Los mensajes del PRI nacional al gobernador Moreno Valle

Fernando Morales prevé represalias contra los marinistas

Más allá de quienes finalmente sean los candidatos a diputados federales del PAN y el PRI en la entidad, las posibilidades de que las elecciones del primer domingo de junio terminen resolviéndose en un pacto cupular entre el gobernador Rafael Moreno Valle y la dirigencia nacional del tricolor son cada vez más remotas.

Al menos al mandatario estatal ya le han enviado algunas señales en las que claramente le han manifestado que los candidatos del PRI los va a decidir el PRI, a conveniencia del PRI, e incluso al margen de los priístas locales.

Entre estos mensajes habría que destacar la probable nominación de Ana Teresa Aranda como candidata externa de la coalición PRI-PVEM, a iniciativa del presidente del CEN priísta César Camacho Quiroz y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a pesar de la oposición de algunos cuadros locales, como José Chedraui Budib, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en la capital del estado, que han censurado su virtual postulación.

La inminente decisión de eliminar de la contienda por el distrito ocho con cabecera en Ciudad Serdán a Fernando Morales Martínez, dejando esa posición a una egresada distinguida de la escuela de cuadros del PRI, Arely Ávila Reyes.

Para ningún observador político escapa el hecho de que el hijo del ex gobernador Melquiades Morales Flores es un personaje cercanísimo al actual ocupante de Casa Puebla.

La postulación de Xitlalic Ceja García por el distrito 6 de Puebla, quien no llega como una posición del ex gobernador Mario Marín Torres o del ex candidato a sucederlo en el cargo, el actual diputado federal Javier López Zavala, sino por una recomendación de la hermana del presidente de la República, Ana Cecilia Peña Nieto, a quien se vinculó en la campaña presidencial de 2012.

La cercanía de Xitlalic con la hermana consentida de Peña Nieto es tal que hace unos días la poblana fue una de las pocas invitadas al bautizo del hijo de aquella, en la Ciudad de México.

En esta demarcación es sintomático que el diputado federal Enrique Doger Guerrero se haya reservado sus críticas para Xitlalic Ceja no obstante que su grupo político ya tenía perfilado en ese distrito de nororiente de la capital del estado a por lo menos tres aspirantes: la ex regidora Sandra Montalvo Domínguez y el esposo de ésta, el ex diputado local Jorge Alfonso Ruiz Romero, y el actual jefe de asesores de la directora de la Lotería Nacional, María Esther Scherman Leaño, Javier Casique Zárate.

Otra señal del CEN del PRI al Ejecutivo estatal es la renuncia de Nancy de la Sierra Arámburo como delegada del Programa Prospera y su inscripción como precandidata a diputada federal del PRI por el distrito 3 con cabecera en Teziutlán, pese a las amenazas que tanto ella como su marido, el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, recibieron para que se mantuvieran alejados del proceso electoral.

Nancy de la Sierra fue convocada a la Secretaría de Gobernación uno o dos días antes de su registro y ahí se le indicó que se despidiera de la Delegación de Prospera ya que sería la encargada de ganar para la causa peñista el distrito 3 de Teziutlán, por el cual el gobernador Moreno Valle mandó como abanderado del PAN a su jefe de oficina, Juan Pablo Piña Kurczyn.

El único mensaje que el mandatario estatal sí comprendió desde un principio —y acusó de recibido—, cediendo prácticamente la plaza al enviado del presidente Peña Nieto y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, fue la nominación de Jorge Estefan Chidiac por el distrito 14 con cabecera en Izúcar de Matamoros. El ex director del Bansefi va como candidato único en esa demarcación de la Mixteca poblana con el propósito de obtener un triunfo contundente que lo ubique en la antesala de la Comisión de Presupuesto de la próxima Legislatura.

EN CORTO

Cuentan que el hijo del ex gobernador Melquiades Morales Flores echó ajos y cebollas en contra de su partido y de quienes, según él, influyeron para dejarlo fuera de la puja por el distrito ocho.

Dicen que Fernando Morales estaba tan molesto que cuando alguien le preguntó si dejaría el PRI, en caso de confirmarse la designación de Arely Ávila Reyes, éste no lo descartó.

Dijo también que después de la decisión del PRI de empujar la candidatura de Ana Teresa Aranda por el Partido Verde Ecologista no habría que descartar un coletazo del gobernador Rafael Moreno Valle, y que éste se tradujera en reactivar algunos procesos penales en contra del ex gobernador Mario Marín Torres y varios de los que fueron sus colaboradores en la administración pasada.

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Quizá lo más interesante de las entrevistas que Javier López Díaz y Jorge Rodríguez Corona le hicieron al presidente Enrique Peña Nieto, en el marco de su última visita a Puebla para inaugurar el Hospital del Niño Poblano, fue lo que no publicaron ambos periodistas pero que bien pudieron percibir en el Ejecutivo federal cuando le preguntaron sobre sus palabras de apoyo al gobernador Moreno Valle, las aspiraciones de éste para ser candidato presidencial en el 2018, y las versiones periodísticas que apuntan que el Ejecutivo estatal financia su precampaña a Los Pinos con algunas obras del gobierno federal.

Cuentan que al término de la segunda entrevista, cuando el presidente Peña Nieto se reencontró con el gobernador Moreno Valle, éste le dijo con cierta carga de ironía: “Dicen que me quieres sustituir”, palabras ante las cuales el mandatario no supo qué responder.

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Hay políticos poblanos del PRI y el PAN que andan muy inquietos por el futuro político del diputado federal Manlio Fabio Beltrones Rivera, ya sea por su llegada a la dirigencia nacional del tricolor o en alguna Secretaría de Estado en el gabinete del Presidente Enrique Peña Nieto.

Manlio Fabio Beltrones es visto no sólo con preocupación por el inquilino de Casa Puebla, sino como un peligro para su proyecto y aspiraciones políticas de cara al 2018, así como por alguno de sus operadores políticos como el diputado local Eukid Castañón Herrera.

Pero también como un factor que en Puebla podría favorecer la causa de algunos aspirantes priístas que buscan ser nominados a la gubernatura en los comicios locales de 2016, entre ellos el diputado federal Enrique Doger Guerrero.

Otra que también se vería ampliamente beneficiada con el arribo del ex gobernador sonorense a la presidencia del CEN del PRI -en lugar de César Camacho Quiroz– es la actual dirigente del tricolor en la entidad, Isabel Allende Cano, toda vez que Beltrones fue su principal impulsor desde la Cámara de Diputados.

Entre los integrantes de la burbuja priísta en la LXII Legislatura la salida de Manlio Fabio Beltrones se da como inminente al grado que ya hasta se especula con los nombres de dos personajes que podrían llegar a sustituirlo en la coordinación del grupo parlamentario: Manuel Añorve Baños y Francisco Arroyo Vieyra.

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Este sábado el diputado federal Javier López Zavala estuvo de gira en Teziutlán, en donde se reunió con un grupo de priístas, entre los que se encontraba como la figura más representativa el ex diputado local Gabriel Reyes Cardoso.

A estos militantes López Zavala les hizo saber su intención de buscar por segunda vez la gubernatura de Puebla, lo que sin duda no deja de ser un sueño guajiro del oriundo de Pijijiapan, Chiapas, después del triste rol que ha jugado como comparsa de quien fuera su contrincante en los comicios de julio de 2010.

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Este fin de semana Sherlyn González y su suegro Gerardo Islas Hernández estuvieron en Acatlán de Osorio e Izúcar de Matamoros trabajando en la campaña de Gerardo Islas Maldonado por el distrito 14 de Puebla.

El dirigente estatal de Nueva Alianza pretende llegar al Congreso de la Unión como abanderado de este partido que en las elecciones federales del año entrante irá como aliado del PRI.

Y aunque su nominación se antoja como muy complicada, dada la abierta identificación de Islas Maldonado con el gobernador Rafael Moreno Valle, tampoco habría que descartarla en un escenario de acuerdos cupulares, no sólo entre el PRI y el PANAL sino entre el mandatario estatal y las dirigencias de estos partidos que, como se lo indiqué líneas arriba, irán de la mano en las elecciones federales del 2015.

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¿Es conveniente reducir en una quinta parte la Cámara de Diputados y en una cuarta parte la Cámara de Senadores, en aras de reducir el gasto público y facilitar la construcción de acuerdos en el Congreso de la Unión?

Sin lugar a dudas la respuesta es afirmativa, pero en un esquema distinto al propuesto por la dirigencia nacional del PRI, que sólo se ha pronunciado por la desaparición de 100 diputados y 32 senadores plurinominales, pero sin explicar cómo se mantendrían los equilibrios en el Congreso de la Unión, ni cómo se garantizaría que los porcentajes de votación obtenidos por cada partido se reflejaran en la composición de sus cámaras.

En la actual coyuntura política, el planteamiento del PRI resulta no sólo tramposo y populista —pues qué mexicano estaría inconforme con la desaparición de curules y escaños de legisladores federales—, sino altamente perverso, pues a través de él se pretende desacreditar el mecanismo de la consulta ciudadana y trivializar la demanda del PRD de someter al veredicto popular la reforma energética.

Antes de que la Suprema Corte valide la consulta priísta, es necesario que su dirigente nacional César Camacho Quiroz explique qué pasará con el sistema electoral mixto, cómo se medirá su eficiencia partiendo de la premisa de que los votos se convierten en escaños, cómo se evitará la sobrerrepresentación del PRI y la sub representación de sus opositores, y cómo se garantizará el derecho de representación de las minorías.

Si en la lógica camachista o peñanietista, la intención de eliminar a la mitad de los diputados y senadores de representación proporcional es buscar ahorros en el gasto corriente y facilitar la construcción de acuerdos entre las distintas fuerza políticas, por qué no de una buena vez se plantea la desaparición de todos los plurinominales, y —ya metidos en el tema— la sustitución de un sistema presidencialista por uno de tipo parlamentario.

Mi sugerencia no es descabellada, considerando que el sistema de mayoría simple, no sólo es el más viejo y sencillo, sino el predominante en los países de habla inglesa, y en los que el poder político reside mayoritariamente en un parlamento.

Eso sí garantizaría ahorros sustanciales, pues ya no tendríamos que pagar las costosas campañas presidenciales de cada seis años, ni las gigantescas estructuras burocráticas de un Poder Ejecutivo omnímodo y omnipotente o de una presidencia casi imperial.

Bajo un sistema de gobierno parlamentario incluso hasta podría resucitar el difunto Pacto por México o cuando menos algunos de sus compromisos, como el 87 que planteaba impulsar una reforma constitucional para otorgarle al Presidente la facultad de optar entre gobernar con minoría política o gobernar a través de una coalición legislativa y de gobierno.

La propuesta de César Camacho de quitar 100 diputados y 32 senadores plurinominales  no puede considerarse seria, mientras el dirigente priísta no explique cómo se resolverá el problema de la sobre y sub representación de los partidos en el Congreso de la Unión.

Si hoy que la Cámara Baja se integra con 500 diputados, el PRI está sobrerrepresentado 12.75 puntos, considerando su porcentaje de votación en 2012 (29.85%) y lo que representan sus 213 diputados (el 42.6% de las curules), ¿se imagina cuánto más crecería esta sobrerrepresentación con la eliminación de 100 diputados plurinominales?

En México, la representación proporcional es un mecanismo de compensación electoral. No una dádiva del PRI.

Los sistemas de representación proporcional justamente intentan resolver este problema asignando a cada partido tantos representantes como correspondan a la proporción de su fuerza electoral, al buscar igualar el porcentaje de sufragios obtenidos en las urnas con el de representantes en los órganos legislativos y de gobierno.

Gracias a los diputados plurinominales, el PAN y el PRD tienen casi tantas curules como votos en las elecciones de 2012.

Sin este mecanismo de compensación, ambos partidos estarían subrepresentados. El PAN sólo tendría 52 diputados, en lugar de los 114 que hoy tiene, y el PRD únicamente se habría quedado con 58 de los 100 que hoy conforman su bancada.

De ahí la importancia de los diputados plurinominales, y de mantener en México el sistema electoral mixto con predominancia mayoritaria.

Al comenzar mi colaboración advertí que sí era posible bajar de 500 a 400 el número de curules. Lo ratifico, pero creo tal reducción debe darse guardando las proporciones de nuestro complejo sistema electoral, por el cual el 60% de los diputados son electos por mayoría simple en distritos uninominales, y el restante 40% por la vía de la representación proporcional.

De otra manera son las más los riesgos que los aparentes beneficios que pueden obtenerse con la populista y distractora propuesta del PRI.

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El grupo gobernante pierde cohesión a mitad del sexenio

Isabel Allende y Pepe Chedraui los ungidos del PRI

Una cosa de la que poco o nada se ha dicho en torno a la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala es la falta de cohesión al interior del equipo del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, en el contexto de la ya cercana sucesión gubernamental.

En la práctica el gabinete estatal se ha fragmentado en diferentes grupos o bandos; los secretarios y principales operadores políticos del Ejecutivo ya no actúan en equipo, sino en función de sus intereses políticos y económicos, con miras a ganar terreno en las elecciones federales de 2015, y en las locales de 2016 y 2018.

Uno de estos grupos gira en torno al desgastado secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas; otro sobre la figura del secretario de Infraestructura, José Cabalán Macari Álvaro, proyecto político transexenal del morenovallismo; y otro más alrededor del cada vez más influyuente secretario de Finanzas y Administración, Roberto Juan Moya Clemente.

Un cuarto grupo tiene como cabeza al exsecretario de Infraestructura y actual presidente municipal de Puebla, José Antonio Gali Fayad, quien como consecuencia de la crisis de Chalchihuapan, podría convertirse en la carta del fuerte del grupo gobernante para suceder a Moreno Valle, ya no por 22 meses, sino por un periodo de cuatro años y medio.

Aunque algunas desavenencias entre secretarios y operadores políticos del mandatario estatal vienen de tiempo atrás, lo cierto es que en el marco del escándalo que desencadenó el desalojo violento de pobladores de Chalchihuapan y la posterior muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, ciertos enfrentamientos se han potenciado o recrudecido.

Para nadie del primer círculo del Ejecutivo estatal escapan las diferencias entre su secretario de Gobierno, Luis Maldonado, y su principal operador en asuntos electorales y de espionaje político, Eukid Castañón Herrera. O entre estos y el recién nombrado jefe de la oficina del gobernador, Juan Pablo Piña Kurczyn.

O las discrepancias entre su secretario de Finanzas Roberto Moya, con su secretario de Infraestructura, José Cabalán Macari Álvaro, en temas de obra pública, licitaciones y costos.

O entre el mismo Roberto Moya con el secretario de Gobierno o con el entenado de éste último en la Secretaría de Educación Pública, Jorge Benito Cruz Bermúdez, por transferencias y asignaciones presupuestales.

Dentro y fuera del gabinete ya también trascienden los insultos que han intercambiado secretarios y operadores políticos del gobernador con ciertos dirigentes partidistas del bloque amplio morenovallista, en la definición de algunas candidaturas a puestos de elección popular en las elecciones extraordinarias de Acajete y Cuapiaxtla de Madero.

Así como las grillas y golpes bajos entre los integrantes del equipo de comunicación social, imagen y marketing político del gobierno del estado (Fernando Alberto Crisanto Campos, Héctor Antonio Alcudia Goya y Marcelo García Almaguer) por el control y el reparto de dinero destinado a publicidad oficial y compra de conciencias.

En el grupo compacto del gobernador Moreno Valle es también conocida la inconformidad de Eukid Castañón por el nombramiento de un nuevo contralor, Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz, y su decisión de desplazar a toda su gente, y de que éste no haya sido recomendado por él, sino por el secretario de Finanzas, Roberto Moya.

Si así están las cosas a dos años cinco meses de que concluya el sexenio morenovallista, se imagina cómo se pondrán en el quinto y sexto año, cuando el poder del gobernador esté en picada y el presidente Enrique Peña Nieto y el PRI comiencen a operar para desacarrilar no sólo su aspiración presidencial, sino su proyecto transexenal en Puebla.

No cabe duda que lo mejor está por venir.

EN CORTO

Aunque diferentes grupos internos del PRI han comenzado una guerra sucia en contra de la diputada federal Ana Isabel Allende Cano para impedir su nombramiento como presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, no hay la menor duda que ésta y el empresario José Chedraui Budib se convertirán en los nuevos baluartes del priísmo poblano antes de que concluya agosto o en los primeros días de septiembre.

Por lo pronto ya fueron citados para este miércoles en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI los senadores, legisladores federales y locales de este partido, así como los dirigentes de los sectores campesino, obrero y popular, para anunciarles que la diputada federal por el distrito 8 con cabecera en  Ciudad Serdán y el empresario Pepe Chedraui son los ungidos para encabezar la dirigencia estatal y municipal del tricolor en los próximos cuatro años.

Al desayuno, que está convocado para las 8:30 del miércoles 20 de agosto, acudirán el presidente y la secretaria general del CEN del PRI, César Camacho Quiroz e Ivonne Ortega Pacheco, respectivamente.

Para los jerarcas del tricolor ha resultado sintomático el rechazo de algunos grupos priístas hacia Isabel Allende, por supuestamente obedecer a un acuerdo político con el gobernador Moreno Valle, y la aceptación que estos mismos grupos han expresado hacia Pepe Chedraui, aun a sabiendas que su nombramiento lo proyectará como un potencial candidato a la alcaldía de Puebla en el 2018.

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El gobernador Rafael Moreno Valle inaugurará este lunes el nuevo ciclo lectivo en el Centro Escolar Gustavo Díaz Ordaz de la ciudad de Puebla, pero en medio de estrictas medidas de seguridad, por lo que los niños y adolecentes del plantel tendrán que llegar antes de las 7:30 horas, sino quieren perderse la ceremonia y el primer día de clases.

En un oficio dirigido a la directora del Centro Escolar, Pilar Cote López, se le indica que los accesos al plantel deberán cerrarse a las 7:30 horas y que no se permitirá que maestros, padres de familia o alumnos se acerquen al mandatario estatal para entregarle alguna petición u oficio, o hacerle llegar alguna queja o reclamo.

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A partir de este fin de semana e-consulta ofrece un nuevo diseño a sus lectores y lanzó sus Apps para dispositivos móviles como smartphones y tabletas, que ya pueden descargarse de manera gratuita en las tiendas virtuales de iOS y Android.

Ojalá estas aplicaciones y modificaciones en el diseño del periódico digital que tienen a la vista sean de su agrado.

Fueron pensadas en usted, considerando las nuevas tecnologías, la manera de hacerle más sencilla y fácil la navegación en el portal, la lectura de sus contenidos informativos y el creciente mercado de los dispositivos móviles.

Actualmente el 35% de las visitas de e-consulta se hacen a través de smartphones y tablets, tendencia que en 2015 podría llegar e incluso superar el 50%.

De ahí la importancia de poner a su servicio estas nuevas aplicaciones.

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Carta aclaratoria

Puebla, Pue., 18 de agosto de 2014

Rodolfo Ruiz Rodríguez

Director General e-Consulta

Con respecto a la columna “La Corte de los Milagros”, publicada este día, me permito aclararle que es totalmente falso que se haya enviado un oficio condicionando la hora de entrada de los alumnos del Centro Escolar Gustavo Díaz Ordaz con motivo de la ceremonia de inicio de cursos.

Por lo tanto, tampoco se emitió ninguna prohibición respecto a posibles acercamientos entre los padres de familia y las autoridades del Gobierno del Estado durante el desarrollo del evento.

Sin más por el momento, y con base en la normatividad vigente, solicito de la manera más atenta se haga pertinente esta aclaración en favor de sus lectores.

Cristina Martínez Larenas

Enlace de Comunicación

Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla

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RMV sí debe cambiar, ofrecer disculpas y mostrar apertura

Morena y no el PRI podría cosechar la crisis de Chalchihuapan

… a Mony con todo mi cariño y admiración. Te adoro

¿Tiene solución la crisis que enfrenta el gobernador Rafael Moreno Valle por el caso de Chalchihuapan y la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo?

Diría que sí, pero siempre que haya cambios en la actitud del gobernador Rafael Moreno Valle y una estrategia de control de daños, en la que se pongan sobre la mesa varios puntos, entre ellos la remoción de algunos de sus secretarios que fueron desbordados por el conflicto; la abrogación de la Ley Bala; la liberación de algunos de los detenidos, entre ellos los cuatro pobladores la Chalchihuapan, los de Tehuacán y la Sierra Negra que cerraron la carretera federal y bloquearon los accesos al CIS, y los opositores a la construcción del Gasoducto Morelos y el libramiento carretero denominado Arco Poniente.

Para resolver la crisis el gobernador tiene que salir ya y tomar el toro por los cuernos, ofreciendo una disculpa pública a la madre del menor, sin importar qué finalmente haya causado la muerte de su hijo, si un cohetón o una bala de goma; indemnizarla y garantizarle una investigación apegada a la verdad y derecho, en la que incluso participe gente de su entera confianza; abrirse al diálogo y la negociación con varios de los actores y grupos inconformes; y dejar atrás la  animosidad y hostilidad hacia medios de comunicación, activistas y dirigentes sociales que no comparten su proyecto o lo han censurado de manera pública.

Moreno Valle tiene que retomar el discurso del exgobernador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, de cancelar odios y rencores, y solicitar a la ciudadanía un voto de confianza para la segunda mitad de su sexenio.

Si el mandatario estatal no rectifica su posición respecto a Elia Tamayo Montes, la madre del menor de 13 años que perdió la vida, y hacia los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y otras comunidades que reclaman mejores condiciones y la restitución de algunos servicios básicos como el del Registro Civil, la crisis no sólo se alargará sino que se mezclará con otros conflictos y coyunturas políticas como las elecciones federales del año entrante y la sucesión gubernamental.

Es muy probable que la crisis de Chalchihuapan y el escándalo por la Ley Bala hayan arruinado el proyecto presidencial de Moreno Valle para el 2018. Pero de eso, a pensar que este conflicto derivará en la caída del gobernador, me parece que hay un mar de distancia.

Por supuesto que la muerte del menor José Luis Tehuatlie es una lápida que el Ejecutivo estatal tendrá que cargar, y que ha dañado su imagen, confianza, credibilidad y legitimidad, pero no al grado de ponerlo al borde de la renuncia o de un juicio político para separarlo del cargo, como algunos dirigentes nacionales del PRD o del PRI lo han declarado.

Lo manifestado el viernes por el presidente del CEN del PRI, César Camacho Quiroz, en el sentido de que el gobernador Moreno Valle tiene responsabilidades políticas, administrativas y hasta posiblemente penales por el fallecimiento José Luis Tehuatlie, y el punto de acuerdo impulsado por los senadores de este mismo partido condenando su “política criminal” hay que leerlo en el contexto de la coyuntura electoral.

Aun con todo el descrédito del gobernador Moreno Valle por la Ley Bala, los priístas difícilmente podrán hacerse  del control político de la entidad en las elecciones federales del año entrante. No veo cómo pudieran beneficiarse de esta crisis, de la que son corresponsables en buena medida, al avalar con los votos de sus diputados en el Congreso local no sólo la llamada Ley Bala, sino las reformas a la Ley Orgánica Municipal por las cuales las juntas auxiliares perdieron la prestación del servicio de Registro Civil.

Las declaraciones de César Camacho y el posicionamiento de los senadores priístas no buscan el derrocamiento del gobernador de Puebla, sino minar, debilitar y desprestigiar su proyecto presidencial y ganar terreno de cara a las elecciones federales de 2015, y la sucesión gubernamental de 2016.

Lo que la crisis de Chalchihuapan sí provocará más tarde que temprano es la destitución del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, por la ausencia de un protocolo para aplicar la Ley Bala, las violaciones que se cometieron en su ejecución y la evidente falta de planeación y estrategia que exhibió el cuerpo de granaderos enviado a desalojar a los manifestantes en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

Y seguramente también la remoción o renuncia del titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas. Remoción, considerando que el conflicto salió de los cauces legales e institucionales, por la ausencia de diálogo y un comunicación efectiva con los opositores, y renuncia por el descobijo que tuvo del mismo gobernador Moreno Valle, quien ante columnistas de la ciudad de México le atribuyó la autoría de la Ley Bala.

Otro efecto político-electoral que la crisis de Chalchihuapan  dejará al gobernador será la animadversión de un sector amplio del perredismo para sumarse a su proyecto presidencial, en alianza o candidatura común con el PAN, o ante una eventual coalición con otros partidos para apoyar al candidato a sucederlo en los comicios de 2016.

Animadversión que en Puebla podría ser capitalizada por las huestes de Andrés Manuel López Obrador y su nuevo partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que desde siempre ha cuestionado la política y los métodos del gobernador Moreno Valle.

EN CORTO

A propósito de mi anterior post, un magistrado en retiro del Tribunal Superior de Justicia me aclaró que desde que la Secretaría de Finanzas y Administración del Ejecutivo estatal asumió el control de la nómina y administración de los recursos del Poder Judicial, les dejaron de pagar sus pensiones.

Más que descuentos, no hay pagos, reveló el magistrado, al reiterar que esta situación podría derivar en un amparo o en una denuncia en contra del presidente del TSJ, Roberto Flores Toledano, por violar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado.

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Juan Pablo Piña Kurczyn decidió dejar la Secretaría General de la Fundación Colosio, posición a la que arribó hace quince meses por invitación del presidente del CEN del PRI, César Camacho Quiroz.

Su decisión obedece a la necesidad que tiene de pasar más tiempo en Puebla para atender asuntos familiares y personales que requieren su presencia.

Juan Pablo Piña no debe descartarse como posible candidato del PRI a una diputación federal por un distrito urbano de la entidad, pero fuera de la capital del estado.

El joven abogado que al comienzo de la administración del gobernador Rafael Moreno Valle se desempeñó como secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública es hijo del exgobernador Mariano Piña Olaya y la actual comisionada del IFAI, Patricia Kurczyn Villalobos.

Foto Agencia Enfoque

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Otro cuadro juvenil del PRI que también podría ser nominado a diputado federal por San Martín Texmelucan es Juan José Salinas Pasalagua, presidente de la Fundación Paso a paso, y quien hace unos días se dejó ver en el distrito del brazo de Edgar Salomón Escorza.

El hecho no pasó inadvertido para los priístas de la región, que suponían que ambos tarde o temprano se enfrentarían en su aspiración de llegar al Congreso de la Unión en las elecciones federales del año entrante.

Ahora lo que se sabe es que Edgar Salomón optó por hacer equipo y sumar su capital con el hijo mayor de Raúl Salinas de Gortari, en espera de mejores tiempos para él.

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La versión de que el diputado federal Carlos Sánchez Romero cuenta con la bendición del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y de dos los principales grupos políticos del priísmo poblano, el de Jorge Estefan Chidiac y el de Juan Carlos Lastiri Quirós, para sustituir a Pablo Fernández del Campo Espinosa en la presidencia del Comité Directivo Estatal, es una vacilada.

El actual descoordinador de la bancada poblana del PRI en la Cámara de Diputados y expresidente municipal de San Martín Texmelucan carece del respaldo hasta de sus propios compañeros de legislatura que lo perciben como un cuadro proclive a los encantos del gobernador Rafael Moreno Valle, sin liderazgo y sin ascendencia sobre la militancia del tricolor.

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Esta semana decidí incursionar en la red social Facebook, en la que también pueden encontrarme como Rodolfo Ruiz. Ojalá puedan regalarme un Like o un Me gusta en esta dirección http://on.fb.me/1qovStQ

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Por: Rodolfo Ruiz R.

En el transcurso de los próximos días, el gobierno federal podría facilitar la liberación de dos de tres presos políticos detenidos en Puebla, a instancias del gobierno del estado por obstruir las obras del Gasoducto Morelos.

Se trata de la comisaria ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez y del representante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, Juan Carlos Flores Solís, que fueron encarcelados en la primera semana de abril, acusados de diversos delitos vinculados con su rechazo a las obras de gasoducto de la Comisión Federal de Electricidad.

La liberación de ambos activistas podría concretarse en los próximos días, y ser motivo de conflicto entre el gobierno federal y la administración estatal de Rafael Moreno Valle, a la que en los últimos días le han llovido críticas de diversas organizaciones y partidos que la acusan de cerrada e intolerante.

La excarcelación de Enedina Rosas y Juan Carlos Robles, que sería ordenada por un juez de distrito, tendría un doble propósito: por un lado resaltar que el gobierno federal, a diferencia del gobierno estado, no criminaliza la protesta social y, por otro, evidenciar que en la administración morenovallista el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil es prácticamente inexistente.

La Secretaría de Gobernación federal ha detectado que uno de los puntos débiles del mandatario estatal en su estilo autocrático y que éste le ha granjeado una serie de conflictos con grupos y organizaciones sociales que lo mismo se oponen a las obras del Arco Poniente y el Gasoducto Morelos, que a proyectos mineros o hidroeléctricos en la Sierra Norte, que a la sobreexplotación de mantos freáticos o la expropiación de tierras en Cholula y en otros municipios ubicados a las faldas del volcán Popocatépetl.

En este contexto hay que inscribir la presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, en la Segunda Cumbre Ciudadana  efectuada a principios de junio en la capital del estado, y las críticas de María Elena Morera Mitre, presidenta de Causa en Común, en el sentido de que Puebla es uno de los estados más cerrados al diálogo con las organizaciones civiles.

Y también el desplegado que este martes diputados federales del PRD publicaron en el periódico La Jornada bajo el título Por un diálogo constructivo en el estado de Puebla, en el que convocan al gobernador Moreno Valle a una mesa de negociación para atender las demandas de diferentes organizaciones.

Otra cuestión que vale la pena mencionar de esta crisis de la administración morenovallista es que la misma está siendo utilizada por algunos grupos del propio gobierno para dirimir sus diferencias, y evidenciar la falta de operación de algunas dependencias como la Secretaría General de Gobierno.

A su titular Luis Maldonado Venegas no sólo se le critica por sus fallidos intentos de contener las marchas y manifestaciones de protesta, sino por cerrarse al diálogo con los dirigentes de estas organizaciones, con los que en lugar de construir acuerdos y consensos se ha enfrascado en un duelo de descalificaciones que poco contribuyen a la gobernabilidad y gobernanza de la entidad.

¿A quién le conviene este desgaste de Luis Maldonado en la Secretaría General de Gobierno? ¿Quién se beneficiaría con su partida? ¿De quién es la mano que mece la cuna?

Son preguntas, que conste.

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El anuncio que este martes hizo el delegado regional de la zona sur del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, René Juárez Cisneros, de que esta semana se iniciará la reestructuración del Comité Directivo Estatal con el nombramiento de un delegado especial, en realidad es la confirmación de que el tema Puebla ya se resolvió y ahora se buscará legitimar la decisión.

Varios fueron las opciones que el CEN del PRI valoró para suceder a Pablo Fernández del Campo Espinosa en la dirigencia estatal.

En el análisis estuvieron el exrector de la BUAP y excandidato a la alcaldía poblana, Enrique Agüera Ibáñez; el presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (Icadep), Guillermo Deloya Cobián; la senadora Blanca Alcalá Ruiz; la diputada federal Rocío García Olmedo, y algunos recomendados del subsecretario de la Sedesol federal, Juan Carlos Lastiri Quirós.

Y también, aunque sin prestarles mucha atención, el diputado federal José Luis Márquez Martínez, y el exdirigente magisterial Alberto González Morales.

Sin embargo, ninguno de ellos pasó los filtros del CEN, a todos se les encontraron defectos. A unos más que a otros, por supuesto.

En la auscultación realizada por César Camacho Quiroz e Ivonne Ortega Pacheco entre militantes y cuadros distinguidos del PRI estatal, incluidos los últimos dos exgobernadores priístas Melquiades Morales Flores y Mario Marín Torres, la balanza se inclinó hacia un funcionario federal, que ha sido rector, diputado en el Congreso de la Unión, líder de sector y miembro del gabinete estatal en diferentes sexenios.

Me refiero al actual delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto Jiménez Merino, quien en los próximos días renunciará al cargo para ser nombrado dirigente estatal del PRI.

El ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo, de la que fue rector interino, fue el priísta mejor valorado por los diferentes grupos, pues es percibido como una gente de trabajo, como un militante con méritos propios y profesionales, y como un servidor público honesto y sin ataduras con el gobernador Rafael Moreno Valle.

Filtro éste último que el CEN evaluó con detalle, pues si bien quiere a un dirigente que en Casa Puebla no puedan cooptar, tampoco quiere mandar un mensaje de animadversión o enemistad hacia el Ejecutivo estatal.

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La temida perredización del PAN

Las advertencias que varios prominentes panistas hicieron sobre la “perredización” de su partido, a raíz de las últimas reformas estatutarias aprobadas en marzo del año pasado — por las cuales se modificó la elección de sus dirigentes al quitar esa facultad a los consejeros nacionales y estatales para dársela a todos sus militantes mediante el voto universal—, podrían hacerse realidad.

Sí, y en el peor momento político del PAN por el desgaste de su presidente nacional Gustavo Madero, el antagonismo que muestran sus principales grupos con motivo de la renovación del CEN, y las acusaciones de extorsión y corrupción en que se han visto envueltos sus coordinadores parlamentarios y presidentes municipales por el espinoso asunto de los moches.

Si algo siempre había distinguido al PAN sobre otros partidos políticos como el PRI o PRD era la manera en que sus dirigentes y candidatos a puestos de elección popular eran electos democráticamente en sesiones de Consejo o en convenciones de delegados.

Ahora la situación será diferente, pues los panistas que desde el gobierno de Vicente Fox no han logrado superar la crisis de identidad que enfrentan, optaron por la democracia directa, asemejándose más a un partido de masas que a un partido de cuadros, lo que sin duda aumenta los riesgos de lo que parece —como escribí en mi pasada entrega– una inevitable ruptura.

¿Por qué?

Varias son las razones. La primera es que los perdedores difícilmente aceptarán su derrota en una elección abierta a toda la militancia, si su dirigente que controla las principales estructuras y órganos de dirección del partido no se separa ya del cargo y entra en una contienda de piso parejo.

Si en una elección sujeta al voto universal de sus militantes, ganan los que más dinero tengan para recorrer el país, costear una campaña, comprar consciencias y voluntades, publicitarse en medios masivos de comunicación y movilizar votantes a las urnas.

Y si los perdedores logran reunir evidencias de que los recursos empleados para entronizar al candidato de la burocracia dorada panista provienen de aquellos militantes que ocupan cargos públicos relevantes y que en aras de apuntalar a Gustavo Madero echan mano del erario; de las millonarias prerrogativas del IFE o los institutos estatales entregadas al PAN para gastos de operación; de las cuantiosas bolsas asignadas a sus coordinadores parlamentarios; o de los moches por la gestión de obras o partidas extraordinarias del presupuesto federal.

Lo anterior no es una invención mía, sino expresiones de los propios panistas que hoy pugnan por la renuncia de Gustavo Madero ante las evidencias de que éste, con el apoyo de gobernadores y alcaldes, diputados federales y diversos comités estatales y municipales, se registrará como candidato a la dirigencia nacional para un segundo periodo en las elecciones internas previstas para el tercer domingo de mayo próximo.

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Víctor Díaz, cárcel a quien autorice obras en zonas de riesgo

Premian a Ernesto Bojalil como el mejor síndico del país

Pablo Fernández del Campo Espinosa fue instruido para informar a los presidentes municipales salientes del PRI, en Puebla, que no estarán solos si se llegaran a concretar las amenazas de no aprobar sus cuentas públicas, en represalia por su rechazo a los proyectos privatizadores de los servicios de agua potable y alumbrado público que impulsa el gobierno del estado en una treintena de municipios de la entidad.

La instrucción a Pablo Fernández del Campo se la dio el mismísimo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, César Camacho Quiroz, este sábado en Guadalajara, donde ambos acudieron para participar en los festejos del 70 aniversario de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).

César Camacho ya había sido informado por algunos munícipes de su partido, entre ellos el presidente de Teziutlán, Carlos Peredo Grau, de cómo la Auditoría Superior del Estado de Puebla estaba siendo usada como garrote político para castigar a las autoridades municipales que han criticado o se han opuesto a las iniciativas del gobernador Rafael Moreno Valle.

De ahí la orden del dirigente nacional del PRI a su delegado estatal, de apoyar a los munícipes priístas que estuvieran siendo amagados con la no aprobación de sus cuentas públicas, y de brindar asesoría jurídica y contable a quienes ya hubieran recibido o estén por recibir pliegos de observaciones y cargos, como represalia o venganza política.

Por esta razón, Fernández del Campo se empleará a fondo en las siguientes dos semanas, durante las cuales realizará giras de trabajo para replicar el mensaje de la dirigencia nacional: que no permitirá abusos del gobernador, de sus funcionarios, del Congreso local o de la Auditoría Superior del estado.

INTRAMUROS

Aunque tardía y un tanto oportunista, la iniciativa promovida por el diputado federal poblano Víctor Díaz Palacios de agregar un nuevo título al Código Penal Federal, donde se tipifique como delito a la protección civil la construcción en zonas de riesgo, no puede dejar de mencionarse, sobre todo porque está dirigida a funcionarios encargados de autorizar usos de suelo o expedir permisos de construcción en predios inseguros, algo que en Puebla es muy común.

Y menos puede ignorarse porque ya cuenta con el apoyo de diputados de diferentes fracciones, por lo que podría aprobarse a la par o antes de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos.

El nuevo título de Delitos contra la Protección Civil del Código Penal Federal se integraría con cuatro artículos, que a la letra dicen:

“Artículo 430.- Se impondrán de 7 a 30 años de prisión, así como con multas equivalentes a los daños que de tal conducta pudiesen ocasionarse, a quien autorice el uso de suelo así como la expedición de permisos de construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y de establecimiento de asentamientos humanos, que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, sin definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable.

“Artículo 431.- Se impondrán de 5 a 25 años de prisión, así como con multas equivalentes a los daños que de tal conducta pudiesen ocasionarse, a quien construya, edifique o realice obras de infraestructura y de establecimiento de asentamientos humanos en zonas determinadas de riesgo en los términos de la ley en la materia, cuando los constructores no cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente.

“Artículo 432.- Se impondrán de 7 a 35 años de prisión, a quien construya, edifique o realice de obras de infraestructura y de establecimiento de asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada de riesgo en los términos de la ley en la materia, aun contando con la autorización de la autoridad correspondiente.

“Las penas descritas en el párrafo anterior aumentarán en una mitad más, cuando el constructor respectivo estuviese plenamente consciente de que la expedición de la autorización o permiso correspondiente fuesen expedidos en abierta contravención a las disposiciones aplicables en materia de protección civil.

“El servidor público que resulte coparticipe mediante la expedición arbitraria de los acto jurídicos en cuestión, las penas se aumentarán hasta en un tercio adicional y será destituido e inhabilitado para el desempeño de cargos empleos o comisiones de carácter público.

“Artículo 433.- Las penas previstas en el artículo anterior, serán aplicadas a todo aquel que incite, coordine o promueva la ocupación de predios ubicados en zonas determinadas en riesgo.

“Artículo 434.- Las sanciones establecidas en el presente Título, se aplicarán sin menoscabo de aquellas que correspondan por la incursión en otros delitos del orden común y cuyas sanciones se acumularán a las que al efecto se contienen en el presente.”

EN CORTO

A no pocos universitarios e invitados especiales a la toma de posesión de Alfonso Esparza Ortiz como rector de la BUAP para el periodo 2013-2017, agradó el discurso sobrio y sin las exageradas adulaciones al gobernador en turno.

Esparza sí tuvo palabras de reconocimiento y frases de cortesía para el gobernador Rafael Moreno Valle, pero sin la zalamería del pasado reciente.

El mensaje del nuevo rector se enfocó hacia la comunidad universitaria, como debe ser, y menos hacia la clase política presente en el auditorio del Complejo Cultural Universitario.

Ahí Alfonso Esparza anunció un conjunto de acciones y obras, entre las que destacan la construcción de una nueva torre médica, un edificio de laboratorios y un estacionamiento en el área de la salud, la contratación de profesores por examen de oposición, la intención de que todo egresado de la BUAP hable una segunda lengua, preferentemente el inglés, y la internacionalización y posicionamiento de la institución en el mundo, con base en la calidad de sus programas, profesores e investigadores, y la movilidad de su planta académica y estudiantil.

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El Instituto Mexicano de Evaluación (IMDE) entregó el viernes por la noche sus premios a los mejores gobernantes del país y, en la categoría del mejor síndico del país, la estatuilla Tlatloani 2013 fue para Ernesto Bojalil Andrade, del ayuntamiento de Puebla.

Uno de los factores que la Comisión Evaluadora consideró para reconocer el desempeño de Ernesto Bojalil fue su manejo responsable y eficaz de los procesos legales, que le permitieron a la gestión municipal 2011-2014 ahorrarse alrededor de 800 millones de pesos.

Dicha cantidad es el resultado de juicios que estaban casi perdidos en los tribunales, o en los cuales el ayuntamiento había sido condenado a pagar por obras no pagadas o contratos no cubiertos por anteriores administraciones municipales, entre los que destacan los juicios promovidos por Jajomar, por más de 600 millones; DISA, por cerca de 70 millones; e ICA, por 26 millones de pesos.

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Que la gira del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, César Camacho Quiroz, a Puebla se realizará después del miércoles, una vez que pase el debate de candidatos a la gubernatura de Baja California.

Como ya se ha dicho, la gubernatura de ese estado —que el PAN gobierna desde hace cinco sexenios de manera ininterrumpida— y la capital poblana son las máximas prioridades del CEN del PRI en las 14 entidades donde el 7 de julio habrá elecciones locales.

A diferencia de anteriores procesos, el PRI en Baja California tiene amplias posibilidades de recuperar el gobierno del estado —que perdió desde 1989, con Ernesto Ruffo Appel— por la vía del ex senador Fernando Castro Trenti, candidato de la coalición Compromiso por Baja California, integrada por el tricolor, el PVEM, el PT y el Partido Encuentro Social, éste último de carácter estatal.

De ahí la importancia que el CEN del PRI le está dando al primero de cinco debates que Castro Trenti tendrá con el panista Francisco “Kiko” Vega, de la coalición Unidos por Baja California —PAN, PRD y Panal—, la noche de este miércoles en Playas de Rosarito.

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Que la Secretaría de Educación Pública del estado determinó, después de una investigación en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, destituir al encargado de la división de Ingeniería Industrial, Ramón Almazo Domínguez, quien hace unos días fue ventaneado en imágenes que lo muestran bañándose con alumnos del plantel.

Y aunque la dependencia no explicó las causas de su remoción, pues sólo dijo que el profesor “se abstuvo de observar buena conducta durante el servicio bajo su responsabilidad y cargo”, trascendió que los funcionarios del área jurídica de la SEP corroboraron algunas de las denuncias que se difundieron a través del perfil “Ocho Ocho” de Facebook.

Quienes crearon este espacio denunciaron que el profesor daba mejores calificaciones en su asignatura a los alumnos que se prestaban a sus actividades “raras y dudosas”.

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Que las dirigencias del PAN y el PRI o de las coaliciones Puebla Unida y 5 de Mayo ya comienzan a tomar muy en serio la versión de que la cerrada disputa electoral que mantienen en la capital y en otros municipios de la entidad no se resolverá en las urnas, sino en tribunales.

Tan es así que hace unos días un personaje de la coalición morenovallista se acercó a uno de los mejores despachos electorales de la Ciudad de México para requerir sus servicios, y el titular de éste les dijo que no podía asesorarlo debido a que ya había suscrito un contrato de prestación de servicios con el PRI y su candidato a la alcaldía poblana, Enrique Agüera Ibáñez.

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