que las modificaciones que se hicieron a la Ley de Transparencia de Puebla fueran declaradas insconstitucionales.

Lo mismo hizo el día anterior, pero con la Procuraduría General de la República.

El caso es que la semana pasada la presidenta de la CDH de Puebla promovió ante el máximo tribunal del país un recurso de inconstitucionalidad para echar abajo los cambios que los priístas decidieron hacer a la Ley de Transparencia, lo que tiene sorprendidos a sus críticos que no esperaban que Bullen Navarro asumiera esa posición.

¿Por qué lo hizo?

En el fondo no se sabe, como tampoco se sabe si Bullen Navarro está convencida de la inconstitucionalidad de las reformas o si con esta iniciativa lo que pretende en realidad es ganar legitimidad, ahora que su nombramiento como presidenta de la CDH ha sido puesto en entredicho por su origen panameño.

Pero cualquiera que sea el caso, pronto lo sabremos, pues lo más seguro es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga que pronunciarse en uno u otro sentido antes de que termine el año.

EN CORTO

No estaría mal que en el marco de la Primera Semana de Transparencia Municipal que impulsa el ayuntamiento de Puebla, con la colaboración del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la UAP, la UPAEP, la Ibero y el Tecnológico de Monterrey, el coordinador general del Organismo Operador del Servicio de Limpia, Héctor Sulaimán Safi, explique algunas compras y asignaciones al margen de la Ley de Adquisiciones.

Por ejemplo, la compra sin licitación de por medio de cuatro barredoras Karcher por 1 millón 800 mil pesos; la adjudicación directa de los seguros del parque vehicular del Organismo Operador del Servicio de Limpia por un monto de 800 mil pesos, y la adquisición –también sin licitación– de 4 millones de pesos de 4 mil papeleras urbanas a la empresa Plastic Omnium Sistemas Urbanos S.A.

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La Primera Semana de la Transparencia arrancará este lunes a las 11 horas en el Salón Barroco de la UAP con la participación de Alonso Lujambio Irazábal, comisionado presidente del IFAI y Benjamín Guillermo Hill Mayoral, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal.

En la ceremonia de inauguración también harán uso de la palabra el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez y la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz.

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El pasado 12 de agosto la Junta de Gobierno de la UPAEP aprobó el arribo de nuevos personajes a la institución. Se trata de Víctor Manuel Ramírez Valenzuela, ex secretario de Educación Pública de Guanajuato durante el gobierno de Juan Carlos Romero Hicks y de Heliodoro Fraile García, ex director de Productividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el gobierno foxista.

Ambos personajes serán claves en el futuro de la UPAEP, pues serán los encargados de reencauzar a esta institución a sus orígenes católicos y yunquistas, lo que seguramente los meterá en algunas confrontaciones con el grupo que hoy controla la rectoría y los principales cargos directivos de la Universidad: entiéndase Alfredo Miranda López, Javier Cabanas Gancedo, Miguel Ángel Garijo Ureta, Mónica Liliana Cortiglia Bosch, Agustín Landa García Téllez, Gonzalo Gómez Collado y Pablo Nuño de la Parra, conocidos como “Los Divinos”.

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El ex secretario de Administración Urbana en la administración municipal de Luis Paredes Moctezuma, Agustín Flores Cuadra, acaba de ganar un juicio de casi cuatro años, por la inhabilitación y sanciones que le impusieron por el famoso árbol de navidad que se construyó en lo que fue la Torre del Milenio.

Trascendió que Flores Cuadra llevó su caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que fue ahí donde le dieron la razón, por lo que ahora las autoridades que lo sancionaron tendrán que limpiarle su expediente como servidor público y restituirle la suma con la que fue sancionado.

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La corriente perredista denominada Nueva Izquierda cobrará un nuevo impulso en Puebla con el arribo al Congreso de la Unión de Jesús Morales Manzo, quien ocupará la curul que dejó vacante un diputado federal por Guerrero.

Morales Manzo ocupará, además, el lugar que tenía su compañero de partido en la Comisión de Hacienda que, por cierto, preside otro poblano: Jorge Estefan Chidiac.

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Y hasta la próxima.

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