La secretaria general del Comité Municipal del PRI, Enoé González Cabrera, fue testigo de un airado reclamo que el expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, le hizo al dirigente estatal de la CTM y candidato a diputado federal por el distrito 12, Leobardo Soto Martínez, por su discurso del viernes en la explanada del estadio Cuauhtémoc.

Y es que ese día, en presencia de la dirigente nacional del PRI, Leobardo Soto dijo en su intervención, en nombre de sus compañeros candidatos a diputados federales, que su partido ganaría las elecciones del domingo 5 de julio gracias, entre otras cosas, al apoyo y participación de personajes como el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, y el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano.

Doger se reencontró este lunes a Leobardo Soto, en un acto de campaña en San Miguel Canoa, y ahí, sin ambages, le recriminó su discurso y el haberlo ignorado en sus agradecimientos. Lo que haces, le dijo en tono airado, es contribuir a la inequidad del proceso.

El líder cetemista quiso justificarse. Yo sólo quise interpretar las señales enviadas por el gobernador Mario Marín al llegar al evento en compañía de López Zavala y Mario Montero.

Doger le exigió que leyera mejor las señales y que en todo caso él, como candidato a diputado federal, debió mencionar a todos los aspirantes a la gubernatura, y no sólo a Zavala y a Montero. Eso es inequidad, le insistió.

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La presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, realizó este sábado una gira de trabajo a San Miguel Canoa, donde entregó módulos sanitarios (letrinas) a los vecinos de esta junta auxiliar.

A la gira fue invitada la diputada local del distrito 2, María Angélica Hernández Hernández, quien en su intervención agradeció al secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, los apoyos que durante esa semana había hecho llegar a los pobladores de Canoa.

El discurso de la legisladora priísta sorprendió a la presidenta Blanca Alcalá y a los secretarios y funcionarios que la acompañaban, pues no venía al caso la mención a López Zavala, y menos tratándose de un acto organizado por el ayuntamiento de Puebla, que fue el que costeó los módulos sanitarios ahí entregados.

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Lo aquí anticipado se cumplió este martes en la comparecencia del secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Gerardo María Pérez Salazar, ante los diputados miembros de la Comisión de Hacienda del Congreso del estado.

El funcionario se dedicó —y no le falta razón— a cuestionar los desatinos de la política económica del presidente Felipe Calderón, y los diputados panistas —con José Manuel Janeiro a la cabeza— a cuestionar la opacidad del gobierno de Mario Marín en rubros como la distribución de participaciones federales a municipios.

El caso es que al final de la presentación que Pérez Salazar llevó a su comparencia, se asienta un tema que seguramente levantará polémica, por lo impopular de la medida y porque el gobierno estatal aún no cumple con lo ofrecido en el pasado reciente: cobrar un nuevo canje de placas, que tendrá carácter de obligatorio y forzoso, como una iniciativa para que el Estado se haga de nuevos recursos, que compensen la caída en las participaciones federales.

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Simón dice:

“Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda”.
Martin Luther King (1929-1968). Religioso estadounidense.

PAN, PRD y Convergencia podrían ganar controversia
Mario Montero, de Gobernación, ya valora ese escenario

En el transcurso de los próximos días, la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN) podría emitir un fallo que sólo precipitará los tiempos de la sucesión gubernamental en Puebla, lo que dejará fuera de la carrera priísta a figuras como la presidenta municipal Blanca Alcalá Ruiz y al rector de la BUAP Enrique Agüera Ibáñez —aunque este último ya estaba más afuera que adentro— sino que además metería a los principales partidos y actores políticos en un torbellino electoral.

El viernes por la noche, el secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, se mostraba preocupado por lo que se avecina: un resolutivo adverso al gobernador Mario Marín Torres y a la mayoría priísta en el Congreso del estado, que desatendieron la reforma constitucional federal en materia electoral.

En concreto, en el punto relativo a la fecha en que deben celebrarse los próximos comicios locales para gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

De acuerdo con lo aprobado por el Congreso de la Unión y lo publicado por el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, en lo concerniente al inciso a) de la fracción IV del reformado artículo 116 constitucional, “las elecciones de gobernadores, de los integrantes de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos deben efectuarse mediante sufragio universal, libre y secreto, el primer domingo de julio del año que corresponda”, año que en el caso de Puebla corresponde al 2010.

Este aspecto de la reforma se quiso ignorar en Puebla, a partir de alargar el proceso local electoral de noviembre de 2007 hasta agosto de 2008, so pretexto de las elecciones extraordinarias en el municipio de Felipe Ángeles.

Mediante esta argucia, la mayoría priísta en la LVII Legislatura local se negó a modificar el Código de Instituciones y Procesos Electorales de la entidad, y en particular el artículo 19 que fija como fecha de las elecciones el segundo domingo de noviembre.

Como ya es sabido, PAN, PRD y Convergencia se fueron a una controversia constitucional ante la Suprema Corte, juicio que está por resolverse en el transcurso de los siguientes días.

Si el fallo, como se prevé, es contrario al gobernador y al Congreso del estado, los comicios locales del 2010 tendrían que adelantarse cuatro meses, para celebrarse el primer domingo de julio y no el segundo domingo de noviembre.

Este escenario no sólo alteraría el calendario electoral, sino que precipitaría los tiempos de la sucesión gubernamental, pues ahora los partidos tendrían que tener listos —o cuando menos perfilados— a  sus candidatos a la gubernatura en febrero o marzo del año entrante, y no en mayo o junio, como tradicionalmente ocurría.

Dicha circunstancia eliminaría por default a Blanca Alcalá Ruiz, pues la presidenta municipal tendría que dejar el ayuntamiento de Puebla —olvidándose de su compromiso ante notario público de concluir su gestión de tres años— casi a la par de rendir su segundo informe de labores.

Otro que también quedaría descartado es Enrique Agüera Ibáñez, pues no podría buscar la reelección en la rectoría de la BUAP, para luego renunciar cuatro o cinco meses después a fin de estar en condiciones de contender por la gubernatura de Puebla como candidato del PRI.

El secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, sería el más favorecido, no sólo por el posicionamiento electoral y mediático que hoy tiene, sino por la campaña paralela que a la par de los candidatos a diputados federales viene realizando a lo largo y ancho del territorio poblano.

El fallo de la SCJN adelantando cuatro meses los comicios locales del próximo año también beneficiaría al senador Rafael Moreno Valle Rosas, en el caso del PAN, debido a que hoy por hoy es el aspirante a la gubernatura mejor rankeado, en términos de conocimiento y potencial electoral.

Otro aspecto no menos importante en un escenario de sucesión gubernamental adelantada son las elecciones federales previstas para dentro de 35 días, por los resultados que podrían arrojar y la interpretación que éstos tendrían en la carrera por Casa Puebla.

Y es que si el PRI pierde ocho o más distritos, sus probabilidades de ganar la gubernatura, y la mayoría de las presidencias municipales y diputaciones al Congreso del estado se irían a la baja, y las del PAN a la alza, sobre todo es un escenario donde el candidato del tricolor fuera Javier López Zavala y el del blanquiazul, Rafael Moreno Valle.

Así las cosas, habrá que estar muy pendientes del fallo de la Suprema Corte y de lo que ocurra en las elecciones del 5 de julio, pues una y otra circunstancia marcarán el derrotero de la lucha por Casa Puebla.

EN CORTO
Por diversas razones que no vale la pena enunciar aquí, mi cuenta anterior de rruiz@e-consulta.com.mx ha quedado inhabilitada. Dejó de operar hace un par de semanas. Ahora mi nueva dirección de correo electrónico es rruiz@e-consulta.com, sin el mx. La cuenta de periodistasoy@hotmail.com sigue activa y funcionando.

 Cuentan que tras la aprehensión de once alcaldes en Michoacán, presuntamente vinculados con el narcotráfico, uno que otro presidente municipal de la Sierra Norte de Puebla debería empezar a preocuparse.

En Huauchinango, por ejemplo, aseguran que el presidente Rogelio López Angulo no es ajeno al desbordado crecimiento de la piratería, negocio —según dicen allá— controlado por los Zetas.

Se comenta que esta organización criminal es la que produce y distribuye el material apócrifo entre vendedores informales —algunos, por cierto, bien establecidos— con la complacencia del munícipe. Si algún ambulante despistado escapa a esta cadena de complicidad, simplemente es advertido o delatado por personal del ayuntamiento y, de no entender lo que se le indica —es decir, dónde comprar su “mercancía”—, corre el riesgo de ser golpeado, por lo menos.

Un detalle que no pasa inadvertido para los observadores es la presencia, en las reuniones de los vendedores informales de piratería, de un personero del munícipe, quien por cierto pasea ya en lujoso descapotable de una de las principales marcas mundiales de vehículos.

Total que la fortuna le sonríe a Rogelio López Angulo y familia (los de Sinaloa). Y cómo no, si de avecindados en Huauchinango han pasado a ostentar el poder político y económico en ese municipio serrano, donde se presentan además como prósperos constructores y, faltaba menos, como tipos de cuidado.

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Leobardo Soto Martínez, dirigente estatal de la CTM y candidato del PRI a diputado federal por el distrito 12 de Puebla, e Israel Pacheco Velázquez, secretario general de los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento de Puebla, podrían ser acusados de coacción al voto.

Y es que, por increíble que parezca, ambos líderes sindicales ignoran que no pueden celebrar reuniones con fines de proselitismo electoral, como la que ayer encabezaron, al medio día, con personal de la comuna en las oficinas Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Puebla e Instituciones Paramunicipales (Suethapip).

Para su conocimiento, existe una jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral que establece: “el ejercicio del derecho fundamental de asociación encuentra uno de sus límites en el respeto de los derechos fundamentales, como es el de voto activo, que debe ser ejercido bajo los principios del sufragio universal, libre, secreto y directo, que implica, entre otros aspectos, la posibilidad de votar ausente de manipulación, presión, inducción o coacción alguna. En ese orden, dado que el fin de los sindicatos se aparta del proselitismo electoral, las reuniones de estos organismos verificadas con esa finalidad deben considerarse actos de coacción al voto”.

La jurisprudencia en cuestión se deriva del Juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-415/2007 y acumulado, cuyo fallo fue aprobado por unanimidad en sesión pública del Tribunal Electoral del 18 de febrero de 2009.

Al acto de campaña en apoyo a Leobardo Soto —o de coacción al voto— acudieron el dirigente municipal del PRI, Carlos Meza Viveros, y el expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, quien, por cierto, fue el más ovacionado.

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Para desgracia del presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jorge Sánchez Morales, ha comenzado a circular un expediente con las observaciones hechas a su gestión por el auditor externo del organismo —el despacho Freyssinier Morin— que confirma buena parte de las anomalías denunciadas por consejeros y representantes de partidos políticos.

Ofrezco ampliarle la información y entrar en detalles en los próximos días.

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Simón dice:

“Todo lo que se ignora, se desprecia.”
Antonio Machado (1875-1939), poeta y prosista español.

Más allá de los pleitos y grillas entre el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, Javier García Ramírez, y el director general del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, Eduardo Macip Zúñiga, resulta inaudito el amago de romper la carpeta de concreto que se construye sobre la Vía Atlixcáyotl para ubicar los daños causados en las tuberías de distribución del vital liquido que cruzan por esa importante vialidad.

Esta situación no sólo evidencia la falta de coordinación que existe entre las dependencias del gobierno del estado, sino el poco respeto de las autoridades hacia los ciudadanos.

El 17 de julio de 2008, Javier García presumió la coordinación y logística que la SEDUOP había logrado establecer con las empresas constructoras, Telmex, Comisión Federal de Electricidad, Maxigas y Soapap para empatar los movimientos de postes, cables y tuberías con la ejecución de la obra.

Sin embargo, a juzgar por las críticas y amenazas del director de Operación Hidráulica del Soapap, Tomás Hernández Leal, dicha coordinación valió madres.

No es posible que ahora que la obra se encuentra avanzada, el Soapap nos salga con el cuento de que las empresas a cargo de los trabajos —–CUAR Constructores Asociados, PERECAR y Asociados, CUPSA y ALOM Construcciones— han cometido errores y daños en las tuberías que afectan el suministro de agua potable en 120 colonias del sur de la ciudad.

Y menos tratándose de una de las obras viales más caras en la historia de Puebla y el país, pues cada kilómetro de lo que será el Boulevard Bicentenario tendrá un costo de 100 millones de pesos.

En la remodelación de la Vía Atlixcáyotl se invertirán casi 500 millones de pesos, cifra superior en una quinta parte al presupuesto que este año destinarán el ayuntamiento de Puebla y el gobierno del estado en la pavimentación y reconstrucción de 400 calles de la capital.

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El nombramiento de Jorge Rodríguez y Morgado como secretario de Gestión Urbana y Obra Pública del ayuntamiento de Puebla está lejos de ser una concesión al expresidente municipal Enrique Doger Guerrero, con quien aquel colaboró como secretario de Administración Urbana.

Y es que Rodríguez y Morgado salió del ayuntamiento por diferencias con el exmunícipe, harto de las presiones del coordinador ejecutivo de la presidencia, Alberto Ventosa Coghlan, a los proveedores y contratistas, y de que Enrique Doger lo tuviera como parapeto de quien en realidad mandaba en la dependencia: Gerardo Sordo Sainz.

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Si bien el regidor de Hacienda de San Martín Texmelucan, Ricardo Pérez Rico, fue amenazado y chantajeado vía telefónica por supuestos zetas, al igual que otros funcionarios de ese ayuntamiento, lo ocurrido el lunes por la noche a las puertas de su domicilio, en San Andrés Cholula, está lejos de ser un atentando del brazo armado del Cártel del Golfo.

El regidor fue baleado pero resultó ileso, no así su esposa quien se encuentra fuera de peligro, de acuerdo con fuentes cercanas que la tarde de ayer establecieron contacto con familiares del regidor, vecino del fraccionamiento El Barreal.

Pérez Rico encabeza en el Cabildo de Texmelucan a un grupo de regidores, que suele oponerse a las acciones del presidente municipal Noé Peñaloza Hernández, a pesar de que ambos militan en el mismo partido: Nueva Alianza.

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Simón dice:

“Lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia”.

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) Médico español.

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Ayer por la tarde el gobernador Mario Marín Torres fue partícipe de una sui generis reunión, por el tema y los convivados al encuentro, en el restaurante La Mariposa de la capital queretana, donde el PRI festejó su cumpleaños número 80.

Durante casi una hora, el gobernador se reunió con la presidenta y el secretario general del CEN del PRI, Beatriz Paredes Rangel y Jesús Murillo Karam, así como con el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones Rivera, y el senador y excandidato presidencial Francisco Labastida Ochoa.

El encuentro tuvo como propósito definir una estrategia del PRI para contrarrestar la campaña emprendida por la dirigencia nacional panista, en el sentido de que los gobiernos priístas son culpables de la crisis de inseguridad que vive el país.

Durante el cónclave, los jerarcas del PRI analizaron también la difusión orquestada de varias encuestas electorales que dan al tricolor una cómoda ventaja ––de hasta 15 puntos–– frente al PAN en las elecciones de julio próximo.

La conclusión de los participantes es que tal difusión obedece a una estrategia del PAN y la Presidencia de la República para que los priístas se confíen y aflojen el paso, pues en realidad el tricolor sí aventaja al blanquiazul, pero no con 15 puntos, sino con siete u ocho.

Entre los poblanos que fueron testigos de esa sui generis reunión anote los nombres de José Othón Bailleres Carriles, presidente del Congreso del estado, Blanca Alcalá Ruiz, presidenta municipal de Puebla, y Alejandro Armenta Mier, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.

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Entre los dirigentes locales y nacionales del Partido Nueva Alianza (Panal) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) nada bien cayeron las críticas de su precandidato a diputado federal por el distrito 12, Héctor Alonso Granados, en contra del rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez.

Héctor Alonso le pidió al rector de la BUAP que se deslindara del proceso electoral y que dejara de actuar como un precandidato más del PRI a la gubernatura, pues con su comportamiento partidizaba la universidad y le quitaba autoridad moral.

Sus declaraciones disgustaron tanto a los dirigentes del Panal que este miércoles lo convocaron a una reunión urgente, para conminarlo a dejar por la paz el tema de Agüera y la BUAP, y para pedirle que se ajuste a la estrategia electoral del partido, tendiente a evitar las confrontaciones y la descalificación de las instituciones, so pena de no registrarlo como candidato.

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Duda que mata: ¿la incorporación de Sergio Rolando Olalde Aguado y Edgar Wolfgang Vizuet López a la nómina de funcionarios del ayuntamiento de Puebla fue por su capacidad y talento, o un premio por sus servicios prestados al PRI y Blanca Alcalá Ruiz en las pasadas elecciones locales?

El cuestionamiento viene a colocación, porque ambos trabajaron en el Consejo Municipal Electoral del IEE, uno como consejero ciudadano y otro como secretario general.

Sergio Olalde se desempeña hoy como coordinador de Fiscalización del Comercio Establecido, dependiente de la Tesorería Municipal, y Edgar Vizuet como inspector de Registro y Fiscalización.

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Simón dice:

“Lo comprado al precio de muchos ruegos, es caro”
Juan Luis Vives, humanista y filósofo español.

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Por Eduardo González

Que este jueves los regidores del PAN en el Ayuntamiento de Puebla recibieron un oficio en respuesta a la petición que hicieron hace dos semanas a la Coordinación de Comunicación Social, para obtener copia de todos los contratos con medios de comunicación que la administración municipal ha firmado en el último año.

Sin embargo en el documento, el titular del área, Rafael Quiroz Corona, les contestó que en base a la Ley de Transparencia hizo uso de una prórroga para definir la entrega de la información.

A los panistas no les cayó en gracia la postura del funcionario y, a través de un nuevo documento, señalaron que los contratos no los pidieron en calidad de ciudadanos, sino como servidores públicos, integrantes del cuerpo edilicio.

Los regidores sospechan que la nueva respuesta irá en el sentido de declarar como reservada esa información. Aunque un enviado les indicó que lo conveniente es dejar por la paz su solicitud, ya que los medios de comunicación se les irán encima por andarle buscando mangas al chaleco.

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Que el próximo lunes 23 de febrero a las 11 horas se realizará en el auditorio Manuel Aceves SJ de la Universidad Iberoamericana de Puebla, el foro “Otra vez el cuarto poder. Duopolio televisivo contra el IFE”, organizado por la licenciatura en Comunicación de esa casa de estudios.

El evento será encabezado por el periodista Jenaro Villamil de la revista Proceso, el consejero electoral del IFE Alfredo Figueroa Fernández, así como las académicas Lilia Vélez Iglesias, de la UPAEP; Josefina Buxadé Castelán, de la UDLAP; y Ana Lidya Flores, de la UIA Puebla.

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Que el emplazamiento a huelga pactado este viernes a las 15 horas en la compañía periodística El Sol de Puebla sufrió una prórroga, por lo que no serán colocadas las banderas rojinegras en el inmueble de la 3 oriente 201.

Tanto la empresa, encabezada por Serafín Salazar Arellano, y el sindicato, cuyo secretario general es Arturo Manzano Nieto, se dieron de plazo hasta el martes 24 de febrero para continuar con las negociaciones contractuales, una vez que no se concretó el monto de aumento salarial.

Así como las circunstancias la favorecieron en 2007, primero para lograr la nominación del PRI a la presidencia municipal, y luego para ganar las elecciones y convertirse en la primera alcaldesa de Puebla, hoy Blanca Alcalá Ruiz es víctima de las circunstancias de la sucesión gubernamental.

Trataré de explicarme:

Blanca Alcalá enfrenta el recelo del gobernador Mario Marín Torres y de algunos miembros de su burbuja, que creen ––y con sobrada razón–– que la presidenta municipal podría colarse a la puja por Casa Puebla en los comicios de noviembre de 2010, dado su posicionamiento electoral.

Aunque la alcaldesa se ha descartado una y otra vez para tal cargo, la verdad es que entre la clase política no son pocas las voces que sostienen que Blanca Alcalá podría ser una buena opción, en caso de un escenario complicado para el PRI, que hoy ––dicho sea con toda claridad–– no se vislumbra.

¿Qué tendría que ocurrir para que al PRI se le complicará la sucesión gubernamental?

Un escenario posible es que el gobernador Mario Marín se entercará en imponer a su secretario de Desarrollo Social, sin conseguir el consenso de los demás aspirantes priístas; que Javier López Zavala no lograra revertir algunas tendencias negativas, como el voto de rechazo de ciertos sectores; y que la contienda por la gubernatura se apretara por la nominación de Rafael Moreno Valle como candidato del PAN.

En esas circunstancias, que tampoco pueden descartarse, Blanca Alcalá podría colarse a la sucesión gubernamental, dado el nivel de conocimiento, confianza y potencial de voto que le conceden diversas encuestas, que la ubican como la aspirante de más confianza y como la tercera con mayor potencial de voto, por abajo de Moreno Valle y López Zavala.

Esta realidad no es desconocida por el gobernador Marín y tampoco por algunos de sus operadores. De ahí el recelo.

A manera de anécdota, le cuento que hacia finales del año pasado Blanca Alcalá y el gobernador Mario Marín realizaron una gira por la capital del estado, y en el evento ––una ceremonia donde se entregaron recursos a productores––, el maestro de ceremonias anunció la intervención de la presidenta municipal. Cuando ésta se levantó del presidium para dirigirse al micrófono, el gobernador se acercó al secretario de despacho, cuya dependencia había organizado el acto, para decirle en tono de reclamo: “para qué la invitan a hablar … la gente va a pensar que le estoy dando juego”.

Pero la evidencia más elocuente de que Alcalá no está en el ánimo del gobernador, y de que Marín quiere dejarla fuera de la contienda priísta por la sucesión está en los recursos que su gobierno ha canalizado al ayuntamiento de Puebla para obra pública.

De los 609 millones que la gestión de Blanca Alcalá aplicó en su primer año para pública, 450 millones corresponden a fondos federales y a recursos propios, 125 millones a recursos extraordinarios de la Federación, por gestiones directas de la presidenta municipal, y el resto, es decir, alrededor de 30 millones, a recursos del gobierno del estado.

En otras palabras: de los 2 mil millones de pesos que, según el gobernador su administración invierte de manera coordinada con el ayuntamiento de Puebla en obras como el Centro de Convenciones, la ampliación del Periférico, la vía Atlixcáyotl, y otras vialidades en juntas auxiliares como la carretera a Canoa, La Resurrección y la Puebla-Valsequillo, sólo 30 millones de pesos son ejercidos directamente por Blanca Alcalá.

EN CORTO
Este sábado el presidente municipal de Xicotepec de Juárez, el panista Juan Carlos Valderrábano Vázquez, se dio el lujo de reunir en su primer informe de labores, al senador Rafael Moreno Valle Rosas, y al secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala. Este último acudió no sólo con la representación del gobernador Mario Marín Torres, sino también con su helicóptero.

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Entre los prospectos que la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, ha comenzado a analizar como probables sustitutos de Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal figuran Isidro González Blanco y Fernando Fierro Aldana.

Isidro González fue secretario de Seguridad Pública en Pachuca, Hidalgo, dependencia en la cual también se desempeñó como director de la Unidad de Inteligencia para la Prevención del Delito. Es licenciado en Derecho por la UNAM, y ha laborado como asesor de seguridad de Pemex, como director de Seguridad y Protección Civil en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y como agente de inteligencia en el CISEN. También ha prestado sus servicios para la PGR y ha recibido cursos del Servicio de Inteligencia Israelí y el gobierno de los Estados Unidos.

Fernando Fierro fue jefe regional de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en Puebla y Yucatán. Ha laborado para la PGR  y en  la Academia de Altos Mandos de San Luis Potosí. Durante su paso por Puebla, en la gestión de Rolando López Villaseñor como delegado de la PGR, estuvo involucrado en los pitazos a comerciantes de piratería en la zona de la CAPU y La Cuchilla.

Ambos, por cierto, son recomendados del ex diputado federal Víctor Díaz Palacios.

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Este lunes podrían darse una serie de paros y protestas en diferentes clínicas y centros hospitalarios, con el apoyo de personal de base y homologados, para reventar al secretario de Salud del estado, Antonio Marín y López.

La inconformidad es alentada por el líder sindical Malcom Ramírez Martínez y Sandra González de Ita, directora o ex directora de Protección Social en Salud, que no es otra cosa que el llamado Seguro Popular.

La suspensión de actividades se extenderá también al interior del estado, con la complicidad de los coordinadores de las Jurisdicciones Sanitarias 4 de El Seco, 7 de Izúcar de Matamoros y 8 de Acatlán de Osorio, Óscar Antonio de la O, Alberto Gómez Orta y Lisseth Violeta Aguilar Rodríguez, respectivamente.

No está de más apuntar que tanto el líder sindical, Malcom Ramírez, como la ex directora del Seguro Popular y algunos de los coordinadores jurisdiccionales, tienen como padrinos políticos de este movimiento a secretarios de despacho del gabinete marinista.

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Simón dice:

“Allí donde el mando es codiciado y disputado no puede haber buen gobierno, ni reinará la concordia”
Platón, filósofo griego.

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La decisión de la mayoría priísta de mantener, al menos hasta el 2010, las elecciones de gobernador para el segundo domingo de noviembre, reactivará la hipótesis de que el rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez y/o la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, pueden convertirse en el “Plan B” del gobernador Mario Marín Torres en su sucesión.

Si los comicios locales del año próximo se hubiesen efectuado el primer domingo de julio, siguiendo el espíritu de la reforma constitucional en materia electoral, automáticamente Enrique Agüera y Blanca Alcalá estarían eliminados de la contienda por la gubernatura de Puebla.

Uno, porque tendría que renunciar a la BUAP a los cuatro o cinco meses después de su reelección como rector, lo que obligaría a la Universidad a ir a nuevas elecciones que se empatarían con las constitucionales de gobernador, con el gravísimo riesgo de que la máxima casa de estudios se partidizara.

Y la segunda porque tendría que dejar el ayuntamiento de Puebla —olvidándose de su compromiso ante notario público de concluir su gestión de tres años— casi a la par de rendir su segundo informe de labores.

La reforma electoral aprobada este jueves por la mayoría priísta del Congreso del estado, afectará sin duda el derrotero que seguía la sucesión gubernamental en el bando tricolor, y que hasta hace unos días parecía definida a favor del secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

El más perjudicado con la decisión de mantener los comicios locales del año próximo hasta el segundo domingo de noviembre, es López Zavala, en función del desgaste y el “fuego amigo” a que está siendo sometido dentro y fuera del PRI.

De más está decir que si las elecciones se realizaran el primer domingo de julio de 2010, el tiempo y la coyuntura jugarían a favor del secretario de Desarrollo Social.

En primer lugar, porque con el adelanto de los comicios, se habría quedado sólo en la carrera por la sucesión gubernamental o, al menos, sin rivales de peso que pusieran en riesgo la viabilidad del “Proyecto Z”.

Y en segundo término, porque López Zavala podría capitalizar en su propio provecho la ola de las elecciones federales de este año, y que se prevé sean favorables para el PRI en la mayoría de los 16 distritos federales de la entidad.

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Simón dice:

“Una vez llegada la desgracia, de nada sirve quejarse”
Esopo, fabulista griego.

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Un personaje que mucho llamó la atención de los funcionarios de primer nivel del ayuntamiento de Puebla, en la encerrona convocada por la presidenta Blanca Alcalá Ruiz el viernes pasado, en el Centro Vacacional de Metepec, fue Juan Carlos Morales Páez.

Su presencia no pasó desapercibida, y menos en una reunión privada y de autoevaluación, en la que con la ayuda del director de la consultora Opina, Rigoberto Benítez Trujillo, los secretarios del gabinete municipal analizaron desde su perspectiva los aciertos y yerros de la administración de Blanca Alcalá en su primer año de gestión.

¿Y qué hace aquí Juan Carlos Morales?, era la pregunta que no pocos se hacían sobre la enigmática presencia del ex funcionario morenovallista.

A cuatro días de esa reunión, la incógnita es hoy una certeza, de la que nada contentos están algunos funcionarios priístas.

Y es que Juan Carlos Morales Páez será nombrado, con la venia de los regidores panistas y del senador del mismo partido, Rafael Moreno Valle Rosas, director de la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, instancia municipal creada a propuesta de la regidora del PAN, María Isabel Ortiz Mantilla.

El resquemor no es gratuito, pues el susodicho —que hasta ayer todavía cobraba como subdirector de Planeación y Finanzas de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)— es un personaje cercanísimo a Moreno Valle, tanto que era uno de los integrantes del llamado G-9, es decir, del círculo compacto del ex secretario de Finanzas y Desarrollo Social en el sexenio melquiadista.

Incluso en la gestión municipal de Enrique Doger, en la que también colaboró como secretario Planeación e Inversión Pública y secretario de Desarrollo Social, Morales Páez nunca perdió su filiación morenovallista.

Su inminente designación es atribuida también a un par de funcionarios de la actual administración municipal. Uno es Ernesto Ramírez López, quien en los hechos es más que el coordinador de asesores de la presidenta municipal, y la otra es Rocío Moreno Mendoza, subcontralora de Desarrollo Administrativo, Seguimiento y Control.

El primero, según esta versión, fue el encargado de consensuar su nombramiento con los regidores del PAN, en especial con María Isabel Ortiz y María de los Ángeles Garfias López, a través de Eduardo Alcántara Montiel.

La segunda, la subcontralora municipal, fue quien se encargó de acercar a su antiguo jefe, Morales Páez, con la presidenta municipal, en un viaje que ambas realizaron a Washington el año pasado. Rocío Moreno llegó a vivir a Puebla, procedente del Distrito Federal, hace nueve años, a invitación de quien este viernes se convertirá en director de la Agencia de Protección al Medio Ambiente, que tendrá bajo su responsabilidad al Organismo Operador del Servicio de Limpia y las direcciones de Gestión y Desarrollo Sustentable, y de Servicios Públicos que hoy dependen de Sergio de la Luz Vergara Berdejo.

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Quien también regresará a la administración pública, vía la nueva Agencia de Protección al Medio Ambiente del ayuntamiento de Puebla, es Sofía Quiroz Hernández, ex directora de Administración del Instituto Electoral del Estado.

Sofía Quiroz será nombrada subdirectora Administrativa.

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Simón dice: “Fui comunista hasta que me di cuenta que el partido soviético no era comunista”
Marguerite Duras, escritora.

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Míseros los ingresos por obras de teatro, bailes, ferias y antros
Utiliza Zavala los Codesos como estructura política electoral

Un área del ayuntamiento de Puebla en la que Blanca Alcalá Ruiz y el tesorero municipal Javier Ramírez Carranza deben poner mucha atención, no sólo por los recursos que la comuna puede captar derivados del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, sino por los miles que pesos que se cobran a los empresarios y empresas dedicadas a esta actividad, pero que no siempre ingresan a las arcas municipales, es la Coordinación Operativa de Espectáculos Públicos.

Lo primero que la presidenta municipal y su tesorero deben saber, sino es que ya lo saben, es que los recursos que hoy ingresan al ayuntamiento por concepto del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, no representa ni el 20% de lo que se debería cobrar.

Luego, ordenar una investigación al coordinador del área, Jesús Tame Osorio, y a dos de sus principales operadores, los interventores Sergio Ortiz Reyes y Luis Fernando Trujillo Blázquez, que son los responsables de recaudar el referido gravamen ––sobre una cuota del 5% o 10% sobre el boletaje vendido–– a los empresarios de espectáculos, bailes, ferias y demás antros donde se cobra cover.

La investigación es relativamente fácil. Sólo hay que cruzar dos variables, los espectáculos más taquilleros que se han realizado en lo que va del 2008 tanto en el Complejo Cultural Siglo XXI como en el Teatro Principal, por citar sólo dos escenarios, con el registro de ingresos reportados a la Tesorería Municipal por la Coordinación Operativa de Espectáculos Públicos.

Los resultados de ese análisis no dejarán dudas que existe algo podrido en esa Coordinación.

Y es que no es posible que por espectáculos, musicales y obras, donde las 700 localidades del Teatro Principal se han agotado, la comuna sólo reciba 1,550 o 2,400 pesos por función, es decir, el equivalente a menos de diez entradas.

Las cuentas simplemente no salen. Si el Teatro Principal tiene capacidad para 700 personas y se venden dos funciones, a razón de 250 por boleto, las ganancias de la empresa debían ascender a 350,000 pesos, y ésta pagar por concepto de Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos algo así como 17,500 pesos, que es el 5% del monto de la taquilla.

¿Por qué en 2007 y 2008 no hay un sólo espectáculo por el que se haya recaudado esta cantidad en el Teatro Principal, y sí, en cambio, docenas de eventos por los cuales ingresaron a las arcas municipales cifras ridículas de 100, 150 y hasta 200 pesos?

Me remito a 2007 porque desde ese año ya trabajaban en el ayuntamiento como interventores de Espectáculos Sergio Ortiz Reyes y Luis Fernando Trujillo Blázquez, aunque este último fue suspendido por el anterior director de Registro y Fiscalización, Carlos Taboada Villanueva, y recontratado en agosto o septiembre de este año por el actual coordinador de Espectáculos, Jesús Tame.

A continuación, enumeraré una serie de eventos realizados en 2007, con la fecha de pago, número de folio y monto recaudado por impuestos:

Obra El Camino Azul, 28 de mayo de 2007, folio 529936, monto 800 pesos.

Show de Jo Jo Jorge Falcón, 30 de julio de 2007, folio 530329, monto 2,400 pesos.

Obra Homenaje a Cri-cri, 26 de julio de 2007, folio 530299, monto 500 pesos.

Danza Andalucía Flamenca, 27 de julio de 2007, folio 530326, monto 200 pesos.

Concierto Somos El Bolero, 19 de julio de 2007, folio 530247, monto 100 pesos.

Obra Carlota Emperatriz, 19 de julio de 2007, folio 530249, monto 100 pesos.

Danza española de Pilar Rioja, 18 de junio de 2007, folio 581688, monto 500 pesos.

Concierto Tributo a los Creedence, 2 de julio de 2007, folio 530100, monto 1,000 pesos.

Concierto Beatles, 30 de julio de 2007, folio 530328, monto 1,500 pesos.

¿Verdad que son ridículas las cuotas recaudadas por la Coordinación Operativa de Espectáculos Públicos?

EN CORTO
El doble discurso del gobierno del estado frente al conflicto magisterial y la Alianza por la Calidad de la Educación puede revertírsele, si el SNTE o los disidentes se dan cuenta del engaño.

A los dirigentes formales del SNTE, entiéndase Rafael Ochoa Guzmán, Eric Lara Martínez y Cirilo Salas Hernández, el gobierno marinista les expresa su respaldo y su apoyo a la ACE, y a los disidentes ––agrupados en torno al Consejo Democrático Magisterial Poblano–– les dice estar abierto a revisar la Alianza y a llevar sus impugnaciones a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

El problema de este doble discurso es que puede desatar el enojo de cualquiera de las partes, y ello degenerar en conflictos de mayor envergadura como los que se han vivido en estados como Oaxaca y Morelos.

Por lo pronto el SNTE ya mostró el viernes el músculo, al convocar y movilizar sin mayores problemas a más de seis mil profesores en el Centro de Convenciones, lo que llevó al gobernador Mario Marín y al secretario de Educación, Darío Carmona, a respaldar públicamente la ACE, y a reconocer al SNTE como el único interlocutor en materia laboral.

Sin embargo, el congreso de los disidentes en Teziutlán, que logró reunir a cerca de dos mil profesores, no debe ser minimizado, y menos cuando en ese evento quedó más que claro el apoyo que tienen de la Coordinadora y de líderes de otras entidades y organizaciones de izquierda contrarias a Elba Esther Gordillo Morales.

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Además de su libro de poemas “Cobija al hombro” que se presentará el miércoles 10 de diciembre en el Aula Virtual del Complejo Cultural Universitario, el diputado federal Antonio Sánchez Díaz de Rivera es autor de otro libro “La Transición Mexicana”, que este martes será comentado en el Congreso de la Unión, allá en San Lázaro, por Héctor Larios Córdova, Juan José Rodríguez Prats y Agustín Basave.

La presentación de este libro ––que recopila algunos de los artículos de Antonio Sánchez publicados en el periódico Reforma–– tendrá lugar en el Auditorio Sur, del edificio A de la Cámara de Diputados, a las 17 horas.

A la presentación del poemario “Cobija al hombro”, que tendrá lugar a las 19:15 horas en el Complejo Cultural, asistirá como invitada de honor y comentarista la secretaria de Educación Pública del gobierno federal, Josefina Vázquez Mota.

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Un aspirante a diputado federal por el distrito 10 con cabecera en San Pedro Cholula que se ha sumado a la puja que por el momento libran Sara Chilaca Martínez y Juan Pablo Jiménez Concha es Iván Mange Zamora.

El ex directivo del consorcio Grupo Shiva ha focalizado su actividad proselitista en dos municipios del distrito, además de la cabecera: San Andrés Cholula y Coronango, que actualmente son gobernados por alcaldes de filiación panista.

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Sin mucho cuidado de las formas, el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, está conformando una nueva estructura política electoral, a partir de la integración de los Codesos.

Los Codesos son comités de obra, que en colonias pobres y marginadas se encargan de proponer y supervisar la ejecución de obras y proyectos con recursos de la SDS.

Antes de que concluya el 2008, la dependencia a cargo de Javier López Zavala proyecta tener conformados el 100% de los Codesos que operaran en la entidad.

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Y hasta la próxima.

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