Rodolfo Ruiz

El que el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, aprovechara su tercer informe para hacer visible el crecimiento de los feminicidios en Puebla e informar que en los últimos dos años han sido asesinadas cuatro estudiantes de la institución, es sin duda relevante.

Relevante porque atrae la atención de la opinión pública sobre estos crímenes y porque obliga a las autoridades encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia a tomar acciones concretas para investigarlos y sancionar a los homicidas, en vez de minimizar el tema.

Relevante porque da eco a las voces de diferentes organizaciones no gubernamentales que se han pronunciado por la emisión de una alerta de género en Puebla ante el creciente número de homicidios violentos de mujeres en la entidad.

Relevante porque el fondo del asunto no es polemizar si van 65 crímenes violentos en contra de mujeres o 42 feminicidios en lo que va del año, sino que esas cifras de horror van en aumento.

Relevante porque representa un llamado de atención a las autoridades que parecen más preocupadas por su promoción personal de cara al 2018 o en acomodarse en la siguiente administración que en combatir la violencia de género y otros delitos como el robo de combustible y la venta de gasolina o diésel robado.

Y relevante porque vienen del rector de la BUAP, institución que no puede ni debe mantenerse indiferente ante el preocupante crecimiento de la inseguridad y los delitos de alto impacto como secuestro, homicidio, violaciones y robo con violencia.

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En oficio dirigido a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, el presidente municipal de Tepexco, Antolín Vital Martínez, denunció que funcionarios de la delegación de Puebla no sólo le han condicionado la autorización de recursos del Programa de Apoyo a la Vivienda, sino que además le han pedido un moche del 30%.

Dicho oficio fue sellado de recibido el 7 de septiembre por la Coordinación de Control de la Gestión de la Sedatu, y en él se hacen señalamientos puntuales en contra de Arturo Rodríguez Ballinas, Jorge Eduardo Vázquez González y Derly Remedios Sánchez Mojica, todos ellos funcionarios de la delegación de la Sedatu.

En el texto de su oficio, el munícipe de Tepexco denuncia que los referidos funcionarios le condicionaron la autorización de las 39 acciones que solicitó a cambio de que las obras las realizaran constructoras recomendadas por ellos y la entrega de una comisión del 30% sobre el monto total de los recursos entregados por Fonhapo.

Román Lazcano Fernández, delegado de Sedatu en Puebla, minimizó la denuncia y expresó que si los recursos para Tepexco no se han liberado y las gestiones del edil siguen en trámite es porque los recursos son escasos y además hay recortes presupuestales.

Las 39 acciones solicitadas por Antolín Vital se comenzaron a tramitar en julio de este año.

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¿Cuál era la agenda política nacional antes de que se conociera la fuga de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” del penal dizque de máxima seguridad del Altiplano, mejor conocido como Almoloya?

¿La rebeldía de la CNTE para cumplir con la reforma educativa? ¿La corrupción y la opacidad en la rendición de cuentas? ¿La incredulidad ciudadana frente la Comisión Nacional Anticorrupción? ¿La inseguridad pública y los rezagos que registra la reforma del poder judicial? ¿La implementación de las reformas estructurales aprobadas en materia energética, laboral y de telecomunicaciones? ¿El bajo crecimiento y el creciente desempleo? ¿La caída en los precios internacionales del petróleo y los recortes presupuestales?

Como se verá buena parte de los problemas nacionales son de orden político.

En ese tenor vale la pena preguntar: ¿Cuál será la prioridad del presidente Enrique Peña Nieto ahora que regrese de su viaje por Francia? ¿A qué le dará más importancia: al relevo en la dirigencia nacional del PRI o la conducción política del país ante la embestida de la oposición que buscará sacar raja política de la fuga de El Chapo y el estancamiento económico del país?

Imaginemos el escenario al que Peña Nieto se enfrentará la semana entrante: marchas y plantones de la CNTE en la Ciudad de México y en algunos estados del país; legisladores y partidos opositores exigiendo la renuncia del secretario de Gobernación y los responsables de la “seguridad” pública del país; un PRI agazapado en espera de la línea presidencial; dirigentes empresariales reclamando por la inseguridad, la simulación en el combate a la corrupción y la concentración de la obra pública en unos cuantos contratistas; y aspirantes al 2018 desbocados ante un presidente débil, enfermo y sin expectativas después de los 43 desparecidos de Ayotzinapa y la peliculesca fuga de El Chapo.

La permanencia de Miguel Ángel Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación no modificará este escenario, de ahí que el presidente Enrique Peña Nieto haya decidido integrar a su gira por Francia al coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones Rivera.

En política no hay casualidades y si Beltrones fue llamado por el presidente Peña Nieto es porque seguramente a su regreso este experimentado legislador ya no irá a la dirigencia nacional del PRI, sino a ocupar la principal oficina de la Secretaría de Gobernación federal.

Ya después le cuento quién sería el poblano más feliz con esa decisión y también quién el que más se preocuparía.

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Vaya escándalo el que se avecina en la Universidad Mexicana para Personas Mayores y su rector Francisco Martínez Briones, quien es también rector y dueño de la Universidad Cuauhtémoc, por el trato rudo y hasta despótico de la coordinadora de esa institución, María del Pilar Ruiz Bernal, hacia las personas de la tercera edad que acuden a cursos, talleres y diplomados en distintas disciplinas.

Hoy por lo pronto publican un desplegado para denunciar que Ruiz Bernal, quien se ostenta como licenciada en Administración de Empresas egresada de la BUAP, carece de título y que la cédula profesional con la que se acredita es falsa, ya que en realidad corresponde a Yenedid Lucero Quintal Ávalos, técnica en Contabilidad Financiera y Fiscal del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

Los alumnos afectados, que proporcionaron a este reportero nombres y teléfonos, señalan que Ruiz Bernal y otros docentes de esta Universidad ubicada en la colonia La Paz, no sólo los maltratan con burlas y ofensas, sino que los intimidan y sacan a empujones de las instalaciones cuando protestan por los abusos de que son víctimas.

Al escándalo podrían sumarse estudiantes de la Universidad Cuauhtémoc por el rezago que existe en la liberación de cartas de pasante o la entrega de sus títulos profesionales, no obstante haber cubierto todos los requisitos y pagos necesarios.

Aquí el desplegado.

A LA OPINIÓN PÚBLICA

Alto a los abusos en la Universidad Mexicana para Personas Mayores

Un fraude se realiza en la Universidad Mexicana para Personas Mayores ubicada en la colonia la Paz de esta Ciudad, ante el beneplácito del Dr. Francisco Martínez Briones, quien es dueño y Rector de la misma, que además también es Rector de la Universidad Cuauhtémoc y responsable directo del programa educativo ante el INAPAM , al designar como Coordinadora de esa casa de Estudios para Adultos Mayores a María del Pilar Ruiz Bernal, quien se ostenta como Licenciada en Administración de Empresas egresada de la BUAP.

Desde la llegada de María del Pilar Ruíz Bernal a la institución se ha generado gran malestar entre las personas de la tercera edad que acudimos a estudiar los 12 cursos y talleres que ahí se ofrecen, por el trato déspota, tirano y soberbio de que somos objeto por parte de ella, ya que dice ser protegida del Rector Dr. Francisco Martínez Briones, “debido a la relación tan unida que tienen con él y su hija” por lo que se siente apoyada por el Rector en todos sus actos.

Para acceder al cargo de Coordinadora, del que se ostenta, presentó la Cédula Profesional apócrifa número 3756653, otorgada el 5 de diciembre de 2006 de su supuesta licenciatura en Administración de Empresas cursada en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla del 2002 al 2006 ; sin embargo en el Registro Nacional de Profesionistas avalado por la SEP, no existe registro alguno a su nombre y quien aparece con la Cédula Profesional número 3756653 es YENEDID LUCERO QUINTAL AVALOS, como Profesional Técnico en Contabilidad Financiera y Fiscal del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica con el tipo C1 y expedida en el año 2002 , por lo que a todas luces se demuestra el fraude.

Sobre este asunto aún no ha manifestado nada el Rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, quien seguramente se pronunciará oportunamente respecto a tal falsificación, pues se involucra a la Máxima Casa de estudios directamente.

Ante estas circunstancias los alumnos de esta Universidad de Adultos Mayores, manifestamos nuestra inconformidad, ya que consideramos que esta nefasta persona, no cubre el perfil ni tiene la calidad moral para estar al frente de esta importante Institución, por lo que pedimos a las autoridades que procedan en lo que corresponda.

Tenemos el temor de que María del Pilar Ruíz Bernal invalide nuestro estudios y nos expulse de la Universidad, como lo ha estado haciendo en estos días con alumnos y maestros que no han aceptado sus abusos, groserías y humillaciones, corriéndolos agresivamente de la Escuela frente a sus nietos y demás familiares.

Los alumnos denunciamos todas estas anomalías esperando la intervención legal procedente de la Secretaria de Educación Pública (Federal y Estatal) ante la Procuraduría General de la República por los delitos federales flagrantes y tipificados por el Código Penal de falsificación de documentos y usurpación de profesión en los que incurre en primera instancia la coordinadora María del Pilar Ruíz Bernal, más los que resulten o se sumen inclusive por las amenazas; pidiendo la supervisión directa del INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores) por el maltrato, intimidación y abusos cometidos en nuestro perjuicio, y también la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, ya que tales conductas atentan contra nuestra dignidad, seguridad e integridad.

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La reunión del viernes pasado entre la senadora Blanca Alcalá Ruiz y el diputado federal Enrique Doger Guerrero no fue la primera entre esos personajes, sino ¡la quinta!

Y en ella no solo hablaron de los términos de un posible acuerdo político que les permita marchar juntos y sin divisiones rumbo a las elecciones de 2016 y 2018, sino de reformas constitucionales y de posibles escenarios electorales.

Alcalá y Doger coincidieron en la conveniencia de que la Constitución del estado se reforme antes de septiembre para que el próximo gobernador no sea de un año diez meses, sino de cuatro años ocho meses.

Sin embargo, uno y otro expresó que tal escenario es poco viable, ya que ese cambio no sólo modificaría los términos en que el gobernador ha planteado su sucesión, sino las condiciones en que se lanzaría a buscar la presidencia de la República en 2018.

En ese contexto coincidieron que la única carta de Moreno Valle para sucederlo en Casa Puebla es el alcalde capitalino, José Antonio Gali Fayad.

En cuanto a la puja interna del PRI por la nominación a la gubernatura, Blanca Alcalá y Enrique Doger manifestaron que el proceso no está siendo equitativo, ya que el subsecretario federal de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós, usa «descaradamente» recursos públicos para promocionarse.

El activismo del diputado federal Javier López Zavala también fue tema de conversación, en la última reunión efectuada el pasado viernes en un hotel del Centro Histórico de Ciudad.

Alcalá y Doger han convenido mantener sus negociaciones, de las que están enterados el presidente y la secretaria general del CEN del PRI, César Camacho Quiroz e Ivonne Ortega Pacheco, así como el secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong, y en la conveniencia de sumar a las mismas a otros aspirantes priístas a la gubernatura como Juan Carlos Lastiri.

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El viernes pasado Rodrigo Riestra Piña tuvo su primera reunión con las organizaciones campesinas de Puebla, en calidad de secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, y no le fue muy bien que digamos a pesar de las lisonjas de algunos dirigentes y productores afines al morenovallismo.

Si bien recibió apapachos, lo sobresaliente fueron los reclamos y reproches que le hicieron dirigentes de la UNTA y la CNC, no tanto por su desempeño sino por el abandono en que el gobierno del estado tiene al campo y la poca o nula atención que al sector brindó su antecesor, Mario Rincón González.

Mañana le doy detalles.

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El rector Alfonso Esparza Ortiz se reunió el jueves pasado con más de 3,500 trabajadores sindicalizados no académicos en el Salón Country de la colonia San Manuel, y la verdad es que nada mal le fue. Se aplicó y recorrió durante la comida la mayor parte de las mesas, acompañado de algunos de sus funcionarios y del secretario general del Sitbuap, Misael Mejía Pérez.

Ahí, Esparza reiteró a los sindicalizados el aumento salarial del 8 por ciento a los trabajadores que menos ganan y la incorporación de más de 900 de ellos de la Nómina de Recursos Propios a un esquema que les garantiza prestaciones como seguridad social a través del Hospital Universitario, aguinaldo, prima de fin de año y acceso al Círculo Infantil en beneficio de sus menores hijos.

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Carlos Talavera es impuesto por Los Chuchos en Texmelucan

Gali rehúsa afiliarse al PAN y José Juan se acerca a Morena

Aunque parecía complicado, finalmente el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) del estado de Puebla, Luis Maldonado Venegas, logró colarse en la lista de plurinominales del PRD por la cuarta circunscripción. Amarró la posición 3, desplazando a Antonio Ortega Martínez, hermano del dirigente nacional de la corriente Nueva Izquierda, también conocida como Los Chuchos.

Su nominación resulta interesante no sólo porque Maldonado Venegas forma parte del proyecto presidencial de Rafael Moreno Valle para el 2018, como uno de los artífices de las coaliciones electorales, sino porque su inminente salida del gabinete abre la puerta para una recomposición de grupos al seno de la administración estatal.

Y es que además de él, se irán como candidatos propietarios o suplentes a una diputación federal los secretarios de Finanzas, Roberto Juan Moya Clemente; de Infraestructura, José Cabalán Macari Álvaro; y de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Mario Alberto Rincón González.

Este último incluso llegó a mencionarse, antes de su registro como candidato a diputado federal del PAN por el distrito siete con cabecera en Tepeaca, como el probable sustituto de Luis Maldonado en la SGG, posibilidad que ahora se vislumbra como lejana. A no ser que Mario Rincón —quien hasta hoy se desempeña como titular de la SDRSOT—, gane la elección, rinda protesta y luego pida la licencia para que su suplente, José Cabalán Macari Álvaro, sea quien se quede con la curul. Tal como ocurrió con la diputación al Congreso del estado que ganó en los pasados comicios locales de 2013, de la que se separó a unos cuantos días de haber rendido protesta para dejar su curul a Francisco Mota Quiroz.

Otro personaje que llegó a mencionarse como probable relevo de Luis Maldonado fue Eukid Castañón Herrera, pero su reintegración al gabinete a estas alturas parece imposible debido a que el ex contralor del estado no sólo encabeza la lista de plurinominales del PAN por la cuarta circunscripción electoral, sino que es uno de los operadores del CEN y del gobernador Rafael Moreno Valle para ganar las elecciones federales en diversas entidades del país, Puebla incluida.

Así las cosas habrá que esperar los nombres de los nuevos titulares o encargados de despacho que designe el gobernador en al menos cuatro secretarías en el transcurso de los próximos días, analizar su origen y pertenencia a determinado grupo. Sólo entonces podremos atisbar si el mandatario optará, en el último tercio de su sexenio, por mantener el estilo o si —por el contrario— se mostrará menos cerrado y menos intolerante y autoritario.

De lo que sí no hay ninguna duda es que la designación de quien asuma la Secretaría General de Gobierno marcará el tono de lo que habrá esperar del morenovallismo en la recta final del sexenio.

EN CORTO

Cuentan que en la sesión sabatina del Consejo Nacional del PRD, la diputada Socorro Quezada Tiempo se inconformó con la designación de Carlos Talavera Pérez como candidato a diputado federal por el distrito 5 con cabecera en San Martín Texmelucan, a tal grado que pidió el uso de la palabra para hacer patente su molestia.

La dirigente estatal perredista cuestionó el nombramiento de Carlos Talavera argumentado que este controvertido personaje ni siquiera se registró como precandidato y que su nominación no era una decisión de la militancia sino del gobernador Rafael Moreno Valle, quien ni siquiera es miembro del PRD.

Socorro Quezada lamentó que en esa decisión nacional se hubiera pasado por el alto el dictamen elaborado y votado por los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal que preside y que había considerado para esa demarcación con cabecera en San Martín Texmelucan a Abigail Caselín Berra, del IDN, como propietaria y a Yolanda Rodríguez Santos, de ADN, como suplente.

Con Carlos Talavera el PRD se expone a un segundo José Luis Abarca, concluyó.

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Este fin de semana rindieron su primer informe de labores los presidentes municipales de Puebla y San Pedro Cholula y en los dos hubo mensajes políticos con claros destinatarios. El alcalde capitalino José Antonio Gali Fayad anticipó que sí tiene «pretensiones» políticas futuras pero que seguirá abonando al presente sin hacer castillos en el aire.

También dejó en claro que no tiene intención de afiliarse al PAN, pues «Soy un presidente municipal que viene de la sociedad, a ella pertenezco y en ella seguiré viviendo», y su decisión de mantenerse como aliado y colaborador del gobernador Rafael Moreno Valle, sin enemistarse con los delegados y funcionarios del gobierno federal, a los que incluso agradeció el apoyo a su gestión.

Textualmente Gali Fayad expresó: «El futuro es lo que somos en el presente. Ser íntegro es estar en el aquí y en el ahora. Y por qué no con pretensiones pero ubicados en la realidad en que nos rodea».

En cambio, el alcalde José Juan Espinosa Torres, quien tuvo como invitado principal al coordinador parlamentario de Morena, el diputado Ricardo Monreal Ávila, expresó que en municipios como San Pedro Cholula pueden implementarse programas y acciones exitosos sin concesionar a particulares los servicios públicos o sin excluir a los presidentes de juntas auxiliares de la recaudación de impuestos o los servicios del Registro Civil.

Durante su informe que tuvo como escenario la plaza de La Concordia, José Juan Espinosa dijo que «la construcción de una Ciudad de Bien es tarea de todos por eso debemos caminar juntos sociedad y gobierno privilegiando la unidad, el diálogo, la tolerancia, la paz y el respeto», discurso que pareció tener como destinatario al Ejecutivo estatal.

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Por cierto. Un actor político que el alcalde José Antonio Gali omitió mencionar en su primer informe de gobierno fue el dirigente estatal del PVEM, Juan Pablo Kuri Carballo, no obstante que éste es también integrante de su cuerpo edilicio. ¿Será porque las relaciones entre ambos han venido deteriorándose por motivos electorales?

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El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, logró hacerse de la mayoría de las consejerías del máximo órgano colegiado de la institución, en las elecciones del viernes pasado que transcurrieron en tranquilidad salvo pequeños incidentes como el ocurrido con la candidata a consejera alumna de la Facultad de Derecho, que fue levantada y llevada a Morelos contra su voluntad.

Del 100 por ciento de las consejerías para el periodo 2015 y 2017, Esparza Ortiz y sus directores aliados ganaron el 97%.

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Este sábado concluyó en la Universidad Iberoamericana de Puebla el curso de ABA roli (Curso de formación de formadores en litigio oral) que durante cuatro días se realizó en la institución con la participación de abogados de los estados de Puebla, Jalisco, Chiapas, Tlaxcala, Hidalgo, Distrito Federal y Veracruz.

El curso tuvo una duración de 40 horas con la asistencia de 142 alumnos, 20 más de los que se tenían previstos, y fue impartido por instructores y profesores de certificados por US AID y la Secretaría Técnica de la Secretaría de Gobernación federal, encargada de la implementación en México de los juicios orales.

Los capacitadores provenían de Estados Unidos, Argentina, Costa Rica y México.

La unidad responsable de este curso fue la coordinación de la Escuela de Derecho de la Ibero Puebla, a cargo de José Antonio Bretón Betanzos.

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Ana Teresa Aranda Orozco, quien sí está siendo considerada –y en serio– para una diputación federal por la coalición PRI-PVEM, obtendrá el mes entrante el grado de Maestría en Gobernanza y Globalización con especialidad en Gestión Internacional.

La aún militante panista concluyó el diciembre pasado sus estudios de Maestría en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), y a mediados de febrero podría obtener el grado respectivo.

La nominación de Ana Teresa Aranda sería por uno de los dos distritos del sur de la capital poblana, posiblemente por el 11, pero además iría en uno de los diez primeros lugares de la lista de candidatos a diputados federales por la vía plurinominal en la cuarta circunscripción electoral del país.

La ex diputada federal panista, ex directora del Sistema Nacional DIF y ex secretaria de Desarrollo Social en la recta final del sexenio foxista sería candidata externa de la coalición PRI-PVEM por el distrito 11 de Puebla si, y solo si, se le garantiza un buen lugar en la lista plurinominal respectiva.

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Aprovechando algunos vacíos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, algunos diputados locales y regidores podrían ser candidatos a una diputación federal sin pedir licencia a sus cargos.

Dicha legislación, aprobada al vapor a finales del año pasado, no dice explícitamente en su artículo 10 que los legisladores locales y los miembros de los ayuntamientos (regidores y síndicos) deban renunciar o pedir licencia a sus puestos 90 días antes de la elección.

Cuestión que estos ya valoran no solo para irse de campaña sin perder su sueldo, sino para ganar reflectores valiéndose de sus cargos en el Congreso del estado y los ayuntamientos.

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Este miércoles a las 11 horas el director de la Facultad de Derecho de la BUAP rendirá su primer informe de labores, y es probable que lo haga en medio de protestas de profesores, alumnos y ex candidatos a la dirección de esta unidad académica, la segunda más numerosa de la institución.

Al Informe fue invitado el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, pero este podría cancelar de última hora para quitarle reflectores a los opositores al director Carlos Antonio Moreno Sánchez.

Se sabe que entre los organizadores de la protesta figuran algunos profesores pertenecientes al Movimiento Universitario Popular de Izquierda (MUPI) y a la Academia de Ciencias Penales, así como algunos ex candidatos a la dirección de la Facultad como Pablo Portillo Castillo, Fernando Andraca Huerta y Francisco Ávila Caso.

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En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP está por estallar un conflicto que seguramente afectará la estabilidad de esta unidad académica, una de las más numerosas —sino es que la más— de la máxima casa de estudios de la entidad.

La crisis tiene su origen en el secretario de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad, César Cansino Ortiz, quien desde que fue reinstalado en el cargo, ha emprendido una serie de acciones en demérito de los académicos e investigadores de las maestrías y el doctorado de esta unidad académica, quienes molestos por las descalificaciones de aquel exigen ahora su remoción.

El más afectado por el regreso de César Cansino es el director de la Facultad, Carlos Antonio Moreno Sánchez, quien por un lado tiene que lidiar con un funcionario que supuestamente es subordinado suyo, pero que en la práctica responde a los intereses del secretario general de la BUAP, René Valdiviezo Sandoval, y, por otro lado, con los profesores del doctorado en Derecho y de las maestrías en Derecho y Ciencias Políticas que demandan la destitución de aquel.

Cansino desató la ira de los profesores e investigadores de la Facultad por un oficio —fechado el 14 de octubre y dirigido al director Carlos Moreno—, en el que sostiene que durante los casi dos meses que estuvo separado de la Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado se cometieron graves anomalías en la titulación de 19 doctores, 42 maestros en derecho y 7 maestros en ciencia política.

“De los 68 exámenes presentados se aprobaron todos (42 por unanimidad, 23 con honores y 2 por Cum Laude… no obstante la ínfima calidad de la mayoría de la tesis aprobadas”. “No entraré en detalles ni daré aquí nombres, pero de los 68 tesistas que presentaron sus exámenes… hay prominentes hombres y mujeres de la política local o federal o emparentados con políticos muy influyentes en el estado y el país”.

La reacción de los profesores que asesoraron esas tesis o participaron como sinodales en esos exámenes de titulación fue inmediata. Unos optaron por reclamar al propio Cansino sus juicios de valor “irresponsables”, “sin sustento alguno” y “con la clara pretensión de destruir el prestigio de nuestra facultad”.

Otros se han dedicado a recabar firmas de alumnos, tesistas y profesores para manifestar “nuestro rechazo total al contenido del escrito… de quien funge actualmente como Secretario de Investigación y Estudios de Posgrado… quien de manera evidentemente dolosa pretende desacreditar y denostar el desempeño colectivo del personal académico, la formación de los estudiantes de posgrado, así como el reconocimiento de los egresados, poniendo en tela de juicio la calidad de nuestros programas”.

Y otros más, entre los que destacan los de la maestría en Ciencias Políticas a redactar y enviar oficios al rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz; al secretario general de la institución, René Valdiviezo; y al director de la Facultad, exigiendo la remoción inmediata de César Cansino, por su actitud revanchista, por sus descalificaciones hacia el personal docente y de investigación del doctorado y las maestrías, y por desacreditar la formación y el perfil profesional de sus egresados y titulados.

¿En qué terminará esta crisis de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP?

Es difícil preverlo, pues los actores en conflicto están engallados: Cansino con el director de la Facultad, por el apoyo que tiene del secretario general de la BUAP; Carlos Moreno, por las firmas de investigadores y directivos de maestrías y doctorado que exigen la remoción de su incómodo secretario de Investigación y Estudios de Posgrado; y los catedráticos, por la oportunidad de deshacerse de un funcionario impuesto por la administración central que los ha maltratado y ninguneado.

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A propósito de gallos.

La versión de que César Bermúdez Oliver “El Gallo” es todavía operador del ex director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, Guillermo Nares Rodríguez, es imprecisa. Lo cierto es que ambos personajes rompieron lanzas en mayo pasado.

César Bermúdez fue, en efecto, uno de los principales operadores de Guillermo Nares en la BUAP, pero después de que éste último fue obligado a dejar la institución, previa jubilación, la relación entre ambos se deterioró.

A diferencia de Nares, El Gallo aún labora en la BUAP como docente, aunque raras veces acude a impartir una clase, pues ahora es uno de los principales operadores de Eric Ziehl Loera, secretario particular y operador político del alcalde Puebla, José Antonio Gali Fayad.

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Este miércoles en el marco del 21 aniversario de la ASPABUAP, su fundadora y primera secretaria general, Rosa María García Téllez, fue objeto de un reconocimiento de sus compañeros sindicalizados, por haber conseguido no sólo el registro de esta organización gremial ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, sino por logrado la estabilidad laboral de los trabajadores académicos de la máxima casa de estudios de la entidad.

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Aunque los procesos de elección de consejeros de Unidad Académica en la mayoría de las escuelas y facultades de la BUAP han trascurrido sin mayores complicaciones, éstos han dejado entrever aspectos que el rector Alfonso Esparza Ortiz no debe descuidar, so pena de potenciales conflictos el año entrante.

Una primera cuestión es la falta de cohesión de sus principales operadores políticos, que mandan mensajes contradictorios en las unidades académicas donde se involucran; unos actúan sin atender las recomendaciones de los directores, y otros en complicidad con éstos en espera de que aquellos se desgasten.

Los enterados dicen que por un lado está la mano dura del secretario general René Valdiviezo Sandoval y algunos de sus operadores de campo como Benjamín Dimas Chávez y Rufino Márquez Camarillo; por otro la del coordinador de Gabinete, Fernando Santiesteban Llaguno, en alianza con el ex director de Enlace y Gobernanza, Gabriel Pérez Galmiche, y por otro más la del secretario técnico del Consejo Universitario, Julio Galindo Quiñones, y Rodolfo Zepeda Memije.

Un segundo punto es el desgaste de algunos directores de Facultad, que tuvieron que echar mano del aparato universitario para negar registros a fórmulas de académicos y alumnos vinculadas con sus opositores. En Administración se cerró el paso a la gente del agüerista Ricardo Paredes Solorio para que la directora Lilia Vázquez Martínez no tuviera más problemas de los que ya tiene.

En Derecho ocurrió lo mismo con algunas planillas estudiantiles, ligadas al ex director de la Facultad, Guillermo Nares Rodríguez, y al ex coordinador de la Maestría en Ciencias Políticas, Nicéforo Rodríguez Gaytán. En esta unidad la imparcialidad del presidente de la Comisión Electoral, Marco Antonio Rodríguez Sánchez, ha sido cuestionada por su abierto favoritismo a la fórmula encabezada por Lidia Aguilar Balderas en detrimento de la candidata de Justicia Ciudadana de la Licenciatura en Ciencias Políticas.

En la facultad de Economía, los opositores al director Honorio Ojeda Lara denuncian que al menos a tres fórmulas de alumnos se les negaron los kárdex legalizados y a otros académicos —Pedro García Caudillo, Eduardo Tovar y Eudoxio Morales— sus constancias de antigüedad, por lo que no pudieron registrarse en las elecciones de consejeros de Unidad Académica.

Pero además que hay un marcado favoritismo hacia algunas fórmulas ligadas al director, como las encabezadas por Santos Sergio Palacios Ramírez, José Alfredo Ávila de la Rosa y Alberto Castañón Herrera, quien en menos de dos años logró la transformación de su plaza docente y un nombramiento de coordinador de maestría.

Una tercera cuestión que el rector Esparza y sus operadores deben valorar es que varios de los aspirantes a consejeros de unidad que no pudieron participar, por falta de kárdex o constancia de antigüedad, se radicalizarán y tratarán de convertirse en consejeros universitarios en abril del año entrante y que sus posibilidades de ganar serán proporcionales al desgaste de varios directores de escuelas y facultad.

Una consideración final que el rector de la BUAP no debe pasar por alto es el nivel de riesgo político que, de acuerdo con sus propios reportes, presentan algunas unidades académicas como el Instituto de Ciencias Sociales; las facultades de Administración, Arquitectura, Ciencias de la Computación, Ciencias de la Electrónica, Ciencias Físico-Matemáticas, Derecho, Economía, Filosofía y Medicina, y las escuelas de Biología y la preparatoria Benito Juárez, de cara las elecciones de consejeros universitarios del año entrante.

Si Esparza y su equipo se descuidan, estas unidades académicas que hoy aparecen en color rojo en su matriz de riesgos, podrían pasar a la oposición, sobre todo si el gobierno del estado incurre en la tentación de hacerse del control del máximo órgano colegiado de la BUAP por la vía de algunas consejerías estudiantiles.

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En las próximas semanas aparecerá un libro polémico, como los seis que antes ha escrito, sobre los secretarios de Gobierno y de Gobernación del estado de Puebla; la obra de más de 400 páginas no sólo se quedará en el plano biográfico o anecdótico, sino recreará las circunstancias políticas en las cuales estos personajes manejaron los hilos de la política interna.

Su autor es José Alarcón Hernández, el actual delegado de la Secretaría de Educación Pública, y quien además de haber sido operador electoral de distintos gobernadores, se ha desempeñado como diputado local, diputado federal, presidente de la Liga de Economistas y del Colegio de Economistas, así como líder del Congreso local y dirigente estatal del PRI.

El libro lleva por título “Los Encantos del Poder” y en él se podrán leer diferentes anécdotas y pasajes de algunos de los hombres más influyentes y poderosos de Puebla como Melquiades Morales Flores y Mario Marín Torres, que son los únicos que después de haber sido secretarios de Gobernación se convirtieron en gobernadores.

Otros personajes que merecieron del autor un tratamiento especial son Noé Lecona Soto y Gustavo Díaz Ordaz, secretarios de Gobierno de Máximo Ávila Camacho; Roberto Tránsito Bonilla y Carlos Trujillo Pérez, quienes son los únicos de los 57 que han ocupado la Secretaría de Gobernación que han durado todo un sexenio, en las gestiones de Rafael Ávila Camacho y Alfredo Toxqui Fernández de Lara.

El libro abarca casi un siglo, pues comienza en 1917 y concluye en 2010 con la elección del primer gobernador de oposición en la historia política de Puebla: Rafael Moreno Valle.

José Alarcón explica en el prólogo su decisión de no escribir sobre Fernando Manzanilla Prieto y Luis Maldonado Venegas, secretarios de Gobierno en la gestión de Moreno Valle, al señalar que ambos pertenecen a una época distinta que será motivo de un análisis más profundo y seguramente de otro libro sobre la alternancia del poder en Puebla.

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Ayer e-consulta hizo el 1-2 en la tercera emisión del premio estatal de periodismo Cuauhtémoc Moctezuma al ganar en primer y segundo lugar en el género de Noticia a través de Felipe Ponce Mecinas y Gerardo Rojas González.

Otros colegas que también fueron premiados son Carlos Pacheco Parra con el primer lugar en la categoría de fotografía y Jorge Machuca Luna, con el segundo lugar en el género de artículo de fondo. Pacheco es fotógrafo de la agencia Enfoque, que provee material gráfico a e-consulta, y Machuca es articulista del portal Con los ojos abiertos.

Felipe Ponce, quien funge en e-consulta como jefe de corresponsales y editor del portal Municipios Puebla, ganó el primer lugar con la noticia «Cobran diputados en Puebla por casas de gestión inexistentes» y Gerardo Rojas, el segundo lugar, con nota «Al descubierto fraude en Sedesol con recursos para familias pobres».

Vaya desde aquí una fuerte abrazo y una sincera felicitación a todos los ganadores de la tercera emisión del Premio de Periodismo Cuauhtémoc Moctezuma 2014.

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A pesar del director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Carlos Antonio Moreno Sánchez, César Cansino Ortiz fue restituido en la Secretaría de Investigación y Postgrado de esa unidad académica, una de las más numerosas de la BUAP.

César Cansino contó con el apoyo, para regresar a ese cargo, del rector de la Benemérita, Alfonso Esparza Ortiz, y del secretario general de la institución, René Valdiviezo Sandoval, con quien ha estrechado relaciones desde que fue invitado a impartir clases en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico.

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Vaya que el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, Alejandro Santizo Méndez, es un funcionario que no conoce el rubor.

Y es que no cualquiera se atreve a donar una caja de papel periódico y todavía presumir la acción en las redes sociales.

Para muestra el mensaje que este miércoles redactó en su cuenta de Twitter.

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Anote el nombre de Flavio Baylis Gaxiola, pues él será el próximo delegado de la Secretaría de Gobernación federal en Puebla.

Su nombramiento se hará oficial en el transcurso de los próximos días, pero le adelanto que se trata de un priísta de origen sonorense muy pero muy cercano al ex gobernador de Oaxaca José Murat Casab.

Flavio Baylis fue nombrado en 2013 delegado de Gobernación en el estado de Oaxaca, y dejó este cargo para asumir la Secretaría de Finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI oaxaqueño, a la que renunció en agosto pasado.

Antes, durante el gobierno de José Murat fue secretario de la Contraloría y secretario de Finanzas.

Con la llegada de Flavio Baylis serían tres los delegados nombrados por la Secretaría de Gobernación federal en el estado de Puebla en los dos años de gestión del presidente Enrique Peña Nieto.

El primero fue Manuel Castañeda Rodríguez y el segundo Juan Molina Arévalo, quien a finales de agosto rindió protesta como delegado de Gobernación en el conflictivo estado de Oaxaca.

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Hay versiones encontradas sobre el destronado líder sindical del ayuntamiento de Puebla, Israel Pacheco Velázquez, actualmente preso en el penal de Tepexi de Rodríguez en la Mixteca poblana.

Unas dicen que éste pronto podría recobrar su libertad, luego de tres amparos ganados por su defensa legal, a cargo del despacho de José Luis Zimbrón Vidal, y otras que afirman que en el Tribunal Colegiado donde están radicados los recursos de revisión interpuestos por el Ministerio Público volverán a darle palo.

Lo cierto lo cierto es que en uno o dos jueves  próximos se tendrán noticias sobre el futuro legal del destituido líder sindical de los trabajadores y empleados del ayuntamiento de Puebla.

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El representante del gobierno federal al primer informe del rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, será el director general de Educación Superior, el doctor Salvador Malo Álvarez.

Inicialmente se tenía previsto que el enviado de la Federación fuera el subsecretario de Educación Superior, el doctor Fernando Serrano Migallón, pero por el conflicto en el Instituto Politécnico Nacional, esa opción se canceló este jueves.

El primer informe de Esparza tendrá lugar este sábado en el auditorio del Complejo Cultural Universitario, a partir de las 10 horas

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En el desayuno de este miércoles en la sede nacional del PRI, para anunciar que las fórmulas integradas por la diputada federal Ana Isabel Allende Cano y Víctor Gabriel Chedraui, y por José Chedraui Budib y Mónica Barrientos Sánchez, serán las que encabecen el Comité Directivo Estatal y el Comité Directivo Municipal de Puebla, hubo recriminaciones de uno y otro lado.

El Comité Ejecutivo Nacional reprochó a los priístas poblanos su falta de unidad y cohesión, sus grillas internas y hasta su doble discurso, y el hecho de que varios de ellos en lugar de trabajar, defender y publicitar las acciones del gobierno de Enrique Peña Nieto, usen sus cargos de elección popular o en la administración pública federal para sus proyectos políticos personales.

Y los priístas poblanos le reclamaron al CEN y las autoridades federales su indefinición en torno al gobernador Rafael Moreno Valle, al dejar que éste se promocione en la entidad con las obras y acciones del gobierno de la República, como el segundo piso de la autopista México-Puebla o a través de la entrega de miles de tabletas a maestros y alumnos en actos donde los invitados del Ejecutivo estatal son los legisladores del PAN.

El más incisivo en este punto fue el diputado federal Enrique Doger Guerrero, quien fue secundado por la senadora Blanca Alcalá Ruiz y su compañero de curul Javier López Zavala.

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Finalmente las presiones para echar abajo la designación de Jorge Alfonso Ruiz Romero como compañero de fórmula de la diputada Isabel Allende en el Comité Directivo Estatal del PRI surtieron efecto.

Desde que trascendió que sería nombrado secretario general, varios fueron los priístas poblanos que se inconformaron y sacaron a relucir su animadversión hacia el diputado federal Enrique Doger.

Uno de los más críticos fue el diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, quien el martes por la tarde noche se reunió con algunos de sus compañeros de curul para pedirles que también se inconformaran.

La senadora Blanca Alcalá y el subsecretario de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós, pidieron que esa posición fuera para uno de los suyos.

A la primera le concedieron la secretaría general pero del Comité Directivo Municipal de Puebla, en la persona de Mónica Barrientos, a pesar de que su exfuncionaria traicionó al PRI y fue hasta candidata a diputada del Partido Nueva Alianza (Panal).

Lastiri sí logró su objetivo por la vía del empresario Víctor Gabriel Chedraui, quien en anteriores procesos electorales buscó ser candidato del PRD a la presidencia municipal de Puebla.

Enrique Doger no se tiró al piso por el desplazamiento de su alfil, Jorge Ruiz, ya que a éste le prometieron la Secretaría de Finanzas del Comité Directivo Estatal.

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Este martes se reintegró a la Secretaría de Investigación y Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales el doctor César Cansino Ortiz por decisión de la administración central de la BUAP.

Los enterados aseguran que fue el secretario general de la institución, René Valdiviezo Sandoval, quien le hizo saber al director de la Facultad, Carlos Antonio Moreno Sánchez, que su decisión de remover al doctor Cansino no había sido aceptada por el rector Alfonso Esparza Ortiz.

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