LA CORTE DE LOS MILAGROS

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Odiosas comparaciones

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Cuando el Parque del Arte estaba bajo custodia del Patronato Puebla Verde, el gobierno melquiadista y esta asociación civil invirtieron 7.5 millones de pesos, de 2003, para la construcción de tres lagos artificiales con membrana, la siembra de 5 mil retoños, la construcción de una pista de un kilómetro, la habilitación de otra de una milla (1.6 kilómetros), la construcción de sanitarios para hombres y para mujeres, y una caseta de vigilancia.
Estas obras se realizaron entre 2003 y 2004, en un lapso de ocho meses.

Ahora, cuando el Parque del Arte está bajo la custodia de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SMRN), el gobierno marinista destinará, en 2010, 12.5 millones de pesos en la construcción de una pista de tartán y una cancha de futbol de pasto sintético.

Las nuevas obras, según prometió el Ejecutivo estatal el jueves pasado, se efectuarán en cuatro meses.

Antes, el mantenimiento y conservación del Parque del Arte costaba alrededor de 70 mil pesos mensuales, cifra similar a la que Puebla Verde sigue erogando mes con mes por la Laguna de San Baltasar.

Ahora, el mantenimiento y la conservación de este espacio —que son subrogados a un tercero— cuestan alrededor de 300 mil pesos mensuales.

Antes, Puebla Verde cobraba una cuota de recuperación de 5 y 10 pesos a los niños y adultos usuarios del parque, y alquilaba algunas áreas del mismo para la realización de eventos sociales, culturales o festivales artísticos.

Hoy, la entrada al Parque del Arte es gratuita pero el inmueble se utiliza para actos político-partidistas, como el realizado miércoles 19 de mayo, a cargo de la organización priísta que preside Mario Marín Jr. —»Pazión por Puebla»—, o el que se efectuará el próximo 5 de junio, en apoyo a los candidatos de la Alianza Puebla Avanza a la gubernatura y alcaldía de la capital, Javier López Zavala y Mario Montero Serrano respectivamente.

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Más allá de la parafernalia que envuelve este tipo de actos, la presentación de la propuesta de gobierno de Rafael Moreno Valle resultó un buen acto de campaña, en términos de compromiso, diagnóstico y retos.

Siempre es saludable que un político se ponga metas, pero más si éstas se pueden evaluar y cuantificar, cosa que hizo este lunes por la tarde-noche el candidato de la coalición opositora Compromiso por Puebla.

Sinceramente no creo que Moreno Valle llegue a renunciar a la gubernatura si no cumple los objetivos que firmó ante notario público, pero me resultó satisfactorio que el candidato a la gubernatura hiciera compromisos concretos y medibles en las áreas de transparencia y buen gobierno, competitividad, impartición de justicia, inversión extranjera directa y cobertura de salud.

También me pareció acertado que los indicadores para evaluar su desempeño provengan de instituciones serias y reconocidas, como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Transparencia Mexicana, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), el INEGI, el reporte Doing Businness, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

Ahora habrá que esperar que el candidato de la Alianza Puebla Avanza, Javier López Zavala, haga lo propio.

Si eso ocurre, la campaña y la contienda electoral habrán valido la pena.

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Simón dice:

«Perder el dinero es a menudo un delito; adquirirlo por malas artes es aún peor, y malgastarlo es lo peor de todo.»

John Ruskin (1819-1900) Crítico y escritor británico.

 

 

Blas Villegas, político en desgracia

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De un momento a otro, Blas Villegas Lara podría dejar la dirección de la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del ayuntamiento de Puebla, ser inhabilitado del servicio público y sujeto a un proceso administrativo por desvío de recursos públicos federales.

Y no porque su jefa, la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz, vaya a ceder a las presiones de la regidora panista Marisa Ortiz Mantilla; ni por su distanciamiento con quien fuera su protector en el pasado reciente, el secretario de Obras Públicas del gobierno del estado, Javier García Ramírez; tampoco porque haya sido incapaz de regular y controlar a las empresas propietarias de anuncios espectaculares, que en esta coyuntura electoral han hecho su agosto.

Para nada. Su renuncia en realidad está relacionada con una investigación que le sigue la Secretaría de la Función Pública por desvío de recursos federales, siendo director general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (Ceaspue), durante la gestión de Mario Marín Torres.

De acuerdo con fuentes confiables cercanas al caso, Blas Villegas —en complicidad con algunos funcionarios de la dependencia, como el actual director de Planeación, Alejandro Pérez Morales, y el director Administrativo, Sergio Aguilar de Llanohabría simulado la ejecución de obra pública (plantas de tratamiento) en algunos municipios de la entidad.

Este martes, personal de la Contraloría del estado, que coadyuva en la investigación de la Secretaría de la Función Pública, se apersonó en las oficinas de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento para ultimar algunos detalles del reporte de auditoría.

Trascendió que el monto del desvío asciende a los ocho millones de pesos y que la mayor irregularidad estriba en la simulación de algunas obras en los municipios de San Martín Texmelucan, Izúcar de Matamoros, Teziutlán y Zacatlán, mismas que se pagaron como nuevas, aunque ya estaban realizadas.

Blas Villegas se desempeña actualmente como titular de la Agencia de Protección al Medio Ambiente, cargo que podría dejar en cualquier momento.

Alejandro Pérez Morales funge como director de Planeación de la Ceaspue, aunque al comienzo del gobierno marinista fue nombrado director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, de la que salió por malos manejos, situación que se repitió más adelante en el Instituto de Asistencia Pública del estado de Puebla (IAPEP), durante la gestión de José Garmilla Herrera, quien lo nombró subdirector de Administración de Negocios.

Sergio Aguilar, quien hasta hoy despacha como director Administrativo de la Ceaspue, fue funcionario de la Secretaría de Educación Pública del estado.

Como se verá, puras finas personas.

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Otro funcionario estatal que también está siendo auditado por parte de la Secretaría de la Función Pública es el secretario de Salud, José Alfredo Arango García.

Hasta donde se sabe, los auditores han centrado su análisis en los recursos otorgados por la Federación al estado, a través del llamado Seguro Popular, y con los cuales se habrían adquirido mobiliario, equipo e instrumental médico, así como material de curación, ropa hospitalaria y medicamentos a sobreprecio.

La auditoría es sobre el ejercicio presupuestal del 2009, con énfasis en los últimos meses de ese año, que es cuando Arango fue nombrado secretario de Salud —en sustitución de Antonio Marín y López— y cuando la Federación liberó la mayor parte de los fondos del Seguro Popular.

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A quien todavía no le cae la Secretaría de la Función Pública, ni el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Migración (INM), es a la delegada estatal de este organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, Rocío Sánchez de la Vega Escalante.

Y es que hace 15 días se le escapó de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración un colombiano, hecho que ha pretendido ocultarse a la opinión pública para no afectar la imagen de la joven funcionaria federal panista.

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Simón dice:

«Cuando llega la desgracia, nunca viene sola, sino a batallones.»

William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico.

Tendrá Pérez Salazar comparecencia morbosa

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Diputados del PRI y el PAN le preparan celada
Deloya se promociona con recursos públicos

No son pocos los diputados locales del PRI y el PAN que este martes acudirán a la sede del Poder Legislativo —con más morbo político que interés por aclarar algún tema de política económicaa la comparecencia del secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Gerardo María Pérez Salazar.

El morbo de los legisladores radica en que Pérez Salazar acudirá al Congreso no sólo en su condición de tesorero y administrador del gobierno marinista, sino como aspirante del PRI a la presidencia municipal de Puebla.

Incluso, se asegura que por esta circunstancia, el secretario de Finanzas aceptó el reto de la bancada del PAN, para explicar de cara a los diputados qué obras, programas y acciones se verán afectados por recortes presupuestales.

Según esta hipótesis, Pérez Salazar aprovechará su comparecencia para criticar, como lo ha venido haciendo en algunas entrevistas radiofónicas, los errores de política económica del gobierno federal, que fue incapaz de prever la crisis en que se encuentra inmerso el país por la recesión en los Estados Unidos, la caída en los precios internacionales del petróleo, el encarecimiento del dólar y el estancamiento del aparato productivo nacional.

En pocas palabras: el funcionario utilizaría el foro de la Cámara de Diputados para criticar los yerros del presidente Felipe Calderón y sus funcionarios en la crisis económica, en el manejo de la epidemia de la influenza, y en sus proyecciones macroeconómicas en materia de empleo, inversión, inflación y crecimiento del PIB.

Frente a tal escenario, los diputados panistas tienen previsto el contra ataque con dos temas: uno es la opacidad del gobierno del estado en temas como la aplicación de los recursos del 2% del Impuesto sobre Nóminas, vía el Consejo para el Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios; el destino del Fondo de Desarrollo Metropolitano, y las participaciones y transferencias de fondos del Ramo 28 a los municipios de la entidad.

Un segundo tema está relacionado con el estacionamiento de la Secretaría de Finanzas que tuvo un costo superior a los 107 millones de pesos, provenientes de los excedentes petroleros.

La crítica del PAN para descarrillar a Pérez Salazar se centrará en los siguientes puntos: por qué dicha obra no se licitó; por qué la empresa beneficiada —Unión Presforzadora SA de CVno lo terminó el 31 de diciembre de 2006; por qué si las obras se concluyeron hasta el 15 de agosto de 2007, el estacionamiento se inauguró hasta el 9 de octubre de ese mismo año, y por qué después de inaugurado, por parte del gobernador Mario Marín, éste sigue sin abrirse al público.  

Muchas son las interrogantes: ¿fallas estructurales?, ¿vicios ocultos?, ¿concesión amañada?

Ahora entiende por qué le digo que la comparecencia del secretario de Finanzas es esperada con morbo, por no pocos diputados del PRI y el PAN que también aspiran a gobernar la capital del estado.

EN CORTO
Un funcionario que se promociona para la presidencia municipal de Puebla con el permiso de su jefe, el gobernador Mario Marín Torres, pero sin cuidar mucho las formas, es el secretario particular de aquel, Guillermo Deloya Cobián.

El sábado, por ejemplo, encabezó como presidente de la fundación que lleva el nombre de su padre, Urbano Deloya, la inauguración de un par de canchas de basquetbol y fútbol rápido en el barrio de San Antonio, acto al que acudieron Édgar Chumacero Hernández, director del Instituto Municipal del Deporte, y Juan Carlos Morales Páez, director de la Agencia de Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de Puebla.

Otros invitados al acto, pero que brillaron por su ausencia, fueron los periodistas Jesús Manuel Hernández López y Enrique Montero Ponce, así como los candidatos a diputados federales del PRI por los distritos 9 y 11 de Puebla, Blanca Estela Jiménez Hernández y Juan Carlos Natale, respectivamente.

Sin embargo, ello no fue obstáculo para que la señora María Elba Cristina Gómez Flores, vecina del barrio de San Antonio, lo saludara y hasta agradeciera su presencia, en el discurso que previo al inicio del acto recibió del staff de Guillermo Deloya.

El problema de ese acto político-partidista de la Fundación Urbano Deloya es que éste se planeó y se llevó a cabo con recursos del área de la Coordinación de Giras del Ejecutivo Estatal, que facilitó el sonido, las sillas, las lonas y hasta el maestro de ceremonias.

¿O no?

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Aunque mucho se especuló que Domingo Olmos Vela había sido despedido por el lapsus brutus en que incurrió el jueves, al presentar al rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como el doctor Enrique Doger Guerrero, la verdad es que su error sólo quedó en un fuerte regaño.

La pifia provocó la molestia del rector Enrique Agüera Ibáñez, pero no al grado de ordenar el cese de Domingo Olmos, quien como maestro de ceremonias de la BUAP lleva casi tres lustros.

El error de Domingo Olmos es consecuencia de la costumbre, pues a Enrique Doger siempre lo presentaba como doctor y a Enrique Agüera como maestro, cuestión que hace algunas semanas cambió cuando el actual rector de la BUAP se graduó como doctor en Administración Pública por el IAP.

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El sábado por la noche varios políticos se dieron cita en el restaurante La Route des Vins de La Paz, y no porque hubiesen sido convocados a un debate o acontecimiento social.

Sólo en la terraza de ese restaurante de cocina francesa estuvieron, en un espacio de menos de 20 metros cuadrados, Roberto Hochstrasser García, candidato del PAN por el distrito 7 de Tepeaca; Juan Carlos Natale López, candidato de la coalición PRI-PVEM por el distrito 11 de Puebla; y los abogados Juan Pablo Piña Kurczyn y Fernando Castillo Pacheco, estos últimos acompañados de dos guapas mujeres.

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Simón dice:

“Es bonito tener dinero y cosas que puede comprar el dinero, pero también es bonito tener las cosas que el dinero no puede comprar”.
George Horace Lorimer (1867-1937) Editor americano de la revista The Saturday Evening Post.

El clan de los Sánchez Nava, juez y parte

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¿Nepotismo en órganos fiscalizadores?
Contraloría y Orfise, conflicto de interés

Un personaje de bajo perfil, pero muy influyente entre los administradores públicos del gobierno marinista y las instancias encargadas del control y la fiscalización de los recursos, es José Armando Sánchez Nava.

Su nombre quizás no le diga mucho, pero se trata del director administrativo del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado (Orfise), que es la dependencia de mayor rango en la entidad en materia de auditoría y fiscalización de recursos públicos, detección y prevención de desviaciones, y la encargada de corregir y sancionar a funcionarios ineficientes o deshonestos.

La influencia de Sánchez Nava radica, como ya se indicó, en los estrechos vínculos que mantiene con directores de Administración de varias dependencias, cuyas cuentas públicas son revisadas por el Orfise, y en el poder que ejerce sobre el personal de auditoría interna y los auditores externos encargados de dictaminar las cuentas públicas de ayuntamientos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como de paraestatales, paramunicipales y organismos operadores de agua potable.

Su error —y vaya que lo es— ha sido recomendar y colocar a parientes suyos en áreas y cargos no sólo muy visibles, sino que además conllevan un innegable conflicto de interés, por la posición que tiene en el Orfise y los puestos que desempeñan sus hermanos, cuñados y demás consanguíneos.

Juzgue usted si no:

Su cuñado Raúl Egremy Palomeque es jefe del Departamento Administrativo del Instituto de Artesanías e Industrias Populares.

Su cuñada Paola Verónica Cruz Castillo es la encargada de la Dirección Administrativa del Instituto Electoral del Estado.

Su hermano José Alfredo Sánchez Nava es director administrativo del Tribunal Electoral del Estado.

Y su otro hermano, Luis Sánchez Nava, es director administrativo del Hospital General de Puebla.

Ahora si que como decía el fallecido cómico Pompín Iglesias: ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia!

INTRAMUROS
Otros personajes que también cojean del mismo pie que José Armando Sánchez Nava son el contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz y el auditor general del Orfise, Víctor Manuel Hernández Quintana.

Entre los parientes del titular de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) destacan:

Su hermano Salvador Sánchez Ruiz, quien se desempeña como auditor externo autorizado del Orfise.

Su sobrino Salvador Sánchez Martínez, quien acaba de ingresar Orfise como auditor interno.

Su hermano Alfredo Willehado Sánchez Ruiz, quien funge como director del Servicio Estatal de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Competitividad.

Y su también hermano Roberto Sánchez y Ruiz, a su cargo la Subdirección de Planeación del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos.

Por lo que hace al auditor general del Orfise, su lista de parientes es más bien reducida, no así los conflictos de interés en que se encuentra inmerso en función de su cargo y sus subordinados.

Y es que su hijo Pául Hernández Argüelles es el contralor municipal de San Andrés Cholula; su secretario particular, Andrés Morales Hernández, es socio de un despacho de contadores — Grupo Caballero— dedicado a la asesoría de presidentes municipales; su pareja Araceli Ratoni Hernández en su asesora jurídica, y la hermana de su pareja, María del Rosario Olga Ratoni Hernández, su secretaria privada.

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