El lunes pasado se publicó en El Sol de Puebla e Intolerancia un desplegado de apoyo a Mario Montero Serrano como candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Puebla.

La inserción fue pagada por el presidente del Instituto Político Empresarial del PRI, Rafael Moreno Valle Buitrón, y en ella se expresa que los empresarios de esta organización respaldan a Mario Montero porque lo ven como el hombre indicado para hacer de la capital una ciudad donde imperen la legalidad, el desarrollo productivo y el bienestar social.

El desplegado no tendría nada de particular si no fuera porque algunos pequeños detalles hacen pensar que muchos de los empresarios firmantes ni siquiera fueron consultados sobre su contenido y, en algunos casos, esto era prácticamente imposible a no ser que se hubiera recurrido a un médium.

Y es que entre los hombres de negocios firmantes figuran José Gabriel Jazbek y José Alberto Bello de la Cruz, ambos ya fallecidos.

Otra de las firmantes, paradójicamente, es la directora general de Africam Safari, Amy Camacho Wardle, quien en este proceso electoral ha dejado muy claro que sus simpatías no están con el PRI ni con Mario Montero, sino con los partidos, candidatos y dirigentes de la coalición opositora antimarinista Compromiso por Puebla.

El nombre de Amy Camacho aparece en las líneas 3 y 4 de la primera columna; el de José Gabriel Jazbek, quien falleció hace cuatro años, en la línea 30 de la misma columna; y el de José Alberto Bello en la línea 27 de la segunda columna.

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Entre los dirigentes del Partido Acción Nacional crecen las sospechas de que Rafael Moreno Valle Rosas no está siendo muy leal con ellos ni con la organización de El Yunque.

La evidencia más clara se dio antes de y durante la reunión efectuada el martes por la noche en las oficinas particulares del dirigente estatal del PRD, Miguel Ángel de la Rosa Esparza, en la colonia La Paz.

Ahí, como ya ha trascendido, se suscitó una fuerte discusión entre el perredista y el secretario de Elecciones del PAN, Luis Enrique Palacios Martínez, acerca de la supuesta militancia yunquista de los precandidatos panistas a la presidencia municipal de Puebla, su bajo potencial de voto, y por la insistencia de que Enrique Doger Guerrero sea el candidato de la coalición opositora a la alcaldía capitalina.

Lo que pocos saben es que antes de esa junta, Moreno Valle y el dirigente perredista se reunieron en privado. Y cuando De la Rosa atacó a los precandidatos del PAN a la alcaldía –acusándolos de pertenecer a El Yunque y de no ganar una elección ni en su familia—, el candidato de la coalición opositora a la gubernatura, lejos de defenderlos, sólo se levantó y se retiró del lugar.

Otro detalle poco conocido es que en la reunión del martes por la noche no sólo estuvieron los dirigentes de los partidos integrantes de la coalición Compromiso por Puebla, sino también los secretarios de las secciones 23 y 51 del SNTE.

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El lunes o martes de la próxima semana los diputados locales del PAN presentarán una denuncia en contra del destituido integrante de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) del estado de Puebla, Antonio Juárez Acevedo, por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Dicho el delito se configura, según los asesores del PAN, porque Juárez Acevedo se desempeñó como comisionado en la CAIP a sabiendas de que no reunía los requisitos para ejercer tal cargo.

Lo paradójico de la denuncia es que ésta fue elaborada por Fernando Urbano Castillo Pacheco, antes de que éste fuera invitado por el equipo del coordinador de campaña de Javier López Zavala, Jesús Morales Flores, a participar en la asesoría jurídica del abanderado priísta a la gubernatura de la entidad.

Si quiere usted abundar sobre los detalles de la demanda que presentarán los legisladores panistas cheque aquí el siguiente borrador.

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Simón dice:

«La vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos.» Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano.

Si le dijera que la consultora electoral Gisela Rubach Lueters, coordinadora desde hace once años del diplomado en mercadotecnia política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), es una férrea crítica de la alianza que el PAN y el PRD han decidido realizar en algunas entidades del país, Puebla incluida, para detener el avance del PRI de cara a los comicios presidenciales del 2012, quizás no le diga mucho.

Si le dijera además que la directora de la firma Consultores y Marketing Político SC ha escrito en su facebook que el matrimonio PAN-PRD ya jodió la reforma política enviada por el presidente Felipe Calderón a la Cámara de Diputados, al grado que a partir de febrero no habrá acuerdos en el Congreso, ni reformas trascendentes, salvo aquellas que el PRI imponga con su mayoría, quizás siga sin decirle mucho.

Y si también le dijera que Gisela Rubach está convencida que la boda PAN-PRD sólo provocará que el PRI se despache con la cuchara grande en el Congreso de la Unión y en las elecciones federales de este año, seguramente tampoco le diré mucho.

Pero de lo que sí estoy seguro que será de su interés, y que mucho le dirá sobre el futuro de la coalición PAN-PRD en Puebla, es que la licenciada y maestra en Administración por el ITAM Gisela Rubach Lueters, es una de las consultoras de cabecera del precandidato del PAN a la gubernatura de la entidad, Rafael Moreno Valle Rosas.

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Este martes, el maestro Miguel Ángel Rodríguez participará, con la representación del Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE), en un importante foro educativo, que congrega a especialistas en educación indígena de distintas universidades y organizaciones no gubernamentales del país, en torno al relator del derecho a la educación de la Organización de las Naciones Unidas. 

Durante el foro, que se efectuará los días 9, 10 y 17 de febrero en el Auditorio «Ricardo Pozas Horcasitas» de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Miguel Ángel Rodríguez y Sandra Aguilera Arriaga serán los encargados de analizar, ante el relator de la ONU, la calidad y vigencia del derecho a la educación básica en México para estudiantes indígenas y migrantes.

Lo paradójico de la situación es que el elegido para hablar ante la comitiva de la ONU de la situación de los niños y jóvenes indígenas de nuestro país, fue cesado hace ocho meses de la Universidad Pedagógica Nacional plantel Puebla (UPN) por el secretario de Educación Pública del estado, Darío Carmona García.

Darío Carmona comparece este martes —por cierto— ante los diputados de la LVII Legislatura del Congreso del estado, para hacer la glosa del 5º año de gobierno de la administración marinista en cuestiones de educativas.

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A continuación le presento un extracto de lo que serán los argumentos jurídicos de Javier López Zavala y los diputados locales priístas, para posponer hasta el año entrante la cancelación del impuesto sobre tenencia vehicular, tema que desde hace una semana mantiene en debate a los precandidatos del PRI y el PAN a la gubernatura de Puebla.

El texto fue elaborado por director del despacho Ibarra, Castillo y Santander Abogados S.C., Fernando Urbano Castillo Pacheco, a solicitud de Miguel Quiroz Corte, operador del coordinador general de la campaña zavalista, Jesús Morales Flores.

Aquí el extracto:

«Debemos de establecer en un primer término que el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos es un impuesto FEDERAL, creado por una ley surgida del Congreso de la Unión, que en 2007 fue abrogada pero surtiendo efectos hasta el día uno de enero del año dos mil doce, concediéndosele a las legislaturas de los estados la facultad de legislar en lo relativo a este impuesto.

«Es increíble que el actual precandidato de Acción Nacional cuando aún era senador de la república y le correspondió votar respecto al dictamen, aprobara que dicha derogación fuera a partir del último año de la gestión calderonista y no en el 2010 como ahora lo propone. Es decir, como legislador no dio muestras de apoyo, ni hizo manifestación alguna que impulsara que el impuesto federal fuera eliminado a partir de este 2010, con lo que su manifestación es únicamente con la intención de posicionarse electoralmente con lo que como legislador y cuando tuvo la oportunidad no se manifestó como lo hace ahora.

«Las leyes fiscales, se rigen por el principio de anualidad, esto es así, porque nuestros ordenamientos legales y constitucionales, establecen la obligación de que en determinadas fechas de noviembre o diciembre, según sea el caso, los órganos legislativos deberán de aprobar las leyes de ingresos de los estados o de la federación, en las que se deberán de establecer las contribuciones que se cobraran en el año siguiente.

«Estas leyes son anuales y si bien es posible el realizar modificaciones en el transcurso del año, no debemos olvidar que de los ingresos percibidos es como se elaboran las leyes de egresos y de ahí que se determinen los mecanismos de aplicación de los recursos captados.

«El señor Senador con licencia en su afán de alcanzar un posicionamiento electoral, pretende legislar en los medios y publicita una propuesta incompleta ya que no ha dicho que los ingresos que se espera captar por esta contribución se encuentran ya programados para su gasto, lo que implica necesariamente que dejar de percibir estos ingresos obligaría a recortar los recursos de algún programa social. Existe un principio en materia de leyes tributarias que es el principio de unidad, puesto la Ley de egresos del Estado contempla el gasto a realizarse de acuerdo a los ingresos que se perciben por diversos conceptos, entre ellos el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.

«El señor senador con licencia se confunde y trata de confundir a los poblanos, el impuesto es federal y desde el día uno de enero de dos mil doce dejará de existir, lo que se hizo en Querétaro es legislar el impuesto a nivel estatal y con eso dejar de aplicarse la norma federal. Hasta el momento en que entre en vigor la legislación local que se pudiera realizar, en ese momento se suspendería la aplicación de la ley federal, por lo que en términos muy sencillos podemos decir que la devolución del impuesto pagado que propone el senador con licencia la tendría que hacer la federación, porque se reitera que es un impuesto federal. Moreno Valle Rosas o bien desconoce de leyes que el mismo votó, lo que representaría la poca dedicación a su trabajo legislativo o tal vez solo quiere ocultar la verdad a la sociedad. Las verdades a medias, son mentiras completas.

«El senador con licencia dio a entender que la mayoría de los legisladores del PRI deben sumarse a su propuesta de eliminar la tenencia vehicular como una muestra de voluntad política. En el fondo, el senador con licencia pretende delegar la responsabilidad a un partido opositor al suyo no solo forzando la aprobación de una ley al vapor sino que pretende que la legislatura local viole la constitución, invada atribuciones del congreso federal, porque solo de violando la ley se podría reintegrar el importe de las tenencias ya pagadas. Esto evidencia el total desconocimiento de Rafael Moreno Valle Rosas de las leyes de coordinación fiscal, de las leyes de ingresos y egresos y sobre todo del sistema federalista, lo cual es grave si consideramos que como secretario de finanzas del Estado y como legislador local y federal era el eje central de su trabajo».

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Simón dice:

«Tres clases hay de ignorancia: no saber lo que debiera saberse, saber mal lo que se sabe, y saber lo que no debiera saberse.

François de la Rochefoucauld (1613-1680). Escritor francés.

Si el Congreso del estado se pone abusado y actúa con prontitud, Antonio Juárez Acevedo podría ser echado de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) entre este miércoles y jueves.

Y es que al todavía comisionado de la CAIP se le olvidó solicitar en el juicio de garantías que promovió ante el Juzgado Séptimo de Distrito la suspensión del acto reclamado, es decir, la remoción que la LVII Legislatura local aprobó en su contra.

Pero si por el contrario, el Congreso se demora y deja correr los días, lo más seguro es que Juárez Acevedo se percate de su error y pida de inmediato que el juez ordene la suspensión de su destitución, en tanto se resuelve de fondo el amparo.

Los anteriores razonamientos, debo aclarar, no son míos sino de un despacho de abogados que brinda asesoría a la LVII Legislatura, y en particular al coordinador de Apoyo Parlamentario e Informática Legislativa, Gilberto Navarro Jiménez.

Dicho bufete se denomina Ibarra, Castillo y Santander Abogados S.C., y tiene entre sus integrantes al polémico Fernando Urbano Castillo Pacheco, quien antes, por petición del notario público José Bustos Jiménez, ofreció su asesoría al hoy defenestrado comisionado de la CAIP.

En un escrito de cuatro páginas, Fernando Castillo enfatiza que el Congreso debe actuar con prontitud, enviándole al presidente de la CAIP un oficio donde además de prohibirle a Juárez Acevedo el acceso a las instalaciones de la Comisión, se le retire el equipo físico, técnico, así como cualquier otro recurso material y humano que esté a su servicio dentro del organismo.

Para consultar con más detalle las recomendaciones de Ibarra, Castillo y Santander Abogados S.C. al coordinador de Apoyo Parlamentario del Congreso haga clic en los siguientes documentos.

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Este lunes y martes corrió como reguero de pólvora la versión de que Guillermo Nares Rodríguez había renunciado o solicitado licencia como director de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, con el propósito de participar en las próximas elecciones para rector en la institución.

En breve entrevista, Nares Rodríguez me dijo que la especie era falsa, pero que está en espera de una reunión de trabajo con el rector Enrique Agüera Ibáñez después de la cual definirá si busca su reelección como director de la facultad de Derecho u opta por pedir licencia para estar de condiciones de contender por la rectoría de la BUAP.

Nares explicó que la versión a él también le llegó y que ésta puede tener su origen en una serie de licencias que el jueves se conocieron en el Consejo de Unidad de la facultad de Derecho por parte de profesores que solicitaron licencia para hacer una estadía en el extranjero o por superación académica.

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Simón dice:

“La ingratitud es hija de la soberbia”.
Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) Escritor español.

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Será a mediados de la próxima semana cuando Josefina Buxadé Castelán y sus abogados –entre los que no figura Fernando Urbano Castillo Pacheco— promuevan un amparo contra la decisión del Congreso del estado de nombrar a Blanca Lilia Ibarra Cadena como comisionada propietaria de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP).

Dicho amparo, a decir de la propia Josefina Buxadé, no tiene el propósito de echar abajo la designación de la ex titular de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, para que ella ocupe su lugar, sino sentar un precedente para que el Poder Legislativo se abstenga de elegir a comisionados que legalmente están impedidos para ocupar el cargo.

La ex comisionada fundadora de la CAIP dijo que por tal razón no pedirá en su amparo la suspensión del nombramiento de Blanca Lilia Ibarra, sino que se revise el procedimiento y se emita una nueva convocatoria, ya que tanto aquella como su suplente Alexandra Herrera Corona incumplen con los requisitos establecidos en la fracción VI del artículo 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado.

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Otro que también ya prepara su amparo contra la decisión unánime del Congreso del estado de revolcarle el nombramiento y destituirlo como presidente de CAIP, es Antonio Juárez Acevedo.

Este, a diferencia de Buxadé, sí solicitará antes de que concluya el año la suspensión del resolutivo aprobado el lunes pasado por la LVII Legislatura local.

Si esta solicitud procediera, los diputados locales estarían metidos en brete, pues por un lado tendrían como presidente de la CAIP a un personaje deslegitimado y sin autoridad moral, y a una comisionada impugnada por incumplir a cabalidad los requisitos que se exigen a los aspirantes a formar parte del órgano garante de la transparencia en la administración pública estatal.

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El teziuteco Jorge Carlos Juraidini Rumilla, quien se desempeñaba como director de Adquisiciones de la Secretaría de Gobernación, fue separado del puesto y está sujeto a investigación, junto con otros funcionarios a su cargo y de la dependencia, por el accidente aéreo en que perdió la vida Juan Camilo Mouriño Terrazo, el pasado 4 de noviembre.

Carlos Juraidini es hijo del empresario y ex presidente municipal de Teziutlán, Miguel Juraidini Kuri y de la señora Petruca Rumilla Fayad.

Antes de incorporarse a la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Gobernación, Carlos Juraidini trabajó en Canadá como miembro del Servicio Exterior y más tarde como asesor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), donde conoció a Elba Esther Gordillo, quien lo recomendó para trabajar en el gobierno calderonista.

En las investigaciones que se realizan en torno al accidente del Lear Jet 45 en que perdió la vida Juan Camilo Mouriño, el titular de la Dirección de Adquisiciones de Gobernación aparece como uno de los responsables de la compra de la aeronave de segunda mano, y de la contratación de los pilotos sin experiencia, así como de su deficiente capacitación y entrenamiento para pilotear la nave del ex número 2 del gobierno federal.

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Apunte usted el nombre del director de Planeación de la Coordinación de Políticas Públicas del ayuntamiento de Puebla, Octavio Castilla Kuri, como uno de los prospectos con más posibilidades para suceder el año entrante a Isidro Honorio Ojeda Lara en la presidencia del Colegio de Economistas de Puebla.

Octavio Castilla fue secretario particular del ex presidente del Colegio de Economistas, José Alarcón Hernández, en la dirigencia del PRI, y subdirector de la Promotora Universitaria de la BUAP en el rectorado de Enrique Agüera Ibáñez.

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En el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), el Partido Acción Nacional dejó de ser oposición, y no porque ahora lleve la voz cantante o tenga como aliados a la mayoría de los nueve consejeros, sino porque su nuevo representante, Miguel Méndez Gutiérrez, ni siquiera se aparece, salvo para cobrar su compensación de 15 mil pesos mensuales.

El que a veces asiste, pero sólo para bailar al son que le toca el presidente del IEE, Jorge Sánchez Morales, es el suplente de aquel, Óscar Pérez Córdoba Amador.

Con la salida de Rafael Guzmán Hernández como representante del PAN ante el Consejo General del IEE, el dirigente estatal del blanquiazul, Rafael Micalco Méndez, mató dos pájaros de un tiro, pues por un lado se deshizo de un personaje incómodo, “que se iba por la libre”, según sus propias palabras y,  por otro, quedó bien con el consejero presidente del Instituto.

Y es que éste no sólo le había expresado su malestar por las posiciones de Rafael Guzmán en las mesas de trabajo y sesiones del Consejo General del IEE, sino que en más de una ocasión le sugirió cambiarlo por otro panista de más nivel.

Sólo que en esto último se equivocó, pues ni Miguel Méndez, ni Antonio Juárez AcevedioÓscar Pérez tienen las tablas, ni el conocimiento de Rafael Guzmán, y la mejor prueba de ello es que éstos ni siquiera intervienen en las mesas de trabajo, como en la del pasado martes, donde el consejero presidente fue nuevamente exhibido como mentiroso y corrupto.

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Una de las causas que explican por qué el ilegítimo presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del estado, Antonio Juárez Acevedo, ha logrado mantenerse en el cargo a pesar del escándalo que lo envuelve desde hace más de un año, cuando quedó al descubierto su pertenencia como miembro de la directiva de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro, son los influyentes personajes que en la sombra han abogado por él, a saber:

El secretario de Comunicaciones y Transportes del estado, Valentín Meneses Rojas, compadre de Nicandro Juárez Torres, padre de Antonio Juárez Acevedo.

El excelentísimo, reverentísimo y amadísimo arzobispo de Puebla, Rosendo Huesca Pacheco, quien a veces suele estar más preocupado por los asuntos del César que de Dios.

El notario público José Bustos Jiménez, quien incluso buscó la asesoría del especialista en amparo, Fernando Urbano Castillo Pacheco, para echar abajo el procedimiento que la Comisión de Gobernación del Congreso del estado le inició al presidente de la CAIP para removerlo y destituirlo del cargo.

El director académico de la Escuela Libre de Derecho, Gerardo Tejeda Foncerrada, institución de la que es socio, junto los notarios José Bustos, ya citado líneas arriba, Antonio Oropeza Hernández y Enrique Ramírez Calva.

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