Deslegitima el nombramiento de Blanca Lilia
Paco Bernat no vende al Puebla de la Franja

Quién lo iba a decir.

Pero con sus declaraciones publicadas el domingo a ocho columnas en El Heraldo de Puebla, Antonio Juárez Acevedo, no sólo puso en evidencia a los diputados locales que este lunes ––por fin–– lo echarán de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) después de un largo y tortuoso proceso, sino el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra Cadena como nueva comisionada del organismo, en sustitución de Josefina Buxadé Castelán.

Juárez Acevedo le declaró al director editorial de El Heraldo, Felipe Flores Núñez, que su probable remoción, a la luz de la designación de Blanca Lilia Ibarra, sería una incongruencia y una aberración jurídica del Poder Legislativo.

Textualmente apuntó: “Su caso (el de Blanca Lilia) se encuadra en una situación similar a la mía, es decir, ella era titular de una dependencia municipal, por lo que estaría inhabilitada para el cargo, ella no tiene la culpa, pero no le aplicaron la misma ley ––artículo 21 fracción sexta–– que a mí ahora me condena”.

Juárez Acevedo finalmente será destituido. Ayer la Comisión de Gobernación, a cargo del priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa, resolvió por unanimidad removerlo del cargo y turnar su expediente a la Contraloría, para que esta dependencia del Ejecutivo estatal ––en términos del artículo 58 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos–– lo sancione e inhabilite.

Sin embargo, previendo su caída, el todavía presidente de la CAIP trató de llevarse de corbata a la nueva comisionada Blanca Lilia Ibarra, en un vano y desesperado intento por homologar sus casos, que de forma y de fondo son diferentes.

En varios aspectos, el contexto y los factores que enmarcaron una y otra designación son distintos.

De entrada, Blanca Lilia no mintió, ni ocultó al Congreso del estado su cargo como titular de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, como sí lo hizo Juárez Acevedo con la Agrupación Política Nacional Plataforma Cuatro, de la cual no sólo fue miembro sino secretario general.

Este último no sólo violentó la fracción sexta del artículo 27 de la Ley de Transparencia, al inscribirse, participar y ser designado comisionado propietario de la CAIP, no obstante incumplir con uno de los requisitos establecidos en la convocatoria y en la ley correspondientes, sino que incurrió en falsedad de declaraciones, al negar de manera reiterada ––incluso ante los diputados de la LVII Legislatura local–– su pertenencia dicha Agrupación Política Nacional.

En lo único que quizás Juárez Acevedo tiene razón ––y que de hecho será el argumento central de la impugnación que promoverá la comisionada saliente Josefina Buxadé para echar abajo el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra–– es en cuestionar la legalidad de la elección de la nueva comisionada.

Y es que en efecto, Juárez Acevedo como Josefina Buxadé y varios diputados del PAN creen que Blanca Lilia Ibarra debió quedar fuera del proceso de renovación de la CAIP, por haber sido titular de la Comisión  de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, aun cuando esta instancia municipal tenga el carácter de organismo auxiliar transitorio.

En suma: me parece que los casos de Blanca Lilia Ibarra y Juárez Acevedo tienen pocas semejanzas, amén que lo que llevó al segundo a su inminente remoción, fue no sólo una violación del artículo 27 de la Ley de Transparencia, sino su condición de cínico y mentiroso contumaz.

EN CORTO
Aun cuando los priístas eliminaron del dictamen que hoy será sometido al pleno del Congreso del estado, la recomendación a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para que abra un proceso penal en contra de Antonio Juárez Acevedo por falsedad de declaraciones, lo más probable es que la bancada y la dirigencia estatal del PAN presenten por su cuenta esta denuncia ante el Ministerio Público.

Y es que el PAN quiere utilizar el caso Juárez Acevedo como ariete para llevar mano en el proceso de selección del futuro comisionado de la CAIP, y que no será, como algunos ingenuos creen, el suplente de aquel, Fidencio Aguilar Víquez, quien actualmente se desempeña como consejero propietario del Instituto Electoral del Estado.

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Esta será una semana de sorpresas y noticias en torno al equipo de fútbol Puebla de primera división y su polémica directiva.

Por lo pronto, trascendió que el presidente de La Franja, Francisco Bernat Cid, finalmente decidió mantener el 51% de las acciones del club, después de que el jueves Ricardo Henaine Mezher y Jesús López Chargoy sólo querían entregarle 500 mil dólares, es decir, el 10% de los 5 millones de dólares en que se había pactado la transacción.

Otra noticia que también trascendió es el nombre del empresario tamaulipeco interesado en comprar parte de las acciones del Puebla de La Franja: Miguel Ángel Martínez Rodríguez, director del grupo Comsbmra y dueño del Tampico Madero de primera división A.

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Ayer domingo circularon dos versiones contradictorias sobre la oncena camotera.

Una primera versión, refiere que Paco Bernat cederá el control de La Franja, pero sin vender sus acciones, al grupo de Ricardo Henaine, López Chargoy y Miguel Ángel Rodríguez, el cual confirmará la contratación de Rubén Omar Romano como director técnico del equipo.

En cambio, la segunda versión apunta Paco Bernat está siendo víctima de presiones y chantajes para venda sus acciones a Ricardo Henaine y compañía, so pena de ser encarcelado como consecuencia de varias demandas por fraude y evasión fiscal en su contra.

Según esta misma especie, el accionista mayoritario del Puebla podría anunciar el regreso de José Luis Sánchez Solá “El Chelís” como entrenador del equipo, y denunciar las presiones de que está siendo víctima por parte de sus socios, en complicidad con ciertas autoridades.

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Y hasta la próxima.

Correos electrónicos: rruiz@e-consulta.com.mx y periodistasoy@hotamil.com

Salvo sorpresa de última hora, pero de última hora, Blanca Lilia Ibarra Cadena será nombrada este jueves comisionada propietaria de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) del estado de Puebla.

Lo malo del asunto, que no de su persona, es que su designación no se acordó en la Gran Comisión del Congreso local, ni se negoció entre las fracciones parlamentarias de la LVII Legislatura, sino en la Secretaría de Gobernación del estado.

Ahí, en esa dependencia del Poder Ejecutivo, Mario Montero Serrano cabildeó con los panistas el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra y ahí, él y sus asesores jurídicos, minimizaron los riesgos de una eventual impugnación por parte de la comisionada saliente Josefina Buxadé Castelán, quien se registró para continuar como comisionada de la CAIP por otros seis años.

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A propósito de Montero y los panistas.

Cuentan que en el desayuno privado que el gobernador Mario Marín Torres sostuvo con los diputados locales y dirigentes estatales del PAN, Rafael Micalco Méndez sacó a relucir su antizavalismo.

Y es que al final del encuentro, el presidente del PAN le dijo al gobernador, a manera de despedida, que con Mario Montero en la Secretaría de Gobernación el diálogo y la interlocución entre su partido y el gobierno del estado habían mejorado.

El elogio hacia Montero fue tan desmedido que hasta el secretario de Gobernación se incomodó.

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Este jueves la bancada del PAN solicitará que la Comisión Inspectora y/o la Comisión de Hacienda y Patrimonio investiguen un probable daño patrimonial a las arcas del estado, derivado de los financiamientos contratados por Carreteras de Cuota de Puebla (CCP).

El diputado Manuel Janeiro Fernández cuestionará en tribuna un primer crédito contratado a Banobras en 2004 por 500 millones de pesos, con dos años de gracia. Por este préstamo, Carreteras de Cuota ha pagado a la fecha 154 millones de pesos, pero aún adeuda 445 millones de pesos.

El segundo crédito se trata de un financiamiento bursátil a 15 años por 520 millones de pesos, por el cual CCP ha pagado por concepto de refinanciamiento e intereses 240 millones de pesos, sin que su deuda original haya disminuido de manera significativa, pues ésta asciende a la fecha a 511 millones de pesos.

Pero el asunto no para ahí, pues de acuerdo con Manuel Janeiro, Carreteras de Cuota quiere se le autorice un nuevo crédito de hasta por 1,054 millones de pesos, para liquidar los otros dos y renegociar mejores condiciones de pago con el nuevo acreedor.

El problema es que Carreteras de Cuota no puede explicar por qué si las dos deudas que actualmente tiene suman 956 millones de pesos, pretende contratar un crédito de hasta 1,054 millones de pesos para cubrirlas.

La diferencia de casi 100 millones de pesos no es poca cosa, como tampoco las comisiones por prepagado que sus actuales acreedores le exigen y que rondan por los 65 millones de pesos.

Lo que Manuel Janeiro demandará este jueves es que el nuevo crédito sí se contrate, pero que éste se concurse de manera abierta para que el gobierno del estado y Carreteras de Cuota de Puebla obtengan las mejores condiciones y se eviten nuevos daños patrimoniales como los arriba descritos con los financiamientos contratados en las postrimerías del sexenio melquiadista.

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Manda a decir Roy Campos Ezquera, presidente y director de Consulta Mitofsky, que en Puebla no ha realizado ninguna encuesta electoral con miras a las elecciones de gobernador del estado, por lo que desconoce por anticipado los resultados o cifras que pudieran publicarse en estos días sobre el tema.

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Hasta el cierre de esta entrega aún se desconocían los nombres de quienes integrarán la terna definitiva de candidatos al cargo de comisionado propietario de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP).

Sin embargo, ante la eventualidad de que el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra Cadena sea impugnado por presuntas violaciones al punto seis de la convocatoria expedida por el Congreso del estado, el abanico de opciones se depuró y al mismo tiempo se amplió.

Me explico:

Se depuró por el veto de la dirigencia y el grupo parlamentario del PAN a cuatro aspirantes: Roberto Díaz Sáenz, ex presidente de la CAIP; Gabriel Guerrero Monter, funcionario de la Coordinación de Asesores del gobernador Mario Marín Torres; Ana Belén Mendieta Lozada, secretaria técnica de la Secretaría Particular del Ejecutivo estatal; y Carlos Roberto Barrientos Sánchez, hijo de Carlos Barrientos de la Rosa, precandidato del PRI a diputado federal, y hermano de Mónica Barrientos Sánchez, diputada local suplente del PRI.

Y se amplió porque la fracción del PRI ha comenzado a explorar otras alternativas además de Blanca Lilia Ibarra, entre ellas la de Alexandra Herrera Corona, titular de la Unidad de Acceso a la Información del Congreso del estado, y Carlos Romero Rojas, secretario de la Junta Distrital del IFE en Apizaco, Tlaxcala.

Desde mi perspectiva, creo que de los 15 aspirantes registrados, el PRI y la Secretaría de Gobernación del estado ya sólo valoran cuatro prospectos: Blanca Lilia Ibarra, como primera opción; Alexandra Herrera, como segunda opción; Carlos Romero, como tercera opción, y Roberto Díaz, como cuarta y última opción.

De éstos, sólo dos serán incluidos en la terna final, que se completará con el nombre de Josefina Buxadé.

¿Pero quién será finalmente nombrado comisionado de la CAIP?

La decisión, me parece, está en manos de los abogados y asesores legales del PRI y la Secretaría de Gobernación. Si estos estiman que el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra puede ser atacado por el PAN o por Josefina Buxadé, a causa del punto seis de la convocatoria emitida por el Congreso del estado, creo entonces que el o la elegida podría ser cualquiera de las opciones arriba mencionadas.

El PRI no dejará pasar a Josefina Buxadé. La razón es simple: el veto del mandamás de la Administración Pública Estatal.

Así como el PAN vetó a cuatro aspirantes, el PRI sólo lo hizo con una.

FICHAS DE LOS FINALISTAS
Nombre: Blanca Lilia Ibarra Cadena
Grado académico: Maestra en Administración Pública por el IAP y maestra en Gobierno y Administración por la BUAP.
Organizaciones que la nominan: BUAP y Tecnológico de Monterrey
Ideas sobresalientes de su ensayo: “… hoy la transparencia pública es una realidad en nuestro país… Puebla no es la excepción”. “Resulta indispensable la revisión y adecuación del marco legal y en su caso la incorporación de nuevas figuras que permitan hacer cada vez más accesible este derecho a todos los sectores de la sociedad”.

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Nombre: Alexandra Herrera Corona
Grado académico: Pasante de la Maestría en Calidad de Gestión del IAP.
Organizaciones que la nominan: Escuela Libre de Derecho de Puebla, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Asociación Poblana de Apoyo a Personas con Problemas Oncohematológicos y Consejo de Notarios de Puebla.
Ideas sobresalientes de su ensayo: “La reserva de la información deberá fundarse y motivarse por causas de interés público, esto es, deberá probarse que las razones de reserva obedecen a la protección de un interés público, y que objetivamente dicho interés se verá afectado, si la información se da, ya sea al momento en que se genera o en el momento es que es solicitada”.

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Nombre: Carlos Romero Rojas
Grado académico: Maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Ibero de Puebla.
Organizaciones que lo nominan: Escuela Libre de Derecho de Puebla
Ideas sobresalientes de su ensayo: Ninguna.

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Nombre: Roberto Díaz Sáenz
Grado académico: Maestro en Derecho Privado por la Ibero Puebla.
Organizaciones que lo nominan: Ilustre Colegio de Abogados de Puebla, Universidad Anáhuac, Escuela Libre de Derecho de Puebla, Universidad Madero y Universidad Politécnica Hispano Mexicana.
Ideas sobresalientes de su ensayo: “Los problemas de la transparencia se resuelven con más transparencia y acceso a la información pública”. “Puebla es un estado moderno… su signo más notable es la voluntad en el fortalecimiento de los valores y de prácticas democráticas innovadoras”. “Todo debe estar a la luz pública, ser explicado y sometido al más exigente escrutinio”. “El 100% de las resoluciones de recursos de revisión que se dictaron por el Pleno de la CAIP (durante su gestión) fueron por Unanimidad”. “La luz que iluminará toda mi gestión, si ustedes me designan, es aquella que esclarezca la idea de que la única legitimidad es la que deviene de la legalidad”.

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Nombre: Josefina Buxadé Castelán
Grado académico: Maestra en Periodismo y Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Organizaciones que la nominan: Centro Empresarial de Puebla S.P, Universidad de las Américas, Universidad Iberoamericana, Plantel Golfo Centro, UPAEP, Fundación para la Libertad de Expresión A.C., Consejo Coordinador Empresarial A.C. y Asociación de Ciudadanos Poblanos Unidos por la Justicia y la Atención a las Víctimas del Delito A.C
Ideas sobresalientes de su ensayo: “Mantendría mi postura aperturista, siendo siempre responsable e institucional”. “Continuaría fomentando la ciudadanización del derecho de acceso a la información pública y la capacitación de los servidores públicos”. “Mi nombramiento como comisionada aportaría a la CAIP legitimidad, ya que he sido reconocida por mi independencia y por la responsabilidad de mis resoluciones: he propuesto la entrega de información de libre acceso público y he protegido la información y los datos personales”.

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Aun cuando la Gran Comisión aún no define la terna que será presentada al pleno de la Cámara de Diputados, lo más probable es que Blanca Lilia Ibarra Cadena sea quien la encabece y la que ocupe el cargo que dejará vacante en la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Josefina Buxadé Castelán.

De los 15 aspirantes al cargo que ayer fueron entrevistados por los diputados de la Gran Comisión del Congreso del estado, hay coincidencia que las mejores exposiciones fueron las de Josefina Buxadé, Blanca Lilia Ibarra, Ana Belén Mendieta Lozada y Roberto Díaz Sáenz, en ese orden.

Para los legisladores priístas, que son los tienen en sus manos la decisión, las propuestas de Blanca Lilia Ibarra y Josefina Buxadé representan dos complicados dilemas.

En el caso de la presidenta de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, existe el temor de que su nombramiento pueda ser impugnado, bajo el argumento de que Ibarra no cumple con el punto seis de la convocatoria expedida por el Poder Legislativo, y que a la letra dice:

«6.- No haber desempeñado cualquier cargo de elección popular con el carácter de propietario; Titular de Dependencia o Entidad Federal, Estatal o Municipal; Magistrado del Poder Judicial del Estado o del Tribunal Electoral del Estado, Consejero del Instituto Electoral del Estado o dirigente de algún partido o asociación o agrupación política durante los tres años previos al de su designación».

Ayer la propia Blanca Lilia Ibarra explicó a los diputados que la interrogaron sobre el particular que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del ayuntamiento de Puebla, de la cual se separó para registrarse como aspirante a comisionada de la CAIP, no es una dependencia o entidad municipal, sino un organismo auxiliar transitorio.

Su argumentación no convenció del todo a un sector de los diputados del PAN, que anoche recibieron un informe de sus asesores jurídicos en el sentido de que la participación de Blanca Lilia en el proceso de renovación de la CAIP podría ser violatoria de la convocatoria emitida por el Congreso del estado para tal fin.

El segundo dilema de los priístas es no saber cómo o bajo qué argumentos impedir la continuidad de Josefina Buxadé al frente de la CAIP.

Y más cuando ayer se conoció que además de la UDLA-P, la Ibero, la UPAEP, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial y la Fundación para la Libertad de Expresión, entre otras organizaciones que la nominaron, cuenta con el respaldo de intelectuales, escritores, periodistas, consejeros electorales y académicos de reconocida talla nacional e internacional que no debieran ser ignorados.

Por lo pronto hoy continuarán al seno de la Gran Comisión las negociaciones, por lo que la terna definitiva que este jueves será presentada al pleno de la LVII Legislatura local se conocerá hasta hoy por la noche o mañana antes del medio día.

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Que tal como se había aquí adelantado, el discurso y la conferencia del presidente del Centro Empresarial de Puebla, Luis Mora Velasco, y la investigadora del ITAM, Denise Dresser, en contra del gobierno del estado y el gobernador Mario Marín Torres, estuvieron duros, durísimos.

El dirigente patronal aprovechó su intervención en la Asamblea Semestral Ordinaria de Coparmex Puebla para censurar la falta de transparencia que priva en el gobierno marinista; la sumisión del Legislativo al Ejecutivo estatal; el atraso y el alto costo de las obras públicas que aquí se construyen; la desaparición del Comité de Adquisiciones y del Comité de la Feria sin que se haya informado qué paso con los activos de este último organismo; la corrupción en la Secretaría de Salud en la compra de medicamentos y en la construcción de hospitales, y que Puebla se ubique en los últimos lugares en aprovechamiento escolar pese a que el gobierno destina el 45% de su presupuesto al sector educativo.

La periodista e investigadora Denise Dresser no se quedó atrás. Y en su conferencia ¿Por qué es tan difícil modernizar a México?, caracterizó a Mario Marín como el ejemplo vivo de la impunidad de que gozan ciertos políticos mexicanos que pueden violentar el Estado de Derecho sin que nada les pase y nadie los sancione.

La reacción del secretario de Desarrollo Económico del estado, José Antonio López Malo Capellini, ante las denuncias del presidente de Coparmex Puebla, fue de enfado, y lo manifestó retirándose del evento tan pronto Luis Mora concluyó su discurso, instando a los presentes a dar la espalda a los políticos que sólo buscan el poder por el poder mismo o que llevan sus complejos al gobierno.

Quienes también pasaron un mal rato, por las agudas y puntuales críticas de Denise Dresser al PRI y a sus principales dirigentes, fueron el secretario del Trabajo y Competitividad, Pericles Olivares Flores, y la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz, quien clausuró la asamblea del sindicato patronal poblano.

Un aspecto cuestionable en el mensaje de Luis Mora fue la ausencia de autocrítica hacia las cámaras y organismos empresariales, que no sólo han perdido representatividad y autoridad moral entre la Iniciativa Privada, sino que se han convertido en grupos de presión por los cuales sus dirigentes se hacen de obras y contratos de servicio, puestos en la administración pública, cargos de elección popular y otras prebendas.

¿O no?

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Que a Josefina Buxadé Castelán trataron de persuadirla para que no buscara su permanencia en la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), a cambio de ofrecerle una asesoría o puesto dentro del organismo con una encomienda muy específica: instrumentar dentro del gobierno del estado el sistema Infomex.

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Que la periodista Blanca Lilia Ibarra Cadena es la aspirante con más posibilidades para quedarse con el lugar que dejará vacante Josefina Buxadé en la CAIP, ahora que los priístas voten en contra de su continuidad como comisionado del organismo dizque garante de la transparencia y la rendición de cuentas en Puebla.

Tiene a su favor varios factores: su experiencia y conocimiento en la materia; su condición de mujer (que mucho influirá ahora que otra mujer saldrá de la Comisión); su desempeño como titular de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla; su oficio como comunicadora y publirelacionista, y sus buenas relaciones con la clase política gobernante.

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Trivia:

¿Qué secretario del gabinete marinista se puso el miércoles hasta las chanclas, aprovechando la ausencia de su jefe, el gobernador Mario Marín Torres, quien después de comer en Izúcar de Matamoros voló a la ciudad de México para participar en la sesión de Consejo Político Nacional del PRI?

Un tip: el susodicho es miembro del Consejo Político Nacional del PRI, a cuya sesión evidentemente no asistió, pese que ahí se aprobó utilizar la convención de delegados como método de selección de los futuros candidatos del tricolor a diputados federales por el principio de mayoría relativa.

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Que en los próximos días saldrán a la luz nuevas encuestas electorales, entre ellas las de Consulta Mitofsky, de Roy Campos, que ubican a la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, como la aspirante mejor posicionada para contender por la gubernatura del estado como candidata del PRI en los comicios locales de 2010.

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Que el rector de la Benemérita, Enrique Agüera Ibáñez, ya se estrenó en las redes sociales de internet, al subir su perfil al sitio más importante de este tipo en la web, Facebook.

Agüera aparece en esta página electrónica con una foto de medio cuerpo hacia arriba, muy sonriente, y con una frase no carente de significado electoral, aunque él insista que no está campaña: “Vamos por una mejor BUAP y una próspera Puebla… a tu lado”.

Entre los amigos que el rector Agüera tiene dados de alta en su facebook figuran el presidente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier; el nuevo dirigente estatal del PVEM,  Juan Carlos Natale; el senador Rafael Moreno Valle, y el ex rector de la UDLA-P, Pedro Ángel Palou.

También aparecen Mario Marín Jr, Mario Montero Jr. y Melquiades Morales Jr., los periodistas Yuriria Sierra, Isabel Tobón, Isaac Hernández, Arturo Rueda y Zeus Munive; los ex dirigentes del PVEM, Ernesto Guerrero Aguilar y Gustavo Díaz Ordaz, así como estudiantes y egresados de la BUAP, la UDLA-P y el Tec de Monterrey.

El perfil del rector de la BUAP en facebook lo encuentra en la siguiente liga:
http://www.facebook.com/home.php?ref=home#/profile.php?id=1585633688

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Que el coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana de Puebla, José Ojeda Bustamente, podría ser la carta oculta del PRI para ocupar la cartera que dejará vacante Josefina Buxadé Castelán en la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP).

Por lo pronto, este miércoles el Congreso del estado admitirá el ocurso presentado por el académico a fin de entregarle la ciudadanía poblana vía fast track.

Entre los observadores políticos no pasa inadvertido el repentino interés de Ojeda por hacerse ciudadano poblano, la prontitud con que el Congreso accedió y tramitó su solicitud, y tampoco su actitud conservadora en la discusión sobre las reformas a la Ley de Transparencia, aprobadas por la actual Legislatura, evitando a toda costa las críticas a los diputados de la mayoría priísta.

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Que el próximo 10 de diciembre, los poblanos conoceremos un rostro hasta ahora desconocido del ex candidato del PAN a la presidencia municipal de Puebla, Antonio Sánchez Díaz de Rivera. Me refiero a su faceta de escritor y poeta.

Y es que ese día, a las 18:30 horas en el Aula Virtual del Complejo Cultural Universitario de la BUAP, el actual diputado federal presentará su libro de poemas y reflexiones titulado “Cobija al hombro”, obra que será comentada por la secretaria de Educación Pública del gobierno federal, Josefina Vázquez Mota, y por la presidenta de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla, María Teresa Colchero Garrido.

El evento, del que ya circulan invitaciones, será presidido por el rector de la Benemérita, Enrique Agüera.

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Quien también está por presentar su más reciente libro sobre filosofía política es el consejero electoral Fidencio Aguilar Víquez.

Su ensayo de 418 páginas, titulado “La modernidad limitada. La idea del ser y el lugar de la razón en el pensamiento de M. F. Sciacca”, fue editado por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del estado de Morelos (CIDHEM).

La reseña que aparece en la contraportada de su obra apunta lo siguiente:

“El siglo XX nació con la certeza de que, al fin, los seres humanos habíamos alcanzado la madurez de nuestro ser histórico; el resultado, por el contrario, fue un siglo de guerras cuyas secuelas, todavía hoy, inicios del siglo XXI, siguen latentes bajo diversas caretas. Aunado a lo anterior, cuando menos tres grandes problemas tienen en jaque a quienes habitamos el planeta: el grave deterioro ecológico, el tráfico ilegal de drogas y de personas y el surgimiento de nuevas formas de terrorismo.

“Lo anterior no se entiende sin conocer el tema de la Modernidad y de su crisis, advertida ya por sus estudiosos más acuciantes. El problema central es este: por qué la humanidad, a partir de la inspiración en el pensamiento moderno, en vez de entrar en un estadio auténticamente humano, lejos de las añejas tiranías de la autoridad y el dogma, ha generado una nueva barbarie que consiste, en términos generales, en la abolición misma de la razón, de la verdad y del ser, incluso del sentido mismo de la ciencia y de la organización social y política, cuya consecuencia es la disolución o ´dislocación´ del sujeto humano en ´infinitas´ almas mortales.

“Debemos de reconocer, sin embargo, que esa pretensión -comprender por qué se ha entrado en un nuevo estado de barbarie- nos desborda. No por ello debemos renunciar a una lectura alternativa del tema de la Modernidad y de su crisis. Es decir, frente al fracaso de una Modernidad ilustrada, pagada se sí misma y autorreferente, o frente al desencanto posmoderno y, a veces, nihilista, frente a ellos se encuentra una Modernidad limitada que reconoce la dignidad de la razón en su vinculación con la Idea del ser. Tal es la filosofía de la integralidad que propone, entre otros, Michele Federico Sciacca, cuyo pensamiento general se expone en este libro”.

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El burocrático procedimiento encaminado a la remoción de Antonio Juárez Acevedo como presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), sigue su curso.

Ayer los dos peritos que analizan las firmas que son, pero no son de Juárez Acevedo, a decir de él mismo, entregaron sus conclusiones, y serán convocados para el jueves 30 de octubre para que los ratifiquen.

Una vez que esto ocurra, la Comisión de Gobernación abrirá un nuevo plazo de 10 días para alegatos finales, tras los cuales elaborará su dictamen que someterá al pleno del Congreso a finales de noviembre o principios de diciembre proponiendo la destitución del presidente de la CAIP.

La idea es empatar su salida con la de Josefina Buxadé Castelán, que fue nombrada como comisionada de la CAIP para un periodo de cuatro años que concluye en diciembre próximo.

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Tómelo con reserva, pero una fuente confiable me asegura que las relaciones de Ana Teresa Aranda Orozco con su jefe, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourino Terrazo, no son precisamente las mejores, y que esta situación podría llevar a la ex candidata a la gubernatura de Puebla a ser nominada como candidata a una diputación federal en las elecciones de julio de 2009.

De acuerdo con esta misma versión, la Doña podría ir como propuesta del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, lo que le garantizaría uno de los primeros lugares en la lista de plurinominales por la cuarta circunscripción del país, que comprende al Distrito Federal y a los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

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Este martes a las 17:30 horas se estrenará por el canal 26 de televisión la serie Micrópolis, que es una producción del SICOM dirigida al público infantil, con el propósito de fomentar valores y rescatar el uso de los tradicionales juguetes mexicanos.

La idea y producción original es de Maytee Enciso Vargas y Raúl Velázquez García, aunque en el desarrollo de cada uno de los 16 capítulos de la primera temporada intervienen más de 20 personas, entre actores, voces, escenógrafos, técnicos y realizadores.

Micrópolis nace de la imaginación de un niño, que transforma su cuarto en una ciudad y a sus juguetes en héroes y villanos de diferentes aventuras que un día desarrollan un arma secreta; otro, reflexionan sobre el perdón y los fenómenos paranormales, y en otros, sobre la importancia del medio ambiente y la reforestación o la elaboración de los dulces típicos de Puebla.

El primer programa se transmitirá este martes por el canal 26 de televisión abierta, por el 225 de Megacable digital, por el 35 de Megacable básico y por el 26 de Ultravisión digital.

Cada capítulo tiene una duración de 30 minutos.

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El presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Alonso Lujambio Irazábal, marcó a las autoridades estatales y diputados locales el derrotero que deben seguir para salir del embrollo en que se encuentran metidos con el descrédito del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, y las impugnadas reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Aquí el recetario que Lujambio perfiló durante su conferencia “Información pública, instrumento de control ciudadano” ante los directivos y socios del Club de Empresarios de Puebla:

Revisar y corregir algunos aspectos de la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que van en sentido contrario a las reformas que aprobó el Congreso de la Unión al artículo 7° constitucional.

Convertir a la CAIP en órgano garante de la transparencia a nivel estatal con competencia sobre el Poder Ejecutivo y los 217 ayuntamientos de la entidad, para evitar que en Puebla existan más de 220 comisiones de transparencia que funcionen con criterios diferentes y hasta antagónicos.

Impulsar la creación de órganos garantes en los poderes Legislativo y Judicial y en los organismos constitucionalmente autónomos.

Sustituir el módulo electrónico con que actualmente cuenta el portal de transparencia del gobierno del estado para recibir y responder las solicitudes de información pública, por el sistema Infomex creado por el IFAI, y que opera en ocho estados y que está en vías de aplicarse en 21 entidades federativas más. Sobre este punto, Lujambio expresó que el gobernador Mario Marín ya expresó este día su interés por adoptar el Infomex.

Restituir la confianza y credibilidad de la CAIP como garante de la transparencia y árbitro entre ciudadanos y autoridades en caso de controversias. Y aunque el presidente del IFAI fue muy cuidadoso en no emitir comentarios sobre Juárez Acevedo, con su exposición dejó más que claro que lo mejor que le puede ocurrir a la CAIP es que éste se vaya y sea sustituido por un personaje que goce de amplio prestigio social.

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Pero en el marco de la Primera Semana de Transparencia Municipal, organizada por el ayuntamiento de Puebla en colaboración con la UAP, la UPAEP, la Ibero, el Tecnológico de Monterrey y el IFAI, también trascendieron malas noticias.

La primera es que el proceso que el Congreso del estado le sigue el ilegítimo e ilegal Antonio Juárez Acevedo como presidente de la CAIP no será fast track, sino largo, tortuoso y burocrático.

Los diputados de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, que encabeza el priísta Pablo Fernández del Campo, no quieren dar pie a que el mañoso Juárez Acevedo se ampare contra el proceso de remoción y prolongue su permanencia al frente de la CAIP por secula seculorum.

Y quienes marcan la línea y los tiempos de la agenda legislativa quieren empatar la salida de Juárez Acevedo con la de la comisionada incómoda de la CAIP, Josefina Buxadé Castelán, que en diciembre concluye el periodo de cuatro años para el cual fue nombrada por el Congreso del estado.

Otra mala noticia es que la acción de inconstitucionalidad que promovió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, Marcia Maritza Bullen Navarro, en contra de las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información podría resolverse hasta dentro de cuatro o seis meses.

Y la última: la mayoría priísta que controla el Congreso del estado muestra poca, pero muy poca disposición de impulsar como sustitutos de Juárez Acevedo y Josefina Buxadé a personajes independientes, de prestigio social y académico y con autoridad moral, pues su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas no es más que de dientes para fuera.

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¿Con qué cara Puebla será sede la COMAIP?
Plataforma Cuatro, piedra en el zapato del IFE

El escándalo que envuelve al Congreso del estado y al cuestionado presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, podría alcanzar dimensiones nacionales. No exagero. Sólo analice el contexto.

De entrada, Puebla será sede, durante la última semana de agosto, de la IX Asamblea Nacional de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), cuya presidencia recayó —por razones propias de la organización del evento— en el ilegal e ilegítimo presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo.

Una semana antes de la Asamblea Nacional de la CAMAIP, el Congreso regresará de su periodo vacacional para entrar —según el dicho del presidente de la Comisión de Gobernación, el priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa— a fondo en la investigación que se le sigue a Juárez Acevedo, en especial ahora que su pertenencia y posición dentro de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro, al momento de su designación como comisionado de la CAIP, está más que demostrada.

¿Qué va a pasar el 19 de agosto, cuando el diputado Pablo Fernández del Campo y los demás legisladores de la Comisión de Gobernación conozcan oficialmente el expediente publicado el viernes por e-consulta, donde el IFE admite —por conducto de su director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Fernando Agíss Bitar— que el presidente de la CAIP sigue siendo el secretario general de Plataforma Cuatro?

¿A poco la mayoría priísta del Congreso va a seguir sosteniéndolo, a sabiendas que su nombramiento es ilegal de origen?

¿Con qué cara Juárez Acevedo puede ser anfitrión en Puebla de los garantes de la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho a la información pública de los 27 institutos y comisiones invitados a la IX Asamblea Nacional COMAIP?

Un ingrediente adicional para que el escándalo de Juárez Acevedo adquiera dimensiones nacionales, es la controversia que él mismo interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para echar abajo la afirmación del IFE sobre su pertenencia a la agrupación política nacional Plataforma Cuatro.

Juárez Acevedo basa su argumentación en un hecho sin duda controversial y controvertido: la ausencia de su firma en el acta constitutiva de Plataforma Cuatro.

El presidente de la CAIP sostiene que si tal documento no fue suscrito por él, entonces los actos y actuaciones posteriores de esta agrupación política nacional tampoco tienen validez legal, por lo que nadie puede acreditarle la representación de una organización que en términos formales jamás se constituyó.

Esta situación explica en parte la actuación poco diligente que ha mostrado el IFE en el caso Juárez Acevedo, primero ante la Contraloría del estado cuando ésta le requirió información sobre el cuestionado presidente de la CAIP y sus vínculos con Plataforma Cuatro, y luego ante la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del estado.

En el oficio DEPPP/DPPF/3659/2008 que el IFE envió al Congreso del estado, el pasado 9 de julio, se reconoce que el acta constitutiva que da cuenta de la Asamblea General Ordinaria de la Agrupación Política Nacional “Plataforma Cuatro”, de fecha 8 de enero de 1999, “no obra en los archivos de este Instituto”.

Esta omisión no deja de resultar extraña.

¿Cómo el IFE, que por siete años financió con recursos públicos a Plataforma Cuatro, ahora dice que no cuenta con el acta constitutiva de esta agrupación política?

¿Cómo Juárez Acevedo, que por siete años gozó de las prerrogativas del IFE, ahora se inconforma ante el mismo organismo con el argumento de que no puede ser secretario general de una agrupación que legalmente nunca se constituyó, o al menos no con su firma?

¿Ahora entiende por qué le digo que la CAIP y su ilegal e ilegítimo comisionado presidente meterán a Puebla en otro escándalo nacional?

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Si desea hacerme algún comentario o crítica y que éstos se publiquen, haga clic aquí. De lo contrario, recibo sus mensajes en los siguientes correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

¿Sabía usted que muchos son los personajes que han intercedido para que Antonio Juárez Acevedo sea mantenido, a pesar de todo su descrédito público, como presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), entre ellos influyentes personajes de la Mitra?

¿No que lo de Dios a Dios y lo del César al César?

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¿Sabía usted que a pesar de todos los oficios, actas y constancias que obran en poder del Instituto Federal Electoral y en las cuales Antonio Juárez Acevedo aparece y firma como secretario general de Plataforma Cuatro, éste sigue negando, incluso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su pertenencia a esta agrupación política nacional?

¿No que lo peor que podría ocurrirle a México sería convertirse en un país de cínicos?

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¿Sabía usted que la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla (AMPEP) podría fracturarse en las próximas semanas, en el marco de la elección de su próxima mesa directiva y debido al empeño de su actual presidenta, Josefina Zárate López, de heredarle el cargo a María Teresa Colchero Garrido?

¿Sabía usted que el grupo que podría escindirse es encabezado por la periodista de sociales Malú Ferniza Rodríguez, quien a su regreso de Argentina podría hacer oficial su renuncia a la AMPEP a través de su columna en El Sol de Puebla?

¿Y sabía usted que por las divisiones y pleitos dentro de la organización, sus asociadas ni siquiera han logrado ponerse de acuerdo para elegir a los miembros de la comisión electoral?

¿No que las mujeres pueden destrozarse, pero jamás hacerse daño?

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¿Sabía usted que en San Pedro Cholula juran y perjuran que existen dos presidentes municipales? No el constitucional y el legítimo, sino el formal y el real, personificados en Francisco Covarrubias Pérez y Fernando Ortiz Aldana, éste último miembro del disminuido Huachi Power

¿Y sabía usted que el hoy director de Gobernación Municipal, Fernando Ortiz Aldana, fue también el hombre fuerte del anterior munícipe priísta de Cholula, Juan Pablo Jiménez Concha?

¿No que en México se habían terminado los maximatos y que Cholula nomás para los cholultecas?

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Antes de despedirme, doy paso a la siguiente carta aclaratoria.

Lic. Rodolfo Ruiz Rodríguez
Director E-consulta
Presente

Respecto a la información manejada en su columna “La Corte de los Milagros” de fecha jueves 7 de agosto de 2008, con el encabezado: “Cínicos y mentirosos”, en la parte intitulada “¿Pagan Play Boy del IEE?”, me permito realizar las siguientes precisiones para que sus lectores estén debidamente informados:

Es falso que el Instituto Electoral del Estado haya realizado algún pago o contratado el concepto al que hace referencia.

En el contrato con la empresa Megacable realizado el 3 de mayo de 2007, el Organismo Electoral adquirió el servicio denominado “básico” de 63 canales de televisión, con una mensualidad de 310 pesos, en el cual no incluye el canal al que hace referencia en su columna, ya que para acceder a este o a cualquier otro canal adicional se necesita contar con el servicio digital, mismo que nunca ha sido contratado.

Cabe mencionar que para contratar el servicio digital se requiere contar con el convertidor digital de videograbación, lo que implicaría un contrato distinto al que se tiene actualmente con esta empresa.

Por lo tanto, los consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado no tienen acceso al canal al que hace referencia, como lo puede usted constatar en las copias simples que le remito del contrato No. 327071 signado con Megacable y de las facturas correspondientes a la contratación del servicio “básico” y la última que se ha pagado y que corresponde a julio de 2008.

En lo referente al caso de Alberto Adrián Pérez Romero, efectivamente no laboró en el Instituto Electoral del Estado pero sí en la extinta Comisión Estatal Electoral como subcoordinador regional y el 22 de mayo del año 2000 promovió una demanda laboral por despido injustificado.

El juicio contra la Comisión Estatal Electoral quedó asentado en el expediente No. D452000 radicado en el Tribunal de Arbitraje del Estado y en 2002 se amplió la demanda al IEE por tratarse de sustitución patronal.

Desde entonces el caso siguió hasta que se signó un convenio con el demandante, a quien se le expidió el cheque 37976 del banco HSBC por 150 mil pesos por concepto de liquidación.

Igual sucedió con Alejandro Noé Muñoz, nombre correcto de quien interpuso una demanda laboral ante el Tribunal de Arbitraje del Estado, asentada en el expediente D-92/2008.

Ambos casos fueron puestos a consideración de los miembros del Consejo General para que conocieran las condiciones de los demandantes.

Las ex titulares de la Contraloría de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica no recibieron liquidación porque presentaron su renuncia a sus respectivos cargos.

Por último, le informo que el cargo de Tesorero no existe en el Organigrama del IEE.

Atentamente
H. Puebla de Z., 7 de agosto de 2008

Lic. Diana Patricia Balbuena Espinosa
Coordinadora de Comunicación Social
Instituto Electoral del Estado.

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Y hasta la próxima.

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