Los mensajes del PRI nacional al gobernador Moreno Valle

Fernando Morales prevé represalias contra los marinistas

Más allá de quienes finalmente sean los candidatos a diputados federales del PAN y el PRI en la entidad, las posibilidades de que las elecciones del primer domingo de junio terminen resolviéndose en un pacto cupular entre el gobernador Rafael Moreno Valle y la dirigencia nacional del tricolor son cada vez más remotas.

Al menos al mandatario estatal ya le han enviado algunas señales en las que claramente le han manifestado que los candidatos del PRI los va a decidir el PRI, a conveniencia del PRI, e incluso al margen de los priístas locales.

Entre estos mensajes habría que destacar la probable nominación de Ana Teresa Aranda como candidata externa de la coalición PRI-PVEM, a iniciativa del presidente del CEN priísta César Camacho Quiroz y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a pesar de la oposición de algunos cuadros locales, como José Chedraui Budib, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en la capital del estado, que han censurado su virtual postulación.

La inminente decisión de eliminar de la contienda por el distrito ocho con cabecera en Ciudad Serdán a Fernando Morales Martínez, dejando esa posición a una egresada distinguida de la escuela de cuadros del PRI, Arely Ávila Reyes.

Para ningún observador político escapa el hecho de que el hijo del ex gobernador Melquiades Morales Flores es un personaje cercanísimo al actual ocupante de Casa Puebla.

La postulación de Xitlalic Ceja García por el distrito 6 de Puebla, quien no llega como una posición del ex gobernador Mario Marín Torres o del ex candidato a sucederlo en el cargo, el actual diputado federal Javier López Zavala, sino por una recomendación de la hermana del presidente de la República, Ana Cecilia Peña Nieto, a quien se vinculó en la campaña presidencial de 2012.

La cercanía de Xitlalic con la hermana consentida de Peña Nieto es tal que hace unos días la poblana fue una de las pocas invitadas al bautizo del hijo de aquella, en la Ciudad de México.

En esta demarcación es sintomático que el diputado federal Enrique Doger Guerrero se haya reservado sus críticas para Xitlalic Ceja no obstante que su grupo político ya tenía perfilado en ese distrito de nororiente de la capital del estado a por lo menos tres aspirantes: la ex regidora Sandra Montalvo Domínguez y el esposo de ésta, el ex diputado local Jorge Alfonso Ruiz Romero, y el actual jefe de asesores de la directora de la Lotería Nacional, María Esther Scherman Leaño, Javier Casique Zárate.

Otra señal del CEN del PRI al Ejecutivo estatal es la renuncia de Nancy de la Sierra Arámburo como delegada del Programa Prospera y su inscripción como precandidata a diputada federal del PRI por el distrito 3 con cabecera en Teziutlán, pese a las amenazas que tanto ella como su marido, el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, recibieron para que se mantuvieran alejados del proceso electoral.

Nancy de la Sierra fue convocada a la Secretaría de Gobernación uno o dos días antes de su registro y ahí se le indicó que se despidiera de la Delegación de Prospera ya que sería la encargada de ganar para la causa peñista el distrito 3 de Teziutlán, por el cual el gobernador Moreno Valle mandó como abanderado del PAN a su jefe de oficina, Juan Pablo Piña Kurczyn.

El único mensaje que el mandatario estatal sí comprendió desde un principio —y acusó de recibido—, cediendo prácticamente la plaza al enviado del presidente Peña Nieto y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, fue la nominación de Jorge Estefan Chidiac por el distrito 14 con cabecera en Izúcar de Matamoros. El ex director del Bansefi va como candidato único en esa demarcación de la Mixteca poblana con el propósito de obtener un triunfo contundente que lo ubique en la antesala de la Comisión de Presupuesto de la próxima Legislatura.

EN CORTO

Cuentan que el hijo del ex gobernador Melquiades Morales Flores echó ajos y cebollas en contra de su partido y de quienes, según él, influyeron para dejarlo fuera de la puja por el distrito ocho.

Dicen que Fernando Morales estaba tan molesto que cuando alguien le preguntó si dejaría el PRI, en caso de confirmarse la designación de Arely Ávila Reyes, éste no lo descartó.

Dijo también que después de la decisión del PRI de empujar la candidatura de Ana Teresa Aranda por el Partido Verde Ecologista no habría que descartar un coletazo del gobernador Rafael Moreno Valle, y que éste se tradujera en reactivar algunos procesos penales en contra del ex gobernador Mario Marín Torres y varios de los que fueron sus colaboradores en la administración pasada.

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Quizá lo más interesante de las entrevistas que Javier López Díaz y Jorge Rodríguez Corona le hicieron al presidente Enrique Peña Nieto, en el marco de su última visita a Puebla para inaugurar el Hospital del Niño Poblano, fue lo que no publicaron ambos periodistas pero que bien pudieron percibir en el Ejecutivo federal cuando le preguntaron sobre sus palabras de apoyo al gobernador Moreno Valle, las aspiraciones de éste para ser candidato presidencial en el 2018, y las versiones periodísticas que apuntan que el Ejecutivo estatal financia su precampaña a Los Pinos con algunas obras del gobierno federal.

Cuentan que al término de la segunda entrevista, cuando el presidente Peña Nieto se reencontró con el gobernador Moreno Valle, éste le dijo con cierta carga de ironía: “Dicen que me quieres sustituir”, palabras ante las cuales el mandatario no supo qué responder.

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López Zavala celebra cumpleaños con senadores y diputados

Gana posición en Puebla ADN, en perjuicio de Los Chuchos

Un nuevo funcionario de la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Luis Maldonado Venegas, acaba de integrarse a la Secretaría de Gobernación Municipal, en el ayuntamiento de Puebla. Se trata del teniente coronel en retiro José Ventura Rodríguez Verdín, quien venía desempeñándose como director general de Análisis Político en el gobierno del estado.

Se sabe que la designación de Rodríguez Verdín, que esta semana se hará oficial, tiene el propósito de reforzar una de las áreas más conflictivas del ayuntamiento de Puebla en su interacción con los dirigentes de las distintas organizaciones de vendedores ambulantes que existen en la capital.

De manera que una de sus primeras acciones será tomar el control de los departamentos de Vía Pública y de Concertación de Espacios Públicos, y comenzar a limpiar las calles del primer cuadro de la ciudad de vendedores ambulantes, tema que rebasó al anterior secretario de Gobernación Municipal, Guillermo Aréchiga Santamaría.

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Por cierto, trascendió que el nuevo secretario de Gobernación Municipal, Manuel Castañeda Rodríguez, llevará cabo esta semana una serie de cambios y enroques en varias direcciones y departamentos de la dependencia, que involucran las áreas de Asuntos Jurídicos, Desarrollo Político, Atención Vecinal y Comunitaria, y Delegaciones.

Entre los nuevos funcionarios que se integrarán a la Secretaría de Gobernación Municipal anote los nombres de César Bermúdez Oliver, y Gabriel López Rosales, a quienes se entregará la responsabilidad de las Juntas Auxiliares, área en la que el anterior secretario de Gobernación, Guillermo Aréchiga, también se llevó fuertes descalabros políticos.

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El diputado federal Javier López Zavala celebró el viernes su cumpleaños con una comida en el restaurante La Silla de la avenida Juárez, a la cual acudieron varios de sus compañeros diputados y senadores, así como ex subordinados suyos en la Secretaría de Gobernación y en la Secretaría de Desarrollo Social del estado.

Entre los invitados por el ex candidato priísta a la gubernatura de Puebla estuvieron los senadores Ricardo Urzúa Rivera y Lucero Saldaña Pérez, sus compañeros de curul en la Cámara Baja, Carlos Sánchez Romero y Enrique Doger Guerrero, y los empresarios Guillermo Pacheco Pensado y Santiago Bárcena.

También fueron invitados los delegados del gobierno federal Juan Manuel Vega Rayet, de Sedesol; René Lechuga Fosado, del Registro Agrario Nacional; e Isabel Merlo Talavera, de la Procuraduría Agraria; y los inminentes candidatos del PRI a diputados federales por los distritos 7 de Tepeaca, Alejandro Armenta Mier; 8 de Ciudad Serdán, Fernando Morales Martínez; 12 de Puebla, Víctor Giorgana Jiménez; y 14 de Izúcar de Matamoros, Jorge Estefan Chidiac.

Otro personaje que acompañó a López Zavala en su cumpleaños número 46, que se cumplió el 9 de enero, fue el diputado federal chiapaneco del PVEM, Héctor Narcia Álvarez, quien antes fue militante del PRD.

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Será finalmente el miércoles cuando el subsecretario de Gobernación federal, Luis Enrique Miranda Nava, vuelva a reunirse con los integrantes del Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla (Fosyppue), en aras de mediar en el conflicto que mantienen con la administración del gobernador Rafael Moreno Valle, a la que acusan de represora y de mantener en prisión por motivos políticos a varios activistas y dirigentes populares.

El encuentro se había programado inicialmente para el martes, pero ahora se efectuará el día siguiente, muy probablemente con la participación del titular de la Secretaría General de Gobierno de Puebla, Luis Maldonado Venegas.

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Un dato que no puede pasar inadvertido sobre el nuevo delegado enviado por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD al estado Puebla, Cipriano Gutiérrez Vázquez, es su pertenencia a la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN), de la que también son miembros el actual secretario general de la dirigencia nacional perredista, Héctor Miguel Bautista López, el senador Luis Sánchez Jiménez y la diputada federal Roxana Luna Porquillo.

El detalle no es menor, considerando que los integrantes de ADN son quienes encabezan uno de los principales movimientos opositores al gobernador del estado, Rafael Moreno Valle.

Como secretario general del CEN del PRD, Héctor Bautista, boicoteó la coalición que Los Chuchos y Moreno Valle pretendían impulsar en el actual proceso electoral federal en Puebla y otros estados del país.

El senador Luis Sánchez no sólo es uno de los críticos más duros del Ejecutivo poblano por el caso Chalchihiuapan, sino uno de los principales interlocutores del Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla (Fosyppue) con la Secretaría de Gobernación, para la liberación de presos políticos y el cese del hostigamiento en contra de dirigentes y organizaciones sociales como la 28 de Octubre, Cholula Viva y Digna, el movimiento Los de Abajo y la Coordinación Estatal por la Defensa de la Identidad de los Pueblos (Cedip).

Y Roxana Luna no sólo es diputada federal, sino la voz de varias de estas organizaciones en la Cámara de Diputados, y otros organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante los cuales el gobernador Rafael Moreno Valle ha sido acusado de autoritario y represor.

Cipriano Gutiérrez viene del Estado de México, entidad en la que fue secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, diputado local y aspirante a la presidencia municipal de Chalco.

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A Víctor Giorgana Jiménez le quedó grande la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LIX Legislatura o su percepción del desempeño del Congreso del estado es la de un mundo utópico, no del tipo del novelista y escritor británico Aldous Huxley, sino de un personaje caricaturesco como el doctor Chun-ga.

De otra manera no se entiende cómo el también coordinador de la fracción del PRI afirmó, sin ningún rubor, que en el Congreso local se legisla con autonomía e independencia de otros poderes, y se privilegia la negociación, el acuerdo, la tolerancia y la inclusión.

O en qué mundo, estado o ciudad vive —que no sea el mundo feliz del Dr. Chun-Ga— para asegurar que aquí se oyen y respetan todas las voces y que la pluralidad y el consenso son los principios democráticos que rigen el ejercicio de gobierno y el desarrollo del quehacer legislativo en la entidad.

¡Por favor!

El informe de Víctor Giorgana como presidente de la Junta de Gobierno en el primer año de funciones de la LIX Legislatura no sólo deja mal parado al Congreso local, sino a los diputados del PRI que una cosa dicen en ausencia del gobernador y otra muy diferente en su presencia.

Las omisiones fueron la constante en las 10 páginas del documento que este lunes leyó ante sus compañeros de Legislatura e invitados especiales que se dieron cita en las galerías del Poder Legislativo.

En ninguna de las 2,638 palabras de su mensaje hizo una alusión a los diputados que después de pedir el voto ciudadano y rendir protesta pidieron licencia para ser empleados del gobernador; a los excesos y prisas con que se aprobó la Ley Bala, pomposamente llamada Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla; a la inútil e ineficaz Ley para prevenir y erradicar la tortura.

Tampoco al oscuro e ininteligible esquema tarifario para el cobro de agua autorizado por la LIX Legislatura local; a la opacidad con que se designó a la nueva comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), y ya no se diga a la discrecionalidad con que se conducen la Auditoría Superior del Estado y la Comisión Inspectora para revisar y aprobar cuentas públicas.

En contraste con el zalamero discurso de Víctor Giorgana, el gobernador Rafael Moreno Valle recordó a los diputados de la LIX Legislatura local que antes, en los tiempos del PRI, los cheques de los legisladores ni siquiera se elaboraban en el Congreso local, sino en la Secretaría de Finanzas del Ejecutivo estatal.

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Este fin de semana el diputado federal por Teziutlán, Víctor Emanuel Díaz Palacios rindió su segundo informe de labores en el municipio de Zaragoza, al cual ha beneficiado con obras y gestiones por 15 millones de pesos, siendo que su presupuesto anual es de apenas 10 millones de pesos.

Al acto acudieron la senadora Blanca Alcalá Ruiz y cuatro de sus compañeros de curul en el Congreso de la Unión: Enrique Doger Guerrero, Javier López Zavala, Javier Filiberto Guevara González y José Luis Márquez Martínez.

La gran ausente fue la diputada federal y presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Ana Isabel Allende Cano, con quien parece tener enemistad o malas relaciones, pues además de que no fue ni envió representante, ha puesto como dirigentes municipales del PRI en Teziutlán y Tlatlauqui a personajes que abiertamente rivalizan con Díaz Palacios.

El que sí le envío representante a su informe del sábado fue el ejecutivo Rafael Moreno Valle en la persona de José Montiel Rodríguez, subsecretario Jurídico del gobierno del estado.

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Juan Pablo Piña Kurczyn renunció este lunes a su militancia dentro del PRI, partido en el que se desempeñaba como consejero nacional y del que fue secretario general de la Fundación Colosio.

La carta de renuncia, dirigida al presidente del CEN del PRI, César Camacho Quiroz, está fechada el viernes 12 de diciembre, pero se entregó hasta hoy por la tarde en la sede nacional priísta, así como en las oficinas del Comité Directivo Estatal.

Juan Pablo Piña intentó por distintos medios ser considerado por el PRI para una candidatura a diputado federal en las elecciones de julio de 2015, pero no se le abrieron los espacios a nivel local y nacional, por lo ante esa cerrazón tomó la decisión de abandonar el partido que llevó a su padre —Mariano Piña Olaya— a la gubernatura de Puebla.

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Hay políticos poblanos del PRI y el PAN que andan muy inquietos por el futuro político del diputado federal Manlio Fabio Beltrones Rivera, ya sea por su llegada a la dirigencia nacional del tricolor o en alguna Secretaría de Estado en el gabinete del Presidente Enrique Peña Nieto.

Manlio Fabio Beltrones es visto no sólo con preocupación por el inquilino de Casa Puebla, sino como un peligro para su proyecto y aspiraciones políticas de cara al 2018, así como por alguno de sus operadores políticos como el diputado local Eukid Castañón Herrera.

Pero también como un factor que en Puebla podría favorecer la causa de algunos aspirantes priístas que buscan ser nominados a la gubernatura en los comicios locales de 2016, entre ellos el diputado federal Enrique Doger Guerrero.

Otra que también se vería ampliamente beneficiada con el arribo del ex gobernador sonorense a la presidencia del CEN del PRI -en lugar de César Camacho Quiroz– es la actual dirigente del tricolor en la entidad, Isabel Allende Cano, toda vez que Beltrones fue su principal impulsor desde la Cámara de Diputados.

Entre los integrantes de la burbuja priísta en la LXII Legislatura la salida de Manlio Fabio Beltrones se da como inminente al grado que ya hasta se especula con los nombres de dos personajes que podrían llegar a sustituirlo en la coordinación del grupo parlamentario: Manuel Añorve Baños y Francisco Arroyo Vieyra.

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Este sábado el diputado federal Javier López Zavala estuvo de gira en Teziutlán, en donde se reunió con un grupo de priístas, entre los que se encontraba como la figura más representativa el ex diputado local Gabriel Reyes Cardoso.

A estos militantes López Zavala les hizo saber su intención de buscar por segunda vez la gubernatura de Puebla, lo que sin duda no deja de ser un sueño guajiro del oriundo de Pijijiapan, Chiapas, después del triste rol que ha jugado como comparsa de quien fuera su contrincante en los comicios de julio de 2010.

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Este fin de semana Sherlyn González y su suegro Gerardo Islas Hernández estuvieron en Acatlán de Osorio e Izúcar de Matamoros trabajando en la campaña de Gerardo Islas Maldonado por el distrito 14 de Puebla.

El dirigente estatal de Nueva Alianza pretende llegar al Congreso de la Unión como abanderado de este partido que en las elecciones federales del año entrante irá como aliado del PRI.

Y aunque su nominación se antoja como muy complicada, dada la abierta identificación de Islas Maldonado con el gobernador Rafael Moreno Valle, tampoco habría que descartarla en un escenario de acuerdos cupulares, no sólo entre el PRI y el PANAL sino entre el mandatario estatal y las dirigencias de estos partidos que, como se lo indiqué líneas arriba, irán de la mano en las elecciones federales del 2015.

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El otrora tranquilo partido Movimiento Ciudadano (MC) que por años giró en Puebla en torno al hoy presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, ya se dividió en dos bandos.

Uno lo encabeza José Juan Espinosa y tiene como principales integrantes a su papá Juan Espinosa Técuatl, a quien hace unos días se le retiró de la Tesorería del partido, a Jesús Zamora Torres y a José Mario Meza Pérez.

En el otro bloque están el resto de los seis integrantes de la Comisión Operativa de MC en el estado: el presidente del partido José Ángel Pérez García, el diputado Ignacio Alvízar Linares y el representante ante el IEE, Jorge Luis Blancarte Morales.

De estos últimos, los dos primeros mantienen, por cierto, una estrecha relación con el diputado federal priísta Enrique Doger Guerrero, pues uno fue su funcionario en el ayuntamiento de Puebla y el otro su contratista de obra pública.

Los problemas para el grupo de José Juan Espinosa comenzaron hace más o menos tres meses, cuando concluyó su gestión de tres años en la Comisión Operativa Nacional, situación que la secretaria general de Acuerdos, la ex senadora María Elena Dorantes, quiso capitalizar para quitarle el control del partido en Puebla, aliándose con los dogeristas.

Otro integrante del ala de José Juan Espinosa que hace unos días también fue relevado de la coordinación de Productores y Trabajadores que ocupaba en la dirigencia estatal es Juan Daniel Padilla González, quien fue sustituido por Guillermo Espinosa Martínez, vinculado al grupo de los dogeristas.

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Si este jueves 18 de septiembre no tiene nada que hacer por la Avenida Juárez y el centro de la ciudad, es mejor que evite estas zonas de la capital ya que serán el escenario de una marcha de 5 mil personas convocadas por la 28 de Octubre, el movimiento Los de Abajo, el Movimiento de Alternativa Social (MAS) y la Coordinadora Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP).

La marcha, que demandará la liberación de presos políticos, la restitución de los servicios del registro civil a los presidentes de las juntas auxiliares y castigo a los responsables de la violación de derechos humanos en  Chalchihuapan, saldrá de La Fuente de Los Frailes, recorrerá la avenida Juárez, para luego tomar la avenida 5 Poniente hasta llegar al Congreso del estado, y más tarde al zócalo capitalino.

En este punto los organizadores de la marcha tratarán de constituir un frente contra la represión, una de cuyas primeras acciones será exigir la libertad de los activistas opositores al Gasoducto Morelos y el Arco Poniente que conectará por las faldas del volcán la autopista México-Puebla con la autopista Puebla-Atlixco.

Los organizadores prevén que en la marcha participarán más de cinco mil manifestantes.

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Esta semana se conocerá el resolutivo de la CNDH

Actores emergentes y damnificados de la Ley Bala

Chalchihuapan es sin duda el parteaguas del sexenio morenovallista.

Independiente de las acciones que vaya a tomar el gobernador Rafael Moreno Valle después de que esta semana se conozca la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es evidente que este conflicto ha modificado la percepción de la ciudadanía de Puebla hacia el gobierno del estado y también la actuación de las autoridades.

La aplicación de la llamada Ley Bala, el desalojo de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y de otras juntas auxiliares del kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco y la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo constituyen algo más que una crisis de coyuntura para el grupo gobernante.

Antes de Chalchihuapan el morenovallismo parecía invencible, se veía avasallador y con escasísimos opositores de peso al frente, ya sea porque sus críticos habían sido vencidos, cooptados u optado –ante el riesgo de ser exterminados por completo– de replegarse y ceder la plaza en espera de mejores tiempos.

A dos meses del operativo y 50 días de la muerte del menor de Chalchihuapan, como consecuencia de un proyectil disparado por los granaderos que participaron en el desalojo, la percepción política y social del gobierno de Moreno Valle es diferente.

De entrada, en las redes sociales el juicio hacia el mandatario estatal es adverso, no sólo por el dinero que se gastó primero para ocultar el hecho y luego para contrarrestar la percepción de soberbia, autoritarismo e insensibilidad que proyectó, después de las imágenes y testimonios que dieron cuenta del uso excesivo de fuerza y del empleo de los cuerpos de seguridad y de procuración de justicia en la criminalización de la protesta social, sino por evadir su responsabilidad en el conflicto, culpar a los pobladores de la violencia y jamás condolerse de la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie.

En el terreno político y electoral, Moreno Valle ha sufrido el mayor deterioro tanto en lo que respecta a su proyecto presidencial rumbo al 2018, como en la intención de dejar sucesor en la persona de su secretario de Infraestructura, José Cabalán Macari Álvaro, y consolidar un político transexenal de aquí al 2024.

El desgaste del morenovallismo es de tal magnitud que el mandatario estatal ha tenido que incorporar o ceder posiciones a políticos ajenos a su grupo compacto (Juan Pablo Piña Kurczyn y Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz); planear el reemplazo de algunos secretarios del gabinete, aunque no inmediatamente después de que se conozca la resolución de la CNDH (Facundo Rosas Rosas y Luis Maldonado Venegas); y perfilar a nuevos secretarios para engordar la lista de aspirantes a la sucesión gubernamental de 2016 (Mario Rincón González).

Pero no sólo eso. Como resultado de la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala, es probable que la coalición amplia que el gobernador Moreno Valle construyó con el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Compromiso por Puebla, así como con Pacto Social de Integración, por la vía de las candidaturas comunes, no vuelva repetirse, al menos con todos los partidos mencionados; y que la Constitución política del estado tenga que volver a modificarse para que el próximo gobernador no sea de 22 meses sino de 4 años ocho meses, en aras de que el delfín del grupo gobernante sea el alcalde capitalino José Antonio Gali Fayad.

Otra consecuencia del caso Chalchihuapan es el resurgimiento del marinismo, con todo lo que ello implica, el rompimiento de algunos grupos y actores priístas que antes fueron aliados del morenovallismo, como el diputado federal Enrique Doger Guerrero, y el activismo de otros que quieren aprovechar la coyuntura y posicionarse en el ánimo de los votantes, léase la senadora Blanca Alcalá Ruiz o el subsecretario de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri.

A pesar de lo anterior no creo, a diferencia de otros colegas, que el proyecto presidencial de Moreno Valle y la continuidad de su grupo después del 2016 deban descartarse o desdeñarse.

Creo que ambos se complicaron, mas no que sean inviables.

Para reencausarlos, el gobernador debe cambiar de rumbo, preocuparse más por los asuntos domésticos que por la sucesión presidencial; acercarse a la ciudadanía, a sus dirigentes y organizaciones, haya o no elecciones; dejar su actitud arrogante, intolerante y hasta autoritaria hacia los medios de comunicación y actores que no comparten su política, métodos y forma de gobierno; y entender que su futuro no depende de los millones que invierta en imagen y en el duopolio televisivo, sino de la percepción y aprobación de la población que gobierna y de la transparencia de sus obras y acciones.

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El conflicto entre el diputado federal Enrique Doger Guerrero y el gobernador Rafael Moreno Valle va más allá de la sucesión gubernamental de 2016, o de un ajuste de cuentas del morenovallismo hacia su otrora aliado priísta.

Doger Guerrero ya dejó ver algunas pistas en la conferencia de prensa que este lunes ofreció para denunciar una supuesta campaña de amenazas y agresiones de operadores y emisarios del mandatario estatal en su contra.

El expresidente municipal de Puebla y exrector de la BUAP se dijo blanco de una red de espionaje político al servicio del gobernador Moreno Valle, en la que estarían involucrados personajes como Jorge Carrillo Orea, director fundador del CISEN; Joaquín Arenal Romero, exdelegado en Puebla del CISEN, y Eukid Castañón Herrrera, diputado local y excontralor del estado. 

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Algo que no dijo Enrique Doger en su conferencia, pero de lo que está muy bien enterado es de la rivalidad entre el gobernador Moreno Valle y su poderoso coordinador de fracción en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones Rivera, y de un reciente conflicto entre ambos, a propósito de las amenazas que el diputado Eukid Castañón hizo a ciertos legisladores priístas a finales de julio, luego de la conferencia que estos ofrecieron sobre el caso Chalchihuapan. http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2014/07/108055.php

Beltrones se comunicó a Casa Puebla para hacerle saber a su inquilino que no iba a permitir que uno de sus operadores amenazara a los diputados priístas de Puebla en las instalaciones del propio Poder Legislativo.

Tras el reclamo, Eukid Castañón bajó el perfil y desapareció de la escena pública, pero no del radar de Manlio Fabio y su intricada red de informadores, que ya que lo ubican como el operador político y electoral del gobernador Moreno Valle, como el responsable del espionaje y la intervención de celulares y otras telecomunicaciones y a su búnker de la colonia La Paz como su principal centro de operaciones.

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Otra cuestión que Enrique Doger conoce, y de la cual quiere sacar raja política, es la animadversión de Manlio Fabio Beltrones hacia uno de los espías políticos del gobernador Moreno Valle: el exdelegado del CISEN en Puebla, Joaquín Arenal Romero, quien regresó a la entidad del brazo del anterior secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado.

Joaquín Arenal y Ardelio Vargas se conocieron en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, fundado por el hoy asesor del gobierno del estado, Jorge Carrillo Olea, a finales del sexenio delamadridista.

Arenal laboró en el gobierno de Vicente Fox como director de Investigación del CISEN, cargo que dejó al ser descubierto interviniendo comunicaciones del exgobernador de Chihuahua, Patricio Martínez García. Luego fue designado jefe de la Oficina de Investigación Aduanera de la Administración General de Aduanas, de la que salió tras la confiscación de 207 millones de dólares al empresario mexicano de origen chino Zheli Ye Gon, producto del tráfico de efedrina y otras sustancias usadas para elaborar metanfetaminas, y en 2008 regresó al CISEN como director de Seguridad, es decir el área de contrainteligencia, desde cual se dedicó a espiar a personajes como el entonces senador Beltrones.

Algunos detalles de este último escándalo, por el cual incluso fue enviado a prisión Luis Miguel Dena Escalera, exdelegado del CISEN en Chiapas, Chihuahua, Estado de México y el Distrito Federal, se han publicado en la prensa capitalina, como el diario 24 Horas.

Joaquín Arenal es un personaje con un pasado oscuro, en cuyo expediente en poder de la PGR hay incluso antecedentes de abuso de autoridad, asentados en esta averiguación AP/PGR/TAMPS/REY-UNAM/4799/2011.

Junto con Héctor Arrona Urrea, actual director general del Centro de Análisis y Prospectiva (CAP) del gobierno del estado, Arenal es uno de los operadores del espionaje político en Puebla al servicio del gobernador Moreno Valle.

¿Ahora entiende por qué el diputado Enrique Doger centró sus acusaciones en Eukid Castañón, Joaquín Arenal y Jorge Carrillo Olea y quién lo respalda para traicionar y encarar a quienes antes lo cobijaron en el morenovallismo?

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A propósito.

De buena fuente me comentan que Enrique Doger Guerrero quería ofrecer este martes una conferencia de prensa  en la Cámara de  Diputados, para denunciar ante la prensa nacional y del Distrito Federal el robo que sufrió en sus oficinas y la persecución de que supuestamente es sujeto por parte del gobernador Rafael Moreno Valle a través de algunos de sus operadores políticos.

Sin embargo, los que mandan en el Poder Legislativo le dijeron que se aguante hasta la próxima semana, pues estos días son del Presidente Enrique Peña Nieto con motivo de su segundo informe de gobierno. Doger, muy a regañadientes, tuvo que aguantarse.

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La resolución recaerá en el procurador Carrancá y Facundo Rosas

Asaltan (¿otra vez?) las oficinas de Enrique Doger Guerrero

El próximo martes 9 de septiembre dictará conferencia en la UPAEP el dr. Jon Elster

No será esta semana, sino hasta la siguiente cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) rinda su informe sobre el desalojo violento de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, y emita sus recomendaciones a las autoridades estatales por las violaciones graves en que incurrieron durante el operativo, y la posterior refriega entre manifestantes y policías.

Hasta donde se sabe, la CNDH sí emitirá sendas recomendaciones al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, y al procurador de Justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourget. Al primero por uso excesivo de fuerza y empleo desproporcionado de armas no letales; por incumplir con los protocolos para disolver manifestaciones, y por violar diversas disposiciones de la Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla, mejor conocida como Ley Bala.

Y al procurador Víctor Carrancá por la detención y criminalización de cuatro de los pobladores de Chalchihuapan enviados al penal de Cholula, por solapar la falsedad de declaraciones de policías que acusaron por órdenes superiores a los detenidos, y por consignar a estos últimos por delitos excesivos y que jamás cometieron.

Inicialmente los detenidos de Chalchihuapan Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras, Santiago Pérez Tamayo y Sergio Clemente Jiménez Tecalero habían sido acusados de motín, desobediencia y resistencia de particulares; así como de delitos cometidos contra funcionarios públicos, como privación ilegal de la libertad, lesiones dolosas, tentativa de homicidio calificado y daño en propiedad ajena doloso, todos los cuales se desvanecieron.

De todos los delitos por los fueron encarcelados, al final sólo dos quedaron en firme: ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, por los cuales tuvieron que pagar una fianza para obtener su libertad caucional.

Los trascendidos que el viernes y sábado se publicaron en los periódicos La Razón y Milenio, en el sentido de que la CNDH daría por cierta la versión gubernamental de que al menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, lo mató un cohetón lanzado por alguna persona que formaba parte del grupo que se enfrentó a policías el pasado 9 de julio, o que el dictamen de la Comisión será exculpatorio del gobierno de Moreno Valle, son sólo eso: trascendidos sin ningún fundamento.

De hecho, puedo asegurarle que en la administración estatal ya se preparan para una resolución negativa del ombudsman nacional dirigida al gobernador Rafael Moreno Valle; al secretario de Seguridad, Facundo Rosas y al procurador  Víctor Carrancá.

En dicha recomendación, lo más probable es que el gobierno sea instruido a indemnizar a las víctimas del desalojo, entre ellas la madre del menor muerto, Elia Tamayo Montes.

Para dar la impresión de que el gobierno acatará las recomendaciones de la CNDH, que posiblemente se hagan públicas entre el 8 y el 12 de septiembre, el gobierno morenovallista podría relevar a ciertos mandos policíacos, como a la subsecretaria de Coordinación y Operación Policial, Ofelia Flores Ramos, y suspender a otros uniformados que participaron en el operativo; así como remover a algunos agentes ministeriales que se prestaron o manipularon declaraciones de policías para inculpar a manifestantes de la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie.

EN CORTO

Este fin de semana se registró otro asalto con tintes políticos. La víctima fue el diputado federal priísta Enrique Doger Guerrero, de cuyas oficinas en la colonia Chula Vista de la capital poblana se llevaron dos computadoras de escritorio, la suya y la de su secretaria y asistente personal, dinero y diversos documentos, entre ellos su padrón de seguidores.

De acuerdo con algunas fuentes, este sería el segundo asalto cometido a oficinas o propiedades del también aspirante a la gubernatura de Puebla, Enrique Doger, ya que uno anterior se había registrado en un inmueble que antes albergó una sucursal bancaria en las inmediaciones del Circuito Juan Pablo II y la 11 Sur.

En lo que va de la actual administración estatal se han registrado por lo menos ocho robos similares a oficinas o domicilios de figuras públicas locales, en donde los delincuentes sólo han sustraído computadoras y documentos personales.

Las víctimas han sido periodistas, personalidades políticas y activistas. La madrugada del 25 de julio de 2013 fueron asaltadas las oficinas del periódico digital e-consulta, de las cuales se llevaron dos laptops, la de un servidor, y la de mi socia Blanca Patricia Galindo. El 23 de junio, también en la madrugada, fueron robadas las oficinas del líder sindical de los telefonistas, Marco Antonio Mazatle Rojas, ubicadas en el boulevard 5 de Mayo y 13 Oriente, en pleno Centro Histórico. Este mismo dirigente sufrió antes tres robos similares en su domicilio particular.

A la lista se suman la panista Ana Teresa Aranda, a quien le robaron su computadora y documentos el 25 de julio; el director del portal Poblanerías, Luis Enrique Sánchez Fernández, que fu visitado por los amigos de los ajeno el 27 de julio; el caricaturista del periódico Cambio, Elmer Sosa, a quien el 17 de agosto le robaron en su domicilio dos computadoras portátiles, memorias USB y un iPad, y el ex juez Enrique Romero Razo, la noche del 23 de agosto en su casa del fraccionamiento El Ángel.

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El próximo martes 9 de septiembre el doctor en Ciencias Sociales Jon Elster dictará una conferencia magistral en la UPAEP, con motivo del 41 aniversario de la licenciatura en Ciencias Políticas.

¿Qué son y para qué sirven las constituciones? es el título de la conferencia de este profesor de la Universidad de Columbia, autor de diferentes libros entre los que destacan «Tuercas y tornillos», «Explicando el comportamiento social» y «El cemento de la sociedad».

Su conferencia se realizará en el Aula Magna del edificio central de la UPAEP a partir de las 17 horas. La entrada será libre a todo el público.

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A estas alturas de su sexenio, el gobernador Rafael Moreno Valle y sus principales operadores políticos deben estar lamentándose no haber aniquilado al exgobernador Mario Marín Torres, y sólo haber usado el desprestigio de su gobierno y de algunos de sus más conspicuos colaboradores como arma político electoral.

Moreno Valle tuvo la oportunidad de eliminar al grupo priísta mejor organizado de la entidad, pero optó por pactar con él, olvidándose de una de las promesas de campaña que más votos le dio en las urnas: “combatir frontalmente la corrupción, hasta alcanzar niveles de transparencia y honestidad similares a los de los países mejor calificados del mundo”.

En aquel famoso discurso de “Cumplo mis compromisos o me voy”, el gobernador panista ofreció iniciar procesos judiciales a los funcionarios marinistas objeto de acusaciones recurrentes de corrupción.

A más de tres años y medio de distancia, estas palabras no sólo son letra muerta sino corolario de impunidad y complicidad. De otra manera resulta inexplicable entender por qué nunca fueron detenidos o al menos sancionados el ex secretario de Obras, Javier García Ramírez; el ex secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, el ex subsecretario de Administración, Jorge Mendoza Velarde; el ex secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, etcétera, etcétera.

O por qué el ex secretario de Salud, José Alfredo Arango García, quien fue detenido y acusado de enriquecimiento inexplicable, al no poder justificar el origen de 28 propiedades y ocho cuentas bancarias a nombre suyo y de otros integrantes de su familia, y de peculado y daño patrimonial por casi ¡8 mil 500 millones de pesos!, fue liberado a escasos dos años de haber ido a prisión.

O por qué exfuncionarios marinistas con señalamientos recurrentes de corrupción como el exsecretario de Educación Pública, Darío Carmona García, fue incluso hasta reclutado en las filas morenovallistas.

Mario Marín está de regreso, y con él algunos de los que ocuparon posiciones importantes en el gobierno del estado, el Congreso local y el Congreso de la Unión, así como en el PRI y el Poder Judicial. Sólo hay que voltear a las delegaciones del gobierno federal, observar quiénes se perfilan como candidatos en los comicios federales de 2015, quiénes se están empoderando con miras al 2016 y 2018, y detenerse en quiénes están llegando y van a llegar a la dirigencia estatal y municipal del tricolor.

Nos guste o no, Mario Marín está de regreso, erigiéndose como el grupo político priísta mejor organizado y estructurado, por encima de otros que giran en torno al ex gobernador Melquiades Morales Flores, la senadora Blanca Alcalá Ruiz y los diputados federales Enrique Doger Guerrero y Javier López Zavala.

Y todo gracias al morenovallismo y su soberbia, al morenovallismo y sus pactos de impunidad, al morenovallismo y sus incumplidas promesas de combatir frontalmente la corrupción.

Bien dice el dicho: lo que no te mata, te fortalece.

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En la sombra, el exgobernador Mario Marín Torres ha comenzado a operar, a reunirse con distintos actores políticos de Puebla y la capital del país e incluso a construir puentes con quienes en el pasado reciente fueron de sus más severos críticos. Y no me refiero sólo al exrector de la BUAP, y expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero.

Los que lo conocen y han estado cerca de él en los últimos años, sostienen que Marín Torres mantiene una red de relaciones a lo largo y ancho de la entidad que importantes figuras nacionales y estatales quisieran aprovechar, para incidir de manera significativa en las elecciones federales de 2015 y en las locales de 2016.

Entre ellos el fundador y presidente del Consejo Nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, a través de algunos operadores suyos en la entidad, como Jorge Eduardo Vázquez González, quien en la gestión gubernamental de Marín Torres se desempeñó como titular del extinto Instituto Poblano de la Juventud, y en las elecciones presidenciales de 2012 como coordinador de Defensa del Voto del excandidato perredista en el área metropolitana de Puebla.

Los enterados dicen que incluso hace un par de meses el exgobernador Marín se reunió en la Ciudad de México con algunos dirigentes de Morena, y que entre los operadores  del encuentro habría participado otro exgobernador de Puebla.

¿Será?

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Un dirigente del Partido Verde Ecologista de México que también anda en busca de una diputación en las elecciones federales del año entrante es Elieser Popocatl Castillo, quien en poco más de seis meses ha logrado afiliar a esta organización a más de 6 mil ciudadanos de la región de Atlixco.

Elieser Popocatl fue presidente del Comité Municipal Electoral de Puebla de la extinta Comisión Estatal Electoral, director general del Instituto Electoral del Estado, promotor e impulsor del Partido Ciudadano Anticorrupción que en 2012 tramitó su registro como partido estatal, y excandidato a diputado local del Partido del Trabajo en el distrito de Atlixco.

Actualmente es uno de los principales dirigentes regionales del PVEM, junto con la diputada local Geraldine González Cervantes, quien, como le comenté aquí hace unos días, podría ser la candidata en la que se materialice la coalición de su partido con el PRI en las elecciones federales de 2015.

En mi columna del pasado 15 de agosto, le informé que el PVEM iba a negociar con el PRI no uno sino dos distritos en el estado de Puebla. Ahora le puedo confirmar que estas demarcaciones serán la 13 con cabecera en Atlixco, y la 15 con cabecera en Tehuacán, y que las cartas del partido  verde serían Elieser Popocatl y Geraldine González.

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