La resolución recaerá en el procurador Carrancá y Facundo Rosas

Asaltan (¿otra vez?) las oficinas de Enrique Doger Guerrero

El próximo martes 9 de septiembre dictará conferencia en la UPAEP el dr. Jon Elster

No será esta semana, sino hasta la siguiente cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) rinda su informe sobre el desalojo violento de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, y emita sus recomendaciones a las autoridades estatales por las violaciones graves en que incurrieron durante el operativo, y la posterior refriega entre manifestantes y policías.

Hasta donde se sabe, la CNDH sí emitirá sendas recomendaciones al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, y al procurador de Justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourget. Al primero por uso excesivo de fuerza y empleo desproporcionado de armas no letales; por incumplir con los protocolos para disolver manifestaciones, y por violar diversas disposiciones de la Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla, mejor conocida como Ley Bala.

Y al procurador Víctor Carrancá por la detención y criminalización de cuatro de los pobladores de Chalchihuapan enviados al penal de Cholula, por solapar la falsedad de declaraciones de policías que acusaron por órdenes superiores a los detenidos, y por consignar a estos últimos por delitos excesivos y que jamás cometieron.

Inicialmente los detenidos de Chalchihuapan Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras, Santiago Pérez Tamayo y Sergio Clemente Jiménez Tecalero habían sido acusados de motín, desobediencia y resistencia de particulares; así como de delitos cometidos contra funcionarios públicos, como privación ilegal de la libertad, lesiones dolosas, tentativa de homicidio calificado y daño en propiedad ajena doloso, todos los cuales se desvanecieron.

De todos los delitos por los fueron encarcelados, al final sólo dos quedaron en firme: ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, por los cuales tuvieron que pagar una fianza para obtener su libertad caucional.

Los trascendidos que el viernes y sábado se publicaron en los periódicos La Razón y Milenio, en el sentido de que la CNDH daría por cierta la versión gubernamental de que al menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, lo mató un cohetón lanzado por alguna persona que formaba parte del grupo que se enfrentó a policías el pasado 9 de julio, o que el dictamen de la Comisión será exculpatorio del gobierno de Moreno Valle, son sólo eso: trascendidos sin ningún fundamento.

De hecho, puedo asegurarle que en la administración estatal ya se preparan para una resolución negativa del ombudsman nacional dirigida al gobernador Rafael Moreno Valle; al secretario de Seguridad, Facundo Rosas y al procurador  Víctor Carrancá.

En dicha recomendación, lo más probable es que el gobierno sea instruido a indemnizar a las víctimas del desalojo, entre ellas la madre del menor muerto, Elia Tamayo Montes.

Para dar la impresión de que el gobierno acatará las recomendaciones de la CNDH, que posiblemente se hagan públicas entre el 8 y el 12 de septiembre, el gobierno morenovallista podría relevar a ciertos mandos policíacos, como a la subsecretaria de Coordinación y Operación Policial, Ofelia Flores Ramos, y suspender a otros uniformados que participaron en el operativo; así como remover a algunos agentes ministeriales que se prestaron o manipularon declaraciones de policías para inculpar a manifestantes de la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie.

EN CORTO

Este fin de semana se registró otro asalto con tintes políticos. La víctima fue el diputado federal priísta Enrique Doger Guerrero, de cuyas oficinas en la colonia Chula Vista de la capital poblana se llevaron dos computadoras de escritorio, la suya y la de su secretaria y asistente personal, dinero y diversos documentos, entre ellos su padrón de seguidores.

De acuerdo con algunas fuentes, este sería el segundo asalto cometido a oficinas o propiedades del también aspirante a la gubernatura de Puebla, Enrique Doger, ya que uno anterior se había registrado en un inmueble que antes albergó una sucursal bancaria en las inmediaciones del Circuito Juan Pablo II y la 11 Sur.

En lo que va de la actual administración estatal se han registrado por lo menos ocho robos similares a oficinas o domicilios de figuras públicas locales, en donde los delincuentes sólo han sustraído computadoras y documentos personales.

Las víctimas han sido periodistas, personalidades políticas y activistas. La madrugada del 25 de julio de 2013 fueron asaltadas las oficinas del periódico digital e-consulta, de las cuales se llevaron dos laptops, la de un servidor, y la de mi socia Blanca Patricia Galindo. El 23 de junio, también en la madrugada, fueron robadas las oficinas del líder sindical de los telefonistas, Marco Antonio Mazatle Rojas, ubicadas en el boulevard 5 de Mayo y 13 Oriente, en pleno Centro Histórico. Este mismo dirigente sufrió antes tres robos similares en su domicilio particular.

A la lista se suman la panista Ana Teresa Aranda, a quien le robaron su computadora y documentos el 25 de julio; el director del portal Poblanerías, Luis Enrique Sánchez Fernández, que fu visitado por los amigos de los ajeno el 27 de julio; el caricaturista del periódico Cambio, Elmer Sosa, a quien el 17 de agosto le robaron en su domicilio dos computadoras portátiles, memorias USB y un iPad, y el ex juez Enrique Romero Razo, la noche del 23 de agosto en su casa del fraccionamiento El Ángel.

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El próximo martes 9 de septiembre el doctor en Ciencias Sociales Jon Elster dictará una conferencia magistral en la UPAEP, con motivo del 41 aniversario de la licenciatura en Ciencias Políticas.

¿Qué son y para qué sirven las constituciones? es el título de la conferencia de este profesor de la Universidad de Columbia, autor de diferentes libros entre los que destacan «Tuercas y tornillos», «Explicando el comportamiento social» y «El cemento de la sociedad».

Su conferencia se realizará en el Aula Magna del edificio central de la UPAEP a partir de las 17 horas. La entrada será libre a todo el público.

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Aunque en el CEN del PRI se levantaron algunas cejas por las críticas y reacciones de diferentes grupos priístas en torno al inminente nombramiento de la diputada federal Ana Isabel Allende Cano como presidenta del Comité Directivo Estatal, me aseguran que en esta fórmula hay que poner especial atención en la figura del secretario general.

Sí, en el que será el segundo de abordo y en quien recaerá una parte importante de la operación, reorganización y reestructuración del partido, de cara a las elecciones federales y locales en puerta.

De acuerdo con una fuente confiable, el elegido para llevar la secretaría general del CDE del PRI será el exdiputado local y extesorero municipal Jorge Alfonso Ruiz Romero, un personaje plenamente identificado con el diputado federal Enrique Doger Guerrero.

En la lista de prospectos estuvieron el yerno y secretario particular de la senadora Blanca Alcalá Ruiz, Edgar Chumacero Hernández; el coordinador de los diputados federales del PRI, Carlos Sánchez Romero, apoyado por el grupo de Jorge Estefan Chidiac, director nacional de Bansefi; el exdiputado federal José Alberto González Morales; y el actual delegado de la Sagarpa, Alberto Jiménez Merino, aunque éste último sin mucho empuje, al enterarse que lo querían para la secretaría general y no para la dirigencia estatal del tricolor.

El grupo menos conforme con el inminente nombramiento de Isabel Allende como presidenta del Comité Directivo Estatal y de Jorge Ruiz como secretario general es el encabezado por el subsecretario de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós, quien también aspira a la gubernatura de Puebla, al igual que Enrique Doger y Blanca Alcalá.

Su descontento, a decir de los que saben, lo hizo explícito con los ocho presidentes municipales priístas que ayer se pronunciaron en contra de las imposiciones en la dirigencia de su partido, entre ellos dos que no pueden negar su abierta simpatía por Lastiri Quirós: Carlos Alberto Morales Álvarez, de Huejotzingo, y David Huerta Ruiz, de Tepeaca.

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A unos días de que se inaugure el Centro de Entrenamiento de Audi, construido con fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Eugenio Yarce Alfaro, quien fungía como su director general acaba de renunciar, a sabiendas del escándalo que se aproxima por el retraso del proyecto, las obas inconclusas y las deficiencias del Centro y de los equipos que fueron adquiridos para la capacitación de los técnicos de esta firma de autos de lujo.

Las instalaciones del Centro de Entrenamiento de Audi, que debieron terminarse en abril, serán inauguradas el 2 de septiembre.

Antes de ingresar a la Universidad Tecnológica de Puebla, que tiene a su cargo el proyecto del Centro de Entrenamiento de Audi, Eugenio Yarce laboró en la Upaep como vicerrector de Vinculación, institución en la que no dejó una muy buena impresión tras su salida.

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Aunque en el gobierno del estado se quiere generar la impresión de que nada pasará con la investigación que lleva a cabo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras el desalojo de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, lo cierto es que se preparan para remover a la subsecretaria de Coordinación y Operación Policial, Ofelia Flores Ramos, quien estuvo a cargo del operativo, e incluso al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas.

El resolutivo de la CNDH sobre el caso Chalchihuapan y la llamada Ley Bala se hará público por ahí del 8 de septiembre.

La visita que esta noche hicieron a la Comisión el senador Javier Lozano Alarcón y los diputados federales Néstor Gordillo Castillo y María Isabel Ortiz Mantilla tuvo el propósito de presionar al presidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, para que también responsabilice de la violencia ocurrida el 9 de julio al presidente auxiliar de Chalchihuapan, Jairo Javier Montes Bautista, considerando que éste tuvo una activa participación en la gresca, como lo muestran diversas fotografías y videos entregados al ombudsman nacional en propia mano.

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Después de la comparecencia del secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo más seguro es que pronto sea removido del cargo antes de que su continuidad siga dañando la imagen y credibilidad del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas.

Por lo pronto este miércoles el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, ya lo exhibió en conferencia de prensa, al destacar que Don Facundo se rehusó a proporcionar nombres de los policías y jefes que participaron en el desalojo de pobladores de Chalchihuapan, el pasado 9 de julio, y otros informes relevantes sobre el operativo realizado en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

El problema para el gobierno del estado es que la inminente remoción del secretario de Seguridad Pública no atenuará la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala, que este fin de semana cumplirá un mes. Si Don Facundo hubiera sido separado del cargo, una vez que trascendió la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, mientras se hacían las investigaciones del caso y se deslindaban responsabilidades, el escenario quizás hoy sería diferente.

La marcha de protesta que para este domingo se anuncia del Triángulo de Las Ánimas a la Fuente de Los Frailes sobre el bulevar Atlixco, y de ahí al zócalo de la ciudad por la Avenida Juárez y la avenida Reforma será un buen termómetro para prever cuál será el derrotero que siga esta crisis y cuáles serán sus alcances en el corto y mediano plazo.

Si la marcha, inicialmente convocada por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) que encabeza Francisco Hernández Juárez, logra reunir a miles de manifestantes y ciudadanos agraviados por el gobierno de Moreno Valle, lo más seguro es que la cabeza del secretario de Seguridad Pública sea insuficiente para contener la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala.

Pero si, por el contrario, la protesta resulta poco nutrida o se convierte en un mitin de radicales en el que los reclamos de justicia por la muerte del menor asesinado, la restitución de los servicios del registro civil en las juntas auxiliares y la derogación de la Ley Bala, degenera en la exigencia de que Moreno Valle renuncie o sea llevado a juicio político, entonces lo más probable es que el conflicto se desinfle.

Una cosa es que los ciudadanos no aprueben y hasta se manifiesten en contra los abusos del gobierno del estado, y otra muy diferente que la mayoría de los poblanos quieran la renuncia de Moreno Valle.

De ahí la importancia de la marcha de este domingo en la capital del estado.

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Entre algunos regidores del ayuntamiento de Nopalucan de la Granja no ha caído nada bien la disposición del edil priísta Rogelio Roque Torres de retener los sueldos de los miembros de su cabildo y de sus principales funcionarios, para cubrir el anticipo de la Arrolladora Banda El Limón que se presentará el 21 de septiembre en el marco de los festejos de la feria.

Tampoco que el ayuntamiento tenga que invertir 200 mil pesos en la pinta de bardas y la elaboración de carteles anunciando su presentación, no obstante que la banda fue contratada por una empresa de espectáculos denominada Abaco, que pretende vender cerca de 10 mil boletos a un costo de 200 y 250 pesos cada uno, y en la que tiene fuertes intereses los hermanos Arturo y Leobardo Soto Martínez, este último dirigente estatal de la CTM.

Y tampoco que el negocio de la venta de comida y bebidas alcohólicas durante el show de la Arrolladora Banda El Limón tenga como beneficiario al regidor de Industria y Comercio de Nopalucan, Andrés Torres, cómplice y soltador del munícipe de Nopalucan, Rogelio Roque.

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Un elemento que explica la actitud hasta cierto punto beligerante del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, frente al gobierno de Rafael Moreno Valle en el caso Chalchihuapan, es que en este se juega políticamente su reelección.

Si el gobierno estatal pensó que Raúl Plascencia sería un aliado amigable o una autoridad complaciente en las investigaciones que lleva a cabo el organismo para determinar si hubo o no violaciones a los derechos humanos de los pobladores de Chalchihuapan, y conocer de dónde finalmente salió el proyectil que mató al menor José Luis Tehuatlie Tamayo, se equivocó.

Incluso para dejar su posición y evidenciar su imparcialidad, Raúl Plascencia manifestó a los perredistas, abogados y pobladores de Chalchihuapan que este martes lo visitaron en sus oficinas del Distrito Federal, encabezados por el senador Luis Sánchez Jiménez, que no mantiene ningún vínculo afectivo o de amistad con el gobernador Moreno Valle o con las autoridades de Puebla que el pasado 21 de mayo le entregaron la Cédula Real de la Ciudad, la Clavis Palafoxiana y su nombramiento como doctor Honoris Causa de la BUAP.

Nadie mejor que Raúl Plascencia sabe que su continuidad al frente de la CNDH por otros cinco años será complicada, y que la fracción mayoritaria del PRI cuenta incluso con otros aspirantes que estarían más en el ánimo del tricolor para sustituirlo, como Mauricio Farah Gebara, quien actualmente se desempeña como secretario general de la Cámara de Diputados.

La CNDH ha enviado ya tres señales clarísimas de su posición frente al conflicto: la primera es el comunicado CGCP/212/14 por el cual da a conocer que el ombudsman ejerció su facultad constitucional de Investigación de Violaciones Graves a los Derechos Humanos en el caso del desalojo del pasado 9 de julio contra habitantes de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, por policías del gobierno estatal, en el que resultó asesinado un niño de 13 años y clasificó el caso como de “especial gravedad”.

La segunda fue su decisión de llamar a comparecer al secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, para este miércoles 6 de agosto en las oficinas de la CNDH, a fin de que declare sobre los hechos ocurridos durante un enfrentamiento en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, y al procurador de Justicia de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourguet, para que el viernes 8 de agosto informe de las actuaciones y peritajes llevados a cabo por el Ministerio Público a su cargo sobre el enfrentamiento entre policías y pobladores de Chalchihuapan.

Tales citatorios están lejos, muy lejos, de ser rutinarios. De hecho son los primeros que se giran en la gestión de casi cinco años de Raúl Plascencia.

Y la tercera señal fue su deslinde ante el senador Luis Sánchez y la diputada federal Roxana Luna Porquillo, ambos del PRD, en el sentido de que no es amigo, ni aliado del gobernador de Puebla y otras autoridades que dos días después de haberse aprobado en el Congreso del estado la Ley Bala lo condecoraron con un doctorado Honoris Causa, le entregaron la Clavis Palafoxiana y la Cédula Real de la ciudad de Puebla.

La continuidad del doctor Raúl Plascencia en la CNDH se determinará en los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre, toda vez que su gestión como presidente del organismo concluye el 15 de noviembre de 2014.

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Sirvan estas líneas para enviar un sincero y afectuoso agradecimiento a quienes hacen posible desde hace 12 años el periódico digital e-consulta. Muy especialmente a sus reporteros, editores, webmasters, articulistas, columnistas, bloguers, programadores, socialmedia, vendedores, ejecutivos, directivos y demás personal administrativo y de apoyo.

Muchas gracias. Sin ustedes y sin la preferencia de nuestros lectores, colaboradores y anunciantes, e-consulta no sería la referencia obligada que hoy es en Puebla y en otras entidades donde también tiene ediciones.

Y también para anunciar que en los próximos días el portal estrenará un nuevo diseño, más amigable y para el usuario, con mayor contenido informativo y una mejor compatibilidad con dispositivos móviles, aunado a que también lanzará sus aplicaciones (Apps) descargables para Android y iOS las cuáles próximamente estarán disponibles en las tiendas de GooglePlay y Itunes totalmente gratis para nuestros lectores.

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La petición de Roxana Luna aún no se discute en la Cámara Baja

Diputados del PRI y PAN la rechazan, pero la izquierda se divide

Una soterrada lucha se vive en el seno de la diputación federal poblana por enterrar el punto de acuerdo que la perredista Roxana Luna Porquillo subió el jueves antepasado a la gaceta parlamentaria, con el propósito de solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) iniciar una controversia constitucional para derogar la Ley de Agua del estado de Puebla, por la cual se pretende privatizar la prestación de los servicios de agua.

Al día de hoy han sido exitosas las gestiones del gobernador Rafael Moreno Valle y su secretario General de Gobierno bis, Eukid Castañón Herrera, para impedir que este asunto —que la diputada Roxana Luna planteó como de obvia y urgente resolución— se discuta en tribuna, pues aunque el punto sigue enlistado, no se ha ventilado en el pleno de la Cámara de Diputados en las últimas tres sesiones.

Para ello, el mandatario estatal y sus operadores políticos se han visto obligados a emprender un intensivo cabildeo, que ha llegado hasta el propio coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, pasando por el líder de la fracción perredista y actual presidente de la Junta de Coordinación Política, Silvano Aureoles Conejo, no obstante que éste suscribió el punto de acuerdo y ofreció una conferencia de prensa en compañía de la legisladora de su partido el jueves antepasado.

Los primeros que ofrecieron su apoyo al gobernador Moreno Valle para enterrar ese asunto fueron los diputados federales del PRI, a los que les dijeron que la controversia impulsada por Roxana Luna ya no tenía razón de ser, después de que el Congreso del estado derogó el artículo 118 bis de la Ley de Agua, por el cual se facultaba a los concesionarios del servicio a fijar las tarifas de cobro.

Los legisladores priístas, cual domesticados opositores, ya ni siquiera se tomaron la molestia de leer el punto de acuerdo, que no plantea la derogación de ese artículo sino de las fracciones IV y IX del artículo 31, por las cuales se autoriza a particulares a prestar los servicios de agua mediante la figura de concesiones y a que éstos puedan embargar los bienes de aquellos usuarios que no paguen o tengan adeudos.

Si esta controversia prosperará o no, es algo todavía incierto, pues aunque la perredista ha sido presionada por diferentes instancias para que se desista, lo cierto es que no lo ha retirado y tiene el apoyo de otros diputados, tanto de su partido como del PT y Movimiento Ciudadano, entre ellos Ricardo Monreal Ávila.

De ahí la importancia de saber qué pasará con esta solicitud, sobre todo ahora que la licitación para concesionar los servicios de agua y alcantarillado que hoy presta el Soapap se encuentra muy avanzada, y el naciente partido de Andrés Manuel López Obrador, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ya promueve una consulta pública para echarla abajo.

¿Quién ganará esta batalla? ¿Roxana Luna bajará de la gaceta parlamentaria este punto de acuerdo? ¿Se discutirá algún día en la máxima tribuna del país? ¿Silvano Aureoles refrendará su apoyo a este punto de acuerdo? ¿La CNDH iniciará una controversia constitucional para derogar la Ley de Agua? ¿Lograrán las presiones doblar a la diputada poblana? ¿Dejará el PRD que Morena y algunos legisladores plenamente identificados con López Obrador le arrebaten esta bandera?

Son preguntas, que conste.

EN CORTO

Tómelo con reserva, pero en los corrillos de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del estado crece la versión de que el subsecretario Rodrigo Riestra Piña no será quien sustituya al frente de la dependencia a Julio César Lorenzini Rangel, ahora que éste presentó su renuncia para regresar al Congreso de la Unión como diputado federal.

Ahora se dice que el elegido será el presidente municipal con licencia de San Andrés Cholula y actual diputado local electo por el distrito 8, Miguel Ángel Huepa Pérez.

De confirmarse estas versiones, quedaría claro que Rodrigo Riestra no obtuvo la confianza del gobernador para asumir la titularidad de la SDRSOT, a pesar del impulso del secretario de Finanzas, Roberto Juan Moya Clemente, y que finalmente un primo del mandatario sí será diputado en la LIX Legislatura del Congreso del estado.

Y es que el suplente de Miguel Ángel Huepa en el distrito 8, con cabecera en San Andrés Cholula, es Sergio Moreno Valle Germán, notario suplente de Notario Pública 24 de Puebla.

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Invitado por la BUAP y el Congreso de la Unión, este martes el primer presidente y fundador del Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, dictará una conferencia en el Paraninfo del edificio Carolino titulada Reforma Energética y Soberanía Nacional.

El acto comenzará en punto de las 11 horas.

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En menudo problema se meterán las autoridades poblanas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuando se haga pública la recomendación de esta última instancia sobre la queja presentada por la periodista Lydia Cacho Ribeiro en contra del gobernador Mario Marín Torres, el pasado 13 de enero de 2006.

Y es que, después de casi tres años de concienzudas y –se supone–– minuciosas investigaciones, el ombudsman nacional llegó a la sesuda conclusión de que los únicos responsables de violar los derechos humanos de la periodista y escritora de “Los Demonios del Edén” fueron los dos judiciales poblanos enviados a Cancún para detenerla.

Hasta el momento, lo único que ha trascendido es que la Comisión recomendó a las autoridades poblanas iniciar un proceso penal contra los judiciales José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas, quienes aun laboran en la Procuraduría General de Justicia.

Esta resolución no estará exenta de polémica, pues se supone que ambos policías ya fueron juzgados en Quintana Roo por este caso e, incluso, se les libraron órdenes de aprehensión que no prosperaron. En México, reza una máxima del derecho, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

La resolución ya fue notificada al gobierno del estado, pero por alguna extraña razón la Quinta Visitaduría de la CNDH no ha turnado el expediente al área de Comunicación Social para que éste se haga público en el portal electrónico del organismo.

Otra situación igualmente polémica, en términos de la Ley de Seguridad Pública del estado, será la explicación que ofrezcan la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de Justicia o la Contraloría del estado sobre los motivos por los cuales ambos agentes ––que estaban sujetos a investigación–– nunca fueron separados de sus cargos.

Según la referida legislación, todo policía en activo debe ser suspendido de sus funciones cuando exista una averiguación previa en su contra, cosa que no sucedió con Montaño Quiroz ni con Pérez Vargas, a pesar del proceso que se les radicó en Cancún, Quintana Roo.

La duda, que mata, sobre la sesuda recomendación de la CNDH al gobierno de Puebla es: ¿a poco esos policías que detuvieron en Cancún a Lydia Cacho actuaron de motu proprio o se fueron por sus pistolas?

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René Meza Cabrera, personaje que en el sexenio de Mariano Piña Olaya, fue centro de duras críticas y acusaciones de corrupción por parte del PAN y sus dirigentes, por su actuación como director de Tránsito del estado y por los negocios que realizó al amparo de la instalación de taxímetros, podría ahora pintarse de azul e incluso convertirse en candidato del blanquiazul a la diputación federal por el distrito 1 de Huauchinango.

Su nominación, que es impulsada por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, está siendo muy cuestionada por panistas locales tanto en Huauchinango y Xicotepec como de la capital poblana.

Y es que antes de que el PAN le abriera la posibilidad de postularlo a la Cámara Baja, el actual notario público fue un destacado militante del PRI, partido que lo hizo diputado federal, y con el cual rompió al término del sexenio melquiadista y luego un activista de la causa de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales del 2006.

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Simón dice:

“Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo”.

Sófocles (495AC-406AC), poeta trágico griego.

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Tres son los delegados federales de Puebla que andan tras una diputación federal, antes de que a dos de ellos les canten las golondrinas en sus respectivas oficinas.

Los delegados que, bajo el cobijo del PAN, se promueven para el Congreso de la Unión son: José Luis Galeazzi Berra, coordinador estatal del Programa Oportunidades; Felipe Mojarro Arroyo, delegado del Infonavit; y Miguel Ángel Mantilla Martínez, delegado de la Secretaría de Economía.

El “chivo” Galeazzi quiere ser diputado federal por Atlixco; Mojarro por Tehuacán, y Mantilla por Puebla capital.

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Ahora sí, este miércoles, el presidente de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles, dictará a los socios y directivos del Centro Empresarial de Puebla (Coparmex) —y personas ajenas al sindicato patronal que quieran pagar 320 pesos por oírlo— la conferencia “Corrupción… la solución somos todos”.

La conferencia-desayuno tendrá lugar a las 8:30 horas en el Salón Cantabria del Hotel Presidente Intercontinental.

El escritor Federico Reyes Heroles, además de presidir el Consejo Directivo de Transparencia Mexicana, es consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presidente del Consejo de Administración de la revista “Este País. Tendencias y Opiniones”.

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No cabe duda que si algo le sobra a los mexicanos, es ingenio. Y si no, pregúntenle a los del Classico, que el pasado fin de semana se sacaron de la manga una fiesta que les permitiera evitar las pérdidas por la clausura de ese antro ubicado en la zona de Angelópolis. Así como lee: se llevaron la fiesta a otro lado y hasta la la bautizaron Clássico del Mar at La Purificadora.

Y como se podría imaginar, los socios “chilango-poblanos” literalmente hicieron su agosto durante el viernes y sábado… La pregunta del millón es: y ahora que les retiraron la licencia de funcionamiento, ¿harán otras fiestas en La Purificadora? O, mejor aún, ¿abrirán con otro nombre?

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Los vecinos y administradores del fraccionamiento Altavista, en la zona de Angelópolis, andan molestos con la ex candidata perredista al senado de la República, Benita Villa Huerta, quien se niega a cubrir las cuotas de mantenimiento, así como a pagar las escrituras de un lote de 200 metros cuadrados de su propiedad.

El predio en cuestión lo adquirió en 280 mil pesos, y su valor actual es de 600 mil.

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Este fin de semana, en Cardel, Veracruz, el gobernador de aquella entidad sostuvo una reunión con presidentes municipales, diputados locales y federales, a la que asistieron casi la totalidad de los secretarios de su gabinete.

A dicha reunión acudió el secretario de Salud de Puebla, Roberto Morales Flores.

Debo aclararle que no lo hizo en calidad de futuro funcionario de Veracruz, sino como chaperón de su señora, la diputada local por el distrito de Orizaba, Elvia Ruiz Cesáreo.

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 Nuevo director en Medicina de la UDLA
 Más de seis aspirantes a dirigir la CDH

Una de las peores secuelas que dejó el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro es haberle quitado a Mario Marín Torres la posibilidad de trascender a ámbitos de mayor influencia y responsabilidad política.

Esta situación no sólo es un lastre para el gobernador, sino para los poblanos que ahora tenemos que padecer un estilo de gobierno autocrático.

Si Mario Marín estuviera en condiciones de convertirse en un actor de peso en la sucesión presidencial del 2012 o de continuar su carrera política en alguna posición relevante dentro del próximo gobierno federal, el Congreso de la Unión o el Partido Revolucionario Institucional, su estilo de gobernar sería sin duda diferente.

Por lo menos, más cuidadoso de las formas.

Pero como Marín sabe que su carrera política concluirá con su sexenio, poco parece importarle la imagen y la percepción que la opinión pública, los medios de comunicación y los principales actores políticos y sociales tengan sobre su persona.

De ahí el poco interés que él y sus operadores políticos muestran para consensuar y sacar adelante proyectos como la concesión de los parquímetros, obras como el Libramiento Norte, iniciativas legales como la Ley de Transparencia y nombramientos como los de los presidentes de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Acceso para la Información Pública.

Y de ahí también su atrevimiento –¿o valemadrismo?– para sostener al frente de la CAIP a un comisionado ilegítimo y deslegitimado como Antonio Juárez Acevedo; para oponerse a una Ley de Transparencia de avanzada como la que proponía Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), y para imponer su mayoría parlamentaria en la aprobación de su cuenta pública y en las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

O para concesionar, sin licitación pública de por medio el Libramiento Norte de la ciudad de Puebla a la empresa española OHL; para asignar en más de 450 millones de pesos las obras de mantenimiento de la vía Atlixcáyotl; para ahogar financieramente a la gestión de Blanca Alcalá Ruiz, cuyo presupuesto de obras en 2008 es inferior a 350 millones de pesos; para concesionar los parquímetros que se establecerán en el Centro Histórico y otras zonas de la Angelópolis a la empresa Jajomar, que cobrará la segunda tarifa por hora más alta del país; para quitarle a Verónica Mastretta Guzmán el comodato del Parque del Arte, y para tratar de imponer a Javier López Zavala como candidato del PRI a la gubernatura del estado.

EN CORTO

Este sábado, en el hotel Mesón del Molino, los principales dirigentes y operadores de medios del Partido Acción Nacional recibieron un curso de capacitación sobre marketing político, encuestas electorales y estrategias de comunicación, impartido por el director de Opina Consultoría Estratégica, Rigoberto Benítez Trujillo.

Al taller acudieron más de 25 panistas, incluidos el presidente estatal, Rafael Micalco Méndez y el dirigente municipal Bernardo Arrubarrena García, así como los directores y jefes de prensa del Comité Estatal, Comité Municipal y algunos ayuntamientos gobernados por alcaldes del blanquiazul.

También estuvieron diputados federales y diputados locales, así como los operadores de medios del senador Humberto Aguilar Coronado, de los diputados federales poblanos y del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del estado, entre otros.

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Invitado por el Centro Empresarial de Puebla (Coparmex), el presidente de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles, dictará el próximo jueves 24 de los corrientes una conferencia bajo el título “Corrupción… la solución somos todos”.

El desayuno, abierto a socios y no socios de Coparmex, se efectuará a las 8:30 horas en el Salón Cantabria del Hotel Presidente Intercontinental.

Además de presidir el Consejo Directivo de Transparencia Mexicana, el escritor Federico Reyes Heroles es miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presidente del Consejo de Administración de la revista “Este País. Tendencias y Opiniones”.

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Desde la semana pasada corre la versión, que no hay que descartar, sobre el posible nombramiento de Hugo Eloy Meléndez Aguilar como futuro director de la carrera de Medicina de la Universidad de las Américas (UDLA), en sustitución de Alfredo Memije Neri.

La especie cobró mayor fuerza por la aparición de Hugo Eloy Meléndez en unas cápsulas informativas transmitidas por Discovery Channel, en las cuales el actual secretario administrativo de la UAP sale a cuadro, como instructor del “niño genio”, Andrew Almazán Anaya, enfundado en una bata blanca con el logotipo de la UDLA.

Como parte de la versión se dice que entre los posibles sustitutos de Hugo Eloy Aguilar en la Secretaría Administrativa de la UAP estarían Sara Amalia Vélez Mejía, Juan José Oroza y Fernando Santiesteban Llaguno.

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Entre los aspirantes que han decidido registrarse para dirigir la Comisión de Derechos Humanos, en sustitución de Cándido Flores Mendoza, apunte usted los nombres de Eva Griselda Lozada López, Ricardo Saldaña Arellano, Germán Molina Carrillo, Rodrigo Lazcano Fernández y María Dolores Aguilar Gómez.

De éstos, los que estarían más cerca del grupo marinista son Eva Griselda Lozada, compañera de estudios universitarios del gobernador Mario Marín Torres, al igual que Cándido Flores, y actual defensora adjunta de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAP, y María Dolores Aguilar Gómez, representante de la Asociación de Abogados de Puebla.

Un personaje que también podría colarse, con la recomendación de Cándido Flores, es el actual responsable del Programa Indígena de la Comisión de Derechos Humanos CDH, Ricardo Saldaña.

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