De sorpresas electorales y urgentes reformas a favor de la transparencia
La última encuesta de Consulta Mitofsky sobre las elecciones para gobernador de Puebla arrojó datos que resultan contrastantes con otros estudios demoscópicos recientes.
La primera sorpresa es la ventaja de 9 o 10 puntos que la firma de Roy Campos le da al PAN sobre el PRI en la intención de voto en los comicios para la mini gubernatura del 2016.
Y la segunda sorpresa –y vaya que lo es– es que el aspirante del PRI mejor rankeado es el ex rector de la BUAP y ex alcalde de Puebla, Enrique Doger Guerrero, que supuestamente aventaja a la senadora Blanca Alcalá Ruiz por 3.1 puntos.
Otra sorpresa en la encuesta de Mitofsky es que en la evaluación de las posibles alianzas, Roy Campos consideró que el PAN se coaligará con el PRD y el PRI con el PVEM y el PANAL, pero que ni aun así el abanderado priísta Enrique Doger podría derrotar al alcalde capitalino, a José Antonio Gali Fayad.
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Frente a la opacidad que han mantenido las autoridades estatales en diferentes asuntos públicos, las propuestas que este jueves hicieron el Nodo de Transparencia de Actívate por Puebla y la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI) para armonizar la Ley de Transparencia del estado con la Constitución federal y con la Ley General de Transparencia no deben ser echadas en saco roto.
En el documento que los representantes de estas ONGs entregaron a los diputados locales lo primero que se resalta es que los preceptos contenidos en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública no son un modelo a seguir sino el parámetro mínimo de transparencia y publicidad que las autoridades están obligadas a cumplir.
De entrada plantearon incluir como sujetos obligados de la Ley de Transparencia a los fideicomisos y fondos públicos, así como a los sindicatos, organizaciones civiles, personas físicas o morales que reciban recursos públicos.
También propusieron que en la Ley quede expresamente prohibida cualquier reserva de información en casos de violación a derechos humanos y casos de corrupción.
El Nodo de Transparencia y la AMEDI pidieron a los legisladores del Congreso de Puebla adoptar el artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información de Coahuila que prohíbe a los funcionarios y organismos públicos contratar publicidad cuando ésta no tenga carácter o propósitos institucionales; y aumentar las facultades de la CAIP para que verifique el cumplimiento de sus acuerdos y pueda revisar en cualquier momento los acuerdos de reserva y clasificación de reserva.
Pero sobre todo para que la CAIP pueda imponer medidas de apremio y sancionar a los sujetos obligados que incumplan, simulen o de plano desacaten sus determinaciones.
Otra propuesta interesante formulada a los diputados de la LIX Legislatura es que cada sujeto obligado por la Ley de Transparencia elabore y publique un índice de expedientes reservados, y aporte elementos que prueben la actualización del supuesto legal que permite la reserva de información (prueba de daño).
En materia de información confidencial, los dirigentes de las ONGs antes mencionadas —José Manuel Rodoreda, Lilia Vélez Iglesias, Rafael Hernández García Cano y Víctor Manuel Carral Cortés— expresaron que la CAIP debe reglamentar y especificar con claridad qué es información confidencial y qué no puede entrar en esa categoría, para que ésta no sea utilizada como pretexto de opacidad.
Entre los 34 planteamientos de modificación y adición a la Ley de Transparencia del estado, las ONGs se pronunciaron por abolir las cláusulas de confidencialidad en los contratos de obras y prestación de servicios donde se utilicen fondos públicos; eliminar la facultad del Ejecutivo de remover a los comisionados y transferir esta al Congreso; fijar topes de costos por entrega de documentación; y porque la información requerida se entregue en la modalidad elegida por el solicitante y no al capricho del sujeto obligado.
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