No está mal que se investigue el presunto desvío de recursos en el que habrían incurrido algunos funcionarios marinistas que desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) manejaron e implementaron el programa denominado Unidos para progresar.  Ojalá y la investigación llegue al fondo y los responsables de ese peculado que podría ascender a 800 millones de pesos —según la nota de El Sol de Puebla— sean sancionados con fuertes multas económicas, la inhabilitación y años de cárcel.

Sin embargo, lo más probable es que esa presunta investigación no pase de ser un escándalo mediático, un coscorrón político o un mensaje siciliano del gobernador Rafael Moreno Valle y sus operadores al grupo priísta que hoy comienza a disputarle el poder, en la víspera de las elecciones federales de 2015 y locales de 2016.

Varias cuestiones llaman la atención: ¿Por qué esta investigación se da a conocer hasta hoy? ¿A poco ninguno de los dos anteriores contralores estatales —Irma Patricia Leal Islas y Eukid Castañón Herrera— se percató de un desvío de 800 millones de pesos? ¿Cómo es que la Auditoria Superior del Estado, a cargo de David Villanueva Lomelí, no supo en tres años de obras que se pagaron con recursos del programa social estrella del marinismo pero jamás se ejecutaron en la capital y otros municipios de la entidad?

¿Por qué si el desvío de recursos públicos en la Sedesol de Puebla ocurrió entre 2008 y 2010, éste viene a descubrirse hasta hoy? ¿Por qué en la nota de El Sol de Puebla sólo aparecen como funcionarios implicados en esta grave irregularidad Valentín Meneses Rojas, Víctor Sánchez Ruiz, Gerardo Mejía Ramírez, Lauro Sánchez López y Gerardo Pérez Salazar? ¿Por qué fueron excluidos de la nota de marras los funcionarios más importantes de esa dependencia estatal como Javier López Zavala, Juan Carlos Lastiri Quirós y Alejandro Armenta Mier? ¿Será porque estos tienen cargos en el Congreso de la Unión y el gobierno federal y aquéllos no?

¿Cómo entender la nota de El Sol de Puebla y sus extrañas omisiones: como un descuido involuntario de la reportera Pilar Pérez o como un mensaje siciliano de quienes la filtraron a los directivos del diario de mayor circulación en el estado?

Conste que son preguntas.

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El tema que ayer le platiqué sobre quejas colectivas por mobbing laboral en contra del delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla, Rodolfo Reyes Coria, ya había llegado al Senado de la República desde el 3 de julio.

En aquella sesión la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó en votación económica un punto de acuerdo para que las autoridades del IMSS investigaran presuntos actos violatorios a los derechos humanos cometidos por su delegado en Puebla en perjuicio de varias empleadas del Instituto.

Aquí el link con los detalles de ese punto de acuerdo

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Este miércoles en el auditorio del edificio de posgrados de la Facultad de Derecho de la BUAP se presentará el último libro publicado del doctor en antropología Manlio Barbosa Cano titulado “Las regiones naturales, étnicas y culturales de Puebla”, en el que su autor hace su propia regionalización del estado a partir de cuestiones geográficas, culturales y étnicas.

La presentación del texto se llevará a cabo a las 11:30 horas y en ella participarán además del autor, los doctores Samuel Tovar y Paulino Arellanes, así como este reportero.

Desde la perspectiva de Manlio Barbosa el estado de Puebla debe dividirse en 10 regiones naturales, considerando los rangos fisiográficos de los diferentes territorios de la entidad; las actividades económicas y los modos de producción predominantes; las carreteras y vías de acceso que los comunican entre sí y con otras regiones; su nivel de desarrollo y urbanización; los habitantes que en ellos se asientan (mestizos, indígenas o inmigrantes nacionales y extranjeros); los rasgos culturales preponderantes; y la problemática social que enfrentan sus pobladores.

Las diez regiones en que el profesor de la BUAP e investigador del INAH divide el territorio poblano son las siguientes: Valles Centrales, Nahua del parteaguas de la Sierra Norte, Totonaca de la vertiente del Golfo, Los Llanos de Juan, Atlixco-Izúcar-Chietla, Mixteca-Popoloca, Tepeaca-Tecamachalco-Tehuacán, Iztaccíhuatl-Popocatépetl, Citlaltépetl-Sierra Negra, y del Tenzo.

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Observaciones hechas por la ASF en 2010, se repitieron en 2011

Salud no ejerció 371 mdp del FASSA y no hay responsables

¿Qué tan reales o tan efectivos son los procesos administrativos iniciados por la Secretaría de la Contraloría del estado para corregir o evitar que se repitan las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el uso y aplicación de distintos fondos federales?

Esta interrogante viene a cuento por las observaciones que la ASF hizo al gobierno del estado sobre el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA-2011), varias de cuales ya habían sido advertidas en la cuenta pública de 2010.

En 2011, la entidad recibió de la Federación, por concepto de transferencias de dicho fondo, la cantidad de 2 mil 226 millones 744 mil pesos, de los cuales 371 millones 534 mil pesos (equivalentes al 16.7% del total) no se ejercieron o aplicaron durante ese año, por lo que a juicio de la ASF “el Gobierno del Estado de Puebla no cumplió de manera adecuada con los objetivos de la política del estado en materia de salud”.

Entre las anomalías que la ASF detectó en 2010, y que en 2011 se repitieron, destacan las siguientes:

• La ausencia de mecanismos de control que aseguren un manejo adecuado y transparente de los medicamentos e insumos médicos en los diferentes centros de salud del estado.
• La entrega incompleta de ciertas claves de medicamentos contratados para abastecer los centros de salud y de medicinas prescritas en las recetas médicas de los pacientes.
• La omisión de publicar en el Periódico Oficial del estado los formatos e indicadores en los que se informe de manera pormenorizada del avance físico de las obras y acciones del FASSA.
• La negativa a convocar a las instancias técnicas locales para que evalúen el ejercicio contable y presupuestal de los recursos del FASSA 2011, trimestre por trimestre.

Estas irregularidades, que ya se habían observado en la cuenta pública de 2010, lograron solventarse en la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 11-A-21000-02-0713, mediante el inicio de procedimientos de determinación de responsabilidades iniciados por la Contraloría del estado en contra de los servidores públicos involucrados en los expedientes 101/2012 BIS, 98/2012, 84/2012 y 85/2012.

¿Qué fin tuvieron o tendrán estos procesos?

¿Acaso el mismo de los iniciados con motivo de la auditoría al FASSA 2010?

¿O alguien sabe de algún funcionario de la Secretaría de Salud que haya sido sancionado, multado o suspendido por haber sido encontrado responsable de estas fallas?

Fallas o anomalías que tampoco son menores, considerando que la Secretaría de Salud dejó de ejercer en 2011 más de 371 millones de pesos que, como ya se mencionó, representan el 16.7% del total de recursos del FASSA y por los cuales se inició el procedimiento 78/2012.

O aquellas que obligaron al gobierno del estado a reintegrar a la Federación más de 5 millones que destinó al pago de vacunas, eventos y celebraciones no autorizados en la normativa del FASSA, y que dieron origen a otros dos expedientes: el 67/2012 (por más de 352 mil pesos correspondientes al pago de médicos que no acreditaron ser tales) y el 95/2012 (por otros 428 mil pesos de sueldos de un servidor público asignado a la Comisión de Arbitraje Médico, área no autorizada para ser financiada por recursos del FASSA).

EN CORTO

Tómelo con reserva, pero es probable que la composición que hoy se maneja de la LIX Legislatura local no sea definitiva, pues todavía podrían darse algunos cambios.

El PAN, que hoy tiene 14 diputados, incluyendo entre ellos al ex secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, podría llegar a 15 o 16.

Dos diputados que hoy se contabilizan como integrantes del PRD y PNA, en realidad son miembros activos del PAN: Rubén Maximiliano Huitrón Esquivel, quien llegó como el gran perdedor, y María del Rocío Aguilar Nava.

Con ellos ocurrió lo mismo que con Manzanilla: llegó al Congreso como posición de Compromiso por Puebla, a pesar de ser miembro activo del PAN.

Rubén Huitrón llegó a la coalición Puebla Unida con el padrinazgo del senador Luis Miguel Barbosa Huerta, en el distrito 25 con cabecera en Tehuacán, aun cuando su nombre figura en el padrón del PAN.

Lo mismo sucede con Rocío Aguilar, que fue registrada como cuota de PNA cuando es militante activa del PAN. Hace tres años, incluso, contendió como candidata a la presidencia municipal de Acatlán, cabecera del distrito 23.

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Si de por sí las relaciones entre el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, y la precandidata puntera del PAN a la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, no son buenas, éstas podrían deteriorarse aún más cuando este martes su equipo de campaña denuncie a nivel nacional una operación de Estado a favor de Ernesto Cordero Arroyo.

Y la denuncia no tendría nada de particular si no fuera porque ésta se acompañará de videos, fotos y audios que involucran a funcionarios estatales y delegados federales, estrechamente vinculados con el mandatario estatal, en acciones de condicionamiento de programas sociales como becas, despensas y apoyos económicos, a cambio de votos a favor del ex secretario de Hacienda.

De buena fuente le puedo adelantar que el coordinador de campaña de Vázquez Mota, Roberto Gil Zuarth, tiene ya en su poder estas pruebas que en cualquier momento podría exhibir en un intento por detener la operación que gobernadores como Rafael Moreno Valle, de Puebla, y Guillermo Padrés Elías, de Sonora, llevan a cabo a favor de Ernesto Cordero de cara a las elecciones internas del PAN del próximo domingo 5 de febrero.

Se sabe que los materiales que Gil Zuarth mostrará son diferentes a los videos y audios que esta noche presentó ante la Secretaría de la Contraloría del estado el coordinador municipal del equipo de Vázquez Mota, Oswaldo Jiménez López, para denunciar el desvío de recursos públicos en beneficio del aspirante presidencial favorito de Los Pinos y Casa Puebla.

Esta nueva denuncia involucraría a Basilio Hoyos Onofre, director de la Corde número 8 con sede en Acatlán de Osorio; a los hermanos Fernando y Miguel Ronquillo Huerta, y la esposa de este último, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, jefa de la Jurisdicción Sanitaria número 2 de Chignahuapan; además a los delegados del Instituto Nacional de Migración, Rocío Sánchez de la Vega Escalante; de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Yvonne Gutiérrez Vázquez; y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Roberto Grajales Salas.

El ex antorchista Miguel Ronquillo trabajaba, hasta hace unos días, como responsable del Voluntariado de la Secretaría General de Gobierno, y ahora es el encargado de la operación y movilización de los panistas y adherentes del blanquiazul en beneficio de Ernesto Cordero.

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Como parte del compromiso con los niños, el alcalde Eduardo Rivera y su esposa Liliana Ortiz entregarán este martes los trabajos de “Dignificación de 10 Desayunadores Escolares”, que se suman a los 17 ya entregados en semanas anteriores.

El objetivo de estos espacios es brindar mejores condiciones de alimentación a los escolares de bajos recursos económicos asentados en colonias populares y evitar la obesidad infantil, con la capacitación a los comités de padres de familia y a los niños que asisten.

En la puesta en marcha de los desayunadores escolares la iniciativa privada hizo aportaciones en efectivo y especie.

Mañana, con la inauguración de 10 desayunadores, se beneficia en forma directa a 2 mil 399 alumnos, con una inversión total de 2 millones 806 mil 971 pesos.

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Simón dice:

«Cuando la lucha entre facciones es intensa, el político se interesa, no por todo el pueblo, sino por el sector al que él pertenece. Los demás son, a su juicio, extranjeros, enemigos, incluso piratas»

Thomas Macaulay (1800-1859) Historiador y político británico.

Este jueves, en el helicóptero Bell 412 del gobierno del estado, volaron a la Sierra Norte de Puebla, el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, quien —off course— llevó la representación del gobernador Mario Marín Torres, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier, y el presidente de la LVII Legislatura local, José Othón Bailleres Carriles.

Los tres alegres compadres asistieron a informes que en las respectivas cabeceras municipales rindieron Carlos Martínez Amador, Carlos Barragán Amador y Carlos González de la Calleja, diputados locales del PRI de los distritos de Huauchinango, Xicotepec de Juárez y Zacatlán.

De los tres informes legislativos, el más controvertido fue el de Carlos Barragán, pues no sólo lo hizo a la misma hora que el informe de la presidenta del DIF municipal de Xicotepec, sino que en el suyo anunció que metería a la cárcel al esposo de aquella, Juan Carlos Valderrábano Vázquez, por incurrir en desvío de recursos y otras irregularidades como presidente municipal.

Durante el acto, celebrado en el Casino Ganadero, López Zavala aprovechó la ocasión para promoverse y entregar recursos a grupos vulnerables de la región, como son los representados por Balam Tolentino, dirigente de los grupos comunitarios del principal templo católico de Xicotepec y por Enrique Garrido Morales, pastor del Templo Filadelfia de los Pentecosteses.

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De la lista de 10 candidatos a diputados federales del PAN —anunciada la noche del miércoles por Rogelio Carbajal Tejada, secretario general del CEN de este partido— los nombres de Fidel René Meza Cabrera y de Cristina María Blanca García son los que levantan mayor polémica por su escasa o nula identificación con la membresía panista.

La designación del exdiputado federal priísta René Meza (que aquí la anticipé desde el 11 de marzo) es cuestionada no sólo por la militancia de Huauchinango y Xicotepec, sino de la capital poblana, que recuerda al exdirector de Tránsito del estado, durante el sexenio de Mariano Piña Olaya, como un personaje oscuro y corrupto.

El malestar de los panistas podría hacerse evidente este viernes, en el acto convocado por la diputada plurinominal Angélica Patricia Hidalgo Elguea, en un auditorio del centro de Xicotepec, para rendir su primer informe de labores legislativas.

En el distrito 10, con cabecera en San Pedro Cholula, ocurre lo mismo con la imposición de la empresaria Cristina Blanca García, de la empresa sidrera Copa de Oro. Se le critica su falta de militancia en el PAN y su pertenencia a una de las familiares caciquiles en la región, donde sus dos hermanos han sido presidentes municipales surgidos del PRI: Ramón y Miguel Blanca García.

Los más inconformes con la decisión del CEN panista son Ricardo García Coconi, quien aspiraba a la nominación, Rogelio Toxqui Anaya, dirigente del Comité Municipal, y el grupo del primer presidente municipal panista en San Pedro Cholula, Arturo Carranco Blanca.

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Simón dice:

“Hay almas esclavizadas que agradecen tanto los favores recibidos que se estrangulan con la cuerda de la gratitud”.

Friedrich Nietzsche (1844-1900). Filosofo alemán.

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Ocurrió el martes por la mañana, durante un desayuno que la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, ofreció a los reporteros de la fuente en el hotel City Express del Paseo de San Francisco.

Después de los agradecimientos y parabienes por la Navidad y el año nuevo, el equipo de Comunicación Social de la alcaldesa organizó una rifa de regalos, y uno de los obsequios ––un ipod nano de 4 gigas–– se lo sacó el periodista Carlos Gómez Marín.

Al momento de la entrega, ––del ipod, por supuesto––, Rosa María Lechuga, jefa de prensa del secretario de Desarrollo Social Municipal, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, sugirió una foto.

La presidenta y el reportero accedieron.

Bromista, Carlos Gómez dijo sí. “Una foto como si estuviéramos en campaña para la gubernatura”.

Blanca Alcalá siguió el juego: “No, mejor como en campaña para el Senado, ¿no?”

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La noche del miércoles tuvo lugar en Casa Puebla el brindis del gabinete legal y ampliado del gobernador Mario Marín Torres.

Pero a diferencia de años anteriores ––y dicen que a sugerencia de doña Margarita García de Marín–– los funcionarios no acudieron solos, sino acompañados de su familia, es decir de sus cónyuges ––esposa o esposo, no sean mal pensados–– e hijos.

En ese marco, antes del brindis y la posterior cena en Casa Puebla, se llevó a cabo una tradicional posada cacahuatera, que incluyó piñatas, aguinaldos, villancicos y ponche, pero sin piquete.

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De los convivios de fin de año que hubo en diferentes dependencias y organismos del gobierno del estado, cuentan que uno de los mejores fue el de la Secretaría de Desarrollo Social (SDS), que encabeza Javier López Zavala, pues además de la comida y los aparatos electrodomésticos que ese día se rifaron, se regalaron dos vehículos nuevos de paquete.

El banquete tuvo lugar la tarde del miércoles en el Centro de Convenciones de San Francisco, y fue presidido por el gobernador Mario Marín Torres, quien, generoso, obsequió un vehículo adicional, del ya se había sorteado entre el personal sindicalizado y de confianza de la SDS.

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Ayer llegó al buzón de este blog, una denuncia anónima por tráfico de influencias y desvío de recursos que involucra a por lo menos dos secretarios del gabinete estatal, uno de los cuales tiene bajo su tutela el combate a la corrupción.
Aquí el correo electrónico:

A quien corresponda

Me refiero a la corrupción que se vislumbra y lo poco que se hace al respecto en la Secretaría del Trabajo y Competitividad de Puebla (STC), administrada por el ex presidente del Congreso del estado, Pericles Olivares Flores.

Entre los múltiples servicios que otorga la STC, figura el Programa de Fomento al Autoempleo, por el que la dependencia compra maquinaria y equipo para apoyar a personas que quieran autoemplearse en un negocio.

Por cada proyecto se otorgan entre 25 y 125 mil pesos.

Para dicho Programa se supone que la Secretaría debe invitar a varios proveedores de maquinaria y equipo. Sin embargo, al director de la Secretaria del Trabajo y Competitividad, Alfredo W. Sánchez Ruiz, se le olvidó hacerlo y de mutuo acuerdo con el director Administrativo, Víctor Manuel Carrasco Hernández, sólo favorece a un selecto grupo de compadres, entre cuyas empresas figuran: Comercializadora Quiroz,  Comercializadora de Artículos General 2000, y Kektor Co.
 
Alfredo W. Sánchez Ruiz es dueño de  Refriaires de Puebla S.A, de C.V., ubicada en la 13 Poniente No 501-A de Puebla, y a la vez proveedor de la STC. Se autocompra, pero puede hacerlo siendo hermano de Víctor Manuel Sánchez Ruiz, el honorable titular de la SEDECAP.
 
Ahora bien, como en todas las historias siempre hay varios funcionarios públicos que se hacen de la vista gorda, como es el caso de el C. P. Germán Mignón González, coordinador de Desarrollo Humano y Administración de Recursos y la abogada Dulce Lilia Rivera Aranda. 
 
Atentamente: transparencia ciudadana.

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Este blog se tomará unas inmerecidas vacaciones de fin de año.

Por su paciencia gracias.